Sentencia TC/0249/18

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de julio de 2018 · Expediente TC-042017-0013

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de defensa

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0249/18?

El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de treinta días hábiles y francos contados desde la notificación de la sentencia. La decisión impugnada tenía autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y fue dictada después del 26 de enero de 2010. El Tribunal tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 porque los derechos invocados se habían planteado en el proceso, se habían agotado los recursos de la vía ordinaria y la vulneración alegada se atribuía directamente a la sentencia recurrida. Apreció especial trascendencia o relevancia constitucional porque el caso permitía profundizar en el alcance y los límites de la dignidad humana, la integridad personal y el debido proceso (TC/0249/18, numeral 9, d–e, pág. 11; TC/0249/18, numeral 9, f, pág. 12; TC/0249/18, numeral 9, g, pág. 13; TC/0249/18, numeral 9, h–i, pág. 14; TC/0249/18, numeral 9, m–n, pág. 16).

La valoración de las pruebas corresponde a los tribunales del Poder Judicial. En el proceso de reconocimiento de paternidad, la orden de practicar una prueba de ADN no vulneró derechos fundamentales, pues fue dictada por un juez competente en ejercicio de su facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer el caso. Tampoco se constató una vulneración imputable a la Suprema Corte de Justicia: al declarar inadmisible la casación, se limitó a aplicar una formalidad procesal tras el defecto del apelante por falta de concluir y el consiguiente descargo puro y simple de la apelación (TC/0249/18, numeral 10, c–d, pág. 17; TC/0249/18, numeral 10, e–g, pág. 18; TC/0249/18, numeral 10, h–i, pág. 19).

Decisión

Admite el recurso de revisión en cuanto a la forma, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 901 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la decisión a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“el proceso de valoración de las pruebas le corresponde a los tribunales del Poder Judicial” (TC/0249/18, numeral 10, e–g, pág. 18).
“el juez está en la facultad de ponderar y ordenar las providencias necesarias para esclarecer un caso del cual está apoderado” (TC/0249/18, numeral 10, e–g, pág. 18).
“en la especie no se ha producido violación a ningún derecho fundamental” (TC/0249/18, numeral 10, h–i, pág. 19).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 38, 42, 68, 69 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53, 54.1 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0335/14, TC/0143/15, TC/0123/18, TC/0094/13, TC/0057/12, TC/0007/12 y TC/0037/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Del análisis de los documentos depositados en el expediente y los argumentos invocados por las partes, el presente caso trata de una demanda en reconocimiento de paternidad interpuesto por José Miguel Reynoso, contra Juan Munné Miquel, la cual fue acogida mediante la Sentencia núm. 02721, dictada por la Sexta Sala para Asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013). La referida decisión fue recurrida en apelación, ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual emitió la Sentencia núm. 515/2014, el veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), mediante la cual declaró el defecto contra el apelante por falta de concluir, y descarga pura y simple a la parte recurrida en apelación. Contra dicha sentencia, Juan Munne Miquel, interpuso el recurso de casación que fuera fallado mediante la Sentencia núm.901, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la cual también declaró inadmisible el recurso de casación. El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que ahora nos ocupa fue interpuesto por Juan Munne Miquel, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), contra la referida sentencia núm. 901.

TC/0249/18, numeral 7, pág. 9 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:

a. El artículo 277 de la Constitución de la República, establece: Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en el ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional, y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.

b. Previo al conocimiento de cualquier asunto debe procederse al examen tanto de la competencia del tribunal, cómo ya vimos, así como determinar si el recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad; entre estos requisitos está el plazo requerido dentro del cual se debe interponer la acción, que en el presente caso se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.

c. El plazo para interponer el referido recurso está contenido en el artículo 54, literal 1, de la Ley núm. 137-11, cuando señala: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia.”.

TC/0249/18, numeral 9, a–c, pág. 11 — PDF oficial

d. En el caso que nos ocupa, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue interpuesto por Juan Munné Miquel el veintiocho (28) de noviembre de dos mil doce (2016), contra la Sentencia núm. 901, el cual fue interpuesto dentro del plazo que dispone la norma procesal, es decir, dentro de los treinta (30) días hábiles y francos que siguen a la notificación de la decisión recurrida; conforme a la ley y al precedente fijado en la Sentencia TC/0335/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), modificada por la Decisión TC/0143/15, del primero (1 ro ) de julio de dos mil quince (2015).

e. La Sentencia núm. 901, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), fue notificada a Juan Munné Miquel, mediante el Acto núm. 1110/2016, instrumentado por el ministerial Juan Báez de la Rosa, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el veintiséis (26) de octubre de dos mil dieciséis (2016), habían trascurrido treinta (30) días francos, es decir que el recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido.

TC/0249/18, numeral 9, d–e, pág. 11 — PDF oficial

f. Por otra parte, de conformidad con los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional está sujeto en cuanto a su admisibilidad a tres (3) requisitos: 1. Que se trate de una sentencia revestida de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En este caso, la Sentencia núm. 901, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a propósito de un recurso de casación, pone fin a un proceso judicial en materia jurisdiccional, por lo que se cumple dicho requisito. 2. Que dicha sentencia hubiere sido dictada con posterioridad al 26 de enero del 2010, fecha que señala el artículo 277 de la Constitución de la República. La sentencia impugnada fue rendida el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), o sea, después del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que cumple con este otro requisito. 3. Que se trate de alguno de los casos señalados en el artículo 53 de la Ley No. 137-11. Estos casos son los siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable, por inconstitucional, una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

TC/0249/18, numeral 9, f, pág. 12 — PDF oficial

g. En cuanto al último requisito de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, es decir, el establecido en el numeral 3 del artículo 53, anteriormente citado, el Tribunal advierte que la parte recurrente, al interponer su recurso alegó que con la sentencia recurrida le lesiona los derechos fundamentales como es la dignidad humana y la integridad personal del mismo, así como el debido proceso; por lo que este tribunal debe verificar si en el caso se satisfacen los requisitos contenido en los literales a, b, c de dicho artículo 1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso. Entre los medios del recurso de revisión figuran la violación a la dignidad humana e integridad personal, contenido en los artículos 38, 42, 68 y 69, de la nueva constitución del año dos mil diez (2010), que la parte recurrente alega que con la decisión recurrida en revisión constitucional de decisión jurisdiccional se le violaron los referidos derechos durante el proceso, por lo que este requisito queda satisfecho. 2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente. En el presente caso se recurrieron todos los recursos en la vía ordinaria, culminando con el presente recurso de revisión de sentencia jurisdiccional que hoy nos ocupa y, por tanto, este recurso de revisión constitucional es la única vía abierta para tratar de anular la decisión judicial final, si se comprueba que hubo violación a derechos fundamentales, por lo que satisface este requisito. 3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional. Se alega que con la sentencia recurrida la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, violó la Constitución, específicamente, derecho a la dignidad humana, integridad personal y el derecho al debido proceso el tercero de los requisitos se encuentra satisfecho por lo que la violación alegada es contra la sentencia recurrida.

TC/0249/18, numeral 9, g, pág. 13 — PDF oficial

h. En el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que en relación con los requisitos de los literales a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos, por lo que es de rigor conocer el fondo del recurso planteado.

i. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de la Ley núm. 137-11, este Tribunal unificó criterio en lo que concierne a este artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, el cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente: Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de unificación” utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia. Este tipo de sentencias tienen como finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto de transcendencia lo amerite”.

TC/0249/18, numeral 9, h–i, pág. 14 — PDF oficial

j. Sigue consignando la referida Sentencia TC/0123/18: El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este Tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este Tribunal Constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de contenido o lenguaje; Por la existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican criterios concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión.

TC/0249/18, numeral 9, j, pág. 14 — PDF oficial

k. Apunta, además, la citada decisión de este colegiado: En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.

l. Además, el artículo 53 contempla la especial trascendencia o relevancia constitucional. La especial trascendencia o relevancia constitucional significa que el asunto a conocer revista importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0249/18, numeral 9, k–l, pág. 15 — PDF oficial

m. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, este Tribunal estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional, la cual “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”. La referida noción es de naturaleza abierta e indeterminada, y ha sido definida por este Tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

n. El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y, en consecuencia, debe conocer su fondo. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del presente caso le permitirá a este tribunal continuar profundizando acerca de lo que concierne a los alcances y límites del derecho a la dignidad humana, la integridad personal y debido proceso.

TC/0249/18, numeral 9, m–n, pág. 16 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional

a. El Tribunal Constitucional está apoderado de la revisión constitucional de decisión de la Sentencia núm. 901, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), con respecto a la cual la recurrente alega que debe ser anulada, porque la misma es violatoria de derechos fundamentales.

b. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación haciendo el siguiente razonamiento: que en la sentencia impugnada consta que la corte a qua estaba apoderada de un recurso de apelación interpuesto por el señor Juan Munné Miquel, contra la sentencia núm. 02721/2013, dictada el 25 de septiembre de 2013, por la Sexta Sala para asuntos de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; que, en el conocimiento de dicho recurso de apelación fue celebrada ante la corte a qua en la audiencia pública del 1ro. de mayo de 2014, en la cual no se presentó el abogado de la parte apelante; que, prevaliéndose de dicha situación, el ahora recurrido solicitó el descargo puro y simple de la apelación (…).

TC/0249/18, numeral 10, a–b, pág. 17 — PDF oficial

c. El recurrente alega que durante todo el proceso se le violaron derechos fundamentales y que los mismos no fueron tomados en cuenta en ninguna de las instancias del proceso, que, por tanto, las sentencias emanadas tanto de Primera Instancia, de la Corte de Apelación y de la Suprema Corte de Justicia son violatorias de sus derechos, por lo que expresó lo siguiente: como se puede evidenciar, que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, conlleva a otorgar la autoridad de la cosa juzgada a la mencionada decisión de primer grado, en donde su fundamento jurídico es sobre la base de una prueba NULA Y SIN NINGUN EFECTO JURIDICO por lo que resulta inconcebible que los jueces apoderados hasta el momento no haya ponderados las violaciones constitucionales que se han expuestos en todos los tribunales que han conocido el referido caso, en franco cumplimiento de las disposiciones del artículo 73 de nuestra Constitución dispone que “son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. .

d. En relación con los alegatos expuestos por el recurrente con los cuales pretende demostrar la existencia de una vulneración a la dignidad humana e integridad personal, debemos resaltar que del estudio de su instancia resulta verificable que sus pretensiones están encaminadas a que tanto la Suprema Corte de Justicia como este tribunal constitucional procedan nuevamente a la valoración de unas pruebas que fueron admitidas legalmente en el proceso, pues la prueba de ADN realizadas en el proceso fueron tomadas por orden judicial, mediante sentencia dictada por un juez competente.

TC/0249/18, numeral 10, c–d, pág. 17 — PDF oficial

e. Al respecto, debemos afirmar que este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0037/13, emitida el quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), adoptó el criterio de que el proceso de valoración de las pruebas le corresponde a los tribunales del Poder Judicial.

f. La antes referida sentencia indicó:

d) La lectura del texto revela que, en la especie, lo que pretende el recurrente es el análisis de cuestiones sobre la valoración específica de las pruebas que sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega que no existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin embargo, el recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo con la valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente (el testimonio y el certificado médico). El examen del expediente, por tanto, nos lleva a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento se efectuó.

g. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que al haberse llevado un proceso en el cual a la parte recurrente, Juan Munné Miquel, se le ordenó someterse a un examen de ADN, en procura de determinar si éste era el padre biológico del señor José Miguel Reynoso, y que de acuerdo con lo expuesto en la sentencia recurrida, fue menester que el Juez apoderado del caso ordenara mediante sentencia la comparecencia del recurrente a un laboratorio, a fin de que le fuera efectuada la prueba indicada, tal decisión no puede constituir una violación de derechos, pues el juez está en la facultad de ponderar y ordenar las providencias necesarias para esclarecer un caso del cual está apoderado.

TC/0249/18, numeral 10, e–g, pág. 18 — PDF oficial

h. Este tribunal considera que en el caso, no hay violación de derechos fundamentales por parte de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la misma cuanto hizo fue declarar la inadmisibilidad del recurso, por entender que la Corte de Apelación había declarado el defecto del recurrente por falta de concluir y pronunció el descargo puro y simple de la apelación, cumpliendo con una formalidad procesal.

i. Como se advierte, en la especie no se ha producido violación a ningún derecho fundamental, razón por la cual procede rechazo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran la firma de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, y Hermógenes Acosta de los Santos. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0249/18, numeral 10, h–i, pág. 19 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Juan Munné Miquel contra la Sentencia núm. 901, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional interpuesto y, en consecuencia, CONFIRMAR la indicada Sentencia núm. 901, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente Juan Munné Miquel, a la parte recurrida, José Miguel Reynoso.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0249/18, del 30 de julio de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0249-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.