Sentencia TC/0307/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de diciembre de 2020 · Expediente TC-04-2019-0237
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Delcia Tomasa Pérez Bello, contra la Sentencia núm. 1878, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0307/20?
El Tribunal admitió la revisión porque la sentencia impugnada adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010, el recurso se interpuso dentro del plazo legal y se cumplieron los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11: las alegadas vulneraciones se invocaron tan pronto se conocieron, se agotaron los recursos disponibles sin que fueran subsanadas y se atribuyeron directamente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. El caso revestía especial relevancia constitucional porque permitía reiterar el criterio sobre la legalidad de la prueba como garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como el carácter extraordinario de la revisión (numeral 10, a–c, pág. 16; numeral 10, j–l, pág. 19; numeral 10, m–o, pág. 20; numeral 10, p–s, pág. 20).
La valoración de la prueba corresponde a los jueces de fondo. En casación, la Suprema Corte de Justicia controla si esos jueces verificaron su legalidad, sin sustituir su apreciación; en revisión, el Tribunal Constitucional garantiza que la prueba se haya obtenido conforme al artículo 69.8 de la Constitución, sin revalorarla. La Segunda Sala sí respondió al medio sobre la auditoría: explicó que no fue determinante, que las demás pruebas eran suficientes y que las imputadas pudieron ejercer su defensa respecto de ese documento. El Tribunal no constató vulneración del derecho de defensa ni del debido proceso. Tampoco constató una violación del precedente TC/0001/15, pues este resolvió una acción directa de inconstitucionalidad sobre facultades de instituciones públicas, ajena a los derechos cuya vulneración se alegaba en este caso (numeral 11, f–g, pág. 23; numeral 11, h–j, pág. 24; numeral 11, 10.7–10.8, pág. 25; numeral 11, k–m, pág. 26; numeral 11, n–o, pág. 27; numeral 11, r–s, pág. 29).
Decisión
Admite el recurso de revisión constitucional interpuesto por Delcia Tomasa Pérez Bello, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 1878 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia (dispositivo, pág. 30).
Citas textuales clave
“De igual manera, el Tribunal Constitucional, en el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, aun le esté vedado la valoración de las pruebas en sí mismas, está llamado a garantizar que toda prueba sea obtenida de conformidad con el artículo 69.8 de la Constitución dominicana, como un elemento constitutivo de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.” (numeral 11, k–m, pág. 26)
“Por tales razones no puede concluirse que el fallo impugnado sea violatorio del derecho de defensa ni contrario al debido proceso, por lo que dicho medio debe ser desestimado.” (numeral 11, n–o, pág. 27)
“Analizado lo anterior, el Tribunal Constitucional no ha podido verificar que en la especie se haya producido una inaplicación o cambio jurisprudencial que afecte al recurrente, por lo que el alegato de violación al precedente señalado por la parte recurrente debe ser desestimado.” (numeral 11, r–s, pág. 29)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.8 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (parte capital, numerales 2 y 3, y párrafo sobre especial trascendencia o relevancia constitucional) y 54.1.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0001/18, TC/0123/18, TC/0007/12, TC/0102/14, TC/0617/16, TC/0135/14, TC/0264/17 y TC/0001/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los argumentos esgrimidos por las partes, y a los documentos depositados en el expediente, la Cooperativa de Ahorros y Créditos Neyba, Inc. (COOPRACRENE) presentó querella con constitución en actor civil en contra de las ciudadanas Delcia Tomasa Pérez Bello, Sofía Confesora Peña Mercedes, Rocío Elizabeth Medina Rodríguez y Amelia Margarita Herasme Peña, por alegada violación a los artículos 59, 60, 147, 148, 150, 151, 265, 266, 379, 386 y 408 del Código Penal dominicano, por supuestamente, estas sustraer determinados valores de la referida entidad cooperativa. Apoderado del conocimiento del fondo del asunto, el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia dictó la Sentencia núm. 956-2016-EPEN-00007 el dieciseis (16) de noviembre de dos mil dieciseis (2016), mediante la cual acogió la acusación presentada por la querellante y con relación a la señora Delcia Tomasa Pérez Bello, le impuso a esta una pena de diez (10) años. Inconforme con esta decisión, la señora Delcia Tomasa Pérez Bello interpuso un recurso de apelación contra esta decisión, que fue decidido por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona mediante la Sentencia Penal núm. 102-2017-SPEN-00101, del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que la declaró culpable y ratificó la pena de 10 años de reclusión mayor antes impuesta, modificando la decisión en lo referente a la indemnización por daños y perjuicios, condenándola a restituir la suma de catorce millones ochocientos sesenta y cinco mil ciento quince pesos dominicanos con 18/100 ($14,865,115.18) en favor de COOPRACRENE. En virtud de lo anterior, la referida señora interpuso recurso de casación que fue decidido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante Sentencia núm. 1878, del veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), rechazó dicho recurso y confirmó la decisión impugnada, por lo que la señora Pérez procedió a incoar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional Este tribunal declara que el presente recurso es admisible por las siguientes razones:
a. Los artículos 277 de la Constitución y la parte capital del artículo 53 de la Ley núm. 137-11 establecen que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En la especie se cumple con tal requerimiento, toda vez que la Sentencia núm. 1878 fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) y por demás, resuelve de forma definitiva el asunto que nos ocupa.
b. Por otra parte, el artículo 54, numeral 1) de la referida ley núm. 137-11, señala el plazo para interponer este tipo de recurso cuando dispone: El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia.
c. En la especie, la sentencia impugnada fue notificada a la parte recurrente, señora Delcia Tomasa Pérez Bello, en manos de su abogado constituido, mediante memorándum de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y recibido el dieciocho (18) de marzo del mismo año, comunicación en la que se hace constar que se anexa una copia simple de la Sentencia núm. 1878, tal y como lo exige la Sentencia TC/0001/18; mientras que el presente recurso de revisión fue interpuesto el diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019); por tanto, dentro del plazo establecido por el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.
d. La Procuraduría General de la República, a pesar de que no incluye dentro de sus conclusiones una petición formal de inadmisibilidad, sí lo propone en el desarrollo argumentativo de su escrito de defensa, al exponer que el presente recurso de revisión deviene en inadmisible, en virtud de que no se han violado los artículos 68, 69 y 277 de la Constitución de la República (…) ni están reunidos los presupuestos señalados por la ley y los precedentes del Tribunal Constitucional para su admisibilidad, toda vez que no se aprecia alegato o argumento alguno dirigido a demostrar la configuración de las causales establecidas por la Ley No. 137-11 (…).
e. Tras la lectura de estos argumentos, las razones dadas por el Ministerio Público para solicitar la inadmisibilidad del presente recurso resultan insuficientes, ya que, en primer lugar, cuando sostiene que en la especie no se han violado los artículos constitucionales invocados por la recurrente, lo que procedería en tal sentido sería solicitar el rechazo del recurso y no su inadmisión; en segundo lugar, al proponer la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional, alegando que en el presente caso no están reunidos los presupuestos señalados por los precedentes constitucionales, sin referirse a ningún precedente en específico que pueda ser considerado a tales fines, ni tampoco señalar cuál de las causales previstas en la Ley núm. 137-11 justificaría la inadmisibilidad, tal argumento debe ser desestimado.
f. El artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, dispone que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional será admisible: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, (…).
g. La parte recurrida solicita que se declare inadmisible el presente recurso de revisión, por no cumplir los requisitos establecidos en el antes citado artículo 53, razón por la que este tribunal procederá a verificar si en la especie estos se configuran o no.
h. La recurrente alega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al dictar la decisión recurrida, ha incurrido en vulneración del precedente establecido en la Sentencia TC/0001/15, dictada por este tribunal constitucional el veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), por lo que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible en cuanto a este aspecto.
i. La recurrente invoca, además, la alegada vulneración de derechos fundamentales, específicamente el debido proceso en su vertiente del derecho de defensa, así como también la alegada omisión de estatuir en cuanto al principio de ilegalidad de la prueba de parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, aspectos que podrían configurar la tercera causal del citado artículo 53.
j. Para que el recurso de revisión constitucional sea admisible respecto de esta causal, se requiere la satisfacción concomitante de tres requisitos, que son los que se citan a continuación: 1) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. 2) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 3) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
k. Mediante Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal Constitucional unificó su criterio en relación con los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, por razones de contenido o lenguaje que pudiesen dar lugar a precedentes contradictorios, estableciéndose que en este tipo de recurso de revisión de decisión jurisdiccional debe expresarse si dichos requisitos, exigidos por los literales a),
b) y c) del numeral 3) del artículo 53.3, se encuentran satisfechos o no satisfechos.
l. Con relación al requisito exigido por el literal a), se observa que los reclamos fundamentales que realiza la parte recurrente han sido invocados formalmente en el proceso, tan pronto tuvo conocimiento de las alegadas violaciones, es decir con la emisión de la sentencia hoy impugnada, por lo que tal requisito ha sido satisfecho en la especie.
m. Respecto a lo relativo al requisito del literal b) del artículo 53.3, este también resulta satisfecho, pues en efecto, se comprueba que se agotaron los recursos disponibles para atacar la decisión y que las alegadas violaciones a derechos fundamentales que el recurrente invoca no fueron subsanadas.
n. En lo que se refiere al requisito consignado en el literal c) del referido artículo, las argüidas violaciones son imputables directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 1878, es decir, a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso; por tanto, este requisito también se encuentra satisfecho en la especie.
o. Además, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe: La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
p. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciéndose que la mencionada condición de admisibilidad solo se encuentra configurada, entre otros supuesto en: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos, un problema jurídico de trascendencia social, política o económica, cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
q. La parte recurrida sostiene que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional carece de especial trascendencia o relevancia constitucional; sin embargo, no expone motivación alguna que sustente tal premisa.
r. No obstante, el Tribunal Constitucional considera que el presente caso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, pues su conocimiento le permitirá reiterar su criterio respecto del principio de la legalidad de la prueba como parte de la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, así como también, reiterar la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales.
s. Por lo antes expresado, se rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión.
11. Sobre el presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional En relación con el recurso de revisión constitucional, este tribunal considera lo siguiente:
a. El Tribunal Constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la señora Delcia Tomasa Pérez Bello en contra de la Sentencia núm. 1878, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
b. La recurrente sostiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia incurre en vulneración de la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en lo que se refiere al derecho de defensa, alegando que esta omitió estatuir sobre la ilegalidad de las pruebas. En apoyo a este argumento, establece:
a) procedía verificar una situación de hecho, la cual consistía en determinar la veracidad o no del alegato de la recurrente en el sentido de observar si el auditor fue o no nombrado por el Ministerio Público, como especifica el mandato de la norma procesal y b) Observar si tal actuación produce una violación de un derecho fundamental planteado, como lo es el derecho de defensa y en consecuencia si la prueba resulta ser recogida con ilegalidad o no, pues ese es el punto planteado en el recurso , y no fallar como lo hizo contestando las críticas realizadas a la sentencia en un sentido no formulado.
c. Alega además que la decisión impugnada vulnera el precedente constitucional establecido en la Sentencia TC/0001/15, del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015).
d. De su parte, la recurrida afirma que la recurrente admite haberse defendido de la querella en la instrucción y en el juicio de fondo, de ahí que no deviene cierto tal subjetiva violación, habida cuenta de que ejercieron su derecho de defensa y defendió desde el primer momento de la AUDITORIA, que erradamente tilda como prueba ilegal. Agrega además que la recurrente indistintamente expone diversas violaciones, pero no precisa en lo más mínimo en qué parte, página o punto de la sentencia recurrida, se advierte o aprecia las violaciones argüidas (…).
e. En resumidas cuentas, en el análisis de los medios del presente recurso se observa que la recurrente razona que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al conocer del recurso de casación por ella presentado, incurrió en omisión de estatuir, al no responder de manera contundente su medio casacional referente a que una de las pruebas utilizadas en su contra en el juicio de fondo (la auditoría realizada por la parte querellante) fue obtenida de manera ilegal, lo que se traduce en una violación a su derecho de defensa y por consiguiente, en una vulneración al debido proceso.
f. Sobre la alegada omisión de estatuir, con relación al medio presentado sobre la ilegalidad de la prueba, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia hizo el siguiente razonamiento: Considerando, que respecto al tercer y último medio invocado, en su escrito de casación, concerniente a la ilegalidad de la auditoría realizada en fecha 15 de enero de 2015, tal como se expresó en parte anterior de esta decisión, al analizar el recurso de Delcia Tomasa Pérez, resulta irrelevante lo alegado, pues dicho elemento no resultó determinante en la construcción del cuadro fáctico, sino que el fardo probatorio valorado individual y conjuntamente, con pruebas corroborantes entre sí, resultaron suficientes para determinar la responsabilidad penal de las imputadas en el ilícito juzgado; en consecuencia, el reclamo carece de pertinencia para invalidar lo resuelto por la Corte a-qua;
g. En la especie, para reforzar la decisión tomada, al responder el medio propuesto por la recurrente en casación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que el documento probatorio cuya ilegalidad se invocaba fue debidamente socializado con las imputadas, y estas tuvieron la oportunidad de realizar su defensa respecto del mismo y expuso que la parte recurrente en casación perseguía la revisión de sentencia mediante un documento, que ya fue examinado y ponderado en el proceso de mérito.
h. Este tribunal considera oportuno reiterar la naturaleza del recurso de casación, que según la Sentencia TC/0102/14, 1 (…) está concebido como un recurso extraordinario mediante el cual la Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control de la constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional, procede a casar la sentencia recurrida; 1 Página 17, párrafo d). en caso contrario, si se verifica la correcta aplicación del derecho y de la Constitución, confirma la sentencia recurrida.
i. La citada sentencia TC/0102/14 2 agrega, además: Si el órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial se involucrara en la apreciación y valoración de las pruebas presentadas por las partes durante el juicio de fondo, incurriría en una violación de las normas en las cuales fundamenta sus decisiones y desnaturalizaría la función de control que está llamado a ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores respeto a la correcta aplicación de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas.
j. El criterio antes esbozado fue reiterado en la Sentencia TC/0617/16, al disponer:
10.7. Es importante enfatizar que, si bien las Salas de la Suprema Corte de Justicia y el Pleno de la misma deben, en atribuciones de casación, velar para que los tribunales que conocen del fondo del conflicto valoren las pruebas y respondan los alegatos presentados por las partes, también es cierto que no pueden cuestionar las indicadas valoraciones, porque solo a ellos corresponde conocer los hechos de la causa. La casación es, como se sabe, un recurso especial, en el cual la Sala de la Suprema Corte de Justicia, o el Pleno de ésta, se limitan a determinar si el derecho fue bien interpretado y aplicado. De manera que no conoce de los hechos invocados ni de las pruebas aportadas por las partes. De lo anterior resulta que el tribunal que conoce del recurso de casación no puede cuestionar la valoración de la prueba que hagan 2 Página 18, párrafo f). los jueces que conocen del fondo del caso, porque si lo hicieren violarían los límites de sus atribuciones. Y en lo que respecta al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional:
10.8. En este orden, conviene destacar que se admite en la jurisprudencia constitucional que el Tribunal Constitucional, al revisar una sentencia, no puede entrar a valorar las pruebas y los hechos de la causa, por tratarse de aspectos de la exclusiva atribución de los tribunales judiciales. Su función, cuando conoce de este tipo de recurso, se debe circunscribir a la cuestión relativa a la interpretación que se haya hecho del derecho, con la finalidad de determinar si los tribunales del orden judicial respetan en su labor hermenéutica el alcance y el contenido esencial de los derechos fundamentales.
k. Establecido lo anterior, este tribunal considera preciso destacar la diferencia entre lo que supone la valoración de las pruebas que se someten al examen de los jueces de fondo, quienes tienen la facultad soberana de apreciación de ella y por ende, les corresponde otorgar el mérito que a cada una corresponda; por otro lado, el análisis que hace la Suprema Corte de Justicia como órgano de control con miras a determinar si los tribunales del orden judicial han verificado la legalidad de dichas pruebas, en especial lo que respecta a las fuentes con las que estas han sido obtenidas.
l. De igual manera, el Tribunal Constitucional, en el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, aun le esté vedado la valoración de las pruebas en sí mismas, está llamado a garantizar que toda prueba sea obtenida de conformidad con el artículo 69.8 de la Constitución dominicana, como un elemento constitutivo de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
m. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado en su Sentencia TC/0135/14, del ocho (8) de julio de dos mil catorce, página 12, párrafo 10.2, que: En virtud del principio de legalidad de la prueba, sólo son admisibles como medios de prueba aquellos cuya obtención se haya producido conforme a las reglas establecidas por la Constitución, la legislación procesal y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Y además, [e]s así que el derecho fundamental a la legalidad de la prueba constituye un derecho constitucional de configuración legal, en la medida en que es la ley la que precisa la forma y el momento de presentación de la prueba, así como los medios autorizados para hacer valer este derecho.
n. Posteriormente, mediante la Sentencia TC/0264/17, 3 del veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Constitucional dejó claramente establecido que (…) la determinación de si una prueba puede ser utilizada o no en un proceso ha sido asignada a los jueces ordinarios, quienes además valorarán si la prueba ha sido recogida con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la ley.
o. Este tribunal considera que dicho medio debe ser desestimado, pues como se observa, en su fallo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia actuó apegado al derecho: al analizar la sentencia atacada en casación, determinó que la Corte de Apelación aplicó correctamente la ley, al valorar y ponderar los elementos probatorios, incluyendo el documento cuya ilegalidad invocaba la hoy recurrente, todo esto, en su labor de verificación de la legalidad y constitucionalidad que su ley orgánica le confiere. Por tales razones no puede concluirse que el fallo impugnado sea violatorio del derecho de defensa ni contrario al debido proceso, por lo que dicho medio debe ser desestimado. 3 Página 10, párrafo ff).
p. Por otro lado, la parte recurrente sostiene la decisión impugnada viola el precedente constitucional establecido en la Sentencia TC/0001/15, del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), argumentando: Que por igual le fue planteado a la Suprema Corte de Justicia, en aplicación del artículo 7, principio 13 de la ley 137/11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, su obligación de observar al momento de fallar, cual ha sido el criterio sentado por el Tribunal Constitucional, al momento que ha tenido la oportunidad de pronunciarse en relación al valor como medio de prueba que tiene el peritaje. Que, de igual modo, estos órganos jurisdiccionales han violado un precedente del Tribunal Constitucional que de manera específica le ha sido referido.”
q. En respuesta a este medio recursivo, la parte recurrida argumenta lo siguiente: (…) la recurrente, trae a colación una sentencia, (…) marcada con el número TC/0001/15 de fecha 28 del mes de enero del año 2015, procurando desesperadamente con ella, confundir y justificar que la auditoría de Rivas Jiménez & Asociados, era prueba ilegal, sin embargo, cuando leemos la sentencia del Tribunal Constitucional, advertimos que se trató de una acción directa de inconstitucionalidad sobre la facultad que tienen las instituciones públicas o no, de procurarse auditores independientes, sin tomar en cuenta los auditores de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que en nada se refiere ni tiene que ver con la contratación de firmas de auditores entre particulares, sencillamente el caso no aplica.
r. Al respecto, este tribunal observa que, contrario a lo propuesto por la señora Delcia Tomasa Pérez Bello, cuyos recursos de casación y revisión constitucional se basan en la vulneración al principio de la legalidad de la prueba y al derecho de defensa y al debido proceso, la Sentencia TC/0001/15, del veintiocho de enero de dos mil quince (2015), fue la consecuencia de una acción directa de inconstitucionalidad que atacó los artículos 32 y 35 de la Ley núm. 10-04, sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, del veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004), asuntos que no están concernidos a los derechos fundamentales cuya vulneración es alegada en la especie, amén de que se trata de dos procedimientos constitucionales distintos, pues la alegada sentencia TC/0001/15 estaba referida a una cuestión de naturaleza pública respecto de las facultades de instituciones públicas.
s. Analizado lo anterior, el Tribunal Constitucional no ha podido verificar que en la especie se haya producido una inaplicación o cambio jurisprudencial que afecte al recurrente, por lo que el alegato de violación al precedente señalado por la parte recurrente debe ser desestimado.
t. Por todo lo anterior, el Tribunal Constitucional considera que, en la especie, no se verifican las alegadas vulneraciones a los derechos fundamentales alegados por la parte recurrente y en consecuencia, procede rechazar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Alba Luisa Beard Marcos; el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta en acta el voto salvado del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Delcia Tomasa Pérez Bello, contra la Sentencia núm. 1878, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: RECHAZAR el recurso de revisión constitucional, por los motivos que se exponen en el cuerpo de esta decisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la decisión recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Delcia Tomasa Pérez Bello, y a la parte recurrida, Cooperativa de Ahorros y Crédito Neyba, Inc. (COOPACRENE), e Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), así como a la Procuraduría General de la República.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0307/20, del 22 de diciembre de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0307-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.