Sentencia TC/0175/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de junio de 2020 · Expediente TC-05-2019-0142

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso contra la Sentencia núm. 047-2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la autodeterminación · Derecho de libre acceso a la información pública

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0175/20?

El hábeas data tiene una doble dimensión: permite acceder a la información personal que conste en registros públicos o privados y, a la vez, protege otros derechos vinculados con esa información, entre ellos la autodeterminación informativa. Esta última ampara tanto los datos íntimos como los demás datos personales cuyo conocimiento o uso por terceros pueda afectar derechos. El juez de primer grado interpretó erróneamente el objeto de la acción al descartar la entrega solicitada por considerar que el hábeas data no sirve para obtener documentos particulares ni pruebas para un proceso (TC/0175/20, numeral 11, e–f, pág. 20; TC/0175/20, numeral 11, g, pág. 21; TC/0175/20, numeral 11, h–i, pág. 22).

El Tribunal conoció directamente el fondo de la acción por su urgencia y en aplicación del principio de celeridad. Comprobó que la información solicitada concernía personalmente al accionante y constaba en los registros de Claro-Codetel respecto de la línea móvil de su titularidad. En este caso, la vinculación de esos datos con interceptaciones ordenadas en un proceso penal no justificaba restringir el acceso, pues en el expediente no había prueba que acreditara las condiciones excepcionales de reserva del artículo 291 del Código Procesal Penal (TC/0175/20, numeral 11, j–l, pág. 22; TC/0175/20, numeral 11, m, pág. 24; TC/0175/20, numeral 11, n–o, pág. 24).

Decisión

Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional, revoca la Sentencia núm. 047-2019-SSEN-00084 y declara el recurso libre de costas. Acoge la acción de hábeas data y ordena a Claro-Codetel entregar al accionante, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, las informaciones que figuren en sus registros o bancos de datos respecto de la línea móvil de su titularidad y que fueron entregadas en virtud de los autos de interceptación núm. 04-2018 y núm. 06-2017.

Citas textuales clave

“el Tribunal Constitucional verifica que el tribunal de primer grado interpretó erróneamente el objeto de la presente acción de hábeas data.” (TC/0175/20, numeral 11, e–f, pág. 20)
“su objeto no es sólo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal” (TC/0175/20, numeral 11, h–i, pág. 22)
“la excepción de reserva de información prevista por el artículo 291 del Código Procesal Penal únicamente tiene lugar en circunstancias muy específicas y comprobables (de excepción, como indica el mismo texto) que no se verifican en la especie” (TC/0175/20, numeral 11, n–o, pág. 24)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 44.2, 70 y 72, in fine; artículo 69 en el precedente citado.

Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.6, 66, 95 y 100.

Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02): artículo 291; artículo 18 en el precedente citado.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0024/13, TC/0204/13, TC/0523/15, TC/0404/16, TC/0411/17 y TC/0475/18.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del caso

El conflicto a que este caso se refiere se origina en ocasión de la acción de hábeas data interpuesta por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso en contra de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel), mediante la cual pretende que se ordene a la parte demandada el suministro o entrega de toda la documentación que avale y pruebe la ejecución de los autos núm. 06- 2017, de ocho (8) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y núm. 04-2018, de veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), que constan en los registros de esa entidad respecto del número telefónico bajo la titularidad del accionante; autos que autorizaron las interceptaciones telefónicas que incluyeron el número del teléfono móvil del señor Pittaluga Vicioso en ocasión de un proceso penal del que no era parte. La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante su Sentencia 047-2019-SSEN-00084, del treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), rechazó la referida acción por considerar que el objeto de la acción interpuesta por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso no se relaciona, en esencia, con lo que se pretende un hábeas data y porque, además, dicha acción constitucional no está diseñada para proveer documentos particulares ni pruebas tendentes a un determinado proceso. Inconforme con dicha decisión, el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso interpuso el presente recurso de revisión constitucional.

TC/0175/20, numeral 8, pág. 15 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo

a. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales señala que: El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. Asimismo, el Tribunal Constitucional dominicano señaló en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), al referirse al cómputo del plazo instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: El plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia.

b. La sentencia objeto del presente recurso de revisión, marcada como 047- 2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), en atribuciones de habeas data, fue notificada al recurrente mediante constancia de entrega de sentencia de ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), según se consigna en el expediente del presente recurso de revisión. Entre la fecha de la notificación de la sentencia recurrida, el ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), y la de interposición del presente recurso, el quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), excluyendo los días francos y los no hábiles, se advierte que transcurrieron menos de cinco (5) días hábiles. Ello quiere decir que el presente recurso fue incoado dentro del plazo establecido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

TC/0175/20, numeral 10, a–b, pág. 16 — PDF oficial

c. Por otro lado, de conformidad con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, la admisibilidad del recurso de revisión contra toda sentencia de habeas data está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada. Esta condición se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.

d. En su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal señaló casos –no limitativos- en los cuales se configura la relevancia constitucional: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

e. El presente recurso de revisión tiene especial relevancia y trascendencia constitucional, ya que el conocimiento de éste permitirá al Tribunal determinar si procede acoger una acción de hábeas data en la situación concreta y particular precedentemente descrita, además de que, de manera general, permitirá a este tribunal continuar con el desarrollo jurisprudencial relativo al alcance y aplicación del hábeas data en el marco de las informaciones solicitadas, autorizadas y suministradas por disposición judicial en ocasión de un proceso penal.

TC/0175/20, numeral 10, c–e, pág. 17 — PDF oficial

11. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia

de amparo

a. El recurso de revisión a que se contrae el presente caso se interpone contra la Sentencia núm. 047-2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), que rechazó la acción de hábeas data interpuesta por Conrad Manuel Pittaluga Vicioso y con la cual este pretende que la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) le entregue o certifique toda la documentación en aval y prueba de ejecución de los autos de interceptación y captación de telecomunicaciones núm. 06-2017 y núm. 04- 2108, dictados por el Juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada con sede en la Suprema Corte de Justicia, respecto del teléfono móvil núm. (809) 982-2296, propiedad del accionante.

b. El recurrente, señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso, no conforme con la decisión señalada, interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo por entender que se violan en su contra varios precedentes establecidos mediante decisiones de este honorable Tribunal Constitucional – TC/0024/13, TC/0523/15 y TC/0005/15- al desvirtuar el rol del juez de Hábeas Data.

TC/0175/20, numeral 11, a–b, pág. 18 — PDF oficial

c. Por su parte, la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) sostiene que En el caso de la especie no se pide, como establece la sentencia impugnada información o datos que pudieen [sic] haber sido recolectados por la empresa prestadora de servicios en el ejercicio de los servicios que le brinda al accionante, sino que se solicita información de asuntos que escapan a su control, puesto que se ha explicado no participan en el proceso de interceptación telefónica, que en todo caso, si se hubiere tramitado dichas órdenes de interceptación de froma [sic] real y cierta, no lo fueron a su respecto, y que por demás, tiene una prohibición de naturaleza legal/penal de compartir que se ha producido, en caso de haberse hecho, así como todas las circunstancias y condiciones en que ha podido tener lugar.

TC/0175/20, numeral 11, c, pág. 19 — PDF oficial

d. La Novena Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional rechazó la referida acción de hábeas data fundamentado su decisión en los siguientes motivos: […] el habeas data no está diseñado para proveerse de documentaciones particules ni pruebas tendentes a un determinado proceso, esta para que, en cuanto a esa información que de las personas se maneja, se garanticen los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Es para conocer el destino y el uso de que se haga de esos datos, el tratamiento de esas informaciones. Que el objeto de esta acción no se relaciona esencialmente con lo que busca un habeas data, la parte accionante quiere que se le entreguen unos datos particulares sobre el desarrollo de un proceso investigativo, no se refiere a los datos que acumula esa entidad de su cliente, de su función como prestadora de servicios de telecomunicaciones. Otra cuestión que el tribunal verifica es que toda la discusión por esa información que se requiere se da en el marco de un proceso penal actualmente en curso. […] Aunque el señor CONRAD MANUEL PITTALUGA VICIOSO en el referido proceso penal es abogado defensor de uno de los imputados de ese proceso y no una parte propiamente dicha, sin embargo, la denunciada afectación ocurre en el desarrollo del proceso penal, como diligencia investigativa previa de ese proceso, y como tal se encuentra vinculada esencialmente de ese proceso. Por lo tanto, dicho proceso es el escenario idóneo para determinar el alcance y los efectos concretos de la medida de interceptación telefónica ordenada.

TC/0175/20, numeral 11, d, pág. 19 — PDF oficial

e. Este tribunal ha podido verificar, a la luz del examen de los documentos depositados en el presente expediente, que, ciertamente, en el marco de un proceso penal se emitieron los autos núm. 06-2017, de ocho (8) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y núm. 04-2018, de veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), los cuales dispusieron interceptaciones telefónicas que incluyeron el número de teléfono móvil propiedad del recurrente, Conrad Manuel Pittaluga Vicioso. Sobre este particular, y luego del análisis de las consideraciones en que el tribunal a quo fundamentó su decisión, el Tribunal Constitucional verifica que el tribunal de primer grado interpretó erróneamente el objeto de la presente acción de hábeas data.

f. Tal inobservancia se produce debido a que en la decisión impugnada el juez a quo desconoció el criterio reiterado por este tribunal constitucional respecto a la doble dimensión de la garantía constitucional del hábeas data, reconocida en el artículo 70 de la Constitución, que dispone: Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquéllos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística 1 .

TC/0175/20, numeral 11, e–f, pág. 20 — PDF oficial

g. A este respecto, este tribual estableció en la Sentencia TC/0024/13 que … esta garantía está caracterizada por su doble dimensión: 1) una manifestación sustancial, que comporta el derecho a acceder a la información misma que sobre una persona se maneja; y 2) una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros derechos relacionados a la información, tales como: el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0204/13, de trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013); TC/0523/15, de doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015); TC/0404/16, de nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016) y TC/0411/17, del tres (3) de agosto de dos mil diecisiete (2017), entre otras. 1 El subrayado es nuestro.

TC/0175/20, numeral 11, g, pág. 21 — PDF oficial

h. Asimismo, la decisión objeto del presente recurso de revisión desconoció el derecho a la autodeterminación, consagrado en el artículo 44.2 de la Constitución de la República. Este derecho puede ser conceptualizado como la facultad que corresponde a toda persona para ejercer un control sobre los datos e informaciones personales que le conciernen y que reposan en registros públicos o privados, pudiendo exigir su rectificación, suspensión, actualización y confidencialidad en los casos que corresponda conforme a la normativa jurídica. Es este, incuestionablemente, en sí mismo, un derecho fundamental. De lo afirmado se concluye que el objeto de la protección de este derecho no se reduce sólo a los datos íntimos de la persona, sino, además, a cualquier tipo de datos personales, íntimos o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar derechos subjetivos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, sino los datos de carácter personal 2 .

i. De ahí que, al establecer que el fin perseguido por el accionante (ahora recurrente) no se relaciona esencialmente con lo que busca un hábeas data y que el mismo no está diseñado para proveer documentos particulares ni pruebas tendentes a un determinado proceso, el tribunal a quo incurrió en una violación a los citados precedentes, así como al derecho a la autodeterminación informativa, ya que la acción de hábeas data constituye, en su esencia, el mecanismo de garantía judicial, de carácter fundamental, para tutelar este derecho de manera efectiva y, como consecuencia de ello, para procurar la entrega de informaciones personales, así como para la rectificación y eliminación de datos asentados en registros o bancos de datos, públicos o privados, que afecten a las personas.

TC/0175/20, numeral 11, h–i, pág. 22 — PDF oficial

j. Sobre la base de lo así considerado, procede revocar la Sentencia 047- 2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado 2 Sentencia TC/0404/16, dictada el nueve (9) de septiembre de dos mil dieciséis (2016). de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), objeto del presente recurso de revisión.

k. Es preciso consignar que, al amparo del principio de celeridad instituido en el artículo 7.2 de la Ley núm. 137-11, y atendiendo a la circunstancia de urgencia que amerita una acción de hábeas data, este órgano colegiado decide conocer el fondo de la acción presentada por el actual recurrente, señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso, el veintiocho (28) de abril de dos mil diecinueve (2019).

l. De conformidad con el estudio de los documentos que conforman el expediente, este tribunal constitucional da por establecido lo que se hace constar a continuación: 1ro.) que el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso es titular del teléfono móvil (809) 982-2296, según la comunicación emitida el once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019), por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel); 2do.) que en comunicación que fue recibida, el doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019), el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso solicitó a la mencionada empresa que le fuese entregada “… toda la documentación que en aval a los siguientes autos de interceptaciones de telecomunicaciones, anexos a la presente instancia, marcados con los números:

TC/0175/20, numeral 11, j–l, pág. 22 — PDF oficial

a) Auto No. 04-2018, dictado en fecha veintitrés (23) de abril de 2018 y b) Auto No. 06-2017, dictado en fecha ocho (08) de agosto de 2017, ambos dictados por el Mag. Francisco Ortega Polanco, Juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, con Sede en la Suprema Corte de Justicia, consten en los registros de dicha entidad telefónica, respecto del teléfono móvil número (809) 982-2296 que mantengo con ustedes”; 3ro.) que esta solicitud fue reiterada mediante el acto núm. 617-2019, instrumentado por el ministerial Robinson González Agramonte, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de abril de dos mil diecinueve (2019) y 4to.) que mediante comunicación del quince (15) de abril de dos mil diecinueve (2019), la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) manifestó la imposibilidad de entregar la información requerida por el señor Pittaluga Vicioso, “… ya que la entrega de cualquier información relacionada con esa interceptación no podría ocurrir excepto si fuese ordenado de manera inequívoca por un juez”.

TC/0175/20, numeral 11, a, pág. 23 — PDF oficial

m. En virtud de los argumentos señalados anteriormente, este tribunal constitucional verifica que mediante su acción de habeas data, el accionante, Conrad Manuel Pittaluga Vicioso, solicitó información que le conciernen personalmente y que constan en los registros o bancos de datos de la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel), respecto de la línea móvil número (809) 982-2296, de la cual dicho señor es titular. Este tribunal también ha comprobado que, si bien la información solicitada por el accionante está referida o constituye parte de la información obtenida mediante medidas de instrucción dictadas en ocasión de un proceso penal, al ser querida por la Procuraduria General de la República, por disposición de los autos de interceptación telefónica núm. 06-2017, de ocho (8) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y núm. 04-2018, de veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), no menos cierto es que, con independencia de la necesidad de esa información para los fines indicados, no se puede restringir, en este caso específico, el derecho que tiene el señor Pittaluga Vicioso de acceder a la información personal que de él almacena la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) en su registro de banco de datos privado.

TC/0175/20, numeral 11, m, pág. 24 — PDF oficial

n. Es preciso destacar que, en todo caso, la excepción de reserva de información prevista por el artículo 291 del Código Procesal Penal únicamente tiene lugar en circunstancias muy específicas y comprobables (de excepción, como indica el mismo texto) que no se verifican en la especie, lo que se puede comprobar con una simple lectura del referido texto, que dispone: “Reserva.- Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación”. Al comprobar esta jurisdicción que en el expediente no existe ningún tipo de prueba que justifique o avale tal reserva de información, procede concluir que en el presente caso no se dan las condiciones establecidas por ese texto, razón por la cual se desestima su aplicación, a los fines de la solución final de la litis que ocupa la atención de este tribunal.

o. En cuanto a la información generada en el curso de un proceso penal de cara a la garantía judicial del hábeas data, este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0475/18, dictada el catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), estableció lo siguiente: El hábeas data es una garantía constitucional que nuestra Carta Sustantiva pone a disposición de todo individuo, que le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar razones. El interesado puede, igualmente, solicitar la corrección de esa información, en caso de que le ocasione algún perjuicio.

TC/0175/20, numeral 11, n–o, pág. 24 — PDF oficial

i. Esta garantía constitucional se caracteriza por su doble dimensión. De una parte, una manifestación sustancial que comporta el derecho de acceder a la información que atañe a una persona. De otra parte, una manifestación de carácter instrumental que permite, a través de su ejercicio, la protección de otros derechos relacionados a la información, tales como el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, a la información personal, al honor, a la propia imagen, la identidad y a la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, la indicada garantía opera como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales (TC/0204/13).

j. De todo lo expuesto, concluimos que el amparista, así como cualquier parte en un proceso penal que haya sido denunciada y presuntamente señalada como imputada de infracciones penales, tiene el legítimo derecho de conocer cuáles son los cargos que le imputan, con el fin de preservar las garantías constitucionales que rigen el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Entre ellas, el irrenunciable derecho de defensa que le asiste desde el inicio del proceso penal hasta su culminación, que figura consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República y en el artículo 18 de la Ley núm.76-02, que instituye el Código Procesal Penal.”

TC/0175/20, numeral 11, i–j, pág. 25 — PDF oficial

p. Por los motivos expuestos, este tribunal constitucional estima pertinente acoger la acción de hábeas data interpuesta por Conrad Manuel Pittaluga Vicioso, el veintiocho (28) de abril de dos mil diecinueve (2019) y, en consecuencia, ordenar a la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) entregar al accionante toda las informaciones que figuren en los registros respecto del teléfono móvil número (809) 982-2296, que fueron entregadas en virtud de los autos de interceptaciones de telecomunicaciones siguientes: a) auto núm. 04-2018, del veintitrés (23) de abril de 2018; y b) auto núm. 06-2017, del ocho (08) de agosto de 2017, ambos dictados por el magistrado Francisco Ortega Polanco, Juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, con sede en la Suprema Corte de Justicia. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Alba Luisa Beard Marcos y Katia Miguelina Jiménez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional.

TC/0175/20, numeral 11, p, pág. 26 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITE el recurso de revisión constitucional de sentencia de hábeas data interpuesto por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso, contra la Sentencia núm. 047-2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: ACOGE en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso y, en consecuencia, REVOCA la Sentencia núm. 047-2019-SSEN-00084, dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).

TERCERO: ACOGE la acción de habeas data interpuesta por el señor Conrad Manuel Pittaluga Vicioso el veintiocho (28) de abril de dos mil diecinueve (2019), y ORDENA a la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) entregar al accionante, de conformidad con lo solicitado en su acción de amparo, todas las informaciones que figuren en los registros o bancos de datos de dicha empresa respecto del teléfono móvil número (809) 982-2296, y que fueron entregadas en virtud de los autos de interceptaciones de telecomunicaciones siguientes: a) el auto núm. 04-2018, del veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018); y b) el auto núm. 06-2017, del ocho (08) de agosto de dos mil diecisiete (2017), ambos dictados por el magistrado Francisco Ortega Polanco, juez de la instrucción especial de la Jurisdicción Privilegiada, con sede en la Suprema Corte de Justicia.

CUARTO: OTORGA a la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) un plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, para la ejecución de la indicada medida.

QUINTO: ORDENA notificar la presente decisión al señor Conrad Manuel Pittaluga, a la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro-Codetel) y a la Procuraduría General de la República, para su conocimiento y fines de lugar.

SEXTO: DECLARA el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SÉPTIMO: ORDENA que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0175/20, del 17 de junio de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0175-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.