Sentencia TC/0237/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 29 de noviembre de 2013 · Expediente TC-05-2012-0053

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo, incoado por Juan Alberto Fañas Bonilla, contra la Sentencia núm. 039-2012, dictada por la Cámara Penal del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0237/13?

El plazo de cinco días para interponer el recurso de revisión en materia de amparo es franco y se computa en días hábiles, por lo que el recurso fue oportuno. El caso revestía especial trascendencia constitucional porque permitía precisar el alcance de la facultad del Ministerio de Interior y Policía para revocar una licencia de porte y tenencia de arma de fuego a una persona condenada por tráfico de drogas (TC/0237/13, numeral 9, 9.1–d, pág. 8; TC/0237/13, numeral 9, e–f, pág. 9).

El derecho de propiedad sobre un arma de fuego está sujeto a límites por el riesgo que su ejercicio supone para la seguridad nacional, la integridad personal y la vida. El Ministerio de Interior y Policía puede revocar la licencia, pero debe expresar por escrito motivos razonables para evitar un ejercicio arbitrario de esa facultad. En este caso, el Ministerio comunicó al recurrente las razones de la revocación y las refrendó mediante certificación escrita. La condena en Estados Unidos por hechos relacionados con sustancias controladas constituía, conforme a los artículos 16 de la Ley núm. 36 y 81 de la Ley núm. 50-88, un impedimento legal para ser titular de la licencia. Por ello, el Tribunal concluyó que no se vulneró ningún derecho fundamental (TC/0237/13, numeral 10, a–c, pág. 9; TC/0237/13, numeral 10, d–f, pág. 10; TC/0237/13, numeral 10, g–i, pág. 11; TC/0237/13, numeral 10, j–l, pág. 12; TC/0237/13, numeral 10, m–o, pág. 13).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y ratifica íntegramente la Sentencia núm. 039/2012. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la decisión a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Sin embargo, cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida.” (TC/0237/13, numeral 10, a–c, pág. 9).
“(…) para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, el mismo debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía, debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego” (TC/0237/13, numeral 10, j–l, pág. 12).
“En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que en el presente caso, al recurrente no le ha sido conculcado ningún derecho fundamental.” (TC/0237/13, numeral 10, m–o, pág. 13).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 51, 72, in fine, y 138.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (incluido el numeral 11), 66, 94, 95 y 100.

Ley núm. 36: artículos 16 y 27.

Ley núm. 50-88: artículo 81.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/2012, TC/0007/12 y TC/0010/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, en el caso que nos ocupa, Juan Alberto Fañas Bonilla alega la conculcación del derecho de propiedad, dignidad humana y al derecho de igualdad, en razón de que el Ministerio de Interior y Policía le revocó su licencia de porte y tenencia de arma de fuego, motivo por el cual interpuso en fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce (2012), una acción de amparo ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte, acción que fue rechazada por la Sentencia núm. 039/2012, de fecha nueve (9) de abril de dos mil doce (2012). Por tal razón, en fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), incoó el presente recurso de revisión.

TC/0237/13, numeral 7, 7.1, pág. 7 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

9.1. El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones:

a. En la especie, la parte recurrida ha planteado la inadmisibilidad del presente recurso por la supuesta violación al artículo 95 de la Ley núm. 137- 11, en vista de que la sentencia recurrida fue notificada el veinticuatro (24) de abril de dos mil doce (2012), mientras que el recurso se incoó el dos (2) de mayo del mismo año, luego del vencimiento de plazo de cinco (5) días establecido por el referido artículo.

b. Al respecto, este tribunal ha precisado, mediante la Sentencia núm. TC/0080/2012, del 15 de diciembre de 2012, que este plazo se ha de considerar franco y computado en días hábiles, por tanto “(…) no se le computarán los días no laborables, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. Conforme a lo anteriormente dicho, se evidencia que el presente recurso fue interpuesto en tiempo hábil.

c. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y tercería.

d. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece que: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0237/13, numeral 9, 9.1–d, pág. 8 — PDF oficial

e. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente, arribamos a la conclusión de que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional, de acuerdo con el criterio fijado al respecto por este tribunal en su Sentencia núm. TC/0007/12. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que se podrá continuar desarrollando el tema concerniente a los alcances que entraña el porte y tenencia de un arma de fuego y la facultad legal que tiene el Ministerio de Interior y Policía para revocar la licencia que ampara el uso de la misma cuando se trata de una persona que ha sido objeto de condena judicial por haber incurrido en el crimen de tráfico de drogas.

f. Por tales razones, dicho recurso resulta admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo.

TC/0237/13, numeral 9, e–f, pág. 9 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión

a. En la especie, el señor Juan Alberto Fañas Bonilla alega la violación de los derechos de propiedad, a la dignidad humana y de igualdad, en vista de que el Ministerio de Interior y Policía le revocó la licencia relativa al porte y tenencia de arma de fuego.

b. Para estos casos, el Tribunal Constitucional fijó su posición en la Sentencia núm. TC 0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012), señalando: El derecho de propiedad está reconocido por el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana como un derecho patrimonial fundamental. Sin embargo, cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida.

c. El artículo 16 de la Ley núm. 36, de fecha diecisiete (17) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), que faculta al Ministerio de Interior y Policía para el otorgamiento de porte y tenencia de arma de fuego, indica cuáles personas no califican para ser beneficiadas con tal licencia, y al respecto señala: No pueden portar ni tener armas de fuego las siguientes personas; a) los menores de dieciocho (18) años de edad; b) las personas que hayan padecido o estén padeciendo de enajenación mental o epilepsia;

c) los beodos habituales; d)las personas que han sido condenadas a penas aflictivas e infamantes o infamantes o intencionales; e) los condenados por delitos de robo, estafa, abuso de confianza, fullería y otros de igual natural; y f) las personas que estén sometidas a la acción de la justicia, mientras estén sub judice y si se ha dictado mandamiento de prisión.

TC/0237/13, numeral 10, a–c, pág. 9 — PDF oficial

d. En este caso, el Ministerio de Interior y Policía ha procurado la revocación del permiso para porte y tenencia de arma de fuego del recurrente basado en los resultados de una investigación en la que aparece un expediente penal relacionado con sustancias controladas (drogas) que lo involucra.,; cuestión que determinó su deportación de Estados Unidos de América hacia nuestro país en fecha dieciocho (18) de enero de dos mil seis (2006), tras haber cumplido allí una condena de tres (3) años y seis (6) meses.

e. En el mismo orden, el artículo 81 de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, establece: Ninguna persona convicta por violación a esta Ley, así como de cualquier país extranjero, o que haya sido declarada adicta a las drogas, podrá obtener licencia de las autoridades competentes, para la tenencia o por posesión de armas de fuego (…). Cualquiera de tales licencias que hubiese sido expedida con anterioridad a la sentencia o declaración de adición, será inmediatamente cancelada.

f. En el espíritu de la anterior disposición legal está comprendida la preocupación de los diferentes Estados cuyos representantes han arribado a la conclusión de que el narcotráfico está comprendido entre las manifestaciones más severas de la delincuencia organizada transnacional y que su virulencia es tal que constituye una seria amenaza para los países y sus instituciones. De ahí que en la referida ley nacional se tome en consideración no solo su propia violación, sino la de cualquier otro país que atienda a esta misma naturaleza.

TC/0237/13, numeral 10, d–f, pág. 10 — PDF oficial

g. En ese sentido, conviene precisar que es una facultad propia del Ministerio de Interior y Policía garantizar y proteger la seguridad ciudadana, por lo que es una cuestión inherente a su responsabilidad el establecimiento de mecanismos de investigación y control con relación al porte y tenencia de las armas de fuego, de manera que coadyuven a reducir los hechos violentos y contribuyan a resguardar el orden público y la paz social.

h. Dada la situación de violencia que vive nuestra sociedad en los momentos actuales y la incidencia que tienen las armas de fuego en la comisión de acciones delictivas, el Ministerio de Interior y Policía tiene la potestad de conceder un permiso para portar o tener un arma de fuego; pero, en caso de negativa dicho Ministerio está obligado a ofrecer motivos razonables al respecto.

i. En ese mismo sentido y en atención a los términos de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de armas de fuego, de fecha dieciocho (18) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), se pronunció este Tribunal en la referida sentencia núm. TC/0010/12, estableciendo: Dado el riesgo que supone para la sociedad la tenencia y porte de armas por particulares, el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía se ha reservado el derecho de otorgar y revocar las referidas licencias. Dicha facultad la ejerce el indicado ministerio en virtud de lo que establece el artículo 27 de la citada ley que prescribe lo siguiente: “Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministerio de lo Interior y Policía (...).

TC/0237/13, numeral 10, g–i, pág. 11 — PDF oficial

j. La antes indicada disposición legal no establece las exigencias que debe cumplir el Ministerio de Interior y Policía cuando se proponga revocar una licencia de porte y tenencia de arma de fuego expedida a un ciudadano; por tanto, tal facultad podría entrañar un ejercicio arbitrario. En base a esta consideración, este tribunal decidió, mediante la Sentencia núm. TC/0010/12, del 2 de mayo de 2012: “(…) para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, el mismo debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía, debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego”.

k. En el presente caso, el Ministerio de Interior y Policía satisface el requerimiento establecido por el Tribunal Constitucional, toda vez que este hizo saber al recurrente los motivos que le condujeron a revocar la licencia, cuestión que se revela en el documento de presentación del recurso y que fue refrendado por escrito mediante certificación expedida con motivo de solicitarle información al referido Ministerio bajo el ejercicio pleno del principio de oficiosidad consignado en el artículo 7, numeral 11, de la Ley núm. 137-11, la cual fue notificada mediante el Acto de Alguacil núm. 05- 2013, instrumentado por el ministerial Ramón Antonio López, ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en fecha tres (3) de junio de dos mil trece (2013).

l. El artículo 138 del texto supremo dice, en su primera parte: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado (…)”.

TC/0237/13, numeral 10, j–l, pág. 12 — PDF oficial

m. En tal sentido, resulta oportuno señalar, además, que las instituciones públicas están en la obligación de ofrecer una pronta respuesta a los ciudadanos que acuden a solicitar un servicio. Esta respuesta puede ser positiva o negativa, y, en el caso de resultar de esta última naturaleza, debe justificarse o motivarse y, en la eventualidad de no hacerlo, no se estarían observando los principios de transparencia y eficacia consagrados en el referido artículo 138 de la Constitución de la República.

n. De lo precedentemente expuesto resulta que, contrario al alegato del recurrente Juan Alberto Fañas Bonilla y conforme a la certificación del Ministerio de Interior y Policía, el primero sufrió condena penal relacionada con sustancias controladas en Estados Unidos de América y luego fue deportado a República Dominicana, razón por la cual, de conformidad con lo preceptuado por los mencionados artículos 16 y 81 de las indicadas leyes números 36 y 50-88, respectivamente, se constituye en un impedimento legal que lo descalifica para que se le beneficie con el otorgamiento de licencia para tener o portar arma de fuego.

o. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que en el presente caso, al recurrente no le ha sido conculcado ningún derecho fundamental. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, Juez Presidente; y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0237/13, numeral 10, m–o, pág. 13 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Juan Alberto Fañas Bonilla, contra el Ministerio de Interior y Policía, en relación con la Sentencia número 039/2012, de fecha nueve (9) de abril del año dos mil doce (2012), dictada por la Cámara Penal del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de la sentencia de amparo referida en el ordinal anterior por las razones indicadas en el cuerpo de esta sentencia; en consecuencia, RATIFICAR en todas sus partes la referida sentencia núm. 039/2012 de la indicada Cámara Penal del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte, objeto del presente recurso de revisión.

TERCERO: DECLARAR, el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: COMUNICAR, esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Juan Alberto Fañas Bonilla, y a la parte recurrida, Ministerio de Interior y Policía.

QUINTO: ORDENAR, que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0237/13, del 29 de noviembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0237-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.