Sentencia TC/0135/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de mayo de 2020 · Expediente TC-01-2015-0014
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra el artículo 4 de la Ley núm. 36-65, sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego; la Ley núm. 801, que agrega un párrafo II al artículo 4 de la Ley núm. 25 que modificó la Ley núm. 36-65; y el párrafo VI del artículo 4 de la Resolución núm. 02-06, sobre disposiciones para la aplicación del control de armas de fuego, dictada por la Secretaría de Estado de Interior y Policía (actualmente Ministerio de Interior y Policía).
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Temas: Derecho de igualdad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0135/20?
El Tribunal reconoció la legitimación activa del accionante por ser dominicano y no constar en el expediente que estuviera privado del ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Aunque la Ley núm. 631-16 derogó las disposiciones impugnadas, el Tribunal examinó el fondo porque la nueva ley mantuvo la diferencia de trato cuestionada: reconocía al presidente, al vicepresidente, a los senadores y a los diputados el derecho de por vida, mientras limitaba a cinco años, contados desde el cese de funciones, el beneficio de los jueces y los miembros del Ministerio Público (TC/0135/20, numeral 7, 7.2–7.3, pág. 19; TC/0135/20, numeral 8, 8.2–8.3, pág. 21; TC/0135/20, numeral 8, 8.4–8.5, pág. 24).
La diferencia de trato vulnera el principio de igualdad y no supera el test de proporcionalidad. Los jueces y los miembros del Ministerio Público se encuentran en una situación comparable a la de los funcionarios beneficiados, pues el ejercicio de sus funciones también compromete su seguridad y la de sus familias. Que no sean elegidos por voto popular no justifica la distinción, ya que el beneficio responde a los riesgos propios de la función. El Tribunal precisó que el beneficio no exime del cumplimiento de la Ley núm. 631-16 ni implica que el Estado deba adquirir armas para los beneficiarios. Para adecuar la ley a la Constitución sin expulsar las disposiciones del ordenamiento, aplicó el artículo 47 de la Ley núm. 137-11 e interpretó de forma aditiva el párrafo I y de forma reductiva el párrafo III del artículo 16, ordinal 9, de la Ley núm. 631-16 (TC/0135/20, numeral 8, 8.6–8.7, pág. 24; TC/0135/20, numeral 8, 8.8–8.9, pág. 25; TC/0135/20, numeral 8, 8.10–9.2.3, pág. 26; TC/0135/20, numeral 8, 9.2.4–8.13, pág. 27; TC/0135/20, numeral 8, 8.14–8.15, pág. 28).
Decisión
Admite en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, convertida en acción contra el párrafo I del artículo 16, ordinal 9, de la Ley núm. 631-16, y la acoge en cuanto al fondo. Declara que la interpretación constitucional del párrafo I incluye a los jueces de los tribunales y a los miembros del Ministerio Público en el derecho vitalicio al porte y tenencia de armas de fuego, y que la del párrafo III mantiene el plazo de cinco años tras el cese de funciones para los funcionarios comprendidos en los literales e), g), i) y k) del ordinal 9.
Citas textuales clave
“el aspecto objeto de cuestionamiento se mantiene” (TC/0135/20, numeral 8, 8.4–8.5, pág. 24).
“El solo hecho de que los jueces y los integrantes del Ministerio Público no hayan sido elegidos por el voto popular no justifica el tratamiento diferente” (TC/0135/20, numeral 8, 8.6–8.7, pág. 24).
“dicho beneficio no libera del cumplimiento de lo establecido en la ley que regula la materia” (TC/0135/20, numeral 8, 8.8–8.9, pág. 25).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 2, 6, 7, 39 y 185.1.
Ley núm. 137-11: artículos 37 y 47.
Ley núm. 631-16: artículo 16, ordinal 9, párrafos I, II y III.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad del accionante
7.1. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad el artículo 185, numeral 1, de la Constitución de la República dispone: Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. De igual forma, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
7.2. En aplicación de los textos transcritos anteriormente, este tribunal constitucional es de criterio que (…) la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y, en consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este Tribunal, legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo. [Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019)]
7.3. En este sentido, el accionante, señor Cirilo de Jesús Guzmán López, tiene calidad para interponer la presente acción directa de inconstitucional, en razón de que es un nacional dominicano. Igualmente, consideramos que dicho señor se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía, ya que en el expediente no consta ningún documento que permita inferir lo contrario.
8. Sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad
8.1. En el presente caso, el punto litigioso consiste, según el accionante, en que las normas atacadas, [artículo 4 de la Ley núm. 36-65, sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego; la Ley núm. 801, que agrega un párrafo II al artículo 4 de la Ley núm. 25 que modificó la Ley núm. 36-65; y el párrafo VI del artículo 4 de la Resolución núm. 02-06, sobre disposiciones para la aplicación del control de armas de fuego, dictada por la Secretaría de Estado de Interior y Policía (actualmente Ministerio de Interior y Policía)], son violatorias del derecho de igualdad consagrado en la Constitución dominicana al otorgar el beneficio de licencia oficial de porte y tenencia de armas de fuego de manera ad vitam al presidente de la República, al vicepresidente y a los legisladores cuando cesan en sus funciones, dejando sin el indicado beneficio a los jueces y a los miembros del Ministerio Público.
8.2. Los textos que consagran el indicado beneficio son los siguientes: Ley núm. 36-65, sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego Art. 4- El Presidente y el Vicepresidente de la República tienen derecho absoluto al porte y tenencia de armas, sin ningún requisito. Párrafo.- Cuando estos funcionarios cesen en sus funciones gubernativas, tendrán derecho a portar o tener un arma. Ley núm. 801, que agrega un párrafo II al artículo 4 de la Ley núm. 25 que modificó la Ley núm. 36-65 PARRAFO II.- Cada miembro del Congreso Nacional al cesar en sus funciones por haber finalizado el periodo para el cual fue elegido será provisto, por parte de la Secretaria de Estado de Interior y Policía, de una licencia oficial para porte y tenencia de las armas que poseen en virtud del párrafo I de la presente Ley. Resolución núm. 02-06, sobre disposiciones para la aplicación del control de armas de fuego, dictada por la Secretaría de Estado de Interior y Policía (actualmente Ministerio de Interior y Policía) PARRAFO VI.- Corresponde a los legisladores y ex-legisladores licencia oficial ad-vitan, conforme disposiciones legales.
8.3. En este orden, lo primero que este tribunal constitucional debe verificar es la vigencia del referido texto legal en el ordenamiento jurídico dominicano; esto así, porque las normas objeto de la presente acción de inconstitucionalidad fueron derogadas por la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016). En este sentido, la nueva normativa establece lo siguiente: Artículo 16.- Clasificación de las licencias. Para los fines y efectos de la presente ley y su reglamento, las licencias se clasifican en las categorías siguientes: (…) 9) Licencias oficiales. Son aquellas autorizadas por el Ministerio de Interior y Policía (MIP) a:
a) Los ministros, viceministros y directores generales de la Administración Pública.
b) Los jueces de la Suprema Corte de Justicia y demás jueces del Poder Judicial.
c) Los jueces del Tribunal Constitucional.
d) Los jueces del Tribunal Superior Electoral.
e) Los miembros de la Junta Central Electoral.
f) Los jueces del Tribunal Superior Administrativo.
g) Los miembros de la Cámara de Cuentas.
h) Los miembros del Ministerio Público.
i) El Defensor del Pueblo y sus adjuntos.
j) Los gobernadores provinciales, los alcaldes y vicealcaldes municipales, los regidores, directores y vocales de las juntas de distritos municipales y los alcaldes pedáneos.
k) Los servidores públicos civiles que dentro de sus responsabilidades tengan el diseño, coordinación o ejecución de las políticas de seguridad o defensa de la nación, y
l) El personal adscrito al servicio de vigilancia penitenciaria Párrafo I.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores y los diputados tendrán derecho de por vida a portar armas, sin más requisito que su identificación y la identificación de las armas que registrarán en el Ministerio de Interior y Policía. Párrafo III.- Una vez los funcionarios acreditados para usar licencia oficial, según los literales b) al g), h), i) y k) del numeral 9), del presente artículo cesen en sus funciones disfrutarán del derecho durante los siguientes cinco (5) años.
8.4. Como se observa, la nueva normativa establece que los jueces y miembros del Ministerio Público gozarán del derecho de licencia oficial durante un periodo de cinco (5) años contado a partir del cese de funciones. Sin embargo, en relación con los presidentes, vicepresidentes, senadores y diputados, dicha normativa consagra el derecho a porte de por vida. En este sentido, del estudio de las disposiciones anteriores, hemos podido constatar que el aspecto objeto de cuestionamiento se mantiene, razón por la cual el tribunal procederá a analizar los alegatos que sirven de fundamento a la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa.
8.5. En el análisis de dichos argumentos advertimos que estos se sustentan en el principio de igualdad, principio que está previsto en el artículo 39 de la Constitución de la República, texto según el cual, Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes;
8.6. Este tribunal constitucional considera que los beneficios que el legislador ha concedido al presidente, vicepresidente, así como para sí mismo, se sustenta en que estos ejercieron funciones públicas de gran relevancia y, además, en su ejercicio pudieron haber tomado decisiones que comprometen su seguridad y la de su familia. Partiendo del fin perseguido por el legislador, consideramos que no incluir entre los beneficiarios de la norma a los jueces y miembros del Ministerio Público viola el principio de igualdad consagrado en el artículo anteriormente descrito, pues estos funcionarios públicos se encuentran en la misma situación que los anteriores, en la medida que ejercen funciones importantísimas para el mantenimiento de la paz social y el armónico desarrollo de la sociedad; además, comprometen su seguridad y la de su familia en el ejercicio de dicha funciones.
8.7. El solo hecho de que los jueces y los integrantes del Ministerio Público no hayan sido elegidos por el voto popular no justifica el tratamiento diferente, pues la protección que se pretende garantizar a través de la facilidad que se contempla en la ley objeto de la acción en inconstitucionalidad que nos ocupa, ha sido consagrada tomando en cuenta los riegos que derivan del ejercicio de la función.
8.8. En cuanto al alegato del Ministerio de Interior y Policía relativo a que la (…) no regulación del porte y tenencia de armas supone un peligro para la seguridad nacional, este tribunal deja constancia de que el hecho de que los funcionarios arriba indicados gocen del beneficio de una licencia de porte y tenencia de armas de fuego, una vez cesen en sus funciones, no implica que esta no se encuentre condicionada para su mantenimiento al cumplimiento de las prerrogativas y requisitos establecidos por la Ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), ya que el quebrantamiento o inobservancia de sus normas permitirá al ente encargado de verificar su cumplimiento, Ministerio de Interior y Policía, cancelar la referida licencia de porte y tenencia de armas de fuego. En este sentido, dicho beneficio no libera del cumplimiento de lo establecido en la ley que regula la materia.
8.9. En este orden, cabe destacar que el párrafo II del artículo 16 de la referida Ley núm. 631-16 se establece lo siguiente: Párrafo II.- Los derechos a los que se refieren los párrafos anteriores serán suspendidos de manera automática por sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por condena de una infracción aflictiva o infamante o al imponerse medidas de coerción por violencia doméstica, intrafamiliar o de género.
8.10. Por otra parte, el Ministerio de Interior y Policía sostiene que el Estado dominicano tendría que comprar innumerables armas de fuego para otorgarlas a los funcionarios beneficiados, representando un perjuicio económico para el país. Respecto de este alegato, el Tribunal advierte que el beneficio que reclama el accionante para los miembros del Ministerio Público y los jueces se circunscribe al mantenimiento de las licencias de porte y tenencia de armas de fuego, no al otorgamiento de estas últimas, las cuales deben ser adquiridas por los interesados.
8.11. En este orden, ha quedado demostrado que la norma cuestionada no supera el test de proporcionalidad que desarrolló este tribunal constitucional en la sentencia TC/0033/12. En esta sentencia se estableció lo siguiente:
9.2.3. El test de igualdad, concebido por la jurisprudencia colombiana, resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede el principio de igualdad, siendo sus elementos fundamentales los siguientes: • Determinar si la situación de los sujetos bajo revisión son similares. • Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. • Destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.
9.2.4. En el caso ocurrente, se trata de sujetos bajo una situación similar, es decir tanto el dominicano residente en el país, como el dominicano residente en el extranjero, tendrían la condición de herederos para tributar el referido impuesto sucesoral. En cuanto a la adecuación e idoneidad del trato diferenciado, no parece existir razón jurídica, proporcional y razonable alguna que justifique convincentemente el hecho de que un sucesor o causahabiente dominicano que resida en el extranjero deba pagar un 50% más del valor del impuesto sucesoral que paga un dominicano residente en el país.”
8.12. En virtud de las motivaciones anteriores, este tribunal constitucional considera procedente dictar una sentencia interpretativa aditiva respecto del artículo 16, ordinal 9, párrafo I, de la referida ley núm. 631-16 y una sentencia interpretativa reductiva en relación al artículo 16, ordinal 9, párrafo I, de la misma ley, con la finalidad de adecuar dichas normativas a la Constitución, garantizando, de esta forma, la permanencia en el ordenamiento jurídico de las referidas disposiciones.; en aplicación del artículo 47 de la Ley núm. 137-11.
8.13. La facultad que tiene el Tribunal Constitucional para dictar sentencias interpretativas está prevista en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11, cuyo contenido es el siguiente: El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados.
8.14. En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que para que el artículo 16, ordinal 9, párrafo I de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), sea conforme con la Constitución debe tener el contenido siguiente: Párrafo I.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores los diputados, los jueces de todos los tribunales y los miembros del Ministerio Público tendrán derecho de por vida al porte y tenencia de armas de fuego, sin más requisito que su identificación y la identificación de las armas que registrarán en el Ministerio de Interior y Policía.
8.15. Mientras que el contenido que en lo adelante tendrá el artículo 16, ordinal 9, párrafo III de la referida ley núm. 631-16, es el siguiente: Párrafo III.- Una vez los funcionarios acreditados para usar licencia oficial, según los literales e) g), i) y k) del numeral 9), del indicado artículo 16 cesen en sus funciones disfrutarán del derecho durante los siguientes cinco (5) años. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados José Alejandro Ayuso, Ana Isabel Bonilla Hernández y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Cirilo de Jesús Guzmán López contra el artículo 4 de la Ley núm. 36-65, sobre Porte y Tenencia de Armas de fuego; la Ley núm. 801 que agrega un párrafo II al artículo 4 de la Ley núm. 25 que modificó la Ley núm. 36-65; y el párrafo VI del artículo 4 de la Resolución núm. 02-06, sobre disposiciones para la aplicación del control de armas de fuego, dictada por la Secretaría de Estado de Interior y Policía (actualmente Ministerio de Interior y Policía), convertida en acción en contra del párrafo I de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), que derogó las disposiciones, por ser la norma que conserva la disposición objeto de inconstitucionalidad.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARAR A) que la interpretación constitucional del párrafo I, ordinal 9, artículo 16 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016), es la siguiente: Párrafo I.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los jueces de los tribunales y los miembros del Ministerio Público tendrán derecho de por vida al porte y tenencia una arma de fuegos, sin más requisito que su identificación y la identificación de las armas que registrarán en el Ministerio de Interior y Policía. B) que la interpretación constitucional del párrafo III, ordinal 9 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, del dos (2) de agosto de dos mil dieciséis (2016) es la siguiente: Párrafo III.- Una vez los funcionarios acreditados para usar licencia oficial, según los literales e) g), i) y k) del numeral 9), del indicado artículo 16 cesen en sus funciones disfrutarán del derecho durante los siguientes cinco (5) años.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, señor Cirilo de Jesús Guzmán López; a la Procuraduría General de la República; al Ministerio de Interior y Policía; a la Cámara de Diputados y al Senado de la República.
CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0135/20, del 13 de mayo de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0135-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.