Sentencia TC/0319/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de septiembre de 2015 · Expediente TC-05-2014-0188

Recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes contra la Sentencia núm. 14-00241, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona, el cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de vinculatoriedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0319/15?

El Tribunal admitió el recurso de revisión por su especial trascendencia constitucional, pues el caso le permitía continuar fijando su criterio sobre la jerarquía normativa en relación con la derogación de una ley por otra posterior. En cuanto al fondo, revocó la sentencia de amparo porque el juez reconoció la salina marítima de Puerto Alejandro como propiedad del Ayuntamiento de Vicente Noble y de la Junta Distrital de Canoa, pese a que las salinas marítimas son recursos naturales que integran el patrimonio de la Nación conforme al artículo 14 de la Constitución (TC/0319/15, numeral 9, 9.3, pág. 11; TC/0319/15, numeral 10, 10.4–10.5, pág. 12).

Al conocer la acción de amparo, el Tribunal reiteró el criterio vinculante de la Sentencia TC/0020/14: el control, la administración y el uso de la salina corresponden al Ayuntamiento de Jaquimeyes, no como propietario, sino porque la salina se encuentra dentro de sus límites territoriales y la Ley núm. 192-04 elevó a Jaquimeyes a municipio, con lo que cumplió el requisito pendiente para aplicar la Ley núm. 5775. La Ley núm. 192-04 incluyó a Puerto Alejandro en esa demarcación y derogó tácitamente la Ley núm. 91-97. Aunque las partes no eran las mismas que en el proceso anterior, la cuestión sobre el control y la administración de la salina no variaba, por lo que el Tribunal rechazó el amparo (TC/0319/15, numeral 10, 10.6–10.7.1, pág. 13; TC/0319/15, numeral 10, 10.9, pág. 14; TC/0319/15, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 15; TC/0319/15, numeral 10, 10.12, pág. 15).

Decisión

El Tribunal admitió el recurso de revisión de amparo interpuesto por el Ayuntamiento Municipal de Jaquimeyes, revocó la Sentencia núm. 14-00241 y rechazó la acción de amparo. Declaró el recurso libre de costas y ordenó comunicar y publicar la sentencia.

Citas textuales clave

“La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar fijando el criterio relativo al alcance de la jerarquía de las normas jurídicas, en cuanto al conflicto surgido por la derogación de una ley por otra posterior.” (TC/0319/15, numeral 9, 9.3, pág. 11)
“La salina marina de Puerto Alejandro o cualquier otra salina que se encuentre en otro municipio en el territorio nacional, no es ni un bien ni un patrimonio propiedad de un municipio, sino que es un recurso natural patrimonio de la Nación” (TC/0319/15, numeral 10, 10.6–10.7.1, pág. 13).
“Lo anterior evidencia que el Tribunal Constitucional otorgó el control de la administración de la salina marítima de Puerto Alejandro al Ayuntamiento de Jaquimeyes, no sólo en virtud de la localización geográfica, sino también porque fue elevado a municipio.” (TC/0319/15, numeral 10, 10.7.2–10.8, pág. 14)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 14, 72, in fine, y 184.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66 y 100.

Ley núm. 192-04: artículos 1, 7 y 9.

Ley núm. 5775: régimen de explotación y administración municipal de las salinas marítimas.

Ley núm. 91-97: derogación tácita por la Ley núm. 192-04.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12 y TC/0020/14.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

En la especie, según los documentos depositados y los alegatos de las partes, el presente conflicto se origina en ocasión de una litis surgida por el control y administración de las salinas marinas ubicadas en el paraje Puerto Alejandro, entre el Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa, contra el Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes. En ocasión de esta situación, el Ayuntamiento Municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa interpusieron una acción de amparo, la cual fue acogida mediante la sentencia núm. 14-00241, emitida por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona. No conformes con esta decisión, el Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes interpuso el recurso de revisión que se conoce en la especie.

TC/0319/15, numeral 7, pág. 9 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:

9.1. El indicado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

9.2. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo del dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0319/15, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 10 — PDF oficial

9.3. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar fijando el criterio relativo al alcance de la jerarquía de las normas jurídicas, en cuanto al conflicto surgido por la derogación de una ley por otra posterior.

TC/0319/15, numeral 9, 9.3, pág. 11 — PDF oficial

10. El fondo del presente recurso de revisión de amparo

10.1. En la especie, se trata de una litis surgida por el control y administración de las salinas marinas ubicadas en el paraje Puerto Alejandro, entre el Ayuntamiento de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa, contra el Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes.

10.2. De dicha litis surgió la sentencia núm. 14-00241, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona, el cuatro (4) de agosto de dos mil catorce (2014). Dicho fallo reconoció el derecho de propiedad de la salina marítima de Puerto Alejandro en favor del Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa, relevando la administración sobre la mina ostentada por el Ayuntamiento de Jaquimeyes.

10.3. El recurrente en revisión, Ayuntamiento de Jaquimeyes, alega que la sentencia núm. 14-00241 contraviene lo resuelto mediante la Sentencia TC/0020/14, dictada por este tribunal constitucional el veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), que otorga el control de la salina marítima de Puerto Alejandro al Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes. Además, sostiene el recurrente, que la sentencia en revisión acusa contradicción ante la sentencia núm. 2012-00138, dictada por el mismo tribunal el veintiuno (21) de mayo de dos mil doce (2012), que, ante un conflicto similar, otorgó ganancia de causa al Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes. Que al emitir la sentencia núm. 14- 00241, el juez de amparo se basó en la sentencia núm. 2009-0422, dictada por el Tribunal de Tierras del municipio San Juan de la Maguana el veinte (20) de abril de dos mil nueve (2009) y copia del plano individual del agrimensor Agustín Herasme, sobre la Parcela núm. 9041, del distrito catastral núm. 4, de Barahona, que contradice la Constitución y las leyes adjetivas, en cuanto a la jerarquía de las disposiciones legales.

TC/0319/15, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 11 — PDF oficial

10.4. El recurrido en revisión, Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa solicitan, que se confirme la sentencia recurrida por haber sido dictada con apego a la Constitución y las leyes. Que dicha decisión reconoce que la ubicación territorial de la mina de sal Puerto Alejandro, conocida históricamente como Loma del Curro, pertenece a la demarcación geográfica del municipio Vicente Noble y el distrito municipal Canoa, y que por tanto, les corresponde su administración, de conformidad con la Ley núm. 21-96.

10.5. Este tribunal constitucional advierte, del estudio de la sentencia recurrida, que existe un error de interpretación de la ley por el juez de amparo, ya que sostiene que la mina de sal de Puerto Alejandro es un bien patrimonial propiedad absoluta del Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa, de acuerdo con los artículos 180, y 29, párrafo II, de la Ley núm. 176/2007. Como se observa, dicho error consiste en valorar la mina de sal de Puerto Alejandro como un bien propiedad de los indicados municipios, desconociendo que salinas marítimas son un recurso natural patrimonio de toda la nación, según dispone el artículo 14 de la Constitución, por lo que procede revocar la sentencia recurrida en revisión y entrar en el conocimiento de la acción de amparo.

TC/0319/15, numeral 10, 10.4–10.5, pág. 12 — PDF oficial

10.6. En el presente caso, la acción de amparo tiene como finalidad la paralización de los trabajos de explotación en la salina marítima de Puerto Alejandro, en vista de que está ubicada en suelo correspondiente a la Junta Distrital de Canoa del municipio de Vicente Noble, por lo que le corresponde su administración, conforme con lo establecido en el artículo 199 de la Constitución, sobre el uso de suelo, y de acuerdo conlos arrendamientos llevados a cabo entre el Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y el municipio de Barahona, durante los años sesenta y setenta.

10.7. En este sentido, cabe indicar que este Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0020/14, del veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), resolvió una litis sobre el control y administración de las salinas marítimas de Puerto Alejandro, entre los ayuntamientos municipales de Jaquimeyes y de Barahona. Dicha decisión determinó lo siguiente:

10.7.1. La salina marina de Puerto Alejandro o cualquier otra salina que se encuentre en otro municipio en el territorio nacional, no es ni un bien ni un patrimonio propiedad de un municipio, sino que es un recurso natural patrimonio de la Nación, conforme lo establece el artículo 14 de la Constitución, y en concordancia con lo establecido en la Ley 5775, en el sentido de que los municipios que territorialmente se encuentren en los lugares donde las salinas marítimas radiquen, podrán explotar y administrar dicho recurso natural, y también mediante arrendamiento con particulares, siempre y cuando estos paguen los arbitrios municipales al ayuntamiento correspondiente de conformidad con la ley.

TC/0319/15, numeral 10, 10.6–10.7.1, pág. 13 — PDF oficial

10.7.2. Este tribunal ha determinado que el control, administración y uso de la salina marina de Puerto Alejandro, se encuentra ubicada en los límites territoriales del Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, no solo por el lugar geográfico de la misma, sino también porque la Ley núm. 192-04, de fecha siete (7) del mes de julio de dos mil cuatro (2004), eleva a Municipio a Jaquimeyes, siendo este el único requisito legislativo que le faltaba para cumplir con el mandato de la Ley núm. 5775.” (punto 10, literal q, Sentencia TC/0020/14).

10.8. Lo anterior evidencia que el Tribunal Constitucional otorgó el control de la administración de la salina marítima de Puerto Alejandro al Ayuntamiento de Jaquimeyes, no sólo en virtud de la localización geográfica, sino también porque fue elevado a municipio.

TC/0319/15, numeral 10, 10.7.2–10.8, pág. 14 — PDF oficial

10.9. En este sentido, debemos precisar que mediante la Ley núm. 192/04, del siete (7) de julio de dos mil cuatro (2004), el Distrito Municipal de Jaquimeyes, fue elevado a la categoría de municipio, y en su artículo 1ro., dispone que: “el Distrito Municipal de Jaquimeyes del Municipio El Peñón, Provincia Barahona, queda elevado a la categoría de Municipio, con el nombre de Municipio Jaquimeyes; su cabecera será el pueblo de Jaquimeyes”. La referida ley en su artículo 7, establece que “El Municipio de Jaquimeyes estará integrado por el Distrito Municipal Palo Alto con sus secciones y parajes, así como los parajes: Campo Caña del CEA, el Salado de los Cucuses, la Bomba, la Cortadera, Busú, el Limón, Puerto Alejandro, la Hierba de Guinea y el Babor”. Asimismo, en su artículo 9 expresa que: “la presente ley modifica en cuanto fuere necesario la Ley núm. 5220, del veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959), sobre División Territorial de la República Dominicana y sus modificaciones, así como cualquier ley que le sea contraria”, con lo cual queda derogada tácitamente la Ley núm. 91-97, y en ese sentido, se le otorga el control, administración y uso al Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, sobre las salinas marítimas ubicadas en el paraje Puerto Alejandro.

TC/0319/15, numeral 10, 10.9, pág. 14 — PDF oficial

10.10. Al igual que en el caso analizado por este tribunal constitucional y que fuera resuelto mediante la sentencia TC/0020/14, en la especie, a pesar de que el Ayuntamiento municipal de Vicente Noble y la Junta Distrital de Canoa no formaran parte en el proceso anterior, sino el Ayuntamiento de Barahora, la cuestión a resolver no varía, puesto que versa sobre el control y administración de la salina marítima de Puerto Alejandro. Es por esta razón que conviene reiterar el criterio establecido en la referida sentencia, en cuanto a que la salina marítima de Puerto Alejandro está ubicada en los límites territoriales del municipio de Jaquimeyes. Así lo indica el Instituto Cartográfico Militar del Ministerio de Defensa, mediante Certificación del quince (15) de septiembre de dos mil catorce (2014), señalando que; “verificarnos que la Mina de Sal Marina está localizada en las coorderzadas 285722 mE, 2026155.05 mN, en el territorio perteneciente al Municipio de Jaquimeyes de la Provincia Barahona”.

10.11. En tal virtud, conforme a las disposiciones del artículo 184 de la Constitución dominicana, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado; es decir, que las decisiones de este tribunal -como la precedentemente descrita-, se traducen en verdaderas normas jurídicas que hacen parte del derecho positivo en nuestro ordenamiento jurídico y fuente directa del derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos, dentro de los que se encuentran los hoy recurridos.

TC/0319/15, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 15 — PDF oficial

10.12. En atención a las consideraciones anteriores, este tribunal constitucional al constatar que la presente acción versa sobre el control de la administración de la salina marítima de Puerto Alejandro, situación que fue definida mediante la sentencia TC/0020/14, que otorgó control de la administración en favor del Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, no sólo por el lugar geográfico, sino también porque Jaquimeyes fue elevado a municipio mediante la Ley núm. 192-04, como único requisito para cumplir con el mandato de la Ley núm. 5775, procede rechazar la acción objeto de estudio. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,

TC/0319/15, numeral 10, 10.12, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de amparo incoado por el Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, el once (11) de agosto de dos mil catorce (2014), contra la Sentencia núm. 14-00241, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Barahona, el cuatro (4) de agosto del año dos mil catorce (2014)

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia descrita en el ordinal anterior y, en consecuencia, RECHAZAR la acción de amparo incoada por los Ayuntamientos municipales de Canoa y de Vicente Noble, de conformidad con el criterio fijado en la Sentencia TC/0020/14, del veinte (20) de enero de dos mil catorce (2014), que otorgó control de la administración en favor del Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes, no sólo por el lugar geográfico, sino también de conformidad con lo establecido en la Ley núm. 192-04, del siete (7) de julio de dos mil catorce (2004).

TERCERO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ayuntamiento municipal de Jaquimeyes; a la parte recurrida, Ayuntamiento de los municipios de Canoa y de Vicente Noble, así como a la Procuraduría General de la República.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm.137- 11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0319/15, del 30 de septiembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0319-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.