Sentencia TC/0217/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de noviembre de 2013 · Expediente TC-05-2011-0001

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, interpuesto por Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, contra la Sentencia núm. 077-2011, dictada el seis (6) del mes de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la dignidad humana

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0217/13?

El recurso se interpuso dentro del plazo franco de cinco días del artículo 95 de la Ley núm. 137-11, que excluye los días no laborables y el primero y el último del plazo. La degradación de los servidores planteaba una cuestión de especial trascendencia constitucional por los derechos fundamentales comprometidos. Para declarar inadmisible un amparo con arreglo al artículo 70.1 de esa ley, el juez debe identificar la vía judicial alternativa y explicar por qué es eficaz para proteger el derecho invocado. La sentencia recurrida rechazó la acción sin identificar esa vía ni justificar su eficacia. Como en este caso no había una vía más eficaz que el amparo, procedía revocar la sentencia y examinar el fondo de la acción (TC/0217/13, numeral 9, c–a, pág. 14; TC/0217/13, numeral 9, b–d, pág. 15; TC/0217/13, numeral 10, e–70.1, pág. 17; TC/0217/13, numeral 10, h–k, pág. 18).

El Ministerio de Educación vulneró la dignidad de los recurrentes y la estabilidad laboral protegida por la carrera docente al degradarlos de técnicos docentes nacionales a distritales. La degradación, motivada por razones de opinión filosófica o personal, también vulneró la prohibición de discriminación laboral. Al adoptarla sin oír a los afectados ni permitirles defenderse en un procedimiento oral y contradictorio, el Ministerio lesionó su derecho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Comprobadas esas vulneraciones, procedía restituirlos en sus cargos e imponer de oficio una astreinte para asegurar la ejecución, como sanción pecuniaria y no como indemnización (TC/0217/13, numeral 10, m–o, pág. 20; TC/0217/13, numeral 10, p–q, pág. 21; TC/0217/13, numeral 10, u–x, pág. 23; TC/0217/13, numeral 10, y–bb, pág. 24; TC/0217/13, numeral 10, y–dd, pág. 25; TC/0217/13, numeral 10, ee, pág. 26; TC/0217/13, numeral 10, ff, pág. 26).

Decisión

Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión de amparo y revoca por falta de fundamentación la Sentencia núm. 077-2011. Ordena al Ministerio de Educación restituir a los recurrentes como técnicos docentes nacionales, con sus calidades, atributos y derechos adquiridos, y pagarles los salarios dejados de percibir desde la degradación hasta la reintegración, todo en un plazo máximo de 45 días desde la notificación; impone al Ministerio una astreinte de RD$1,000.00 por cada día de retardo a favor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“El ejercicio de la facultad de inadmisión contemplada en el referido artículo 70.1 de la Ley Núm. 137-11 se encuentra supeditada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador.” (TC/0217/13, numeral 10, e–70.1, pág. 17).
“Al Ministerio de Educación degradar a los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar atentó contra la estabilidad laboral de los recurrentes, violando consigo el principio constitucional que instituye la carrera docente.” (TC/0217/13, numeral 10, u–x, pág. 23).
“Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) degradar a los recurrentes sin ser oídos, sin un juicio público en el que se debaten oral y contradictoriamente los alegatos de las partes, vulnera el derecho de defensa, y por consiguiente el debido proceso y la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta Sustantiva.” (TC/0217/13, numeral 10, y–dd, pág. 25).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 5, 7, 8, 38, 39, 62.5, 63.5, 68, 69.2, 69.3, 69.10, 72 in fine y 74.3.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 7.11, 66, 70.1, 94, 95 y 100.

Ley General de Educación núm. 66-97: artículo 135.

Convención Americana sobre Derechos Humanos: artículo 8.1.

Reglamento del Estatuto Docente (Decreto núm. 639-03): artículo 93.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0021/2012, TC/0048/2012 (también citada como TC/0048/12) y C-521-98 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. Los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar fueron trasladados y degradados de sus puestos de trabajo como servidores en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que procedieron a interponer una acción de amparo ante la Segunda Sala de Tribunal Superior Administrativo, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, a la educación y a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Dicha acción fue rechazada, por lo que procedieron a interponer el presente recurso de revisión.

TC/0217/13, numeral 7, 7.1, pág. 12 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

9.1. Previo a determinar la admisibilidad del presente recurso, el Tribunal Constitucional procederá a contestar el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida. Dicho medio de inadmisión será rechazado por las razones siguientes:

a. La Procuraduría General Administrativa, mediante su escrito de defensa depositado en fecha veinticinco (25) de julio de dos mil once (2011), solicita a este tribunal lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE el presente recurso de revisión y revocación de sentencia interpuesto por los señores BERNARDINO ADAMES DÍAZ y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR, contra la Sentencia núm. 077-2011, pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo en fecha 6 de Julio del año 2011, por estar éste fuera de plazo, o sea, por extemporáneo y porque el recurso de revisión no cumple con los requisitos de admisibilidad conforme lo establece el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

b. Como se desprende de las pruebas documentales aportadas al Tribunal, la sentencia objeto del presente recurso de revisión le fue notificada a la parte accionante, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, en fecha siete (7) de julio de dos mil once (2011); sin embargo, el recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto para el día quince (15) de julio de dos mil once (2011), es decir, ocho (8) días después de la notificación de la sentencia recurrida.

TC/0217/13, numeral 9, 9.1–b, pág. 13 — PDF oficial

c. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 establece que el recurso de revisión de una sentencia de amparo debe interponerse por ante la Secretaría del tribunal que emitió la decisión en el plazo de cinco días contados a partir de la fecha de notificación. El Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), interpretando el referido artículo 95, estableció que el plazo establecido en el citado texto legal “es franco, es decir no se le computan los días no laborables ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia””

d. A los recurrentes les fue notificada la Sentencia núm. 077-2011, el jueves siete (7) de julio de dos mil once (2011), día no computable por ser el primer día franco, e interpusieron el recurso de revisión de la misma el día viernes quince (15) de julio de dos mil once (2011), día no computable por ser el último del plazo franco, al igual que no se computan los días sábado nueve (9) y domingo diez (10), por lo que transcurrieron cinco (5) días, plazo fijado en la Ley Orgánica del Tribunal, quedando claro que los recurrentes actuaron dentro del plazo establecido para interponer el recurso de revisión contra una sentencia de amparo, por lo que procede rechazar el medio de inadmisión presentado por la parte recurrida, sin la necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta sentencia.

9.2. Antes de conocer el fondo del presente recurso en revisión de amparo, procede determinar la admisibilidad del mismo. En ese sentido, este tribunal estima que dicho recurso resulta admisible, por las razones siguientes:

a. En virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, este tribunal constitucional está facultado para conocer de la revisión de las decisiones emitidas por el juez de amparo.

TC/0217/13, numeral 9, c–a, pág. 14 — PDF oficial

b. El presente recurso de revisión cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. El referido artículo establece Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.

c. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, definida como tal por este tribunal mediante la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que se aprecia un conflicto que involucra derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Sustantiva, como son la tutela judicial efectiva y debido proceso, derecho al trabajo, no discriminación y la dignidad humana, concretamente al proceso de degradación de un servidor por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo.

TC/0217/13, numeral 9, b–d, pág. 15 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión de amparo

10.1. En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:

a. De la documentación depositada y de los alegatos vertidos por las partes en el presente proceso, se desprende que los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar fueron trasladados y degradados de sus respectivos puestos de trabajo como empleados en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, por lo que procedieron a interponer una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, alegando que con el referido traslado y degradación se les vulneró los derechos fundamentales del debido proceso y la tutela judicial efectiva, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y la dignidad humana.

b. Constituye un hecho no controvertido que los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar se desempeñaban como técnicos docentes a nivel nacional del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y que los mismos fueron degradados a técnicos docentes distritales.

TC/0217/13, numeral 10, 10.1–b, pág. 16 — PDF oficial

c. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha seis (6) de de julio de dos mil once (2011), mediante la Sentencia núm. 077-2011, rechazó la acción de amparo interpuesta por los hoy recurrentes, por ser notoriamente improcedente, señalando en su página 13: Que en la especie, se ha podido comprobar que la parte accionante tenía otros remedios a su alcance para constreñir a la parte accionada a cumplir con el acuerdo concertado, por lo que al ser el amparo una acción extraordinaria para la protección de derechos fundamentales, que solo debe imponerse cuando el sistema jurídico vigente no contemple otras soluciones, la solución vía el amparo no es la indicada, en consecuencia, este tribunal procede a rechazar la acción de amparo interpuesta por los señores BERNARDINO ADAMES DÍAZ y RAFAELA ARGENTINA MARTÍNEZ ALMÁNZAR de fecha 09 de agosto del 2010, contra el Estado Dominicano, el Ministerio de Educación y el Lic. Melanio Paredes, por ser notoriamente improcedente. (sic)

d. Con la finalidad de que sea revisada la Sentencia núm. 077-2011, los recurrentes Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, amparándose en el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, interpusieron el recurso que hoy nos ocupa, alegando que le fueron vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al trabajo, a la educación, a la tutela judicial efectiva y debido proceso y violación a la fase administrativa.

TC/0217/13, numeral 10, c–d, pág. 17 — PDF oficial

e. Al rechazar la acción de amparo utilizando el argumento de que la parte accionante tenía otros medios a su alcance para imponer a la parte accionada el cumplimiento de un acuerdo concertado, sin indicar cuáles son los medios disponibles, el tribunal de amparo incurrió en un error procesal. En efecto, dado que el artículo 70 de la Ley núm. 137-11 establece que el juez apoderado de una acción de amparo, luego de instruido un proceso puede dictar sentencia declarando la inadmisibilidad de la acción cuando existen otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, dicho tribunal debió declarar su inadmisibilidad en lugar de rechazar la acción, y señalar la vía más efectiva para tutelar los derechos vulnerados.

f. Este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0021/2012, del 21 de junio de 2012 (página 10, párrafo 11, literal c), asentó el precedente que corresponde al juez de amparo indicar la vía más efectiva a disposición del accionante para poder declarar inadmisible la acción de amparo bajo el supuesto del artículo 70 numeral 1 de la Ley núm. 137-11.

g. El ejercicio de la facultad de inadmisión contemplada en el referido artículo

70.1 de la Ley Núm. 137-11 se encuentra supeditada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador. En el caso de la especie, el tribunal de amparo no indició cuál era la vía más efectiva prevista ni indicó los motivos, por lo que la sentencia recurrida adolece de motivación en el aspecto examinado.

TC/0217/13, numeral 10, e–70.1, pág. 17 — PDF oficial

h. De igual manera, este tribunal constitucional entiende que la acción de amparo es la vía más idónea que tiene toda persona para tutelar los derechos fundamentales vulnerados, por lo que no existe otra vía más eficaz para tutelar los derechos fundamentales que reclaman los recurrentes. En consecuencia, procede revocar la Sentencia No. 077-2011, dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011) por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

i. Revocada la sentencia objeto del presente recurso, este tribunal constitucional procederá de forma detallada a analizar los argumentos vertidos por las partes en litis y examinar el fondo de la acción.

j. Los recurrentes en amparo manifiestan que al ser degradados de sus puestos de técnicos docentes nacionales a técnicos docentes distritales del Ministerio de Educación de la República Dominicana, se le ha vulnerado el derecho fundamental a su dignidad puesto que “la degradación atenta contra la dignidad humana y como humillación (discriminación) del ser humano es condenada por la Constitución de la República”.

k. Respecto a la dignidad humana, el artículo 38 de la Constitución, establece: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos.”

TC/0217/13, numeral 10, h–k, pág. 18 — PDF oficial

l. Del estudio combinado de los artículos 5, 7 y 8 de la Ley Sustantiva se desprende que el respeto a la dignidad humana es una función esencial en la que se fundamenta la Constitución y el Estado social y democrático de derecho en República Dominicana. Una decisión similar asumió la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia C-521-98, cuando señaló: El reconocimiento superior de la dignidad como principio fundante de nuestro ordenamiento constitucional, exige un trato especial para el individuo, de tal forma que la persona se constituye en un fin para el Estado que vincula y legitima a todos los poderes públicos, en especial al juez, que en su función hermenéutica debe convertir este principio en un parámetro interpretativo de todas las normas del ordenamiento jurídico. De lo expuesto fluye que cuando el Estado, independientemente de cualquier consideración histórica, cultural, política o social, establece normas sustanciales o procedimentales dirigidas a regular las libertades, derechos o deberes del individuo, sin tener presente el valor superior de la dignidad humana, serán regulaciones lógica y sociológicamente inadecuadas a la índole de la condición personal del ser humano y, por contera, contrarias a la Constitución, en la medida en que se afectarían igualmente los derechos fundamentales, dado que éstos constituyen condiciones mínimas para la vida digna" del ser humano; en efecto, cuando se alude a los derechos fundamentales se hace referencia a aquéllos valores que son ajenos a la dignidad humana.

TC/0217/13, numeral 10, l, pág. 19 — PDF oficial

m. Para este tribunal, la degradación laboral consiste en colocar en una posición inferior a una persona que ostenta un grado superior en una institución o empresa en la que se desempeña como empleado; ésta atenta contra el respeto a la dignidad humana (que es una función esencial en la que se fundamenta nuestra norma suprema y el Estado social y democrático de derecho en República Dominicana), más que la separación misma del servidor o empleado.

n. Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) degradar del puesto de técnicos docentes nacionales que desempeñaban los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar a técnicos docentes distritales, violó la dignidad de los recurrentes, que es “sagrada, innata e inviolable”, de conformidad con el artículo 38 de la Carta Magna y que es responsabilidad de todos los poderes públicos, respetarla y protegerla.

o. Otro de los argumentos utilizados por los recurrentes, es la violación al principio fundamental de no discriminación, cuando afirma : Al MINERD degradar injustamente a los concurrentes, el sólo hecho de la degradación constituye en sí un acto de discriminación, de marginalidad y exclusión (…) Con la degradación los Señores Adames y Martínez, a pesar de que son empleados de carrera docente; protegida su estabilidad laboral por la Ley 41-08 y poseer títulos de maestrías en sus áreas de desempeño, han sido discriminados por razones de opinión filosófica y/o personal, como lo consigna el artículo referido

TC/0217/13, numeral 10, m–o, pág. 20 — PDF oficial

p. La Constitución condena todo tipo de discriminación cuando consagra en su artículo 39 que Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o persona (…) y especialmente la discriminación laboral en el artículo

62.5 de la Carta Magna, al establecer que “se prohíbe toda clase de discriminación para acceder al empleo o durante la prestación del servicio, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de proteger al trabajador o trabajadora”.

q. Al momento de ser degradados los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar de sus puestos laborales, motivado en las razones de opinión filosófica y/o personal, argumento este que no fue atacado en el escrito de defensa de la parte recurrida, el Ministerio de Educación incurrió en violación al principio constitucional de no discriminación laboral.

TC/0217/13, numeral 10, p–q, pág. 21 — PDF oficial

r. En su escrito de revisión, los recurrentes alegan que se les violentó el derecho fundamental a la educación y a la carrera docente. Al respecto, la Constitución de la República otorga rango constitucional a la educación y a la carrera docente, en su artículo 63 numeral 5, en los siguientes términos: Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. En consecuencia: (…) 5) El Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la Nación dominicana y, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad y dignificación de los docentes.

s. La Ley General de Educación núm. 66-97, en su artículo 135, define la carrera docente, como (…) la vinculación del servidor de la educación al conjunto de disposiciones organizativas y legales que regulan el ingreso, la permanencia, la promoción y el retiro de los docentes durante su ejercicio profesional; así como sus deberes y sus derechos laborales. La Carrera Docente comprende también el conjunto de disposiciones atinentes a la clasificación y valoración de cargos, el reclutamiento, la selección, el nombramiento de personal, la estabilidad, promoción y evaluación del personal, que brinden a la educación los mejores recursos humanos.

t. A tales fines, el Poder Ejecutivo emitió, en fecha veintiséis (26) de junio de año dos mil tres (2003), el Decreto núm. 639-03, mediante el cual se instituye el Reglamento del Estatuto Docente, cuyo objetivo principal consiste en facilitar la aplicación de todo lo relativo a esta materia.

TC/0217/13, numeral 10, r–t, pág. 22 — PDF oficial

u. Al Ministerio de Educación degradar a los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar atentó contra la estabilidad laboral de los recurrentes, violando consigo el principio constitucional que instituye la carrera docente.

v. De igual manera, los recurrentes alegan que les ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en virtud de que no fueron oídas, ni se presumió su inocencia al momento de ser degradados.

w. El artículo 68 de la Constitución de la República Dominicana garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley.

x. El artículo 69 prescribe que: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva de debido proceso, que estará conformada por las garantías mínimas (…)”, entre las cuales se resaltan las siguientes: “2) el derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad a la ley”; 3) el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 10) las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. Al establecer este tipo de garantías, el legislador trazó la línea para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales.

TC/0217/13, numeral 10, u–x, pág. 23 — PDF oficial

y. El debido proceso, que se encuentra configurado en el ordenamiento constitucional dominicano, está contemplado en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prescribiendo que: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, quedando incorporando como parte íntegra de nuestra Carta Magna, en virtud del artículo

74.3 de la Constitución de 2010.

z. Por su parte, el Reglamento del Estatuto Docente, en su artículo 93, establece un régimen disciplinario del personal de la carrera docente en el que se procura que las faltas disciplinarias cometidas por dicho personal sean juzgadas sobre la base de criterios de objetividad e imparcialidad, y conforme un procedimiento rápido que garantice el derecho de defensa y las reglas del debido proceso.

aa. El indicado reglamento establece que las faltas cometidas por los empleados de carrera docente y la severidad que estas conllevan serán establecidas por el Tribunal de Carrera Docente, faltas que no fueron comprobadas, hechos que indican el no apoderamiento del referido tribunal.

bb. Este tribunal constitucional, mediante la Sentencia núm. TC/0048/2012 del 8 de octubre de 2012, con relación a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, marcó como precedente:

TC/0217/13, numeral 10, y–bb, pág. 24 — PDF oficial

y) En ese tenor, el respeto al debido proceso y, consecuentemente al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse; y Z) Cuando se realiza un acto administrativo en el que se ordena la cancelación del nombramiento de un oficial de la Policía Nacional, sin que, como ocurre en la especie, se hayan realizado las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, se lesiona su derecho de defensa, se violenta el debido proceso y, consecuentemente, se comete una infracción constitucional.

cc. Al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) degradar a los recurrentes sin ser oídos, sin un juicio público en el que se debaten oral y contradictoriamente los alegatos de las partes, vulnera el derecho de defensa, y por consiguiente el debido proceso y la tutela judicial efectiva consagrado en la Carta Sustantiva.

dd. Comprobada la violación a los derechos fundamentales más arriba indicados, este tribunal constitucional considera pertinente ordenar al Ministerio de Educación de la República Dominicana, que sean restituidos los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar a los cargos de técnicos docentes nacionales que ostentaban al momento de su degradación, con todas sus cualidades, atributos y derechos adquiridos desde ese momento hasta la fecha.

TC/0217/13, numeral 10, y–dd, pág. 25 — PDF oficial

ee. Este tribunal constitucional, en su Sentencia núm. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la figura del astreinte es la de una sanción pecuniaria y no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado. Señalando más adelante: Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir. (…) En esa línea, el Tribunal podría, más aún, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte.

TC/0217/13, numeral 10, ee, pág. 26 — PDF oficial

ff. En virtud del principio de oficiosidad consagrado en el numeral 11 del artículo 7, mediante el cual se persigue que todo juez pueda adoptar de oficio, todas las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, este tribunal constitucional estima que para la efectiva protección de los derechos fundamentales vulnerados y la ejecución de la presente decisión, es pertinente imponer un astreinte. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; y Katia Miguelina Jiménez Martínez; así como el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0217/13, numeral 10, ff, pág. 26 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el presente recurso de revisión de amparo incoado por los señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar contra la Sentencia núm. 077-2011, emitida por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCA por falta de fundamentación la Sentencia núm. 077-2011, dictada en fecha seis (6) de julio de dos mil once (2011), por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

TERCERO: DISPONER que los recurrentes, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar, sean restituidos al cargo de técnicos docentes nacionales que ostentaban al momento de su degradación en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos desde ese momento hasta la fecha.

CUARTO: DISPONER que a los recurrentes le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de su degradación hasta la fecha en que se produzca su reintegración a la función de técnico docente nacional.

QUINTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales tercero y cuarto del presente dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días a contar desde la notificación de la presente sentencia.

SEXTO: IMPONER una astreinte de mil pesos con 00/100 (RD$1,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) en favor del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, señores Bernardino Adames Díaz y Rafaela Argentina Martínez Almánzar y a las partes recurridas, Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y Procuraduría General Administrativa.

NOVENO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0217/13, del 22 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0217-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.