Sentencia TC/0114/21
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de enero de 2021 · Expediente TC-02-2020-0004
Relativo al control preventivo de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”, suscrito en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014).
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Temas: Principio de supremacia constitucional
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0114/21?
El control preventivo hace efectiva la supremacía constitucional mediante el examen integral de las cláusulas de los acuerdos internacionales. Su finalidad es evitar que el Estado asuma obligaciones contrarias a la Constitución, pues los tratados pasan a constituir fuentes del derecho interno y los compromisos que de ellos nacen deben cumplirse de buena fe, sin que puedan invocarse normas internas para incumplirlos (TC/0114/21, numeral 4, 4.1–4.2, pág. 34; TC/0114/21, numeral 5, 5.1–5.3, pág. 35; TC/0114/21, numeral 5, 5.6–5.8, pág. 37; TC/0114/21, numeral 6, 6.1–6.2, pág. 38).
Aunque la definición de «territorio» del Acuerdo coincide con la del Convenio de Chicago, el Acuerdo no define la soberanía ni reconoce expresamente la soberanía plena del Estado sobre el espacio aéreo de su territorio, y de sus cláusulas tampoco puede derivarse la aplicación de las disposiciones pertinentes del Convenio. Por ello, el Tribunal aplica el precedente TC/0045/18, en lugar de los relativos a acuerdos que sí incorporaban esas disposiciones, y concluye que la omisión limita el ejercicio pleno de la soberanía consagrada en la Constitución. La declaración de no conformidad no impide un nuevo control si se readecúa o reestructura el Acuerdo en lo referente al territorio y la soberanía (TC/0114/21, numeral 6, 6.7, pág. 40; TC/0114/21, numeral 6, 6.8, pág. 42; TC/0114/21, numeral 6, 6.9–6.16, pág. 43; TC/0114/21, numeral 6, 6.17–6.10, pág. 44).
Decisión
Declara no conforme con la Constitución el Acuerdo de servicios aéreos entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos, suscrito en Dubái el 3 de noviembre de 2014. Ordena comunicar la sentencia al presidente de la República y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“El control preventivo persigue que las cláusulas que integran un acuerdo internacional no contradigan la Carta fundamental” (TC/0114/21, numeral 4, 4.1–4.2, pág. 34).
“el Acuerdo suscrito entre el Gobierno dominicano y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no refiere ni otorga una definición a la palabra “soberanía”” (TC/0114/21, numeral 6, 6.9–6.16, pág. 43).
“dicha omisión limita el ejercicio pleno de soberanía consagrado en la Constitución dominicana” (TC/0114/21, numeral 6, 6.17–6.10, pág. 44).
Normas interpretadas
Constitución de la República Dominicana: artículos 2, 3, 6, 9, 26 (numerales 1, 2, 4 y 5) y 128 (numeral 1, literal d).
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0037/12, TC/0045/18, TC/0042/20, TC/0061/20, TC/0150/17, TC/0360/17, TC/0299/18 y TC/0315/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
4. Supremacía constitucional
4.1. El control de constitucionalidad es el mecanismo habilitado por la Constitución para hacer efectivo el principio de supremacía constitucional, en virtud de lo preceptuado en su artículo 6, al proclamar que “todas las personas y órganos que ejerzan potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución”.
4.2. El control preventivo persigue que las cláusulas que integran un acuerdo internacional no contradigan la Carta fundamental, evitando distorsiones del ordenamiento constitucional con los tratados internacionales, en tanto constituyen fuentes del derecho interno, para que el Estado no se haga compromisario de obligaciones y deberes en el ámbito internacional contrarios a la Constitución.
5. Recepción del Derecho Internacional
5.1. El control preventivo implica someter las cláusulas que integran un convenio de carácter internacional a un riguroso examen de constitucionalidad, con la finalidad de evitar que el Estado asuma compromisos internacionales contrarios a disposiciones constitucionales, tomando en consideración que el contenido de los tratados internacionales, en tanto que, asumiendo en nuestro ordenamiento jurídico el sistema dualista, dicho documento pase a constituir una fuente del derecho interno, por lo que el control preventivo viene a garantizar que el Estado dominicano no se haga compromisario de obligaciones y deberes frente a la comunidad internacional que puedan resultar no conforme a la Constitución dominicana.
5.2. En ese sentido, el artículo 26.1 de la Constitución dispone que el Estado reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado.
5.3. Al efecto, la Constitución de la República prescribe, en su artículo 26.2, lo siguiente: En igualdad de condiciones con otros Estados, la República Dominicana acepta un ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia, y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.
5.4. Asimismo, la Constitución dominicana proclama el fortalecimiento de las relaciones internacionales. Al efecto, establece en el numeral 4 del citado artículo 26 lo que a continuación se consigna: La República Dominicana acepta, en igualdad de condiciones con otros Estados, el ordenamiento jurídico internacional que garantice el respeto de los derechos fundamentales, la paz, la justicia y el desarrollo político, social, económico y cultural de las naciones. Como consecuencia de ello, el Estado dominicano se compromete a actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones.
5.5. El Estado dominicano, como miembro de la comunidad internacional que busca promover el desarrollo común de las naciones, actúa apegado a las normas del derecho internacional, en la defensa de los intereses nacionales, abierto a la cooperación e integración mediante la negociación y concertación de tratados en áreas definidas como estratégicas en sus relaciones con la comunidad internacional; tal como lo dispone el artículo 26 numeral 5, de la Constitución: La República Dominicana promoverá y favorecerá la integración con las naciones de América, a fin de fortalecer una comunidad de naciones que defienda los intereses de la región. El Estado podrá suscribir tratados internacionales para promover el desarrollo común de las naciones, que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes, y para atribuir a organizaciones supranacionales las competencias requeridas para participar en procesos de integración.
5.6. De ahí que el Tribunal Constitucional, en la sentencia TC/0037/12, estableciera: El Estado dominicano, como miembro de la comunidad internacional que busca promover el desarrollo común de las naciones, actúa apegado a las normas del derecho internacional, en la defensa de los intereses nacionales, abierta a la cooperación e integración mediante la negociación y concertación de tratados en áreas definidas como estratégicas en sus relaciones con la comunidad internacional.
5.7. En este orden, conviene indicar el hecho de reconocer y aplicar las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado –como prescribe el señalado artículo 26.1 de la Constitución– tiene una implicación que trasciende el ámbito interno. Ello se debe a que, en virtud de los principios del derecho internacional, el cumplimiento de las obligaciones nacidas de los tratados internacionales debe llevarse a cabo de buena fe (pacta sunt servanda), es decir, sin que se puedan invocar normas del derecho interno para incumplir con la responsabilidad internacional asumida en la convención. Desde esta óptica se plantea la necesidad de que su contenido sea acorde con los principios y valores de la Constitución, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado 1 .
5.8. De ahí que, para el cumplimiento de estas obligaciones acorde con las previsiones constitucionalmente establecidas, el control preventivo de constitucionalidad constituye un instrumento de vital importancia en la preservación del Estado de derecho, donde la Constitución comporta la ley suprema.
6. Aspectos del control de constitucionalidad
6.1. Conforme lo anteriormente detallado, el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos celebraron un acuerdo de cooperación internacional para desarrollar los servicios aéreos entre ambos Estados, bajo los principios y disposiciones de la Convención sobre Aviación Civil Internacional, adoptada en la ciudad de Chicago el siete (7) de diciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro (1944), del cual ambos países son Partes signatarias, y se comprometen a actuar en el plano internacional, regional y nacional en armonía con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones, debiendo, en consonancia con la Constitución dominicana, ser sometido dicho Acuerdo al control previo de constitucionalidad.
6.2. Con el objetivo de ejercer dicho control y sin dejar de cumplir con su rol de practicar una revisión integral, el Tribunal entiende pertinente centrar su atención en aquellos aspectos que están vinculados directamente con su 1 Se trata del reconocimiento universal de los principios del “libre consentimiento”, “buena fe” y de la norma “pacta sunt servanda”, aforismo que significa que los tratados deben ser cumplidos y al que se hace alusión en el Preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, consagrado luego en los artículos 12 a 18 y 26 de dicha convención. contenido y que ameritan ser confrontados con los valores, derechos y principios contenidos en la Constitución.
6.3. Acorde a lo anterior, este Tribunal Constitucional constata que el objeto del Acuerdo es establecer servicios de transporte aéreo entre y más allá de sus respectivos territorios, reconociendo la importancia del transporte aéreo como medio de creación y fomento de la amistad, entendimiento y cooperación entre el pueblo de los dos países, facilitando la expansión de oportunidades de transporte aéreo internacional.
6.4. En función de dicho objetivo, conviene puntualizar en cuanto al uso del espacio aéreo que harán las naves de las líneas designadas por los Estados Partes para operar los indicados vuelos, a fin de analizar la correspondencia de este punto en el Acuerdo con los conceptos de “territorio” y “soberanía”, en consonancia con lo dispuesto por la Constitución dominicana, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y el tratamiento dado a estas definiciones en el Acuerdo.
6.5. En ese sentido, es importante precisar que las definiciones ofrecidas en un acuerdo, convenio o tratado procuran dar el significado que ambas partes les atribuyan y consideren pertinente a ciertos conceptos que serán utilizados de una forma específica en el acuerdo. En la especie, el Tribunal verifica que el presente Acuerdo define el término “territorio”, en la forma que a continuación se trascribe: “Territorio en relación a un Estado, designa las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes y el espacio aéreo por encima de las mismas, bajo la soberanía de dicho Estado”.
6.6. Por consiguiente, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional firmado en Chicago el siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), se refiere en sus artículos 1 y 2 a los conceptos “territorio” y “soberanía”, de la manera siguiente: Artículo 1. Soberanía Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Artículo 2. Territorio A los fines del presente Convenio se consideran como territorio de un Estado las áreas terrestres y las aguas territoriales adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato de dicho Estado.
6.7. En cuanto a la soberanía y al territorio, la Constitución de la República Dominicana dispone, en sus artículos 2, 3 y 9, lo que a continuación se transcribe: Artículo 2. Soberanía popular. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. Artículo 3. Inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención. La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable. Ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Artículo 9 Territorio nacional. El territorio de la República Dominicana es inalienable. Está conformado por: 1) La parte oriental de la isla de Santo Domingo, sus islas adyacentes y el conjunto de elementos naturales de su geomorfología marina. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936. Las autoridades nacionales velan por el cuidado, protección y mantenimiento de los bornes que identifican el trazado de la línea de demarcación fronteriza, de conformidad con lo dispuesto en el tratado fronterizo y en las normas de Derecho Internacional; 2) El mar territorial, el suelo y subsuelo marinos correspondientes. La extensión del mar territorial, sus líneas de base, zona contigua, zona económica exclusiva y la plataforma continental serán establecidas y reguladas por la ley orgánica o por acuerdos de delimitación de fronteras marinas, en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar; 3) El espacio aéreo sobre el territorio nacional, el espectro electromagnético y el espacio donde éste actúa. La ley regulará el uso de estos espacios de conformidad con las normas del Derecho Internacional. Párrafo. - Los poderes públicos procurarán, en el marco de los acuerdos internacionales, la preservación de los derechos e intereses nacionales en el espacio ultraterrestre, con el objetivo de asegurar y mejorar la comunicación y el acceso de la población a los bienes y servicios desarrollados en el mismo.
6.8. Antes de continuar con su análisis, este Tribunal Constitucional debe dejar constancia que el acuerdo aquí revisado es, en los aspectos que ahora nos referimos, sustancialmente similar al acuerdo respecto del cual este colegiado tomó su decisión TC/0045/18. Contrario ha sido el caso de las revisiones que dieron lugar a las sentencias TC/0042/20 2 y TC/0061/20 3 , pues en estos casos se establece la aplicación expresa de las disposiciones del Convenio de Chicago o, por lo menos, aquellas relativas a la “soberanía” y al “territorio”, aplicación que no es posible derivar del acuerdo ahora sujeto a revisión, como tampoco pudo serlo de aquel cuya revisión dio lugar a la sentencia TC/0045/18. En ese sentido, por esa esencial diferencia, este Tribunal deja constancia que no se encuentra variando sus precedentes, sino que se encuentra tomando una decisión para la cual el caso más afín y el precedente aplicable es el contenido en la sentencia TC/0045/18, no el adoptado en nuestras decisiones más recientes en lo que se refiere al principio de soberanía y al territorio nacional. Esto así, porque, como ha establecido este mismo colegiado constitucional: …el precedente vinculante lo constituye el aspecto de la sentencia donde se concretiza el alcance de una disposición constitucional, es decir, donde se explica qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas. Es 2 El acuerdo sujeto a revisión incluyó en su artículo 2, lo siguiente: “Aplicación del Convenio de Chicago. Las disposiciones del presente Acuerdo estarán sujetas a las disposiciones del Convenio en la medida en que dichas disposiciones sean aplicables a los servicios aéreos internacionales.” 3 En este caso, el acuerdo sujeto a revisión no sólo hace referencia al Convenio de Chicago pues, aunque no incluye una cláusula de aplicación expresa, explícitamente vincula las definiciones de “soberanía” y “territorio” a aquellas de los artículos 1 y 2 del Convenio de Chicago, como puede apreciarse de su artículo 1, literales b) y g). precisamente en este aspecto de la sentencia donde se produce la actividad creadora en relación con el contenido de los principios y valores que en cada etapa de la evolución del derecho corresponde al juez descubrir y plasmar en su decisión. [sentencia TC/0150/17] Constituyendo precedentes obligatorios por la fuerza vinculante que supone su doctrina, carácter que no solo se deriva de un mandato constitucional expreso, sino también por la función que realiza como órgano de cierre del sistema de justicia constitucional [Cfr. Sentencias TC/0150/17, TC/0360/17, TC/0299/18]
6.9. Producto de lo anteriormente expuesto, se evidencia que el significado otorgado al término “territorio” en el Acuerdo, es el mismo dado por el Convenio y que ha sido aceptado por los Estados firmantes; sin embargo, el Acuerdo suscrito entre el Gobierno dominicano y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos no refiere ni otorga una definición a la palabra “soberanía”, término que para el caso de la especie se considera indispensable para el mantenimiento de la independencia de un Estado; tal como fue establecido en el precedente contenido en la Sentencia TC/0045/18 4 en la que con motivo de un control preventivo, este Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Kuwait” 5 , tras expresar lo siguiente:
6.16. Precisamente, del análisis del “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Kuwait”, el Tribunal ha podido constatar que este no hace referencia directa al aspecto sobre la soberanía que tienen los Estados en el espacio aéreo 4 Dictada en fecha veintidós (22) de marzo del año dos mil dieciocho (2018). 5 Suscrito en la ciudad de Nassau, el Commonwealth de las Bahamas, el siete (7) de diciembre dos mil dieciséis (2016). del territorio de cada Estado, aspecto fundamental para determinar la constitucionalidad del mismo, independientemente de que dicho acuerdo esté apegado al principio de cooperación internacional y de solidaridad entre los países.
6.17. Conforme lo expuesto y ante tal inobservancia en el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de Kuwait”, de tener un concepto restringido de territorio y que no abarca el reconocimiento de que el Estado tiene “soberanía” plena en el espacio aéreo sobre su territorio, podemos concluir en el tenor de que dicha omisión limita el ejercicio pleno de soberanía consagrado en la Constitución dominicana; en consecuencia, el Acuerdo debe ser declarado no conforme con la Carta Sustantiva.
6.10. Las consideraciones transcritas precedentemente aplican mutatis mutandis al presente control preventivo de constitucionalidad sobre el referido “Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”, lo que conduce a declararlo no conforme con la Constitución de la República Dominicana y a reservar la posibilidad de realizar el control de constitucionalidad, nueva vez, bajo los parámetros de readecuación o reestructuración del referido acuerdo en lo referente al término “territorio” y “soberanía”, tal como fue previsto en la Sentencia TC/0315/15 6 , en la que este tribunal expresó lo siguiente:
11.15. El Tribunal Constitucional deja constancia de que el hecho de que el contenido actual del acuerdo estudiado contiene aspectos 6 Dictada en fecha veinticinco (25) de septiembre del año dos mil quince (2015) esenciales que no se ajustan a la Constitución de la República Dominicana, no significa un impedimento para que ante una eventual reestructuración o reorientación de las cláusulas insalvables del mismo -habida cuenta de las buenas relaciones bilaterales existentes entre los Estados Unidos de América y la República Dominicana-, este colegiado, en su función de guardián de la supremacía de la Constitución y en aplicación del control preventivo de la constitucionalidad, pueda evaluar nueva vez las pretensiones de las Partes. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado José Alejandro Ayuso, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos. Consta en acta el disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR no conforme con la Constitución de la República Dominicana, el “Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos para Servicios Aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios”, suscrito en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, en fecha 3 de noviembre de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia al presidente de la República para los fines contemplados en el artículo 128, numeral 1, literal d), de la Constitución.
TERCERO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0114/21, del 20 de enero de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0114-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.