Sentencia TC/0221/16

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de junio de 2016 · Expediente TC-05-2015-0033

recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Luis Ortiz Vargas y Jennifer Beltré Catillo contra la Sentencia núm. 96/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la educación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0221/16?

El recurso reviste especial trascendencia y relevancia constitucional porque permite determinar si la negativa de inscripción en un centro educativo estatal vulnera el derecho a la educación (TC/0221/16, numeral 9, a–c, pág. 8). El juez de amparo no viola el debido proceso por reservarse el fallo, en vez de pronunciarlo en audiencia, para dictar una decisión debidamente motivada. La motivación, no el pronunciamiento inmediato, es la garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva que el Tribunal destaca en este caso (TC/0221/16, numeral 10, a–d, pág. 9) (TC/0221/16, numeral 10, e–g, pág. 10).

No se vulneró el derecho a la educación: los menores estaban inscritos en el Centro Educativo Cristo Rey y la negativa de la Escuela “Urania Montás” respondió a la necesidad de evitar la sobrepoblación y preservar la calidad de la enseñanza, no a un motivo discriminatorio. La mayor cercanía del plantel solicitado al hogar no basta para constatar una lesión de un derecho fundamental (TC/0221/16, numeral 10, h–j, pág. 11) (TC/0221/16, numeral 10, k–n, pág. 12) (TC/0221/16, numeral 10, o–r, pág. 13). Sin embargo, el interés superior de los menores y la prioridad absoluta de sus derechos justifican procurar que no se expongan a los riesgos de traslados significativamente distantes. Con apoyo en su jurisprudencia sobre el uso excepcional de exhortaciones en revisión de amparo, el Tribunal exhorta al Estado a identificar y atender las necesidades de aulas, docentes y recursos educativos (TC/0221/16, numeral 10, o–r, pág. 13) (TC/0221/16, numeral 10, s–t, pág. 14) (TC/0221/16, numeral 10, u, pág. 15).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo, confirma la Sentencia núm. 96/2014 y declara el recurso libre de costas. Exhorta al Estado dominicano, por vía del Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadísticas, a realizar un estudio poblacional sectorial para determinar las aulas necesarias, crear las plazas docentes requeridas y adquirir los equipos y materiales indispensables; ordena comunicar y publicar la sentencia.

Citas textuales clave

“el hecho de que un juez se reserve el fallo para los fines de emitirlo con la debida motivación tras edificarse con respecto al proceso, no debe retenerse como una violación al debido proceso.” (TC/0221/16, numeral 10, a–d, pág. 9)
“advierte que en el caso no se revela que se haya incurrido en transgresión del derecho a la educación de los indicados menores de edad.” (TC/0221/16, numeral 10, h–j, pág. 11)
“El motivo que ha esgrimido el referido plantel escolar para no admitir el ingreso de nuevos estudiantes no obedece a un despropósito discriminatorio, sino que se orienta a evitar la sobrepoblación de alumnos y el impacto negativo que una situación así entraña en lo que concierne a la calidad de la enseñanza y los servicios” (TC/0221/16, numeral 10, k–n, pág. 12)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 8, 63 (incluido su numeral 3), 68, 69 y 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 47 (incluido su párrafo III), 66 y 100.

Ley núm. 136-03: principios V y VI.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0071/13, TC/0017/13, TC/0071/15 y TC/0189/15.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso se contrae al hecho en el cual los señores Luis Ortiz Vargas y Jeniffer Beltré Castillo se proponían inscribir a sus hijos menores de edad JVB, LGVB, JVB y MAVB, en la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás”, que es la escuela de mayor proximidad a su hogar; sin embargo, ante la negativa por parte de la dirección del referido centro educativo, se ven precisados a incoar la acción de amparo, cuya decisión ahora es objeto de revisión constitucional. La misma fue desestimada mediante la Sentencia núm. 96/2014, emitida por el Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, bajo la consideración de que no existe vulneración a derecho fundamental alguno. Ante tal decisión los accionantes, hoy recurrentes, interpusieron el presente recurso de revisión constitucional.

TC/0221/16, numeral 7, pág. 7 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia

de amparo Este tribunal constitucional hace los siguientes razonamientos con respecto al referido recurso:

a. La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en materia de amparo está regulada por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 que, de manera taxativa y específica, la sujeta: (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. El Tribunal Constitucional fijó su posición con respecto a la trascendencia y relevancia constitucional en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), habiendo reiterado esta posición en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013).

c. Luego de estudiar, ponderar y valorar los documentos y hechos relativos al expediente que nos ocupa, arribamos a la conclusión de que el presente caso entraña una especial trascendencia social y relevancia constitucional, en razón de que le permitirá a este tribunal evidenciar si existe o no violación al derecho a la educación ante la no inscripción de unos estudiantes en un centro educativo estatal.

TC/0221/16, numeral 9, a–c, pág. 8 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo

En relación con el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional formula los siguientes razonamientos:

a. La Sentencia núm. 96/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana el quince (15) de diciembre de catorce (2014), desestimó la acción de amparo incoada por los señores Luis Ortiz Vargas y Jennifer Beltré Castillo, en representación de los menores de edad JVB, LGVB, JVB y MAVB, contra la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás” y la directora Sarah Elena Sánchez, en el entendido de que no hubo violación a derecho fundamental.

b. Los hoy recurrentes alegan, en síntesis, que se ha violentado el debido proceso por el hecho de que el juez de amparo no emitió el fallo in voce, sino que se reservó la decisión y dictó el fallo el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014); además, desconoció el derecho a la educación de los indicados menores de edad.

c. Al analizar las observaciones dadas por los recurrentes, este tribunal entiende que si bien es cierto que el debido proceso es el buen proceder de los actuantes y administradores de justicia en todos los casos, tomando en cuenta las normas y reglas del proceso, no menos cierto es que el hecho de que un juez se reserve el fallo para los fines de emitirlo con la debida motivación tras edificarse con respecto al proceso, no debe retenerse como una violación al debido proceso.

d. Todo juez, al momento del cierre de los debates y luego de que las partes presentan sus conclusiones, tiene la facultad de reservarse el fallo para librar una decisión fundada en derecho y acorde al debido proceso, de manera que su decisión se eleve al noble propósito de administrar una justicia sana y digna, que es el anhelo de la sociedad toda.

TC/0221/16, numeral 10, a–d, pág. 9 — PDF oficial

e. Lo que sí resultaría lamentable es que el juez emita un fallo sin la debida motivación, toda vez que esta prerrogativa resulta consustancial al debido proceso, y tal como ha establecido este tribunal en la Sentencia TC/0017/13, del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013), corresponde a los jueces la obligación de motivar debidamente sus decisiones para garantizar los derechos y prerrogativas de todas las personas.

f. Este precedente establece: Este Tribunal Constitucional reconoce que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, e implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la exposición concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán. b) Lo anterior implica que, para que una sentencia carezca de fundamentación, debe carecer de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso.

g. En tal virtud, procede rechazar el pedimento realizado por los recurrentes en cuanto a que se ha violado el debido proceso, toda vez que el juez de amparo hizo uso de la prerrogativa que le asiste de no emitir un fallo in voce y hacer reserva para emitirlo en una próxima audiencia, sin que esto pueda significar en ningún caso que incurre en violación del debido proceso.

TC/0221/16, numeral 10, e–g, pág. 10 — PDF oficial

h. Ahora bien, con respecto al alegato de que se vulneró el derecho a la educación al no permitirle a los menores de edad JVB, LGVB, JVB y MAVB la inscripción en la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás”, el juez de amparo fundamentó su decisión en el informe realizado por el Ministerio de Educación, Distrito Educativo 02-05, San Juan Este, en la persona del director Lic. Santos Luciano Mateo, en el cual se precisa, mediante certificación, la población estudiantil tanto de la Escuela Cristo Rey, escuela donde se encuentran inscritos los menores cuyo amparo se solicita, y la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás”, estableciendo que existe una sobrepoblación estudiantil.

i. En este sentido, este tribunal al verificar tanto la decisión emitida por el juez de amparo, como la relación de estudiantes de las escuelas Cristo Rey e Inicial y Básica “Urania Montás” y la certificación emitida por el Ministerio de Educación, Distrito Educativo 02-05, San Juan Este, suscrita por su director y dos técnicos distritales, documentos en los cuales se hace constar que los referidos menores de edad JVB, LGVB, JVB y MAVB se encuentran inscritos en los cursos 7mo. B, 6to. B, 3ro. y 2do., respectivamente, del Centro Educativo de Jornada Extendida Cristo Rey, advierte que en el caso no se revela que se haya incurrido en transgresión del derecho a la educación de los indicados menores de edad.

j. Como es sabido, la violación al derecho de acceso a la educación estaría caracterizado en la eventualidad de que estos centros educativos oficiales obstruyeran la posibilidad de recibir educación a estos infantes, conforme lo preceptúa la Constitución de la República en el artículo 63 al consignar: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes y aspiraciones (…)”.

TC/0221/16, numeral 10, h–j, pág. 11 — PDF oficial

k. El numeral 3 del referido artículo 63 expresa lo siguiente: “El Estado garantiza la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio (…)”.

l. Por su parte, el artículo 8 del texto sustantivo establece: Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

m. En la especie, el derecho de acceso a la educación es ejercido en la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás” por todo el alumnado, en un marco de igualdad y de equidad; por tanto, todos los alumnos reciben la enseñanza bajo el auspicio estatal. El motivo que ha esgrimido el referido plantel escolar para no admitir el ingreso de nuevos estudiantes no obedece a un despropósito discriminatorio, sino que se orienta a evitar la sobrepoblación de alumnos y el impacto negativo que una situación así entraña en lo que concierne a la calidad de la enseñanza y los servicios, pudiéndose comprobar, además, que al confrontar la población estudiantil de los planteles escolares a que se contrae el caso, nos percatamos de que la Escuela “Urania Montás” tiene una mayor ocupación estudiantil.

n. En tal virtud, y tomando en cuenta los motivos que generan la actitud de la Escuela Inicial y Básica “Urania Montás”, resulta claro que la misma persigue evitar una sobrepoblación estudiantil que conspire contra la educación, que además de resultar de calidad, se produzca en el marco de la más elevada dignidad humana.

TC/0221/16, numeral 10, k–n, pág. 12 — PDF oficial

o. Ciertamente, los menores de edad JVB, LGVB, JVB y MAVB estarían en mejor situación cursando sus estudios en la Escuela “Urania Montás”, pues conforme a la dirección en la cual residen, estos estarían muy próximo a la misma, en tanto que la Escuela Cristo Rey dista aproximadamente a 2.2 kilómetros de dicho hogar, cuestión que aunque justifica la preocupación de cualquier padre o tutor, no constituye una razón suficiente para considerar que ello genera la violación a derecho fundamental alguno.

p. El principio V, de la Ley núm. 136-03, relativa a los niños, niñas y adolescentes, consigna lo siguiente: El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales (…).

q. Por su parte, el Principio VI de dicha ley núm. 136-03, establece: “El Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes”. Se advierte entonces que el legislador ha querido hacer prevalecer el interés del menor de edad ante cualquier otro interés, de manera que tal segmento poblacional está protegido integralmente.

r. Estos principios sufragan a favor de evitar que los niños y niñas sean expuestos a los riesgos que entraña en estos tiempos un traslado significativamente distante del lugar de su residencia; de ahí que, en la especie, resulta menester apelar al uso de la prerrogativa que ha reservado el legislador en el sentido de hacer una aplicación racional y progresiva de los derechos con la finalidad de garantizar la eficacia de las normas y los procedimientos constitucionales.

TC/0221/16, numeral 10, o–r, pág. 13 — PDF oficial

s. Lo anteriormente consignado encuentra su inspiración en el precedente que estableció este tribunal con ocasión de emitir su Sentencia TC/0071/15, del veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), la cual precisa: (…) por lo que no obstante a que las sentencias interpretativas-exhortativas estar técnicamente reservadas para los procedimientos de inconstitucionalidad (acorde al artículo 47, Párrafo III de la Ley 137-11), este Tribunal Constitucional, en procura de cumplir su misión de garantizar la eficacia de la justicia constitucional, procederá de manera excepcional, por la complejidad del caso, aun tratándose de una revisión de amparo, a exhortar a la Comisión de Exaltación creada por la Ley núm. 4-13, a realizar el acto in-memoriam, del traslado simbólico de la figura del héroe nacional, al Panteón de la Patria, como un reconocimiento de su respeto a los conceptos y valores de la constitucionalidad, y la lucha por la soberanía del país llevada a cabo por el Coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, lo cual se corresponde con el objetivo expresado por dicha Ley (…).

t. Este tribunal ha definido las sentencias exhortativas con ocasión de la Decisión TC/0189/15, del quince (15) de julio de dos mil quince (2015), apuntando al respecto: La sentencia exhortativa es una modalidad de sentencia interpretativa, la cual puede ser dictada por este Tribunal, en virtud de lo previsto en el artículo 47 de la Ley núm. 137-11; texto según el cual: El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución (…).

TC/0221/16, numeral 10, s–t, pág. 14 — PDF oficial

u. En el presente caso, resulta pertinente exhortar al Estado dominicano, vía el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadísticas, a los fines de que realicen un minucioso estudio poblacional sectorial que permita determinar la cantidad de aulas que en cada caso se requiere, crear las plazas profesorales necesarias e incorporar los equipos y materiales indispensables que permitan la materialización del proceso enseñanza-aprendizaje en condiciones de la más elevada dignidad, de manera que el Estado profundice sus esfuerzos orientados a corresponder a las demandas educacionales de la población, de manera que resulte pleno el ejercicio del derecho fundamental de libre acceso a una educación integral y de calidad que constitucionalmente les asiste a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0221/16, numeral 10, u, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por los señores Luis Ortiz Vargas y Jennifer Beltré Castillo, quienes actúan en nombre y representación de los menores de edad JNOB, LGOB, JAOB y MAOB, contra la Sentencia núm. 96/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, dicho recurso por los motivos antes expuestos y, en consecuencia, CONFIRMAR la referida sentencia núm. 96/2014, dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana el quince (15) de diciembre de dos mil catorce (2014).

TERCERO: EXHORTAR al Estado dominicano, vía el Ministerio de Educación y la Oficina Nacional de Estadísticas, a realizar un minucioso estudio poblacional sectorial que permita determinar la cantidad de aulas que en cada caso corresponda, crear las plazas profesorales requeridas, así como adquirir los equipos y materiales indispensables para la materialización del proceso enseñanza-aprendizaje en condiciones de la más elevada dignidad.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: COMUNICAR esta sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Luis Ortiz Vargas y Jennifer Beltré Castillo, y a la parte recurrida, Escuela Inicial y Básica “Urania Montás” y la directora Sarah Elena Sánchez.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0221/16, del 14 de junio de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0221-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.