Sentencia TC/0048/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 8 de mayo de 2019 · Expediente TC-05-2018-0028
Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo de cumplimiento incoado por Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez contra la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457, dictada el seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0048/19?
Conforme al principio de informalidad del amparo, el artículo 107 de la Ley núm. 137-11 exige un solo requerimiento previo de cumplimiento del deber legal o administrativo omitido, sin que el acto deba mencionar expresamente el plazo de quince días laborables. Si al vencimiento de ese plazo la autoridad no ha respondido o persiste en el incumplimiento, la acción puede interponerse dentro de los sesenta días siguientes. El Acto núm. 911-2017 satisfizo el requisito de reclamación previa y la acción se interpuso oportunamente, por lo que fue erróneo declararla inadmisible por falta de un segundo requerimiento (TC/0048/19, numeral 10, d–e, pág. 14; TC/0048/19, numeral 10, f–g, pág. 15; TC/0048/19, numeral 10, h–i, pág. 16; TC/0048/19, numeral 10, j, pág. 16; TC/0048/19, numeral 10, k–l, pág. 18; TC/0048/19, numeral 10, v–a, pág. 22).
El amparo de cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 no procura ejecutar directamente el crédito reconocido por sentencia irrevocable, sino hacer cumplir el deber legal de consignarlo con cargo al presupuesto de la entidad pública condenada, sin contravenir la inembargabilidad del Estado. Los titulares del crédito estaban legitimados para reclamar contra el Ayuntamiento de Santiago y su alcalde, responsables de la consignación presupuestaria. Comprobado que el Ayuntamiento no había consignado la obligación de pago, correspondía ordenar el cumplimiento del deber legal (TC/0048/19, numeral 10, m–n, pág. 18; TC/0048/19, numeral 10, q–r, pág. 20; TC/0048/19, numeral 10, s–u, pág. 21; TC/0048/19, numeral 10, y, pág. 24; TC/0048/19, numeral 10, z–cc, pág. 25).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457 y declara procedente la acción de amparo de cumplimiento. Ordena al Ayuntamiento de Santiago consignar en su presupuesto de 2020 el capital y los intereses de la condena establecida en la Sentencia núm. 365-14-01460, le concede sesenta días calendario desde la notificación para cumplir, le impone una astreinte de RD$1,000.00 por cada día de retardo a favor de los accionantes y declara el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“no tiene que contener una mención expresa respecto a que la autoridad tiene que contestar a la solicitud o hacer cesar el supuesto incumplimiento dentro de los quince (15) días laborables subsiguientes, sino que pura y simplemente debe hacer constar la exigencia de cumplimiento” (TC/0048/19, numeral 10, f–g, pág. 15).
“el ejercicio de la acción de amparo de cumplimiento se podrá realizar a partir del vencimiento del citado plazo de quince (15) días laborables ulteriores a la solicitud y dentro de los sesenta (60) días subsiguientes al término antedicho.” (TC/0048/19, numeral 10, h–i, pág. 16).
“no implica que se esté auspiciando ─vía la acción de amparo─ la ejecución per se del crédito contenido en una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que condena al Estado” (TC/0048/19, numeral 10, m–n, pág. 18).
Normas interpretadas
Constitución de la República, artículo 72, parte final; Ley núm. 137-11, artículos 7 (en particular, 7.9), 66, 91, 93, 94, 95, 100 y 104 a 108; Ley núm. 86-11, artículos 3 y 4.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0762/17, TC/0071/13, TC/0361/15, TC/0048/12, TC/0344/14 y TC/0438/17.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por la parte recurrente, el conflicto data de una demanda en cobro de pesos que interpusieron Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez contra el Ayuntamiento de Santiago, por concepto de deuda contraída en ocasión del Contrato de ejecución de obra núm. 285-2010, intervenido entre ambos el diecisiete (17) de junio de dos mil diez (2010). La referida demanda fue acogida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014), mediante su Sentencia núm. 365-14-01460 y, en consecuencia, resultó condenado el Ayuntamiento de Santiago a pagar, a favor de Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez, la suma de dos millones ciento cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y dos pesos dominicanos con 31/100 ($2,147,682.30) y un interés mensual de un por ciento (1%) de la suma adeudada, computable a partir del momento en que se interpuso la demanda. Esta sentencia fue objeto de un recurso de apelación motorizado por el Ayuntamiento de Santiago que fue declarado inadmisible por tardío mediante la Sentencia núm. 358-15-00119, dictada el uno (1) de febrero de dos mil diecisiete (2017) por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago. Esta última ─la sentencia de la Corte de Apelación─, pese a ser notificada al Ayuntamiento de Santiago mediante el Acto núm. 591-2017, de veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017), no fue recurrida en casación al trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017), conforme certifica la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia. Con el interés de ejecutar el cobro de la acreencia reconocida anteriormente Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez notificaron al Ayuntamiento de Santiago y a su alcalde, Abel Atahualpa Martínez Durán, el Acto núm. 911-2017, a fin de que procedieran a incluir en el ejercicio presupuestario de dicho ente edilicio, correspondiente al año dos mil diecisiete (2017), la totalidad de los valores adeudados hasta ese momento, a saber: tres millones ciento treinta y cinco mil seiscientos dieciséis pesos dominicanos con 17/100 ($3,135,616.17), por concepto de capital e intereses generados hasta la fecha en ocasión de la condena anterior. Ante la apatía del Ayuntamiento de Santiago frente al citado requerimiento, Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez interpusieron una acción de amparo de cumplimiento que fue declarada inadmisible mediante la Sentencia núm. 0514-2017- SSEN-00457, la cual comporta el objeto del presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión
El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión resulta admisible, en atención a las siguientes razones:
a. Conforme a las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11 todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. Es necesario recordar que conforme a los términos del artículo 95 del referido texto, el recurso de revisión será interpuesto “en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Sobre dicho particular se ha referido este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), indicando que “[e]l plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”.
c. Así, considerando que el objetivo del recurso de revisión que nos ocupa radica en impugnar el contenido de los motivos que fundamentan la sentencia rendida en materia de amparo de cumplimiento, es posible inferir que el cómputo del plazo para recurrirla debe iniciar con el conocimiento o notificación de la decisión íntegra a la parte recurrente.
d. En el presente caso, la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457 no ha sido notificada a los señores Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez sino que, luego de tomar conocimiento íntegro de ella, estos procedieron a notificársela conjuntamente con el presente recurso, el dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), al Ayuntamiento de Santiago y su alcalde, Abel Atahualpa Martínez Durán. De ahí que la interposición del presente recurso, efectuada el doce (12) de octubre de dos mil diecisiete (2017), da cuenta de que se respetó el plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, pues no obra constancia del momento exacto en que este empezó a correr formalmente en su contra y su ejercicio se produjo.
e. Examinemos brevemente ahora el requisito previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. Este dispone los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
f. Este tribunal fijó su posición en relación con la aplicación del referido artículo 100 en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que la mencionada condición de admisibilidad sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, en aquellos “que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales”.
g. El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues se evidencia un conflicto que permitirá continuar expandiendo el desarrollo interpretativo de nuestra posición frente a las exigencias de procedencia del amparo de cumplimiento que se encuentran previstas en la Ley núm. 137-11.
10. Sobre el presente recurso de revisión
Verificada la admisibilidad del recurso, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:
a. Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez, al no estar contestes con la decisión que declaró inadmisible su acción de amparo de cumplimiento, esto es, la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, persiguen su revocación tras considerar que el juez a-quo interpretó de manera errada el contenido del artículo 107 de la Ley núm. 137-11 e incurrió en una contradicción de motivos al reconocer en un primer momento que la intimación se había realizado y luego exponer que la diligencia procesal contenida en tal disposición no se consumó en los términos previstos en la ley, lo cual se traduce en una irregularidad manifiesta que afecta sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso.
b. En efecto, mediante la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457, el juez a-quo declaró inadmisible la acción de amparo de cumplimiento tras entender que en el caso no quedaron satisfechas las disposiciones del artículo 107 de la Ley núm. 137- 11. Al respecto argumentó, entre otras cosas, lo siguiente: Verificadas las disposiciones del artículo 107, antes citado, el tribunal establece que para poder admitir esta acción constitucional de amparo de cumplimiento, la parte accionante, al no recibir una respuesta a la solicitud que hizo mediante el acto núm. 911-2017, del 29-6-2017, debió requerir de manera formal al alcalde municipal el cumplimiento del deber legal y si en el plazo de 15 días laborables siguientes a ese requerimiento, no contesta o persiste en su negación, sí tendría la facultad de accionar en amparo. Que lo que persigue el artículo 107, ya mencionado, es que en aquellos casos en que se le haya hecho una solicitud a la autoridad para que cumpla con un deber legal o un acto administrativo y esa autoridad no emita una decisión en cuanto a lo solicitado, es decir, es una especie de advertencia, que debe ser hecha previo a iniciar la acción constitucional de amparo de cumplimiento.
c. Acorde con el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá: (…) que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud. Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo. Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.
d. La exigencia anterior fue aclarada por este tribunal en la Sentencia TC/0762/17, del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), al precisar que: [L]a procedencia del amparo de cumplimiento está condicionada a que la parte afectada ponga en mora al funcionario que se considera en falta, para que en un plazo de quince (15) días cumpla con su obligación. Por otra parte, según el mismo texto, la acción de amparo de cumplimiento debe incoarse en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de vencimiento del indicado plazo de quince (15) días.
e. Para comprender el contenido esencial de la disposición establecida en el referido artículo 107 de la Ley núm. 137-11, en cuanto a la diligencia ─intimación, puesta en mora, requerimiento o cualquier otro acto─ mediante el cual la parte interesada habrá de exigir el cumplimiento del deber legal o administrativo supuestamente omitido debemos recordar que, conforme a la parte final del artículo 72 de la Constitución dominicana, el proceso de amparo ─en cualesquiera de sus modalidades─ es “preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades”, 1 disposición reforzada con el principio de informalidad de la justicia constitucional ─previsto en el artículo 7.9 de la Ley núm. 137-11─, que tiene como propósito evitar que la tutela judicial efectiva en el contexto de los procesos y procedimientos constitucionales se vea entorpecida por el agotamiento de formalismos o rigores innecesarios.
f. En ese tenor, resulta pertinente puntualizar que una interpretación conforme a la Constitución del contenido esencial del artículo 107 de la Ley núm. 137-11 sugiere tener por cuenta que el acto mediante el cual se exige el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido ─para ser válido y dar cuenta de que se ha agotado la diligencia exigida─ no tiene que contener una mención expresa respecto a que la autoridad tiene que contestar a la solicitud o hacer cesar el supuesto incumplimiento dentro de los quince (15) días laborables subsiguientes, sino que pura y simplemente debe hacer constar la exigencia de cumplimiento, pues condicionar la susodicha actuación a que el acto que la contenga deba ─imperativamente─ establecer el citado plazo podría considerarse como un formalismo procesal innecesario en el ánimo de alcanzar el cometido de la exigencia previa y, a la vez, resultaría incompatible con el espíritu de la acción de amparo de cumplimiento a la que este requerimiento le sirve de antesala.
g. Aparte de lo enunciado anteriormente, pretender que la parte reclamante exija el cumplimiento en una ocasión y, luego, ante una eventual negativa o silencio de la Administración tenga que volver a repetir dicho trámite para poder, entonces, satisfacer las previsiones del artículo 107 de la Ley núm. 137-11 y quedar facultado 1 Todos los énfasis que figuran en ésta decisión son nuestros. para el ejercicio de la acción de amparo de cumplimiento, conllevaría una desnaturalización del sentido y contenido esencial de la exigencia o reclamo de cumplimiento allí establecida; asimismo, haría a los justiciables incurrir en la tramitación de diligencias procesales que, además de resultar totalmente irracionales, costosas e innecesarias, el legislador no ha previsto e implican un obstáculo en la efectiva sustanciación del proceso constitucional de que se trata.
h. Ahora bien, luego de exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido en los términos antes indicados, lo que sí resulta imprescindible es que, para la interposición del amparo de cumplimiento, transcurridos quince (15) días laborables haya persistencia en el supuesto incumplimiento o un silencio por parte de la autoridad correspondiente en dar respuesta a la solicitud. En ese sentido ─como citamos más arriba─, el Tribunal ha considerado que el ejercicio de la acción de amparo de cumplimiento se podrá realizar a partir del vencimiento del citado plazo de quince (15) días laborables ulteriores a la solicitud y dentro de los sesenta (60) días subsiguientes al término antedicho.
i. Por consiguiente, este tribunal estima que obró mal el juez a-quo cuando ─para inadmitir la acción─ consideró que en vista de que los recurrentes no recibieron ─de parte del Ayuntamiento de Santiago─ una respuesta a la solicitud realizada mediante el Acto núm. 911-2017 debían, para satisfacer el requisito del artículo 107 de la Ley núm. 137-11, requerir ─nueva vez─ el cumplimiento del deber legal omitido y esperar el plazo de quince (15) días laborables para, ante una negativa de contestación o persistencia en el incumplimiento denunciado, poder pretender interponer la acción de amparo de cumplimiento.
j. Lo cierto es que el Acto núm. 911-2017, antes descrito, es una expresión de satisfacción al requisito de exigibilidad del cumplimiento del deber legal o administrativo supuestamente omitido establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, ya que en él se hace constar que: [L]os señores GLORIA HAYDE NÚÑEZ y RICARDO JOSÉ URBÁEZ, por medio del presente acto, INTIMAN formalmente a mis requeridos, el AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO y al titular del mismo ABEL ATAHUALPA MARTÍNEZ DURÁN, para que proceda a incluir a favor de los señores GLORIA HAYDE NÚÑEZ y RICARDO JOSÉ URBÁEZ, en el ejercicio presupuestario del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, correspondiente al de la fecha en que la deuda se ha hecho exigible, año 2017, la totalidad de los valores que al momento del presente acto adeuda a dichos señores, ascendentes a TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 52/100 (RD$3,092,662.52), por los siguientes conceptos: A) DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS DOMINICANOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (RD$2,147,682.31), concernientes al capital adeudado; y B) NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 22/100 (RD$944,980.22), relativos a los intereses generados, así como los demás intereses que en base a la indicada deuda se generen, en razón de un interés mensual de un uno por ciento (1%) de dicha suma, contado a partir de la fecha en que se interpuso la demanda introductiva de instancia, todo en virtud de las condenaciones contenidas en la Sentencia Civil No. 365-14- 01460, de fecha 2 de septiembre del año 2014, emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, cuyo recurso de apelación en contra de la indicada decisión fue declarado inadmisible por la Sentencia Civil No. 358-2017- SSEN-00052, dictada en fecha uno (1) del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. En caso de que los fondos del ejercicio presupuestario del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO, correspondientes al año 2017, resulten insuficientes para pagar dichos valores, que los mismos sean incluidos en beneficio de los señores GLORIA HAYDE NÚÑEZ y RICARDO JOSÉ URBÁEZ, en el ejercicio presupuestario siguiente de dicha entidad pública, año 2018.
k. Por tanto, el manejo que tuvo el juez a-quo al momento de valorar la dimensión del Acto núm. 911-2017, en paralelo con el contenido del artículo 107 de la Ley núm. 137-11: al considerar que se deben realizar dos (2) exigencias del deber legal o administrativo omitido, no se corresponde con la realidad y genera un error procesal que debe ser sancionado con la revocación de la sentencia recurrida. En tal sentido, ha lugar a revocar la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457 y, atendiendo al precedente contenido en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), recordar que es menester del Tribunal Constitucional ─aplicando los principios rectores del proceso de amparo─ proceder al conocimiento de la acción constitucional que se trata.
l. En efecto, Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez interponen la presente acción de amparo de cumplimiento con la intención de que el Ayuntamiento de Santiago y Abel Atahualpa Martínez Durán ─en su condición de alcalde─ obtemperen al cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11, sobre Fondos Públicos, e incluyan con cargo a la partida presupuestaria de dicho ente edilicio el pago de los valores ─capital e intereses─ establecidos en la Sentencia núm. 365-14-01460, dictada el dos (2) de septiembre de dos mil catorce (2014) por la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
m. Conviene recordar que este tribunal en la Sentencia TC/0361/15, del catorce (14) de octubre de dos mil quince (2015), dispuso que el objetivo de un amparo tendente al cumplimiento de las disposiciones esbozadas en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 no implica que se esté auspiciando ─vía la acción de amparo─ la ejecución per se del crédito contenido en una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que condena al Estado, sino que consiste en una herramienta para controlar de manera efectiva la actividad de la Administración a fin de que, conforme al principio fundamental de la dignidad humana, el derecho a una tutela judicial efectiva y el principio de favorabilidad, esta lleve a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida ley.
n. En este sentido, en la Sentencia TC/0361/15 se establece que: [A] pesar de que en este caso el incumplimiento de la ley deriva de la inejecución de una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el objeto de la acción de amparo es el incumplimiento por parte del Ministerio de Hacienda de las citadas disposiciones de la Ley núm. 86-11, que pone a su cargo la obligación de pagar las partidas provenientes de dichas decisiones consignándolas al presupuesto de dicha entidad estatal. Precisamente, el objeto de esta ley es evitar que el Estado y sus instituciones sean embargados a consecuencia de la ejecución de las decisiones definidas en el citado artículo 3 de la ley, de donde se infiere que el caso que nos ocupa trata de un amparo de cumplimiento que tiene como objeto que el Ministerio de Hacienda “cumpla” con una obligación establecida en la Ley núm. 86-11, obligación que le ha sido requerida mediante los canales establecidos para esos fines por la legislación positiva.
o. Continúa estableciendo la indicada decisión que: Es así que, aunque podría argumentarse que en definitiva de lo que se trata es de ejecutar el crédito contenido en la sentencia, el Tribunal Constitucional está en el deber de definir una cuestión que tiene vocación de convertirse en recurrente, pues son múltiples los procesos judiciales que concluyen con decisiones condenatorias contra la Administración y que muchas veces, a pesar de los beneficiarios utilizar las vías legalmente previstas para la ejecución de dichas decisiones, no pueden hacerlo, resultando afectados sus derechos a una tutela judicial efectiva en la medida en que se ven imposibilitados de ejecutar una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En este sentido, la finalidad de los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 es crear un mecanismo de cumplimiento del Estado frente a terceros, que se vería desvanecido en caso de incumplirse con la referida ley núm. 86-11.
p. Por otro lado, y en vista de que ordenar ─vía el amparo de cumplimiento─ que se acate el mandato previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 entraña la protección de aquellos créditos que se encuentran contenidos en sentencias ─con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─ que las instituciones públicas no cumplen y que los justiciables no pueden ejecutar en virtud del principio general de la inembargabilidad del Estado (Sentencia TC/0361/15), debemos verificar si en la especie concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley núm. 137-11 y, por igual, si el caso coincide o no con alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 108 del mismo cuerpo normativo, en aras de comprobar los méritos de la presente acción.
q. En efecto, los artículos 104 y 105 de la Ley núm. 137-11 disponen: Artículo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. Artículo 105.- Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I.- Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.
r. En particular, la acción de amparo de cumplimiento que nos ocupa satisface los requisitos previstos en los artículos 104 y 105 de la Ley núm. 137-11, pues con ella se procura el cumplimiento de disposiciones legislativas ─artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11─ supuestamente incumplidas y ha sido impulsada por Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez, quienes son los titulares de un crédito reconocido judicialmente en contra de una persona jurídica de derecho público perteneciente a la administración local ─el Ayuntamiento de Santiago─, lo cual les reviste de la legitimación o calidad e interés suficientes para exigir su cumplimiento.
s. Por otro lado, el artículo 106 de la Ley núm. 137-11 establece que “la acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto administrativo”.
t. La acción de amparo de cumplimiento de que se trata ha sido ejercida en contra del Ayuntamiento de Santiago y de Abel Atahualpa Martínez Durán ─en su condición de alcalde─, ya que estos son la persona jurídica de derecho público y el funcionario público, respectivamente, facultados para incluir en su partida presupuestaria ─en los términos de los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11─ las deudas contenidas en las sentencias ─con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─ que le condenan al pago de sumas de dinero en provecho de particulares, como son los accionantes. De ahí que en la especie también se satisfacen los preceptos del artículo 106, antes citado.
u. En cuanto a las exigencias del recitado artículo 107 de la Ley núm. 137-11, tal y como indicamos más arriba, Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez intimaron mediante el Acto núm. 911-2017, del veintinueve (29) de junio del dos mil diecisiete (2017), al Ayuntamiento de Santiago y a Abel Atahualpa Martínez Durán ─en su condición de alcalde─, para que cumplieran con lo establecido en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 y en consecuencia, incluyeran en la partida presupuestaria correspondiente a dicho ente edilicio los valores que consigna la Sentencia núm. 365-14-01460, en su favor y provecho. De donde resulta que en la especie se ha cumplido con el mandato establecido en la parte capital del citado artículo 107 de la ley número 137-11.
v. Asimismo, constatamos que luego de realizada la citada intimación o exigencia de cumplimiento del deber previsto en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 ─supuestamente incumplidos─, los accionantes actuaron en observancia del requisito previsto en el párrafo I del artículo 107 de la Ley núm. 137-11, alusivo a que la acción de amparo de cumplimiento debe interponerse dentro de los sesenta (60) días posteriores al vencimiento de los quince (15) días “laborables” subsecuentes a la presentación de la antedicha solicitud de cumplimiento.
w. Para ilustrar mejor la situación advertida en el párrafo anterior, conviene partir de que la exigencia o intimación para el cumplimiento tuvo lugar el veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017); así, vemos que el derecho a accionar en amparo de cumplimiento se originó el veinte (20) de julio de dos mil diecisiete (2017), tiempo para el cual habían transcurrido los quince (15) días laborables posteriores a la presentación de la solicitud prevista en el artículo 107. De ahí que, al haberse interpuesto la referida acción de amparo de cumplimiento el veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017), es posible concluir que su ejercicio fue oportuno en vista de que se realizó dentro del plazo establecido en el párrafo I del artículo 107, pues habían transcurrido treinta y nueve (39) días desde el momento en que se venció el plazo en que la autoridad debió responder la exigencia que le fue formulada respecto del cumplimiento de los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11 y la efectiva interposición de la acción.
x. De igual manera, el caso ─prima facie─ no se encuentra enmarcado dentro de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 108 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: No procede el amparo de cumplimiento:
a) Contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal Superior Electoral;
b) Contra el Senado o la Cámara de Diputados para exigir la aprobación de una ley;
c) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de hábeas corpus, el hábeas data o cualquier otra acción de amparo;
d) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo;
e) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad o funcionario; -f) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso de conflicto de competencias;
g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa, previsto por el Artículo 107 de la presente ley.
y. Por otra parte, los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11, cuyo cumplimiento se procura, implementan un mecanismo efectivo mediante el cual el Estado pueda ─y de hecho debe─ satisfacer las condenaciones pecuniarias establecidas en sentencias ─con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada─ dictadas en su contra, y que favorecen a particulares, sin contravenir el principio general de inembargabilidad del Estado. Dichos textos establecen: Artículo 3. - Las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales que condenen al Estado, al Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos o descentralizados no financieros, al pago de sumas de dinero, una vez adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, serán satisfechas con cargo a la partida presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia. Párrafo. - En la ejecución de sentencias definitivas, en ningún caso, las entidades de intermediación financiera podrán afectar las cuentas destinadas al pago de salarios del personal de la administración pública. Artículo 4. - En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena se haga exigible carezca de fondos suficientes para satisfacerla, el Ministerio de Hacienda, en los casos de obligación del Gobierno Central y de los organismos autónomos y descentralizados no financieros; el Alcalde del ayuntamiento, en los casos del Distrito Nacional y los municipios, y el Director, en el caso de los distritos municipales, deberán efectuar las previsiones, a los fines de su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente.
z. Como se ha podido verificar, la glosa procesal da cuenta de que Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez son acreedores de un crédito reconocido por una decisión judicial ─Sentencia núm. 365-14-01460─ revestida con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en contra de una persona jurídica de derecho público perteneciente a la administración local ─Ayuntamiento de Santiago─ que hasta el momento no ha procedido a incluir en su partida presupuestaria la referida obligación de pago, conforme a lo preceptuado en los artículos 3 y 4 de la Ley núm. 86-11.
aa. De ahí que, cuando en ocasión de un amparo de cumplimiento ─como en la especie─ sea posible constatar que la ley o acto administrativo cuyo efectivo cumplimiento se está procurando ha sido ─o está siendo─, en efecto, incumplido, lo correspondiente es que el juez se decante por ordenar su cumplimiento tal y como, en efecto, se ordena en el dispositivo de esta decisión.
bb. De igual manera, para garantizar la efectiva restauración de los derechos fundamentales conculcados y el cumplimiento de lo ordenado, el legislador, en el artículo 91 de la Ley núm. 137-11 ha establecido: “La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio”.
cc. La anterior disposición se complementa con la imposición de una astreinte, conforme los términos del artículo 93 de la precitada ley como único medio para compeler a la parte agraviante al cumplimiento de las medidas adoptadas, en aras de una pronta y efectiva restauración los derechos afectados.
dd. En el caso, también resulta oportuno precisar que, con relación a la astreinte, este tribunal ha fijado el criterio de que se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una indemnización resarcitoria de daños y perjuicios que pudieran ser causados por una determinada persona, por lo que su eventual liquidación podría favorecer a la sociedad, por intermedio de las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, preferiblemente con cierto grado de afinidad al objeto del litigio o a los accionantes (sentencias TC/0048/12, TC/0344/14 y TC/0438/17). En ese tenor, ha lugar a fijar una astreinte bajo los términos establecidos en el dispositivo de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez contra la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457, dictada el seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017) por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez y en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0514-2017-SSEN-00457.
TERCERO: DECLARAR procedente la acción constitucional de amparo de cumplimiento incoada por Gloria Hayde Núñez y Ricardo José Urbáez el veintiocho (28) de agosto de dos mil diecisiete (2017) en contra del Ayuntamiento de Santiago y del señor Abel Atahualpa Martínez Durán, en su condición de alcalde.
CUARTO: ORDENAR al Ayuntamiento de Santiago consignar, dentro de su partida presupuestaria correspondiente al año dos mil veinte (2020), el importe de la condena ─en capital e intereses─ establecida en la Sentencia núm. 365-14-01460, dictada el dos (2) de septiembre del dos mil catorce (2014) por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.
QUINTO: OTORGAR un plazo de sesenta (60) días calendarios, a contar a partir de la fecha de la notificación de esta decisión, para que el Ayuntamiento de Santiago cumpla con el mandato del ordinal cuarto de esta sentencia.
SEXTO: IMPONER una astreinte de mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra del Ayuntamiento de Santiago, a ser aplicada a favor de los accionantes, Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez.
SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11.
OCTAVO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Gloria Haydé Núñez y Ricardo José Urbáez; a la parte recurrida, Ayuntamiento de Santiago y Abel Atahualpa Martínez Durán, en su condición de alcalde.
NOVENO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0048/19, del 8 de mayo de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0048-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.