Sentencia TC/0263/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de julio de 2018 · Expediente TC-042017-0078
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0263/18?
El Tribunal unificó, sin cambiar la esencia del precedente TC/0057/12, el lenguaje empleado para examinar los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11: en lo adelante determinará si están satisfechos o no satisfechos según las particularidades del caso. Tendrá por satisfecho el requisito correspondiente cuando no queden recursos disponibles o cuando el derecho supuestamente vulnerado se invoque en la única o última instancia. En este caso, el recurso fue interpuesto en plazo contra una decisión irrevocable posterior a la Constitución de 2010; la vulneración alegada se atribuyó directamente a esa sentencia, no podía invocarse antes y no quedaban recursos ordinarios. La especial trascendencia constitucional radicó en reiterar el alcance del derecho a una decisión motivada (TC/0263/18, numeral 9, a–c, pág. 19; TC/0263/18, numeral 9, c–j, pág. 22; TC/0263/18, numeral 9, k–m, pág. 23).
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia descartó por falta de relevancia el medio de casación relativo a la falta de citación para los trabajos de deslinde. El Tribunal Constitucional consideró que ese medio era decisivo porque cuestionaba el cumplimiento de la publicidad exigida por la Ley núm. 1542, vigente cuando se realizaron los trabajos. Al no dar una respuesta debidamente motivada a ese medio, la sentencia incumplió el primer requisito del test de la debida motivación y vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso garantizados por el artículo 69 de la Constitución, sin necesidad de examinar los demás requisitos del test. En cuanto al derecho de propiedad, el Tribunal no volvió a valorar las pruebas contractuales y documentales, pues esa tarea corresponde a los tribunales del Poder Judicial (TC/0263/18, numeral 10, h–j, pág. 27; TC/0263/18, numeral 10, m–11.8, pág. 29; TC/0263/18, numeral 10, 11.9–q, pág. 30; TC/0263/18, numeral 10, r–11.2, pág. 31).
Decisión
Admite y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional interpuesto por Inversiones Nacionales e Internacionales S.A., anula la Sentencia núm. 590 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia y ordena enviarle el expediente. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación de la sentencia a las partes y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Por lo que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso.” (TC/0263/18, numeral 9, c–j, pág. 22)
“En la Sentencia núm. 590, no se cumple con este requisito, pues no se da respuesta al medio de falta de citación de los trabajos de deslinde que le fue propuesto por la parte recurrente en su memorial de casación, de ahí que se considere que no se satisface el test de la debida motivación, sin que para ello sea necesario ponderar los demás medios que demanda el mismo.” (TC/0263/18, numeral 10, 11.9–q, pág. 30)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7, numerales 6, 11 y 12; 47, párrafo III; 53, numeral 3, literales a, b y c, y párrafo final; y 54, numeral 10. Ley núm. 1542, de Registro de Tierras: artículos 55, numeral 2, y 216.
Precedentes que cita el Tribunal
Tribunal Constitucional: TC/0195/13, TC/0606/15, TC/0221/16, TC/0094/13, TC/0057/12, TC/0384/15, TC/0009/13, TC/0307/15 y TC/0037/13. Suprema Corte de Justicia: sentencias núms. 21 y 121.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados, el presente caso trata de una litis sobre terreno registrado entre las sociedades comerciales Inversiones Nacionales e Internacionales S.A., y Hacienda Pantoja S.A, el cual ha recurrido todas las instancias hasta culminar en casación. A través del presente caso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se impugna la Sentencia núm. 590, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016). El recurrente sostiene que en el proceso mediante el cual fue expedida la referida sentencia, tanto la Suprema Corte de Justicia como el tribunal superior de tierras que decidió el caso, no se percataron de que el proceso de deslinde practicado en las parcelas núms. 33 y 34 del D.C. 11 del D.N., fue realizado sin previamente haberlo citado en su condición de copropietario; y que, por demás, no se realizó una correcta ponderación de los contratos de venta que fueron sometidos como prueba en el proceso, con lo cual aduce le fue vulnerado su derecho de propiedad, así como las garantías fundamentales del debido proceso y tutela judicial efectiva.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional es admisible por las siguientes razones:
a. En lo relativo al plazo para la interposición del recurso que nos ocupa, atendiendo a lo prescrito por la norma constitucional señalamos que la sentencia descrita fue notificada a la parte recurrente, Inversiones Nacionales e Internacionales, mediante Acto núm. 423/2016, del cinco (5) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), mientras que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional fue depositado el cuatro (4) de enero de dos mil diecisiete (2017), de modo que fue interpuesto dentro de plazo hábil.
b. Resuelto lo anterior, es de rigor procesal determinar si la sentencia impugnada mediante el presente recurso ha sido dictada con posterioridad a la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) y si ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en virtud de lo previsto en el artículo 277 de la Constitución, el cual dispone: Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
c. En el caso que nos ocupa se verifica el cumplimiento de la indicada disposición constitucional, toda vez que la sentencia recurrida fue dictada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), y porque no es susceptible de recurso alguno en el ámbito del Poder Judicial, razón por la cual adquirió la condición de la cosa irrevocablemente juzgada.
d. En consonancia con lo estipulado por el artículo 277 de la Constitución, es preciso observar, además, los requisitos de admisibilidad en el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales establecidos en el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, a saber: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional. 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
e. Cuando existe un número importante de decisiones de nuestro Tribunal Constitucional en aplicación divergente de un precedente es necesario analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de una cuestión de lenguaje o de fondo, el Tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad. Esto no solo se exige a la hora de sentar un precedente, también al momento de aplicarlo ya que el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15).
f. El legislador dominicano previó soluciones para estos casos, por ejemplo, al acudir a modalidades de sentencias constitucionales propias del derecho procesal constitucional comparado no previstas en la ley (Art. 47, Párr. III). En virtud del principio de oficiosidad (Art.7.11 LOTCPC) y de supletoriedad (Art. 7.12 LOTCPC), este tribunal procede, pues, a hacer uso en el presente caso de una de esas modalidades de sentencias constitucionales, como medida para garantizar la supremacía, los derechos y el orden constitucionales. Aunque las modalidades de sentencias constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley núm. 137-11, este tribunal ha utilizado las modalidades de sentencias allí previstas en otros procesos y procedimientos constitucionales distintas a la acción directa de inconstitucionalidad (TC/0221/16).
g. Dentro de las modalidades de sentencias constitucionales en el derecho procesal constitucional comparado existen las llamadas “sentencias de unificación” utilizadas frecuentemente por la Corte Constitucional de Colombia. Este tipo de sentencias tienen como finalidad unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto de transcendencia lo amerite.
h. El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este tribunal se observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como ya lo ha indicado este tribunal, aplicaciones contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este tribunal.
i. En consecuencia, las sentencias de unificación de este tribunal constitucional proceden cuando:
a. Por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de contenido o lenguaje.
b. Por la existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina.
c. Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican criterios concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión.
j. En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.
k. En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los requisitos de los literales a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos pues la violación a la tutela judicial efectiva y debido proceso (art. 69) se atribuye a la sentencia impugnada, por tanto, no podía ser invocada previamente, ni existen recursos ordinarios posibles contra la misma; además, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 590, es decir, a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso.
l. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, también se exige la especial trascendencia o relevancia constitucional, según dispone el párrafo final del mencionado artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
m. En el presente caso, la especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá al Tribunal reiterar el alcance del derecho a una decisión motivada en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, prevista en el artículo 69 de la Constitución.
10. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos:
a. La parte recurrente, Inversiones Nacionales e Internacionales S.A., persigue la anulación de la Sentencia núm. 590, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), invocando que esa alta corte inobservó su derecho fundamental a la propiedad, así como las garantías de tutela judicial efectiva y debido proceso.
b. El fundamento de las pretensiones relacionadas a la existencia de una violación a las garantías fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso lo sustenta en el hecho de que en la decisión impugnada la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia omitió estatuir el medio que presentó en su memorial de casación sobre la alegada falta de validez del deslinde realizado por Hacienda Pantoja S.A., en las parcelas núms. 33 y 34 del D.C. 11 del D.N., en razón de que el referido trabajo técnico fue realizado sin previamente haberlo citado en su condición de copropietario de las referidas parcelas, con lo cual incurrió en el vicio de omisión de estatuir.
c. Por otra parte, sostiene que la decisión emitida por la corte a-quo violenta su derecho de propiedad, toda vez que sustrae de su patrimonio la parcela núm. 34- 004.348 del D.C. 11, al no ponderar y analizar de forma correcta los elementos contractuales y documentales probatorios que reposan en el expediente.
d. De su lado, la parte recurrida procura que se declare la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 2 , alegando que satisface los requisitos de admisibilidad previstos en elaArtículo 53 de la Ley núm. 137-11, en razón de que la parte recurrente lo que pretende es que se vuelvan a conocer los hechos que han sido ventilados en la jurisdicción inmobiliaria, en donde fue acreditada su condición de legítimo propietario del inmueble objeto de la presente litis.
e. Así mismo indica que en su instancia la parte recurrente no ha podido demostrar cuales garantías fundamentales fueron inobservadas por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia al momento de dictar la Sentencia núm. 590.
f. En lo referente a los alegatos dados por la parte recurrente para sustentar la existencia de una vulneración a las garantías del debido proceso y tutela judicial efectiva por omisión de estatuir que se le indilga a la Sentencia núm. 590, este tribunal constitucional constata, que la falta de notificación del proceso de deslinde sobre las parcelas 33 y 34 del D.C. 11 del D.N. que éste alega, fue uno de los medios que presentó en su memorial de casación depositado el siete (7) de marzo de dos mil catorce (2014).
g. Lo antes expresado queda comprobado al leer los párrafos contenidos en las páginas 11, 12 y 13 del referido memorial de casación, en donde se consigna lo siguiente: Resulta absolutamente contradictorio y desnaturalizante de los hechos que un tribunal sostenga como hace en la sentencia impugnada y en el punto que se acaba de copiar “que ninguna de las partes envueltas en el proceso y que realizaron trabajos de mensura notificó a los colindantes, situación 2 Subsidiariamente solicita el rechazo del recurso de revisión interpuesto por la sociedad comercial Inversiones Nacionales e Internacionales S.A. que fue esgrimida tanto por la parte recurrente como la recurrida, pero que debido a que estos deslindes se practicaron durante la vigencia de la ley 1542 “ y dice el tribunal que solo exigía carta de conformidad de la parte que contrata el trabajo y que solo si se prueba algún daño o afectación de un colindante pudiera ser esta omisión motivo de revocación de los trabajos presentados, situación que se invoca en la especie a través de una litis” la contradicción que se extrae de la consideración plasmada por el tribunal a-quo que se acaba de comentar lo que menos puede producir es una indigestión cerebral, puesto que no se concibe ni se explica que si el tribunal ha entendido y ha comprobado, según dice, que ninguna de las partes que realizaron trabajo de mensura notificó a los colindantes, situación esgrimida por ambas partes, el tribunal sin embargo, le de ganancia de causa a una de las partes, en este caso a la recurrida, (…). El Tribunal Superior de Tierras, que dictó el fallo ahora impugnado no ha motivado correctamente su sentencia, puesto que al tiempo de sostener que ambas partes alegaron que ninguna de ellas fue citada a los trabajos de subdivisión, refundición y deslinde realizados por Hacienda Pantoja s.a., ni los deslindes que realizó la recurrente, sin embargo sobre la base de ese alegato el Tribunal a-quo anulo el deslinde hecho por la recurrente y declaró valido los trabajos realizados por Pantoja S.A., lo que revela complacencia o parcialidad de su parte, puesto que se comprueba que el Tribunal no obstante afirmar en su sentencia que puedo comprobar por las pruebas aportadas y los informes rendidos que ninguna de las partes envueltas en el proceso notificó a los colindantes, etc., debió y pudo el tribunal anular los deslindes que hicieron ambas partes o solo aquel trabajo de la parte que no cumplió con la ley. (…)
h. En respuesta a ese medio, en la Sentencia núm. 590, la Tercera Sala de la Suprema Corte rechazó ese medio estableciendo su falta de relevancia, dando el argumento que se transcribe a continuación: Considerando, que para que un deslinde sea válido existen tanto en la antigua Ley y Reglamento General de Mensuras Catastrales, como en la actual, requisitos de hecho y de derecho, que deben ineludiblemente ser observados, siendo indispensable que el agrimensor contratista respete las ocupaciones de los demás propietarios y cumpla con el requisito de la publicidad, notificando y citando a los propietarios colindantes para que estén presentes en los trabajos de campo y judiciales, y así puedan defender sus derechos; que como se trata de un expediente que se desarrolló bajo el amparo de la Ley núm. 1542, tal y como lo expresa basta la carta de conformidad; sin embargo, éste no es el punto fundamental por el cual el Tribunal Superior de Tierras falló como lo hizo, por lo que concierne a esta parte del medio esgrimido por la recurrente, no es de vital relevancia, por lo que es rechazado; (…)
i. En relación con la decisión adoptada en la presente sentencia, este tribunal constitucional considera que el referido medio tenía una importancia nodal por cuanto lo que está alegando la parte recurrente es, nada más y nada menos, que el proceso de deslinde fue realizado inobservando el sistema de publicidad que exigía la normativa legal que era de aplicación al momento en que se realizaron esos trabajos técnicos, es decir, cuando aún estaba vigente la Ley núm. 1542, de Registro de Tierras.
j. En ese sentido, no es ocioso señalar que el artículo 55.2 de la Ley núm. 1542 establecía una especie de mecanismo de notificación, a cargo del agrimensor, del aviso de mensura a los propietarios y colindantes de la parcela donde se estuviera realizando algún tipo de trabajo técnico de mensura.
k. En el referido artículo se consignaba que: ART. 55.- Cuando la concesión de prioridad se refiera a uno o más solares o parcelas situados en la zona urbana, el agrimensor, además de las formalidades anteriores, cumplirá las siguientes: (…) 2.- Entregará en la residencia de cada colindante, o en la del representante de éste, un ejemplar del citado aviso, debiendo tomar nota del nombre de la persona que lo recibe, así como las especificaciones de su cédula personal de identidad, si la tuviere.
l. Así mismo, en consonancia con lo expresado en el artículo 55.2 y aplicando esa regla al procedimiento que se regulaba en el artículo 216 de la Ley núm. 1542, la Tercera Sala Suprema Corte de Justicia, en las Sentencia núm. 21 [B.J. núm. 1066, de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999)] aplicaba para esos casos el siguiente criterio jurisprudencial: Considerando, que tal como se expone en la sentencia impugnada y se infiere de los artículos 216 de la Ley de Registro de Tierras, y del Reglamento General de Mensuras Catastrales, no basta para la aprobación de un deslinde, con que los trabajos realizados por el agrimensor autorizado los haya presentado con anterioridad a otros deslindes, sino que es necesario que haya cumplido con las formalidades exigidas por la ley, que cuando como en el caso de la especie, frente a la impugnación de un deslinde ya aprobado por el tribunal, se establece que el deslinde primeramente aprobado fue realizado sin citar a los condueños ni a los colindantes de la parcela, y que además el mismo se hizo sobre una porción de terreno que no estaba siendo ocupada por el deslindante, sino por otra persona, resulta evidente que la comprobación por el tribunal de tales irregularidades debe conducir al rechazamiento de los trabajos y a la revocación de la decisión que aprobó administrativamente los mismos; que por consiguiente, al comprobar el Tribunal A-quo que el agrimensor Anexo Fray Acosta, no respetó la ocupación de otros condueños, ni citó a los mismos para que estuvieran presentes en los trabajos de campo relativos a la porción a deslindar a favor del recurrente, ni dejar constancia de que éste no tenía la ocupación física de dicha porción, a fin de que al someter esos trabajos a aprobación se determinara si los mismos debían ser aprobados por resolución en Cámara de Consejo, o si por el contrario debía apoderarse a un Juez de Jurisdicción Original para su conocimiento en forma contradictoria y por consiguiente rechazar dichos trabajos y ordenar que los mismos fueran ejecutados nuevamente respetando las ocupaciones de los demás condueños legítimos de la Parcela No. 119-M’, no ha incurrido con ello en las violaciones denunciadas por el recurrente en el único medio de su recurso; (…)
m. Cabe destacar que esa misma postura jurisprudencial fue aplicada por esa sala en la Sentencia núm. 121, dictada el seis (6) de abril de dos mil once (2011).
n. En vista de las consideraciones anteriores, este tribunal constitucional entiende que en su decisión el tribunal a-quo no hizo una correcta ponderación del medio de falta de citación de los trabajos de deslinde que le fue propuesto por la parte recurrente en su memorial de casación, por lo que en ese sentido debe considerarse que la misma adolece de la debida motivación en relación a ese aspecto.
o. En relación con el cumplimiento de la debida motivación en la Sentencia núm. TC/0384/15 hemos señalado que:
11.7. En este contexto, resulta oportuno indicar que la motivación de una sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del derecho al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación que se plasma; y por otro lado, que permita un control mediante el ejercicio de los recursos dispuestos por ley.
11.8. Ese control se ejerce en la medida en que las decisiones jurisdiccionales estén provistas de motivos lógicos, razonables, no arbitrarios, y conformes con el principio pro actione o principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial2, de manera que los jueces o tribunales que tienen entre sus funciones revisar las sentencias o resoluciones emanadas de jurisdicciones de un grado inferior, puedan determinar la admisión o rechazo de los recursos que les sean sometidos a su escrutinio, examinando los argumentos en que las mismas se fundamentan.
11.9. Al respecto, mal podría entenderse que las garantías mínimas del debido proceso y de la tutela judicial efectiva han sido preservadas en decisiones que carecen de motivos o argumentos suficientes, y de las cuales no se puede inferir la existencia de un ejercicio ponderado de aplicación de las normas al caso objeto de solución.”
p. Sobre el alcance de la obligación que tienen los tribunales de dictar decisiones debidamente motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso, en la Sentencia TC/0009/13, dictada el once (11) de febrero de dos mil trece (2013), se han señalado los estándares o requisitos que debe reunir toda decisión jurisdiccional para que se considere debidamente motivada, instaurando así el llamado “test de la debida motivación” en los siguientes términos:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones: En la Sentencia núm. 590, no se cumple con este requisito, pues no se da respuesta al medio de falta de citación de los trabajos de deslinde que le fue propuesto por la parte recurrente en su memorial de casación, de ahí que se considere que no se satisface el test de la debida motivación, sin que para ello sea necesario ponderar los demás medios que demanda el mismo.
q. De manera que en el presente caso la sentencia impugnada no reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, por lo que este tribunal verifica que la misma vulnera la garantía constitucional de tutela judicial efectiva y el debido proceso del recurrente, consagrada en el artículo 69 de la Constitución.
r. Sobre los alegatos que promueve el recurrente para demostrar la existencia de una vulneración a su derecho de propiedad, por procederse a una incorrecta valoración de las pruebas contractuales y documentales que le fueron sometidas en el caso, vale destacar que del estudio de su instancia resulta verificable que sus pretensiones están encaminadas a que este tribunal constitucional proceda nuevamente a la valoración de unas pruebas que fueron admitidas y ponderadas por los órganos del Poder Judicial que estuvieron apoderado del caso.
s. Al respecto de esas pretensiones debemos indicar que el Tribunal Constitucional en su Sentencia núm. TC/0307/15, dictada el veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), adoptó el criterio de que el proceso de valoración de las pruebas le corresponde a los tribunales del Poder Judicial.
t. En efecto, en la referida sentencia fijó el precedente de que:
11.2. Como se observa, de lo que se trata es que el recurrente no está de acuerdo con la decisión tomada por la corte que dictó la sentencia recurrida en casación. En este sentido, resulta pertinente indicar que el recurso de revisión constitucional no es un nuevo recurso de casación, sino un recurso especial y que en virtud de lo previsto en el artículo 53.c de la Ley núm. 137-11 el Tribunal Constitucional no puede conocer los hechos de la causa, por tratarse de una cuestión que concierne, de manera exclusiva, a los jueces de fondo: tribunales de primera instancia y cortes de apelación.
11.3. En tal sentido, este tribunal estableció en la Sentencia TC/0037/13, que El análisis de cuestiones sobre la valoración especifica de las pruebas que sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega que no existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin embargo, el recurrente, en sí lo que no está de acuerdo con la valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente”. De igual manera que del estudio del expediente, nos lleva a concluir que las pretensiones del recurrente no alcanzan mérito constitucional para examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento efectuó.
u. En vista del principio de tutela judicial efectiva previsto por la Carta Sustantiva, el cual instituye la obligación, a cargo de los jueces, de motivar sus decisiones de manera clara y precisa, este tribunal constitucional procederá a anular la Sentencia núm. 590, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), por no haberse cumplido con la garantía de la debida motivación. En consecuencia, enviará el expediente a la Suprema Corte de Justicia para los fines correspondientes. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Hermógenes Acosta de los Santos, y Wilson Gómez Ramírez en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, y Rafael Díaz Filpo, los cuáles serán incorporados a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inversiones Nacionales e Internacionales S.A., contra Sentencia núm. 590, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la sociedad comercial Inversiones Nacionales e Internacionales S.A., y en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 590, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciséis (2016), por los motivos antes expuestos.
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Inversiones Nacionales e Internacionales S. A.; y a la parte recurrida, Hacienda Pantoja S.A.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, numeral 6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0263/18, del 31 de julio de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0263-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.