Sentencia TC/0189/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de julio de 2015 · Expediente TC-012009-0001

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Indulto

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0189/15?

El Tribunal reconoció la legitimación de los accionantes porque tenían la condición de parte interesada conforme al régimen constitucional vigente al interponer la acción. Para resolverla, aplicó de inmediato la Constitución de 2015, pues esta conservó los derechos y principios invocados sin alterar el alcance procesal de la acción. Aunque el decreto de indulto era un acto de efectos particulares y carecía de alcance normativo general, podía impugnarse por acción directa por haber sido dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución (TC/0189/15, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 9; TC/0189/15, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10; TC/0189/15, numeral 8, 9.2–9.3, pág. 11).

La reforma constitucional de 1966 restituyó al presidente de la República la potestad de conceder indultos y dejó tácitamente anulada de pleno derecho, por inconstitucionalidad sobrevenida, la Ley núm. 65 de 1963. La falta de una ley que regule las condiciones y el procedimiento del indulto no impide ejercer esa potestad constitucional, cuyo amplio margen de discrecionalidad no autoriza la arbitrariedad ni excluye el control jurisdiccional. Al no comprobarse la infracción constitucional, el Tribunal rechazó la acción y, dado que el artículo 128.1.j contiene un mandato expreso al legislador, exhortó al Congreso Nacional a subsanar el vacío normativo (TC/0189/15, numeral 8, 9.7–9.8, pág. 14; TC/0189/15, numeral 8, 9.9–9.10, pág. 15; TC/0189/15, numeral 8, 9.11, pág. 15; TC/0189/15, numeral 8, 9.12, pág. 16; TC/0189/15, numeral 8, 9.13, pág. 16).

Decisión

Declara válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución el Decreto núm. 487-08. Exhorta al Congreso Nacional a aprobar una ley que regule la selección de los candidatos a indulto, sus modalidades, el procedimiento y las excepciones, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales; declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“es susceptible de ser impugnado por la vía de acción directa de inconstitucionalidad, puesto que se trata de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución” (TC/0189/15, numeral 8, 9.2–9.3, pág. 11).
“el ejercicio de la potestad de indulto atribuida por la Constitución al presidente de la República no debe ser anulada por la inercia del legislador” (TC/0189/15, numeral 8, 9.9–9.10, pág. 15).
“revestida de un amplio margen de discrecionalidad, sin que esto suponga que pueda ser ejercida de manera arbitraria y sin control jurisdiccional” (TC/0189/15, numeral 8, 9.12, pág. 16).

Normas interpretadas

Constitución de 1966, art. 55.27; Constitución de 2002, arts. 55.27 y 67.1; Constitución de 2010, art. 128.1.j; Constitución de 2015, arts. 6, 128.1.j y 185.1; Ley núm. 65 de 1963; Ley núm. 137-11, arts. 7.6, 36 y 47.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022, TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0051/12, TC/0054/12, TC/0066/12, TC/0041/13 y TC/0373/14. También cita la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú en el expediente núm. 03660-2010-PHC/TC y las sentencias del Tribunal Supremo español de 20 de febrero y 9 de mayo de 2013.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Legitimación activa o calidad del accionante

7.1. La presente acción fue sometida el seis (6) de enero del dos mil nueve (2009), ante la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, a tenor de lo que disponía la anterior Constitución de dos mil dos (2002), en el artículo 67.1, posteriormente a lo cual se produjeron dos modificaciones a la Carta Sustantiva, una en el año dos mil diez (2010) y otra en el año dos mil quince (2015). A pesar de haberse agotado, con relación al presente expediente, el procedimiento que imperaba con anterioridad a la entrada en vigencia de la actual Constitución, el mismo quedó sin el correspondiente pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia.

7.2. En ocasión de la presente acción, a este tribunal constitucional se le plantea la cuestión de determinar cuál legislación aplicar para aquellos procesos que se encontraban en curso al momento de producirse el cambio de Constitución, y en lo que respecta a la calidad para accionar, ha sentado una sólida línea jurisprudencial 1 decidiendo, como en el presente caso, que la parte impugnante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad porque al momento de su acción era “parte interesada” ya que, bastaba solamente que el accionante tuviera un interés directo y figurara como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial o que actuara como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza.

TC/0189/15, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 9 — PDF oficial

8. Procedimiento aplicable en la presente acción de

inconstitucionalidad

8.1. La Constitución de 1966, modificada en 1994, en el año 2002 y 2010, fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la Constitución del trece (13) de junio de dos mil quince (2015), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo, en la nueva Constitución, los mismos derechos y principios fundamentales que invocaba el accionante, a saber:  La disposición contemplada en el artículo 55, numeral 27 de la Constitución de 2002, que establece: “Corresponde al presidente de la República: Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con arreglo a la ley”; se encuentra instaurada en el artículo 128, numeral 1, literal (j) de la Constitución de 2010. 1 Sentencias números TC/0013/12 de fecha 10 del mes mayo de 2012; TC/0017/12 de fecha 13 de junio de 2012; TC/0022, TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12 de fecha 21 de junio de 2012; TC/0027/12 de fecha 5 de julio de 2012; entre otras.

8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional sustantiva no afecta el alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por los accionantes a tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto los derechos fundamentales invocados en su acción directa, procede, aplicar los textos de la Constitución de 2015, a fin de establecer si el decreto impugnado resulta inconstitucional. 9. Admisibilidad y análisis de la presente acción.

TC/0189/15, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10 — PDF oficial

9.1. Mediante la presente acción, el Lic. Hermes Guerrero Báez y el Dr. Reemberto Pichardo Juan solicitan la declaratoria de inconstitucionalidad del Decreto núm. 487-08, emitido por el presidente de la República el veintidós (22) de diciembre de dos mil ocho (2008), en virtud del cual le fue concedido el beneficio del indulto a los señores Casimiro Antonio Marte Familia, Dr. Pedro Franco Badía, Milcíades Amaro Guzmán, Gervacio de la Rosa y Vivian Lubrano de Castillo argumentando que viola las disposiciones contenidas en la parte in-fine del numeral 27 del artículo 55 de la Constitución de la República Dominicana, que atribuye al presidente de la República la facultad de conceder indultos “con arreglo a la ley”. A criterio de los accionantes el citado Decreto núm. 487-08 fue emitido en inobservancia a la Ley núm. 65, sobre la Creación de la Comisión Nacional de Indultos, de fecha 11 de septiembre de 1963 y, en el hipotético caso de la derogación tácita de la misma por efecto de la Constitución vigente, dicha facultad fue ejercida sin una ley que habilitara su ejercicio.

TC/0189/15, numeral 8, 9.1, pág. 11 — PDF oficial

9.2. Conviene destacar que este tribunal ha fijado el criterio de que la acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República, y 36 de la Ley núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), los cuales tienen un carácter normativo y alcance general, toda vez que la acción directa está orientada al ejercicio de un control in abstracto de los actos normativos del poder público, es decir de su contenido objetivo (sentencias TC/0051/12, TC/0054/12 y TC/0066/12, entre otras). No obstante, este tribunal en su Sentencia TC/0041/13, también ha establecido que los actos administrativos producidos en ejecución directa e inmediata de la Constitución y en ausencia de una ley que los norme, aún no ostenten un alcance general o normativo, pueden ser impugnados mediante la acción directa en inconstitucionalidad al tratarse de actuaciones que la Ley Sustantiva ordena realizar bajo ciertas formalidades de tiempo o modo y a los fines de que se garantice la supremacía constitucional.

9.3. Ciertamente, el decreto objeto de la presente acción se refiere a un acto de efecto particular que se contrae a la concesión de un indulto a favor de las personas referidas anteriormente, por lo que no tiene el carácter normativo de alcance general; sin embargo, es susceptible de ser impugnado por la vía de acción directa de inconstitucionalidad, puesto que se trata de un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, conforme el precedente indicado en el párrafo anterior.

TC/0189/15, numeral 8, 9.2–9.3, pág. 11 — PDF oficial

9.4. Previo al análisis del fondo del presente asunto, es preciso referirnos brevemente a la figura del indulto en relación con nuestro ordenamiento jurídico. El indulto es una medida de gracia en la que un individuo que ha sido declarado culpable de una infracción a las normas penales, obtiene el perdón del cumplimiento de la pena por parte de la autoridad competente. Puede ser total, parcial, puro y simple, y condicional. Esta figura se ha mantenido como una reminiscencia de la monarquía absoluta donde se configuró como un derecho del rey para liberar a los condenados a muerte y que ha sobrevivido en la mayoría de los estados constitucionales y democráticos como un hecho excepcional y siempre sometido a reglas que lo hagan compatible con la independencia del poder judicial y con el cumplimiento de sus decisiones. En el ámbito del derecho comparado, dicha facultad es atribuida a distintos órganos; por ejemplo, en países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Irlanda y gran parte de América Latina, es atribución del presidente. En otros países, las facultades corresponden al Rey o la Reina, como ocurre en España y en el Reino Unido. También esa atribución puede ser compartida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, sin que esto implique su judicialización, es decir, no requiere la realización de un nuevo juicio para poder llegar al indulto.

TC/0189/15, numeral 8, 9.4, pág. 12 — PDF oficial

9.5. En República Dominicana, la figura del indulto ha sido consagrada en la Constitución desde su primera proclamación el 6 de noviembre de 1844, específicamente en el artículo 25, cuyo contenido transcribimos a continuación: ningún poder, corporación, ni autoridad podrá jamás conceder indulto general; pero el poder legislativo puede en casos particulares de conmoción u otros, conceder amnistías o indultos particulares, con las excepciones que interés de la sociedad y privado exijan según los crímenes o delitos. Esa facultad constitucional atribuida al Poder Legislativo fue transferida al Poder Ejecutivo con la reforma constitucional producida el 25 de febrero de 1854, conforme se evidencia en al artículo 77, numeral 29, que entre sus atribuciones establece la siguiente: conceder amnistías e indultos particulares cuando lo exija algún motivo de conveniencia pública o humanitario. En ningún caso podrá concederlos por delitos atroces, ni a los empleados públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

TC/0189/15, numeral 8, 9.5, pág. 13 — PDF oficial

9.6. En las posteriores reformas constitucionales, la concesión de indultos se mantuvo como atribución del presidente de la República, situación que varió con la reforma constitucional de 1963, en la cual la figura del indulto no fue contemplada en nuestra Carta Magna. Fue entonces cuando se creó la Comisión Nacional de Indultos, mediante la Ley núm. 65 del 11 de septiembre de 1963, quedando conformada por el procurador general de la República y el consultor jurídico del Ministerio de Justicia, como miembros, y el encargado de los asuntos penitenciarios como secretario. Dicha ley faculta a esa Comisión para otorgar indultos en favor de las personas que se encuentren cumpliendo condena en las cárceles del país, mediante una resolución en la cual se haga constar la facultad que le atribuye esa ley, el motivo para otorgar el indulto, el nombre del preso y el de la penitenciaría o cárcel donde se encuentre cumpliendo la pena. Conforme a dicho texto legal, los indultos son otorgados “Por buena conducta del preso y siempre tomando en consideración las aptitudes morales para el beneficiario adaptarse al medio social sin que, a juicio de la Comisión constituya un peligro para la paz pública ni para su propia seguridad; también en caso de error judicial; por ancianidad, por enfermedad incurable u otra razón que a juicio de la Comisión sea causa justa y conveniente para la concesión del indulto”. Este beneficio puede ser revocado por la Comisión en caso de mala conducta notoria, reintegrándolo a la prisión, por medio de una orden de la Procuraduría General de la República, donde permanecerán hasta el cumplimiento de su condena, considerándose que no han sido indultados.

TC/0189/15, numeral 8, 9.6, pág. 13 — PDF oficial

9.7. Posteriormente, con la reforma constitucional de 1966 se produjo la inconstitucionalidad sobrevenida de la citada Ley núm. 65, puesto que la facultad para conceder indultos vuelve a consagrarse en nuestra Carta Magna como una atribución del presidente de la República (artículo 55 numeral 27) que establece: corresponde al presidente de la República: Conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, con arreglo a la ley”. Esta disposición se mantiene instaurada en el artículo 128, numeral 1, literal (j) de la Constitución de 2015, en los siguientes términos: conceder indulto, total o parcial, puro y simple o condicional, en los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre de cada año, de conformidad con la ley y las convenciones internacionales.

9.8. En tal virtud, carece de razón el accionante cuando concluye que la disposición legal a la que, real y efectivamente, se refiere el constituyente es a la Ley núm. 65 de 1963, que creó la Comisión Nacional de Indultos; toda vez que la misma fue tácitamente anulada de pleno derecho por efecto de la inconstitucionalidad sobrevenida resultante de la reforma constitucional de 1966, que restituía al presidente de la República la potestad de conceder indultos, con arreglo a la ley.

TC/0189/15, numeral 8, 9.7–9.8, pág. 14 — PDF oficial

9.9. Con relación a la reserva legal referida precedentemente, es oportuno destacar la Sentencia TC/0373/14, del 26 de diciembre de 2014, en la que este tribunal estableció lo siguiente: la determinación legislativa debe ser efectuada dentro de los parámetros fijados por la propia Carta Fundamental, esto es, cumplir con el requisito esencial de la habilitación constitucional, lo cual reafirma el principio de supremacía constitucional (Art. 6) que consagra que” todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución, norma suprema y ordenamiento jurídico del Estado. De ahí, que no resulte válido suplantar al poder constituyente (poder originario) mediante la desconstitucionalización de lo que este poder constitucionalizó mediante su inclusión expresa en el texto constitucional, quedando así el poder constituido (poder creado por el constituyente) limitado por la Constitución.

9.10. Acorde con lo anterior, este tribunal considera que el ejercicio de la potestad de indulto atribuida por la Constitución al presidente de la República no debe ser anulada por la inercia del legislador, al que le corresponde regular las condiciones y los aspectos procedimentales para su adecuado ejercicio. Por ello, procede exhortar al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la función legislativa que le es propia, subsane ese vacío normativo con la aprobación de una ley que establezca claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indultos, modalidades, procedimiento y las excepciones, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales.

TC/0189/15, numeral 8, 9.9–9.10, pág. 15 — PDF oficial

9.11. La sentencia exhortativa es una modalidad de sentencia interpretativa, la cual puede ser dictada por este tribunal, en virtud de lo previsto en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11; texto según el cual: El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados. En la especie, la pertinencia de la sentencia exhortativa es incuestionable, ya que en el artículo 128, numeral 1, literal (j) de la Constitución se establece que los indultos deben concederse “(…) de conformidad con la ley (…)”. De manera que estamos en presencia de un mandato constitucional dirigido al legislador de manera expresa.

TC/0189/15, numeral 8, 9.11, pág. 15 — PDF oficial

9.12. En conclusión, la concesión de indulto constituye una facultad constitucional atribuida al presidente de la República, revestida de un amplio margen de discrecionalidad, sin que esto suponga que pueda ser ejercida de manera arbitraria y sin control jurisdiccional. En ese mismo tenor se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de Perú en su sentencia relativa al expediente núm. 03660-2010-PHC/TC, de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil once (2011), así como el Tribunal Supremo español, que al respecto ha pronunciado lo siguiente: los indultos son susceptibles de control jurisdiccional en cuanto a los límites y requisitos que deriven directamente de la Constitución o de la Ley, pese a que se trate de actos del Gobierno incluidos entre los denominados tradicionalmente actos políticos, sin que ello signifique que la fiscalización sea in integrum y sin límite de ningún género, pues esta posición resultaría contraria también a la Constitución.( STS de 20 de febrero y 9 de mayo de 2013).

TC/0189/15, numeral 8, 9.12, pág. 16 — PDF oficial

9.13. Producto de las consideraciones expuestas, procede rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad contra el citado decreto núm 847-08, al no haberse comprobado la infracción constitucional promovida por la parte accionante. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0189/15, numeral 8, 9.13, pág. 16 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad, de fecha seis (6) de enero del dos mil nueve (2009), incoada por el Lic. Hermes Guerrero Báez y el Dr. Reemberto Pichardo Juan, contra Decreto núm. 487-08, emitido por el presidente de la República el veintidós (22) de diciembre de dos mil ocho (2008), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa en inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Hermes Guerrero Báez y el Dr. Reemberto Pichardo Juan, y, en consecuencia, DECLARAR CONFORME a la Constitución de la República, el Decreto núm. 487-08, emitido por el presidente de la República el veintidós (22) de diciembre de dos mil ocho (2008), en ejercicio de sus atribuciones conferidas por la misma.

TERCERO: EXHORTAR al Congreso Nacional para que en el ejercicio de la función legislativa que le es propia, subsane ese vacío normativo regulatorio del indulto con la aprobación de una ley, conforme lo prevé el articulo artículo 128, numeral 1, literal (j) de la Constitución de 2015, que establezca claramente las condiciones sobre la selección de los candidatos a indultos, modalidades, procedimiento y las excepciones, dentro de los límites constitucionales y los acuerdos internacionales.

CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011).

QUINTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, a los accionantes, al Lic. Hermes Guerrero Báez y el Dr. Reemberto Pichardo Juan, al Procurador General de la República, al Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, para los fines que correspondan.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0189/15, del 15 de julio de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0189-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.