Sentencia TC/0351/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2014-0171

recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la sociedad Trilogy Dominicana, S.A. (VIVA) contra la Sentencia núm. 0151-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el primero (1º) de mayo de dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de autonomia procesal · Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0351/14?

La sentencia que rechazó el amparo preventivo estaba debidamente motivada: explicó que el accionante no era titular del derecho de propiedad invocado, pues el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público e inalienable y el permiso de instalación que se le había otorgado, posteriormente cancelado conforme a la legislación vigente, no le confería un derecho adquirido sobre las frecuencias licitadas (TC/0351/14, numeral 17, d–e, pág. 51; TC/0351/14, numeral 17, f–h, pág. 52; TC/0351/14, numeral 17, j, pág. 54; TC/0351/14, numeral 17, l–b, pág. 55).

La demanda reconvencional, como medio de defensa, debe guardar afinidad con la demanda principal. Trilogy Dominicana, llamada en intervención forzosa, dirigió su denominado «amparo reconvencional» contra INDOTEL, accionado original, para tutelar derechos distintos de los invocados en el amparo preventivo, con lo que excedió el alcance de su intervención. El juez de amparo motivó suficientemente su decisión de tratar ese escrito como defensa al fondo y desestimarlo como accesorio de la acción principal. En esas circunstancias, no pronunciarse sobre los derechos invocados por la interviniente no vulneró su debido proceso ni su tutela judicial efectiva (TC/0351/14, numeral 17, h, pág. 58; TC/0351/14, numeral 17, i–j, pág. 59; TC/0351/14, numeral 17, k, pág. 59; TC/0351/14, numeral 17, l, pág. 60; TC/0351/14, numeral 17, m–n, pág. 60).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo de Trilogy Dominicana, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 0151-2014 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

«el plazo antes señalado es franco y no se contarán los días no laborables» (TC/0351/14, numeral 14, d, pág. 44).
«la referida autorización otorgada a favor del señor José Armando Bermúdez no puede considerarse como un derecho adquirido de las referidas frecuencias radioeléctricas» (TC/0351/14, numeral 17, f–h, pág. 52).
«desbordando con su postura el alcance procesal de la instancia en la que ella había sido llamada a intervenir» (TC/0351/14, numeral 17, m–n, pág. 60).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 14 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, numerales 4 y 12), 66, 87, 95, 100 y 101.

Ley núm. 153-98: artículo 64.

Ley núm. 118 de Telecomunicaciones: artículo 3.

Código de Procedimiento Civil: artículos 1, párrafos 6 y 7, y 464.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0147/13, TC/0232/13, TC/0073/14, TC/0039/12, TC/0007/12, TC/0013/2012, TC/0009/13, TC/0017/13, TC/0119/14, TC/0120/13 y TC/006/14. Suprema Corte de Justicia: núm. 27, agosto de 1999, B.J. 1065, y núm. 25, marzo de 2003, B.J. 1108.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

12. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación que consta en el legajo que integra el presente recurso de revisión, la litis se origina en ocasión del proceso de licitación pública internacional convocado por INDOTEL 5 , con el objetivo de otorgar concesiones y licencias vinculadas para la prestación de servicios públicos finales de telecomunicaciones, a través de la explotación de frecuencias radioeléctricas en las bandas 940-961 MHz y 1710-1755 / 2110-2155 MHz en todo el territorio nacional. El proceso se inició con la Resolución núm. 109-11 del 17 de octubre de 2011, que aprobó el pliego de condiciones y el comité evaluador de las propuestas en las que participaron la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), ORANGE DOMINICANA y TRILOGY DOMINICANA. Mediante Resolución núm. DE-003-2012, de fecha 5 de marzo de 2012, la Dirección Ejecutiva de INDOTEL declaró a las concesionarias COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), ORANGE DOMINICANA y a TRILOGY DOMINICANA, como oferentes calificadas para presentar oferta económica en la presentación y apertura del cronograma establecido para la licitación; sin embargo, durante el desarrollo de las fases del mismo previsto en el pliego de condiciones, INDOTEL recibió la notificación de varias objeciones y oposiciones a la celebración de la citada licitación pública internacional. Entre estas se encuentra la que realizara el 27 de octubre de 2011 la sociedad CORPORACIÓN DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISIÓN (COLOR VISIÓN), alegando la titularidad de un segmento de las frecuencias sometidas a licitación. 5 Identificado con la nomenclatura INDOTEL.LPI/003-2011. A raíz de las objeciones y oposiciones formuladas el Consejo Directivo de INDOTEL decidió suspender dicha licitación, lo que concretizó mediante Resolución núm. 023-12 del 14 de marzo de 2012, hasta que resolviera la situación planteada. Una vez decidida esta cuestión, a través de la Resolución núm. 016-14 del 4 abril de 2014, se reanudó el proceso de licitación pública internacional, declarando a las sociedades COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO) y ORANGE DOMINICANA adjudicatarias de un segmento de las frecuencias licitadas, procediendo a suscribir los respectivos contratos con dichas sociedades. A consecuencia de ello, el señor JOSÉ ARMANDO BERMÚDEZ apoderó al Tribunal Superior Administrativo (Segunda Sala) de una acción de amparo preventivo fundamentado en que se adjudicaron frecuencias que le habían sido asignadas, llamando a intervenir forzosamente en dicha instancia a la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), a ORANGE DOMINICANA y a TRILOGY DOMINICANA. Además, intervino voluntariamente la FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA. En estas circunstancias, TRILOGY DOMINICANA (interviniente forzosa) formuló una acción denominada “Demanda de Amparo Reconvencional” contra el accionado INDOTEL, decidida conjuntamente con la acción de amparo inicial y las demandas incidentales a través de la sentencia ahora atacada en revisión constitucional.

TC/0351/14, numeral 12, pág. 41 — PDF oficial

14. Sobre la solicitud de inadmisibilidad del recurso de revisión

a. La parte recurrida, COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), sostiene que el recurso de revisión resulta inadmisible por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 que dispone: “(…) el recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”.

b. Este argumento se fundamenta en que la sentencia recurrida le fue notificada TRILOGY DOMINICANA mediante Acto núm. 382/2014 del 24 de junio de 2014, del ministerial Asdrúbal Emilio Hernández, alguacil ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mientras que el recurso de revisión fue depositado en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo el día 2 de julio de 2014.

c. Plantea la recurrida que aún admitiendo que el plazo para interponer el recurso sea franco y a tales fines solo se computen los días hábiles, el último día para recurrir era el 1º de julio de 2014, por lo que en todo caso el recurso es inadmisible, pues así lo ha interpretado tradicionalmente la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia al sostener que (…) por tratarse de un plazo franco y no computarse los domingos incluidos dentro del mismo, por aplicación del artículo 495 del Código de Trabajo, es necesario añadir a dicho plazo dos días, el de su inicio y terminación, así como cinco domingos comprendidos en el mismos o sea, un total de siete días, lo que prorrogaría su vencimiento al 29 de julio, en consecuencia el recurso fue interpuesto en tiempo hábil y el medio planteado carece de fundamento por lo que debe ser desestimado 6 .

TC/0351/14, numeral 14, a–c, pág. 43 — PDF oficial

d. Aunque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, en su artículo 95 se limita a establecer que el recurso de revisión se interpondrá en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación, sin precisar la naturaleza y el alcance de los plazos en ella previstos, el Tribunal ha venido llenando ese vacío normativo estableciendo que el plazo antes señalado es franco y no se contarán los días no laborables 7 (Sentencia TC/0080/12), posición reiterada en otras decisiones posteriores (Sentencias TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0147/13, TC/0232/13 y TC/0073/14). Se trata de una cuestión que desde la óptica de la jurisdicción constitucional puede calificarse como una imprevisión del Derecho Procesal Constitucional que amerita ser resuelta auxiliándose de las normas procesales afines a la materia discutida para zanjar toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de la norma como lo dispone el principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la referida Ley núm. 137-11, y en la medida que fuere compatible a nuestro ordenamiento constitucional.

TC/0351/14, numeral 14, d, pág. 44 — PDF oficial

e. Cabe precisar que el principio de autonomía procesal faculta al Tribunal Constitucional a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el proceso constitucional “(…) en aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacios normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional. La norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema -vacio o imperfección de la norma –que el caso ha planteado y, sin embargo, lo transcenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a que se incorpora, desde entonces en la regulación procesal vigente” (Sentencia 6 SCJ. Cámara Laboral, Tierras y Contenciosa. Sentencia de 28 de diciembre de 2012. B. J 1225. 7 Ver Sentencia TC/0080/12 del 15 de diciembre de 2012, numeral 8, literal “d”, página 6. “El plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. TC/0039/12) 8 , tal como fue precisado al establecer el procedimiento para regir las notificaciones en materia de solicitud de suspensión de ejecución de decisiones objeto de recurso de revisión cuando se comprobara que no han sido notificadas a las partes.

TC/0351/14, numeral 14, e, pág. 44 — PDF oficial

f. En efecto, las normas procesales persiguen perfeccionar las herramientas con que cuenta el sistema para efectivizar los derechos constitucionales, de donde deriva la relevante contribución que realizan a los procesos constitucionales. El problema que se plantea para armonizar la Constitución con las normas procesales a través de las cuales ella se concretiza es precisamente si existe una subordinación de la ley procesal a la Ley Fundamental, de forma que ésta última mantenga su hegemonía frente al instrumento del que se sirve para materializarse. Esta cuestión de constante debate en las jurisdiccionales constitucionales conduce a una posición cautelosa, pues aunque se reconoce el carácter de norma procesal en tanto regulan los procedimientos constitucionales, su naturaleza jurídica sigue siendo de factura constitucional y a esos fines deben estar prestas.

g. Asimismo, haciendo uso del principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida Ley núm. 137-11, según el cual todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y los derechos fundamentales, debiendo utilizar los medios más idóneos y adecuados frente a cada cuestión planteada, el Tribunal ha venido auxiliándose de las normas procesales afines para zanjar imprevisiones de su ley orgánica, y en virtud del principio de autonomía procesal antes citado, ha interpretado y aplicado las normas procesales en la forma que ha considerado más útil para la efectividad y eficacia de la justicia constitucional.

TC/0351/14, numeral 14, f–g, pág. 45 — PDF oficial

h. En la especie, la sentencia atacada fue notificada a TRILOGY DOMINICANA el 24 de junio de 2014 mediante la actuación procesal antes 8 Ver Sentencia TC/0039/12 del 13 de septiembre de 2012, literal “i”, página 6. señalada y el recurso lo interpuso el día 2 de julio de 2014, plazo en el cual no se computan los días sábado 28 ni el domingo 29 de junio de 2014, por lo que el último día hábil para recurrir vencía el día 1º de julio de 2014, pero como éste último no se computa, el plazo se prorrogó hasta el día siguiente 2 de julio de 2014; en consecuencia, el recurso fue interpuesto en tiempo hábil por lo que procede rechazar el fin de inadmisión por extemporaneidad del plazo planteado por la COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), sin que fuere necesario hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.

TC/0351/14, numeral 14, h, pág. 45 — PDF oficial

15. Admisibilidad del presente recurso de revisión

Es de rigor procesal determinar si el presente recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia. En este sentido procede examinar este aspecto del recurso, para lo cual exponemos las siguientes consideraciones:

a. El artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11 establece: “Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada que debe ser apreciada concretamente en el caso planteado. En su Sentencia TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012, el Tribunal estableció algunos supuestos en los que ella queda configurada: “1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0351/14, numeral 15, a–b, pág. 46 — PDF oficial

c. En efecto, se plantea en el recurso de revisión determinar si el juez de amparo al considerar la denominada “Demanda de Amparo Reconvencional” como un medio de defensa frente a la acción de amparo donde la hoy recurrente había intervenido forzosamente, le ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y a la tutela judicial efectiva a raíz del indicado proceso; lo que en la especie determina la especial trascendencia y relevancia de la cuestión planteada, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional procede a examinarlo.

TC/0351/14, numeral 15, c, pág. 47 — PDF oficial

16. Solicitud de audiencia pública

La recurrente en revisión también ha solicitado la celebración de audiencia pública para ventilar el recurso, para lo cual este tribunal expone las siguientes consideraciones:

a. La recurrente sostiene que es de conocimiento de los honorables magistrados que conforman ese Tribunal, que el artículo 101 de la ley núm. 137-11, faculta al mismo a convocar audiencia pública para instruir y sustanciar los recursos de revisión contra sentencias de amparo, cuando así lo estime pertinente; que por la especial relevancia y trascendencia del recurso VIVA se siente en plena facultad de solicitaros la fijación de una audiencia pública en la que pueda producirse una mejor discusión y sustanciación de este recurso.

b. Tal como ha sido precisado, la Ley núm. 137-11 faculta a este órgano a convocar audiencia pública para instruir y sustanciar el recurso de revisión en materia de amparo, siempre que el Tribunal lo considere necesario para una mejor sustanciación del caso.

c. Esta facultad del Tribunal está ensanchada con los principios que rigen la justicia constitucional, puesto que los procedimientos constitucionales tienen como objetivo sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad y eficacia del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales.

TC/0351/14, numeral 16, a–c, pág. 47 — PDF oficial

d. Cabe indicar que por la naturaleza del recurso de revisión de amparo, donde el Tribunal está llamado a realizar una revisión integral de la sentencia recurrida, incluso a producir su revocación total o parcial y decidir el fondo de la acción en aquellos casos que las circunstancias lo demanden, se justifica que cuando lo considere necesario ordene la celebración de una audiencia. Es que el Tribunal en esta materia goza también de los amplios poderes para celebrar medidas de instrucción, así como para recabar por sí mismo los datos, informaciones y documentos que sirvan de prueba a los hechos u omisiones alegados, de conformidad con el artículo 87 de la referida Ley núm. 137-11 que prevé las facultades del juez de amparo; lo mismo que en aplicación del citado principio de efectividad que autoriza a todo juez o tribunal garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales, utilizando los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada.

e. En la especie, de la evaluación general del objeto de la acción de amparo y la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en relación con las pretensiones principales e incidentales planteadas por las partes, el Tribunal considera innecesario para decidir el recurso de revisión ordenar la celebración de una audiencia pública, puesto que del análisis de las piezas que componen el proceso es suficiente para decidir la controversia, procediendo en ese sentido a rechazar el pedimento sin hacer mención de ello en el dispositivo de esta sentencia.

TC/0351/14, numeral 16, d–e, pág. 48 — PDF oficial

17. Sobre el fondo del recurso de revisión

En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional, el Tribunal expone las siguientes consideraciones: Dado los elementos particulares que caracterizan el presente recurso de revisión, la pluralidad de partes que forman la mutabilidad del proceso de amparo, el hecho concreto de que el accionante original no recurrió la sentencia impugnada, sino una de las intervinientes forzosas, el Tribunal analizará la cuestión tomando en consideración la fisonomía procesal en la que las partes intervinieron ante el juez que produjo la sentencia recurrida. En atención a que el juez de amparo al rechazar las pretensiones del accionante no decidió en relación con los derechos fundamentales invocados por la demandante reconvencional, el Tribunal abordará el recurso bajo el esquema siguiente: el derecho a obtener una sentencia debidamente motivada (A), para luego enfocar su atención respecto a la violación al derecho de defensa y al debido proceso tras considerar la demanda en amparo reconvencional como un medio de defensa (B). A. Derecho a obtener una sentencia debidamente motivada

TC/0351/14, numeral 17, pág. 49 — PDF oficial

a. Para fundamentar el recurso de revisión, la recurrente sostiene lo que se indica a continuación: 1. Que el pasado 23 de junio de 2014 TRILOGY DOMINICANA recibió la notificación de la Sentencia núm. 151-2014, a requerimiento del Grupo ALTICE, y trató infructuosamente de encontrar en el dispositivo de la misma qué era lo que había decidido el tribunal a quo sobre su acción de amparo reconvencional. 2. Que los abogados de TRILOGY DOMINICANA releyeron varias veces el dispositivo de dicha sentencia, encontrando que en el ordinal octavo el tribunal a quo rechazaba todas las excepciones y medios de inadmisión que habían sido presentados por los recurridos en el presente caso, pero no decidía (ni a favor ni en contra) el fondo ni la forma de la acción de amparo reconvencional interpuesta por TRILOGY DOMINICANA. 3. Que, por el contrario, hacía una afirmación que desnaturaliza abiertamente la acción interpuesta por TRILOGY DOMINICANA al llamarla una mera “defensa al fondo. 4. Que con esta injustificada decisión, el Tribunal estaba incurriendo en una desnaturalización de la acción de amparo de TRILOGY DOMINICANA y en una falta de estatuir sobre ella. 5. Que el tribunal a quo no tenía facultad de evadir su obligación de decidir una acción de amparo de la que había sido apoderado, cuya acción produjo un debate que se extendió por casi 12 horas corridas.

TC/0351/14, numeral 17, a, pág. 49 — PDF oficial

b. Por su parte, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, apoderado de una acción de amparo preventivo cuya finalidad era la salvaguardia de los derechos fundamentales a la propiedad y debido proceso del señor José Armando Bermúdez, procedió analizar los intereses en conflicto de las partes principales y de los intervinientes forzosos y voluntario, centrando su atención en el origen de la titularidad de la frecuencia que el accionante ve amenazada por las acciones del citado órgano regulador de las telecomunicaciones, precisando que el 14 de septiembre de 1983, la Dirección General de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de de Obras Públicas y Comunicaciones, emitió el permiso de instalación núm. 160 en la cual se autoriza al señor J. Armando Bermúdez proceder a la instalación de los equipos transmisores de estudios bajo lo dispuesto por la Ley núm. 118 de Telecomunicaciones, con vencimiento el 14 de septiembre de 1984.

c. En ese orden de ideas, la entonces Dirección General de Telecomunicaciones, mediante la Resolución 97-005 de fecha 29 de julio de 1997, canceló todos los permisos de instalación y licencias de aquellas estaciones radioeléctricas que a esa fecha no habían efectuado las instalaciones en el plazo otorgado, considerando que las bandas de frecuencia reservadas para los servicios de radio difusión sonora y televisiva permiten una cantidad limitada de canales y estaciones, al tiempo que existía una gran cantidad de solicitudes para la obtención de permisos y licencias de operación para estos tipos de servicios de telecomunicaciones, y porque algunos beneficiarios no habían hecho las instalaciones correspondientes, a pesar de haberse cumplido los plazos originalmente asignados.

TC/0351/14, numeral 17, b–c, pág. 50 — PDF oficial

d. Cabe indicar que el espectro radioeléctrico 9 es parte de aquéllos bienes intangibles 10 , de dominio público, natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado y que por su función social están sometidos a una regulación especial cuya utilización y otorgamiento de derecho de uso se harán de conformidad con la ley, garantizando los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio, conforme a los principios del servicio 9 El artículo 14 de la Constitución señala: “Recursos naturales. Son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico”. 10 El artículo 64 de la Ley núm. 153-98 “El espectro radioeléctrico es un bien del dominio público, natural, escaso e inalienable, que forma parte del patrimonio del Estado. Su utilización y el otorgamiento de derechos de uso se efectuará en las condiciones señaladas en la presente Ley y su reglamentación”. universal sujeto a las normas y recomendaciones internacionales emanadas de los organismos internacionales de los que forma parte República Dominicana.

e. La Ley núm. 118 de Telecomunicaciones del 1º de febrero de 1966, vigente en el momento de la concesión de la autorización otorgada al señor José Armando Bermúdez en el año 1983, establecía en su artículo 3 que el Estado tenía la facultad de suspender, temporalmente, el funcionamiento de cualquier estación radioeléctrica por violación a la Ley y sus reglamentos o de sus órdenes o instrucciones dictadas dentro de su capacidad legal hasta que las deficiencias o irregularidades hayan sido corregidas o según la gravedad de la falta, cancelar la licencia o permiso de instalación en forma definitiva, sin perjuicio a las multas y otras sanciones establecidas por la ley.

TC/0351/14, numeral 17, d–e, pág. 51 — PDF oficial

f. El principio de legalidad de la Administración Pública se configura como un mandato dirigido a todos los órganos públicos de someter los actos y resoluciones de la administración que se encuentren bajo su jurisdicción al cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico. De conformidad con este principio, las actuaciones de la Administración y las resoluciones judiciales quedan subordinadas a los mandatos de la ley.

g. No cabe duda que la dimensión constitucional que supone el derecho a la propiedad y la obligación que tiene el Estado de protegerlo como derecho fundamental tiene por finalidad que sus titulares puedan ejercer el goce, disfrute y disposición de sus bienes. Este derecho tiene vocación de permanencia en el tiempo y su titularidad se transmite mediante los procedimientos establecidos en la ley, pues ninguna de sus prerrogativas pueden ser minimizadas o limitadas por efecto de una acción u omisión proveniente del Estado o de los particulares, lo que le atribuye una categoría erga omnes que se le impone incluso al propio Estado; de manera que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en los casos y conforme los disponen la Constitución y la ley.

h. En la especie examinada la referida autorización otorgada a favor del señor José Armando Bermúdez no puede considerarse como un derecho adquirido de las referidas frecuencias radioeléctricas, pues las mismas constituyen un bien de dominio público e inalienable patrimonio del Estado, y por tanto, al momento de celebrarse la licitación pública internacional, el accionante no ostentaba el derecho de propiedad en relación con las referidas frecuencias radioeléctricas, tal como estableció el tribunal, lo que le permitió rechazar el amparo preventivo por alegada violación de sus derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso.

TC/0351/14, numeral 17, f–h, pág. 52 — PDF oficial

i. En ese sentido, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, parte de una premisa concreta que deriva de su análisis: la falta de titularidad del derecho invocado por el accionante para rechazarle la acción de amparo preventivo. Es decir, actuando en el marco de las atribuciones conferidas por la ley para valorar los elementos de prueba que le fueron sometidos por las partes, atribuyéndole el alcance probatorio que se infiere para la solución del caso y adoptando la decisión desestimativa de los derechos confrontados. Esto se advierte en los fundamentos de la sentencia recurrida cuando el tribunal de amparo sostiene: Que de las citadas comprobaciones, esta Sala, (…) pudo establecer que si bien es cierto que el señor J. Armando Bermúdez se le otorgó un permiso para la utilización de un segmento determinado del espectro radioeléctrico, (…) ya no es el propietario del permiso para instalar del cual era poseedor (…) por la decisión general que fue adoptada mediante la resolución No. 97-005, en la cual se procedieron a cancelar todos los permisos de instalación y licencias (…) dentro del plazo otorgado, incluyendo dentro de ellas las pertenecientes al señor J. Armando Bermúdez (…).

TC/0351/14, numeral 17, i, pág. 53 — PDF oficial

j. En cuanto al argumento de falta de motivación de la sentencia recurrida, hay que precisar que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, al analizar los argumentos invocados por el accionante para determinar si existía un derecho nacido de una situación jurídica consolidada 11 al amparo de una legislación anterior 12 -en este caso el permiso- otorgado en virtud de la citada Ley núm. 118 de Telecomunicaciones, hizo uso adecuado de las facultades que le confiere la ley para determinar la verosimilitud de la amenaza o la probable lesión de los derechos fundamentales, concluyendo que el entonces accionante no era titular del derecho a la propiedad de las frecuencias radioeléctricas, sino que disponía de un permiso que en su momento le fue cancelado por el órgano regulador de las telecomunicaciones en aplicación de la facultades que le otorgaba la legislación vigente en ese momento, es decir, en aplicación del principio de legalidad al que está sometida la Administración Pública.

TC/0351/14, numeral 17, j, pág. 54 — PDF oficial

k. Puede afirmarse que la debida motivación de las decisiones judiciales cumple esencialmente funciones básicas de legitimación de la actuación del órgano jurisdiccional de donde ella emana. En ese sentido, este tribunal 13 ha precisado algunos lineamientos generales a ser observados: a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar la falta de 11 Sentencia TC/0013/2012 de fecha 10 de mayo de 2012, párrafo 6.7, página 6. Esta sentencia hace referencia al voto No. 2,765 del 20 de mayo de 1997 de la Sala Constitucional de Costa Rica, con doctrina reiterada en los votos Nos. 241-2002 y 6321-2004 del referido tribunal en relación a los “derechos adquiridos” y a la “situación jurídica consolidada” en los términos siguientes. : “Los conceptos de ‘derecho adquirido’ y ‘situación jurídica consolidada’ aparecen estrechamente relacionados en la doctrina constitucionalista. Es dable afirmar que, en términos generales, el primero denota a aquella circunstancia consumada en la que una cosa –material o inmaterial, trátese de un bien previamente ajeno o de un derecho antes inexistente–ha ingresado en (o incidido sobre) la esfera patrimonial de la persona, de manera que ésta experimenta una ventaja o beneficio constatable. Por su parte, la ‘situación jurídica consolidada’ representa no tanto un plus patrimonial, sino un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y a sus efectos, aun cuando éstos no se hayan extinguido aún... En este caso, la garantía constitucional de la irretroactividad de la ley se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener la consecuencia de sustraer el bien o el derecho ya adquirido del patrimonio de la persona, o de provocar que si se había dado el presupuesto fáctico con anterioridad a la reforma legal, ya no surta la consecuencia (provechosa, se entiende) que el interesado esperaba de la situación jurídica consolidad”. 12 En este caso, el permiso otorgado en virtud de la citada Ley núm. 118 de Telecomunicaciones del 1 de febrero de 1966. 13 TC/0009/13 13 del 11 de febrero de 2013, criterios reiterados en otras decisiones posteriores, entre ellas, la Sentencia TC/0017/13 del 20 de febrero de 2013. motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.

TC/0351/14, numeral 17, k, pág. 54 — PDF oficial

l. En atención a estas consideraciones, la sentencia recurrida cumple con las exigencias de motivación requeridas a las decisiones emanadas de los órganos jurisdiccionales en la medida que ella contiene las consideraciones que justifican la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en cumplimiento de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como ha sido precisado por el Tribunal en sus Sentencias TC/0009/13 y TC/0017/13, respectivamente. B. Violaciones derivadas tras considerar la demanda en amparo reconvencional como un medio de defensa al fondo En cuanto a este aspecto del recurso, el Tribunal expone las siguientes consideraciones:

a. Antes de penetrar en los argumentos exteriorizados por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo para fundamentar este aspecto de la decisión impugnada, conviene precisar el objeto de la acción de amparo interpuesta por el señor José Armando Bermúdez. En efecto, la instancia depositada en la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el 15 de abril de 2014, ha sido titulada como “Acción de Amparo Preventivo” en contra de INDOTEL, ante la amenaza de vulneración de derechos fundamentales cuya alegada titularidad recae en el accionante, señor José Armando Bermúdez.

b. Cabe señalar que la acción de amparo preventivo interpuesta por José Armando Bermúdez se fundamenta en la salvaguarda de sus derechos fundamentales [propiedad, debido proceso] amenazados en su vulneración y desconocimiento por INDOTEL, ante la convocatoria de una licitación pública internacional para el otorgamiento de las concesiones y licencias vinculadas para la prestación de servicios públicos finales de telecomunicaciones, a través de la explotación de frecuencias radioeléctricas en las bandas 941-960 MHz y 1710-1755 MHz / 2110-2155 MHz en todo el territorio nacional 14 .

TC/0351/14, numeral 17, l–b, pág. 55 — PDF oficial

c. En ese senito, las conclusiones principales de esta instancia están dirigidas (i) a que se ordenara al Consejo Directivo del INDOTEL su inmediata abstención a la realización de cualquier acto o vía de hecho, tendente a concesionar las frecuencias marcadas dentro del rango de 2150- 2155 MHz con cobertura nacional, así como de cualquier convocatoria a licitación o proceso de contratación que pueda formularse con relación a las frecuencias propiedad del accionante; y (ii) adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para garantizar la vigencia y protección de los derechos fundamentales del impetrante 15 .

d. Posteriormente, mediante Acto procesal núm. 340-2014 del 22 de abril de 2014, del ministerial Aneurys Martínez Martínez 16 , el señor José Armando Bermúdez demandó en intervención forzosa a las sociedades COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), a ORANGE DOMINICANA y a TRILOGY DOMINICANA. En el proceso intervino voluntariamente, además, la FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA. De esta manera quedó estructurada la fisonomía procesal de las partes que integraron el proceso relativo a la acción de amparo preventivo incoado por el accionante original. En este escenario, TRILOGY DOMINICANA (interviniente 14 Ver páginas 1 y 2 de la instancia que contiene la acción de amparo depositada por el señor José Armando Bermúdez en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo el 15 de abril de 2014. 15 Ver página 20 de la citada instancia. 16 Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo. forzosa) formula una acción denominada “Demanda de Amparo Reconvencional” contra el accionado INDOTEL, la cual fue decidida conjuntamente con la acción de amparo principal y las referidas demandas incidentales.

TC/0351/14, numeral 17, c–d, pág. 56 — PDF oficial

e. En efecto, plantea la recurrente que el tribunal a quo rechazó todas las excepciones y medios de inadmisión que habían sido presentados por los recurridos en el presente caso pero no decidía (ni a favor ni en contra) el fondo ni la forma de la acción de amparo reconvencional interpuesta por TRILOGY DOMINICANA, al llamarla una mera “defensa al fondo”. Para decidir este punto de impugnación, el Tribunal dirigirá su análisis a las consideraciones de la sentencia recurrida que le permitieron al juez de amparo arribar a las conclusiones que objeta la recurrente.

f. El amparo es el mecanismo idóneo del que disponen todas las personas para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades; estos elementos le perfilan como la institución llamada a intervenir en situaciones que demandan respuestas de los órganos públicos para la garantía de otros derechos de su misma configuración constitucional 17 . La institución del amparo no constituye una instancia destinada a debatir temas de legalidad ordinaria, sino un mecanismo de protección para restituir derechos fundamentales cuando se comprueba su vulneración o bien para impedir que ella se produzca; admitir lo contrario sería desnaturalizar su rol de garantía fundamental, pues quedaría expuesta a los rigores y formalismos que caracterizan los procedimientos ordinarios, y, por tanto, dejaría de ser amparo para mutar en un procedimiento común. 17 Ver Sentencia TC/0119/14 del 13 de junio de 2014, literal “m”, página 22.

TC/0351/14, numeral 17, e–f, pág. 57 — PDF oficial

g. El tribunal, al dar solución a la acción interpuesta por TRILOGY DOMINICANA (denominada “Demanda de Amparo Reconvencional”) contra el INDOTEL, dirige la argumentación a destacar que la acción de amparo por su característica intrínseca y mandato constitucional es expedita y ágil, breve y sencilla, rápida y efectiva, sin formalidades y accesible, lo que lógicamente le diferencia de los procedimientos ordinarios. Más adelante en cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que esta demanda reconvencional constituye un medio de defensa en cuanto al fondo de la demanda en intervención forzosa no una demanda propiamente dicha; que así la considera este tribunal, en su poder soberano de apreciación y evaluación de las pretensiones y argumentos planteados y como tal se rechaza.

TC/0351/14, numeral 17, g, pág. 58 — PDF oficial

h. La demanda reconvencional es una institución de frecuente uso en el derecho común como un medio de defensa que ejerce el demandado para contrarrestar la demanda que le ha sido formulada 18 , sin embargo, señala la doctrina que dado el carácter ambiguo de la misma hace difícil precisar su naturaleza jurídica. Su desarrollo legislativo aparece en el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil 19 , admitiéndose en los casos en que se produzca como medio de defensa contra la acción, siempre que guarde afinidad con la demanda principal, permitiendo al demandado formular una o más pretensiones al objeto de la demanda para que sean decididas en la misma instancia que apodera el tribunal. 18 Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T. I, citado por Pérez Méndez, Artagnan, en su obra Procedimiento Civil, Tomo I. p.29. 19 Las demandas reconvencionales también aparece reguladas en los párrafos 6 y 7 del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil (modificado por la Ley núm. 845 del 15 de julio de 1978), los cuales señalan lo siguiente: Párrafo 6.- Conocen de toda demanda reconvencional o sobre compensación, que por su naturaleza o cuantía estuvieren entre los límites de su competencia; aún cuando en los casos previstos por el Artículo 1ro. dichas demandas unidas a la principal, excedan de la cantidad de Mil Pesos. Conocen además, cualquiera que sea su importancia, de las demandas reconvencionales sobre daños y perjuicios basadas exclusivamente en la misma demanda principal. Párrafo 7.- Cuando cada una de las demandas principales, reconvencionales o sobre compensación, estuviere dentro de los límites de la competencia del Juez de Paz en última instancia, decidirá sin apelación. Si una de estas demandas no pudiere juzgarse sino a cargo de apelación, el Juez de Paz entonces no pronunciará sobre todas ellas sino a cargo de apelación. Si la demanda reconvencional o de compensación, excediere los límites de la competencia del Juez de Paz, éste podrá dejar de pronunciar sobre lo principal, o bien mandar que las partes recurran por el todo ante el Tribunal de Primera Instancia.

TC/0351/14, numeral 17, h, pág. 58 — PDF oficial

i. Al respecto se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia estableciendo que “Para determinar la admisibilidad de una demanda reconvencional, la Corte debe tener en cuenta su conexidad y dependencia con la demanda principal, sin importar que ellas estén sujetas a procedimientos distintos”. (No. 27, Ter., Ago. 1999, B.J. 1065). “Las demandas reconvencionales son decididas conjuntamente por el juez apoderado de la demanda principal, sin necesidad de ordenar la fusión de las mismas, por estar ligadas de una manera tal que la suerte de la una depende de la suerte de la otra”. (No. 25, Ter., Mar. 2003, B.J. 1108).”

j. Precisada la naturaleza jurídica de la demanda reconvencional, hay que indicar que la acción ejercida por la sociedad TRILOGY DOMINICANA no perseguía defenderse o plantear una pretensión distinta frente a la demanda en intervención forzosa en el cauce del amparo preventivo peticionado contra INDOTEL, sino que, prevaliéndose de su condición de interviniente (forzosa), lanza una nueva acción denominada “Demanda de Amparo Reconvencional” contra el mismo accionado original: INDOTEL. En consecuencia, transformó, momentáneamente, la fisonomía del proceso para hacer (en algún punto de la demanda principal) causa común con el accionante, pero sin perder su posición inicial de interviniente forzosa. Ante este cuadro procesal – entrecruzado –el tribunal de amparo optó por mantener la interviniente forzosa en su postura inicial considerando su acción como una “defensa al fondo” respecto de la acción principal y de paso, quedando supeditada su suerte al desarrollo y fallo de la misma.

TC/0351/14, numeral 17, i–j, pág. 59 — PDF oficial

k. En ese sentido, los razonamientos expuestos en la sentencia recurrida refutan la tesis de la recurrente cuando sostiene que el tribunal a quo: “rechaza todas las excepciones y medios de inadmisión pero no decidía el fondo ni la forma de la acción de amparo reconvencional”. En efecto, la decisión recurrida no solo dio motivos suficientes y racionales para rechazar las pretensiones de la demanda reconvencional al considerarla un medio de defensa respecto al fondo de la demanda en intervención forzosa, sino también porque dio solución adecuada a todos los planteamientos y conclusiones de las partes, conectando el objeto de la acción original con las posiciones externadas por las intervinientes forzosas y voluntaria, concluyendo de su análisis que dicha demanda tiene las mismas pretensiones que la acción principal en amparo y que al ser ésta rechazada (la demanda principal), también las demandas incidentales (accesoria a la acción de amparo) siguen su misma suerte.

TC/0351/14, numeral 17, k, pág. 59 — PDF oficial

l. Por estas razones, la solución del juez de amparo de desestimar tanto las pretensiones del accionante principal como las posiciones asumidas por las partes intervinientes forzosas y voluntaria –en la medida que estas son accesoria de lo principal –limitándose a comprobar que el derecho a la propiedad y al debido proceso no le habían sido conculcados al accionante, excluye la posibilidad de que la violación del derecho al debido y la tutela judicial efectiva se haya producido a raíz de la instrucción y decisión de la acción de amparo como afirma la recurrente, pues del análisis de la sentencia recurrida se infiere que al considerar su demanda reconvencional como un medio de defensa, el tribunal de amparo no se pronunció sobre los referidos derechos constitucionales invocados por la interviniente forzosa y ahora recurrente en revisión constitucional, razón por la cual procede rechazar también este aspecto del recurso de revisión.

TC/0351/14, numeral 17, l, pág. 60 — PDF oficial

m. Cabe precisar, además, que la violación del principio de legalidad de la Administración Pública, el control de legalidad de la Administración Pública, el debido proceso administrativo, libre y leal competencia como atributo fundamental a la libertad de empresa, de igualdad y equidad del régimen económico, invocados por la interviniente forzosa TRILOGY DOMINICANA en su denominada “demanda de amparo reconvencional” perseguía tutelar derechos fundamentales distintos a los derechos de propiedad y debido proceso que constituían el objeto de la acción de amparo inicial, desbordando con su postura el alcance procesal de la instancia en la que ella había sido llamada a intervenir, produciendo la alteración de la mutabilidad del proceso, por lo que el tribunal de amparo la calificó como un medio de defensa, evitando que la justicia constitucional sea desviada de su finalidad cardinal de sancionar las infracciones constitucionales y tutelar los derechos fundamentales.

n. En ese sentido, al no quedar comprobadas las violaciones invocadas, procede rechazar el recurso de revisión constitucional interpuesto por la sociedad TRILOGY DOMINICANA.

TC/0351/14, numeral 17, m–n, pág. 60 — PDF oficial

18. Sobre las medidas precautorias

Resulta oportuno indicar que conjuntamente con el desarrollo de los motivos que sustentan el presente recurso de revisión, la recurrente ha solicitado a este tribunal adoptar medidas precautorias hasta que se conozca el fondo del recurso, para lo cual el Tribunal expone las siguientes consideraciones:

a. Para el Tribunal Constitucional la solicitud adopción de medidas precautorias presentada por la recurrente de manera conjunta con el recurso de revisión, carece de objeto en vista de que las motivaciones precedentemente expuestas conducen al rechazo de dicho recurso; por tanto, resulta innecesario su ponderación tal como ha sido apuntado en otras decisiones dictadas como la Sentencia TC/0120/13 del 4 de junio de 2013, reiterado en la Sentencia TC/006/14 del 14 de enero de 2014.

b. En tales circunstancias, el Tribunal entiende que la solicitud de medidas precautorias está indisolublemente ligada a la suerte del recurso de revisión con el que procesalmente coexiste, por lo que procede declarar su inadmisibilidad sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0351/14, numeral 18, a–b, pág. 61 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo interpuesto por la sociedad TRILOGY DOMINICANA, contra la Sentencia núm. 0151-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 1º de mayo de 2014.

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto el fondo el referido recurso, y en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia núm. 0151-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el 1º de mayo de 2014.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, sociedad TRILOGY DOMINICANA, a las partes recurridas, señor JOSÉ ARMANDO BERMÚDEZ, INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL), FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA, COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS (CLARO), ORANGE DOMINICANA y la Procuraduría General de la República.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de la referida Ley núm. 137-11. Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0351/14, del 23 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0351-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.