Sentencia TC/0226/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de septiembre de 2014 · Expediente TC-05-2013-0008
Recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el Ayuntamiento del municipio San Francisco de Macorís contra la Sentencia núm. 01302012000198, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0226/14?
La exigencia legal de permisos municipales de uso de suelo y edificación limita el ejercicio del derecho de propiedad, pero, una vez otorgados por la autoridad competente, esos permisos pasan a integrar dicho derecho. La suspensión de la autorización de construcción y las medidas que la acompañaron fueron sanciones, no simples medidas preventivas. El Concejo de Regidores las impuso sin dar audiencia a los afectados ni identificar las normas vulneradas y la infracción específica. Además, la prohibición absoluta de negociar el inmueble constituyó una afectación expropiatoria arbitraria, y la extensión de las sanciones a terceros vulneró también el principio de personalidad de la sanción. Por ello, el Tribunal confirmó la nulidad de las decisiones adoptadas mediante el Acta núm. 28-2010 (TC/0226/14, numeral 10, a–d, pág. 13; TC/0226/14, numeral 10, e–i, pág. 14; TC/0226/14, numeral 10, b–e, pág. 16; TC/0226/14, numeral 10, f–h, pág. 17; TC/0226/14, numeral 10, i–k, pág. 18; TC/0226/14, numeral 10, l–a, pág. 19).
Los actos administrativos favorables que reconocen u otorgan derechos son, en principio, irrevocables. La autorización de construcción creó una situación jurídica particular y reconoció un derecho subjetivo, por lo que el Concejo no podía revocarla de oficio, sin el consentimiento del beneficiario y sin observar los procedimientos constitucionales y legales. Aunque el procedimiento de declaración de lesividad aún no estaba vigente, la propia Administración podía impugnar el permiso ante la jurisdicción contencioso-administrativa conforme a la Ley núm. 1494. Al revocarlo directamente mediante el Acta núm. 33-2010, el Concejo vulneró el debido proceso, el derecho de defensa y el derecho de propiedad (TC/0226/14, numeral 10, b–e, pág. 20; TC/0226/14, numeral 10, f–i, pág. 21; TC/0226/14, numeral 10, j–k, pág. 21; TC/0226/14, numeral 10, l–m, pág. 22; TC/0226/14, numeral 10, n–o, pág. 23).
Decisión
El Tribunal admitió y acogió el recurso de revisión, revocó parcialmente la sentencia recurrida en cuanto había rechazado la nulidad de las decisiones adoptadas mediante el Acta núm. 33-2010 y acogió íntegramente el amparo, declarando nulas esas decisiones. Confirmó la nulidad de las decisiones adoptadas mediante el Acta núm. 28-2010 y el astreinte fijado por el juez de amparo, y ordenó al Registro de Títulos levantar las oposiciones o inscripciones derivadas del proceso sobre los inmuebles involucrados.
Citas textuales clave
“Sin embargo, una vez otorgado el permiso de uso de suelo y el permiso de edificación por la administración competente, dicha autorización pasa a formar parte integral del derecho de propiedad y esa limitación a su uso deja de existir.” (TC/0226/14, numeral 10, e–i, pág. 14).
“De acuerdo con la documentación presente en el expediente, no consta participación alguna de las personas que resultaron afectadas en ningún momento del proceso.” (TC/0226/14, numeral 10, f–h, pág. 17).
“Sin embargo, cuando se trata de actos administrativos que son favorables al administrado, actos declarativos o actos que reconocen u otorgan derechos, el principio es la irrevocabilidad de los mismos.” (TC/0226/14, numeral 10, f–i, pág. 21).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 51, 69, 72 (in fine), 74.2 y 138.2. Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 95 y 100. Ley núm. 176-07: competencia municipal para autorizar usos de suelo y edificaciones. Ley núm. 1494: recurso contencioso-administrativo contra actos administrativos ilegales. Ley núm. 107-13: artículos 45 y 61, sobre la declaración de lesividad y la entrada en vigor de la ley.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0242/13, TC/0094/14, TC/0011/14 y TC/0010/12. Consejo de Estado de Colombia, Sección Primera: sentencia del 9 de marzo de 2000, rad. 5733.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís emitió una resolución según consta en el Acta núm. 25-2010 de la sesión ordinaria del seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), en virtud de la cual autorizó la construcción de un edificio comercial en el inmueble propiedad de Leónidas Castro. Posteriormente, mediante el Acta núm. 28-2010 de la sesión ordinaria del tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010), ordenó la suspensión de la construcción, así como otras medidas. Finalmente, mediante el Acta núm. 33-2010 de la sesión ordinaria del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010), revocó la autorización para construir, dada en virtud de la primera resolución. A raíz de esto, Diego Alcalá María, Leónidas Castro y Mauricio Núñez Marte interpusieron una acción de amparo alegando violación a su derecho de propiedad como resultado de las actuaciones del Concejo de Regidores. El juez de amparo acogió parcialmente la acción y reconoció la violación al derecho de propiedad por la suspensión de la construcción, mientras que rechazó la acción en cuanto a la solicitud de nulidad de la resolución que revocaba la autorización para construir. Como resultado de esta decisión, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís interpuso un recurso de revisión constitucional contra la decisión dictada por el juez de amparo.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible por las siguientes razones:
a. Los recurridos plantean la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo por extemporaneidad, en razón de que el mismo fue depositado el tres (3) de agosto de dos mil doce (2012), siete (7) días después de que fue notificada la sentencia, la cual fue notificada el veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012).
b. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137- 11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días contados a partir de la fecha de su notificación. Este tribunal ha establecido que dicho plazo es franco, es decir, que no se contarán el primer ni el último día y que tampoco se computarán los días no laborables (Sentencia TC/0080/12).
c. La sentencia recurrida fue notificada el viernes veintisiete (27) de julio de dos mil doce (2012), mediante el Acto de alguacil núm. 1570-2012, instrumentado por el ministerial Rafael Martínez Almánzar, y el recurso de revisión constitucional fue depositado por la parte recurrente el viernes tres (3) de agosto de dos mil doce (2012). En este sentido, se puede comprobar que transcurrieron exactamente cinco (5) días laborables desde la notificación de la sentencia hasta la interposición del presente recurso, por lo cual el mismo fue interpuesto dentro del plazo legal. Procede, pues, rechazar la solicitud de inadmisibilidad interpuesta por los recurridos.
d. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, es decir la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional o para la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional tiene relevancia y trascendencia constitucional, ya que el conocimiento del fondo del mismo permitirá reforzar su criterio en cuanto al carácter ejecutivo y la presunción de legalidad y validez de los actos administrativos dictados por los ayuntamientos en su calidad de Administración Pública, así como pronunciarse sobre la posibilidad de las administraciones de suspender y revocar sus actos propios.
10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En lo que se refiere al recurso de revisión constitucional, este tribunal hace las siguientes consideraciones:
a. El Concejo Municipal o Concejo de Regidores es el órgano colegiado del Ayuntamiento con funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización, con lo cual sus decisiones y resoluciones son propias y se consideran como actos administrativos.
b. Conforme a lo establecido en la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, corresponde a los ayuntamientos, a través de su Concejo Municipal, autorizar los usos de suelos y edificaciones en el territorio de la provincia a que pertenecen.
c. De acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Constitución dominicana: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Al igual que cualquier otro derecho, el derecho de propiedad no es absoluto, por lo cual puede ser modulado para la satisfacción del interés general. Sobre el particular, el artículo 74.2 de la Carta Magna establece que “[s]ólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”.
d. Como explicamos previamente, en virtud de la referida ley núm. 176- 07, los ayuntamientos tienen la potestad de otorgar los permisos de uso de suelo y edificaciones, una vez comprueben que los mismos cumplen con los requisitos establecidos por las normativas aplicables. Esto resulta, en principio, una limitación legal al ejercicio del derecho de propiedad, en razón de que se requiere de la autorización de una administración pública para el uso de la propiedad.
e. Sin embargo, una vez otorgado el permiso de uso de suelo y el permiso de edificación por la administración competente, dicha autorización pasa a formar parte integral del derecho de propiedad y esa limitación a su uso deja de existir.
f. En el caso en concreto, el Concejo Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, según consta en el Acta núm. 25-2010 de la sesión ordinaria del seis (6) de octubre de dos mil diez (2010), autorizó los planos para la construcción de un proyecto de edifico comercial de dos niveles en el inmueble propiedad de Leónidas Castro.
g. En este sentido, la autorización para construir es un acto administrativo que crea una situación jurídica específica y que afecta de manera positiva un derecho particular, en este caso, el derecho de propiedad.
h. Los actos emitidos por el Concejo Municipal, en su calidad de órgano de la Administración Pública, como ha reiterado este rribunal, poseen una singular fuerza jurídica y, por tanto, siempre han de estar investidas de la legitimidad que se le reconoce a los actos emanados de toda autoridad pública, en razón de que se da por sentado que ésta, por lo general, actúa en el marco de las potestades que la ley le atribuye, cuidando no incursionar en áreas que escapen a su órbita competencial (sentencias TC/0242/13 y TC/0094/14).
i. Así pues, la permanencia de los actos administrativos es un componente esencial de la actividad de la administración y de la tutela de los derechos de los administrados. En consecuencia, “la administración está atada por el contenido de los actos que ella misma emite” (Sentencia TC/0094/14).
j. En la especie, posterior a la aprobación de los planos y autorizada la construcción por parte de la administración competente, esta misma ordenó: (i) la suspensión de la autorización, junto con una serie de medidas para evitar el uso de la propiedad; y (ii) la revocación de la autorización de uso de suelo y edificación. Por tanto, procede que este tribunal evalúe si estaba dentro de las atribuciones y facultades del Concejo de Regidores realizar dichos actos en el caso en concreto, y si esas acciones conllevaban o no la violación a derechos fundamentales.
10.1. Sobre la suspensión del acto administrativo
a. Con respecto al primer acto administrativo, en virtud del Acta núm. 28-2010 de la sesión ordinaria del tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores, se ordenó la suspensión de la autorización previamente otorgada y adicionalmente: (i) paralizar y sellar la obra; (ii) sancionar a Leo Castro por haber violentado los parámetros relacionados a las leyes de construcción; (iii) comunicar la medida al Tribunal de Tierras para que prohíba cualquier tipo de negociación con esa edificación; y (iv) aplicar a todos los que tengan construcciones en ese lugar y que se encuentren en igual condición las medidas tomadas en la presente comunicación.
b. De lo anterior se desprende que las medidas tomadas, más que medidas preventivas, constituyen medidas sancionatorias, o bien sanciones administrativas, ya que se dispuso, entre otras cosas, “la sanción por violación a los linderos”, la inscripción de oposiciones en el registro de títulos para impedir negociaciones futuras con este inmueble, entre otras previamente listadas. Dichas medidas, individualmente, afectan el disfrute, goce y uso del derecho de propiedad que pertenece a Leónidas Castro, y de manera extensiva a “todos los que tengan construcciones en ese lugar y que se encuentren en igual condición las medidas tomadas en la presente comunicación”, que incluye a los también accionantes Diego Alcalá María y Mauricio Núñez.
c. De la evaluación del acta resultante de la reunión del Concejo de Regidores donde fueron tomadas las mismas, se evidencia que estas fueron adoptadas con total desapego a las normas de debido proceso consagrados en nuestra Constitución y reiteradas previamente por este tribunal, lo cual procederemos a analizar a continuación.
d. En este sentido, nuestra Constitución establece en su artículo 69 las garantías mínimas que deben ser respetadas particularmente para las medidas que tiendan a afectar en alguna medida algún derecho, y de manera específica señala que “[l]as normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”, con lo cual dicha obligación se extiende al momento de aplicar una sanción administrativa o tomar medidas sancionatorias, como es el caso en concreto.
e. Adicionalmente, en su artículo 138.2, nuestra Carta Magna establece que “[e]l procedimiento a través del cual deben producirse las resoluciones y actos administrativos, garantizando la audiencia de las personas interesadas, con las excepciones que establezca la ley”.
f. En el presente caso, tal y como consta en el Acta núm. 28-2010 del Concejo de Regidores, se evaluaron los informes técnicos presentados por la Dirección de Planeamiento Urbano, se escuchó la opinión de cuatro (4) regidores de los que participaron en la reunión sobre las medidas a tomar en este caso considerando el contenido de los informes y, en base a esto, se tomaron las medidas previamente descritas. De acuerdo con la documentación presente en el expediente, no consta participación alguna de las personas que resultaron afectadas en ningún momento del proceso.
g. Tal y como ha indicado este tribunal, la importancia de la protección del debido proceso reside en “la posibilidad de que se garantice a la persona poder contestar cada argumento esgrimido en su contra, su derecho a la defensa y el derecho a ser asistida de manera oportuna técnica y jurídicamente” (Sentencia TC/0011/14), posibilidad que no se garantizó ni se pretendió garantizar en la imposición de las medidas por parte del Concejo de Regidores.
h. Tampoco hubo identificación de las normas que estaban siendo vulneradas, la infracción específica que se tipificó que conllevara la aplicación de las sanciones determinadas por el Concejo de Regidores ni se tomó en cuenta “que la obra se encontraba amparada por el permiso conferido por la misma administración municipal” 1 .
i. Sobre el particular, este tribunal ha señalado que es necesario que se provean motivos razonables y por escrito cuando se trata de actos administrativos que tengan como fin variar la situación jurídica del administrado (Sentencia TC/0010/12). Por lo cual, un acto que pretenda imponer una serie de medidas dirigidas a la afectación del derecho de propiedad debe ser realizado, como mínimo, respetando la garantía del debido proceso donde los hechos imputados puedan ser controvertidos entre la administración que evalúa la situación y el administrado que está siendo evaluado.
j. Adicionalmente al respeto al debido proceso, vale notar que otra de las medidas tomadas fue la de “comunicar la medida al Tribunal de Tierras para que prohíba cualquier tipo de negociación con esa edificación”. Es así como, de manera arbitraria y sin ningún tipo de justificación legal, el Concejo de Regidores determina colocar una afectación al derecho de propiedad de Leónidas Castro, de forma que se impide el uso del derecho de propiedad, traduciéndose esto en una actuación administrativa expropiatoria.
k. En este sentido, debemos entender como actos expropiatorios, aquellos actos administrativos que están dirigidos a privar a una persona del uso, beneficio o disfrute de su derecho de propiedad sin que exista una ocupación física ni un traspaso de título formal, pero que hacen que el derecho de propiedad sea, en términos prácticos, inexistente para el titular. Dicho acto, para considerarse expropiatorio, debe ser arbitrario o discriminatorio. 1 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Derecho urbanístico. Legislación y jurisprudencia. Universidad del Externado, segunda edición, Colombia, 2009, p. 485.
l. En el presente caso, al Concejo de Regidores ordenar al Tribunal de Tierras inscribir en el certificado de títulos del inmueble en cuestión, una prohibición absoluta a cualquier transacción o negociación sobre el inmueble, está impidiendo, de manera arbitraria, el uso, goce y disfrute del derecho de propiedad de Leónidas Castro, lo que se traduce en una violación a dicho derecho.
m. Por otro lado, y aún más grave en este caso, el hecho de que las medidas sancionatorias impuestas se hacen extensivas a personas que no formaban parte del proceso, al indicar de forma expresa el acto impugnado que serán aplicables “a todos los que tengan construcciones en ese lugar y que se encuentren en igual condición las medidas tomadas en la presente comunicación”. Esta medida hace extensiva la violación al derecho de propiedad a personas ajenas al proceso, así como viola el derecho a un debido proceso y el derecho de defensa de estos terceros no partes del proceso y el principio de la personalidad de la pena, en este caso, de la sanción.
n. Así pues, en razón de que el acto administrativo que fue dictado para, entre otras cosas, suspender la autorización de construcción, fue realizado en violación al debido proceso y al derecho de defensa de los hoy recurridos, y de manera particular, resultó en una franca violación a su derecho de propiedad, coincidimos con el juez de amparo en que dicho acto debe ser declarado nulo.
10.2. Sobre la revocación del acto administrativo
a. Por otro lado, corresponde que el Tribunal se pronuncie con respecto al Acta núm. 33-2010 de la sesión ordinaria del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores, en virtud de la cual se decidió la revocación de la aprobación para construir previamente otorgada mediante el Acta núm. 25-2010 de la sesión ordinaria del seis (6) de octubre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores.
b. Sobre esta actuación, el juez de amparo indicó que, en virtud de que los Ayuntamientos Municipales tienen la facultad de aprobar o no planos referentes a construcciones dentro del ámbito territorial (…), la aprobación o no de los planos del edificio propiedad del señor Leónidas Castos, entra dentro del ámbito facultativo del Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís, por lo cual el acta mediante la cual se acordó la revocación de la aprobación previamente realizada fue emitida dentro de las facultades de dicha administración, criterio que este tribunal no comparte por las razones que se explican a continuación.
c. Como se indicara previamente, los actos dictados por la Administración Pública son válidos y componen una presunción de legalidad que es lo que permite a los administrados realizar actuaciones e inversiones en base a los derechos reconocidos, otorgados y protegidos por dichos actos. Tal permanencia es lo que, en definitiva, provee de confianza y seguridad jurídica a los administrados sobre un acto que es ejecutivo, tiene eficacia jurídica, fuerza obligatoria y que, finalmente, debe cumplirse en la forma en que fue dictado.
d. Así pues, para que un acto administrativo pueda dejar de tener los efectos que por su naturaleza le acompañan, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico en las formas y por las razones constitucionales y legales permitidas, como ha dicho previamente este tribunal, por ejemplo, siendo “revocado por la administración en cuestión o declarado nulo por la jurisdicción contenciosa-administrativa” (Sentencia TC/0094/14).
e. Se entiende por revocación el retiro del ordenamiento jurídico de un acto administrativo por la propia administración que lo dictó mediante un acto con efecto contrario al retirado.
f. Cuando se trata de actos administrativos que afectan derechos o son de gravamen para el administrado, los mismos pueden, en principio, ser revocados directamente por la Administración Pública que los dicto, con la emisión de un nuevo acto de revocación, siempre que dicha revocación no vaya en detrimento del interés público o contraríe el ordenamiento jurídico.
g. Sin embargo, cuando se trata de actos administrativos que son favorables al administrado, actos declarativos o actos que reconocen u otorgan derechos, el principio es la irrevocabilidad de los mismos. Esto en razón de que, como hemos señalado, los actos que crean derechos colocan al administrado en una situación de seguridad jurídica que le permite realizar actos en base al acto otorgado por la administración.
h. Por tanto, para poder revocar un acto que reconoce u otorga derechos, la Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto, ni a terceros que pudieran resultar afectados.
i. Sin embargo, cuando el derecho “conferido al administrado es revocado, sin que la administración obtenga el consentimiento expreso y escrito del afectado, se trata de una potestad expropiatoria, por cuanto el administrado tenía el derecho con justo título, pues era un derecho adquirido” 2 .
j. En el caso particular de la aprobación de los planos para realizar una construcción “constituye el acto administrativo creador de una situación jurídica particular y de un derecho subjetivo” 3 y su revocación, en consecuencia, resulta en una afectación del derecho reconocido, que en este caso es el derecho de propiedad. Sobre el particular, la jurisprudencia ha sido enfática en poner de presente la vulneración del debido proceso y el 2 Consejo de Estado de Colombia, sección primera, sentencia del 9 de marzo de 2000, rad. 5733 3 Ibid. derecho de defensa del administrado, implícita en la revocación de un acto de carácter particular y concreto, generador de derechos, sin agotar los requisitos legales señalados para ese propósito 4 .
k. Así pues, no es posible para la Administración Pública revocar por sí misma un acto administrativo cuando se trata de un acto favorable para el administrado, sin seguir los procedimientos constitucionales y legales propios. En nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando actualmente no está vigente la normativa que contiene el proceso de declaración de lesividad de actos favorables –contenido en el artículo 45 de la Ley núm. 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo 5 –, el cual permite la impugnación por parte de la administración por ante la jurisdicción contencioso- administrativa de aquellos actos favorables que resulten lesivos para el interés general, sí existen procedimientos legales que pudieron y debieron ser agotados por la administración pública en este caso en concreto.
l. En este sentido, la Ley núm. 1494, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, establece el recurso contencioso-administrativo contra aquellos actos administrativos violatorios de la ley, los reglamentos y decretos, el cual, si bien en su generalidad es interpuesto por los administrados contra los actos administrativos, nada impide que quien interponga el recurso sea la propia administración que dictó el acto. Con la interposición del recurso, la jurisdicción contencioso-administrativa podrá determinar la legalidad o no del acto administrativo inicialmente dictado, en este caso la autorización para edificar, y podrá declarar la nulidad del acto en caso de que lo considere ilegal, decidiendo a su vez –y a solicitud de parte– la posible compensación por los daños que dicho acto de la administración pudo haber causado al administrado. 4 Ibid. 5 Conforme al artículo 61 de esta ley, su vigencia ha sido prorrogada hasta dieciocho (18) meses luego de su promulgación. La misma fue promulgada el seis (6) del mes de agosto del año dos mil trece (2013).
m. Como ha señalado la doctrina, tratándose por lo tanto del ejercicio oficioso de la revocatoria esto es, de la revocatoria como instrumento de la administración, se tiene por principio una enorme limitante que evita que la administración pueda sustituir irregularmente a la jurisdicción contenciosa administrativa en el juzgamiento o control a la legalidad de las decisiones administrativas 6 . Así pues, la Administración debe presentarse “ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en busca de la anulación de sus propios actos que, aunque violatorios al orden legal, hayan reconocidos derechos subjetivos o creado situaciones jurídicas del mismo carácter” 7 .
n. En el caso concreto, el Concejo de Regidores, en su calidad de ente de la Administración Pública, dictó un acto que amplió el derecho de propiedad permitiendo y autorizando la construcción de una edificación, con lo cual, se trata de un acto que reconoce derechos subjetivos y modifica la situación jurídica de los accionantes. Su revocación directa por parte de la Administración, sin en el consentimiento del beneficiario del acto, no es posible sin que se configure una violación tanto al derecho al debido proceso, derecho de defensa, y particularmente una afectación ilegítima a un derecho de propiedad reconocido, lo que se traduce en una violación al derecho de propiedad, como ha sucedido en este caso.
o. Es por cuanto que el Acta núm. 33-2010 del Concejo de Regidores, en virtud de la cual se revocó de oficio la autorización dada por el Acta núm. 25-2010, dictada por dicha administración, resultó en una violación tanto al derecho al debido proceso, derecho de defensa y al derecho de propiedad del accionante, Leónidas Castro, lo que conlleva a acoger la acción de 6 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo; tomo II. Universidad del Externado, cuarta edición, Colombia, 2003, p.308. 7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del Iº de julio de 1975, C.P. Jaime Betacour Cuartas, ACE, t. LXXXIX, nos. 447 y 448, 1975, p. 45. Citado por Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de derecho administrativo; tomo II, Universidad del Externado, cuarta edición, Colombia, 2003, p. 308. amparo, contrario a lo decidido por el juez que conoció inicialmente de la acción interpuesta.
p. Por todo lo expuesto previamente, este tribunal procede a acoger el recurso interpuesto, revocar parcialmente la sentencia de amparo, en razón de que la misma no reconoció la violación al derecho de propiedad realizado por el acto que revocó el permiso de construcción, y acoger en todas sus partes la acción de amparo interpuesta, en razón de que los actos impugnados violan el derecho a un debido proceso, derecho de defensa y el derecho de propiedad. Por tanto, se declara la nulidad del Acta núm. 28- 2010 de la sesión ordinaria del tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores y del Acta núm. 33-2010 de la sesión ordinaria del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández y Jottin Cury David, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la Sentencia núm. 01302012000198, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012).
SEGUNDO: ACOGER el recurso interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís; y REVOCAR, parcialmente, la Sentencia núm. 01302012000198, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís el veintinueve (29) de junio de dos mil doce (2012), en cuanto al rechazo de la nulidad del Acta núm. 33-2010 de la sesión ordinaria del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Diego Alcalá María, Leónidas Castro y Mauricio Núñez Marte y DECLARAR nulas las decisiones adoptadas en virtud del Acta núm. 33-2010 de la sesión ordinaria del primero (1º) de diciembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores.
CUARTO: CONFIRMAR la decisión del juez de amparo, en cuanto a DECLARAR nulas las decisiones adoptadas en virtud del Acta núm. 28- 2010 de la sesión ordinaria del tres (3) de noviembre de dos mil diez (2010) del Concejo de Regidores, así como CONFIRMAR el astreinte establecido por dicho juez y ORDENAR al Registro de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís el levantamiento de cualquier oposición o inscripción que como consecuencia del presente proceso haya surgido sobre los inmuebles involucrados en el mismo.
QUINTO: ORDENAR, la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte recurrente, Ayuntamiento del municipio San Francisco de Macorís, y a las partes recurridas, Diego Alcalá María, Leónidas Castro y Mauricio Núñez Marte.
SEXTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0226/14, del 23 de septiembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0226-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.