Sentencia TC/0109/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 4 de julio de 2013 · Expediente Expediente No. TC-05-2012-0048
Recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de amparo, incoado por Denny F. Silvestre Zorrilla, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, en contra de la Sentencia núm. 67- 2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0109/13?
El recurso de revisión reviste especial trascendencia constitucional porque plantea un conflicto, aún no esclarecido por el Tribunal, entre el derecho de propiedad sobre un arma de fuego y los derechos del niño y de la familia (TC/0109/13, numeral 9, 9.1–d, pág. 10). El artículo 74.4 de la Constitución exige armonizar los derechos en conflicto según las circunstancias concretas, sin afectar su contenido esencial ni limitar su efectividad más de lo necesario. Si la armonización no es posible, debe prevalecer el derecho más afín a la dignidad humana. En esa ponderación, el interés superior del niño exige dar prioridad a los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los de las personas adultas, y el ejercicio del derecho de propiedad sobre un arma de fuego está sujeto a las limitaciones de la ley especial (TC/0109/13, numeral 10, e–g, pág. 11; TC/0109/13, numeral 10, h–j, pág. 12; TC/0109/13, numeral 10, o–p, pág. 14).
La retención del arma entregada voluntariamente al Ministerio Público tiene fundamento legal y se justifica porque sigue abierto un proceso penal por violencia intrafamiliar en el que se denunció que su propietario había amenazado con usarla contra su familia. La medida es provisional hasta que termine el proceso penal: se levantará en caso de descargo o extinción de la acción y se volverá definitiva en caso de condena (TC/0109/13, numeral 10, k–m, pág. 13; TC/0109/13, numeral 10, q–s, pág. 15; TC/0109/13, numeral 10, t–u, pág. 16).
Decisión
El Tribunal declara admisible y acoge el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 67-2012 y rechaza la acción de amparo interpuesta por Juan Carlos Terrero Peña. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia (TC/0109/13, dispositivo, pág. 17).
Citas textuales clave
“en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.” (TC/0109/13, numeral 10, e–g, pág. 11).
“se deben priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre aquellos de las personas adultas, en los casos en que exista confrontación de derechos” (TC/0109/13, numeral 10, o–p, pág. 14).
“dependiendo del resultado del mismo, entonces se levantaría dicha incautación (en caso de descargo o extinción de la acción) o se tornaría en definitiva (en caso de condena).” (TC/0109/13, numeral 10, t–u, pág. 16).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 51, 55, 56, 72, in fine, y 74.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 94 y 100.
Código Procesal Penal: artículo 186.
Ley núm. 133-2011, Orgánica del Ministerio Público: artículo 26.
Ley núm. 136-03: principio del interés superior del niño, niña y adolescente, incluido su literal e).
Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
Convención sobre los Derechos del Niño: artículo 3.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0042/12, TC/0011/12 y TC/0010/12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
7.1. Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente conflicto se origina en la no devolución, por parte del Ministerio Público, del arma de fuego que fue entregada por Juan Carlos Terrero Peña, en ocasión de varias denuncias por violencia intrafamiliar que habían sido presentadas en su contra.
7.2. En vista de esto, Juan Carlos Terrero Peña presentó una acción de amparo, a los fines de que se le devolviese su arma de fuego y así cesara la alegada violación a su derecho de propiedad, acción que fue acogida por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la decisión objeto del presente recurso en revisión.
9. Admisibilidad del recurso de revisión
9.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible por las siguientes razones:
a) De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería;
b) El artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11, establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales;
c) Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este Tribunal fijó su posición mediante la sentencia No. TC/0007/12, de feche veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012); y
d) En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene relevancia y trascendencia constitucional, porque contempla un supuesto relativo a conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento, al plantear una confrontación entre el derecho de propiedad sobre un arma de fuego, de una parte, y los derechos del niño y de la familia, de la otra.
10. Sobre el recurso de revisión
10.1. En lo que se refiere al recurso de revisión, este Tribunal entiende que el mismo debe ser acogido, en virtud del siguiente razonamiento:
a) Conforme la documentación y hechos previamente mencionados, este Tribunal entiende que en la especie existe una confrontación de derechos, específicamente entre el derecho de propiedad, de una parte, y los derechos de los niños de a la familia, de la otra;
b) En efecto, se comprueba que mientras Juan Carlos Terrero Peña alega que la retención de su arma de fuego, por parte del Ministerio Público, constituye una violación a su derecho de propiedad, este órgano fundamenta dicha retención sobre la base de la protección de los derechos del niño RBTB y su familia, los cuales habían sido previamente amenazados por el recurrido;
c) En ese sentido, el artículo 51 de la Constitución dominicana, al referirse al derecho de propiedad, establece que: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes;
d) Asimismo, al referirse a los derechos de la familia, nuestra Carta Magna declara en su artículo 55 que: La familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. 1) Toda persona tiene derecho a constituir una familia, en cuya formación y desarrollo la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y deberes y se deben comprensión mutua y respeto recíproco; 2) El Estado garantizará la protección de la familia. El bien de familia es inalienable e inembargable, de conformidad con la ley; (…).
e) En lo concerniente a los derechos de los niños, el artículo 56 del texto supremo deja claro que: La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes. En consecuencia: 1) Se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Los niños, niñas y adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, abuso o violencia física, sicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos.
f) En el mismo sentido, la ley número 136-03 consagra el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE y, respecto del mismo, establece que: El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que le sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales.
g) En relación con la confrontación de derechos fundamentales, la Constitución dominicana establece, en su artículo 74.4, lo siguiente: Los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.
h) Este último texto no es más que la consagración en el ordenamiento jurídico dominicano del principio de armonización concreta, el cual otorga a este Tribunal Constitucional, de conformidad con la sentencia TC/0042/12 [página 14], de fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil doce (2012), la obligación de armonizar derechos fundamentales en conflicto, de modo tal que no se afecte el contenido esencial de los derechos involucrados como tampoco, más de lo necesario, su máxima efectividad;
i) Este Tribunal Constitucional, tomando como base la jurisprudencia constitucional de Colombia, igualmente se refirió a este principio en su sentencia TC/0011/12 [página 16], de fecha tres (3) de mayo del dos mil doce (2012), afirmando que en caso de confrontación de derechos fundamentales, se debían apreciar las circunstancias concretas del caso a los fines de intentar conseguir una armonización de los mismos, y en caso de no ser esto posible, hacer prevalecer el derecho más afín a la dignidad humana;
j) En lo concerniente al derecho de propiedad de Juan Carlos Terrero Peña sobre su arma de fuego, es menester recordar el criterio esbozado por este mismo Tribunal en su sentencia TC/0010/12 [página 12], de fecha dos (2) de mayo del dos mil doce (2012), en el sentido de que: cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones están establecidas en una ley especial y de orden público, como lo es la Ley No. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de fecha 18 de octubre de1965;
k) En la especie, el arma de fuego propiedad del señor Juan Carlos Terrero Peña fue entregada voluntariamente por éste último a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, en ocasión de varias denuncias por violencia intrafamiliar que habían sido presentadas en su contra;
l) Este Tribunal observa que dicha incautación está fundada en la ley, específicamente en los artículos 186 del Código Procesal Penal y 26 de la Ley número 133-2011, Orgánica del Ministerio Público;
m) En efecto, la misma fue realizada durante una investigación judicial, la cual, por demás, se encuentra actualmente vigente, refiriéndose dicha denuncia a que Juan Carlos Terrero Peña había amenazado con utilizar su arma de fuego en contra de su familia;
n) Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a los derechos de los niños, y más específicamente al principio del Interés Superior del Niño, ha afirmado lo siguiente: Este Tribunal ha señalado que revisten especial gravedad los casos en que las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños. La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. 1 , Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ´cuidados especiales´, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir ´medidas especiales de protección´. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se halle el niño o la niña. 2
o) Nuestra Suprema Corte de Justicia ha afirmado correctamente que el interés superior del niño consagrado como norma fundamental por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene su origen en la doctrina universal 1 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Sentencia del Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala (Fondo), 19 de noviembre del año 1999, párr. 46; Sentencia del Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, 8 de septiembre del año 2005, párr. 34; Opinión Consultiva OC-17/02, del 28 de agosto del año 2002, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos; Sentencia del Caso Furlan y Familiares Vs. Argentina (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 31 de agosto del año 2012, párr. 126. de los derechos humanos, y como tal, es un principio garantista de estos derechos; que los niños, niñas y adolescentes como personas humanas en desarrollo tienen iguales derechos que todas las demás personas, y por consiguiente, es preciso regular los conflictos jurídicos derivados de su incumplimiento, y de su colisión con los derechos de los adultos; que el interés superior del niño permite resolver conflictos de derecho recurriendo a la ponderación de esos derechos en conflicto, y en ese sentido, siempre habrá de adoptarse aquella medida que asegure al máximo la satisfacción de los mismos que sea posible y su menor restricción y riesgo 3 ;
p) El literal e) [del Principio del Interés Superior del Niño], de la Ley núm. 136- 03, afirma que se deben priorizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre aquellos de las personas adultas, en los casos en que exista confrontación de derechos;
q) En ese mismo sentido, el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada el veinte (20) de noviembre del año mil novecientos ochenta y nueve (1989) por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño;
r) De igual manera, y en lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, es importante reiterar el criterio desarrollado en la precitada sentencia TC/0010//12 [páginas 13-14], en el sentido de que el hecho cierto e innegable de los preocupantes índices de violencia intrafamiliar y de uxoricidios (muerte causada a la mujer por su marido) de que adolece la sociedad dominicana justifica que, ante una denuncia o querella, el Ministerio de Interior y Policía o el Ministerio Público incaute cualquier arma de fuego que posea un imputado hasta que sea dictada una sentencia 3 SCJ, Cámara Civil y Comercial; Sentencia del 3 de junio del año 2009. con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada, ya que de no tomarse esta decisión se deja abierta la posibilidad de que la esposa denunciante o querellante pierda la vida, como ha ocurrido en otros casos. En caso de probarse la imputación, la incautación devendrá definitiva, y, en la hipótesis contraria, el arma de fuego deberá ser devuelta;
s) A la luz de la precedente exposición, este Tribunal estima que la retención o incautación por parte del Ministerio Público del arma de fuego de Juan Carlos Terrero Peña, se encuentra justificada por el hecho de que existe un proceso penal abierto en contra de este último, por hechos relacionados con violencia intrafamiliar;
t) En virtud de todo lo anterior, este Tribunal Constitucional es del criterio que la sentencia No. 67-2012, dictada el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, debe ser revocada en su totalidad y, consecuentemente, rechazada la acción de amparo incoada por Juan Carlos Terrero Peña;
u) Sin embargo, el Tribunal precisa que dicha incautación o retención del arma de fuego de Juan Carlos Terrero Peña es provisional hasta tanto culmine, [por las diversas modalidades de terminación del proceso prevista en la ley, tales como el archivo, la extinción de la acción o una sentencia absolutoria que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada] el proceso penal iniciado en su contra, ya que dependiendo del resultado del mismo, entonces se levantaría dicha incautación (en caso de descargo o extinción de la acción) o se tornaría en definitiva (en caso de condena). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto salvado de Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión incoado por Denny Silvestre Zorrilla, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, en contra de la Sentencia núm. 67-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER el referido recurso de revisión y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia núm. 67-2012, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012).
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por Juan Carlos Terrero Peña en contra de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por secretaría, a la parte recurrente, Lic. Denny Silvestre Zorrilla, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional; y a la parte recurrida, Juan Carlos Terrero Peña.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7.6 y 66 de la referida Ley No. 137-11; y
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0109/13, del 4 de julio de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0109-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.