Sentencia TC/0001/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 28 de enero de 2015 · Expediente TC-01-2005-0005

la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Banco Central de la República Dominicana contra los artículos 32 y 35 de la Ley No. 10-04, del veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004), sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0001/15?

El Banco Central tenía legitimación como «parte interesada» conforme a la Constitución de 2002, vigente al interponerse la acción. Para resolver el fondo, el Tribunal aplicó la Constitución de 2010, que preservó y precisó la autonomía del Banco Central. Esa autonomía no lo exime del control fiscal externo que la Constitución atribuye a la Cámara de Cuentas, pero sí le permite evaluar por sí mismo su desempeño y sus resultados, incluso mediante la contratación de firmas privadas. Exigir a los poderes públicos y órganos constitucionales la autorización previa de la Cámara de Cuentas para contratar esas auditorías crea una relación de dependencia que vulnera la separación de poderes y vicia la totalidad del artículo 32 de la Ley No. 10-04 (TC/0001/15, numeral 7, pág. 10; TC/0001/15, numeral 8, pág. 11; TC/0001/15, numeral 8, 9.3.3, pág. 25; TC/0001/15, numeral 8, 9.3.4–9.1.8, pág. 26; TC/0001/15, numeral 8, 9.3.6, pág. 27).

Las auditorías privadas sirven para la evaluación interna: no sustituyen el control fiscal de la Cámara de Cuentas, no la vinculan y no pueden por sí solas dar lugar al establecimiento de responsabilidades. Por ello, el Tribunal consideró inconstitucional equiparar normativamente esas auditorías con las que realiza la Cámara de Cuentas y dictó una sentencia reductora que elimina solo la expresión del artículo 35 relativa a las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público (TC/0001/15, numeral 8, 9.3.7, pág. 28; TC/0001/15, numeral 8, 9.3.8–9.3.9, pág. 28; TC/0001/15, numeral 8, 9.2.9, pág. 29; TC/0001/15, numeral 8, 9.3.10, pág. 29).

Decisión

Declara válida en cuanto a la forma la acción directa y, en cuanto al fondo, declara inconstitucional y totalmente nulo el artículo 32 de la Ley No. 10-04. Declara inconstitucional y nula únicamente la expresión «las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público» del artículo 35, fija la interpretación conforme del texto restante en el fundamento 9.3.10 y dispone que las nulidades surtan efectos desde la notificación y para el porvenir.

Citas textuales clave

“Este Tribunal advierte que resulta contrario al principio de separación de poderes exigir a los poderes públicos y órganos constitucionales que obtengan una autorización de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas privadas que auditen su gestión.” (TC/0001/15, numeral 8, 9.3.6, pág. 27)
“Preciso es agregar que las auditorías realizadas por firmas privadas carecen del imperio legal para derivar autónomamente responsabilidades de ningún tipo, sino que apenas podrían servir de insumo para que el órgano público que las requirió adopte internamente las medidas de lugar que le permita el régimen normativo propio.” (TC/0001/15, numeral 8, 9.3.8–9.3.9, pág. 28)

Normas interpretadas

Constitución de 2002, artículo 111, párrafo I; Constitución de 2010, artículos 4, 225 y 248; Ley No. 10-04, artículos 30, 32, 35, 47 y 48; Ley No. 183-02, artículo 16, literal b); Ley No. 137-11, artículos 7.6, 47, párrafo III, 48 y 49, párrafos II y III.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0032/13, TC/0152/13, TC/0305/14, TC/0266/13, TC/0093/12 y C-529 de 1993 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Legitimación activa o calidad del accionante

En lo relativo a la legitimación activa o calidad del Banco Central de la República Dominicana para accionar en el caso que nos ocupa, es preciso destacar que la acción en inconstitucionalidad fue interpuesta el veinticinco (25) de septiembre del año dos mil cinco (2005), por lo que debe aplicarse aquí el criterio sentado por este Tribunal en la Sentencia TC/0013/12 y mantenido de forma constante en innumerables decisiones posteriores. Así que, al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año 2005, la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de 2002, que admitía las acciones formuladas por aquellas personas que probasen su condición de “parte interesada”. No podría, en consecuencia, este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo porque la calidad o legitimación activa es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. Es por esto que cabe considerar que el accionante tiene calidad para impugnar en inconstitucionalidad los artículos 32 y 35 de la Ley No. 10-04 del 20 de enero de 2004, sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, al constituir una “parte interesada” al momento de interponerse la acción que nos ocupa, en el sentido de ser una institución afectada por la aplicación de las disposiciones impugnadas.

TC/0001/15, numeral 7, pág. 10 — PDF oficial

8. Procedimiento aplicable en la presente acción directa en

inconstitucionalidad La Constitución de 1966, modificada el 1994 y en el 2002, fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del 26 de enero del 2010, siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo los mismos principios y reglas fundamentales que invocaban los accionantes, esto es, el carácter de institución autónoma del Banco Central de la República Dominicana, derivado del artículo 111, párrafo I, de la Constitución del 2002. El estatus constitucional de este órgano se encuentra plasmado con mayor claridad y precisión en el artículo 225 de la Constitución de 2010, el cual establece lo siguiente: “El Banco Central de la República es una entidad de Derecho Público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía funcional, presupuestaria y administrativa.” Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por la parte accionante al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto, aún con mayor precisión, los principios fundamentales invocados en su acción directa, esto es la autonomía del Banco Central, procede en consecuencia, aplicar el texto de la Constitución vigente, a fin de establecer si las disposiciones atacadas resultan inconstitucionales ante el nuevo régimen constitucional instaurado a partir del 26 de enero del año 2010. 9. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados. Para mejor resolver el presente caso, conviene examinar previamente un tema de especial relevancia constitucional para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, esto es, la autonomía de los órganos constitucionales. Luego, a la luz de esas premisas, se analizará particularmente el estatus constitucional del Banco Central, que acciona en la especie defendiendo su autonomía. Y, finalmente, se dilucidará el cuestionamiento específico planteado por el accionante, que es la pretendida inconstitucionalidad de las disposiciones legales que imponen a las instituciones del Estado la obligación de obtener la previa autorización de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas de auditorías privadas que fiscalicen externamente sus operaciones, por considerar que su aplicación al Banco Central lesiona la autonomía que la Constitución le ha conferido.

TC/0001/15, numeral 8, pág. 11 — PDF oficial

9.1. Sobre la autonomía de los órganos constitucionales

9.1.1. La Constitución de la República Dominicana, adoptada el 26 de enero de 2010, contiene una distribución funcional del poder que renueva la estructura política de nuestro régimen de gobierno presidencial, en aras de impulsar el Estado Social y Democrático de Derecho y resguardar el orden institucional prediseñado por el constituyente. Así, en el reparto de funciones del Estado, los poderes públicos tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) son titulares de las funciones clásicas, pero junto a ellos la Constitución instituye directamente la autonomía e independencia de órganos extrapoderes nuevos o renovados que son receptores de funciones o subfunciones desmembradas de los poderes tradicionales. Es el caso de la regulación del sistema monetario y financiero que compete a la Junta Monetaria en su condición de órgano superior del Banco Central; el control externo del gasto público que ejerce la Cámara de Cuentas; la gestión de las contiendas electorales que corresponde a la Junta Central Electoral, y el juzgamiento de los conflictos electorales que es atribución del Tribunal Superior Electoral; la jurisdicción constitucional en cabeza del Tribunal Constitucional; así como la formulación de la política criminal del Estado y el ejercicio de la acción penal en cabeza del Ministerio Público, y la contribución en la salvaguarda de los derechos fundamentales y los intereses colectivos y difusos atribuidas al Defensor del Pueblo.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1–9.1.1, pág. 12 — PDF oficial

9.1.2. Los órganos autónomos son creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de la separación de los poderes. Surgen de la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales de gobierno. Así, la autonomía constituye una garantía institucional asociada a la independencia con que han de ejercer las funciones encomendadas por la Constitución. Pero estos no se encuentran investidos de legitimación democrática directa, lo que análogamente sucede con el Poder Judicial. De modo que la autonomía también se ejerce, paradójicamente, por la participación de alguno o algunos de los poderes tradicionales en la dinámica propia de los órganos constitucionales, de manera especial en el nombramiento o ratificación de sus titulares o jerarcas, pero también en la aprobación de su presupuesto y en una adecuada rendición de cuentas. Esta nueva ingeniería institucional, como ha expresado este Tribunal en otra ocasión, comporta un replanteamiento del significado tradicional de la noción de separación de poderes, “en el sentido de que actualmente dicha separación no es rígida y se admite, además, la colaboración entre ellos” (Sentencia TC/0032/13: 9.6.), así como diversos medios de acción recíproca.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.2, pág. 13 — PDF oficial

9.1.3. Oportuno es destacar que los órganos constitucionales autónomos: a) constituyen órganos fundamentales del Estado, pues están situados en el vértice de la organización política en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales; b) escapan a toda línea jerárquica y a los controles de vigilancia y tutela jurídica de la autoridad rectora de la Administración Pública; c) reciben directamente de la Constitución su estatus y competencias esenciales que definen su posición institucional en la estructura del Estado; d) concretan externamente las formas de gobierno y el Estado manifiesta a través de ellos su voluntad con la máxima eficacia formal. Cabe agregar que los parámetros bajo los cuales ejercen sus funciones no pasan por los criterios inmediatos del momento, sino que al ser órganos troncales o supremos preservan el equilibrio institucional de la República y participan con el conjunto de poderes públicos en la dirección política del Estado. Son, en definitiva, órganos extrapoderes, ya que no se adscriben ni subordinan orgánicamente a ninguno de los tres poderes clásicos, tienen funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución, y son capaces de emitir actos definitivos que actualizan el orden jurídico político fundamental.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.3, pág. 13 — PDF oficial

9.1.4. Este Tribunal Constitucional hace suyas las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de México respecto a que los órganos constitucionales autónomos: “1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad” (Suprema Corte de Justicia de México. Tesis Jurisprudencial 20/2007 de 17 de abril de 2007).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.4, pág. 14 — PDF oficial

9.1.5. Estos órganos se rigen primordialmente por un régimen normativo propio, integrado por los preceptos de la Constitución, las leyes orgánicas que los regulan y la reglamentación interna que ellos mismos se den para los efectos de proveer a su funcionamiento. En ese sentido, es menester recordar que este Tribunal ha establecido que “la autonomía constituye una garantía constitucional que, por su esencia, impide que pueda ser desconocida, vaciada de contenido, o bien llegar a ser suprimida; de esta manera se protege de las tentaciones de ser limitadas por el ejercicio de la función del órgano legislativo y persigue asegurar que en su desarrollo, las características básicas que la identifican no sean reducidas ni deformadas” (Sentencia TC/0152/13: 9.1.8). A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 2010, el legislador ha empezado a delimitar cautelosamente la aplicabilidad de las disposiciones legales externas al régimen normativo propio de los órganos constitucionales, con la finalidad de preservar la autonomía que les ha conferido la Constitución. Así, tanto el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Administración Pública núm. 247, del 14 de agosto de 2012, como el artículo 2 (párrafo II), de la Ley Núm. 107-13, del 6 de agosto de 2013, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, acertadamente establecen que sus disposiciones “se aplicarán a los órganos y entes de rango constitucional, siempre que resulten compatibles con su normativa específica, no desvirtúen las funciones que la Constitución les otorga y garanticen el principio de separación de poderes”.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.5, pág. 15 — PDF oficial

9.1.6. Necesario es recordar que “la autonomía, en el derecho público, constituye una noción polisémica, puesto que tiene múltiples dimensiones, y se emplea en diversos sentidos en el campo de la distribución del poder, conforme a la concepción específica acerca de la forma jurídico-política del Estado que define la Carta Magna. Necesario es precisar, entonces, que la autonomía de la que han sido revestidos los órganos constitucionales es cualitativamente superior a la autonomía meramente administrativa que la Constitución de 2010 reconoce a los organismos autónomos y descentralizados de la Administración Pública, los cuales podrán ser creados por ley y “estarán adscritos al sector de la administración compatible con su actividad, bajo la vigilancia de la ministra o ministro titular del sector” (artículo 141). Ella se distingue también de la autonomía de la Administración Local (artículo 199) que la Constitución establece para estimular la descentralización territorial (artículo 204) en el contexto de una República unitaria (artículo 7). Así, los órganos constitucionales están dotados de una autonomía reforzada, es decir, de un grado tal de autonomía muy superior al de los entes administrativos y municipales, que les garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo” (Sentencia TC/0305/14: 11.7).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.6, pág. 15 — PDF oficial

9.1.7. Cabe agregar, además, “que la autonomía constitucional, como categoría jurídica abstracta y mandato de optimización, necesita materializarse de algún modo si es que pretende ser operativa en el ejercicio del poder público. Por ello, la Constitución reconoce tres manifestaciones esenciales (funcional, administrativa y presupuestaria), de las que emergen implícitamente un conjunto de competencias accesorias e instrumentales indispensables para el desempeño eficaz de las competencias fundamentales atribuidas al órgano. Son “accesorias”, las competencias sustantivas implícitas ligadas indisolublemente a las competencias fundamentales; e “instrumentales”, las competencias que sirven de medio para el ejercicio de una competencia fundamental o accesoria atribuida al órgano en cuestión. Las competencias accesorias e instrumentales, que materializan la autonomía en su integralidad, son inescindibles de las potestades que la Constitución y las leyes orgánicas reservan a los distintos órganos constitucionales; por lo que su lesión comporta siempre una cuestión de relevancia constitucional que habilita la intervención contralora de la justicia constitucional, conforme a los procesos definidos en la Constitución y la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales” (Sentencia TC/0305/14: 11.8).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.7, pág. 16 — PDF oficial

9.1.8. “La autonomía funcional implica el mayor grado de independencia o autogobierno para que el órgano ejerza las competencias específicas que le han sido encomendadas por la Constitución y su ley orgánica. En ese orden de ideas, tal como ha expresado este colegiado: “Respetar su contenido esencial, equivale a no sujetar su capacidad de autogobierno a las decisiones de otras entidades que obstaculicen el cumplimiento de sus funciones” (Sentencia TC/0152/13: 9.1.9). La autonomía funcional otorga al órgano constitucional la potestad de planificar, conforme su ley orgánica y sin injerencia de otras autoridades, “las políticas, estrategias, metas y objetivos” que resulten necesarios para ejercer sus funciones, al igual que para desarrollar las actividades y ejecutar los actos que den fiel cumplimiento a lo planificado, conforme a las competencias fundamentales que le ha asignado la Constitución. Comprende, además, “el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados” (artículo

12.5 de la Ley No.247-12), con la finalidad de corregir cualquier desviación significativa e identificar oportunidades de mejoramiento continuo” (Sentencia TC/0305/14: 11.9).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.8–12.5, pág. 17 — PDF oficial

9.1.9. “La autonomía administrativa asegura al órgano constitucional la capacidad de autoorganización y autoadministración necesarias para que pueda realizar sus atribuciones de manera independiente y sin interferencias de ningún otro órgano o poder. Cualquier entidad compleja necesita disponer sus estructuras y asignar cometidos a sus responsables para poder alcanzar correctamente sus objetivos. Esta potestad se ejercita a través de normas reglamentarias, o bien mediante decisiones o actos de carácter no normativo. Comprende, asimismo, la capacidad de disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que resulte más conveniente para el cumplimiento de los cometidos y fines que tiene asignados. Esta vertiente de la autonomía se configura como una garantía en el desarrollo independiente de las funciones del órgano constitucional, que parte de presuponer la especialidad en su administración por su estatus jurídico y la función que desempeña en el ordenamiento jurídico político” (Sentencia TC/0305/14: 11.10).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.9, pág. 17 — PDF oficial

9.1.10. “La autonomía presupuestaria garantiza una amplia libertad de acción “en la elaboración de los presupuestos de cada uno de estos órganos, así como a la programación de su ejecución, aspectos éstos que inciden ampliamente sobre la esfera de autodeterminación del órgano, pues lo eximen de la posibilidad de verse supeditado a la influencia que en determinado momento pueda ejercer el Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión. En ese sentido, en materia presupuestaria, la independencia de los órganos constitucionales se refleja en la posibilidad de que sean los mismos los que elaboren su plan anual de gastos, así como la programación de su ejecución, de acuerdo con las necesidades propias de cada institución. Supeditar las referidas atribuciones a la actuación previa del Ejecutivo equivale a cercenar una de las principales garantías de independencia de que disponen tales órganos, y que les permite realizar efectivamente sus funciones activas y contraloras” (Sentencia TC/0305/14: 11.11).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.10, pág. 18 — PDF oficial

9.1.11. Se ha dicho, con razón, que el dinero es el principio vital del cuerpo político, y como tal sostiene su vida y movimientos y lo capacita para cumplir sus funciones más esenciales. Por esto, su adecuada distribución entre los poderes y órganos del Estado constituye uno de los aspectos que determinan la eficacia del principio de separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos que diseña la Constitución. No es posible garantizar el funcionamiento adecuado de los poderes y órganos fundamentales del Estado si no se les asignan fondos suficientes en el Presupuesto General del Estado. Así, por ejemplo, el Poder Judicial y el Ministerio Público —el primero un poder tradicional y el segundo un órgano constitucional autónomo— gozan de una especialización presupuestaria de origen orgánico-legal que no puede ser desconocida en la elaboración (Poder Ejecutivo) y aprobación (Poder Legislativo) del Presupuesto General del Estado. Esas partidas, en consecuencia, solo podrían ser modificadas o derogadas por una ley de naturaleza orgánica y no por la ley ordinaria de presupuesto.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.11, pág. 18 — PDF oficial

9.1.12. En cualquier caso, los órganos constitucionales autónomos, aún los que no gozan de una partida especializada, están habilitados para participar proactivamente en el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación del proyecto general –que deberá presentar el Poder Ejecutivo– como en el momento de discusión y posterior aprobación por parte del Congreso Nacional. Al respecto, debe precisarse que si bien la Constitución reconoce la exclusividad del Poder Ejecutivo en la iniciativa legal para presentar el proyecto de ley de presupuesto (artículo 233), es decir solo él es el habilitado para iniciar el procedimiento legislativo que culminará con la aprobación del proyecto de ley, esto no quiere decir que no exista una previa coordinación y negociación, propia de un sistema democrático, a los efectos de determinar los montos y las asignaciones presupuestarias que corresponden a los órganos fundamentales del Estado. Así que la garantía de la independencia y autonomía de los órganos constitucionales autónomos también se manifiesta a través del rol que deben cumplir en el proceso presupuestario, puesto que, de no ser así, se corre el riesgo de quedar sometidos al Poder Ejecutivo.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.12, pág. 19 — PDF oficial

9.1.13. Este Tribunal considera que órganos constitucionales como el Poder Judicial, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo o este Tribunal Constitucional están habilitados constitucionalmente para participar “en el proceso presupuestario presentando su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo sin que éste último lo modifique, para su integración al proyecto general de presupuesto y posterior sustentación ante el Congreso de la República, puesto que, dada su condición de [órganos fundamentales del Estado] y atendiendo a las funciones que debe[n] cumplir y al lugar que ocupa[n] en la configuración de nuestro sistema democrático, le[s] corresponde, al igual que el Poder Ejecutivo, sustentar directamente su presupuesto ante el Congreso de la República para su aprobación o modificación, dentro de los límites que la propia Constitución impone, ya que esta competencia es garantía de su independencia; de no ser así, tal garantía se convertiría en ilusoria” Para tal fin, es responsabilidad inexcusable de estos órganos coordinar previamente con el Poder Ejecutivo la elaboración de sus propuestas de presupuesto acorde con la sostenibilidad fiscal y con las posibilidades reales de una ejecución eficiente y eficaz (Tribunal Constitucional de Perú. Sentencia de 31 diciembre de 2004).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.13, pág. 19 — PDF oficial

9.1.14. La autonomía e independencia de los órganos extrapoderes no es absoluta. Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. Dado que cada órgano constitucional autónomo constituye una parte del todo ―es decir, del Estado―, en ningún caso la autonomía puede confundirse con la soberanía que corresponde al todo. La soberanía es configurada por la Constitución como un atributo exclusivo del Estado, por lo que en el orden formal y sustantivo que ella preside no caben poderes ni órganos soberanos. No obstante, estos sí son partícipes del ejercicio de la soberanía a los que está confiada la actividad directa del Estado. Así, pues, la autonomía constitucional constituye una forma de separación del poder, es decir, una distribución de competencias supremas para limitar el poder de los gobernantes. Se trata de una relación de independencia relativa que no puede afectar la estructura de la distribución de las funciones que establece la Constitución.

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.14, pág. 20 — PDF oficial

9.1.15. Este Tribunal considera que la autonomía de los órganos extrapoderes “también está supeditada a ser ejercida dentro de un marco general, en el que la capacidad de administración debe realizarse de conformidad con el ordenamiento jurídico; es decir, respetando los límites constitucionales, pues la libertad de autogestión no implica en modo alguno, independencia absoluta o dejar de pertenecer [al Estado] de[l] que forma[n] parte” (Sentencia TC/0152/13: 9.1.10). Por lo tanto, como bien ha planteado este Tribunal en otra oportunidad, “sus actuaciones [no] se encuentren exentas de control, pues la propia Carta Magna traza los lineamientos para que sus actividades administrativas, al igual que las de los otros órganos constitucionales, estén sometidas a supervisión y control: primero, a través de la Cámara de Cuentas de la República, en su rol de órgano de control fiscal externo; segundo, por la vía jurisdiccional que ejercen el Tribunal Superior Administrativo, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en el marco de sus respectivas competencias; y, tercero, del Congreso Nacional a través de los mecanismos de control político, legislativo y presupuestario” (Sentencia TC/0305/14: 11.18).

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.15, pág. 20 — PDF oficial

9.1.16. Cabe precisar, además, que la autonomía constitucional no tiene un alcance unívoco, ni puede ser concretizada en abstracto como una regla general aplicable en términos idénticos a los distintos órganos extrapoderes, sino que es una noción gradual que corresponde desentrañar en cada caso, como etapa previa y necesaria de su aplicación a un órgano determinado. En consecuencia, para delimitar su intensidad, la justicia constitucional ha de tomar en cuenta, entre otros aspectos: a) la naturaleza de las funciones (jurisdiccionales, fiscalizadoras, regulatorias, administrativas) atribuidas por la Constitución al órgano; b) la regulación orgánico-legal que desarrolla el régimen normativo propio del órgano; c) los mecanismos de interacción o interdependencia objetiva con otros poderes y órganos establecidos por la Constitución y las leyes orgánicas que los regulan; d) el nivel de protección que se brinda a sus titulares, esto es, el carácter de la designación, el tiempo de permanencia en el cargo y las causas de remoción o destitución; e) así como la fuerza imperativa de las decisiones que adopte el órgano en ejercicio de sus propias competencias.

9.2. Sobre el estatus constitucional del Banco Central

TC/0001/15, numeral 8, 9.1.16–9.2, pág. 21 — PDF oficial

9.2.1. La reforma constitucional de 1947 instituyó un sistema monetario y financiero bajo el control de una entidad emisora única y autónoma, cuyo órgano superior sería una Junta Monetaria, compuesta por miembros que serían designados por el Poder Ejecutivo y solo podrían ser removidos de acuerdo con la ley. Hasta esa fecha, la gestión monetaria formaba parte de las finanzas públicas, lo que significa que estaba directamente en manos del Ejecutivo. Con el establecimiento de una entidad autónoma, se procuraba evitar las crisis que habían afectado al país por falta de regulaciones y supervisión adecuadas. Pese a no estar previsto un nombre en concreto, la entidad monetaria se erigió en un órgano constitucional, pues la Constitución le reservaba una esfera competencial propia y lo sustrajo de la influencia determinante de otros órganos, en especial de los de origen político, con lo cual se pretendió relievar su cometido preponderantemente técnico.

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.1, pág. 21 — PDF oficial

9.2.2. El estatus institucional de la entidad monetaria, que desde 1947 la legislación denominó Banco Central, permaneció inalterado en las revisiones constitucionales de 1955, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1994 y 2002. La Constitución de 2010, en cambio, consagró directamente su denominación jurídica: Banco Central; precisó las manifestaciones de su autonomía: funcional, presupuestaria y administrativa (artículo 225); y definió su objetivo esencial: velar por la estabilidad de precios (artículo 228). Estas menciones expresas no tienen un efecto puramente nominal, sino que otorgan al Banco Central una estructura institucional más acabada, despejando cualquier duda que pudiera subsistir acerca de su configuración jurídico política. Es incuestionable, entonces, que la Constitución de 2010 ha erigido al Banco Central en un verdadero órgano constitucional autónomo, perfeccionando así el estatus que ostentaba desde 1947, y revistiéndolo de la mayor relevancia en el ordenamiento dominicano.

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.2, pág. 22 — PDF oficial

9.2.3. El fundamento de la autonomía del Banco Central es la neutralidad que debe caracterizar a un órgano que debe ser independiente defensor de la moneda. Y es que las políticas monetarias y financieras deben estar radicadas en un órgano que esté libre de presiones políticas y electorales. Existe, pues, una estrecha relación entre la misión que le fue asignada con carácter prevalente, esto es, velar por la estabilidad de precios, y la amplia autonomía de la que ha sido investido. Así, la Constitución ha querido dotar al Banco Central de una estructura institucional que le permita remover los obstáculos que eventualmente podrían llegar a entorpecer el cumplimiento de su función primordial, que ha de ser confiada a un cuerpo especializado, puesto por encima de todo tipo de exigencias coyunturales, a fin de brindarle condiciones óptimas para cumplir a cabalidad con tan alta misión, fundamental en el mediano y largo plazo para la salud del sistema económico y para el bienestar de la nación.

9.2.4. La configuración y el rol del Banco Central como órgano autónomo son concretados por una ley que podría calificarse de naturaleza “super-orgánica”, en razón de que su adopción o modificación, “por excepción a lo dispuesto en el artículo 112 de esta Constitución… requerirá el apoyo de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de una y otra cámara legislativa, a menos que haya sido iniciada por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta Monetaria o con el voto favorable de ésta, en cuyo caso se regirá por las disposiciones relativas a las leyes orgánicas” (artículo 232). Se trata de la Ley No. 183-02, promulgada el 3 de diciembre de 2002, con la denominación de “Ley Monetaria y Financiera”. Esta pieza legal prevé diversos mecanismos y procedimientos institucionales que aseguran eficazmente la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Banco Central.

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.3–9.2.4, pág. 22 — PDF oficial

9.2.5. El estatus institucional del Banco Central es incompatible con la tutela jurídico-administrativa, que es una forma de relación intersubjetiva y horizontal caracterizada por la potestad de dirección de un órgano mayor sobre un órgano menor, en razón de que los órganos constitucionales mantienen entre sí y con los poderes tradiciones relaciones de relativa paridad; ni permite su sujeción a la vigilancia de ningún ministerio en particular, en tanto que el Banco pertenece a una esfera de la Administración autónoma en sí misma, cuyo órgano superior es la Junta Monetaria (artículo 223). Esta última está integrada por tres (3) miembros ex oficio y seis (6) miembros designados por tiempo determinado. Son miembros ex oficio: el Gobernador del Banco Central, quien la presidirá, el Ministro de Hacienda y el Superintendente de Bancos. Todos estos, con excepción del Ministro de Hacienda, durante el tiempo de su designación solo podrán ser removidos por las causas previstas en la Ley Monetaria y Financiera (artículo 226)

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.5, pág. 23 — PDF oficial

9.2.6. La autonomía del Banco Central no puede ser entendida como si el constituyente lo hubiera concebido como una isla ubicada por fuera de los ámbitos constitucionales de actuación de sus órganos y autoridades, y, en consecuencia, no le exime del deber de coordinación, que es imperativo en toda República unitaria, ni de los controles que la Constitución ha previsto para asegurar que los órganos fundamentales del Estado cumplan fielmente las funciones que les han sido encomendadas. Así, coincidiendo con la jurisprudencia constitucional colombiana, este Tribunal “no cree que el Banco [Central], pese a ser un órgano constitucional autónomo e independiente, quede sustraído de los controles político, judicial, administrativo y fiscal, entre otros, que la propia Constitución determina. Sostener esto último quebrantaría toda la construcción del… Estado [Social y Democrático] de Derecho y [la] República unitaria [prefigurados por el artículo 7 de la Constitución dominicana]. De hecho las funciones básicas atribuidas al Banco se deben cumplir con estricta sujeción a la Constitución y a la ley. De otra parte, los controles existentes garantizan que este órgano constitucional no quede cubierto con un mandato de silencio y oscuridad y se torne en parcela tecnocrática oculta y aislada del Estado” (Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-529 de 1993 de 11 de noviembre de 1993).

9.3. Sobre la exigencia de obtener autorización de la Cámara de Cuentas para contratar firmas privadas de auditorías.

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.6–9.3, pág. 24 — PDF oficial

9.3.1. El objeto específico de la presente acción directa es la solicitud de declarar inconstitucional la aplicación al Banco Central de los artículos 32 y 35 de la Ley No. 10-04, que regula la Cámara de Cuentas. El accionante considera, en efecto, que exigirle la previa obtención de una autorización de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas privadas que fiscalicen externamente sus operaciones, constituye una vulneración a la autonomía que le confirió el artículo 111 de la Constitución de 2002 (mantenida en el 225 de la Constitución de 2010) para regular su organización interna, a los fines del desenvolvimiento de sus funciones y el logro de sus objetivos como entidad constitucional.

9.3.2. Necesario es señalar que el artículo 248 de la Constitución dispone que la Cámara de Cuentas es el órgano superior externo de control fiscal y goza de autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. Su función primordial, como bien ha dicho este Tribunal, es “la vigilancia de la gestión de los recursos públicos y la protección del patrimonio público, así como fiscalizar que los procesos administrativos se ajusten a sólidas políticas, prácticas y principios de gestión pública... Cabe agregar, además, que el artículo 30 de la ley que la regula (No. 10-04) precisa que el control fiscal cubre tanto la evaluación de la “legalidad y confiabilidad de la información presentada en los estados financieros y presupuestarios” (auditoría financiera), como la verificación de “si los resultados esperados por las instituciones del Estado y sus programas se están logrando con observancia de la ética, así como con criterios de eficiencia, de economía y adecuado cuidado del ambiente” (auditoría de gestión)” (Sentencia TC/0305/14: 11.19).

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.1–9.3.2, pág. 24 — PDF oficial

9.3.3. El accionante plantea que “el control ejercido sobre el Banco Central tiene algunas peculiaridades: en razón de las funciones que tiene atribuidas, éste no puede ser controlado como los demás órganos de la Administración Pública Nacional”. En apoyo de su criterio, cita el artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera, disposición que establece que “el Banco Central está sujeto a la fiscalización de sus propios órganos de control, al dictamen y certificación anual de una firma de auditoría externa de reconocido prestigio nacional e internacional y a la rendición anual de cuentas ante el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, por intermedio de su gobernador, con la presentación de la correspondiente Memoria Anual durante la primera legislatura de cada año”. No obstante, el que esta disposición orgánico-legal no disponga expresamente el control que corresponde a la Cámara de Cuentas, no exime al Banco Central del mismo, porque al ser un control dispuesto directamente por la ley fundamental no puede ser suprimido por ninguna disposición infraconstitucional.

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.3, pág. 25 — PDF oficial

9.3.4. Ahora bien, el control que ejerce la Cámara de Cuentas no puede afectar la potestad que tiene el Banco Central, a través de su órgano superior (Junta Monetaria), para fijar autónomamente las políticas, estrategias, metas y objetivos necesarios para el cumplimiento de las funciones que le encomienda la Constitución, ni limitar la capacidad de este realizar o procurar por sí mismo la evaluación y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados en su gestión. Por tanto, lleva la razón el accionante al plantear “que aun cuando la Ley Monetaria y Financiera, en su artículo 16 literal b) no hubiese previsto la facultad del Banco de contratar auditores externos, la autonomía que le otorga la Constitución al Banco Central le permite contratar libre e independientemente la auditoría de que se trata y trazar los parámetros bajos los cuales la misma deba llevarse a cabo”. Y es que el control de desempeño y de resultados (autocontrol), como se dijo ya en el fundamento

9.1.8 de la presente sentencia, forma parte de la autonomía funcional de los órganos constitucionales, y puede ser realizado por organismos que formen parte del órgano o, a requerimiento de este, por firmas de auditorías privadas. Esto no significa que se cuestione de ninguna manera la prerrogativa que tiene la Cámara de Cuentas de auditar las veces que considere necesario a los órganos constitucionales autónomos.

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.4–9.1.8, pág. 26 — PDF oficial

9.3.5. Oportuno es señalar que la violación de la autonomía de un órgano constitucional implica necesariamente la violación del principio de separación de poderes establecido en el artículo 4 de la Constitución. La afectación de cualquiera de las manifestaciones de la autonomía, analizadas en los fundamentos 9.1.7 al 9.1.13 de la presente sentencia, no es una cuestión que pueda abordarse con un parámetro bivalente gracias al cual pueda decirse simplemente que la vulneración se acreditó o no, pues constituye una cuestión gradual que, en consecuencia, admite diversos niveles de completitud y, por ende, de afectación. Así pues, este Tribunal considera, haciendo acopio de la jurisprudencia constitucional mexicana, que son tres las prohibiciones dirigidas a los poderes públicos y órganos constitucionales, a fin de asegurar el respeto al principio de separación de poderes; a saber: la no intromisión, la no dependencia, y la no subordinación de cualquiera de los órganos o poderes con respecto a los otros. “La intromisión es el grado más leve de violación al principio de división de poderes, pues se actualiza cuando uno de los poderes se inmiscuye o interfiere en una cuestión propia de otro, sin que de ello resulte una afectación determinante en la toma de decisiones o que genere sumisión. La dependencia conforma el siguiente nivel de violación, y representa un grado mayor de vulneración, puesto que implica que un poder impida a otro, de forma antijurídica, que tome decisiones o actúe de manera autónoma. La subordinación se traduce en el más grave nivel de violación al principio de división de poderes, ya que no sólo implica que un poder no pueda tomar autónomamente sus decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante; la diferencia con la dependencia es que mientras en ésta el poder dependiente puede optar por evitar la imposición por parte de otro poder, en la subordinación el poder subordinante no permite al subordinado un curso de acción distinto al que le prescribe” (Suprema Corte de Justicia de México. Tesis jurisprudencial P./J. 81/2004 de 31 de agosto de 2004). Estos tres conceptos son en realidad grados de uno mismo. Así, toda subordinación (grado superior) implica dependencia (grado intermedio) y ésta, a su vez, implica intromisión (grado inferior); en cambio, la intromisión excluye a la dependencia, dado que esta última es más rica en características que la primera, y, por la misma razón, la dependencia excluye a la subordinación.

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.5, pág. 26 — PDF oficial

9.3.6. Este Tribunal advierte que resulta contrario al principio de separación de poderes exigir a los poderes públicos y órganos constitucionales que obtengan una autorización de la Cámara de Cuentas para poder contratar firmas privadas que auditen su gestión. Esta exigencia, contenida en el artículo 32 de la Ley No. 10-04, constituye una afectación de dependencia, ya que impide a los poderes y órganos ejercer de manera autónoma las competencias instrumentales de evaluación y control del desempeño o de resultados, conforme se planteó en el fundamento 9.1.8 de esta sentencia, y este defecto afecta la validez del texto legal en su totalidad. En efecto, al ser la Cámara de Cuentas el órgano público competente para realizar el control fiscal externo del Estado, el legislador no puede disponer que las instituciones públicas deban procurar su previo consentimiento o autorización para contratar firmas privadas que evalúen externamente las operaciones que realicen y, a consecuencia de los resultados, adoptar las medidas administrativas que correspondan en el marco del régimen normativo propio.

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.6, pág. 27 — PDF oficial

9.3.7. Lo anterior no significa, en modo alguno, que la Cámara de Cuentas quede completamente excluida del proceso de contratación de las firmas de auditorías nacionales o internacionales. Este tribunal considera que la contratación de firmas de auditorías debe realizarse por licitación pública y con todas las garantías que aseguren la sana gestión administrativa. Las firmas de auditorías que quieran participar en las licitaciones deben estar registradas en el banco de datos de elegibles que gestiona la Cámara de Cuentas en su condición de Organismo Rector del Sistema Nacional de Control y Auditoría. Los órganos interesados podrán requerir la asistencia de la Cámara de Cuentas para la elaboración de las bases de concurso y los términos de referencia. Sin embargo, la realización de tales auditorías no sustituye, en modo alguno, el control fiscal que debe ejercer la Cámara de Cuentas, ni le son oponibles o vinculantes sus resultados, pero esta podrá requerirlos a los órganos que las contrataron, quienes estarán obligados a entregarlos en un plazo razonable que no podrá exceder de veinte (20) días hábiles.

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.7, pág. 28 — PDF oficial

9.3.8. Preciso es agregar que las auditorías realizadas por firmas privadas carecen del imperio legal para derivar autónomamente responsabilidades de ningún tipo, sino que apenas podrían servir de insumo para que el órgano público que las requirió adopte internamente las medidas de lugar que le permita el régimen normativo propio. Estas auditorías son insumos importantísimos para que el órgano evalúe el desempeño institucional y los resultados alcanzados en su gestión, pero las “opiniones, observaciones, conclusiones y recomendaciones” que se hagan constar en las mismas no pueden por sí mismas dar origen al establecimiento de responsabilidades como las que corresponde declarar a la Cámara de Cuentas, en virtud de los artículos 47 y 48 de la ley que la regula. Es así que no se pueden equiparar normativamente las exigencias de las auditorías que realicen las firmas privadas, a requerimiento de órganos públicos, con las que corresponde al órgano de control fiscal externo, por lo que cabe concluir que en este extremo el artículo 35 de la Ley No. 10-04 es inconstitucional.

9.3.9. Al resultar inconstitucional solo una parte, y no el texto íntegro del precitado artículo 35, procede adoptar ―como ha realizado este Tribunal en situaciones análogas― una sentencia reductora, esto es, una decisión que “ordena una restricción o acortamiento de la ‘extensión’ del contenido de la ley impugnada”, declarando así la nulidad de la previsión excesiva para que la disposición legal sea conforme a la Constitución (Sentencias TC/0266/13:

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.8–9.3.9, pág. 28 — PDF oficial

9.2.9 y TC/0093/12: 9.3.5). Esta modalidad de sentencia puede ser adoptada por este Tribunal Constitucional, en virtud de la remisión a la práctica constitucional comparada que dispone el párrafo III del artículo 47 de la Ley No. 137-11. Por tales motivos, la declaratoria de nulidad, en el presente caso, se hace exclusivamente a la expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04, que señala: “las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”.

TC/0001/15, numeral 8, 9.2.9, pág. 29 — PDF oficial

9.3.10. Por consiguiente, este Tribunal declara que la interpretación conforme a la Constitución del artículo 35 de la Ley No. 10-04, será la siguiente: Ejecución. En base a los resultados de la planificación, la Cámara de Cuentas recabará las evidencias con la cantidad y calidad necesarias para sustentar sus opiniones, observaciones, conclusiones y recomendaciones, así como los hechos que den origen al establecimiento de responsabilidades. Cuando sea necesario, el personal de auditoria recibirá la asistencia y asesoría de especialistas en la materia de que se trate. Las evidencias recopiladas, una vez finalizada la auditoria o investigación especial, deberá permanecer en los archivos de la Cámara de Cuentas, a cargo de la unidad responsable de su administración y custodia, conforme las disposiciones que el presidente de la Cámara de Cuentas emita al efecto. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Ana Isabel Bonilla Hernández. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0001/15, numeral 8, 9.3.10, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa en inconstitucionalidad interpuesta el veinticinco (25) de septiembre del año dos mil cinco (2005), por el Banco Central de la República Dominicana, contra los artículos 32 y 35 de la Ley No. 10-04, sobre la Cámara de Cuentas, del veinte (20) de enero de dos mil cuatro (2004), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.

SEGUNDO: DECLARAR, en cuanto al fondo, no conforme con la Constitución el artículo 32 de la Ley No. 10-04 del 20 de enero de 2004, y, en consecuencia, PRONUNCIAR la nulidad total y absoluta de esta disposición legal, por las razones expuestas en los fundamentos de la presente sentencia.

TERCERO: DECLARAR, en cuanto al fondo, no conforme con la Constitución, la expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04 del 20 de enero de 2004 que señala: “las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”; PRONUNCIAR la nulidad de esta parte de la disposición legal, y, en consecuencia, DECLARAR que la interpretación constitucional del artículo 35 de la Ley No. 10-04 del 20 de enero de 2004 es la que se consigna en el fundamento 9.3.10 de la presente sentencia.

CUARTO: DECLARAR que las nulidades por inconstitucionalidad anteriormente declaradas surtirán efectos inmediatos, a partir de la notificación de la presente sentencia y para el porvenir, de conformidad con las disposiciones de la primera parte del artículo 48 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: DECLARAR los trámites del presente proceso libres de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la referida Ley No. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Banco Central de la República Dominicana, a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, al Congreso Nacional y a la Procuraduría General de la República, para cumplir con las formalidades establecidas en el párrafo II del artículo 49 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEPTIMO: ORDENAR que en todas las publicaciones oficiales de la Ley No. 1004, sobre la Cámara de Cuentas, de fecha veinte (20) de enero del año dos mil cuatro (2004), se consigne la declaración de inconstitucionalidad del artículo 32, así como la interpretación conforme del artículo 35, identificando la presente sentencia, a fin de cumplir con la formalidad del párrafo III del artículo 49 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0001/15, del 28 de enero de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0001-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.