Sentencia TC/0111/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de mayo de 2020 · Expediente TC-05-2017-0036

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz contra la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad · Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0111/20?

El recurso se interpuso dentro del plazo legal y presentó especial trascendencia constitucional porque permitía precisar el alcance de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda respecto de obligaciones estatales surgidas de una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. Verificada la intimación previa, el Tribunal distinguió entre ejecutar una sentencia, lo cual no procede por vía del amparo de cumplimiento, y exigir que la Administración cumpla las obligaciones impuestas por leyes especiales. En este caso, la acción perseguía ese cumplimiento legal, no la ejecución directa de la Sentencia TC/0193/14 (TC/0111/20, numeral 10, a–c, pág. 20; TC/0111/20, numeral 10, d, pág. 21; TC/0111/20, numeral 11, e–f, pág. 25; TC/0111/20, numeral 11, o–q, pág. 30; TC/0111/20, numeral 11, r–t, pág. 31).

El Ministerio de Hacienda está obligado in solidum con la DIGEPRES, la OISOE y sus respectivos titulares. Su deber no se agota al incluir la deuda en el presupuesto ni al encargar a la DIGEPRES el traslado de los fondos: debe asegurarse de que se hagan las gestiones necesarias para la provisión presupuestaria y se ordene el pago a los beneficiarios. La omisión de ese deber hacía improcedente su exclusión del amparo. El Tribunal rechazó la indexación porque las sumas estaban fijadas por una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y desestimó el aumento de la astreinte porque estimó razonable el monto fijado (TC/0111/20, numeral 11, i, pág. 26; TC/0111/20, numeral 11, j–l, pág. 27; TC/0111/20, numeral 11, m, pág. 28; TC/0111/20, numeral 11, n, pág. 29; TC/0111/20, numeral 11, r–t, pág. 31; TC/0111/20, numeral 11, u, pág. 32; TC/0111/20, numeral 11, v, pág. 32).

Decisión

Admite el recurso en cuanto a la forma y lo acoge en el fondo para modificar el ordinal sexto de la Sentencia núm. 00390-2016, dejando sin efecto la exclusión del Ministerio de Hacienda, y confirma la sentencia en los demás aspectos. Ordena al Ministerio incluir en la partida de su presupuesto correspondiente a la ejecución de 2021, debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago de RD$146,731,666.70 a favor de Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“la obligación del Ministerio de Hacienda no se limita a delegar el referido compromiso en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), sino que queda a su cargo asegurarse de que se realicen las gestiones de lugar para que se provisione el monto adeudado en el presupuesto correspondiente, al tiempo que se ordene el pago en manos de los hoy recurrentes.” (TC/0111/20, numeral 11, j–l, pág. 27)
“la especie no se trata de un amparo que persigue ejecutar una sentencia de este tribunal, sino de una acción de amparo de cumplimiento cuyo objeto es la violación a leyes especiales” (TC/0111/20, numeral 11, o–q, pág. 30)
“resulta improcedente que este colegiado se aboque a la valoración de lo que ya constituye cosa juzgada.” (TC/0111/20, numeral 11, r–t, pág. 31)

Normas interpretadas

Constitución: artículo 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 70.3, 95, 100, 104, 107 y 108.

Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos: artículos 3 y 4.

Ley sobre Crédito Público: artículos 3 y 40 (identificada en el texto como Ley núm. 6-86 al citar el artículo 3 y como Ley núm. 06-06 al citar el artículo 40).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0193/14, TC/0405/14, TC/0468/17, TC/0048/19 y TC/0361/15.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a las documentaciones depositadas en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente conflicto tiene su origen en la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por los señores Juan Bautista Nova Muñoz y Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz contra el Ministerio de Hacienda, la Oficina de Ingenieros Superiores de Obras del Estado (OISOE) y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a fin de que se ordene el pago a su favor, de la suma de ciento cuarenta y seis millones setecientos treinta y un mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con setenta centavos ($146,731,666.70), por concepto de justo precio de una expropiación. Previo a la interposición de la acción de amparo de cumplimiento, la parte recurrente puso en mora al Ministerio de Hacienda, Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), emprendiendo diligencias a fin de que procediera al referido pago, de conformidad con lo dispuesto por la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011), desde el año dos mil quince (2015) de manera ininterrumpida, habiendo recibido respuesta mediante Oficio núm. 4387, del Ministerio de Hacienda, del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), dirigido por el ministro de Hacienda, Lic. Donald Guerrero Ortíz, al abogado de los accionantes. En ocasión del conocimiento de la referida acción, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), emitió la Sentencia núm. 00390-2016, la cual acogió la acción de amparo de cumplimiento, ordenando, por vía de consecuencia, a la Dirección General de Presupuesto enviar a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado los fondos consignados en la Ley núm. 260- 15, sobre Presupuesto General del Estado para el año 2016, la suma de ciento cuarenta y seis millones setecientos treinta y un mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con setenta centavos ($146,731,666.70), a fin de ser entregados a los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz. Inconforme con la referida sentencia, la parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, con el cual persigue que se modifique la decisión de marras.

TC/0111/20, numeral 8, pág. 19 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo de

cumplimiento El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.

b. La sentencia recurrida fue notificada al recurrente, mediante certificación emitida por la secretaria general interina del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y el recurso de revisión constitucional fue interpuesto el diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). En ese sentido, se puede comprobar que transcurrieron exactamente tres (3) días hábiles desde la notificación de la sentencia hasta la interposición del presente recurso, por lo cual fue interpuesto dentro del plazo legal dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

c. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, apreciada por este tribunal, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0111/20, numeral 10, a–c, pág. 20 — PDF oficial

d. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional conocerá su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá a este tribunal determinar algunos aspectos relativos al alcance de la responsabilidad del Ministerio de Hacienda cuando se trate de cumplir con las obligaciones del Estado que han tenido su génesis en una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, de conformidad a lo establecido en la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de los Fondos Públicos, del trece (13) de abril de dos mil once (2011).

TC/0111/20, numeral 10, d, pág. 21 — PDF oficial

11. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional

El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos:

a. Los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, parte recurrente en el presente recurso de revisión constitucional, inscriben sus pretensiones en que este tribunal modifique parcialmente la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, tras alegar la conculcación de sus derechos y garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva y debido proceso, artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana, respectivamente, al tenor de las disposiciones rendidas en su fallo respecto de la acción de amparo de cumplimiento promovida por estos contra el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado (OISOE) y sus respectivos titulares.

b. En este orden, la parte recurrente argumenta que lo resolutado en el ordinal sexto del fallo en cuestión contraviene lo consignado en Ley General de Presupuesto del Estado del año dos mil dieciséis (2016); además, la Ley núm. 6-06, de Crédito Público y la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de los Fondos Públicos, respectivamente, cuyo cumplimiento constituye el objeto de la acción de marras, al haber ordenado el tribunal aquo la exclusión del Ministerio de Hacienda, en relación con el proceso judicial precitado.

TC/0111/20, numeral 11, a–b, pág. 22 — PDF oficial

c. Asimismo, solicita el aumento del monto al cual asciende la astreinte ordenado por el juez de amparo tras estimar que la suma prescrita resulta irrisoria, de ahí que aspira a que este tribunal lo incremente de cinco mil pesos dominicanos ($5,000.00) mensuales a cien mil pesos dominicanos ($100,000.00) diarios. Añadiendo además que el tribunal aquo omitió referirse al interés por indexación solicitado por los recurrentes, dado el perjuicio ocasionado a los recurrentes por la indisponibilidad de los recursos que le adeuda el Estado dominicano.

TC/0111/20, numeral 11, c, pág. 22 — PDF oficial

d. Es menester transcribir a continuación, el dispositivo de la Sentencia núm. 00390-2016, enfatizando los ordinales sexto y noveno objeto de escrutinio; a saber: PRIMERO: RECHAZA la solicitud de Medida Precautoria elevada por la parte accionante OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ por los motivos ut supra indicados. SEGUNDO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte accionada OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO, respecto a la falta de calidad de los accionantes, señores OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ, en razón de que los accionantes ostentan la calidad de propietarios y a la vez los beneficiados conforme se establece en la sentencia TC/0193/14, de fecha 25 de agosto del año 2014 dictada por el Tribunal Constitucional. TERCERO: RECHAZA el medio de inadmisión planteado por la parte accionada OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO, por extemporaneidad de la acción, conforme los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia. CUARTO: RECHAZA el medio planteado por el MINISTERIO DE HACIENDA, respecto a la notoria improcedencia, en virtud del artículo 70, numeral 3) de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por los motivos anteriormente indicados.

TC/0111/20, numeral 11, d, pág. 23 — PDF oficial

QUINTO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma la Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento, interpuesta por los señores OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ, en fecha diecisiete (17) del mes de octubre del año dos mil dieciséis (2016), en contra del MINISTERIO DE HACIENDA, DIRECCION GENERAL DE PRESUSPUESTO (DIGEPRES), y sus titulares, los señores DONALDS GUERRERO ORTIZ y LUIS REYES SANTOS, OFICINA E INGENIEROS SUPERVISORE DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE), y titular, el señor FRANCISCO PAGAN RODRÍGUEZ, por estar acorde a la normativa legal que rige la materia. SEXTO: EXCLUYE del presente proceso al MINISTERIO DE HACIENDA, por los motivos anteriormente expuestos. SEPTIMO: En cuanto al fondo, ACOGE, la solicitud de la parte accionante, los señores OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ, en consecuencia se ORDENA a la DIRECCION GENERAL DE PRESUSPUESTO (DIGEPRES), así como a su titular señor: LUIS REYES SANTOS, el envío de los fondos consignados en la LEY 260-15, sobre Presupuesto General del Estado para el año 2016, ascendente a la suma de CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON 00/70 /RD$146,731,666.70), a la OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE), apropiados a favor de los señores OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ. OCTAVO: ORDENA a la OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO (OISOE), así como a su titular el ING: FRANCISCO PAGAN RODRÍGUEZ, una vez recibidos los valores indicados, que se proceda a la entrega a sus beneficiarios, los señores OLGA HILLEVI ASTRID NOVA MUÑOZ y JUAN BAUTISTA NOVA MUÑOZ, no pudiendo dicha entidad gubernamental utilizar dichos fondos, para otro fin que no sea lo dispuesto en la Ley 260-15, sobre Presupuesto General de Estado para el año 2016.

TC/0111/20, numeral 11, d, pág. 23 — PDF oficial

NOVENO: FIJA un ASTREINTE PROVISIONAL conminatorio de CINCO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$5,000.00) diarios por cada día que transcurra sin ejecutar lo decidido en esta sentencia, a partir del plazo concedido, a favor de la institución social sin fines de lucro ASOCIACION DOMINICANA DE REHABILITACION. DÉCIMO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la República Dominicana, y el artículo 66 de la Ley No. 137-11 de fecha 13 de junio del año 2013, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. DÉCIMO PRIMERO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Superior Administrativo.

TC/0111/20, numeral 11, d, pág. 23 — PDF oficial

e. Asimismo, en el caso que ocupa este tribunal, precisamos que los motivos ofrecidos por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo al excluir al Ministerio de Hacienda son los siguientes: Esta Segunda Sala ha podido examinar, que si bien es cierto que las sentencias dictadas tanto por esta Sala del Tribunal Superior Administrativo (191-2013, de fecha 29/05/2013), así como la Sentencia TC/0193/14, del Tribunal Constitucional, de fecha 25 de agosto del año 2014, se ordena al Ministerio de Hacienda de la República, a incluir en la partida de su presupuesto para el año correspondiente, cierto es además, en aplicación de los artículos 40 de la Ley 6-06, de Crédito Público, 3 y 4 de la Ley 86-11 sobre disponibilidad de fondos, el Ministerio de Hacienda procedió a incluir la deuda en el presupuesto del año 2016. De lo anterior se ha podido determinar, que el Ministerio de Hacienda no es sujeto de la cual se hace la exigencia de lo adeudado a la accionante, pues según la certificación, la obligación de dar cumplimiento a la Ley de Presupuesto General del Estado 2016, ha quedado a cargo de la Dirección General de Presupuesto, entendiendo esta Sala que al no existir omisión o acción por parte del Ministerio tendente a perjudicar a los accionantes, este debe ser excluido del presente proceso, como al efecto se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.

f. Una vez ha advertido este colegiado que la parte recurrente ha adoptado los recaudos consignados en la Ley núm. 137-11 en relación con las reglas procesales de la acción de amparo de cumplimiento relativos a la puesta en mora o intimación previa estipulada en el artículo 107, procederá a examinar la sentencia sometida al escrutinio de este colegiado mediante el recurso de revisión constitucional de que se trata.

TC/0111/20, numeral 11, e–f, pág. 25 — PDF oficial

g. En ese orden, se constata que dentro de las piezas documentales que componen el expediente obra, entre otros, la instancia del primero (1 ro ) de agosto de dos mil dieciséis (2016) dirigida por el representante legal de los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz al Ministerio de Hacienda, el cual, en respuesta a dicho requerimiento, emitió el Oficio núm. 4387, del veinticuatro (24) de agosto del mismo año; la Dirección General de Presupuesto adscrita al ministerio aludido emitió además el Oficio núm. 2947, del nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016).

h. Al examen de la decisión de marras, este tribunal constitucional considera que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo obró incorrectamente tras haber excluido al Ministerio de Hacienda de la acción de amparo de cumplimiento y, por ende, se justifica la modificación de la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), revocando el ordinal sexto de su dispositivo.

TC/0111/20, numeral 11, g–h, pág. 26 — PDF oficial

i. En efecto, a raíz de las ponderaciones ejercidas en torno a la glosa documental que conforma el expediente, es ostensible que contrario a lo alegado por el juez a quo, el Ministerio de Hacienda tiene una obligación in solidum con los demás organismos estatales, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y sus respectivos titulares, a dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley núm. 6-86, sobre Crédito Público, el cual dispone lo siguiente: Están sujetos a las regulaciones previstas en la presente ley y su reglamentación, los organismos del sector publico que integran los siguientes agregados institucionales: 1) El Gobierno Central; 2) Las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras; 3) Las instituciones de la seguridad social; 4) Las empresas públicas no financieras; 5) Los ayuntamientos de los municipios y el Distrito Nacional. Párrafo I-. Están excluidos de las regulaciones previstas en esta ley, los organismos del sector publico que integran los agregados institucionales enumerados a continuación: 1. Las instituciones descentralizadas y autónomas financieras; 2. Las empresas públicas financieras. Párrafo II.-Para los fines de esta ley se entenderá por Gobierno Central a la parte del sector público que tiene por objeto la conducción político-administrativa, legislativa, judicial, electoral y fiscalizadora de la Republica, conformadas por el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Con la misma finalidad se entenderá por sector público no financiero al agregado que integran los niveles institucionales citados en los numerales del 1 al 5 del presente artículo. Párrafo III.- Los agregados institucionales citados en los numerales del 1 al 5 del presente artículo, no podrán endeudarse con el Sistema Financiero Nacional sin la aprobación congresional, cuando el vencimiento de dicho endeudamiento supere el ejercicio anual presupuestario.

TC/0111/20, numeral 11, i, pág. 26 — PDF oficial

j. Este tribunal ha verificado dentro de las piezas documentales que conforman el expediente que nos ocupa, el Oficio núm. 3285, del Ministerio de Hacienda, del seis (6) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigido por el ex ministro de hacienda, Lic. Simón Lizardo Mezquita, al señor Luis Reyes Santos, director general de presupuesto, en el que le indica que los recursos consignados en la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2016, por el monto de ciento cuarenta y seis millones setecientos once mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con setenta centavos ($146,711,666.70), para el pago de sentencia condenatoria a favor de los recurrentes, deben ser trasladados a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

k. Al respecto, si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda ha dado en principio consecución al mandato de la ley, no menos cierto es que se evidencia un rampante menosprecio a la norma, pues la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) sostuvo que nunca recibió la provisión de fondos necesaria para cubrir el pago a cargo de la Dirección General de Presupuesto.

l. En tal sentido, cabe recordar que la obligación del Ministerio de Hacienda no se limita a delegar el referido compromiso en la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), sino que queda a su cargo asegurarse de que se realicen las gestiones de lugar para que se provisione el monto adeudado en el presupuesto correspondiente, al tiempo que se ordene el pago en manos de los hoy recurrentes.

TC/0111/20, numeral 11, j–l, pág. 27 — PDF oficial

m. En efecto, el artículo 40 de la Ley núm. 06-06, sobre Crédito Público, dispone lo siguiente: Art. 40.- En los presupuestos del Gobierno Central, de las instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de la seguridad social y las empresas públicas no financieras, deberán incluirse las partidas correspondientes a1 servicio de la deuda, sin perjuicio de que estas puedan centralizarse para su pago, en la Secretaria Estado de Finanzas. 1

TC/0111/20, numeral 11, m, pág. 28 — PDF oficial

n. Asimismo, de conformidad con su ley orgánica y el artículo 4 de la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos, se estipula en el marco de sus atribuciones, dirigir el proceso de formulación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, la coordinación de su ejecución, que comprende la programación de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, así como su evaluación, razón por la cual queda a su cargo velar por el cumplimiento efectivo de lo decidido por este tribunal constitucional en la referida sentencia TC/0193/14, del veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014) la cual ordenó, entre otros, que el Ministerio de Hacienda incluya en la partida de su presupuesto del año dos mil quince (2015), debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago de la suma de a) CIENTO TREINTA MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS DOMINICANOS CON SETENTA CENTAVOS (RD$130,711,666.70) como se ordena en la sentencia confirmada de acuerdo al numeral precedente y b) DIECISÉIS MILLONES DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$ 16,019,800.00), suma total que se corresponde con el reporte de avalúo del 18) de septiembre de dos mil trece (2013) presentado por el director general del Catastro Nacional en relación con las propiedades inmobiliarias de la señora Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz, Parcelas núm. 28 y 29 del D.C. núm. 12, la primera valorada en SEIS MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS DOMINICANOS (RD$ 6,097,700.00) y la segunda en NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL CIEN PESOS DOMINICANOS (RD$ 9,922,100.00). 1 Subrayado es nuestro.

TC/0111/20, numeral 11, n, pág. 29 — PDF oficial

o. Ahora bien, resulta imperativo que esta sede constitucional establezca rotundamente que la especie no se trata de un amparo que persigue ejecutar una sentencia de este tribunal, sino de una acción de amparo de cumplimiento cuyo objeto es la violación a leyes especiales, violación que se ha activado al haberse emitido la Sentencia TC/0193/14 y ser desacatado el cumplimiento de lo ordenado en el catálogo de leyes a cuyo mandato están compelidos los órganos estatales aludidos.

p. De manera que este tribunal pone de manifiesto que en modo alguno se aparta de su precedente sobre la materia y de forma coherente reitera el criterio asentado en el precedente TC/0405/14, estableciendo en línea jurisprudencial que no procede la acción de amparo de cumplimiento cuando el objeto perseguido es la ejecución de una sentencia:

g. En relación con la ejecución de sentencias, el legislador ha proporcionado los mecanismos para la ejecución de las sentencias emitidas por un tribunal, por lo que no es necesario emitir otra decisión para ordenar su cumplimiento, es decir que un amparo, a estos fines, es notoriamente improcedente en aplicación a los artículos

70.3 y 108 de la referida ley núm. 137-11.

q. Así también ha sido señalado en innúmeras decisiones, entre estas la Sentencia TC/0468/17: (…) que el amparo de cumplimiento, dispuesto en el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, es una acción de tutela que ha sido instituida por el legislador para que los particulares constriñan a una autoridad o funcionario para que den cumplimiento a lo dispuesto en un acto administrativo firme o en una norma legal, mas no lo consignado en una sentencia. Cabe destacar que los actos administrativos firmes son aquellos que no están sujetos a contestaciones o determinaciones de carácter judicial.

TC/0111/20, numeral 11, o–q, pág. 30 — PDF oficial

r. En sintonía con la corriente jurisprudencial invocada, la reciente decisión adoptada mediante la Sentencia TC/0048/19 reitera el criterio que se consigna a continuación:

m. Conviene recordar que este tribunal en la Sentencia TC/0361/15, del catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), dispuso que el objetivo de un amparo tendente al cumplimiento de las disposiciones esbozadas en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 no implica que se esté auspiciando ─vía la acción de amparo─ la ejecución per se del crédito contenido en una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que condena al Estado, sino que consiste en una herramienta para controlar de manera efectiva la actividad de la Administración a fin de que, conforme al principio fundamental de la dignidad humana, el derecho a una tutela judicial efectiva y el principio de favorabilidad, esta lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida ley.

s. Otro de los reclamos sometidos por la parte recurrente a través del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, lo ha constituido la alegada omisión de estatuir del tribunal de amparo en lo relativo al interés por indexación a los valores consignados en la deuda estatal, solicitado por los recurrentes, fundamentado en el supuesto perjuicio ocasionado a los recurrentes por la indisponibilidad de los recursos que le adeuda el Estado dominicano a lo largo de un período de cuatro décadas.

t. En ese tenor, este tribunal constitucional estima que tales pretensiones han de ser rechazadas, en virtud de que las sumas de dinero en cuestión han sido consignadas en una decisión que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la Sentencia TC/0193/14 y, por ende, resulta improcedente que este colegiado se aboque a la valoración de lo que ya constituye cosa juzgada.

TC/0111/20, numeral 11, r–t, pág. 31 — PDF oficial

u. Asimismo, en igual sentido este órgano de justicia constitucional desestima el petitorio de la parte recurrente en el orden de incrementar exponencialmente el monto de la astreinte ordenado en la sentencia objeto de impugnación, pues juzgamos que la suma fijada es razonable; constituyéndose, en cambio, las aspiraciones promovidas por el solicitante en desmedidas y exorbitantes.

TC/0111/20, numeral 11, u, pág. 32 — PDF oficial

v. En definitiva, en la especie se verifica una omisión que se le atribuye al Ministerio de Hacienda, en su obligación de garantizar el cumplimiento de lo que le ha sido ordenado por el Tribunal Constitucional, conforme se hace constar en el legajo de piezas que conforman el expediente, razón por la cual procede declarar admisible y acoger parcialmente el recurso de revisión constitucional modificando la decisión impugnada en lo relativo a la exclusión del aludido ministerio de Hacienda de la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por los hoy recurrentes; en consecuencia, este organismo tendrá a su cargo incluir en su presupuesto la suma de ciento cuarenta y seis millones setecientos treinta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos dominicanos con setenta centavos ($146,731,666.70) para el Presupuesto General del Estado correspondiente al año dos mil veintiuno (2021), atendiendo a la salvaguarda del deber de previsibilidad del crédito publico. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0111/20, numeral 11, v, pág. 32 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz contra la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, MODIFICAR el ordinal sexto de la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

TERCERO: ORDENAR al Ministerio de Hacienda que incluya en la partida de su presupuesto correspondiente a la ejecución del año dos mil veintiuno (2021), debidamente aprobado por el Congreso Nacional, el pago de la suma de ciento cuarenta y seis millones setecientos treinta y un mil seiscientos setenta y seis pesos dominicanos con setenta centavos ($146,731,666.70), a favor de los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz.

CUARTO: CONFIRMAR la Sentencia núm. 00390-2016, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en los demás aspectos.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz, y la parte recurrida, Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.

SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0111/20, del 12 de mayo de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0111-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.