Sentencia TC/0266/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de diciembre de 2013 · Expediente TC-01-2012-0018

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por Víctor Manuel Pérez, en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil doce (2012), contra los artículos 156, párrafo II, y 168, párrafo II, de la Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil once (2011).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Debida motivación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0266/13?

El accionante tenía un interés legítimo y jurídicamente protegido porque era deudor perseguido en un embargo inmobiliario regido por la ley impugnada (TC/0266/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9). El párrafo II del artículo 168 de la Ley núm. 189-11 no vulnera la igualdad ni la igualdad procesal: la exclusión de la apelación depende de que la sentencia rechace el incidente, no de la calidad procesal de quien lo promueva, y se aplica por igual a todos los participantes (TC/0266/13, numeral 9, 9.1–9.1.3, pág. 10; TC/0266/13, numeral 9, 9.1.4–9.2, pág. 10; TC/0266/13, numeral 9, 9.3.1–9.3.3, pág. 14).

Aunque el párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11 busca agilizar el embargo inmobiliario y evitar dilaciones indebidas en la subasta, dispensar al juez de motivar la decisión incidental suprime una garantía del debido proceso. La medida no supera el segundo paso del test de razonabilidad, relativo al medio empleado, por lo que no es necesario examinar su relación con el fin. Mediante una sentencia reductora, el Tribunal anula únicamente la expresión que dispensa de motivar y deja intacto el resto del párrafo. El Tribunal no examina por separado la alegada infracción del artículo 69.10: no se argumentó cómo se vulneraba ese precepto y, una vez anulada la expresión, el examen carecía de objeto (TC/0266/13, numeral 9, 9.2.4–9.2.6, pág. 12; TC/0266/13, numeral 9, 9.2.7–no, pág. 13; TC/0266/13, numeral 9, 9.2.9–9.3, pág. 13; TC/0266/13, numeral 9, 9.4–9.4.3, pág. 15).

Decisión

Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad. En cuanto al fondo, declara contraria al artículo 40.15 de la Constitución y absolutamente nula únicamente la expresión «sin necesidad de motivar su decisión», contenida en el párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11, con efecto inmediato desde la publicación de la sentencia y para el porvenir.

Citas textuales clave

“la disposición del legislador no discrimina entre las partes envueltas en el proceso, sino que sujeta la posibilidad de recurrir a la obtención de una sentencia con determinadas características, pero ni lo prohíbe ni lo confiere de manera específica a una de las partes del proceso.” (TC/0266/13, numeral 9, 9.1–9.1.3, pág. 10)
“la motivación de toda decisión judicial constituye una garantía del debido proceso.” (TC/0266/13, numeral 9, 9.2.4–9.2.6, pág. 12)
“Por tales motivos, la declaratoria de nulidad, en el presente caso, se hace exclusivamente de la expresión que señala “sin necesidad de motivar su decisión” y que figura en el texto del párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11.” (TC/0266/13, numeral 9, 9.2.9–9.3, pág. 13)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 39, 40.15, 69.4, 69.10 y 185.1.

Ley núm. 189-11: artículos 156, párrafo II, y 168, párrafo II.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37, 45 (última parte), 48 (primera parte) y 49 (párrafos II y III).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0050/12, TC/0044/12, TC/0009/13 y TC/0093/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido (Sentencia TC/0050/12, de fecha 16 de octubre de 2012, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana).

8.2. En este caso, el accionante posee tal condición, toda vez que enfrenta un proceso judicial en el cual es deudor perseguido en el marco de un embargo inmobiliario que se rige por la ley contra la que ha accionado, por lo que, si resultase inconstitucional su contenido, su aplicación en el caso planteado por el accionante implicaría una vulneración a sus derechos y configuraría un perjuicio para el mismo.

TC/0266/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9 — PDF oficial

9. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados

9.1. Respecto a la invocada violación del derecho a la igualdad, contenido en el artículo 39 de la Constitución de la República

9.1.1. El accionante en inconstitucionalidad sostiene, respecto a este punto, que el párrafo II del artículo 168 de la Ley núm. 189-11, que establece que “la sentencia que rechaza los incidentes no será susceptible del recurso de apelación, y será ejecutoria en el acto”, violenta el principio de igualdad, contenido en el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana, toda vez que la sentencia que falla los incidentes puede ser recurrida si los acoge, pero no si los rechaza, y con ello, señala el accionante, lesiona el derecho constitucional antes mencionado.

9.1.2. El precitado texto constitucional establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación (…)”, en razón de lo cual el accionante afirma que, siendo solo una parte la habilitada para apelar, tal precepto se transgrede.

9.1.3. Sin embargo, el tribunal advierte que la disposición del legislador no discrimina entre las partes envueltas en el proceso, sino que sujeta la posibilidad de recurrir a la obtención de una sentencia con determinadas características, pero ni lo prohíbe ni lo confiere de manera específica a una de las partes del proceso.

TC/0266/13, numeral 9, 9.1–9.1.3, pág. 10 — PDF oficial

9.1.4. Por otro lado, hay que recordar que el procedimiento de embargo inmobiliario no está diseñado para la participación exclusiva del deudor y el acreedor, sino que en el marco del mismo pueden estar presentes otros actores, como serían los socios comerciales en los casos en que el deudor embargado sea una compañía, los acreedores hipotecarios y privilegiados, la mujer casada y los copropietarios del inmueble objeto de embargo, entre otros, dependiendo cada caso de la situación jurídica del inmueble embargado. En razón de lo anterior, cuando el legislador limita el recurso de apelación para aquel que resulta perdidoso en la demanda incidental no está discriminando entre las partes del proceso, pues no afecta a ninguna persona, colectividad, sector o grupo determinado, sino que regula el proceso de conformidad a las facultades que para ello le ha conferido la Constitución.

9.1.5. Por lo antes expuesto, siendo indeterminada la parte afectada por la decisión de un tribunal judicial en materia incidental en el curso de un embargo inmobiliario, no existe discriminación formal por parte del legislador, ni trato desigual o diferenciado, en razón de lo cual el presente medio de inconstitucionalidad debe ser rechazado.

9.2. En referencia a la alegada conculcación del principio de razonabilidad, prescrito por el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución de la República

TC/0266/13, numeral 9, 9.1.4–9.2, pág. 10 — PDF oficial

9.2.1. Respecto a la supuesta transgresión al principio de razonabilidad del párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11, el cual establece que “la causa se instruirá mediante debates verbales y el juez deberá fallar en la misma audiencia sin necesidad de motivar su decisión, la cual no será objeto de ningún recurso y será ejecutoria en el acto”, el tribunal es de criterio que procede someter la norma atacada al test de razonabilidad, conforme a la práctica que se viene siguiendo en las más diversas jurisdicciones constitucionales comparadas y que ya ha adoptado este tribunal constitucional.

9.2.2. En ese orden de ideas, conforme al precedente fijado en la Sentencia TC/0044/12, de fecha 21 de septiembre de 2012, el Tribunal Constitucional ha establecido que, por la alegada violación al principio de razonabilidad de la norma cuestionada como inconstitucional, conviene someter la misma a un examen mediante el cual se pueda establecer si dicho texto normativo cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución.

9.2.3. Así las cosas, el Tribunal Constitucional ha dado por sentado que el test de razonabilidad sigue pasos precisos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. La jurisprudencia nacional desarrolla generalmente el test en tres pasos: “1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin” (Sentencia TC/0044/12, de fecha 21 de septiembre de 2012, dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana).

TC/0266/13, numeral 9, 9.2.1–9.2.3, pág. 11 — PDF oficial

9.2.4. Respecto al primer criterio –el análisis del fin buscado por la medida–, el texto legal en cuestión, párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11, procura agilizar el proceso judicial en el que se enmarca este tipo de embargo inmobiliario con miras de hacer efectivo el cobro de la acreencia perseguida, de modo que la venta en pública subasta del inmueble embargado se efectúe sin dilaciones indebidas.

9.2.5. En referencia al segundo criterio –el análisis del medio empleado–, la ley, al establecer la no motivación de la sentencia que resuelve sobre la demanda incidental del embargo inmobiliario, riñe con el espíritu del derecho y de la Constitución, contraviniendo los principios elementales de la sana administración de justicia y desnaturaliza la esencia del poder judicial, pues la motivación de toda decisión judicial constituye una garantía del debido proceso.

9.2.6. Como señaló el accionante, ni es justo ni es útil que un juez emita un fallo (sin importar la naturaleza del mismo, si es sobre lo principal o sobre algún aspecto incidental o de cualquier otra especie), sin que el mismo contenga la debida motivación, pues, a juicio de este tribunal, la debida motivación de la sentencia es una garantía para con cada ciudadano; en ese sentido, su realización efectiva se constituye en un derecho que cada individuo posee frente a cualquier juez o tribunal.

TC/0266/13, numeral 9, 9.2.4–9.2.6, pág. 12 — PDF oficial

9.2.7. En ese orden de ideas, este tribunal ha establecido precedente al respecto, al señalar que la motivación de la sentencia es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (Sentencia TC/0009/13, de fecha 11 de febrero de 2013).

9.2.8. En tal sentido, en razón de que la norma atacada resulta ajena a los criterios de justicia y equidad que postula la Constitución de la República, no supera, por tanto, el segundo elemento del test de razonabilidad. Conforme a la metodología del test, el tercer paso del mismo –la relación entre el medio y el fin– no exige ser verificado, en razón de que los criterios del test deben concurrir en su totalidad para establecer si una norma jurídica es razonable o

no. Por tanto, al no superarse el segundo criterio del test procede acoger el medio de inconstitucionalidad planteado y, en consecuencia, declarar la nulidad de la norma atacada.

TC/0266/13, numeral 9, 9.2.7–no, pág. 13 — PDF oficial

9.2.9. Finalmente, se hace preciso aclarar que el texto del párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11 regula diversos aspectos procesales de la demanda incidental del embargo inmobiliario, toda vez que expresa: “la causa se instruirá mediante debates verbales y el juez deberá fallar en la misma audiencia, sin necesidad de motivar su decisión, la cual no será objeto de ningún recurso y será ejecutoria en el acto.” No obstante, el aspecto declarado inconstitucional es exclusivamente la no motivación de la decisión respecto de la demanda incidental y, al resultar anulable solamente ese aspecto procesal del texto y no el texto íntegro del párrafo II del artículo 156, procede declarar su nulidad mediante la modalidad de una sentencia reductora, que conforme al precedente de este tribunal, establecido por medio de la Sentencia TC/0093/12, de fecha 21 de diciembre de 2012, se refiere a aquellas que señalan que una parte (frases, palabras, líneas, etc.) del texto cuestionado es contraria a la Constitución, y ha generado un vicio de inconstitucionalidad por su redacción excesiva y desmesurada (…) En ese contexto, la sentencia ordena una restricción o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley impugnada. Por tales motivos, la declaratoria de nulidad, en el presente caso, se hace exclusivamente de la expresión que señala “sin necesidad de motivar su decisión” y que figura en el texto del párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11.

9.3. Respecto a la alegada violación del debido proceso (igualdad procesal), contenido en el artículo 69.4 de la Constitución de la República

TC/0266/13, numeral 9, 9.2.9–9.3, pág. 13 — PDF oficial

9.3.1. En lo relativo a la violación del artículo 69.4 de la Constitución, el accionante ha señalado que éste es transgredido por el párrafo II del artículo 168 de la Ley núm. 189-11, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil once (2011), en razón de que, según alega, violenta el principio de igualdad procesal que, en el marco del debido proceso, consagra el citado texto constitucional, el mismo que consagra el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa.

9.3.2. Sin embargo, como bien se expuso en otra parte de esta sentencia, el tribunal no verifica que por medio de la disposición atacada el legislador haya conculcado la plena igualdad procesal requerida por el constituyente. Lo que hizo el legislador fue regular una faceta del procedimiento, no para beneficiar o perjudicar a una parte procesal en específico, sino para todos aquellos a quienes les fuese rechazado el incidente, independientemente de su calidad procesal, sea esta la condición de persiguiente, deudor embargado, acreedores hipotecarios o privilegiados, la mujer casada, copropietarios del inmueble objeto de embargo, garantes propietarios del inmueble, etc. Se infiere de lo anterior que todas las partes están en plena igualdad, conforme a la norma constitucional, y la distinción entre ellos no surge ni de la ley, ni de sus efectos, ni de su interpretación ni de su aplicación, sino de la decisión que tome el juez apoderado, comprobándose de este modo que no queda infringida la Constitución.

9.3.3. Por lo antes expuesto, al igual que como ocurre frente al reclamo de violación a la igualdad según lo dispuesto en el artículo 39 de la Constitución, tampoco frente a la presente norma existe discriminación formal por parte del legislador, ni trato desigual o diferenciado, en razón de lo cual el presente medio de inconstitucionalidad debe ser rechazado.

TC/0266/13, numeral 9, 9.3.1–9.3.3, pág. 14 — PDF oficial

9.4. Respecto a la alegada violación del debido proceso, contenido en el artículo 69.10 de la Constitución de la República

9.4.1. En lo relativo a la alegada violación del artículo 69.10 de la Constitución, el accionante ha señalado que el mismo es transgredido por el párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11, de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil once (2011).

9.4.2. No obstante, el accionante se limita a afirmar que la norma jurídica cuestionada conculca el derecho de defensa que protege el artículo 69 de la Constitución, pero no señala, ni argumenta ni prueba en ningún momento, cómo la norma atacada vulnera directamente lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 69, razón por la cual el Tribunal Constitucional mal podría referirse a cuestiones no argumentadas debidamente.

9.4.3. Por demás, es criterio de este tribunal que, en razón de que el aspecto procesal que se refiere a la no motivación de la decisión incidental (que es lo vinculado a la cuestión planteada en este medio, es decir, el debido proceso), ya fue tratado previamente en otra parte de la presente sentencia y declarado inconstitucional. En consecuencia, ya ha sido expulsado del sistema jurídico dominicano y, por tanto, en virtud de las consideraciones desarrolladas en los acápites anteriores, carecería de objeto referirnos a una disposición ya anulada (Sentencia TC/0093/12, de fecha 21 de diciembre de 2012). Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los Magistrados Lino Vásquez Sámuel, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del Magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0266/13, numeral 9, 9.4–9.4.3, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Víctor Manuel Pérez, en fecha cuatro (04) de abril del año dos mil doce (2012), contra los artículos 156, párrafo II, y 168, párrafo II, de la Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley que rige en la materia.

SEGUNDO: DECLARAR, en cuanto al fondo, no conforme con la Constitución, específicamente el aspecto procesal relativo a la no motivación de la decisión sobre la demanda incidental en el proceso de embargo inmobiliario, contenida en el párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189- 11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), por transgredir el principio de razonabilidad instituido en el artículo 40.15 de la Constitución de la República Dominicana.

TERCERO: PRONUNCIAR, en consecuencia, la nulidad absoluta de la expresión “sin necesidad de motivar su decisión”, contenida en el párrafo II del artículo 156 de la Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), por las razones jurídicas expuestas en las consideraciones y fundamentos de la presente sentencia.

CUARTO: DECLARAR que la presente nulidad por inconstitucionalidad surtirá efecto inmediato a partir de la publicación de la presente sentencia y para el porvenir, de conformidad con las disposiciones de la última parte del artículo 45 y de la primera parte del artículo 48 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, al accionante, el señor Víctor Manuel Pérez, a la Procuraduría General de la República y al Congreso Nacional, para cumplir con las formalidades establecidas en el párrafo II del artículo 49 de la Ley núm. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que prescribe la notificación de la sentencia que acoge la inconstitucionalidad al órgano de donde emanó la norma impugnada.

OCTAVO: ORDENAR que en todas las publicaciones oficiales de la Ley núm. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, de fecha dieciséis (16) de julio del año dos mil once (2011), se consigne la declaración de inconstitucionalidad y la identificación de la sentencia que le declaró como tal, a fin de cumplir con la formalidad del párrafo III del artículo 49 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

NOVENO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0266/13, del 19 de diciembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0266-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.