Sentencia TC/0077/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 1 de mayo de 2014 · Expediente TC-04-2012-0060

Recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Luis Ramón Mejía Rodríguez contra la Resolución núm. 3407-2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010).}

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Debida motivación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0077/14?

La decisión impugnada adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del 26 de enero de 2010. El recurso satisfizo los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11: el recurrente invocó la vulneración al conocer la resolución, agotó los recursos disponibles sin que se subsanara y la vulneración era directamente imputable a la Suprema Corte de Justicia. El asunto revestía especial trascendencia constitucional porque permitía reiterar el alcance del derecho a una decisión motivada como garantía del debido proceso (TC/0077/14, numeral 9, a, pág. 10; TC/0077/14, numeral 9, b, pág. 11; TC/0077/14, numeral 9, c–d, pág. 12; TC/0077/14, numeral 9, a, pág. 12).

El deber de motivación exige exponer de forma clara, concreta y suficiente las razones de la decisión y vincularlas con las normas aplicables al caso. La Suprema Corte de Justicia se limitó a citar disposiciones del Código Procesal Penal y a declarar inadmisible la casación, sin explicar por qué no se configuraba ninguno de los supuestos del artículo 426. Esa falta de motivación vulneró los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso (TC/0077/14, numeral 10, b–b, pág. 14; TC/0077/14, numeral 10, c–e, pág. 15; TC/0077/14, numeral 10, e, pág. 16).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo acoge en cuanto al fondo y revoca la Resolución núm. 3407-2010. Ordena remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia para que conozca nuevamente del caso y subsane la vulneración, declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“El Tribunal Constitucional estima que del examen de la indicada resolución núm. 3407-2010 se desprende que su texto no explica cabalmente los motivos que indujeron a la Suprema Corte de Justicia a considerar como no tipificados los supuestos previstos en el precitado artículo 426 del Código Procesal Penal.” (TC/0077/14, numeral 10, b–b, pág. 14)
“Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción” (TC/0077/14, numeral 10, c–e, pág. 15).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69.2 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53.3 (literales a, b y c, y párrafo) y 54 (numerales 9 y 10). Código Procesal Penal: artículo 426.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013, TC/0130/2013, TC/0007/12 y TC/0009/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

La especie se contrae a un recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Luis Ramón Mejía Rodríguez contra la Resolución núm. 3407-2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010); resolución que confirmó la decisión de revocación de la libertad condicional en perjuicio del recurrente dispuesta por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, mediante Sentencia núm. 84-2010- CPP, el diecinueve (19) de agosto de dos mil diez (2010). Dicho recurrente reclama al Tribunal Constitucional subsanar la conculcación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en que, según su criterio, han incurrido en perjuicio suyo las indicadas jurisdicciones.

TC/0077/14, numeral 7, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional Este tribunal constitucional estima que procede la admisión del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en atención a los siguientes razonamientos:

a. La especie corresponde a una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de la República el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por la primera parte del párrafo capital del artículo 277 de nuestra Carta Magna 1 . En efecto, la decisión impugnada, que dictó la Suprema Corte de Justicia (en funciones de Corte de Casación) el veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010), puso término al proceso judicial de que se trata, agotando la posibilidad de interposición de recursos ordinarios o extraordinarios, por lo que se trata de una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada 2 .

TC/0077/14, numeral 9, a, pág. 10 — PDF oficial

b. Asimismo, la especie también corresponde al tercero de los casos taxativamente previstos por el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que limita las revisiones constitucionales de decisiones firmes a los tres siguientes presupuestos: 1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, […]. Como puede observarse, el recurrente en revisión basa su recurso en la tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados por el artículo 69.2 de la Constitución 3 . 1 Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. 2 En ese sentido: TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013 y TC/0130/2013. 3 “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación […]”.

TC/0077/14, numeral 9, b, pág. 11 — PDF oficial

c. De igual manera, el presente recurso de revisión constitucional también satisface las tres condiciones que exige el precitado artículo 53.3 4 , puesto que el recurrente invocó formalmente la violación a un derecho fundamental 5 durante el proceso, cuando tuvo conocimiento de la misma al notificársele la Resolución núm. 3407-2010 de la Suprema Corte de Justicia (53.3.a). Agotó también todos los recursos disponibles en el proceso sin que la conculcación del derecho fuera subsanada (53.3.b), puesto que la decisión objeto del presente recurso de revisión fue dictada por la Suprema Corte de Justicia y adquirió la autoridad de la cosa juzgada, por lo que no susceptible de ningún otro recurso jurisdiccional; además de que dicha violación resulta imputable “de modo inmediato y directo” a una acción de un órgano jurisdiccional, que en este caso fue la Suprema Corte de Justicia (53.3.c).

d. En adición a lo anterior, este tribunal también estima que el recurso de revisión constitucional que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional 6 , de acuerdo con el “Párrafo” in fine del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 7 , toda vez que la solución del conflicto planteado le 4

TC/0077/14, numeral 9, c–d, pág. 12 — PDF oficial

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 5 Derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. 6 En su Sentencia TC/0007/12, el Tribunal Constitucional señaló que la especial trascendencia o relevancia constitucional sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal -Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 7 Párrafo.- La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia permitirá reiterar el alcance del derecho a una decisión motivada en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional del debido proceso.

TC/0077/14, numeral 9, a, pág. 12 — PDF oficial

10. El fondo del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone lo siguiente:

a. En la especie, hemos sido apoderados de un recurso de revisión constitucional contra una decisión firme (Resolución de la Suprema Corte de Justicia núm. 3407-2010), que se limitó a declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto dentro de los límites prescritos por el artículo 426 del Código Procesal Penal, el cual supedita la admisibilidad de este tipo de recurso en al menos uno de los cuatro supuestos consagrados en dicha norma, a saber: Art. 426.- Motivos. El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenida en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1) Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años; 2) Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia; 3) Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. 4) Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.

TC/0077/14, numeral 10, a, pág. 13 — PDF oficial

b. Previo a la adopción de la solución adoptada con relación al problema planteado, la referida resolución núm. 3407-2010 se limitó a citar textualmente las disposiciones de los artículos 393, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal y, sin ninguna explicación adicional, concluyó al respecto que: […] de la evaluación del motivo en que el recurrente Luis Ramón Mejía, apoya su recurso de casación, de los hechos relatados y del análisis de la decisión impugnada, se desprende que el presente recurso resulta inadmisible, por no estar comprendido dentro de las causales establecidas en el artículo 426 del Código Procesal Penal.

c. El Tribunal Constitucional estima que del examen de la indicada resolución núm. 3407-2010 se desprende que su texto no explica cabalmente los motivos que indujeron a la Suprema Corte de Justicia a considerar como no tipificados los supuestos previstos en el precitado artículo 426 del Código Procesal Penal. Y con relación a la falta de motivación de las decisiones judiciales, este tribunal dictaminó, mediante Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), lo que se transcribe a continuación:

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación;

b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y

TC/0077/14, numeral 10, b–b, pág. 14 — PDF oficial

c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. (págs. 10-11).

d. A la luz de los razonamientos precedentes, este tribunal estima que incumbe a los tribunales del orden judicial cumplir cabalmente con el deber de motivación de las sentencias como principio básico del derecho al debido proceso, cumplimiento que requiere, en virtud de lo establecido en su precitada sentencia TC/0009/13, lo siguiente:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional. (págs. 12- 13).

TC/0077/14, numeral 10, c–e, pág. 15 — PDF oficial

e. Por consiguiente, en virtud de la normativa anteriormente expuesta, el Tribunal Constitucional considera que la Suprema Corte de Justicia no expresa apropiadamente en la especie los fundamentos de su decisión. En ese sentido, la Resolución núm. 3407-2010 adolece de falta de motivación, lo cual vulnera los derechos a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del hoy recurrente, por lo que procede aplicar la normativa prevista en los acápites 9 8 y 10 9 del artículo 54 de la referida ley núm.137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto, así como los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, Jueces. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0077/14, numeral 10, e, pág. 16 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el recurrente Luis Ramón 8 “9. La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó”. 9 “10. El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa”. Mejía Rodríguez contra la Resolución núm. 3407-2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en fecha veintidós (22) de octubre de dos mil diez (2010).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, REVOCAR la indicada resolución núm. 3407-2010.

TERCERO: ORDENAR el envío del expediente del caso a la Suprema Corte de Justicia para que se cumpla la preceptiva establecida en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), y en ese sentido, se subsane la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en que, con su falta de motivación, incurrió la Resolución núm. 3407-2010 en perjuicio del recurrente en revisión.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la Suprema Corte de Justicia, así como al recurrente en revisión, señor Luis Ramón Mejía Rodríguez, y al recurrido, señor Hernán H. Mejía Rodríguez.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0077/14, del 1 de mayo de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0077-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.