Sentencia TC/0404/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de diciembre de 2014 · Expediente TC-04-2012-0087

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Valerio García Castillo contra la Sentencia núm. 297, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de defensa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0404/14?

La revisión era admisible porque la sentencia recurrida adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de 2010, el recurrente invocó la vulneración ante el Tribunal Superior de Tierras y la Suprema Corte de Justicia, agotó la vía jurisdiccional mediante el recurso de casación y la vulneración alegada podía ser directamente imputable a esos órganos. El asunto revestía especial trascendencia y relevancia constitucional porque permitía desarrollar el papel de la notificación como parte esencial del derecho de defensa (TC/0404/14, numeral 9, a–a, pág. 13; TC/0404/14, numeral 9, b–h, pág. 15; TC/0404/14, numeral 9, i–j, pág. 15).

La notificación de la fecha, hora y lugar de la audiencia permite a las partes comparecer y ejercer su derecho de defensa. Aunque el recurrente asistió a varias audiencias, no compareció ni estuvo representado en la audiencia de fondo, y no constaba que hubiera sido citado. La falta de notificación le impidió contradecir los argumentos, testigos y pruebas y defender sus intereses. La nulidad del deslinde afectó, de manera conexa, su derecho de propiedad sobre la parcela 67-B-114. El Tribunal imputó directamente al Tribunal Superior de Tierras y a la Suprema Corte de Justicia no haber subsanado esas vulneraciones (TC/0404/14, numeral 10, d–f, pág. 17; TC/0404/14, numeral 10, g–j, pág. 18; TC/0404/14, numeral 10, m–o, pág. 19; TC/0404/14, numeral 10, p–q, pág. 20).

Decisión

Declara admisible y acoge el recurso de revisión constitucional, anula la Sentencia núm. 297 y ordena enviar el expediente a la Suprema Corte de Justicia para que conozca nuevamente del caso conforme al criterio fijado. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“La presencia de las partes en un proceso se garantiza, de manera principal, mediante la notificación a cada parte de la fecha, hora y lugar donde se discutirán los asuntos relativos al proceso.” (TC/0404/14, numeral 10, m–o, pág. 19)
“En conclusión, no existe constancia alguna de que la parte hoy recurrente haya sido citada para estar presente en la audiencia donde se decidió sobre la nulidad del deslinde que resultó en la desaparición de su derecho de propiedad.” (TC/0404/14, numeral 10, g–j, pág. 18)
“En el presente caso, no hubo notificación al hoy recurrente sobre la audiencia donde se discutiría el fondo de su litis, por lo cual no pudo estar presente en la misma, contradecir los argumentos, testigos y pruebas presentadas, y defender sus intereses, configurándose, entonces, una violación a su derecho de defensa.” (TC/0404/14, numeral 10, p–q, pág. 20)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69.4 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53.3 y su párrafo, 54 (numerales 5, 7, 9 y 10) y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0038/2012, TC/0007/12, TC/0006/14, TC/0044/12, TC/0042/13 y 4945-2006-AA/TC (Tribunal Constitucional de Perú).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El conflicto se contrae a una litis sobre derechos registrados durante la cual, alega el recurrente, le fue vulnerado su derecho de defensa y consecuentemente su derecho de propiedad. Alega que no fue citado a la audiencia de fondo ante el Tribunal de Jurisdicción Original donde se decidió la nulidad del deslinde de un terreno de su propiedad. A raíz de esto recurrió ante el Tribunal Superior de Tierras la decisión de primera instancia, donde le fue rechazado el recurso en razón de que, entre otras cosas, no había violación al derecho de defensa. Por las mismas razones le fue rechazado el recurso de casación que interpuso contra la sentencia de segunda instancia. El recurrente presenta un recurso de revisión contra dicha sentencia de casación, alegando que las violaciones a su derecho de defensa y derecho de propiedad.

TC/0404/14, numeral 7, pág. 13 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones; una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, en la Sentencia TC/0038/2012 se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.

b. El recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la referida Ley 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciséis (16) de mayo de 2012.

c. A juicio de la recurrente, las actuaciones del Tribunal de Jurisdicción Original, del Tribunal Superior de Tierras y de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia produjeron una violación a su derecho de defensa y a su derecho de propiedad.

d. Conforme al numeral 3) del indicado artículo 53, el Tribunal podrá revisar las decisiones jurisdiccionales cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, caso en el cual tendrá que verificarse la concurrencia de todos y cada uno de los requisitos establecidos en dicho numeral, a saber:

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

TC/0404/14, numeral 9, a–a, pág. 13 — PDF oficial

b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

e. En cuanto al primer requisito, de acuerdo con el expediente, el recurrente invocó la violación alegada ante el Tribunal Superior de Tierras y de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia.

f. Asimismo, cumple con el segundo requisito al haber agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional, que en este caso era el recurso de casación, y alega que la violación no fue subsanada en esta instancia.

g. En cuanto al tercer requisito, es decir, si la violación al derecho fundamental alegado podría ser eventualmente imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, en el presente caso, la forma en que el Tribunal Superior de Tierras y la Suprema Corte de Justicia actuaron es lo que podría producir la violación al derecho alegado, por lo tanto se cumple con ese requisito.

h. Adicionalmente, el párrafo del artículo 53 de la ley núm. 137-11, condiciona la admisibilidad de este tipo de recursos a que tengan especial trascendencia y relevancia constitucional.

TC/0404/14, numeral 9, b–h, pág. 15 — PDF oficial

i. De acuerdo al artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, texto que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este ribunal en la Sentencia TC/0007/12, de fecha 22 de marzo de 2012.

j. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo permitirá al Tribunal continuar desarrollando la figura de la notificación como parte esencial del derecho de defensa.

TC/0404/14, numeral 9, i–j, pág. 15 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional En el presente caso, el Tribunal tiene las siguientes consideraciones sobre el fondo del asunto:

a. El hoy recurrente alega que no fue notificado de la audiencia donde se conocería el fondo de la nulidad de un deslinde que involucraba un inmueble de su propiedad y que a raíz de dicha falta de notificación no estuvo presente en la audiencia, por lo cual no pudo ejercer su derecho de defensa, el cual alega violado. Ese proceso concluyó en la eliminación del certificado de título que amparaba el derecho de propiedad sobre su inmueble, la parcela 67-B-114, por lo cual alega, por vía de consecuencia, la violación a su derecho de propiedad.

b. Los recurridos, entre otras cosas, refutan dichos argumentos y sostienen que el hoy recurrente estuvo en todas las audiencias del proceso de primera instancia; y que, en caso de que no estuviera, fue debidamente convocado.

c. La sentencia recurrida, dictada por la Suprema Corte de Justicia, consideró que no había violación a su derecho de defensa, en razón de que ya el Tribunal Superior de Tierras había examinado la sentencia de primer grado y había considerado que el recurrente había podido presentar sus argumentos. Dicho tribunal, citó de manera textual al Tribunal Superior de Tierras e indicó que el Sr. Valerio García Castillo fue representado debidamente por ante el Juez a-quo, y la representación la ejerció el Dr. Reynaldo Aristy M., que esta parte apelante tuvo la oportunidad de presentar sus medios de defensa; que así contienen las páginas 6 y 28 de la decisión recurrida, en la cual se rechazan sus conclusiones, por lo que no hubo violación al [derecho de defensa].

TC/0404/14, numeral 10, a–c, pág. 16 — PDF oficial

d. No obstante las afirmaciones realizadas por el Tribunal Superior de Tierras y por la Suprema Corte de Justicia, del análisis de la Decisión No. 2 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del distrito catastral número 11/3era, del municipio de Higuey, de fecha veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003), dictada en primera instancia, este Tribunal ha comprobado que efectivamente el hoy recurrente se encontraba presente en varias de las audiencias relativas a este caso; sin embargo, no estuvo presente ni representado en la audiencia de fecha treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002) donde se conoció el fondo del asunto.

e. Asimismo, del análisis de las notas estenográficas de la referida audiencia de fondo celebrada el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dos (2002), este tribunal pudo identificar que se hizo de conocimiento del Tribunal de Jurisdicción Original el hecho de que no se encontraba presente ningún representante de los intereses de la parcela 67-B-114 -propiedad del hoy recurrente-. De manera textual se señaló: aquí se ha hablado muy poco de la 67-B-114, no se ha dicho nada; aquí no hay ni un representante que represente los intereses de la 67-B-114; a nosotros nos gustaría que alguien diga aquí, nosotros aseguramos que no está en la posesión que tienen los Montilla; esa es nuestra preocupación, para que en un futuro no le hagan ninguna reclamación.

f. Sobre esta advertencia, el magistrado que dirigía la audiencia indicó que en relación con que no está presente un abogado que represente a la persona que figura como propietaria de la 67-B-114, este Tribunal quiere dejar constancia en las notas de audiencia que en el auto de fecha 8 de octubre del 2002 dictado por este Tribunal, figuran emplazados todas las partes envueltas en esta litis, y fueron depositadas e n el expediente constancia de que fueron citadas.

TC/0404/14, numeral 10, d–f, pág. 17 — PDF oficial

g. No obstante la afirmación realizada por el Tribunal de Jurisdicción Original, en dicha sentencia no se indica de qué manera fue realizada la referida notificación, ni se indica el instrumento mediante el cual fue realizada. Más aún, en el expediente no existe constancia de dicha notificación, ni la misma fue suministrada a este tribunal, cuando este, de oficio, la solicitó de manera expresa a los tribunales involucrados en el proceso.

h. En conclusión, no existe constancia alguna de que la parte hoy recurrente haya sido citada para estar presente en la audiencia donde se decidió sobre la nulidad del deslinde que resultó en la desaparición de su derecho de propiedad.

i. La Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 69.4: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa.

j. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 8.1 que Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

TC/0404/14, numeral 10, g–j, pág. 18 — PDF oficial

k. De igual manera, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14.1: Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (…).

l. Sobre el derecho de defensa, este Tribunal ha indicado en su Sentencia TC/0006/14 que [e]l derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pilares que sustenta el proceso debido. Este derecho, cuya relevancia alcanza mayor esplendor dentro del juicio, implica poder responder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva para contradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue garantizar la igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de su dimensión sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un componente esencial que perpetúa la bilateralidad6 a lo largo del desarrollo del proceso.

TC/0404/14, numeral 10, k–l, pág. 19 — PDF oficial

m. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional de Perú, citado previamente por este Tribunal en su sentencia TC/0044/12, consideró que …el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera que sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan” (Sentencia 4945-2006-AA/TC de fecha 16 de agosto de 2006; Tribunal Constitucional de Perú).

n. Así pues, podemos afirmar que uno de los pilares del derecho de defensa, es la posibilidad que tiene la persona de estar presente en todas las etapas del proceso judicial donde está en juego algún interés o derecho fundamental que le pertenece. La presencia de las partes en un proceso se garantiza, de manera principal, mediante la notificación a cada parte de la fecha, hora y lugar donde se discutirán los asuntos relativos al proceso.

o. Relacionado con la importancia de la notificación, este Tribunal ha establecido que la ausencia de notificación constituye una “irregularidad procesal”, así como un “requisito procesal indispensable para garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa” de los recurridos (TC/0042/13).

TC/0404/14, numeral 10, m–o, pág. 19 — PDF oficial

p. En el presente caso, no hubo notificación al hoy recurrente sobre la audiencia donde se discutiría el fondo de su litis, por lo cual no pudo estar presente en la misma, contradecir los argumentos, testigos y pruebas presentadas, y defender sus intereses, configurándose, entonces, una violación a su derecho de defensa. De manera conexa, la litis en la que no estuvo presente, dio como resultado que se declarara la nulidad del deslinde que previamente había sido base del reconocimiento de su derecho de propiedad sobre la parcela 67-B-114, por lo cual el mismo quedó afectado de manera absoluta su derecho de propiedad sobre la misma.

q. Estas situaciones fueron presentadas primero ante el Tribunal Superior de Tierras y posteriormente ante la Suprema Corte Justicia; sin embargo, estos tribunales no identificaron la violación a los derechos previamente indicados, siendo imputables directamente a estos órganos la no subsanación de los derechos conculcados.

TC/0404/14, numeral 10, p–q, pág. 20 — PDF oficial

r. Tomando en cuenta todo lo anterior, este Tribunal acoge el recurso interpuesto por Valerio García Castillo y revoca la sentencia dictada por la Suprema Corte Justicia. Conforme establecen los artículos 54.9 y 54.10 de la Ley 137-11, este ribunal procederá a devolver el expediente para el conocimiento del caso nueva vez, el cual deberá hacerse con estricto apego al criterio previamente establecido en esta sentencia. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. No figura la firma del magistrado Jottin Cury David, por causa de inhibición voluntaria. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,

TC/0404/14, numeral 10, r, pág. 21 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, incoado por Valerio García Castillo, contra la Sentencia número 297, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: ACOGER dicho recurso revisión constitucional y, en consecuencia, ANULAR la referida sentencia.

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la partes involucradas en el proceso.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la referida Ley No. 137-11.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0404/14, del 30 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0404-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.