Sentencia TC/0164/16

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de mayo de 2016 · Expediente TC-04-2014-0252

recurso de revisión constitucional incoado por Víctor José Artiles Acosta contra la Resolución núm. 2633-2014, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0164/16?

El Tribunal Constitucional consideró admisible la revisión porque la decisión impugnada adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de 2010, la vulneración fue invocada formalmente, se agotaron los recursos disponibles y la violación alegada era directamente imputable al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Reconoció especial trascendencia constitucional al caso porque permitía ampliar el alcance del derecho a recurrir ante un tribunal superior como garantía de la tutela judicial efectiva y del debido proceso (TC/0164/16, numeral 9, a–c, pág. 9; TC/0164/16, numeral 9, d–f, pág. 10; TC/0164/16, numeral 9, g–h, pág. 11).

Las causales del artículo 426 del Código Procesal Penal no son concurrentes: basta que se configure una para conocer el recurso de casación. La condena a treinta años de prisión satisfacía la causal del numeral 1, por lo que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debía admitir el recurso y examinar si se había aplicado correctamente el derecho. Al declararlo inadmisible sin explicar por qué descartaba esa causal, vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva. La resolución fue además incongruente porque valoró la motivación de la sentencia de apelación, un aspecto de fondo, pese a declarar inadmisible el recurso (TC/0164/16, numeral 10, j–k, pág. 15; TC/0164/16, numeral 10, l–m, pág. 15; TC/0164/16, numeral 10, n–o, pág. 16; TC/0164/16, numeral 10, p, pág. 17).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional; en consecuencia, anula la Resolución núm. 2633-2014. Ordena remitir el expediente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia para que conozca el recurso de casación contra la Sentencia núm. 362-2013 y declara el proceso libre de costas.

Citas textuales clave

“Para este tribunal los requisitos que establece el artículo 426, no son concurrentes, es decir, que no es obligatorio que se encuentren presentes todos y cada uno de los requisitos, sino que es suficiente con que se configure uno de ellos para que se conozca el caso, como en el que nos ocupa, en donde el recurrente fue condenado a una pena de 30 años de prisión.” (TC/0164/16, numeral 10, l–m, pág. 15)
“Este tribunal ha podido comprobar que con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación de la parte recurrente por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin analizar que en el mismo se encontraba presente una de las causales exigidas por el artículo 426 del Código Procesal Penal, se configuró la violación al artículo 69 de la Constitución de la República, relativo al debido proceso de ley y a la tutela judicial efectiva.” (TC/0164/16, numeral 10, n–o, pág. 16)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69, numerales 4, 9 y 10, y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 y 54, numerales 5, 7 y 10.

Código Procesal Penal: artículo 426, en particular su numeral 1.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0038/2012, TC/0217/13, TC/0077/14 y TC/0503/15 (también citada como TC/0503/2015).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En el presente caso, el señor Víctor José Artiles Acosta fue sometido a la acción de la justicia, por violación a los artículos 5, literal a, 28, 60 y 75, párrafo II de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. A tal efecto el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a través de la Sentencia núm. 178-2010, le impuso una pena de 30 años de prisión. Esta sentencia fue apelada ante la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, que mediante la Sentencia núm. 37-2011, redujo la pena a 10 años de prisión. El Ministerio Público recurrió en casación esta decisión y la Suprema Corte de Justicia la casó con envío ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, que emitió la Sentencia núm. 362-2013, mediante la que impuso una pena de 30 años de prisión. El recurrente, no conforme con esta decisión, interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que emitió la Sentencia núm. 2633, objeto del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional ante este tribunal.

TC/0164/16, numeral 7, pág. 8 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

a) Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la referida ley núm. 137- 11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, en la Sentencia TC/0038/2012, del 13 de septiembre de 2012, se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.

b) El recurso de revisión constitucional procede, según lo establecen el artículo 277 de la Constitución y el 53 de la referida ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el 26 de junio de 2014.

c) De acuerdo con lo que dispone el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

TC/0164/16, numeral 9, a–c, pág. 9 — PDF oficial

d) En el presente caso, el recurso se fundamenta en la violación al derecho a recurrir que le asiste a las partes en el proceso, es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 53, el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.

b) Que se hayan agotado todos 1os recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión de1 órgano jurisdiccional, con independencia de 1os hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

e) Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se exige la especial transcendencia o relevancia constitucional, según dispone el párrafo del mencionado artículo 53. En el mismo texto se pone a cargo del tribunal la obligación de motivar la decisión.

f) En relación con los literales del artículo 53, en el presente caso se cumple el literal a), toda vez que la parte recurrente invocó formalmente la vulneración del derecho que le ocasiona la sentencia recurrida. En cuanto al literal b), en efecto, se comprueba que se agotaron todos los recursos disponibles para atacar las sentencias emitidas en el marco del proceso, ya que la sentencia que se recurre fue emitida en casación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Referente al literal c), la argüida violación a derechos fundamentales que hace la parte recurrente es imputable directamente al tribunal que dictó la sentencia recurrida, es decir, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

TC/0164/16, numeral 9, d–f, pág. 10 — PDF oficial

g) Luego de verificar la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad del recurso, es necesario ponderar la especial trascendencia o relevancia constitucional del presente caso.

h) En este caso, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional porque le permitirá ampliar el criterio sobre la garantía de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, a cargo de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, la especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo permitirá a este tribunal seguir ampliando el alcance del derecho a recurrir ante un tribunal superior, consignado en el artículo 69.10 de la Constitución y el artículo 8, literal h, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que procede declarar la admisibilidad del recurso y examinar su fondo.

TC/0164/16, numeral 9, g–h, pág. 11 — PDF oficial

10. El fondo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional

a) En el presente caso, el señor Víctor José Artiles Acosta fue sometido a la acción de la justicia por violación a los artículos 5, literal a, 28, 60 y 75, párrafo II de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. A tal efecto, en primera instancia se le impuso una pena de 30 años de prisión, condena que fue apelada por el recurrente, en donde la Corte de Apelación le impuso una pena de 10 años de prisión. Esta sentencia fue recurrida en casación ante la Suprema Corte de Justicia por el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la que casó con envío dicho recurso, el cual fue decidido por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, que impuso una pena al recurrente de 30 años de prisión. Ante su inconformidad, éste incoó un recurso de casación que fue decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia al declararlo inadmisible.

b) La Sentencia núm. 2633, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), declaró inadmisible el segundo recurso de casación, fundamentándose esencialmente en lo siguiente: Que, según resulta de las motivaciones consignadas en lo que antecede de esta sentencia, en el caso no están presentes ninguna de las causales previstas en el citado Artículo 426 del Código Procesal Penal; 1 en consecuencia, procede declarar inadmisible el recurso de casación de que se trata.

c) El recurrente en revisión constitucional de decisión jurisdiccional, contra la Sentencia núm. 2633, argumenta que la misma le vulnera el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, por lo que pretende la anulación de la resolución recurrida y que se ordene el envío del expediente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia a fin de que se conozca nuevamente el caso. 1 Subrayado del Tribunal Constitucional

TC/0164/16, numeral 10, a–c, pág. 12 — PDF oficial

d) En el marco del recurso de revisión que ocupa la atención del Tribunal Constitucional, al analizar la decisión de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, advierte que el fallo se fundamenta en que del examen del expediente de que se trata, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia han podido determinar que en el caso se está en presencia de un segundo recurso de casación contra una sentencia que si bien fue dictada por una Corte de Apelación y pone fin al proceso, en la misma objetivamente no se verifican ningunas de las causales o motivos que den lugar a los recursos de que se tratan, las cuales están previstas en el citado Artículo 426 del Código Procesal Penal”. 2

e) El artículo 426 del Código Procesal Penal, establece: El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1) Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años. 2) Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3) Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. 4) Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión. 2 Negritas y subrayado del Tribunal Constitucional.

f) En la lectura del numeral 1, del citado artículo, se observa en forma objetiva que en el presente caso está presente el requisito de que la sentencia a recurrir impuso una pena mayor de diez años (30 años).

g) Con relación al alegato de vulneración al debido proceso que hace el recurrente por la declaratoria de inadmisibilidad al recurso de casación en virtud del artículo 426.1 del Código Procesal Penal, este tribunal considera que:

TC/0164/16, numeral 10, d–g, pág. 13 — PDF oficial

h) Con relación al debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, la Constitución dominicana establece en su artículo 69.4, 9 y 10 lo siguiente: Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…) 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 9) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

i) El Tribunal Constitucional, en el marco del conocimiento de un recurso de revisión en materia de amparo, estableció en su Sentencia TC/0217/13, del 22 de noviembre de 2013, página 24, literal y), el siguiente criterio en relación con el debido proceso, aplicable a este caso aún tratándose de un recurso de revisión jurisdiccional:

y) El debido proceso, que se encuentra configurado en el ordenamiento constitucional dominicano, está contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prescribiendo que: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter (…)”.

TC/0164/16, numeral 10, h–y, pág. 14 — PDF oficial

j) Al analizar lo establecido por la Constitución respecto del debido proceso y la tutela judicial efectiva, así como lo que prevé el artículo 426 del Código Procesal Penal, contrario a lo decidido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional considera que el recurso de casación era admisible, en razón de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a través de la Sentencia núm. 362-2013, había condenado al recurrente, señor Víctor José Artilles Acosta, a 30 años de prisión.

k) En este contexto, este tribunal considera que en el caso que nos ocupa se encontraba presente una de las causales exigidas por el artículo 426, numeral 1, del Código Procesal Penal, es decir, que el recurrente había sido condenado a una pena mayor de 10 años de reclusión, por lo que este tribunal considera que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia estaba en el deber de declarar admisible el recurso presentado y analizar si en el caso había sido bien o mal aplicado el derecho, es decir, si la jurisdicción que conoció del mismo había subsumido los hechos en el derecho al momento de emitir su decisión, a fin de preservar el derecho del recurrente al debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva con respeto al derecho a recurrir y al derecho de defensa que le asistía al recurrente.

TC/0164/16, numeral 10, j–k, pág. 15 — PDF oficial

l) En el caso que nos ocupa, este tribunal considera que la argumentación dada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia para declarar inadmisible el recurso de casación presentado por el recurrente no es clara, ya que no explica por qué ella consideró que a pesar de que en el caso que se le presentó en casación se encontraba presente uno de los requisitos para conocer dicho recurso, decidió no hacerlo. Para este tribunal los requisitos que establece el artículo 426, no son concurrentes, es decir, que no es obligatorio que se encuentren presentes todos y cada uno de los requisitos, sino que es suficiente con que se configure uno de ellos para que se conozca el caso, como en el que nos ocupa, en donde el recurrente fue condenado a una pena de 30 años de prisión.

m) En este sentido este tribunal estableció en su Sentencia TC/0077/14, del 1 de mayo de 2014, página 14, que: El Tribunal Constitucional estima que del examen de la indicada resolución núm. 3407-2010 se desprende que su texto no explica cabalmente los motivos que indujeron a la Suprema Corte de Justicia a considerar como no tipificados los supuestos previstos en el precitado artículo 426 del Código Procesal Penal (…).

TC/0164/16, numeral 10, l–m, pág. 15 — PDF oficial

n) De igual forma se pronunció este tribunal en su Sentencia TC/0503/15, del 10 de noviembre de 2015, página 15, punto 10.5, (…) Segundo: al tratar de justificar la inadmisibilidad en la motivación de su fallo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia estableció que “no se infiere que estemos en presencia de ninguna de las causales del artículo 426 del Código Procesal Penal, que den lugar a la admisibilidad del presente recurso”, obviando que los imputados Juan Carlos Adames Martínez y Gilber Moreta Rosario habían sido condenados a treinta (30) y diez (10) años de prisión respectivamente, por lo la Suprema Corte de Justicia podía admitir el recurso de casación incoado, en base a la causal establecida por el numeral 1) del artículo 426 del Código Procesal Penal, que dispone que la casación procede, exclusivamente, en los siguientes casos: “Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años.

o) Este tribunal ha podido comprobar que con la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de casación de la parte recurrente por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin analizar que en el mismo se encontraba presente una de las causales exigidas por el artículo 426 del Código Procesal Penal, se configuró la violación al artículo 69 de la Constitución de la República, relativo al debido proceso de ley y a la tutela judicial efectiva.

TC/0164/16, numeral 10, n–o, pág. 16 — PDF oficial

p) Por otro lado, este tribunal pudo comprobar además, que la sentencia recurrida incurre en el error de expresarse en uno de sus considerandos a aspectos que conciernen al fondo del recurso, cuando establece que la corte a-qua hizo una debida motivación en cada uno de los puntos decididos, con lo que se puede apreciar que la Suprema Corte de Justicia, sí analizó la sentencia sometida en casación y luego declaró la inadmisibilidad del recurso, de lo que se colige que la sentencia recurrida presenta incongruencia. En este mismo sentido se pronunció este tribunal en la sentencia ya citada, TC/0503/2015, del 10 de noviembre de 2015, página 15, punto 10.4, cuando expresó: El análisis de la resolución impugnada permite apreciar que mediante una misma decisión se declara la inadmisibilidad del recurso de casación y, además, se hace referencia a aspectos concernientes al fondo del recurso, emitiendo juicios valorativos de la actuación de la corte a quo, que por vía de consecuencia, debían llevar a una decisión sobre los alegatos de fondo planteados por los recurrentes y no a una inadmisibilidad del recurso.

TC/0164/16, numeral 10, p, pág. 17 — PDF oficial

q) En conclusión, luego del análisis del caso, este tribunal procede a acoger el recurso de revisión de decisión jurisdiccional, anular la sentencia y enviar el caso ante la Suprema Corte de Justicia nuevamente, con la finalidad de que el caso sea fallado con estricto respeto a la Constitución, en aplicación de lo que establece el artículo 54.10 de la referida ley núm. 137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Jottin Cury David y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0164/16, numeral 10, q, pág. 17 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Víctor José Artiles Acosta contra la Resolución núm. 2633-2014, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior, y, en consecuencia, ANULAR la referida resolución núm. 2633-2014, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014).

TERCERO: ORDENAR el envío del referido expediente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para que se cumpla la preceptiva establecida en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), con la finalidad de que conozca el recurso de casación interpuesto por el señor Víctor José Artilles contra la Sentencia núm. 362-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013).

CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR la remisión del presente expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia para que esta a su vez lo envíe al Pleno de ese alto tribunal, para los fines de lugar.

SEXTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Víctor José Artiles Acosta y al procurador general de la República.

SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0164/16, del 9 de mayo de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0164-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.