Sentencia TC/0352/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de septiembre de 2018 · Expediente TC-01-2018-0003
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Fredermido Ferreras Díaz, contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución, de fecha trece (13) de junio de dos mil quince (2015).
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Temas: Principio de supremacia constitucional
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0352/18?
La acción directa de inconstitucionalidad solo procede contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas que enumeran los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11. La disposición transitoria vigésima forma parte de la propia Constitución y, por tanto, no puede ser impugnada por esa vía. La Constitución dominicana no faculta al Tribunal Constitucional para anular disposiciones constitucionales: su modificación solo puede hacerse mediante la reforma constitucional a través de la Asamblea Nacional Revisora (TC/0352/18, numeral 9, 9.8–9.10, pág. 36; TC/0352/18, numeral 9, 9.12–9.14, pág. 37; TC/0352/18, numeral 9, 9.15, pág. 38).
El Tribunal también consideró que conocer de la acción exigiría examinar los criterios que sustentaron las decisiones de la Suprema Corte de Justicia sobre la imposibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución. Como esa cuestión había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, tal examen contravendría el artículo 277 de la Constitución y procedía declarar inadmisible la acción (TC/0352/18, numeral 9, 9.16–9.17, pág. 39; TC/0352/18, numeral 9, 9.19, pág. 41).
Decisión
Declara inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución del 13 de junio de 2015, por la imposibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución. Declara el proceso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“las disposiciones transitorias están integradas al cuerpo de la Constitución” (TC/0352/18, numeral 9, 9.8–9.10, pág. 36).
“ningún órgano constituido, sea autoridad judicial o de otro poder público, puede reformar la Constitución sin la intervención del órgano constituyente” (TC/0352/18, numeral 9, 9.15, pág. 38).
“la imposibilidad de declarar inconstitucional la Constitución ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada” (TC/0352/18, numeral 9, 9.19, pág. 41).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 6, 73, 185.1, 267 a 272 y 277.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 7.11, 36, 39, 40 y 42.
Precedentes que cita el Tribunal
Tribunal Constitucional: TC/0062/12, TC/0150/13, TC/0224/17, TC/0190/13, TC/0189/14 y TC/0181/18.
Suprema Corte de Justicia: sentencias núms. 1 y 2, ambas del 1 de septiembre de 1995; núm. 1 del 7 de agosto de 2002; y núm. 7 del 19 de mayo de 2010.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Cuestión Previa
8.1. Previo al examen de la legitimación para accionar, se impone que este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la situación particular de este expediente, la cual explicamos a continuación.
8.2. El trece (13) de marzo del año dos mil dieciocho (2018) el accionante, señor Fredermido Ferreras Díaz, depositó un “formal desistimiento y solicitud de retiro y archivo definitivo de la instancia directa de inconstitucionalidad”, explicando, entre otras cosas, lo siguiente: A que además entendemos que en principio en toda acción juridicial debe de primar el interés legítimo de quien debe de ser favorecido con una decisión judicial, lo cual no ha ocurrido en la especie, toda vez que el Presidente Constitucional de la República Dominicana está ocupando todo su tiempo a tratar de resolver los grandes problemas nacionales. A que entendemos de que en toda acción política debe primar primeramente el interés nacional más que el interés particular. A que hemos entendido además que, faltando más de 28 meses para las próximas elecciones nacionales, esta discusión que tiene que ver con una posible reelección del presidente de la República son extemporánea y pueden ser sobreseídas para el año preelectoral que es el 2019. A que asimismo hemos podido constatar que el posible beneficiado de nuestra legitima y legal acción jurisdiccional no ha mostrado interés en esta acción ni en permanecer más tiempo en el poder más allá de los cánones legales y constitucionales. A que el retiro de esta acción no implica en modo alguno una modificación de nuestro punto de vista de que la cláusula vigésima de la Constitución Política del año 2015 es una vulneración grosera, fragrante, directa, a los preceptos constitucionales que garantizan el derecho a reelegirse del ciudadano presidente, que dicha cláusula conculca y vulnera sus derechos fundamentales y humanos, que asimismo esta cláusula vigésima es a todas luces inconstitucional y antihumana, por lo que el retiro de nuestra instancia más que una renuncia es un sobreseimiento a que el conocimiento de esta acción sea en tiempo oportuno en el que la sociedad asimile de mejor manera tal discusión. (sic).
8.3. Posteriormente, el veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), el accionante, señor Fredermido Ferreras Díaz, depositó una “instancia adicional y complementaria a la depositada en fecha 22 de febrero 2018” y “solicitud dejar sin efecto el desistimiento y archivo definitivo de esta acción directa de inconstitucionalidad” explicando, entre otras cosas, lo siguiente: En mi “Derecho Constitucional” afirmo que “el juez constitucional puede considerar que una norma constitucional “simple” es contraria al “Derecho Constitucional fundamental” -en caso de que considere que la Constitución puede contener normas de rango desigual- o que una norma constitucional es contraria al ordenamiento supranacional del derecho internacional de los derechos humanos. A que en un sistema de democrático de derecho donde existen tres poderes del estado, donde tanto el ejecutivo como el legislativo son por el voto popular, unipersonal y directo, resulta una vulneración al derecho a la igualdad que los legisladores si tienen una reelección indefinidad, siendo el primer poder del Estado, sin embargo al ejecutivo se les pongan trabas y limitaciones para su reelección, otras vulneraciones al artículo 38 de la Carta Sustantiva y 23 y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. (sic).
8.4. En ese sentido concluyó solicitando: Primero: Dejar sin efecto ni valor jurídico la instancia de desistimiento, retiro y solicitud de archivo de la instancia de inconstitucionalidad depositada en ese honorable tribunal en fecha 15 de febrero del año 2018, habilitada en el expediente marcado con el No. TC-01-2018-0003, por haber desaparecido las causas que lo motivaron, y toda vez de que este honorable tribunal decidido conocer de la acción directa de inconstitucionalidad en fecha 11 de junio del año 2018, ratificando así decisiones de ese mismo tribunal en las sentencias TC 62/12 y TC 228/15). Y por no haberse decidido aun dicho desistimiento. Segundo: Que mediante esta misma instancia adicional y complementaria se ratifiquen los términos y conclusiones de la instancia directa de inconstitucionalidad depositada por el recurrente e impetrante Fredermido Ferreras Diaz, en fecha 15 de febrero 2018, expediente TC-01-2018-0003, acogiendo tantos los argumentos de la demanda principal como de esta instancia adicional y complementaria, en consecuencia: Tercero: Declarar como en efecto declara inaplicable e inconstitucional la vigesima (20) disposición transitoria de la Constitución proclamada en fecha 13 de junio del año 2015, por ser contrarias a los derechos de ciudadanía, fundamentales, humanos, y adquiridos en los artículos 124, 216, 06, 22, 39, 110, 68 y 69 de la Carta Sustantiva, permitiendo así la reelección presidencial del actual mandatario Danilo Medina Sánchez para el período constitucional que se inicia el 16 de agosto del año 2020 y concluye el 16 de agosto del año 2024”. (sic).
8.5. Este tribunal ha establecido previamente que no es indispensable la participación activa del accionante con posterioridad a la interposición de la acción de inconstitucionalidad para que el proceso continúe su curso normal. En tal sentido, el desistimiento del accionante, posteriormente dejado sin efecto por el mismo, no ha de interrumpir el referido proceso constitucional, máxime cuando lo que valora el Tribunal, al enjuiciar la constitucionalidad de una norma, es que esta última sea conforme con la Constitución, asegurando de esa forma la supremacía constitucional, siendo un requisito preponderante para la admisibilidad de la acción que ella sea interpuesta a solicitud de una parte con legitimación para accionar. De tal forma, el proceso constitucional es autónomo y no es necesaria la intervención activa del impugnante para su normal desarrollo. (TC/0062/12).
8.6. Sobre el particular, este Tribunal ha considerado en su Sentencia TC/0062/12 lo siguiente: La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control normativo abstracto de la constitucionalidad, o sea, se realiza con independencia de la aplicación concreta en la realidad, en los casos particulares, de la norma sujeta a examen, con lo cual este modo de control se diferencia del que es propio del amparo dado que en este último se verifica la sustanciación de un juicio en que se dicta una sentencia que surte efectos exclusivamente en la esfera jurídica de quien participa en ese juicio. En cambio, en un proceso de acción directa en inconstitucionalidad el Tribunal se pronuncia en abstracto y con efectos generales sobre si la norma impugnada es o no compatible con la Constitución. Por la naturaleza que es propia de la acción de inconstitucionalidad nada impide al Tribunal adoptar las medidas que fueren necesarias para que los procesos constitucionales avancen, conforme lo dispone el artículo 7.11 de la indicada Ley 137-11 sin que precise de la intervención de las partes, por lo cual el fallecimiento del accionante en modo alguno afecta el normal desarrollo y conclusión del presente caso.
8.7. Como cuestión adicional, este Tribunal estima pertinente referirse a la solicitud de reapertura de debates presentada por el accionante en fecha veinte (20) de agosto de los dos mil dieciocho (2018), que ya se ha descrito precedentemente. Esta solicitud fue recibida en la Secretaria del Tribunal dos (2) meses y nueve (9) días después de que el expediente había sido declarado en estado de fallo en una audiencia a la cual el propio accionante no compareció pese a encontrarse debidamente citado.
8.8. La solicitud del accionante carece de sustento legal pues la ley 137-11 prevé la acción directa como un procedimiento esencialmente abstracto, sin disputa inter- partes e incluso sin el debate oral que caracteriza, por ejemplo, al amparo. Como se indica en los correspondientes párrafos, de los artículos 39 y 40 de la Ley núm. 137- 11, ni la falta de opinión del procurador general de la Republica o de la autoridad de la cual emana la norma o acto impugnado, ni la falta de comparecencia a la audiencia, impiden la tramitación y fallo del expediente. Solo en caso de que el Tribunal Constitucional no se considere suficientemente edificado y opte por requerir los informes mencionados en el artículo 42 de la Ley núm. 137-11, lo que no ocurre en la especie, podría haber una incidencia en el procedimiento.
8.9. Lo que persigue el accionante implica no solo la reapertura de los debates, sino una modificación de la acción. Por incluir nuevos supuestos agravios, aceptar lo planteado por el accionante además llevaría al Tribual a retrotraer el presente expediente al procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley núm. 137-11 y sería necesario volver a notificar la acción al procurador general de la Republica y a la autoridad de la cual emanó la norma impugnada, pues las opiniones emitidas se refieren a la acción originalmente interpuesta y no a las nuevas alegaciones.
8.10. El Tribunal considera que retrotraer el presente expediente a su etapa inicial, como lo plantea el accionante, carece de sustento legal y reglamentario, pero sobre todo de precedente alguno en la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, por lo que la solicitud de fecha veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018) se rechaza sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.
8.11. Por tanto, a pesar de las instancias depositadas por el accionante, el Tribunal procederá́ con el conocimiento de la acción.
9. Análisis de los medios de inadmisión planteados
9.1. Conforme al orden lógico procesal, previo al análisis de las pretensiones contenidas en la presente acción, es preciso ponderar la procedencia o no de los medios de inadmisión de la misma que han sido formalmente invocados, tanto por la Cámara de Diputados de la República Dominicana, así como los amicus curiae, José Miguel Bautista De Jesús, José Gregorio Cabrera y la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales.
9.2. La Cámara de Diputados de la República Dominicana plantea la inadmisibilidad de la acción de que se trata por carecer de objeto, en vista de que las disposiciones contenidas en la Constitución de la República no están dentro del espectro de disposiciones mencionadas en su artículo 185 que tienen vocación a ser atacadas en inconstitucionalidad.
9.3. Por su parte, el amicus curiae, José Miguel Bautista De Jesús, alega que se debe declarar inadmisible la presente acción directa en inconstitucionalidad en contra de la vigésima disposición transitoria de la Constitución, por ser una acción jurídicamente inexistente, pues defender la idea de que “una Constitución sea inconstitucional” y atacarla mediante una acción directa en inconstitucionalidad, resulta irracional y carente de base jurídica, pues los procesos constitucionales son mecanismos especialmente concebidos para la protección de la Constitución y para expresar y hacer valer la supremacía sobre cualquier norma.
9.4. Por último, al respecto, los amicus, José Gregorio Cabrera y la Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, plantean la inadmisibilidad por falta de objeto, agregando que la instancia de inconstitucionalidad carece de fundamento y lógica al pretender no solo minimizar las disposiciones constitucionales sino delimitarlas y pretender adecuarlas a una situación política particular que fue claramente establecida, además de que lo solicitado al tribunal es que, en las atribuciones que le confiere la Constitución, el Tribunal Constitucional desconozca lo que ha decidido la Asamblea Constituyente, pues en su acción aspira a que se revise la Constitución, siendo evidente que cualquier fallo que provenga distinto a la inadmisibilidad de la acción constituirá una revisión y variación del texto constitucional.
9.5. La Constitución dispone en su artículo 6 el carácter supremo de la Carta Sustantiva, a saber: “Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.
9.6. Respecto de este principio este Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0150/13 de doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), dispuso: El principio de supremacía constitucional establecido en las disposiciones del artículo 6 de la Constitución de la República consagra el carácter de fuente primaria de la validez sobre todo el ordenamiento jurídico dominicano, cuyas normas infraconstitucionales deben ceñirse estrictamente a los valores, principios, reglas y derechos contenidos en la Carta Magna. Por tanto, las disposiciones contenidas en la Constitución, al igual que las normas que integran el bloque de la constitucionalidad constituyen el parámetro de constitucionalidad de todas las normas, actos y actuaciones producidos y realizados por todas las personas, instituciones privadas y órganos de los poderes públicos.
9.7. Respecto al objeto de la acción directa, el artículo 185 de la Constitución dispone lo siguiente: Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra materia que disponga la ley.
9.8. De igual forma, la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dispone que: “Artículo 36. Objeto del Control Concentrado. La acción directa de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u omisión, alguna norma sustantiva”.
9.9. En virtud de estos textos, la acción directa de inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, es decir, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas. En este sentido, corresponde verificar si la disposición transitoria vigésima de la Constitución se encuentra dentro de las normas que pueden ser cuestionadas vía la acción de inconstitucionalidad.
9.10. Partiendo de la hermenéutica de los textos transcritos se advierte que solo pueden ser cuestionados vía la acción de inconstitucionalidad las leyes, los decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas; es decir, normas y textos infraconstitucionales, o sea colocados jerárquicamente por debajo de la Constitución; resulta que el objeto de la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa no lo constituye ninguno de los actos anteriormente indicados, ya que las disposiciones transitorias están integradas al cuerpo de la Constitución.
9.11. En efecto, la parte accionante pretende que se controle la constitucionalidad de disposiciones de la propia Constitución. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia, instancia que tenía a cargo conocer las inconstitucionalidades de las normas previo a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), mediante sentencia núm. 1, de primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), publicada en el Boletín Judicial 1018, al conocer de una acción directa que pretendía que se declarase la inconstitucionalidad de todas las modificaciones introducidas a la Constitución en la reforma de catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994), estableció que: Considerando, que las disposiciones de la Constitución no pueden ser contrarias a sí mismas; que las normas constitucionales pueden tener efecto retroactivo y alterar o afectar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior. Precisando la consideración anterior, la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, en su sentencia núm. 2 del primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), B.J. No.1018, Pág. 168, precisó “Considerando, que la acción a que se refiere el artículo 67, inciso 1ero. de la Constitución es sobre la constitucionalidad de las leyes, que ningún texto constitucional puede ser al mismo tiempo inconstitucional (…)”.
9.12. El texto constitucional de trece (13) de junio de dos mil quince (2015), al igual que el de catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994) 1 , 1 Texto constitucional de catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (1994): “Art. 120.- La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma que indica ella misma, y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares”. dispone de forma expresa lo siguiente: “Artículo 267.- Reforma constitucional. La reforma de la Constitución sólo podrá hacerse en la forma que indica ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por aclamaciones populares”. De lo anterior resulta, que el contenido de la Constitución es inimpugnable por medio de demandas de garantías o mediante el ejercicio de procedimientos constitucionales.
9.13. De la lectura del artículo 267 resulta la imposibilidad de que cualquier órgano distinto a la Asamblea Nacional Revisora modifique la Constitución, pues permitir que el Tribunal Constitucional o cualquier órgano del Estado modifique o anule alguna disposición de la Constitución sería usurpar el Poder Constituyente, atentar contra el orden constitucional y democrático perpetrándose un golpe a la Constitución.
9.14. La actuación descrita anteriormente entraría en el ámbito de aplicación del artículo 73 de la Constitución relativo a la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Dicha disposición reza de la manera siguiente: “Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional …”.
9.15. Por otra parte, contrario a lo planteado por el accionante y por el amicus José Sánchez Lebrón, la tendencia de tribunales constitucionales de decidir sobre demandas de inconstitucionalidad de reformas constitucionales, viene dada en razón de que estos han recibido expresamente de la Constitución dicha facultad, tal y como señalo este tribunal mediante sentencia TC/0224/17 de dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017), situación que no se aprecia en la Constitución dominicana, que no señala excepciones y que por tanto veda completamente la posibilidad de conocer una acción directa de inconstitucionalidad en contra de un texto consagrado en la propia Constitución. Adicionalmente, la doctrina ampliamente mayoritaria española, portuguesa, francesa, italiana y alemana, rechazan la posibilidad de que la Constitución pueda ser declarada inconstitucional. Indudablemente, ningún órgano constituido, sea autoridad judicial o de otro poder público, puede reformar la Constitución sin la intervención del órgano constituyente. Esta es una garantía esencial a la vigencia del Estado social y democrático de derecho, uno de cuyos pilares es la Supremacía de la Constitución y el respeto a la soberanía popular. En consecuencia, a la luz de la actual configuración constitucional, el único mecanismo legitimo para modificar las normas y preceptos constitucionales lo es la reforma constitucional, a través de la Asamblea Nacional Revisora, de conformidad a los artículos del 267 al 272 de la Constitución.
9.16. En ese tenor, la decisión antes citada de la Suprema Corte de Justicia 2 , declaró la imposibilidad que las disposiciones de la Constitución sean contrarias a sí misma, activando por tanto la aplicación del artículo 277 de la Constitución, que dispone lo siguiente: (…) todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia.
9.17. Este Tribunal Constitucional, en la Sentencia TC/0190/13, del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013), expresó que del texto transcrito en el párrafo 2 Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 1, de primero (1º) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), publicada en el Boletín Judicial 1018. anterior se infiere que le está vedado revisar las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia que hayan adquirido la autoridad de la cosa juzgada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución, es decir, con anterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). Como se advierte, el texto prohíbe la revisión de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia en cualquier materia, y en especial, a las relativas a las acciones en inconstitucionalidad que es, precisamente, la planteada en la especie.
9.18. Acorde a lo anterior, en la Sentencia TC/0189/14, del veinte (20) de agosto de dos mil catorce (2014), este Tribunal Constitucional estableció que, por las razones ya expuestas, no le es posible revocar las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia, criterio recientemente reiterado mediante la sentencia TC/0181/18, del dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018). Adicionalmente, la Suprema Corte de Justicia en atribuciones constitucionales, con posterioridad a la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), en la sentencia núm. 7 del diecinueve (19) de mayo de dos mil diez (2010), B.J. 1194, pág. 42, confirmó el precedente antes mencionado considerando: Que aun en el caso de que la Ley núm. 70-09 pudiera ser declarada nula, la Constitución de la República, votada y proclamada por la Asamblea Nacional Revisora en fecha 26 de enero de 2010, no sería susceptible de ser anulada por el Tribunal Constitucional, ya que, tal y como ha sido interpretado por este Tribunal, equivaldría a subordinar la Constitución a los poderes que de ella dimanan y regula, con el consiguiente abatimiento de la supremacía de la Constitución, además que se desconocería el artículo 267 de la misma que contiene una prohibición radical y absoluta en este sentido, al consagrar lo siguiente: “La reforma de la Constitución solo podrá hacerse en la forma indicada en ella misma y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder ni autoridad ni tampoco por aclamaciones populares. La Suprema Corte de Justicia, en el año 2010, continuó precisando: Considerando, que la Constitución de la República, una vez proclamada por la Asamblea Nacional, momento a partir del cual entra en vigencia, no puede ser declarada inconstitucional (…). Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia ratificó el criterio sostenido en su sentencia núm. 1, del siete (7) de agosto de dos mil dos (2002), B.J. 1101, pág. 3, relativa a la acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley 73-02 que convocó a la reforma constitucional del veinticinco (25) de julio de dos mil dos (2002).
9.19. Producto de los señalamientos que anteceden, el conocimiento de la presente acción directa de inconstitucionalidad supone determinar la posibilidad de declarar una disposición de la propia Constitución como inconstitucional, lo que requeriría necesariamente un examen de los criterios jurisprudenciales que fundamentan las decisiones que sobre el particular emitió la Suprema Corte de Justicia, con lo cual se incurriría en incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 277 de la Constitución, de ahí que procede declarar inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad, ya que la imposibilidad de declarar inconstitucional la Constitución ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por Fredermido Ferreras Díaz contra la disposición transitoria vigésima de la Constitución, del trece (13) de junio de dos mil quince (2015), en razón de la imposibilidad de declarar inconstitucional la propia Constitución.
SEGUNDO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al accionante, Fredermido Ferreras Díaz, al Procurador General de la República, al Senado de la República, la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y a los intervinientes voluntarios y amicus curiae, respectivamente, José Miguel Bautista de Jesús, José Gregorio Cabrera, Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales y José Sánchez Lebrón.
CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0352/18, del 6 de septiembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0352-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.