Sentencia TC/0335/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de julio de 2016 · Expediente TC-05-2015-0180
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Scotia Crecer AFP, S.A., y Scotia Seguros, S.A., contra la Sentencia núm. 00036-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho a la seguridad social
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0335/16?
El recurso de revisión tiene especial trascendencia constitucional porque permite continuar el desarrollo del derecho a la seguridad social y a la pensión por discapacidad (TC/0335/16, numeral 10, c, pág. 24). La jurisdicción administrativa es competente aunque no participe una institución estatal, pues el litigio surge de la aplicación de un plazo establecido por una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social (TC/0335/16, numeral 11, c–d, pág. 26). El Tribunal rechaza excluir a Scotia Crecer AFP por su papel fundamental en la tramitación de las solicitudes ante las aseguradoras (TC/0335/16, numeral 11, e–f, pág. 26). El amparo no es extemporáneo: la denegación de la pensión constituye una violación continua y, mientras no se satisfaga la pretensión, el plazo de sesenta días se renueva permanentemente (TC/0335/16, numeral 11, g–h, pág. 27).
El plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo décimo de la Resolución núm. 186-01 no era razonable en el caso de un solicitante de sesenta años con un 70.53 % de discapacidad permanente. El Tribunal fundamenta esa conclusión en el carácter fundamental y progresivo del derecho a la seguridad social y en la protección reforzada que corresponde a las personas de edad avanzada con discapacidad (TC/0335/16, numeral 11, k–m, pág. 29). La posterior ampliación del plazo a siete años por el Consejo Nacional de Seguridad Social constituye, para el Tribunal, un reconocimiento de que el plazo anterior era incompatible con el principio constitucional de razonabilidad (TC/0335/16, numeral 11, n–p, pág. 30).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión de Scotia Crecer AFP, S.A., y Scotia Seguros, S.A.; lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 00036-2015 de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que acogió el amparo y ordenó otorgar la pensión por discapacidad. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“De manera que el conflicto concierne a la aplicación de una disposición prevista en una resolución dictada por una institución que pertenece a la Administración Pública.” (TC/0335/16, numeral 11, c–d, pág. 26)
“En este orden, el referido plazo se renueva de manera permanente, mientras el accionante no sea satisfecho en su pretensión.” (TC/0335/16, numeral 11, g–h, pág. 27)
“La modificación que antecede constituye un reconocimiento incuestionable de que el anterior plazo de prescripción no era compatible con el principio de razonabilidad previsto en la Constitución, en la medida en que en la nueva normativa el plazo de dos (2) años se aumenta a siete (7) años.” (TC/0335/16, numeral 11, n–p, pág. 30)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 8, 58, 60 y 72, in fine. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 70.2 y 100. Ley núm. 87-01: trámites para el otorgamiento de la pensión por discapacidad, sin indicación de artículo específico.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente, a los hechos y alegatos de las partes, se trata de que al señor Pastor Antonio Fidel Almonte le fue declinada la solicitud de pensión por discapacidad, bajo el fundamento de que había operado la prescripción extintiva al haber transcurrido más de dos años desde la fecha de concreción de la discapacidad, en virtud del artículo decimo de la Resolución núm. 186-01, mediante el cual fue aprobado el Contrato de Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al sistema previsional, del veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), presentado por la comisión especial designada mediante Resolución núm. 174-03. Anta la negación de la pensión por discapacidad, el indicado señor Pastor Antonio Fidel Almonte accionó en amparo en contra de Scotia Crecer AFP S.A., y Scotia Seguros S.A., la cual fue acogida y, en consecuencia, se ordenó otorgar la pensión correspondiente por cobertura de pensión por discapacidad. No conforme con la sentencia dictada por el juez de amparo, Scotia Crecer AFP, S.A., y Scotia Seguros, S.A., interpusieron el recurso de revisión que nos ocupa.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:
a) El indicado artículo establece que: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo del derecho a la seguridad social y a la pensión por discapacidad.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
a) Previo a referirnos al fondo del recurso que nos ocupa, responderemos las alegaciones del recurrente, respecto de la falta de competencia de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo para conocer la acción de amparo que nos ocupa. En este sentido, la recurrente alega que la jurisdicción administrativa no puede conocer casos en los que no se encuentre envuelto el Estado, como ocurre en el presente caso, ya que se trata de un conflicto exclusivo entre particulares.
b) La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la solicitud de incompetencia con el argumento siguiente: En cuanto a la excepción de incompetencia invocada por las partes accionadas, considerando que la competencia de este Tribunal para conocer acciones de amparo le viene dada por el artículo 75 de la ley 137-11, el cual establece: "que la jurisdicción Contenciosa Administrativa será competente para conocer de las acciones de amparo, contra los actos u omisiones de la Administración Pública; considerando que si bien es cierto que la empresa Scotia AFP, es una empresa privada que no pertenece a la Administración Pública, sus decisiones en cuanto al otorgamiento de pensiones por discapacidad, como ocurre en el caso de la especie, son recurribles por ante la Superintendencia de Pensiones, al ser ambas entidades parte esencial del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que este Tribunal en aplicación de los principios previstos en el artículo 7 de la ley 137-11 que rigen la aplicación de la Justicia Constitucional, y en el entendido de que la autonomía de las partes hacen necesarias la ejecución de un recurso por ante la Superintendencia de Pensiones para que este Tribunal pueda ser competente.
c) Este tribunal constitucional considera que la jurisdicción administrativa era la competente para conocer la presente acción de amparo, aunque no se encuentre participando en el proceso una institución del Estado, en razón de que el litigio se origina en ocasión del plazo de extinción relativo a la reclamación de pensión por discapacidad establecida por el Consejo Nacional de Seguridad Social mediante la Resolución núm. 186-01, la cual aprobó el Contrato de Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al sistema previsional del veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), presentado por la comisión especial designada mediante Resolución núm. 174-03. De manera que el conflicto concierne a la aplicación de una disposición prevista en una resolución dictada por una institución que pertenece a la Administración Pública.
d) Por otra parte, procederemos a evaluar la solicitud de exclusión de Scotia Crecer, bajo el argumento de que es una simple intermediaria, ya que quienes pagan son las aseguradoras, como lo sería Scotia Seguros.
e) Este tribunal constitucional procede a rechazar el pedimento de exclusión de la accionada y actual recurrente en revisión, en razón de que dicha entidad juega un papel fundamental entre los solicitantes y las compañías aseguradoras, el cual es reconocido por la propia recurrente cuando en el escrito del recurso establece que de la (…) Resolución 306-10 se infiere claramente que el rol de las administraras de fondos de pensiones es el de un simple intermediario de solicitudes de "pensiones por discapacidad” pues sus actuaciones se limitan a captar la solicitud de pensión, a tramitar la misma ante las entidades correspondientes y a informar al afiliado de los avances de su reclamación para que las compañías aseguradoras procedan con el pago en caso de que se reúnan los requisitos de lugar. Igualmente, indica la recurrente que “(…) el artículo 8, literal c, de la Resolución 306-10 dispone los trámites que deben ser cumplidos ante la administradora de fondos de pensiones, incluyendo el depósito de documentos relevantes y remisión del expediente, una vez esté completo, ante la Comisión Médica Regional (CMR)”.
f) En este sentido, si el Tribunal Constitucional admite la entrega de la pensión por discapacidad, tanto la compañía aseguradora como la Administradora de Riesgos de Salud deben proceder a realizar los trámites establecidos por la Ley núm. 87-01, del Sistema de Seguridad Social y las resoluciones relativas a su aplicación.
g) En cuanto al argumento presentado por los recurrentes relativo a que la acción de amparo es inadmisible por haber sido interpuesta fuera del plazo de 60 días establecido en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal considera que la acción que nos ocupa es admisible, ya que estamos en presencia de una violación continua, en virtud de la naturaleza del derecho envuelto, es decir, el derecho a la seguridad social y a la pensión por discapacidad. En este orden, el referido plazo se renueva de manera permanente, mientras el accionante no sea satisfecho en su pretensión.
h) Resueltos los incidentes planteados por el recurrido, pasamos a examinar el fondo del recurso. En la especie, se trata de que al señor Pastor Antonio Fidel Almonte le fue declinada la solicitud de pensión por discapacidad, bajo el fundamento de que había operado la prescripción extintiva, al haber transcurrido más de dos años desde la fecha de concreción de la discapacidad y en aplicación del artículo décimo de la Resolución núm. 186-01, mediante el cual fue aprobado el Contrato de Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al sistema previsional, del veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), el cual fue presentado por la comisión especial designada mediante Resolución núm. 174-03.
i) El Consejo Nacional de la Seguridad Social aprobó, mediante la Resolución núm. 186-01, el Contrato de Póliza sobre Discapacidad y Sobrevivencia para los afiliados al sistema previsional, del veintiuno (21) de mayo de dos mil ocho (2008), presentado por la comisión especial designada mediante Resolución núm. 174-03. En el artículo decimo de dicha resolución se establece lo siguiente: “Prescripción. Se establece una prescripción extintiva de dos (2) años para a los beneficiarios a partir de la fecha de ocurrencia del siniestro después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra La Compañía”.
j) El juez de amparo acogió la acción bajo el entendido de: XV) Que de igual modo, la fijación de la prescripción de dos (02) años prevista en dicho contrato, es producto de la mera arbitrariedad de las partes envueltas, pues carece de referencia legal, y al ser la pensión anticipada por enfermedad y jubilación, del tipo contributivo, su caducidad o prescripción, sin lugar a dudas, se erige en un enriquecimiento sin causa. XVI) Que conforme el análisis de los documentos que constan en el expediente podemos constatar, que en fecha doce (12) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013) el accionante Pastor Antonio Fidel Almonte, recibe vía Scotia Crecer AFP la comunicación de Seguros Scotia en la cual le informan que la reclamación de pensión por discapacidad No. SCOT0016212, caso de la Comisión Médica Regional No. CMROO SCOT2013 479, había sido declinada alegando la Prescripción Extintiva de la misma; que dicha recomendación fue hecha al margen de la evaluación y recomendación realizada por los Comisionados Médicos en fecha 22 de octubre del año 2013, en la cual asignó un porcentaje de discapacidad permanente de 70.53%, indicando como fecha de concreción el cuatro (04) del mes de noviembre del año dos mil diez (2010) y señalando en cuanto al diagnóstico de egreso: "Discapacidad permanente debido a alteraciones de la comunicación verbal secundaria a afasia, enfermedad valvular del corazón, enfermedad cardiovascular hipertensiva, enfermedad de la vejiga, alteraciones de la bipedestación y de la marcha y actividades neurológicas de la extremidad superior izquierda (no dominante), Según la normativa vigente; asimismo podemos verificar que la parte accionante en fecha 08 de julio del año 2013, solicitó una pensión por discapacidad por ante la Scotia Crecer AFP iniciando los trámites correspondientes a los fines de ser favorecido por discapacidad permanente conforme lo establecido en la Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. XVII) Que de las comprobaciones anteriores podemos establecer que el accionante al momento diagnosticado con incapacidad de forma permanente, inició de inmediato las diligencias de lugar a los fines de que se sean reconocidos los derechos establecidos en la Ley No. 87-01, para la obtención de pensión por discapacidad, entendiendo este Tribunal que el accionante acudió en tiempo hábil a reclamar su derecho a dicha pensión, siendo en los mismos trámites administrativos a espera de que emitan los dictámenes en relación a lo solicitado que transcurre el tiempo.
k) Este Tribunal Constitucional considera que el plazo de dos años aprobado por la Resolución núm. 186-01, arriba descrita, resulta irracional y breve, sobre todo para una persona que se encuentra pasando por problemas de salud tan graves, como ocurre en la especie, en la cual el accionante tiene un 70.53% de discapacidad permanente, tal y como fue evaluado por la Comisión Médica Regional. En efecto, la indicada comisión estableció como diagnóstico del señor Pastor Antonio Fidel Almonte el siguiente: “Discapacidad permanente debido a alteraciones de la comunicación verbal secundaria a afasia, enfermedad valvular del corazón, enfermedad cardiovascular hipertensiva, enfermedad de la vejiga, alteraciones de la bipedestación y de la marcha y actividades neurológicas de la extremidad superior izquierda (no dominante)”. 1
l) Como se observa, el plazo de dos años para una persona bajo los supuestos indicados en el párrafo anterior no resultan razonables, sobre todo tratándose de un derecho como el de la seguridad social, el cual ha dicho este tribunal es un derecho 1 Negritas nuestras. fundamental inherente a la persona, “revestido de la fuerza que aporta el texto supremo, que lo hace de cumplimiento obligatorio, máxime porque el derecho a la seguridad social responde también al principio de progresividad consagrado en el artículo 8 de la Constitución” (véase párrafo f) y g) del numeral 10, de la Sentencia TC/0203/13, del trece (13) de noviembre).
m) Igualmente, este Tribunal Constitucional ha establecido la necesidad de aplicar una protección reforzada cuando se trate de personas de edad avanzada y, además, sometidas a una discapacidad, como ha quedado evidenciado en el caso que nos ocupa, ya que en la actualidad la persona solicitante tiene 60 años y un 70.53% de discapacidad permanente.
n) En este sentido, el Tribunal, mediante la Sentencia TC/0203/13, del trece (13) de noviembre, estableció lo siguiente:
i. En este caso, al tratarse de un amparo solicitado por una persona de avanzada edad y, además discapacitada, este tribunal constitucional acoge el “principio de la protección reforzada” 2 , desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia, cuya obligatoriedad se hace imperativa por disposición de los artículos 58 y 60 de la Constitución dominicana. Sin embargo, para hacer valer su derecho, el reclamante debe acreditar su procedencia, y cumplir con los requisitos establecidos por algunas leyes particulares.
o) Cabe destacar que el Consejo Nacional de Seguridad Social, como ente responsable de establecer y regular las políticas del funcionamiento y conducción del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), aprobó en la Sesión ordinaria núm. 369, del veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), la ampliación del plazo de prescripción a siete (7) años. En efecto, las nuevas condiciones generales del Contrato de Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia establece en su artículo 2 Sentencia T 431-11, del diecinueve (19) de mayo de dos mil once (2011). décimo lo siguiente: “Prescripción: Se establece una prescripción extintiva de siete (7) años para el asegurado o los beneficiarios a partir de la fecha de concreción de la discapacidad o de ocurrencia del fallecimiento, respectivamente, después de la cual no podrá iniciarse ninguna acción contra LA COMPAÑÍA”.
p) La modificación que antecede constituye un reconocimiento incuestionable de que el anterior plazo de prescripción no era compatible con el principio de razonabilidad previsto en la Constitución, en la medida en que en la nueva normativa el plazo de dos (2) años se aumenta a siete (7) años.
q) En este sentido, procede rechazar el recurso que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por Scotia Crecer AFP, S.A., y Scotia Seguros, S.A., contra la Sentencia núm. 00036-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 00036- 2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciséis (16) de febrero de dos mil quince (2015).
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, Scotia Crecer AFP, S.A., y Scotia Seguros, S.A.; al recurrido, señor Pastor Antonio Fidel Almonte, y a la Procuraduría Administrativa.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0335/16, del 20 de julio de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0335-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.