Sentencia TC/0322/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2013-0145

recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 197-13, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la buena administración

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0322/14?

El recurso es admisible por su especial trascendencia constitucional, pues permite examinar la libertad de empresa, la finalidad del gobierno electrónico y de los servicios públicos, la buena administración y la apariencia de buen derecho (TC/0322/14, numeral 10, 10.1–b, pág. 10; TC/0322/14, numeral 10, c, pág. 11). Para el Tribunal, el bloqueo y la denegación de emisión de comprobantes fiscales tienen el mismo efecto: impiden a la empresa utilizarlos. El artículo 257 del Código Tributario permite imponer sanciones accesorias solo después de imponer la multa principal, que no se impuso en este caso. El Reglamento núm. 254-06 tampoco autoriza a la DGII a bloquear la emisión de comprobantes. La empresa cumplió los requerimientos de regularización y permitió la fiscalización; fue la DGII la que, al impedirle emitir comprobantes, le impidió cumplir un deber formal (TC/0322/14, numeral 11, 11.1, pág. 11; TC/0322/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 12; TC/0322/14, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 13).

Los medios electrónicos de la Administración deben mejorar la eficiencia, la productividad y la transparencia de los procedimientos y servicios públicos, no obstaculizar el curso normal de las actividades empresariales. El derecho a la buena administración deriva de las obligaciones que la Constitución y la ley imponen a la Administración: garantizar la efectividad de los servicios públicos, evitar dilaciones indebidas y responder en tiempo prudente a las solicitudes, con motivación cuando la respuesta sea negativa (TC/0322/14, numeral 11, 11.7, pág. 14; TC/0322/14, numeral 11, 11.8, pág. 14; TC/0322/14, numeral 11, 11.9–11.10, pág. 15; TC/0322/14, numeral 11, 11.11, pág. 16).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la DGII, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 197-13. Declara el procedimiento libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“El efecto de una u otra acción es el mismo: la parte recurrida no cuenta con la posibilidad de utilizar los comprobantes fiscales electrónicos.” (TC/0322/14, numeral 11, 11.1, pág. 11)
“una vez impuesta la sanción principal entonces es posible imponer otras sanciones, a juicio de la DGII, si las considerara apropiadas.” (TC/0322/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 12)
“es la Administración la que, al negarle la posibilidad de emitir comprobantes fiscales, impide que cumpla con esos deberes.” (TC/0322/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 12)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 72, parte in fine, 138, 139, 146 y 147.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66 y 100.

Código Tributario (Ley núm. 11-92, con las modificaciones de la Ley núm. 495-06): artículos 254, párrafo, numeral 16, y 257, párrafo I.

Ley núm. 247-12: artículos 11, numerales 2, 3 y 5, y 12, numeral 6.

Reglamento núm. 254-06, sobre comprobantes fiscales.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0237/13 y TC/0202/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

8.1. En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente, así como a los argumentos de hecho y de derecho invocados, el litigio se origina en que, desde el mes de diciembre de dos mil doce (2012), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) bloqueó el sistema electrónico de comprobantes fiscales en perjuicio de Estelar Import, S.R.L, sociedad de lícito comercio que reclamó, primero, ante las autoridades de la propia DGII, como luego, ante el Tribunal Superior Administrativo, que se le permitiera utilizar el sistema de comprobantes fiscales, lo cual fue ordenado por la jurisdicción administrativa mediante sentencia y por lo cual la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha presentado formal recurso de revisión constitucional ante este tribunal.

TC/0322/14, numeral 8, 8.1, pág. 9 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo

10.1. Antes de conocer el fondo del presente recurso de revisión constitucional, procede determinar la admisibilidad del mismo. El presente recurso de revisión constitucional es admisible por las razones siguientes:

a. Este recurso de revisión constitucional cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011). El referido artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.

b. Este tribunal constitucional ha opinado que la especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, definida como tal por este tribunal mediante la Sentencia TC/0007/12, epígrafe 9, literal a, páginas 8 y 9, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

TC/0322/14, numeral 10, 10.1–b, pág. 10 — PDF oficial

c. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, debido a que permite a este tribunal constitucional pronunciarse respecto de temas como el derecho a la libertad de empresa, la finalidad o propósito del gobierno electrónico abordado por la Ley Orgánica de la Administración Pública, así como el derecho fundamental a la buena administración, la apariencia de buen derecho y la finalidad de los servicios públicos, todos de indudable y crucial importancia para la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho.

TC/0322/14, numeral 10, c, pág. 11 — PDF oficial

11. Análisis del recurso de revisión constitucional y los medios

presentados

11.1. De acuerdo con la parte recurrente resulta, estrictamente, que “en ningún caso otorgó aquiescencia alguna al supuesto bloqueo de NCF, sino que su acción consiste”, de acuerdo a sus palabras, en la “denegación resolutoria de emisión de comprobantes fiscales”. El efecto de una u otra acción es el mismo: la parte recurrida no cuenta con la posibilidad de utilizar los comprobantes fiscales electrónicos. En consecuencia, el tribunal a-quo tiene la razón al entender que, si bien no se ha sometido prueba al respecto, la Dirección General de Impuestos Internos no ha controvertido el hecho del bloqueo de los NCF de Estelar Import, S.R.L.

TC/0322/14, numeral 11, 11.1, pág. 11 — PDF oficial

11.2. Es constante, también de acuerdo a la parte recurrente, que la “denegación resolutoria” de la emisión de comprobantes fiscales electrónicos tiene “fundamento legal-reglamentario” en el artículo 257 del Código Tributario, que siempre, de acuerdo a la parte recurrente, permite la suspensión de actividades y la clausura de locales en caso de incumplimiento de deberes formales. Al efecto, ese texto legal dispone como sigue: Código Tributario, Ley 11-92. Art. 257.- (Modificado por la Ley 495- 06 sobre Rectificación Tributaria del 28 de diciembre del 2006). El incumplimiento de los deberes formales será sancionado con multa de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos. Párrafo I. Esta sanción es independiente de las sanciones accesorias de suspensión de concesiones, privilegios, prerrogativas y ejercicio de actividades o clausura de locales, según se establezcan las circunstancias agravantes en el caso. Párrafo II. En los casos de incumplimientos de los deberes formales referentes a la remisión de información a la Administración Tributaria, en adición a la multa establecida en la parte principal de este artículo, podrá aplicarse una sanción de un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos declarados en el período fiscal anterior.

TC/0322/14, numeral 11, 11.2, pág. 12 — PDF oficial

11.3. De la transcripción del texto legal aducido por la parte recurrente como la norma que permite la denegación resolutoria de emisión de comprobantes fiscales, se observa que de lo que se trata es de establecer como pena principal una sanción de multa al incumplimiento de deberes formales. Es constante que a la parte recurrida no se le impuso esa sanción principal. En opinión de este tribunal constitucional, cuando la norma dispone que esa sanción “es independiente de las sanciones accesorias” que lista a seguidas, de lo que se trata no es de que puedan aplicarse independientemente, sin que la sanción principal hubiera sido aplicada, sino de que una vez impuesta la sanción principal entonces es posible imponer otras sanciones, a juicio de la DGII, si las considerara apropiadas. En todo caso, el asunto ya fue planteado y resuelto por el Tribunal Superior Administrativo, cuya decisión, como se observa en lo precedentemente expuesto, no es violatoria del orden constitucional.

11.4. El Reglamento núm. 254-06, expedido por el Poder Ejecutivo, fue hecho a propósito para regular los NCF y en él no consta norma que autorice a la DGII a bloquear su emisión o impedir que las empresas lo utilicen. Es oportuno establecer que los NCF tienen por objeto acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, de manera tal que al registrar las transacciones comerciales permitan la sustentación de costos y gastos o créditos fiscales para efecto tributario, y en consecuencia, su uso tiende a evitar o reducir la evasión. En el caso ocurrente, es el sujeto pasivo de la obligación el que le reclama a la Administración que le permita cumplir sus deberes formales, y es la Administración la que, al negarle la posibilidad de emitir comprobantes fiscales, impide que cumpla con esos deberes.

TC/0322/14, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 12 — PDF oficial

11.5. Es también constante en los hechos que la parte recurrente exigió diferentes pasos o procesos a la parte recurrida, para que regularizara sus operaciones, y Estelar Import, S.R.L. así lo hizo, tal como se comprueba del análisis del aporte probatorio anexo al escrito de defensa presentado a este tribunal constitucional, que evidencian el cumplimiento sucesivo: del pedimento de cambio de domicilio para unificar las labores administrativas con las operaciones de venta al público, del pedimento de regularización de la actividad comercial, del pedimento de actualización de la lista de accionistas o suscriptores y del pedimento de modificación del Registro Mercantil.

11.6. El cumplimiento de Estelar Import, S.R.L. a lo solicitado por la DGII evidencia que la parte recurrida no ha realizado acciones ni omitido deberes tendentes a impedir u obstaculizar la determinación de la obligación tributaria, y de acuerdo con la prueba aportada ha permitido el control y fiscalización por parte de la Administración Tributaria. De hecho, lo que es una falta tributaria es negarse a cumplir de forma oportuna con la obligación de emitir comprobantes fiscales, tal como ordena el artículo 254, párrafo, numeral 16, del Código Tributario, agregado por la Ley núm. 495-06, sobre Rectificación Tributaria del veintiocho (28) de diciembre de dos mil seis (2006), texto que al respecto dispone textualmente lo que sigue: En especial constituyen casos de incumplimiento de los deberes formales los siguientes: La negativa a cumplir de forma oportuna con la obligación de emitir comprobantes fiscales y a conservar copia de los mismos, según sea el caso, de acuerdo con la normativa que al efecto dicte la Administración Tributaria.

TC/0322/14, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 13 — PDF oficial

11.7. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, publicada en la G. O. núm.10691 del catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012), la Administración Pública utiliza las nuevas tecnologías y medios “electrónicos, informativos y telemáticos” como instrumentos destinados a “mejorar la eficiencia, productividad y la transparencia de los procesos administrativos y de prestación de servicios públicos”. En consecuencia, no se supone que los medios de que se trata sean utilizados para impedir, bloquear, suspender o desautorizar las actividades empresariales o el curso “normal” de dichas actividades, porque estas últimas no dan “respuesta oportuna” a las solicitudes ciudadanas, ni logran una mayor interacción en las relaciones del Estado y sus funcionarios con la sociedad, como disponen los numerales 2, 3 y 5 del artículo 11 de la Ley núm. 247.12, antes citada.

TC/0322/14, numeral 11, 11.7, pág. 14 — PDF oficial

11.8. En virtud del artículo 12, numeral 6), de la citada ley orgánica de la Administración Pública “debe garantizar la efectividad de los servicios públicos y otras actividades de interés general, en especial su cobertura universal, continua y de calidad. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad y evitar dilaciones indebidas”. Este mandato normativo da existencia actual a lo que se ha configurado como un derecho fundamental nuevo entre nosotros, denominado “derecho al buen gobierno o a la buena administración”. Como tal, el reconocimiento normativo del derecho fundamental a la buena administración ha partido de la Recomendación n° R (80) 2, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de marzo de 1980 relativa al ejercicio de poderes discrecionales por las autoridades administrativas, así como de la jurisprudencia tanto comunitaria como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La jurisprudencia en el ámbito europeo ha ido paulatinamente configurando el contenido de este derecho fundamental a la buena administración «atendiendo a interpretaciones más favorables para el ciudadano europeo a partir de la idea de una excelente gestión y administración pública en beneficio del conjunto de la población de la Unión Europea 1 . Este derecho se encuentra implícitamente en el texto de nuestra Constitución, específicamente en los artículos 138, 139, y 146, los cuales se han concretizado legalmente en la referida ley orgánica, plasmando de forma más concreta en nuestro ordenamiento este principio constitucional.

TC/0322/14, numeral 11, 11.8, pág. 14 — PDF oficial

11.9. Los mandatos precedentemente resumidos configuran el denominado “derecho a la buena administración”, designación que hace taxativamente la Ley núm. 107-13, cuya vigencia ha sido postergada hasta el dos mil quince (2015), pero que debe considerarse, en relación con el asunto de que se trata, como un derecho actualmente dimanante de las obligaciones puestas a cargo de la Administración Pública por la Constitución de la República y otras normas. Se citan al respecto, sobre todo: 1 RODRÍGUEZ Arana, Jaime. (2011). El derecho fundamental a la buena administración de instituciones públicas y el Derecho Administrativo. En C. M. Ávila Rodríguez y F. Gutiérrez Rodríguez (coordinadores). El derecho a una buena administración y la ética pública. Valencia: Tirant lo Blanch. P. 104.

11.10. El mandato del artículo 138 de la Carta Magna, que somete la Administración al derecho, disponiendo textualmente lo que sigue: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”. Dicho sometimiento es reafirmado por el artículo 139 de la Constitución, al disponer que los tribunales controlen la legalidad de los actos de la Administración, y permitir a la ciudadanía requerir ese control a través de “procedimientos legales”, entre los cuales juega papel estelar la opción inicialmente decidida por la empresa afectada, la acción constitucional de amparo.

TC/0322/14, numeral 11, 11.9–11.10, pág. 15 — PDF oficial

11.11. El artículo 147 de la Constitución ordena que “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”. Además, este tribunal constitucional ha opinado sobre los temas precedentemente reseñados, se destacan otros derechos o garantías frente a la Administración derivados de su sometimiento al derecho y del derecho a la buena administración. La “obligación positiva” de la administración no consiste en responder afirmativamente todas las pretensiones que se le dirijan, sino de que se responda y se haga en tiempo prudente, para no afectar garantías y derechos, como se estableció en la Sentencia TC/0237/13, al interpretar que: (…) las instituciones públicas están en la obligación de ofrecer una pronta respuesta a los ciudadanos que acuden a solicitar un servicio. Esta respuesta puede ser positiva o negativa, y, en el caso de resultar de esta última naturaleza, debe justificarse o motivarse y, en la eventualidad de no hacerlo, no se estarían observando los principios de transparencia y eficacia consagrados en el referido artículo 138 de la Constitución de la República.

TC/0322/14, numeral 11, 11.11, pág. 16 — PDF oficial

11.12. En la Sentencia TC/0202/13, señaló este tribunal constitucional, y viene al caso por su íntima relación con el principio de eficacia de la Administración Pública, que: (…) la eficacia en la actuación de la administración es uno de los soportes que garantizan la realización de las personas que conforman un Estado y la protección efectiva de sus derechos fundamentales, por lo que es innegable que la tardanza innecesaria e indebida en la atención a las solicitudes de los particulares pueden constituirse en violaciones a derechos fundamentales (…). Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Víctor Gómez Bergés y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, así como el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0322/14, numeral 11, 11.12, pág. 17 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos contra la Sentencia núm. 197-13, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el cinco (5) de junio de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida.

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 72, parte in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII), y a la parte recurrida, Estelar Import, S.R.L.

QUINTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0322/14, del 22 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0322-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.