Sentencia TC/0077/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 21 de mayo de 2019 · Expediente TC-05-2015-0276

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm.102-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0077/19?

El Tribunal verificó que el recurso fue debidamente notificado y se interpuso dentro del plazo de cinco días francos, en el que solo se computan los días hábiles. Reconoció la especial trascendencia constitucional del caso porque permitía precisar el alcance del derecho de propiedad frente a una declaratoria de utilidad pública (TC/0077/19, numeral 10, a–b, pág. 17; TC/0077/19, numeral 10, d–e, pág. 18; TC/0077/19, numeral 10, f–h, pág. 19).

La ocupación del inmueble declarado de utilidad pública sin el pago previo del justo precio vulneró el derecho de propiedad. La privación de la propiedad exige legalidad, debido proceso, tutela efectiva y pago previo del justo valor, salvo que medie una declaratoria de estado de emergencia o de defensa, excepción que no se configuró. El amparo era la vía idónea para tutelar el derecho vulnerado: el justo precio ya había sido válidamente determinado y no había sido impugnado, por lo que no quedaba controversia sobre su fijación que debiera resolver la jurisdicción contencioso-administrativa. La inclusión de la indemnización en el presupuesto correspondía al Ministerio de Hacienda (TC/0077/19, numeral 11, g–i, pág. 22; TC/0077/19, numeral 11, j–k, pág. 23; TC/0077/19, numeral 11, p–q, pág. 25; TC/0077/19, numeral 11, w, pág. 28; TC/0077/19, numeral 11, x–y, pág. 28).

Decisión

Admitió el recurso de revisión, lo rechazó en cuanto al fondo, confirmó la Sentencia núm. 102-2015 y declaró el recurso libre de costas. En un considerando con valor de decisión, dispuso consignar la indemnización en el presupuesto de 2020 y que, una vez efectuado el pago, el Estado transfiriera el inmueble a su nombre ante el Registro de Títulos correspondiente.

Citas textuales clave

“este plazo es franco y sólo serán computables los días hábiles” (TC/0077/19, numeral 10, d–e, pág. 18).
“en la especie no queda, en relación con la determinación del justo precio, ninguna cuestion pendiente por decidir que sea de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en sus atribuciones ordinarias” (TC/0077/19, numeral 11, g–i, pág. 22).
“el no cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las actuaciones que se derivan de un acto administrativo previo, como puede serlo la compensación como consecuencia de un decreto de expropiación, también puede ser objeto de una acción de amparo.” (TC/0077/19, numeral 11, l–n, pág. 24).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 7, 8, 51 (incluido su numeral 5), 68, 69.10 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53, 66, 75, 94, 95 y 100.

Ley núm. 344 sobre Expropiaciones: artículo 2.

Ley núm. 86-11 sobre Disponibilidad de Fondos Públicos: artículo 4.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0041/13, TC/0193/14 y TC/0205/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el conflicto se contrae a que el primero (1 ro ) de julio de dos mil cuatro (2004), mediante Decreto núm. 576-04, emitido por el Poder Ejecutivo, fue declarado de utilidad pública entre otros, el terreno propiedad de la señora Diosa Milagros Holguín Madera, una porción de terreno de 22,405 metros cuadrados dentro del ámbito de la Parcela núm. 9-B-REF-11, del Distrito Catastral núm. 8, del Distrito Nacional, amparado por el Certificado de título núm. 97-6443, estableciéndose, en el artículo 2 de dicho decreto, que en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de los inmuebles antes indicados, para su compra de grado a grado por el Estado dominicano, el administrador general de Bienes Nacionales realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con la ley, para obtener la expropiación de los mismos. En tal virtud la señora Diosa Milagros Holguín Madera, el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), intimó al Ministerio de Hacienda para que en el término de treinta (30) días haga efectivo la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56, 012,500.00) que le adeuda el Estado dominicano por expropiación de 22,405.18 mts 2 en el ámbito de la citada parcela mediante Acto núm. 481-2014 diligenciado por el Departamento Central. Posteriormente, el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), la Dirección General de Catastro Nacional emitió el Oficio núm. 373-15, mediante el cual certifica que esa oficina realizó, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011), un avaluó a nombre de la señora Diosa Milagros Holguín Madera, sobre un terreno valorado en la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56, 012,500.00). No obstante, la hoy recurrida haber realizado todas las diligencias pertinentes para obtener el pago del justo precio, según documentación que reposa en el presente expediente, a la fecha el Estado dominicano no ha pagado los valores de los referidos inmuebles, motivo por el cual accionó en amparo por considerar que se le vulneró el derecho de propiedad; acción que fue acogida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo mediante la Sentencia núm. 102-2015, hoy objeto del recurso de revisión constitucional en materia de amparo que ocupa la atención de este tribunal.

TC/0077/19, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo

El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo resulta admisible, en atención a las siguientes razones:

a. Este tribunal constitucional observa que la parte recurrida en su escrito de defensa alega que la hoy recurrente no le notificó el recurso de revisión; en ese sentido, cabe precisar, que contrario al referido alegato, este tribunal ha podido verificar que en la glosa procesal del presente expediente, se hace constar que el recurso de revisión constitucional en materia de amparo le fue debidamente notificado, mediante el Auto núm. 2845-2015, emitido por la jueza presidenta del Tribunal Superior Administrativo el diecinueve (19) de junio de dos mil quince (2015) y recibido por la parte recurrida, Diosa Milagros Holguín Madera, el veintiocho (28) de julio de dos mil quince (2015). Por lo tanto el argüido alegato carece de fundamento jurídico.

b. En efecto, del análisis del expediente se puede claramente evidenciar que la parte recurrida ,señora Diosa Milagros Holguín, depositó su escrito de defensa, y a saber en el expediente reposa la notificación del recurso, tanto a la recurrida como al procurador general administrativo, por tanto tuvo conocimiento del mismo.

TC/0077/19, numeral 10, a–b, pág. 17 — PDF oficial

c. En atención a lo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el “recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Al respecto, la parte recurrida, señora Diosa Milagros Holguín Madera, plantea en su escrito de defensa, que el recurrente interpuso su recurso, el día diez (10) de junio de dos mil quince (2015),es decir ocho (8) días después de la notificación de la Sentencia núm. 001022015, la cual fue realizada el dos (2) de junio de dos mil quince (2015), cuando debió hacerlo en el plazo de cinco (5) días francos de acuerdo con lo establecido por la Sentencia TC0080/12, la cual modifica el plazo contemplado en el artículo 95 de la Ley 137-11 que modifica el plazo de días laborales o días francos, por lo que la misma considera que el recurso deviene inadmisible por extemporáneo

TC/0077/19, numeral 10, c, pág. 17 — PDF oficial

d. En respuesta al planteamiento que antecede, conviene señalar que conforme al criterio establecido por este Tribunal, en su Sentencia TC/0080/12, el plazo establecido para la interposición del recurso de revisión constitucional en materia de amparo es franco, no se le computarán el primero ni el último día de la notificación de la sentencia, ni tampoco los días no laborables. Este criterio fue reiterado en la Sentencia TC/0071/13, que establece que “este plazo es franco y sólo serán computables los días hábiles”. En la especie, se verifica que desde el día de la notificación de la sentencia recurrida, mediante Acto núm. 185-2015, instrumentado el dos (2) de junio de dos mil quince (2015) y recibido en la misma fecha, hasta la fecha de interposición del recurso, el diez (10) junio de dos mil quince (2015), han transcurrido nueve (9) días, a los cuales corresponde excluir el primero y el último, así como el sábado nueve (9) y el domingo (10) de junio de dos mil quince (2015), dando como resultado justamente cinco (5) días, lo que permite concluir que el presente recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto. En consecuencia, procede rechazar el medio de inadmisión presentado por el procurador general administrativo; cuestión que se decide sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.

e. Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que de manera taxativa y específica la sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0077/19, numeral 10, d–e, pág. 18 — PDF oficial

f. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.

g. En tal virtud, el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

h. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que el presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que se evidencia un conflicto de declaratoria de utilidad pública a través de la cual se vulnera el derecho de la propiedad inmobiliaria, lo cual permitirá al Tribunal continuar desarrollando su jurisprudencia relativa al alcance del derecho de propiedad respecto de tales inmuebles.

TC/0077/19, numeral 10, f–h, pág. 19 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia

de amparo Verificada la admisibilidad del recurso, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:

a. En el caso de la especie, se plantea la omisión de un acto administrativo previsto legalmente, como consecuencia de la declaratoria de utilidad pública que afecta la propiedad inmobiliaria de la parte recurrida, señora Diosa Milagros Holguín Madera, quien luego de haber realizado todas las diligencias pertinentes para obtener el pago del justo precio, según los documentos que reposan en la glosa procesal del presente expediente, el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con el deber de pagar.

b. El presente caso tiene su génesis al momento en que el presidente de la República, Ing. Hipólito Mejía, declaró de utilidad pública mediante Decreto núm. 576-04, entre otros, el terreno propiedad de la señora Diosa Milagros Holguín Madero, una porción de terreno de 22,405 mts 2 dentro del ámbito de la Parcela núm. 9-B-REF-11, del Distrito Catastral núm. 8, del Distrito Nacional, amparado por el Certificado de título núm. 97-6443, estableciéndose en el artículo 2 de dicho decreto, lo siguiente: …en caso de no llegarse a un acuerdo amigable con los propietarios de los inmuebles antes indicados, para su compra de grado a grado por el Estado Dominicano, el Administrador General de Bienes Nacionales realizara todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con la ley, para obtener la expropiación de los mismos’

TC/0077/19, numeral 11, a–b, pág. 20 — PDF oficial

c. Que el seis (6) de marzo de dos mil quince (2015), la Dirección General de Catastro Nacional emitió el Oficio núm. 373-15, mediante el cual certifica que esa oficina realizó el veintiuno (21) de noviembre de dos mil once (2011), un avalúo a nombre de la señora Diosa Milagros Holguín Madera, terreno valorado en la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56,012,500.00). La referida solicitud de pago fue canalizada por el administrador general de Bienes Nacionales ante el Ministerio de Hacienda.

d. Luego de la declaración de utilidad pública, la hoy recurrida, señora Diosa Milagros Holguín Madera, el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), intimó al Ministerio de Hacienda para que, en el término de treinta (30) días hiciera efectivo la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56,012,500.00) que le adeuda el Estado dominicano por expropiación de 22,405.18mts 2 en el ámbito de la Parcela núm. 9-B-REF-11 de D.C. 08, del Distrito Nacional mediante Acto núm. 481-2014 diligenciado por el Departamento Central.

TC/0077/19, numeral 11, c–d, pág. 20 — PDF oficial

e. Al no obtemperar con el pago, la señora Diosa Milagros Holguín Madera, interpuso una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual dictó la Sentencia núm. 102-2015, mediante la cual se acogió la acción, al verificarse la vulneración al derecho de propiedad, y en consecuencia, ordena al Ministerio de Hacienda pagar a la señora Diosa Milagros Holguín Madera la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56,012,500.00), en ocasión de la declaración de utilidad pública de una porción en el ámbito de la Parcela 9-B-REF-11, del D.C. núm. 8, del D.N., que fuere de su propiedad conforme al Certificado de Título núm. 97-6343, expedido por el Registro de Títulos del Distrito Nacional, con cargo a la partida presupuestaria de dicha Institución pública correspondiente al año dos mil dieciséis (2016), al tiempo que se condenó al Ministerio de Hacienda al pago de un astreinte provisional conminatorio de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) diarios por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido en esta sentencia, a partir del plazo concedido, a favor de la institución social sin fines de lucro Asociación Dominicana de Rehabilitación, a fin de asegurar la eficacia de lo decidido.

f. El Ministerio de Hacienda inconforme, con la decisión, ha interpuesto el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la Sentencia núm. 102-2015, bajo el argumento de que el tribunal de amparo erró en la fundamentación de su decisión, puesto que la acción debió declararse inadmisible por existir otras vías judiciales y administrativas disponibles para proteger los derechos fundamentales, conforme al artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11.

TC/0077/19, numeral 11, e–f, pág. 21 — PDF oficial

g. En el curso del procedimiento de instrumentación de la referida acción de amparo, el hoy recurrente, Ministerio de Hacienda, planteó el medio de inadmisión descrito precedentemente, es decir la inadmisibilidad de la acción, el cual fue rechazado por el tribunal a-quo, tras considerar que el objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los derechos fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la Constitución.

h. En ese sentido, el juez de amparo motivó su decisión argumentando, que si bien existen otros procedimientos que sirven para garantizar el derecho fundamental cuya vulneración se invoca en la especie, la referida acción es la vía más efectiva para tutelarlo; por lo que procedió a rechazar el indicado medio.

i. Acorde con lo anterior, este tribunal considera que, tras haberse agotado en el presente caso el procedimiento tendente a obtener el pago del justo precio y ser válidamente determinado, constituye a todas luces una vulneración al derecho de propiedad de la accionante, el hecho de no haber realizado el pago correspondiente previo a la entrada en posesión del inmueble, cuestión que a juicio de este tribunal es tutelable mediante la acción de amparo, puesto que en la especie no queda, en relación con la determinación del justo precio, ninguna cuestion pendiente por decidir que sea de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en sus atribuciones ordinarias, contrario a como arguye la parte recurrente.

TC/0077/19, numeral 11, g–i, pág. 22 — PDF oficial

j. En efecto, la acción de amparo tiene como objetivo permitir a cualquier persona, afectada en sus derechos fundamentales, exigirles a las autoridades correspondientes la efectividad en la realización de la obligación que se ha ignorado, garantizando con ello la concreción y eficacia de los actos administrativos y las leyes y, a su vez, garantizando uno de los objetivos principales de un Estado Social y Democrático de Derecho, que son, según el artículo 8 de la Constitución, …la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

k. En tal virtud, este tribunal observa, que tal y como ponderó el tribunal a quo, al no haber cumplido el recurrente, Ministerio de Hacienda, con el pago del justo precio a la parte accionante, ni haber realizado las gestiones necesarias establecidas por la ley para la obtención del mismo, a juicio de este colegiado, queda configurado la vulneración del derecho de propiedad consagrado en la Carta Magna conforme lo establece el artículo 51. En efecto, para que una persona pueda ser privada de su propiedad de manera que la afectación a su derecho fundamental sea mínima, es preciso que se garantice: 1) la legalidad de la actuación; 2) el debido proceso y la tutela efectiva; y 3) el pago previo del justo valor del bien, es decir, una previa indemnización, salvo que interviniera una declaratoria de estado de emergencia o de defensa, caso en que dicho pago podría ser posterior, lo que no ocurre en el caso de la especie.

TC/0077/19, numeral 11, j–k, pág. 23 — PDF oficial

l. El decreto que declara de utilidad pública un bien inmueble, y ordena la entrada de posesión inmediata del mismo, es, sin duda, un acto administrativo no normativo de efectos particulares, frente al cual es posible intentar una acción de amparo a la luz de la Ley núm. 137-11.

m. De igual manera, el no cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las actuaciones que se derivan de un acto administrativo previo, como puede serlo la compensación como consecuencia de un decreto de expropiación, también puede ser objeto de una acción de amparo.

n. Este tribunal constitucional precisa la controversia que nos ocupa ya ha sido decidida en otros casos similares conocidos en sede constitucional en su sentencia De ahí que, conforme al mandato del principio del stare decisis, es decir la sujeción a los criterios jurisprudenciales que constituyen precedentes constitucionales de carácter vinculante y obligatorio para todos los poderes públicos, incluso para el propio Tribunal Constitucional, realizamos las siguientes precisiones, reiterando los indicados criterios:

TC/0077/19, numeral 11, l–n, pág. 24 — PDF oficial

a) En cuanto a la definición y alcance de los actos administrativos, en la especie, decreto de expropiación, Los actos administrativos de efectos particulares y que solo inciden en situaciones concretas, deben ser tutelados mediante la acción de amparo si se violan derechos fundamentales (artículo 75 de la Ley Núm.137-11) o por la jurisdicción contenciosa-administrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o derechos no fundamentales dentro del ámbito administrativo, estando la decisión final sujeta a un recurso de revisión constitucional de sentencias (artículo 53 de la Ley Núm. 137-11), por lo que no escapa en ningún caso al control de la justicia constitucional”. (TC/0041/13) 15 de marzo de 2013) Este criterio fue reiterado en la Sentencia TC/0193/14, del veinticinco (25) días de agosto de dos mil catorce (2014)

o. Este tribunal entiende que, conforme a los precedentes señalados anteriormente, aplican al caso en cuestión; puesto que para privar a una persona de su propiedad, la autoridad correspondiente debe hacerlo observando las garantías establecidas en la Constitución, en sus artículos 68 y 69.10, y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el proceso consagrado para estos casos por la Ley núm. 344, del mil novecientos cuarenta y tres (1943) sobre Expropiaciones.

TC/0077/19, numeral 11, a–o, pág. 24 — PDF oficial

p. Este tribunal ha podido constatar que en el caso de la especie, el juez de amparo, tal y como lo esboza en la Sentencia de marras, verifica que la declaratoria de utilidad pública del bien inmueble, propiedad de la hoy recurrida, señora Diosa Milagros Holguín Madera, fue realizada mediante un decreto que ordenó la ocupación inmediata. Dicho decreto fue emitido en el año dos mil cuatro (2004); este tribunal precisa que a saber, hace más de doce (12) años, y hasta la fecha no han recibido el pago de su justo valor, como reparación por la afectación recibida. Por esto, este colegiado al igual que el tribunal a-quo ha podido claramente evidenciar, que el Estado dominicano al a entrar en posesión del inmueble propiedad de la hoy recurrida sin haber cumplido con las formalidades a tales fines, es considerado a toda luz como una expropiación forzosa violando su derecho de propiedad al no efectuarle el pago producto de la expropiación, por lo que a juicio de este tribunal procede la tutela judicial efectiva contra la arbitrariedad e ilegalidad por parte de la accionada, hoy parte recurrente, Ministerio de Hacienda. Por esto el juez de amparo obró correctamente al aplicar el derecho y la constitución en su decisión.

q. En ese sentido, el tribunal apunta que uno de los elementos esenciales en la declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble propiedad de una persona es el pago del justo valor, el cual se comporta como una indemnización que se reconoce al propietario que ha sido despojado de su derecho, con la finalidad de compensarle, convirtiendo ese derecho de propiedad en un derecho a un crédito en contra del Estado.

TC/0077/19, numeral 11, p–q, pág. 25 — PDF oficial

r. En efecto, la doctrina sostiene que, frente a la potestad expropiatoria de la Administración, “el titular ve nacer un derecho a la indemnización correspondiente 1 ”; esto así, porque dicha actuación solo debe afectar partes específicas del patrimonio, “pero no su integridad económica, la cual queda compensada con una indemnización pecuniaria que restablece, al menos en principio, la sustracción de valor en que el sacrificio expropiatorio se concreta” 2 .

TC/0077/19, numeral 11, r, pág. 26 — PDF oficial

s. Un análisis del párrafo anterior permite afirmar que, en efecto, cuando la privación de la propiedad se produce sin respetar los principios que garantizan la afectación mínima al derecho de propiedad, como en el caso de la especie, tal actuación por parte de la Administración, se transmuta en un acto de la cual solo es posible en los casos y bajo las condiciones que de manera expresa establece la Constitución. Al respecto, el inciso 5, del artículo 51, de la Constitución establece: Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. 1 2 Eduardo García De Enterría. “Curso de Derecho Administrativo”. Tomo II. 11º Edición. 2008. Madrid. p.271 2 Eduardo García De Enterría. Ob. Cit. p. 278 Esto se traduce a que la actuación de la Administración, cuando es ajena al mandato imperativo de la Constitución, se aparta de la función esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho, violando de esa forma los derechos fundamentales de los sujetos activos de dichos derechos, en este caso la señora Diosa Milagros Holguín Madera, quien en alrededor de doce (12) años, no ha sido indemnizada. Por esto a juicio de este tribunal, se vulnera el derecho de propiedad de la hoy recurrida.

TC/0077/19, numeral 11, s, pág. 26 — PDF oficial

t. Este tribunal observa que la señora Diosa Milagros Holguín Madera ha sido afectada por el antes señalado decreto de expropiación, que como hemos indicado en el cuerpo de esta sentencia, data desde el dos mil cuatro (2004), es decir aproximadamente doce (12) años, siendo dicha señora despojada del disfrute del derecho de propiedad del inmueble que poseía, sin haber sido debidamente resarcida, conforme a las disposiciones del artículo 51 de la Constitución de la República.

u. De una simple lectura de la sentencia de marras, núm. 00102-2015, en su considerando V; Pág. 15, este colegiado ha podido advertir que el juez de amparo claramente establece que: …el objeto de la acción de ampro es tutelar efectivamente los derechos fundamentales de carácter universal, reconocida y garantizadas por la Constitución, que solo pueden ser reclamados por esa vía; por lo que, si bien existen otros recursos o procedimientos mediante los cuales la parte accionante pueda reclamar sus derechos, a juicio de este tribunal nos encontramos frente a un amparo de cumplimiento, siendo esta vía más efectiva para proteger el derecho fundamental alegado, en tal virtud entendemos procedente rechazar el medio de inadmisión planteado dicha accionada y por el Procurador General Administrativo.

v. De donde se colige que, en la especie, los jueces de amparo, tal y como se afirma en la Sentencia TC/0205/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), …pudieron advertir que aun cuando existieran otras vías judiciales que permitieran obtener la protección del derecho fundamental vulnerado, ninguna de esas vías podía ser tan, o más, efectiva, eficaz y expedita que el amparo, pues cualquier otro proceso judicial extendería indefinidamente la concreción de la protección que se procura en este caso, en que la violación al derecho fundamental se ha estado produciendo por más de veintiún (21) años.

TC/0077/19, numeral 11, t–v, pág. 27 — PDF oficial

w. Igualmente, este tribunal constitucional, al analizar la documentación depositada, ha podido constatar que entre el Estado dominicano, representado por la Presidencia de la República, con la participación de la Dirección General del Catastro Nacional, organismo adscrito al Poder Ejecutivo, han reconocido que el Estado dominicano le adeuda por concepto de expropiación, un avaluó a nombre de la señora Diosa Milagros Holguín Madera, del terreno valorado en la suma de cincuenta y seis millones doce mil quinientos pesos dominicanos con 00/100 ($56,012,500.0) 3 . Cabe precisar, que por demás, el justo precio precedentemente señalado no ha sido objeto de contestación, razón por la cual no existe la necesidad de apoderar a la jurisdicción correspondiente para la fijación del justo precio, de conformidad con lo establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 344, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943), modificada por la Ley núm.108-05 y la Ley núm. 51-07.

TC/0077/19, numeral 11, w, pág. 28 — PDF oficial

x. Este colegiado quiere dejar claramente establecido que entre las funciones del Ministerio de Hacienda está la de dirigir el proceso de formulación del Presupuesto 3 Ver Comunicación de fecha en fecha 6 de marzo del año 2015, la Dirección General de Catastro Nacional emitió el oficio No. 373-15, mediante el cual certifica que esa oficina realizo en fecha 21/11/2011 el avalúo de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, la coordinación de su ejecución, que comprende la programación de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, así como su evaluación, razón por la cual la inclusión en el presupuesto de la nación, de la indemnización que el Estado dominicano adeuda a las partes recurridas está comprendida en el marco de sus atribuciones, de conformidad con su ley orgánica y del artículo 4 de la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011),

y. En ese sentido, el tribunal precisa que la actuación de la Administración, cuando se aparta del mandato de la Constitución, se divorcia de la función esencial de un Estado Social y Democrático de Derecho, conforme lo prescriben los artículos 7 y 8 de la Constitución, violando de esa forma los derechos fundamentales de los sujetos activos de dichos derechos, en este caso, a la señora Diosa Milagros Holguín Madera, al no pagarle el monto adeudado producto de la expropiación de la que fue objeto.

TC/0077/19, numeral 11, x–y, pág. 28 — PDF oficial

z. Conforme a lo anteriormente señalado, este tribunal constitucional precisa que en relación con el controvertido pago adeudado a la señora Diosa Milagros Holguín Madera, parte recurrida, el mismo sea consignado en la partida presupuestaria del presupuesto del año dos mil veinte (2020), valiendo este considerando decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia. Una vez efectuado el correspondiente pago, el Estado dominicano, procederá a transferir el inmueble a su nombre, ante el Registro de Títulos correspondiente.

aa. Producto de lo anteriormente expuesto, procede rechazar el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, confirmando la sentencia impugnada, máxime cuando este tribunal constitucional, en su labor de protección de los derechos fundamentales, ha de intervenir frente al accionar u omisión ilegítima del Estado, esto es, de sus agentes, empleados, funcionarios o servidores públicos, que favorecen o permiten violaciones como la que se nos presenta en este caso. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto particular la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0077/19, numeral 11, z–aa, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm.102-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015).

SEGUNDO: RECHAZAR, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo referido en el acápite precedente y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm.102-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015).

TERCERO: DECLARAR, el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Hacienda, a la parte recurrida, señora Diosa Milagros Holguín Madera, al procurador general administrativo.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0077/19, del 21 de mayo de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0077-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.