Sentencia TC/0150/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 5 de abril de 2017 · Expediente TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006
Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
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Temas: Precedente vinculante
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0150/17?
La facultad de los jueces de fondo para valorar los daños y fijar la indemnización no los exime de motivar su decisión con razones concretas que relacionen los hechos, las premisas del fallo y la base normativa. La Suprema Corte de Justicia se limitó a afirmar que la indemnización de US$200,000 guardaba relación con los daños morales y materiales, sin explicar por qué era proporcionada pese a superar el precio de compra del inmueble ni relacionar su cuantía con las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de percibir. Esa insuficiencia de motivos vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva y justificó la anulación de la sentencia (TC/0150/17, numeral 11, kk–ll, pág. 60; TC/0150/17, numeral 11, nn–oo, pág. 61; TC/0150/17, numeral 11, qq–rr, pág. 62; TC/0150/17, numeral 11, ss–tt, pág. 63).
El test de razonabilidad empleado en la Sentencia TC/0044/12 para controlar la constitucionalidad de normas no constituye por sí mismo un precedente vinculante que obligue a los jueces ordinarios a seguir sus pasos al resolver una controversia indemnizatoria. Tampoco se vulneró la libertad de empresa por las medidas conservatorias legalmente adoptadas para salvaguardar el crédito reconocido en una sentencia firme, ni se infringió el debido proceso por el peritaje declarado nulo, pues la condena se fundó en otros documentos aportados al debate (TC/0150/17, numeral 11, i, pág. 50; TC/0150/17, numeral 11, p–q, pág. 53; TC/0150/17, numeral 11, w, pág. 55; TC/0150/17, numeral 11, x–y, pág. 56; TC/0150/17, numeral 11, cc–dd, pág. 57).
Decisión
Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión de NOVAL, S.R.L.; anula la Sentencia núm. 939/2014, ordena el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia y declara el recurso libre de costas. En sus fundamentos, estima inadmisible por falta de objeto la solicitud de suspensión, sin hacerlo constar en el dispositivo.
Citas textuales clave
“no es el método de análisis utilizado sino los razonamientos expuestos para resolver el conflicto planteado a lo que la doctrina constitucional le atribuye el carácter de precedente vinculante para todos los poderes y órganos públicos” (TC/0150/17, numeral 11, i, pág. 50).
“los argumentos expuestos no alcanzan a explicar el punto medular de la controversia suscitada, es decir, las razones por las que considera ajustada la indemnización aun cuando supera el precio de compra del inmueble” (TC/0150/17, numeral 11, nn–oo, pág. 61).
“tales postulados se alcanzan cuando se correlacionan el supuesto de hecho, las premisas y la base normativa en que descansa el caso particular.” (TC/0150/17, numeral 11, qq–rr, pág. 62).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 40.15 y 74.2 (razonabilidad), 50 (libertad de empresa), 69 (tutela judicial efectiva y debido proceso), 184 (fuerza vinculante del precedente) y 277 (revisión de decisiones firmes). Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.4, 7.6 y 7.13; 53.2 y 53.3; y 54.9 y 54.10. Código Civil: artículos 1149, 1648 y 2123. Código de Procedimiento Civil: artículo 557.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0094/12, TC/0089/13, TC/0254/13, TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013, TC/0130/2013, TC/0044/12, TC/0009/13, TC/0017/13, TC/0351/14, TC/0006/14, TC/0384/15 y TC/0120/13; C-673/01 de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Fusión de expedientes
La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero los tribunales de derecho común la ordenan en la práctica, cuando entre demandas o Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal. En este sentido, conviene destacar que mediante la Sentencia TC/0094/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal ordenó la fusión de dos expedientes relativos a acciones directas de inconstitucionalidad, en el entendido de que se trata de: “(…) una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia” [ver las sentencias TC/0089/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), y TC/0254/13, del doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013)].
La fusión de expedientes en los casos pertinentes, como en la especie, es procedente en la justicia constitucional, en razón de que es coherente con el principio de celeridad previsto en el artículo 7.2 de la Ley núm. 137-11, texto en el cual se establece: “los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucionales y legalmente previstos y sin demora innecesaria”, así como con el principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida ley, en el cual se establece que “todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.” Por las razones indicadas, este tribunal procede a fusionar los expedientes que se describen a continuación: Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). 1. Expediente núm. TC-04-2015-0021, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). 2. Expediente núm.
TC-07-2015-0006, relativo a la solicitud de suspensión de ejecutoriedad de sentencia, interpuesta por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
8. Síntesis del conflicto
En el presente caso, de conformidad con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, el litigio tiene su origen en la operación de compraventa del trece (13) de diciembre de dos mil siete (2007), mediante la cual NOVAL, S.R.L. vende a la señora Marcia Josefina Hernández Estrella un apartamento con aparentes vicios de construcción, por lo que esta última interpuso contra la primera una “demanda en reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato y estelionato”, ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia. Este tribunal falló rechazando la referida demanda mediante Sentencia núm. 266/2011, del once (11) de julio de dos mil once (2011). La señora Marcia Josefina Hernández Estrella, no conforme con la decisión dictada, procedió a interponer formal recurso de apelación en su contra, siendo apoderada la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. El tribunal de segundo grado, por medio de su Sentencia núm. 267-2012, del veintiocho (28) septiembre de dos mil doce (2012), acogió el recurso Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). de apelación, revocó la decisión de primer grado y conoció el fondo de la demanda en reparación de daños y perjuicios antes señalada, condenando a Noval a pagar a favor de la demandante la suma de $200,000.00 dólares, a título de indemnización, más un astreinte de $1,000.00 dólares, por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia a partir de su notificación. No conforme con el fallo, Noval recurrió en casación la referida sentencia de la corte, siendo decidido el recurso por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia núm. 939/2014, del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), decisión que rechazó el recurso de casación. La indicada sociedad, no conteste con esta decisión, el tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014), interpuso un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional el cuatro (4) de diciembre del mismo año, la solicitud de suspensión de ejecución contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia; ambas cuestiones ocupan la atención de este tribunal.
10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional Los requisitos que deben cumplirse para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional están previstos en los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11. Este último texto supedita su admisibilidad Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). a que la situación planteada se enmarque, al menos, en uno de los tres supuestos contenidos en los numerales que lo integran. En la especie la recurrente ha invocado las causales previstas en los numerales 2) y 3), respectivamente, del artículo 53 de dicha ley, razón por que el Tribunal entiende pertinente ponderarlas en forma separada debido a la autonomía que estas comportan para la admisibilidad del recurso.
a. Violación de un precedente del Tribunal Constitucional De conformidad con la causal prevista en el numeral 2) del citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso será admisible “Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”. En este caso, la recurrente sostiene que la sentencia impugnada incurre en violación de un precedente 2 del Tribunal Constitucional al no aplicar la Suprema Corte de Justicia, en ocasión del control de casación, el test de razonabilidad instituido en nuestro ordenamiento jurídico, a la evaluación que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís realizó sobre los supuestos daños y perjuicios sufridos por la señora Marcia Josefina Hernández Estrella. 3 En ese sentido, el Tribunal ha comprobado que el requisito contenido en el numeral 2) del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ha sido invocado por Noval en el desarrollo del recurso de revisión, quedando el mismo satisfecho para acreditar la admisibilidad del recurso de revisión.
b. Violación de un derecho fundamental Este tribunal constitucional estima procedente analizar la admisión del presente recurso de revisión en lo que concierne a la violación de un derecho fundamental para lo cual expone lo siguiente: 2 Sentencia TC/0044/12, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012). 3 Párrafo núm. 38, páginas 9-10 del recurso de revisión. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
a. La especie corresponde a una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de la república el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital del artículo 277 de nuestra Carta Magna. 4 En efecto, la decisión impugnada que dictó la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), puso término al proceso judicial de que se trata, agotando la posibilidad de interposición de recurso ordinario o extraordinario ante el órgano jurisdiccional, por lo que se trata de una decisión con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. 5
b. Asimismo, la especie también corresponde al tercero de los casos taxativamente previstos por el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que limita la revisión constitucional de decisiones firme a uno de los tres siguientes presupuestos: “1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental (…)”. El recurrente en revisión basa su recurso en la tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega vulneración de los derechos a un debido proceso, a la motivación de las decisiones jurisdiccionales y al principio de libertad de empresa.
c. De igual manera, el presente recurso de revisión también satisface las tres condiciones que exige el precitado artículo 53.3, 6 puesto que el recurrente invocó 4 “Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.” 5 En ese sentido, ver sentencias TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013 y TC/0130/2013, respectivamente. 6 “a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). formalmente la violación de un derecho fundamental 7 durante el proceso, es decir, en el escrito que contiene el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Corte de Apelación, así como en el desarrollo del recurso de revisión constitucional contra la sentencia recurrida dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia (53.3.a). Agotó también todos los recursos disponibles en el proceso sin que la conculcación del derecho fuera subsanada (53.3.b), pues la decisión objeto del presente recurso fue dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que no es susceptible de ningún otro recurso en el ámbito judicial; además, las violaciones se le imputan “de modo inmediato y directo” a una acción del órgano jurisdiccional, en este caso, a la indicada sala de la Suprema Corte de Justicia (53.3.c).
d. En adición a lo anterior, este tribunal también estima que el recurso de revisión que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, de acuerdo con el Párrafo in fine del artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11, toda vez que la solución del conflicto planteado le permitirá determinar si en ocasión de la sentencia recurrida el órgano jurisdiccional ha vulnerado la tutela judicial efectiva en la versión del derecho a obtener una decisión motivada y el principio de libertad de empresa de la recurrente. En ese sentido, el recurso de revisión resulta admisible y el Tribunal procede a examinarlo.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional Tal como ha sido precisado en el epígrafe anterior, el recurso de revisión que ocupa la atención del Tribunal se fundamenta en la presunta violación de un precedente de inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.” 7 Derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). este tribunal constitucional, del debido proceso, el derecho a obtener una decisión motivada y al principio de libertad de empresa, derechos fundamentales previstos en la Constitución de la república. En ese sentido, este tribunal analizará las cuestiones planteadas bajo el esquema siguiente: (i) violación de un precedente del Tribunal Constitucional (inobservancia del test de razonabilidad); (ii) violación del principio de libertad de empresa (artículo 51 de la Constitución) y (iii) violación de los derechos al debido proceso y a obtener una decisión motivada (artículo 69 de la Constitución). (i) Violación de un precedente del Tribunal Constitucional (inobservancia del test de razonabilidad)
a. En el desarrollo del recurso, Noval sostiene que en el presente caso, la sentencia impugnada incurre en una violación al precedente sentado en la Sentencia TC/0044/12, al no aplicar la Suprema Corte de Justicia en ocasión del control de casación, el test de razonabilidad instituido en nuestro ordenamiento jurídico por ese honorable tribunal, a la evaluación que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís realizó sobre los supuestos daños y perjuicios sufridos por la señora Marcia Josefina Hernández Estrella y que dicha corte calculó en la astronómica suma de $200,000.00 dólares, misma que incluso supera el monto de la venta del inmueble que originó la litis en cuestión.
b. La parte recurrida responde a la posición de la recurrente argumentando, resumidamente, que ante la imposibilidad de vincular la sentencia invocada a modo de precedente y justificar su aplicabilidad a este caso en concreto, Noval optó, más bien, por argüir meras interpretaciones y apreciaciones particulares de lo que, a su juicio, debe ser el alcance del test de razonabilidad; que la recurrente pretende atribuir características de precedente constitucional a lo que este tribunal constitucional no ha dicho y que en consecuencia, resulta evidente la intención de Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). desbordar a cualquier costo el concepto de precedente constitucional, pretendiendo hacer pasar como tal interpretaciones puramente personales que, por su propia admisión, nunca han sido fijadas por este tribunal constitucional a través de sus sentencias y que, por ende, hacen su recurso inadmisible.
c. La imputación de violación de un precedente de este tribunal constituye uno de los supuestos establecidos por la Ley núm. 137-11 para admitir la revisión de una sentencia en sede constitucional, pues su desconocimiento implicaría desacatar el mandato constitucional de que sus decisiones son definitivas e irrevocables y vinculan a todos los poderes públicos y órganos del Estado. 8
d. Cabe apuntar que en los sistemas constitucionales como el nuestro, el precedente se constituye en obligatorio por la fuerza vinculante que supone su doctrina, tanto en forma horizontal como vertical, caracterizándose así la esencia de esta institución. 9 La doctrina desarrollada por el Tribunal Constitucional se produce a tenor de su labor resolutiva, integrando e interpretando las leyes conforme a las disposiciones de la Constitución; en fin, ejerciendo el poder normativo que materializa con la extracción de una norma a partir de un caso concreto.
e. En la especie, para determinar si estamos frente a la posibilidad de vulneración de un precedente de este tribunal, debemos partir, en primer lugar, del análisis de lo decidido por la indicada sentencia TC/0044/12 y, en un segundo plano, correlacionar su ratio decidendi con la cuestión resuelta por la decisión recurrida que la habría desconocido al ser dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia. 8 Artículo 184 de la Constitución. “(…) Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. (…)” 9 RIVERA SANTIBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO. “El precedente constitucional emanado de jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Revista Semestral del Centro de Estudios Constitucionales, página 34. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
f. En ese sentido, la sentencia asumida por Noval como fundamento para invocar la violación de un precedente del Tribunal Constitucional decidió la acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 154 de la Ley núm. 65-00, 10 sobre Derecho de Autor, bajo el alegato de que al considerar la Ley y su Reglamento de aplicación que el derecho de autor es un derecho inmanente, que nace con la creación de la obra, no exigiéndosele al mismo el registro para fines de conocimiento y oponibilidad a terceros, se viola el principio de razonabilidad, el derecho a la defensa judicial y quebranta la igualdad de todos los dominicanos.
g. Para resolver el juicio de constitucionalidad de las normas cuestionadas, este tribunal recurrió al test de razonabilidad instituido en la jurisprudencia constitucional comparada por ser uno de los parámetros de mayor utilidad en la materia. Este colegiado sostuvo que el instrumento convencionalmente más aceptado es el test de razonabilidad desarrollado por la jurisprudencia colombiana, cuyos pasos, a juicio de esa corte, imprimen objetividad en su análisis. En concreto, dicha corte sostuvo: Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…) El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo ésta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, es idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis 10 Ley del veintiuno (21) del mes de agosto de dos mil (2000). Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). de la razonabilidad (…) De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria” (Sent. C- 673/01, del 28 de junio del 2001, Corte Constitucional de Colombia).
h. En efecto, luego de materializar el test de razonabilidad antes citado, el tribunal concluye que el fin buscado es proteger la autoría de la obra, aunque el registro lo haya realizado un tercero, de donde resulta la utilidad de la misma; en cuanto al medio empleado determinó que la presunción juris tantum establecida por la ley en beneficio de quien registre la obra es adecuado y razonable; finalmente en cuanto a la relación medio-fin, estableció que la presunción juris tantum de autor del derecho registrado permite, en cualquier circunstancia, que el verdadero autor pueda probar la autoría de su obra por los medios disponibles en la normas procesales, por lo que resulta adecuado y razonable. 11
i. Así que, ante los cuestionamientos formulados contra las normas antes citadas, este colegiado se decantó por aplicar el test leve de razonabilidad para examinar su conformidad con la Constitución; sin embargo, preciso es acotar, sobre este punto, que no es el método de análisis utilizado sino los razonamientos expuestos para resolver el conflicto planteado a lo que la doctrina constitucional le atribuye el carácter de precedente vinculante para todos los poderes y órganos públicos, es decir, 11 Sentencia TC.0044/12, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce 2012, en relación al análisis finalidad del medio empleado y el perseguido por las normas expone: “En lo relativo al tercer elemento del test (análisis de la relación medio-fin), el fin perseguido por la ley es proteger el derecho de autoría respecto de una obra intelectual. El medio previsto para la protección del precitado derecho es la presunción juris tantum en beneficio de quien inscribe primero la obra en el registro, sistema que permite en cualquier circunstancia, al verdadero autor demostrar la autoría de su obra, por los medios procesales disponibles, lo que se corresponde con el reconocimiento que respecto de este derecho fundamental consagran tanto el artículo 52 de la Constitución de la República y la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor de Obras Literarias, Científicas y Artísticas (1946), ratificada por el Congreso Nacional el 13 de enero de 1947, así como el derecho constitucional de todos y todas de acceso a la justicia para quien considere vulnerado su derecho de autor de una obra. Dichas razones son suficientes para determinar la razonabilidad y proporcionabilidad (sic) de la norma; por lo que el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado”, Párrafo 9.2.5., página 10. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). son los argumentos que este colegiado valoró para determinar que los artículos 3 y 154 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, se ajustan a la exigencia de razonabilidad prevista en el artículo 40.15 de la Constitución de la república.
j. En la misma línea, Noval continúa señalando que si bien es cierto que la aplicación del test de razonabilidad fue empleado por este tribunal para determinar la condición de razonabilidad de normas de contenido legal, no menos cierto es que el concepto de ley no debe ser interpretado en sentido restrictivo, puesto que, por el carácter de vinculatoriedad establecido en el artículo 7.13 de la LOTCPC, dicho test debe ser aplicado por todos los tribunales del orden jurisdiccional cuando tienen por delante la tarea de determinar la razonabilidad no ya solo de una ley (stricto sensu), sino de la universalidad de cuestiones sobre las que se invoque una vulneración al principio de razonabilidad.
k. Conforme al principio de razonabilidad, las normas jurídicas que limitan ámbitos de libertad de los ciudadanos en un Estado democrático de derecho, quedan sometidas a un orden racional como fundamento axiológico de su validez a tenor de los artículos 40.15 y 74.2 de la Constitución, lo que se traduce en limitación de la facultad del Estado para establecer prohibiciones de determinadas conductas de los ciudadanos.
l. Este tribunal considera que aun cuando la exigencia de razonabilidad no está limitada al concepto de ley entendida como norma que integra el ordenamiento jurídico, la recurrente parte de una premisa errada en tanto pretende colocar en la misma balanza el test utilizado para determinar la razonabilidad de una ley y los razonamientos extraídos por el juez como inferencia de su análisis para la solución de un caso concreto; y es que, en el primer caso, el tribunal examina la cuestión planteada en forma subjetiva y al margen de toda controversia inter-parte, mientras que, en el segundo, aplica una norma jurídica a la solución de la contienda sometida a su consideración, es decir, que se trata de un escenario donde el test de Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). razonabilidad se revela inútil para resolver el punto de inflexión generado entre premisa mayor (norma jurídica) y el supuesto de hecho a la que se debe aplicar.
m. El test de razonabilidad, normalmente aplicado por los tribunales y cortes constitucionales en su labor intelectiva, opera en un nivel que trasciende la simple concreción de las normas que llevan a cabo los jueces ordinarios; su rol es penetrar en el aspecto subjetivo y en las condiciones en las que estas (las normas) se producen, sometiendo a un riguroso examen el grado de afectación o limitación que provocan en la esfera de actuación de los ciudadanos a los que va dirigida la actividad normativa, es decir, el órgano jurisdiccional se ve precisado a utilizar los parámetros de razonabilidad en su escrutinio como resolvió el tribunal en la Sentencia TC/0044/12.
n. La actividad jurisdiccional, en cambio, en la medida que está llamada a resolver casos concretos mediante la aplicación e interpretación de las normas que integran el ordenamiento jurídico, su labor se aparta considerablemente del control abstracto de constitucionalidad, pues en estos casos el juez no tiene que acudir al análisis del fin buscado, el medio empleado y a la relación medio-fin para resolver la controversia.
o. En definitiva, el precedente vinculante lo constituye el aspecto de la sentencia donde se concretiza el alcance de una disposición constitucional, es decir, donde se explica qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas. 12 Es precisamente en este aspecto de la sentencia donde se produce la actividad creadora en relación con el contenido de los principios y valores que en cada etapa de la evolución del derecho corresponde al juez descubrir y plasmar en su decisión. 12 RIVERA SANTIBÁÑEZ, JOSÉ ANTONIO. Ob. citada, página 35. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
p. Es así que este tribunal considera que, pese al carácter de eje transversal que se le reconoce al principio de razonabilidad para ser aplicado en toda las actuaciones del Estado como lo señala la recurrente, no resulta dable, en la especie, exigirle al órgano jurisdiccional que aplique los precisos pasos del test de razonabilidad seguidos en la Sentencia TC/0044/12, para decidir el aspecto indemnizatorio abordado por la sentencia recurrida, pues si bien dicho método de análisis ha sido incorporado 13 en nuestro ordenamiento jurídico constitucional para determinar la conformidad de una ley con la Constitución, no encierra en sí mismo su ratio decidendi y, por tanto, no opera con fuerza de precedente vinculante respecto a los tribunales ordinarios para dar solución a todos los puntos del litigio, por lo que procede desestimar este aspecto del recurso. (ii) Violación del principio de libertad de empresa (artículo 51 de la Constitución)
q. En el desarrollo del escrito de revisión, Noval señala, además, que en el presente caso se vulnera el derecho a la libertad de empresa de la recurrente, toda vez que producto de la omisión de la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia impugnada, la hoy recurrida ha inscrito hipotecas judiciales sobre los inmuebles de su propiedad y ha trabado embargos sobre sus cuentas afectando de manera directa la permanencia en la actividad empresarial como “contenido esencial” del derecho a la libertad de empresa.
r. La recurrida refuta los argumentos de Noval señalando que la misma naturaleza de las decisiones jurisdiccionales que son susceptibles de ser recurridas por conducto del presente recurso, implica que nos encontramos ante una sentencia que ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que las argumentaciones 13 Artículo 7.13 de la Ley 137-11. Vinculatoriedad. Las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). anteriores permiten arribar –sin equívocos– a una sola conclusión: la recurrida fue dotada de una sentencia legítima y con autoridad de la cosa juzgada, que por su naturaleza indemnizatoria resulta ser constitutiva de derechos, lo cual le habilitaba a trabar en su provecho las medidas conservatorias que resultaren necesarias para la garantía de su cobro.
s. La Constitución garantiza como derecho fundamental la libre empresa, comercio e industria, 14 al reconocer que todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las prescritas en ella y las que establezcan las leyes. 15 Esta libertad implica producir, circulación económica, libertad de comercializar y participación en el mercado en las condiciones establecidas.
t. La libertad de empresa como principio constitucional deriva del principio general de libertad y de la institución del “mercado”, en tanto concreción de la libertad económica. Es la libertad que se le reconoce a los ciudadanos para acometer y desarrollar actividades económicas, sea cual sea la forma jurídica (individual o societaria) que se emplee y sea cual sea el modo patrimonial o laboral que se adopte. 16 14 GALGANO, FRANCESCO. Derecho Comercial: El Empresario La libertad de empresa tiene su antecedente histórico en la Revolución Francesa, cuando se instauró el principio de libertad de comercio y de industria paralelamente a la proclamación de la propiedad como derecho sagrado e inviolable, esto bajo un sistema económico autosuficiente y como consecuencia del derecho natural y de una política antiestatal. TEMIS, Bogotá, 1999, p. 120. Título original: Dirittocommerciale. L`imprenditore. Terzaedizione, 1989. 15 Artículo 50 de la Constitución. Este derecho también comprende la libre competencia y la adopción de medidas para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y el abuso de posición dominante, con las excepciones para los casos de seguridad nacional donde puede hacerlo a través de una ley; dictar medidas para regular la economía y promover planes nacionales de competitividad e impulsar el desarrollo integral del país; y otorgar concesiones por el tiempo y la forma que determine la ley, cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación de servicios públicos, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental. 16 ARAGON REYES, MANUEL. “Constitución y modelo económico”. “Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita. Simposio Internacional sobre Derecho del Estado” Tomo II. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 386. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
u. En concreto para Noval la violación del principio de libertad de empresa se produce con la inscripción de hipotecas judiciales sobre los bienes de su propiedad y el embargo sobre sus cuentas, derivando de esta situación la afectación prolongada de la principal actividad empresarial que desarrolla cuyo objeto radica en la compra y adquisición de inmuebles, amenazando la sentencia el contenido esencial de la libertad de empresa, en este caso, la libertad de permanencia en la actividad empresarial.
v. En ese sentido, el Tribunal considera que aun cuando la sentencia obtenida por la recurrida, señora Marcia Josefina Hernández Estrella ha sido objeto de impugnación ante este colegiado en atención a la facultades constitucionales y legales que le acuerda el recurso de revisión, se trata de una contienda que ha culminado en el ámbito del Poder Judicial con una decisión estimativa de derechos que ha reconocido las pretensiones de una de las partes y su consecuencia inmediata es que dicha decisión adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
w. Es así que las normas procesales y adjetivas destinadas a regular las vías de ejecución permiten que el acreedor dotado de título pueda trabar medidas conservatorias sobre los bienes 17 de su deudor como las que afectan a Noval, 18 para la salvaguarda del crédito que actualmente ostenta; es decir, que si bien dicha situación es capaz de generar la indisponibilidad de transferir los bienes inmuebles afectados o inmovilizar valores sobre los cuales recae la oposición, dichas medidas están fundamentadas en derecho. 17 Art. 2123.- La hipoteca judicial resulta de las sentencias bien sean contradictorias, o dadas en defecto, definitivas o provisionales, en favor del que las ha obtenido. 18 Art. 557 del Código de Procedimiento Civil (Modificado por la Ley 1471 del 2 de julio de 1947). Todo acreedor puede, en virtud de títulos auténticos o bajo firma privada, embargar retentivamente en poder de un tercero, las sumas y efectos pertenecientes a su deudor u oponerse a que se entreguen a éste. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
x. De manera que, pese a la decisión que sobre el fondo del recurso de revisión será adoptada, las acciones tomadas por la recurrida forman parte del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva que tiene todo acreedor de ejecutar lo decidido por los tribunales de la república, parte integrante del derecho al debido proceso y la tutela judicial, circunstancias en las que no podría inferirse que se vulnera el principio de libertad de empresa reivindicado por Noval, procediendo a desestimar este aspecto del recurso. (iii) Violación del derecho al debido proceso y a la motivación de las decisiones jurisdiccionales (artículo 69 de la Constitución) Dado que la invocación de violación al debido proceso y a la motivación de la sentencia guardan estrecha relación en la medida en que han sido deducidas de la falta de fundamentación de la decisión impugnada, este colegio entiende pertinente examinarlas bajo el mismo epígrafe.
y. En su escrito de revisión, Noval expresa que la sentencia impugnada no ponderó que la condena impuesta a la recurrente fue producto de la vulneración al debido proceso, toda vez que el peritaje declarado nulo en primera instancia, fue ponderado por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís y refrendado por la sentencia impugnada; que la condena en daños y perjuicios impuesta a Noval, se sustenta en una prueba inválida y obtenida en franca violación de las normas del debido proceso.
z. La parte recurrida, en cambio, argumenta que la Suprema Corte de Justicia estimó razonables las constataciones realizadas por la corte a-qua al verificar el incumplimiento en la entrega del inmueble en dos aspectos: i) porque se había obligado a entregar su posesión en enero de 2008, cuatro meses después de lo acordado, y ii) porque tampoco entregó toda la comunicación requerida para fines Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). de traspaso del derecho de propiedad, a pesar de que la compradora había pagado íntegramente el precio de venta.
aa. Los fundamentos dados por la sentencia recurrida sobre el punto objeto de análisis señalan que tanto el incumplimiento contractual como los daños cuya reparación se demandó constituyen hechos jurídicos que pueden ser demostrados por todos los medios por lo que, aunque conveniente, no era imprescindible que se realizara un peritaje sobre los defectos del apartamento vendido; que, en efecto, dicha prueba es exigida por el artículo 1648 del Código Civil para los casos de acciones redhibitorias por vicios ocultos.
bb. Cabe apuntar que al analizar la sentencia recurrida, este colegiado verifica que el órgano jurisdiccional no ponderó que la sentencia de la corte se haya fundado en el peritaje declarado nulo por el tribunal inferior, sino que en sus argumentos pone de manifiesto que en esa materia dicha prueba no era imprescindible, debido a la libertad que disponen las partes de probar los hechos por todos medios.
cc. En su labor de análisis de los motivos del recurso de casación del que derivó la sentencia recurrida, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia puntualiza que la demanda en daños y perjuicios no solo tenía como fundamento los vicios del inmueble, sino también otros incumplimientos retenidos como falta a la vendedora y que fueron comprobados por la corte luego de evaluar las pruebas aportadas por las partes, tales como: el contrato, recibos de entrega, comunicaciones, correos electrónicos, actos de alguacil, etc.
dd. En esas atenciones, este tribunal ha comprobado que el órgano jurisdiccional no ha producido valoración de una prueba declarada nula para fundamentar la sentencia de la corte de apelación; al contrario, lo que revela los razonamientos Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). exteriorizados en la sentencia recurrida es que la corte no fundamenta su fallo en dicho peritaje, sino en los demás documentos antes señalados aportados por las partes al debate, por lo que no se observa violación al debido proceso y la tutela judicial efectiva de la recurrente en cuanto al punto analizado, procediendo a rechazar este aspecto del recurso de revisión.
ee. Asimismo, la recurrente sostiene que la Suprema Corte de Justicia ha incurrido en una violación al debido proceso al no motivar adecuadamente las razones por las que consideró que la sentencia de la corte estuvo apegada al ordenamiento jurídico; que de la lectura de la sentencia impugnada no se vislumbra que se produjera preocupación alguna al momento de la ponderación del recurso de casación, por el monto de la condena impuesta a la recurrente y por las consideraciones para imponerla.
ff. Este tribunal ha sostenido que la debida motivación de las decisiones judiciales cumple funciones de legitimación de los órganos jurisdiccionales de donde ella emana. 19 El derecho a obtener una decisión debidamente motivada constituye una de las garantías innominadas que integran el debido proceso previsto en la Constitución de la república, en aras de preservar la tutela efectiva de quienes se ven compelidos a acceder a la justicia en búsqueda de protección de sus derechos.
gg. Los parámetros que comporta este derecho han sido desarrollados a partir de la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), donde este colegiado declaró:
a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la 19 TC/0351/14, del 23 de diciembre de 2014. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas (criterio reiterado, entre otras, en las sentencias TC/0017/13 y TC/0351/14).
hh. La recurrente sostiene, en concreto, que la sentencia impugnada no explica por qué resulta proporcional el monto de la indemnización acordado a la hoy recurrida, es decir, que la condena civil supera incluso el precio de la venta del inmueble, lo que conduce a lo arbitrario e irrazonable, constituyendo esta cuestión uno de los elementos controvertidos que debe decidir este colegiado.
ii. En ese sentido, para dar solución a ese punto de impugnación del recurso de casación, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia sostuvo, entre otras cosas, que la indemnización de doscientos mil dólares estadounidenses (200,000.00) establecida por la corte a-qua es razonable y justa, no resultando ni desproporcional ni excesiva, ya que guarda relación con la magnitud de los daños morales y materiales irrogados con motivo de los hechos que dieron origen a la controversia judicial.
jj. Asimismo, el órgano jurisdiccional justifica la evaluación de los daños realizada por la Corte de Apelación señalando que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de apreciación que les otorga la ley, tienen la potestad de evaluar a discreción el monto de las indemnizaciones de los daños morales y perjuicios ocasionados, ya que se trata de una cuestión de hecho que escapa a la censura de la Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). casación, salvo cuando existe una evidente desproporción entre el monto acordado y los daños ocasionados, aplicativa de un atentado al principio de la razonabilidad.
kk. Este tribunal considera que la determinación de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones contractuales entra en aquellas facultades que se le reconoce al juzgador para apreciar situaciones que son propias de las incidencias del fondo de un proceso judicial, pues se trata de una cuestión ensanchada con la apreciación general del supuesto de hecho y de los elementos de prueba relacionados con las respectivas posiciones de las partes, a menos de que se haya excedido en el ejercicio de dichas facultades, produciéndose una violación de la Constitución o a la Ley. 20
ll. En el análisis de la sentencia impugnada se observa que en desarrollo del recurso de casación, la recurrente fundamentó la arbitrariedad e irrazonabilidad de la indemnización impuesta en la violación del artículo 1149 del Código Civil, el cual señala que “los daños y perjuicios a que el acreedor tiene derecho, consisten en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido y a las ganancias de que hubiese sido privado” disposiciones que a juicio de Noval fueron obviadas por el órgano jurisdiccional.
mm. En efecto, para determinar daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia ha reivindicado la necesidad de justificar el aspecto de indemnizatorio de una decisión cuando expresó: Considerando, que, contrariamente a lo afirmado por la entidad recurrente, aun cuando el recurrido no haya solicitado taxativamente en 20 TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), página 29. “Adscribirle significado a la interpretación de la norma constituye un ejercicio que entra en la facultad de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la Constitución y la ley (…)”. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). su demanda original y su recurso, reparaciones pecuniarias en virtud del artículo 1149 del Código Civil, la aplicación de éste texto legal es una consecuencia natural que se desprende de la responsabilidad civil por incumplimiento de las obligaciones consignadas en un contrato sinalagmático; que, en tal virtud, la aplicación que hace la corte a-qua del artículo citado encuentra su fundamento en la existencia de un daño, debidamente comprobado por los jueces de fondo, ocasionado por la inejecución de las obligaciones contractuales a cargo de la actual recurrente; que, en tales circunstancias, las motivaciones expuestas por el tribunal de alzada a los fines de justificar la indemnización concedida, se corresponden con la naturaleza de las obligaciones contraídas (…).
nn. En ese sentido, este tribunal observa que si bien la corte de casación ha considrado que la indemnización es razonable y guarda relación con la magnitud de los daños morales y materiales causados por la falta contractual retenida a la vendedora, los argumentos expuestos no alcanzan a explicar el punto medular de la controversia suscitada, es decir, las razones por las que considera ajustada la indemnización aun cuando supera el precio de compra del inmueble, lo que constituye una evidente insuficiencia de motivos que afecta los fundamentos de la decisión recurrida.
oo. En el desarrollo del recurso, Noval argumenta, además, que la Suprema Corte de Justicia, ante un caso similar, estimó lo siguiente: Considerando, que, de lo anterior se advierte, que los gastos sufragados por el hoy recurrido por concepto de compra de medicamentos y gastos clínicos, los cuales, según expresa el fallo impugnado, ascendieron a la suma de RD$181,272.88, no son proporcionales con la indemnización de RD$2,000.000.00., acordada a su favor, sobre todo cuando no precisa en qué consistieron los ingresos que dejó de percibir el hoy Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). recurrido a consecuencia del hecho dañoso, ni expone dicho fallo haber examinado algún informe o evaluación (...). 21
pp. La recurrente continúa citando otro aspecto de la sentencia indicada en el párrafo anterior, en el que el alto tribunal alude los elementos subjetivos que deben ser valorados en esta materia: Considerando, que ha sido juzgado que cuando se trata de reparación del daño moral, en la que entran en juego elementos subjetivos que deban ser apreciados por los jueces, se hace muy difícil determinar el monto exacto del perjuicio, bastando para la fijación de dicho perjuicio que la compensación que se imponga sea razonable en base al hecho ocurrido; que, en la especie, es imposible comprobar la razonabilidad o proporcionalidad de la indemnización acordada por concepto de daños morales, toda vez que la corte a-qua además de que no emite motivación alguna respecto a los daños morales sufridos por la hoy recurrida, no hace distinción alguna sobre la proporción indemnizatoria acordada por uno u otro daño, limitándose a fijar un monto global por concepto de daño y perjuicios; que de lo expuesto se advierte, tal y como lo denuncia el recurrente, que la sentencia atacada adolece de insuficiencia de motivos en cuanto al monto indemnizatorio acordado, lo que se traduce en una falta de base legal, por cuanto dicho monto, por su cuantía, no se corresponde con los hechos insuficientemente determinados (...).
qq. Aunque este tribunal ha considerado que incumbe a los jueces ordinarios la responsabilidad de apreciar las incidencias del fondo de un proceso judicial, sobre 21 Párrafo 50 del recurso, páginas 12-13. Esta decisión es la núm. 15 dictada por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justica en audiencia pública el 9 de febrero de 2011, consultada en: http://www.poderjudicial.gob.do/consultas/consultas_sentencias/consultas_sentencias.aspx Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). ellos recae la obligación de motivación de sus sentencias, para contribuir al afianzamiento de la garantía constitucional del debido proceso y la tutela judicial efectiva, debiendo exponer los razonamientos y consideraciones concretas al caso objeto de ponderación; tales postulados se alcanzan cuando se correlacionan el supuesto de hecho, las premisas y la base normativa en que descansa el caso particular.
rr. La obligación antes señalada cargo de los tribunales, fue reiterada en la Sentencia TC/0384/15, del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), en la que este tribunal estableció que (…) la motivación de una sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del derecho al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación que se plasma; y por otro lado, que permita un control mediante el ejercicio de los recursos dispuestos por ley.
ss. Es así que la argumentación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia descansa en la apreciación genérica de los daños y perjuicios que realizó el tribunal inferior; sin embargo, al ponderar el monto de la indemnización impuesta, sus argumentos se apartan de los parámetros de razonabilidad que debe existir entre los daños y perjuicios experimentados, las pérdidas sufridas y las ganancias a las que hubiese sido privado el acreedor; criterios que hubiesen permitido una evaluación objetiva del aspecto controvertido como lo había hecho la misma sala en otras ocasiones.
tt. En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima que la falta de motivación de la sentencia recurrida ha quedado configurada en la especie en violación al debido Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). proceso y a la tutela judicial efectiva de la recurrente, por lo que procede anular la sentencia recurrida a los fines dispuestos por el artículo 54.9 de la referida ley núm. 137-11.
12. Sobre la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia recurrida
Resulta oportuno indicar que junto con el desarrollo de los motivos que sustentan el presente recurso de revisión constitucional, la parte recurrente, mediante instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de diciembre de dos mil catorce (2014), solicitó la suspensión de ejecución provisional de la sentencia recurrida hasta que se conozca el fondo del recurso, para lo cual el colegiado expone las siguientes consideraciones:
a. Para el Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de ejecutoriedad provisional de la sentencia recurrida en revisión constitucional, carece de objeto en vista de que las motivaciones precedentemente expuestas sufragan a favor de acoger en el fondo el recurso y anular la sentencia recurrida; por tanto, resulta innecesario su ponderación, tal como ha sido apuntado en la Sentencia TC/0120/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013),criterio reiterado en las sentencias TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), y TC/0351/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014).
b. En tales circunstancias, el Tribunal entiende que la solicitud de suspensión provisional de la sentencia recurrida está indisolublemente ligada a la suerte del recurso de revisión con el que coexiste, por lo que procede declarar su inadmisibilidad sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014). sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, así como el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por NOVAL, S.R.L. contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la citada ley 137-11. Expedientes nos.TC-04-2015-0021 y TC-07-2015-0006, relativos al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por NOVAL, S.R.L., contra la Sentencia núm. 939/2014, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014).
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la honorable Suprema Corte de Justicia, así como a la parte recurrente, NOVAL, S.R.L. ya la parte recurrida, Marcia Josefina Hernández Estrella.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0150/17, del 5 de abril de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0150-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.