Sentencia TC/0334/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de diciembre de 2014 · Expediente TC-01-2005-0002
La acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad comercial Video Universal, S. A. contra los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000).
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Temas: Derecho de propiedad intelectual
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0334/14?
El Tribunal reconoció a Video Universal, S. A. la calidad de parte interesada conforme a la Constitución de 2002, vigente al interponerse la acción, y examinó el fondo a la luz de la Constitución de 2010, por su aplicación inmediata y porque esta preservó los derechos invocados (TC/0334/14, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 11; TC/0334/14, numeral 8, 8.1–a, pág. 12; TC/0334/14, numeral 8, 8.2, pág. 13). La Ley núm. 65-00 no reconoce expresamente el agotamiento del derecho de distribución por la primera venta y exige autorización previa para distribuir soportes audiovisuales. Los artículos 71 y 72, al considerar infracción la importación paralela sin autorización, no contradicen los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana, pues estos dejan a cada Estado la regulación del agotamiento del derecho de distribución (TC/0334/14, numeral 9, 9.1.7–9.1.9, pág. 16; TC/0334/14, numeral 9, 9.1.13–9.1.14, pág. 18; TC/0334/14, numeral 9, 9.1.16–9.1.17, pág. 19).
La exigencia de autorización no vulnera la libertad de empresa: responde a la protección constitucional de la propiedad intelectual, cuyo carácter exclusivo permite al titular explotar la obra y obtener una compensación por su uso (TC/0334/14, numeral 9, 9.2.5–9.2.6, pág. 22; TC/0334/14, numeral 9, 9.2.7–9.3, pág. 22). Tampoco vulnera la igualdad, porque quien compra los soportes a la productora en el país de origen y quien cuenta con autorización exclusiva para distribuirlos en la República Dominicana no se encuentran en situaciones comparables. Al faltar el primer elemento del test de igualdad, no procedía examinar los restantes. Como no se comprobó ninguna infracción constitucional, tampoco procedía la nulidad prevista en el artículo 6 de la Constitución (TC/0334/14, numeral 9, 9.3.3–9.4.1, pág. 24; TC/0334/14, numeral 9, 9.4.2, pág. 25).
Decisión
Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad de Video Universal, S. A., la rechaza en cuanto al fondo y declara conformes con la Constitución los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00. Declara el proceso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“Dichas disposiciones no colisionan de manera alguna con los tratados internacionales ratificados por nuestro país en el ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual y el comercio, toda vez que se ha dejado a la libre configuración legislativa de cada Estado, la regulación del agotamiento del derecho de distribución” (TC/0334/14, numeral 9, 9.1.16–9.1.17, pág. 19).
“Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción, a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por la propia naturaleza de dichos derechos, que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto.” (TC/0334/14, numeral 9, 9.2.5–9.2.6, pág. 22).
“ante la existencia de supuestos facticos diferentes, no se reúnen las condiciones para configurarse el primer elemento del test de igualdad” (TC/0334/14, numeral 9, 9.3.3–9.4.1, pág. 24).
Normas interpretadas
Constitución de 2002: artículos 3, 8 (numerales 5 y 12), 46 y 100.
Constitución de 2010: artículos 3, 6, 26 (numerales 1 y 6), 39 (numerales 1, 2 y 15), 50 (numerales 1 y 2), 52 y 74 (numeral 2).
Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor: artículos 19 (numeral 5), 69, 71 y 72.
Ley núm. 137-11: artículo 7.6.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0049/13; TC/0033/12; C263/11 (Corte Constitucional de Colombia); «Kölnisch Wasser» (Tribunal Supremo alemán, 28 de febrero de 1902, sin número indicado).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Legitimación activa o calidad del accionante
7.1. Al tratarse de un asunto formulado por la accionante en el año dos mil cinco (2005), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), que admitía las acciones formuladas por aquellos que probasen su calidad de parte interesada.
7.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, este tribunal decide que en el presente caso la parte impugnante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), toda vez que la misma pretende reivindicar derecho a la libre competencia alegadamente vulnerados en perjuicio de una de una sociedad de comercio, justificando, por consiguiente, ser una “parte interesada”.
8. Procedimiento aplicable en la presente acción de inconstitucionalidad
8.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el año dos mil dos (2002), fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo, en la nueva Constitución, los mismos derechos y principios fundamentales que invocaba el accionante, a saber:
a. La disposición contemplada en el artículo 3 de la Constitución de dos mil dos (2002), que establece: La soberanía de la Nación dominicana, como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. El principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. La República Dominicana reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia a favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas; se encuentra instaurada en los artículos 3 y 26, numerales 1 y 6, de la Constitución de dos mil diez (2010).
b. La disposición contemplada en el artículo 8, numerales 5 y 12, de la Constitución de dos mil dos (2002), que establece: 5) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más de lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más de lo que le perjudica; 12) La libertad de empresa, comercio e industria. Solo podrán establecerse monopolios en provecho del Estado o de instituciones estatales. La creación y organización de esos monopolios se harán por ley; se encuentra instaurada en el artículo 39, numeral 15, y el artículo 50, numeral 1, de la Constitución de dos mil diez (2010).
c. La disposición contemplada en el artículo 46 de la Constitución de dos mil dos (2002), que establece: Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución, se encuentra instaurada en el artículo 6 de la Constitución de dos mil diez (2010).
d. La disposición contemplada en el artículo 100 de la Constitución de dos mil dos (2002), que establece: La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias; se encuentra instaurada en el artículo 39, numerales 1 y 2.
8.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional sustantiva no afecta el alcance procesal de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por la accionante al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto los derechos fundamentales invocados en su acción directa, procede, en consecuencia, aplicar los textos de la Constitución de dos mil diez (2010), a fin de establecer si las disposiciones atacadas [artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000)] resultan inconstitucionales.
9. Solución de la presente acción directa de inconstitucionalidad
Mediante la presente acción, la sociedad comercial Video Universal S. A. pretende la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), por ser violatorios a los artículos 3, 8 (numerales 5 y 12), 46, y 100 de la Constitución dominicana de dos mil dos (2002).
9.1. Acuerdos internacionales y derecho internacional [Artículo 26, numerales 1 y 6, de la Constitución de dos mil diez (2010)].
9.1.1. En términos generales, la propiedad intelectual enmarca diferentes sistemas normativos que tienen por objeto la protección de bienes inmateriales de orden industrial, técnico, comercial, artístico, literario y científico. Este campo normativo se puede dividir en dos grandes ramas: a) la Propiedad Industrial que abarca los inventos, diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones comerciales; y b) Derecho de Autor, que se extiende a los derechos conexos al mismo. Dicha clasificación ha sido orientada por los instrumentos que han marcado los inicios de la protección internacional de los derechos intelectuales: El Convenio de Paris (1883), que contiene disposiciones relativas a la propiedad industrial y la competencia desleal; y el Convenio de Berna (1886), que reconoce los derechos sobre las obras en el campo artístico y literario.
9.1.2. Entrando al punto controvertido de la presente acción, inicialmente cabe destacar que no existe una definición y regulación exacta y uniforme del derecho de autor. La tradición europea (romano germánica) y la anglosajona (Common Law) parten de fundamentos teóricos diferentes, especialmente en su origen, toda vez que el derecho proveniente del romano germánico consideran los derechos de autor como inherentes a la persona, mientras que en el anglosajón se contemplan desde una perspectiva menos personalista y más utilitarista.
9.1.3. Los primeros instrumentos normativos de protección de derecho de autor se caracterizaban por la defensa exclusivamente interna de sus autores nacionales, cuyos derechos sobre sus obras no eran objeto de protección fuera de sus fronteras nacionales. Esta situación cambió en el siglo XIX, cuando los principales países empezaron a suscribir acuerdos bilaterales, basados en el principio de reciprocidad, hasta llegar a la firma del citado Convenio de Berna de mil ochocientos ochenta y seis (1886), que se mantiene como el instrumento jurídico internacional más importante en esta materia, del cual forman parte todos los países iberoamericanos. Este convenio, que desarrolla un conjunto de principios mínimos de obligatoria aceptación por parte de los países adherentes, fue ratificado por nuestro país en el año mil novecientos noventa y siete (1997).
9.1.4. El derecho de propiedad intelectual tiene su base constitucional en el artículo 52 de la Constitución dominicana de dos mil diez (2010), que establece lo siguiente: “Se reconoce y protege el derecho a la propiedad exclusiva de todas las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley”.
9.1.5. El marco legal vigente que regula el derecho de autor en República Dominicana está contenido en la Ley núm. 65-00 del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), cuya implementación responde a la adecuación del régimen del derecho de autor en los ámbitos institucional y normativo, a las exigencias del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), ratificado en mil novecientos noventa y cinco (1995). La referida ley núm. 65-00 fue modificada por la Ley núm. 424- 06 del veinte (20) de noviembre de dos mil seis (2006), para adaptar determinados contenidos a las disposiciones del Capítulo XV sobre Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos ( DR-CAFTA), y su Reglamento de Aplicación núm. 362-01.
9.1.6. De acuerdo con la mayoría de las leyes nacionales de los países latinoamericanos, el autor tiene el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución pública de ejemplares de su obra mediante venta o alquiler, cualquiera que sea el género de la obra y el tipo de soporte que la contiene. En ese mismo tenor, en República Dominicana, conforme al artículo 19, numeral 5, de la citada ley núm. 65-00, se atribuye al autor el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la distribución al público del original o de copias de la obra, mediante venta, alquiler, usufructo o de cualquier otra forma.
9.1.7. En virtud de lo establecido en el artículo 6 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Derecho de Autor (TODA), ratificado por nuestro país el diez (10) de enero de dos mil seis (2006), el derecho de distribución consiste en que los autores de obras literarias y artísticas gocen del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público de sus obras, mediante venta u otra transferencia de propiedad; sin embargo, el derecho de oponerse a su distribución se agota con la primera venta u otra transferencia de propiedad de la obra que se realice con autorización del autor.
9.1.8. Tal como se desprende de lo anteriormente expuesto, una de las limitantes a los derechos de autor es el agotamiento del derecho de oposición a la distribución por efecto de la “Primera Venta” autorizada por el titular de la obra, quien no podrá oponerse a las sucesivas transmisiones de la misma. En relación con este punto, el TODA señala que los Estados contratantes determinarán las condiciones, si las hubiere, en las que se aplicará el agotamiento del derecho de distribución, por lo que se remite a la legislación de cada país para establecer las formas y condiciones en las que se agotará el derecho de distribución.
9.1.9. El agotamiento del derecho o doctrina de la primera venta es una institución jurisprudencial formulada en primera instancia por los tribunales alemanes, a principios del siglo XX, en la Sentencia “Kölnisch Wasser” dictada por el Tribunal Supremo el veintiocho (28) de febrero de mil novecientos dos (1902), en la que establece que, a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y los productos quedaban libres en el mercado.
9.1.10. La aceptación de la doctrina de la primera venta o del agotamiento del derecho, en materia de derechos de autor, no ha sido uniforme. Este tema se ubica dentro de los derechos patrimoniales del autor, específicamente en cuanto al derecho de distribución de los ejemplares efectivamente comercializados por el titular o su representante autorizado.
9.1.11. Los particulares modos de agotamiento del derecho de distribución del autor son asumidos de manera expresa por las legislaciones internas o de tipo regional. Países europeos han impulsado y desarrollado esta institución, la cual ha sido implementada en varias legislaciones latinoamericanas, como es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina, que poseen una normativa común en materia de propiedad intelectual.
9.1.12. En la presente acción directa en inconstitucionalidad contra los artículos 71 y 72 de la referida ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), la accionante precisamente sustenta sus pretensiones en la aplicación de la “Doctrina de la Primera Venta”, que alegadamente resulta lesionada por las citadas disposiciones atacadas que establecen la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado. Por consiguiente, plantea como primer medio de inconstitucionalidad, la afectación de los acuerdos y el derecho internacional dentro del marco de los aspectos comerciales de la propiedad intelectual.
9.1.13. En respuesta al planteamiento supra indicado, cabe destacar que el tema sobre alcance territorial del agotamiento es uno de los más controvertidos del derecho de la propiedad industrial e intelectual; sin embargo, para el propósito que implica el análisis de este primer medio de inconstitucionalidad, planteado a la luz de las normas y tratados internacionales adoptados por nuestro país en esta materia, tenemos que el acuerdo sobre “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC), en su artículo 6 establece claramente que no se puede hacer uso de ninguna de sus disposiciones, con excepción de las que se refieren a la no discriminación (“trato nacional” y “trato de la nación más favorecida”), en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual o doctrina de la primera venta, que fue objeto de un largo y extenso debate en las sesiones de las negociaciones de dicho acuerdo. En consecuencia, los Estados miembros pueden elegir la manera de abordar dicha cuestión en la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional.
9.1.14. En consonancia con lo anteriormente expuesto, es importante resaltar la naturaleza territorial del sistema de propiedad intelectual, toda vez que su alcance es geográfico, y conlleva sus restricciones o límites nacionales. Cada Estado regula de forma independiente y soberana, salvo convenio o tratado internacional en la materia que establezca régimen de mínimos o máximos y exclusivamente para sus fronteras, aquello que se considera objeto de protección por la normativa, es decir, lo que se entiende cómo integrante de la propiedad intelectual, la duración de tal protección y el contenido de la misma.
9.1.15. Se determinará por razones de legislación o de política, las distintas modalidades que pueden darse en la práctica en función del concepto de agotamiento que esté manejando el país de importación, a saber, nacional, regional o internacional. En el agotamiento nacional, el titular del derecho de propiedad intelectual no podrá controlar la explotación comercial de los productos en los que se concreta el derecho, en el momento en que sean puestos en el mercado nacional por dicho titular o con su consentimiento, por lo que no se permiten importaciones paralelas; tal es el caso de Estados Unidos. En el agotamiento regional, el derecho del titular para excluir solamente se extingue cuando el producto ha sido puesto en dentro de países particulares en una región determinada, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. Por último, en el agotamiento internacional los derechos de propiedad intelectual se agotan una vez que el producto ha sido vendido por el titular de los derechos o con su consentimiento en cualquier parte del mundo, como sucede en la Comunidad Andina.
9.1.16. Del análisis de las disposiciones contenidas en la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, especialmente en las relativas al Título III, Capitulo II, que se refiere a los derechos patrimoniales del autor, y el Titulo IV que delimita las limitaciones y excepciones al derecho de autor, no se identifica ninguna disposición que reconozca o implemente de manera expresa la institución del agotamiento del derecho de distribución o “Primera Venta”. Cabe señalar además que el artículo 69 de la citada ley núm. 65-00, establece que “las personas naturales o jurídicas dedicadas a la distribución por cualquier medio de videogramas u otros soportes contentivos de obras audiovisuales, deberán obtener previamente la debida autorización del titular de los derechos sobre dichas obras o de su representante o licenciatario para el territorio nacional”.
9.1.17. Por efecto de los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, objetos de la presente acción directa de inconstitucionalidad, constituye una infracción a los derechos patrimoniales del autor, la importación paralela de los soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado. Dichas disposiciones no colisionan de manera alguna con los tratados internacionales ratificados por nuestro país en el ámbito de protección del derecho de propiedad intelectual y el comercio, toda vez que se ha dejado a la libre configuración legislativa de cada Estado, la regulación del agotamiento del derecho de distribución, de acuerdo la forma que mejor se adapte a sus objetivos de política nacional; motivo por el cual procede rechazar el medio de inconstitucionalidad analizado en el presente apartado.
9.2. Libertad de empresa, comercio e industria. No se permitirán monopolios, salvo en provecho del Estado [Artículo 50, numeral 1, de la Constitución de dos mil diez (2010)].
9.2.1. La accionante señala que las disposiciones contenidas en los referidos artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), favorecen un monopolio que afecta en nuestro país el mercado de los establecimientos comerciales dedicados a la venta y alquiler de películas. Sostiene que el hecho de adquirir una obra cinematográfica en el país de origen y ser importada a nuestro país, no puede generar en su uso una ilegalidad, ya que la importación se realiza por ante las autoridades de ambos países, a través de sus respectivas aduanas, por lo que la prohibición de la importación paralela tal como lo pretenden las referidas disposiciones legales, crearía un monopolio a favor del supuesto representante autorizado.
9.2.2. Sobre el derecho a la libre empresa, este tribunal se ha pronunciado en la Sentencia TC/0049/13 del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), destacando que el artículo 50 de la Constitución de la República, puede ser conceptualizado como la prerrogativa que corresponde a toda persona de dedicar bienes o capitales a la realización de actividades económicas dentro del marco legal del Estado y en procura de obtener ganancias o beneficios lícitos.
9.2.3. En ese mismo tenor, la jurisprudencia constitucional de Colombia desarrolla lo siguiente: La libertad de empresa comprende la facultad de las personas de afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada (Sentencia C263/11, del 6 de abril de 2011; Corte Constitucional de Colombia).
9.2.4. La potestad interventora del Estado en la regulación de la economía está contenida en el citado artículo 50.2 de la Constitución; no obstante, de la misma se sustraen los límites con que cuenta este poder configurativo del legislador en materia de regulación del ejercicio de los derechos fundamentales. Dicho así, el artículo 74.2 de la Constitución dispone: “Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”.
9.2.5. En la especie, contrario al planteamiento del accionante, el hecho de que las disposiciones contenidas en los referidos artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, establezcan con relación a las obras audiovisuales, la ilicitud de la distribución mediante venta, alquiler o puesta en circulación de cualquier otra manera, de soportes audiovisuales reproducidos o copiados o ingresados al país, sin la licencia o autorización del productor o su representante acreditado, obedece precisamente a la especial protección del derecho a la propiedad intelectual, consagrado como fundamental en el artículo 52 de la Constitución dominicana de dos mil diez (2010), y en los referidos tratados internacionales ratificados por nuestro país.
9.2.6. Los derechos de propiedad intelectual constituyen la principal excepción, a la libertad de empresa y a la libertad de competencia, lo cual viene determinado por la propia naturaleza de dichos derechos, que otorgan a su titular un derecho exclusivo y excluyente sobre su objeto. Se trata de bienes inmateriales creados por el intelecto humano, que por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial. Es indispensable una protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual para garantizar una compensación adecuada por el uso de las obras y ofrecer la oportunidad de obtener un rendimiento satisfactorio de las inversiones.
9.2.7. El doble contenido de los derechos de propiedad intelectual lo diferencia de otras figuras jurídicas. De una parte, contiene derechos morales que resguardan la conexión entre el autor y su creación, garantizando el reconocimiento de la autoría y resguardando la integridad de su obra; de la otra parte, derechos patrimoniales que confieren al titular, ya sea el autor o un tercero, la explotación monopólica de la obra, lo cual implica las facultades de publicar, reproducir, distribuir, modificar, y ejecutar públicamente la obra. Dichos derechos se relacionan directamente con la dignidad humana, forman parte intrínseca de su núcleo, y suponen introducir en la economía de mercado unos monopolios legales o derechos de exclusividad que son imprescindibles para el correcto desarrollo de dicha economía; motivo por el cual procede desestimar el citado medio de inconstitucionalidad invocado por la accionante.
9.3. Derecho a la igualdad [Artículo 39, numerales 1 y 2, de la Constitución de dos mil diez (2010)].
9.3.1. De conformidad con el artículo 39.1 de la Constitución de dos mil diez (2010), la República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes y consecuencia, ninguna entidad de la República podrá conceder títulos de nobleza ni distinciones hereditarias. Y es precisamente dentro de esa excepción relativa a esas “diferencias que resulten de los talentos” que tiene su razón de ser la especial protección otorgada a los derechos de autor, dentro del marco de los derechos de propiedad intelectual. Estos monopolios o derechos de exclusividad tienen como objetivo incentivar a los creadores a obtener una recompensa económica adecuada mediante la concesión de licencias de explotación de su obra, y proteger la integridad y reputación de sus obras.
9.3.2. En el presente caso, la accionante plantea la vulneración al derecho de igualdad, argumentando que la protección de los derechos individuales consagrados en nuestra Ley Sustantiva, obligan a reconocerle a cualquier persona física o moral, el derecho de importar legalmente una obra cinematográfica y ser comercializada en nuestro país. En consecuencia, resulta útil analizar el caso objeto de estudio, de conformidad con el test o juicio de igualdad concebido por la jurisprudencia colombiana y reiterado por este tribunal en la Sentencia TC/0033/12 del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012). Dicho test implica valorar los siguientes criterios: 1) La existencia de casos o supuestos fácticos semejantes; 2) Que tal diferenciación resulte objetiva, proporcional y razonablemente justificada; y 3) Que no implique consecuencias desproporcionadas en cuanto a la finalidad perseguida.
9.3.3. En cuanto al primer elemento del test de igualdad, tenemos que la accionante, sociedad comercial Video Universal, S. A., reclama la validez de la importación y comercialización de los soportes de obras cinematográficas compradas directamente a la productora en el país de origen, en las mismas condiciones que la sociedad comercial, World Video Corporación Dominicana S. A., quien es la representante exclusiva autorizada en el país para la distribución de dichas obras. En consecuencia, ante la existencia de supuestos facticos diferentes, no se reúnen las condiciones para configurarse el primer elemento del test de igualdad, lo que impide la verificación de los otros dos (2) elementos, toda vez que los mismos son consecuentes, motivo por el cual no se incurre en violación alguna al principio de igualdad y procede desestimar el medio de inconstitucionalidad planteado por la accionante.
9.4. Supremacía de la Constitución. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución, [Artículo 6 de la Constitución de dos mil diez (2010)].
9.4.1. La accionante procura la declaratoria de inconstitucionalidad de los citados artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor, por alegadamente violar el principio de la supremacía constitucional, consagrado en el artículo 6 de la Constitución de dos mil diez (2010) que en su parte in fine establece como sanción imponible a su violación la nulidad de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución.
9.4.2. En la especie, la accionante fundamenta su acción en lo que sería la consecuencia de la violación a una norma constitucional: la nulidad absoluta de las disposiciones impugnadas, en el caso en que dicho acto contraviniera un artículo de la Constitución dominicana. Como resultado de la ponderación de los medios de inconstitucionalidad planteados y previamente desestimados, no se pudo comprobar una violación concreta a una disposición de la Constitución, motivo por el cual el presente medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por la sociedad comercial Video Universal S. A. el dieciocho (18) de abril de dos mil cinco (2005), contra los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), por haber sido interpuesta de conformidad con la ley.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Video Universal S. A., y, en consecuencia, DECLARAR CONFORME a la Constitución de la República, los artículos 71 y 72 de la Ley núm. 65-00, sobre Derecho de Autor del veintiuno (21) de agosto del año dos mil (2000), por no resultar violatorios de las relaciones internacionales y el derecho internacional, ni al derecho a la libertad de empresa, los principios de igualdad y supremacía constitucional.
TERCERO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, sociedad comercial Video Universal S. A., y a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0334/14, del 22 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0334-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.