Sentencia TC/0324/16

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de julio de 2016 · Expediente TC-04-2014-0109

recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por los señores Elena Suero Guerrero, Josefina Suero Guerrero, Ana Delia Suero Guerrero, Ana Cristina Martínez Suero, Juan Francisco Suero, Carlos José Martínez Suero y Víctor Manuel Martínez Suero, estos últimos cuatro (4) en calidad de hijos y causahabientes de la señora María Idalia Suero Guerrero, contra la Sentencia núm. 90, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0324/16?

El recurso era admisible porque la sentencia impugnada adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución de 2010. La alegada lesión del derecho de defensa fue invocada al conocerse la sentencia, se agotaron los recursos disponibles y la vulneración alegada era directamente imputable a las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. El asunto revestía especial trascendencia constitucional porque permitía desarrollar el alcance del derecho de defensa en el marco del debido proceso (TC/0324/16, numeral 9, a, pág. 28; TC/0324/16, numeral 9, b, pág. 28; TC/0324/16, numeral 9, c–d, pág. 29; TC/0324/16, numeral 9, a, pág. 29).

En cuanto al fondo, el artículo 20 de la Ley núm. 3726 solo obliga al segundo tribunal de envío a ajustarse estrictamente al fallo de casación cuando se ha juzgado el mismo punto de derecho. Como las dos casaciones se fundaron en motivos distintos, la Corte de Apelación de Puerto Plata podía examinar otros aspectos necesarios para decidir, además de responder a la falta de ponderación probatoria señalada en el fallo de envío. Que la Suprema Corte no constatara una infracción de ese artículo no lesionó el derecho de defensa: examinar su aplicación correspondía al tribunal de casación y, para constatar una lesión, era necesario verificar que los recurrentes hubieran estado impedidos de ejercer alguna garantía de defensa. El Tribunal no se pronunció sobre el segundo motivo porque fue enunciado sin desarrollo, pese a la exigencia legal de presentar un escrito motivado (TC/0324/16, numeral 10, g–h, pág. 32; TC/0324/16, numeral 10, i–k, pág. 33; TC/0324/16, numeral 10, q–r, pág. 36; TC/0324/16, numeral 10, s–u, pág. 36).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 90 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación de la sentencia a las partes y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“porque este texto legal condiciona la sumisión al fallo a que se haya juzgado el mismo punto” (TC/0324/16, numeral 10, i–k, pág. 33).
“para que se verifique una violación al derecho de defensa era imprescindible determinar que la parte recurrente estuvo impedida de hacer uso de algunas de las garantías mínimas que integran el derecho de defensa” (TC/0324/16, numeral 10, q–r, pág. 36).
“la parte recurrente sólo se limitó a enunciarlo, sin desarrollar el citado medio” (TC/0324/16, numeral 10, s–u, pág. 36).

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 69, en particular el numeral 4, y 277.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53.3 (literales a, b y c, y párrafo final) y 54.1.

Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación: artículo 20.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013, TC/0130/2013, TC/0202/13, TC/0034/13, TC/0006/14, TC/0044/12 y Sentencia 4945-2006-AA/TC del Tribunal Constitucional de Perú.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

La especie se contrae a que, en ocasión de una demanda en resolución de acto de partición por causa de dolo, partición de bienes sucesorales y reparación de daños y perjuicios interpuesta por la señora Elena Suero Guerrero y compartes contra el señor Víctor González Guzmán, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, mediante Sentencia núm. 757, del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), acogió la demanda y declaró nulo y sin ningún efecto jurídico el acto núm. 3, del veintiuno (21) de mayo de mil novecientos ochenta y siete (1987), instrumentado por el Lic. Francisco Javier Vásquez Espaillat, notario público de la provincia de Santiago de los Caballeros, y condenó al demandado, señor Víctor González Guzmán, a pagar una indemnización de quinientos mil pesos dominicanos ($500,000.00), más los intereses legales sobre dicha suma, contados a partir de la demanda en justicia; ordenó también la partición de los bienes relictos por la señora Flora María Suero Guerrero de González (esposa del demandado), auto designándose juez comisario y designando al agrimensor Miguel Ángel Muñoz Valerio, como perito tasador. Esta decisión, designó, además, al Lic. Ramón Antonio Plácido Santana como notario público del municipio, para que, por ante él, se realicen las operaciones de lugar.

TC/0324/16, numeral 7, pág. 25 — PDF oficial

La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a través de la sentencia del veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), acogió los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia de primer grado descrita, modificando el ordinal tercero del dispositivo de la sentencia recurrida al elevar el monto de la indemnización a setecientos cincuenta mil pesos dominicanos ($750,000.00), más los intereses legales de dicha suma, confirmando los demás aspectos del fallo recurrido. El señor Víctor González Guzmán, inconforme con la decisión, recurrió en casación la referida sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), la cual fue decidido por la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia a través de la Sentencia del dieciocho (18) de julio de dos mil uno (2001), casando la decisión recurrida y ordenando el envío del proceso ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en las mismas atribuciones. La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, al evaluar el recurso de apelación de que fue apoderado por la Suprema Corte de Justicia, dictó la Sentencia del veintitrés (23) de junio de dos mil tres (2003), declarando inadmisible, por falta de interés, la demanda en rescisión del acto de partición amigable suscrito entre las partes y partición de bienes de comunidad y daños y perjuicios, revocando, en consecuencia, la Sentencia núm. 757, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).

TC/0324/16, numeral 7, pág. 25 — PDF oficial

La indicada sentencia fue objeto de un segundo recurso de casación interpuesto por la señora Elena Suero Guerrero y compartes, decidiendo al efecto las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante Sentencia núm. 115, del veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009), casar la sentencia recurrida y reenviar el proceso ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. El tribunal de envío apoderado dictó la Sentencia civil núm. 627-2010-00044 (C), del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), acogiendo el recurso de apelación interpuesto por el señor Víctor González Guzmán, revocando, en consecuencia, la referida sentencia núm. 757, del veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y declarando inadmisible, por falta de interés, la demanda interpuesta por la señora Elena Suero Guerrero y compartes. En lo referente al recurso de apelación incidental interpuesto por las partes demandantes, estableció que no ha lugar a estatuir sobre el fondo del mismo. El señor Víctor González Guzmán falleció, el siete (7) de octubre de dos mil diez (2010), incorporándose en el proceso, en calidad de continuadora jurídica, su única hija, señora Mireya González Corniel. La señora Elena Suero Guerrero y compartes recurrieron en casación la citada sentencia civil núm. 627-2010-00044 (C), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), el cual fue rechazado por la Sentencia núm. 90, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013).

TC/0324/16, numeral 7, pág. 25 — PDF oficial

Contra ésta última decisión la señora Elena Suero Guerrero y compartes interpusieron el presente recurso de revisión jurisdiccional, reclamando que el Tribunal Constitucional detenga la conculcación al derecho de defensa por violación a las disposiciones del artículo 69.4 de la Constitución de la República, que según su criterio, le han causado las indicadas decisiones jurisdiccionales.

TC/0324/16, numeral 7, pág. 25 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión

jurisdiccional Este tribunal constitucional estima que procede la admisión del presente recurso de revisión constitucional de sentencia jurisdiccional, en atención a los siguientes razonamientos:

a. La especie corresponde a una sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la proclamación de la Constitución de la República del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), por lo que satisface el requerimiento prescrito por el artículo 277 de la Carta Magna. 1 En efecto, la decisión impugnada, que dictó la Suprema Corte de Justicia (en funciones de Corte de Casación), el nueve (9) de julio de dos mil trece (2013), puso término al proceso judicial de que se trata, agotando la posibilidad de interposición del recurso ordinario o extraordinario, por lo que se trata de una decisión con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. 2

TC/0324/16, numeral 9, a, pág. 28 — PDF oficial

b. Así mismo, la especie también corresponde al tercero de los supuestos taxativamente previstos por el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, que limita la 1 Artículo 277. Decisiones con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia. 2 En ese sentido: TC/0053/2013, TC/0105/2013, TC/0121/2013 y TC/0130/2013. revisión constitucional de decisiones firmes a los tres siguientes presupuestos: “1. Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2. Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3. Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental […]”. Como puede observarse, el recurrente en revisión basa su recurso en la tercera causal del citado artículo 53.3, pues alega vulneración al derecho de defensa previsto por el artículo 69, numeral cuarto (4to), de la Constitución de la República. 3

TC/0324/16, numeral 9, b, pág. 28 — PDF oficial

c. De igual manera, el presente recurso de revisión también satisface las tres condiciones que exige el precitado artículo 53.3, 4 puesto que el recurrente invocó formalmente la violación a un derecho fundamental 5 durante el proceso, cuando tuvo conocimiento de la misma al notificársele la Sentencia núm. 90, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013) (53.3.a). Agotó también todos los recursos disponibles en el proceso sin que la conculcación del derecho fuera subsanada (53.3.b), toda vez que la decisión objeto del presente recurso de revisión adquirió la autoridad de la cosa juzgada, por lo que no es susceptible de ningún otro recurso jurisdiccional; además de que dicha violación resulta imputable “de modo inmediato y directo” a una acción de un órgano jurisdiccional, en este caso, a las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia (53.3.c).

d. En adición a lo anterior, este tribunal también estima que el recurso de revisión que nos ocupa reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, de acuerdo con el “párrafo” in fine del artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11, toda vez que 3 Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación […]. 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con el respecto al derecho de defensa. 4

TC/0324/16, numeral 9, c–d, pág. 29 — PDF oficial

a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma; b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; y c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar. 5 Derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. la solución del conflicto planteado le permitirá al Tribunal continuar desarrollando el alcance del derecho de defensa en el marco del debido proceso.

TC/0324/16, numeral 9, a, pág. 29 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del recurso de revisión

Respecto al fondo del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal expone las siguientes consideraciones:

a. En la especie, la señora Elena Suero Guerrero y compartes, sostienen en su primer motivo de revisión, que la sentencia dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013), vulneró su derecho de defensa, pues al analizar y confirmar la decisión recurrida no constató que la sentencia de segundo grado violó el artículo 20 de la Ley núm. 3726, 6 del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres (1953), sobre Procedimiento de Casación; que por tratarse de una segunda sentencia casada por igual motivo la referida Corte tenía la obligación de conformarse estrictamente con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, en el punto de derecho juzgado por ésta.

b. La parte recurrida, señora Mireya González Corniel, en respuesta contraria a este motivo, plantea que el precitado artículo 20 de la mencionada ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, no era aplicable a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, ya que el punto de derecho que sustenta la segunda casación, justificativa del reenvío a la citada Corte, se presenta por primera vez en esa fase del proceso, decidido finalmente por la sentencia cuya revisión se solicita. Concluye, en ese sentido, que la decisión recurrida verificó que la Corte a- qua no incurrió en violación de ninguno de los medios invocados, sino que se limitó a motivar sobre los puntos que la misma decisión de reenvío le indicó. 6 Modificada por la Ley núm. 491 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil ocho (2008).

TC/0324/16, numeral 10, a–b, pág. 30 — PDF oficial

c. Para determinar si se ha producido vulneración del derecho de defensa alegada por la recurrente, el Tribunal procede a analizar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, así como algunas de las incidencias procesales que precedieron a la misma.

d. La Sentencia núm. 115, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de octubre de dos mil diez (2009), casó la sentencia dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el veintitrés (23) de junio de dos mil tres (2003), y reenvío el proceso ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, señalando que: (…) como debió hacerlo la Corte a-qua, y no lo hizo, que en el expediente sometido a su escrutinio reposaba, como lo está ahora en casación, la certificación del Departamento de Sucesiones y Donaciones que contiene la declaración e inventario público (sic) de los del número de Puerto Plata Dr. Carlos José Jiménez Messón donde figuran una diversidad de bienes muebles e inmuebles debidamente descritos y evaluados, pertenecientes a la comunidad matrimonial (…); que en esas circunstancias, la falta de ponderación en que incurrió la Corte a-qua, en torno al alcance y naturaleza probatoria del señalado documento, el cual entraña en el caso la ocurrencia de un encubrimiento de bienes sucesorales que puede comprometer, por su connotación dolosa, la validez intrínseca del acuerdo transaccional de partición de que se trata, en adición a las otras irregularidades de forma detectadas en el mismo, según se ha dicho, resulta procedente casar la sentencia criticada, sin necesidad de analizar los demás medios del presente recurso.

TC/0324/16, numeral 10, c–d, pág. 31 — PDF oficial

e. La Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, apoderada de los recursos de apelación interpuestos por las partes, fruto del apoderamiento de la Suprema Corte de Justicia, dictó la Sentencia civil núm. 627-2010-00044 (C), del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), mediante la cual declaró inadmisible, por falta de interés, la demanda principal, cuyos motivos se encuentran recogidos en el cuerpo de la sentencia ahora recurrida en revisión.

f. En este mismo orden, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, apoderada de un tercer recurso de casación interpuesto, en esa ocasión, por la señora Elena Suero Guerrero y compartes, bajo el alegato de que la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata violó el artículo 20 de la referida ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, por haberse apartado de lo decidido por la sentencia de envío, estableció, luego de analizar los motivos del recurso de casación interpuesto que (sic) en esas circunstancias, las disposiciones del Artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, arriba señalado, no son aplicables en el caso, ya que el punto de derecho que sustenta la segunda casación, justificativa del reenvío a la Corte de Puerto Plata, se suscita por primera vez en la Litis en cuestión, resultando distinto a los motivos que sirvieron de apoyo a la primera casación.

TC/0324/16, numeral 10, e–f, pág. 31 — PDF oficial

g. Este tribunal ha constatado, del estudio de la decisión recurrida y de las piezas que conforman este proceso, que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia acogieron el segundo recurso de casación interpuesto por la señora Elena Suero Guerrero y compartes, casando la sentencia por la falta de ponderación en que incurrió la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en torno al alcance y naturaleza probatoria de la certificación del Departamento de Sucesiones y Donaciones que contiene la declaración e inventario realizado por el señor Víctor Guzmán, ante el notario público de los del número de Puerto Plata, Dr. Carlos José Jiménez Messón.

h. Por su parte, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, mediante la Sentencia civil núm. 627-2010-00044 (C), del treinta (30) de junio de dos mil diez (2010), respondió en derecho los puntos delimitados por la citada Sentencia de envío núm. 115, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veintiocho (28) de octubre de dos mil nueve (2009), en relación con la falta de ponderación de una de las piezas que integran el proceso en la que había incurrido la Corte a-qua. Sin embargo, el fallo de esta última no se limitó estrictamente con el envío de la Suprema Corte de Justicia que le apoderó, sino que llevó su análisis a otros aspectos que entendió necesarios para decidir el fondo del proceso, pues la sentencia de envío simplemente los señaló para que esta tomara su propia decisión sobre los mismos.

TC/0324/16, numeral 10, g–h, pág. 32 — PDF oficial

i. La afirmación establecida en el párrafo que precede se fundamenta en que los motivos que dieron lugar a casar, tanto las sentencias dictadas por las Cortes de Apelación del Departamento Judicial de Santiago como de La Vega son sustancialmente diferentes a los que motivaron el envío a la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, tal como lo establecieron las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia cuando dijeron que, en consecuencia, la Corte A-qua, aunque de hecho constituye en el caso el segundo tribunal de envío, no estaba comprometida conformarse estrictamente a la posición jurídica adoptada por la Suprema Corte en la segunda casación, como expresa el referido Artículo 20, porque este texto legal condiciona la sumisión al fallo a que se haya juzgado el mismo punto, lo que constituye una aplicación particular del principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; por lo que en el caso no hay lugar a incurrir en consecuencia, en violación al derecho de defensa de los recurrentes al haber juzgado como lo hizo la Corte A-qua.

j. En ese sentido, el Tribunal determina que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, al inferir de su análisis que la Corte de envío no estaba compelida a decidir el proceso en base a los puntos que éstas le habían delimitado, no incurrió en la violación del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, como afirma la parte recurrente, señora Elena Suero Guerrero y compartes.

k. En el desarrollo de su escrito de revisión, los recurrentes también sostienen que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, al analizar y confirmar la decisión recurrida, les vulneró su derecho de defensa previsto en el artículo 69.4 de la Constitución de la República, al no constatar que la sentencia de segundo grado violó el artículo 20 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación.

TC/0324/16, numeral 10, i–k, pág. 33 — PDF oficial

l. Cabe precisar que el artículo 69 de la Constitución consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso en una doble dimensión como una garantía y un derecho fundamental, por lo que es útil recordar, en lo relativo al debido proceso, que este es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de “debido proceso legal”. El debido proceso legal se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlas; es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal. 7

m. Con respecto al contenido del derecho de defensa, este tribunal se ha pronunciado en su Sentencia TC/0202/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), indicando que “para que se verifique una violación a su derecho de defensa, la recurrente tendría que haberse visto impedida de defenderse”.

n. En este mismo sentido, la Sentencia TC/0034/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), sostiene que: El derecho de defensa no debe limitarse a la oportunidad de ser representado, oído y de acceder a la justicia. Este derecho procura también 7 Artículo 69 de la Constitución de 2010. la efectividad de los medios para dar a conocer el resultado de un proceso y que nada quede a merced de la voluntad o dejadez del abogado que asiste al ciudadano, sino que la parte afectada conozca por una vía de acceso directo a ella la solución dada a un conflicto de especial interés.

TC/0324/16, numeral 10, l–n, pág. 34 — PDF oficial

o. En este mismo orden, el Tribunal ha sostenido en su Sentencia TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), literal “t”, página 26, que: El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa, es otro de los pilares que sustenta el proceso debido. Este derecho, cuya relevancia alcanza mayor esplendor dentro del juicio, implica poder responder en igualdad de condiciones todo cuanto sirva para contradecir los planteamientos de la contraparte. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible que persigue garantizar la igualdad entre las partes, manifestaciones inequívocas de su dimensión sustantiva y adjetiva. Se trata, pues, de un componente esencial que perpetúa la bilateralidad a lo largo del desarrollo del proceso.

p. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional de Perú, citado inicialmente por este tribunal en su Sentencia TC/0044/12, consideró que (…) el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera que sea su materia. La posibilidad de su ejercicio presupone, en lo que aquí interesa, que quienes participan en un proceso judicial para la determinación de sus derechos y obligaciones jurídicas tengan conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos procesales que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que correspondan” (Sentencia 4945-2006-AA/TC de fecha 16 de agosto de 2006; Tribunal Constitucional de Perú).

TC/0324/16, numeral 10, o–p, pág. 35 — PDF oficial

q. En relación con el caso que nos ocupa, para que se verifique una violación al derecho de defensa era imprescindible determinar que la parte recurrente estuvo impedida de hacer uso de algunas de las garantías mínimas que integran el derecho de defensa, conduciendo a la vulneración del debido proceso. Sin embargo, el hecho de que en las consideraciones de la sentencia recurrida en revisión no se haya verificado que la decisión de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata violentara lo tipificado en el artículo 20 de la referida ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, no puede considerarse una violación al derecho de defensa de los recurrentes, pues analizar la aplicación concreta del citado texto legal que había realizado la Corte de envío es una facultad de ese tribunal al decidir el recurso de casación.

r. La referida facultad se verifica al reconocer que la interpretación y aplicación de las normas jurídicas es una cuestión que compete a los tribunales ordinarios, tal como lo ha precisado este tribunal, cuando dijo que “Adscribirle significado a la interpretación de la norma constituye un ejercicio que entra en la facultad de los jueces, siempre que el mismo no desborde los límites que le imponen la Constitución y la ley (…)”. (Sentencia TC/0006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), literal “f”, página 29).

TC/0324/16, numeral 10, q–r, pág. 36 — PDF oficial

s. La recurrente, en su escrito planteó, además, como segundo motivo del recurso de revisión, lo siguiente: Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil. Falta de base legal. Documento no ponderado por los jueces. Mal aplicación del derecho. Herrada interpretación de los artículos 44 y siguientes de la Ley 834 del (15) (sic) de julio del 1978. Omisión de examinar los artículos 750, 815, 817, 784, 787, 1116, 1109 y 822, del Código Civil Dominicano. 8 8 Ver página veinte (20) del escrito que contiene el recurso de revisión.

t. El artículo 54. 1, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, expresa: Procedimiento de Revisión. El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente: 1) El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia. (…)

u. Al interponer el referido motivo, la parte recurrente sólo se limitó a enunciarlo, sin desarrollar el citado medio, lo que imposibilita determinar las argumentaciones que fundamentan el mismo y las pretendidas vulneraciones de derechos fundamentales que –se arguye– contiene la decisión atacada; razón por la cual este tribunal no puede pronunciarse en relación con este motivo, por ser un requisito exigido por la referida ley núm. 137-11, que el recurso de revisión se interponga por medio de un escrito motivado, lo que hacía imperativo que esta parte cumpliera.

TC/0324/16, numeral 10, s–u, pág. 36 — PDF oficial

v. Por tanto, al verificar que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia no produjeron violación al derecho de defensa al decidir el recurso de casación del que se encontraba apoderada, y, por tanto, no vulneraron el debido proceso, procede el rechazo del recurso de revisión y confirmar la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0324/16, numeral 10, v, pág. 37 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por la señora Elena Suero Guerrero y compartes, contra la Sentencia núm. 90, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso constitucional de revisión jurisdiccional incoado por la señora Elena Suero Guerrero y compartes, contra la Sentencia núm. 90, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de septiembre de dos mil trece (2013), por las razones anteriormente indicadas.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente en revisión, señora Elena Suero Guerrero y compartes; y a la recurrida, señora Mireya González Corniel, en su calidad de continuadora jurídica del finado señor Víctor González Guzmán.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0324/16, del 20 de julio de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0324-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.