Sentencia TC/0204/13
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de noviembre de 2013 · Expediente TC-05-2012-0060
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, incoado por Rosa Elena Rijo, contra la Sentencia núm. 404/2012, dictada en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia.
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Temas: Habeas data · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0204/13?
El recurso cumple los requisitos de admisibilidad y reviste especial trascendencia constitucional porque permite delimitar el acceso mediante hábeas data a información personal que consta en registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo y es la vía idónea para conocer y acceder a los datos propios en registros públicos o privados, sin agotar previamente los recursos administrativos. Por tanto, fue incorrecto declarar inadmisible la acción por falta de ese agotamiento (TC/0204/13, numeral 9, a–c, pág. 8; TC/0204/13, numeral 9, d–10.1, pág. 8; TC/0204/13, numeral 9, h–j, pág. 11; TC/0204/13, numeral 9, n–p, pág. 14; TC/0204/13, numeral 9, q, pág. 15).
Las certificaciones solicitadas acreditaban pagos de impuestos por transferencias inmobiliarias y contenían información de la recurrente que constaba en un registro oficial. Mediante una interpretación amplia y favorable del artículo 44 de la Constitución, el Tribunal concluyó que la falta de entrega vulneró su derecho de acceso a esos datos. Por celeridad, economía procesal y efectividad, resolvió la acción sin prolongar el proceso y ordenó la entrega de las certificaciones bajo astreinte, como medida de coerción y no de indemnización (TC/0204/13, numeral 9, f–g, pág. 11; TC/0204/13, numeral 9, r–s, pág. 16; TC/0204/13, numeral 9, t–u, pág. 16; TC/0204/13, numeral 9, v–x, pág. 17; TC/0204/13, numeral 9, y–z, pág. 18).
Decisión
Admite el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo, anula la Sentencia núm. 404/2012 y acoge la acción de amparo. Otorga a la DGII cinco días hábiles desde la notificación para entregar las dos certificaciones, fija una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retardo a favor de la Oficina Provincial de la Defensa Civil de La Altagracia y declara el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“la acción de habeas data, constituye la vía más idónea que tiene toda persona para conocer de la existencia, protección y acceso a los datos que de ellas consten en los bancos de datos privados o públicos, sin necesidad de agotar previamente las vías administrativas existentes en los referidos bancos de datos” (TC/0204/13, numeral 9, q, pág. 15).
“el juez de hábeas data debe conocer la acción de la cual se encuentra apoderado sin observar el agotamiento de los recursos administrativos.” (TC/0204/13, numeral 9, t–u, pág. 16).
“la naturaleza de la figura del astreinte es la de una sanción pecuniaria y no la de una indemnización por daños y perjuicios” (TC/0204/13, numeral 9, y–z, pág. 18).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 44, 51, 68, 69.1, 70 y 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 7 (numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 11), 64, 66, 93, 94, 96, 100 y 107, párrafo II.
Ley núm. 13-07: artículo 4.
Ley núm. 257-66: artículo 6.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12 y TC/0048/12; T-176 de 1995, T-657 de 2005 y T-067 de 2007 (Corte Constitucional de Colombia); sentencia del expediente núm. 976-2011-AA-TC (Tribunal Constitucional de Perú).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos que figuran en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, en la especie, se trata de que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, fue apoderada de una acción de hábeas data interpuesta por la señora Rosa Elena Rijo, debido a que esta solicitó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la entrega de unas certificaciones contentivas de pago de impuestos por concepto de contratos de ventas de dos inmuebles específicos. Ante el silencio de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con relación a la referida solicitud, la recurrente decidió incoar una acción de hábeas data la cual fue declarada inadmisible por el referido tribunal mediante la Sentencia núm. 404/2012, dando lugar a la interposición del presente recurso de revisión de sentencia de hábeas data.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión de hábeas data
El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión resulta admisible por las siguientes razones:
a) El presente recurso cumple con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, que expresa: El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además, de forma clara y precisa, los agravios causados por la decisión impugnada.
b) La admisibilidad de los recursos de revisión de hábeas data y amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la Ley núm.137-11, que de manera taxativa y específica los sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c) Este tribunal fijó su posición respecto a la trascendencia y relevancia constitucional en su sentencia TC/0007/12, del veintidós de marzo de dos mil doce (012), la cual es aplicable al presente caso.
d) Luego de ponderar los documentos del expediente que nos ocupa, queda establecida la especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que permitirá establecer el alcance y aplicación de la prohibición constitucional dentro del contexto de un proceso de hábeas data que persigue atacar la inactividad de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), frente a la solicitud de protección de datos, que implica la figura del hábeas data para acceder a este tipo de información personal, así como el alcance y los límites de aquellas informaciones de carácter personal. De igual manera, se aprecia que existe una conculcación al derecho de propiedad, consagrado en el artículo 51 de la Constitución de la República, ya que se evidencia que la señora Rosa Elena Rijo no ha podido obtener una certificación en la cual constan los datos relativos al pago de los impuestos de transferencia de inmueble. 10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión de hábeas data.
10.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión debe ser acogido por las siguientes razones:
a) Conforme a las pruebas y a los argumentos alegados por la parte recurrente en el expediente, se desprende que la señora Rosa Elena Rijo, mediante la autorización núm. 9952198213-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), pagó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la suma de treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con diecisiete centavos (RD$34,628.17), por concepto del contrato de venta suscrito con la representante del Residencial Ana Meliá, señora Natalie Selman Hasbún, en fecha ocho (8) del mes de marzo de dos mil siete (2007), mediante el cual la recurrente adquiere el derecho de propiedad sobre una extensión superficial de cuatrocientos setenta y cinco punto cuarenta metros cuadrados (475.40), ubicada en la urbanización Ana Meliá, parcela núm. 407 del Distrito Catastral núm. 10/6TA, del Municipio Higüey.
b) De igual manera, se desprende que la señora Rosa Elena Rijo, mediante autorización núm. 9952198180-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), pagó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la suma de mil seiscientos treinta y nueve pesos dominicanos con setenta y seis centavos (RD$1,639.76), por concepto del contrato de venta suscrito con la señora Natalie Selman Hasbún, representante del Residencial Ana Meliá, en fecha ocho (8) de julio de dos mil siete (2007), mediante el cual la recurrente adquiere el derecho de propiedad sobre una extensión superficial de veintidós punto veinticinco metros cuadrados (22.25m2), ubicada en la Urbanización Ana Meliá parcela núm. 406 del Distrito Catastral núm. 10/6TA, del Municipio Higüey.
c) La recurrente, necesitada de una constancia del pago de los impuestos realizados al organismo recolector, en fecha dos (2) de abril de dos mil doce (2012), mediante los formularios números ALH69407 y ALH69401, hizo formal solicitud y pagó los dos cobros por servicios a la Dirección General de Impuestos Internos, a los fines de que esta le expida dos certificaciones, petición que no fue contestada por el organismo recaudador, haciendo caso omiso al servicio solicitado y pagado.
d) Mediante el Acto núm. 130/2012, instrumentado en fecha quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), por el ministerial Ramón Elías Ávila Núñez, alguacil ordinario del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, la señora Rosa Elena Rijo, intimó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a los fines de que esta cumpla con las solicitudes realizadas mediante los formularios números. ALH69407 y ALH69401, so pena de ser sometida a la acción de hábeas data en caso de incumplimiento.
e) Ante las reiteradas omisiones por parte de la DGII, en fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), la señora Rosa Elena Rijo interpuso una acción de hábeas data por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, a los fines de conocer los datos que de ella y de sus bienes constan en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, alegando que se trata de un bien protegido por la Constitución y por haber pagado los impuestos y el cobro por servicios para tales fines.
f) En el presente caso, al tratarse de la obtención de una información que concierne a la impetrante, la cual consta en un registro oficial del Estado, este tribunal procederá a aplicar el artículo 44 de la Carta Sustantiva en razón de que se trata de una situación similar al habeas data. En tal sentido, con el propósito de garantizar su derecho de acceso a un documento que reviste importancia para ella (recibo de pago de impuesto), procedemos a realizar una interpretación lata del repetido artículo acogiéndonos al principio de favorabilidad prescrito en el artículo 7, numeral 5, de la Ley núm. 1374-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
g) El hábeas data es una garantía constitucional a disposición de todo individuo la cual le permite acceder a cualquier banco de información, registro de datos y referencias sobre sí mismo, sin necesidad de explicar razones; a la vez puede solicitar la corrección de esa información en caso de causarle algún perjuicio; Es por ello que nuestra Constitución en su artículo 70, dispone: Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.
h) Esta garantía está caracterizada por su doble dimensión: 1) una manifestación sustancial, que comporta el derecho a acceder a la información misma que sobre una persona se maneja; y 2) una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros derechos relacionados a la información, tales como el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales.
i) En estos mismos términos se expresa el artículo 64 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales al establecer que: Toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados y en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos, conforme la ley. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. La acción de hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo. De manera que estamos en presencia de una modalidad de amparo particular y con características propias.
j) En ese sentido, la Corte Constitucional de Colombia, en sus Sentencias T- 176 de 1995, T-657 de 2005, y T-067 del uno (1) de febrero de dos mil siete (2007), ha establecido que: … el derecho al hábeas data resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo.
k) La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Provincia La Altagracia, al respecto, en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), dictó la Sentencia núm. 404/2012, mediante la cual declara inadmisible la acción de hábeas data interpuesta por la señora Rosa Elena Rijo, utilizando como fundamento de su decisión lo siguiente: Que analiza la documentación aportada al proceso el tribunal ha podido advertir que la presente instancia se encamina a atacar actos administrativos, sin embargo no han sido ejercidos los procedimientos en la legislación administrativa, a los fines de lograr la entrega del recibo solicitado, tales como el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico propios de la jurisdicción administrativa, motivos por los cuales procede declarar inadmisible la acción de que se trata.
l) Inconforme con la decisión rendida por la jueza apoderada del recurso de hábeas data, la señora Rosa Elena Rijo, interpuso un recurso de revisión, mediante el cual persigue la nulidad de la Sentencia núm. 404/2012, alegando la falta de base legal y errónea interpretación de la Constitución y de los procesos constitucionales, estado de indefensión por violación a la Carta Sustantiva y desnaturalización de los hechos de la causa.
m) La señora Rosa Elena Rijo, en su escrito de revisión de recurso de hábeas data, persigue que se le ordene a la Dirección General de Impuestos Internos y al señor Adrián de Aza, en calidad de director local de dicha institución en Higüey, lo siguiente: a) Una certificación en donde consten los impuestos pagados mediante autorización núm. 9952198213-7, en fecha 02/9/2009, mediante la cual la Sra. ROSA ELENA RIJO, pagó la suma de RD34,628.17, por concepto del contrato de venta de fecha 8-3-2007, firmado entre ROSA ELENA RIJO y la representante del Residencial Ana Melia; Natalie Selman Hasbun, acto notariado por el Dr. José Altagracia Marquez, por el cual la Sra. ROSA ELENA RIJO, adquiere el derecho de propiedad sobre una extensión superficie de 475.40 metros cuadrados, ubicada en Urbanización Ana Melia del municipio de Higüey, parcela no. 407 DEL D.C. 10/6TA y copia de los documentos que obran en dicho expediente; b) Una certificación en donde conste los impuestos pagados mediante Autorización no. 9952198180-7, en fecha 02/9/2009, mediante la cual la Sra. ROSA ELENA RIJO, pagó la suma de RD$ 1,639.76, por concepto del contrato de venta de fecha 8-3-2007, firmado entre ROSA ELENA RIJO y la representante del Residencial Ana Amelia; Natalie Selman Hasbun, acto notariado por el Dr. José Altagracia Marquez, por el cual la Sra. ROSA ELENA RIJO adquiere el derecho de propiedad sobre una extensión superficie de 22.25 metros cuadrados, ubicada en Urbanización Ana Amelia del municipio de Higüey, parcela no. 406 DEL D.C. 10/6TA, y copia de los documentos que obran en dicho expediente.(sic)
n) En la especie, del estudio combinado de los artículos 64 y 94 de la Ley núm.137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, se desprende que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional.
o) Al declarar inadmisible la acción de hábeas data, utilizando el argumento de no agotamiento previo de los recursos administrativos correspondientes, la jueza incurrió en una inobservancia procesal de la Ley núm. 13-07, la cual, en su artículo 4, establece que: El agotamiento de la vía administrativa será facultativo para la interposición de los recursos contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos administrativos dictados por los órganos y entidades de la administración pública, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa; referencia legal de la que se desprende que el agotamiento de los recursos administrativos es de carácter facultativo, es decir, que el mismo depende de la voluntad discrecional de la persona afectada, exceptuando a las materias del servicio civil y carrera administrativa.
p) El numeral 11 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11, contempla el principio de oficiosidad, cuando señala que: Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente, del cual se desprende que este tribunal constitucional tiene la facultad, en este caso y en cualquier otro caso, de interpretar y aplicar las normas procesales en la forma más útil para la efectividad de la justicia constitucional.
q) El Tribunal Constitucional de Perú, con relación al expediente núm. 976- 2011-AA-TC, emitió en fecha trece (13) de marzo de dos mil tres (2003), una sentencia en la cual establece que: Sobre el particular, el Tribunal debe recordar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el afectado en sus derechos constitucionales laborables no está obligado a acudir previamente a las instancias judiciales ordinarias, y solo si en ellos no se hubiera obtenido una tutela judicial adecuada, acudir al amparo. En nuestro país, en efecto, el amparo constitucional no es una vía excepcional residual o extraordinaria, a la cual el justiciable debe recurrir cuando ha agotado todas las vías judiciales idóneas para tutelar los derechos fundamentales. Dicho criterio es compartido en la presente sentencia por este tribunal constitucional, independientemente de que la Ley núm. 137-11, en su artículo 107, párrafo II, haya establecido que no es necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir para la procedencia de amparo de cumplimiento, este tribunal entiende que la acción de habeas data, constituye la vía más idónea que tiene toda persona para conocer de la existencia, protección y acceso a los datos que de ellas consten en los bancos de datos privados o públicos, sin necesidad de agotar previamente las vías administrativas existentes en los referidos bancos de datos por lo que la Sentencia núm. 404/2012, debe ser anulada.
r) En virtud de los principios de celeridad y economía procesal, los cuales deben aplicarse en la administración de justicia para garantizar que las soluciones procesales sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización del tiempo y de los recursos, entendemos que someter a la recurrente en revisión de sentencia de hábeas data a un proceso jurisdiccional por más tiempo, no es lo más factible para la señora Rosa Elena Rijo, tomando en consideración los principios de efectividad y favorabilidad consagrado en los numerales 3 y 4 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11.
s) El principio de celeridad se encuentra contemplado en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que: Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria. Dicho principio de celeridad, conjuntamente con el principio de economía procesal son vinculados con el de efectividad, el cual se encuentra contemplado en el artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que: Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder de una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades.
t) Los principios de economía procesal, aunque no se encuentran señalados expresamente en la Constitución de la República, se encuentran señalados indirectamente en esta, cuando en su artículo 68, establece: La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la Ley y en el artículo 69.1 de la Carta Magna, cuando establece: Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita, por lo que, por las razones indicadas el juez de hábeas data debe conocer la acción de la cual se encuentra apoderado sin observar el agotamiento de los recursos administrativos.
u) Hemos comprobado que realmente ha sido vulnerado el derecho fundamental que tiene la recurrente a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ella consten en registros o bancos de datos públicos o privados, al no serle entregadas las certificaciones solicitadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), relativas a pagos de impuestos realizados por contrato de venta de inmuebles, razón por la cual el juez de amparo debió amparar a la accionante y acogerle su petición.
v) En relación con la solicitud de las informaciones solicitadas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por parte de la señora Rosa Elena Rijo, este tribunal constitucional entiende que resulta factible ordenar a la DGII, la entrega de la información solicitada, a saber: a) Certificación en donde se haga constar el pago de los impuestos realizados mediante la autorización núm. 9952198213-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), mediante el cual la señora Rosa Elena Rijo, pagó la suma de treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con diecisiete centavos (RD34,628.17); y b) Certificación en donde se haga constar el pago de los impuestos realizados mediante la autorización núm. 99521988180-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), mediante el cual la señora Rosa Elena Rijo, pagó la suma de mil seiscientos treinta y nueve pesos dominicanos con setenta y seis centavos (RD1,639.76), por concepto de impuestos.
w) La señora Rosa Elena Rijo, en su escrito de presentación del recurso, solicitó a este tribunal constitucional, la imposición de un astreinte de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) a la Dirección General de Impuestos (DGII).
x) El artículo 93 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, faculta al juez apoderado de una acción de amparo para la imposición de astreintes, con la finalidad de que se pueda constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado.
y) Este tribunal constitucional en su sentencia núm. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la figura del astreinte es la de una sanción pecuniaria y no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado, señalando más adelante que: Toda vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir. (…) En esa línea, el Tribunal podría, más aún, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte.
z) El Estado dominicano ha instituido por medio de la Ley núm. 257-66, la Oficina de Defensa Civil, cuyo objetivo principal es asegurar que los preparativos del país sean adecuados para reparar los perjuicios originados por los desastres proveniente de inundación, terremoto, tormenta, huracán, fuego, escasez o distribución deficiente de suministro de materiales, u otros motivos similares, y en general para proveer al orden, salud y bienestar económico, seguridad pública, preservación de la vida y de la propiedad en tales circunstancias.
aa) La referida ley núm. 257-66, en su artículo 6, establece en cada provincia del país una Oficina de Defensa Civil, la cual se encargará de coordinar y supervigilar las actividades de todas las organizaciones de defensa civil existente en las localidades de la provincia, por lo que, este tribunal constitucional ordena la imposición de un astreinte a favor de la Oficina Provincial de la Defensa Civil de la provincia La Altagracia, lo cual contribuye a asegurar que los preparativos de la referida provincia sean los adecuados para reparar los daños producidos por fenómenos naturales, fuego, escasez o distribución deficiente de suministros de materiales. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas del Magistrado Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; y de la Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; y Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la señora Rosa Elena Rijo contra la Sentencia núm. 404/2012, dictada el veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012), por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y en consecuencia ANULAR la referida sentencia núm. 404/2012, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia en fecha veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012).
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por la señora Rosa Elena Rijo en fecha uno (1) de agosto de dos mil doce (2012) ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial La Altagracia.
CUARTO: OTORGAR un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para la entrega de las certificaciones, a saber: a) Certificación en donde se haga constar el pago de los impuestos realizados mediante la Autorización núm. 9952198213-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual la señora Rosa Elena Rijo, pagó la suma de treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos dominicanos con diecisiete centavos (RD34,628.17); y b) Certificación en donde se haga constar el pago de los impuestos realizados mediante la Autorización No. 99521988180-7, de fecha dos (2) de septiembre de dos mil nueve (2009), mediante la cual la señora Rosa Elena Rijo, pagó la suma de mil seiscientos treinta y nueve pesos dominicanos con setenta y seis centavos (RD1,639.76), por concepto de impuestos.
QUINTO: FIJAR un astreinte de CINCO MIL PESOS CON 00/100 (RD$5,000.00) diarios a favor del Oficina Provincial de la Defensa Civil de La Altagracia, por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente sentencia por parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, Rosa Elena Rijo, y a la parte recurrida Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y el señor Adrián de Aza.
OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0204/13, del 13 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0204-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.