Sentencia TC/0190/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 21 de octubre de 2013 · Expediente TC-01-1998-0006, TC-01-1999-0003, TC-01-1999-0008

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana contra la Ley núm. 374-98, de fecha dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de igualdad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0190/13?

La legitimación activa se determina conforme a la Constitución de 1994, vigente al interponerse la acción: la Asociación tenía calidad de «parte interesada» y, por su naturaleza procesal-constitucional, esa calidad constituye una excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal (TC/0190/13, numeral 7, 7.1, pág. 9; TC/0190/13, numeral 7, 7.2, pág. 10). Procedía fusionar las tres acciones porque impugnaban la misma ley y podían resolverse en una sola sentencia (TC/0190/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10). El Tribunal no examinó el artículo 11, ya expulsado del ordenamiento con efectos erga omnes mediante sentencias firmes de la Suprema Corte de Justicia, y entendió que el artículo 18 no contrariaba la personalidad de la pena, pues la sanción recaía en quienes, teniendo capacidad de actuar por la persona moral, habían consentido la comisión del hecho punible (TC/0190/13, numeral 9, 9.3.2–9.3.4, págs. 12–13; TC/0190/13, numeral 9, 9.5.5–9.5.6, pág. 26).

El artículo 2 de la Ley núm. 374-98 vulneraba la libertad sindical al condicionar las pensiones y jubilaciones a la afiliación a un sindicato. También lesionaba la igualdad y el acceso universal a la seguridad social, pues obligaba a aportar a todos los trabajadores del sector, pero reservaba las prestaciones a los sindicalizados (TC/0190/13, numeral 9, 9.3.12–9.3.13, pág. 16; TC/0190/13, numeral 9, 9.3.14–9.4.2, pág. 17; TC/0190/13, numeral 9, 9.4.3–9.4.4, pág. 18; TC/0190/13, numeral 9, 9.4.5–9.4.6, pág. 18). La Ley núm. 87-01 no derogó el régimen especial y el Fondo no se registró ante la Superintendencia de Pensiones. Como las cotizaciones son contribuciones parafiscales, exigir a los mismos empleadores y trabajadores que cotizaran a dos sistemas de pensiones con el mismo objeto configuraba una doble tributación contraria a los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad del artículo 243 de la Constitución (TC/0190/13, numeral 9, 9.4.7–9.4.9, pág. 19; TC/0190/13, numeral 9, 9.4.14–9.4.16, pág. 22; TC/0190/13, numeral 9, 9.4.17–9.4.18, pág. 23; TC/0190/13, numeral 9, 9.4.21–9.5.1, pág. 24).

Decisión

Declara admisibles en cuanto a la forma las acciones y declara no conformes con la Constitución y nulos los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 374-98. Ordena congelar los bienes del Fondo hasta su intervención por el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería de la Seguridad Social, y encarga a esos organismos determinar el destino de los aportes y completar los trámites para determinar la disolución del Fondo; declara el procedimiento libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.

Citas textuales clave

“las sentencias antes señaladas lo expulsaron del ordenamiento jurídico, con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.” (TC/0190/13, numeral 9, 9.3.3–9.3.4, pág. 13)
“al disponer que los beneficios de las pensiones y jubilaciones solo serán aplicables a los trabajadores sindicalizados, crea una medida que constriñe a los trabajadores del sector metalmecánico, metalúrgico y minero a pertenecer a un sindicato” (TC/0190/13, numeral 9, 9.3.12–9.3.13, pág. 16)
“contribuir en dos sistemas de pensiones que tienen un mismo objeto configura la existencia de una doble tributación.” (TC/0190/13, numeral 9, 9.4.14–9.4.16, pág. 22)

Normas interpretadas

Constitución de 1994: régimen de legitimación de la «parte interesada».

Constitución de 2010: arts. 39.3, 40.14, 60, 62.4, 243 y 277; art. 18 citado en el dispositivo.

Ley núm. 374-98: arts. 2 a 6, 11 y 18. Ley núm. 87-01: arts. 13, 14 y 41. Ley núm. 137-11: arts. 3, 7 y 7.6.

Bloque de constitucionalidad: art. 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; arts. 8.1.a y 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; arts. 2, 8 y 11 del Convenio núm. 87 y Convenio núm. 98 de la OIT.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0028/12, TC/0032/12, TC/0033/12 y TC/0067/13; sentencias núms. 17 y 18 de la Suprema Corte de Justicia, de 2000; Corte IDH, caso Huilca Tecse y sentencia Serie C núm. 167, caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Legitimación activa

7.1. En lo relativo a la calidad de la Asociación de Industrias de la República Dominicana para accionar en inconstitucionalidad contra la Ley núm. 374-98, del dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), es preciso destacar que la acción fue interpuesta en fecha seis (6) de noviembre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), por lo que debe aplicarse aquí el criterio sentado por este tribunal constitucional en las sentencias números TC/0013/12 del 10 mayo de 2012; TC/0017/ del 13 de junio de 2012; TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12, del 21 de junio de 2012, respectivamente; TC/0027/12 del 5 de julio de 2012; TC/0028/12 del 3 de agosto de 2012; TC/0032/12 y TC/0033/12, del 15 de agosto de 2012, pues el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año mil novecientos noventa y ocho (1998), la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de 1994 que admitía las acciones incoadas por parte interesada y no podría este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo cuando la calidad es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.

TC/0190/13, numeral 7, 7.1, pág. 9 — PDF oficial

7.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal- constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual la accionante, Asociación de Industrias de la República Dominicana, se encontraba revestida de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad por vía principal en el caso que nos ocupa, al ser una “parte interesada”.

TC/0190/13, numeral 7, 7.2, pág. 10 — PDF oficial

8. Fusión de expedientes

8.1. Este Tribunal ha podido advertir que la accionante, Asociación de Industrias de la República Dominicana, interpuso tres (03) acciones directas de inconstitucionalidad contra la Ley núm. 374-98, del dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), las cuales están identificadas mediante los expedientes números Nos. TC-01-1998-0006, TC- 01-1999-003 y TC-01-1999-008.

8.2. En ese sentido, la fusión de expedientes es una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididas por una misma sentencia. En el caso ocurrente, las acciones formuladas están orientadas a la nulidad por inconstitucionalidad del mismo acto, razón por la cual procede como al efecto, disponer la fusión de los expedientes.

TC/0190/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad de la acción

9.1. En el presente caso, la accionante, a través de instancia depositada en fecha seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), y el escrito de motivaciones adicionales de fecha cinco (05) de agosto de 1999, somete una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra la Ley núm. 374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, por alegadamente vulnerar los principios de igualdad, de libertad sindical y de la personalidad de las penas, que en la anterior Constitución se encontraban previstos en los Arts. 8.5 (actual artículo 40.15), 8.11.a (actual Art. 62.4) y 102 (actual Art. 40.14).

9.2. Como puede advertirse, al momento de incoarse la presente acción no había entrado en vigencia el Sistema Dominicano de Seguridad Social instituido por la Ley núm. 87-01, cuya aplicabilidad tiene un carácter de alcance general y de orden público, siendo promulgada el nueve (09) de mayo de dos mil uno (2001), todo lo cual ocurre mientras el presente caso se encontraba todavía pendiente de fallo en la Suprema Corte de Justicia; de ahí que al haber sido adoptada una nueva legislación concerniente al tema de la seguridad social de los trabajadores, resulta necesario determinar, para el examen de la presente acción, el impacto que ha tenido la misma en relación con la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley núm. 374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, análisis que se hará a la luz de la Constitución de 2010.

9.3. Sobre la alegada violación al principio de libertad sindical

TC/0190/13, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 11 — PDF oficial

9.3.1. La parte recurrente en el contexto de su instancia alega que los artículos 2 y 11 de la impugnada Ley núm. 374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, al disponer, por un lado, que serán beneficiados por el sistema de pensión y jubilación que esta instituye solo los trabajadores que estén sindicalizados, y por el otro, que la representación de los trabajadores ante el Consejo Técnico de Administración y Control de los Fondos aportados a través de la referida ley, serán únicamente los pertenecientes a los sindicatos que existan a la fecha de la promulgación de la misma, violenta el principio de libertad sindical dispuesto en el artículo 8.11.a de la Constitución (actual Art. 62.4).

9.3.2. Poco tiempo después de que este caso quedó en estado de fallo, la Suprema Corte de Justicia, en el ejercicio del control concentrado de constitucionalidad, emitió sendas sentencias en las cuales se pronunció sobre algunos aspectos contenidos en la presente acción directa de inconstitucionalidad. En efecto, en las Sentencias núm. 17, de fecha 23 de agosto del 2000, y la núm.18 de, fecha 19 de julio del mismo año, el otrora tribunal de control de la constitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad erga omnes, del artículo 11 de la Ley Núm.374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera referida, y al mismo tiempo reconoció que el Art. 2 de la indicada ley es inconstitucional, aunque optó por realizar un control de legalidad y no de constitucionalidad, como era su deber, aduciendo que tal disposición carecía de eficacia por contradecir los Arts. 17 de la mencionada ley y el Principio VIII Fundamental del Código de Trabajo.

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.1–9.3.2, pág. 12 — PDF oficial

9.3.3. Por lo precedentemente expuesto, este tribunal constitucional prescindirá del examen del artículo 11 de la Ley Núm.374-98, por cuanto las sentencias antes señaladas lo expulsaron del ordenamiento jurídico, con carácter de la cosa irrevocablemente juzgada.

9.3.4. En este mismo sentido, cabe indicar que el Art. 277 de la Constitución dispone: todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia, razón por la cual al haber sido ejercido el control de constitucionalidad del referido Art. 11 de la Ley Núm.374-98, en modo alguno puede este Tribunal Constitucional controlar la constitucionalidad de una disposición inexistente, dado que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia, por un lado. Y por el otro, ambas sentencias adquirieron la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.3–9.3.4, pág. 13 — PDF oficial

9.3.5 En lo relativo a la supuesta violación al principio de libertad sindical contenida en el artículo 2 de la Ley núm.374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, el cual dispone que serán beneficiados por este sistema de pensión y jubilación solo los trabajadores que estén sindicalizados, cabe señalar que al quedar dispuesto en el contexto del artículo 62.4 de la Constitución la libertad sindical como uno de los derechos principales que configuran el derecho fundamental del trabajo, lo hizo en los siguientes términos: “la organización sindical es libre y democrática (…)”; por tanto, el mismo debe ser concebido como el derecho que tienen los trabajadores de constituir o afiliarse a una organización sindical de forma libre, lo que implica que a éstos no se les puede impedir el acceso a la organización sindical, ni se les puede exigir que se afilien a un determinado sindicato. 9.3.6.- En ese mismo orden, el artículo 2 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1 , relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación 2 suscrito en Ginebra, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos cuarenta y ocho (1948) establece que: “los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a esas organizaciones con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.5, pág. 13 — PDF oficial

9.3.7. Asimismo, el Art. 8.2 del referido convenio impide a la legislación nacional menoscabar las garantías previstas por el referido Convenio y en su Art. 11 también consigna lo siguiente: “Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación 3 ”.

9.3.8. A este tribunal constitucional le asiste el deber de ejercer en adecuado control de convencionalidad, de conformidad con los Arts. 3 y 7 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por lo que deben ser observadas también a las disposiciones del artículo 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, máxime cuando “la Corte considera que el ámbito de protección del artículo 16.1 1 Ratificado por la República Dominicana el 05 diciembre 1956. 2 Ver también el C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva adoptado en la 32ma. Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra el 1ro de julio de 1949, ratificado por la República Dominicana el 22 septiembre 1953. 3 El subrayado es nuestro. incluye el ejercicio de la libertad sindical” 4 . En efecto, también en el caso Cantoral Huanamí y otra Vs. Perú, la Corte tuvo oportunidad de tratar algunos aspectos del derecho de asociación y sus alcances en materia de derecho a la libertad sindical 5 .

9.3.9. Además, el Art. 8.1.a del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 6 , que dispone lo siguiente: “1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.7–9.3.9, pág. 14 — PDF oficial

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos…

9.3.10. El referido Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 7 en el Art. 8.2.3 expresa: Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los Estados partes en el Convenio de la organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías 8 . 4 Caso Huilca Tecse, párr. 144. 5 Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C Nº 167. 6 Ver también Art. 21 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado el 4 de enero de 1978. 7 República Dominicana se adhirió el 4 de enero de 1978. 8 Véase también Art. 22.3 del referido Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

9.3.11 Las mencionadas convenciones internacionales, las que han sido suscritas por la República Dominicana, categóricamente niegan la posibilidad de limitar este derecho de libertad sindical, razón por la cual no podrán imponerse otras restricciones a su ejercicio que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos.

TC/0190/13, numeral 9, a–9.3.11, pág. 15 — PDF oficial

9.3.12. De la aplicación combinada del artículo 62.4 de la Constitución, los artículos 16.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; Arts. 8.1 a y 8.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Art. 22 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los Arts. 2, 8 y 11 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y del Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva también de la OIT, este tribunal constitucional verifica que el Art. 2 de la Ley núm. 374-98, es una disposición no convencional, que produce por sí misma una responsabilidad internacional del Estado 9 . Para cumplir con las obligaciones derivadas de la suscripción y ratificación de los convenios internacionales, los Estados deben adecuar sus disposiciones contenidas en las normas del derecho público interno, de tal suerte que impidan que el efecto útil de las convenciones y tratados internacionales se vea reducido o anulado por la aplicación de una ley que es contraria a sus disposiciones, objeto y fin.

9.3.13. En el caso que ocupa la atención de este Tribunal, el artículo 2 de la atacada Ley núm.374-98, al disponer que los beneficios de las pensiones y jubilaciones solo serán aplicables a los trabajadores sindicalizados, crea una medida que constriñe a los trabajadores del sector metalmecánico, metalúrgico y minero a pertenecer a un sindicato, lo que vulnera la libertad sindical establecida en la Constitución y en las convenciones internacionales sobre 9 (Voto razonado de Juez García, CIDH: 2003). derechos humanos y del derecho del trabajo, de las cuales el Estado dominicano es signatario.

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.12–9.3.13, pág. 16 — PDF oficial

9.3.14. En vista de lo antes expuesto, el artículo 2 de Ley núm.374-98, deviene en inconstitucional toda vez que violenta el principio de libertad sindical dispuesto en el artículo 62.4 de la Constitución, así como las referidas convenciones internacionales, por lo que deviene en nula.

9.4. Sobre la alegada violación al principio de igualdad, legalidad, justicia y equidad

9.4.1. La parte recurrente sostiene que la referida Ley núm.374-98 vulnera el principio de igualdad dispuesto en el artículo 8.5 de la Constitución vigente al momento de interponerse la acción (actual artículo 39.3), porque crea un impuesto que grava las actividades de las empresas del ramo metalmecánico, metalúrgico y minero, así como a todos sus trabajadores, en provecho exclusivo de los trabajadores sindicalizados de dicho sector.

9.4.2. Sobre el particular, este tribunal constata que las disposiciones de la Ley núm.374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, ha creado un sistema contributivo general preferencial de pensión y jubilación de carácter excluyente y desigual, al amparo del cual todos los trabajadores deben realizar sus aportaciones, siendo los únicos beneficiarios del sistema aquellos trabajadores del sector que estén sindicalizados, estableciendo un sistema asistencial de vejez, discapacidad y sobrevivencia (Sistema de Pensión y Jubilación) que sólo beneficia a una categoría de trabajadores del referido ramo y deja desprotegidos a aquellos otros trabajadores que no estén sindicalizados.

TC/0190/13, numeral 9, 9.3.14–9.4.2, pág. 17 — PDF oficial

9.4.3. La configuración de ese sistema contributivo general preferencial a favor de los trabajadores sindicalizados frente a los no sindicalizados del indicado sector laboral, ha quedado dispuesto, básicamente por la aplicación del artículo 2 de la Ley núm.374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, la cual dispone que la sustentación de los servicios sociales de pensiones y jubilaciones solo irá en beneficio de todos los trabajadores sindicalizados de ese renglón laboral.

9.4.4. En ese sentido, se puede colegir que la disposición de la impugnada Ley núm.374-98, violentan el principio de igualdad consagrado en el artículo 39.3 de la Constitución, por cuanto se instituye la creación de un fondo de pensión que solo protege y beneficia a aquellos trabajadores que estén sindicalizados, lo que, por un lado, genera la existencia de una discriminación por razones de condición personal frente aquellos trabajadores de ese sector que no están sindicalizados, y por el otro, vulnera el deber que tiene el Estado de promover las condiciones jurídicas que procuren la existencia de una igualdad real y efectiva que tienen los trabajadores no sindicalizados a percibir la misma protección asistencial de pensión y derechos de representación que ostentan los trabajadores sindicalizados en el contexto de aplicación de la referida Ley.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.3–9.4.4, pág. 18 — PDF oficial

9.4.5. Además de violentar la Ley núm.374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, el principio de igualdad dispuesto en el artículo 39.3, de la Constitución, vulnera también el derecho de accesibilidad universal al derecho de seguridad social que tiene toda persona, de asegurársele una adecuada protección y asistencia por discapacidad, desocupación y vejez dispuesto en el artículo 60 de nuestra Carta Magna, toda vez que la aplicación de la disposición del artículo 2 de dicha ley restringe la accesibilidad a las prestaciones asistenciales establecidas en su contexto, a los trabajadores del ramo metalmecánico, metalúrgico y minero que no estén sindicalizados.

9.4.6. Por otro lado, conviene no perder de vista que durante el tiempo en que el presente caso estuvo pendiente de fallo ante la Suprema Corte de Justicia, el régimen jurídico de la Seguridad Social en la República Dominicana fue transformado, con la entrada en vigencia de la Ley Núm.87-01, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la que en sus artículos 13 y 14 establece un régimen general administrativo y de aportación de los seguros asistenciales de vejez, discapacidad y sobrevivencia, por lo cual instituye un sistema de cotizaciones de carácter general y obligatorio a cargo de todos los empleadores y trabajadores del país.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.5–9.4.6, pág. 18 — PDF oficial

9.4.7. Por lo precedentemente expuesto, este tribunal constitucional ha determinado que al no haber sido derogada la Ley núm.374-98 por la referida Ley núm.87-01, y permanecer vigente el sistema contributivo y de administración instituido en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6, de la indicada ley núm.374-98, se ha generado un régimen de doble cotización a cargo de los empleadores y trabajadores del sector metalmecánico, metalúrgico y minero, dado que están obligados a contribuir en dos sistemas de pensiones diferentes que tienen un mismo objeto.

9.4.8. Antes de entrar al examen constitucional de la posible doble tributación conviene hacer las precisiones de lugar en orden a establecer que las cotizaciones que se realizan en el contexto del Sistema Dominicano de Seguridad Social, se encuadran dentro de la terminología de los tributos.

9.4.9. En ese sentido, este tribunal constitucional mediante la Sentencia TC/0067/13, adoptó la siguiente definición: que los tributos, constituyen prestaciones obligatorias que el Estado exige en virtud de su potestad de imperio, dentro de los más estrictos cánones de la juricidad, y que tiene como finalidad suprema la atención de los gastos públicos y el pleno cumplimiento de los fines políticos, económicos y sociales del Estado 10 . En esa misma sentencia, este tribunal adoptó el criterio de que el matiz principal bajo el cual al Estado se le ha otorgado la potestad de imponer tributos a sus ciudadanos, es con el fin de que se provea de los recursos económicos necesarios para dar cumplimiento a cada una de las obligaciones políticas, económicas y sociales de la nación.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.7–9.4.9, pág. 19 — PDF oficial

9.4.10. Pero esa potestad de imperio que tiene el Estado en la fijación de los tributos, no está únicamente supeditada a tener por finalidad la captación directa en el erario público de los recursos económicos para la obtención de los gastos públicos realizables para el cumplimiento de sus obligaciones políticas, económicas y sociales, sino que además el Estado, en virtud de esa misma potestad de imperio, puede establecer, a cargo de los ciudadanos, obligaciones prestacionales que estén encaminadas a cubrir cargas o necesidades públicas determinadas, cuyos ingresos no entran a las arcas públicas, sino que son destinados directamente a órganos especializados de carácter público, privado o mixto, para que lo administren y gasten bajo la fiscalización o no de una de sus entidades públicas, denominándose a este clase de tributos “contribuciones parafiscales”.

9.4.11. Conforme a la doctrina más socorrida, esta clase de tributos están caracterizados por no ingresar a las tesorería estatales, sino que son percibidos directamente por los órganos recaudadores que están llamado a administrarlos; tampoco son incluidos en los presupuestos estatales, y no son recaudados por los organismos o entidades encargadas de recolectar las 10 Trejo Velásquez, Alfonzo. Ingresos Públicos y el Principio de la Sincronía Social y Cultural de los Impuestos. Volumen 7, Biblioteca Digital de Humanidades, Universidad de Veracruzana, Dirección General del Área Académica de Humanidades, 2010, página 24. obligaciones fiscales del Estado. Pero en su esencia guarda relación con los demás tributos, por el hecho de que es impuesto de forma unilateral por parte del Estado, con el objeto de financiar las cargas y necesidades colectivas públicas 11 .

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.10–9.4.11, pág. 20 — PDF oficial

9.4.12. Las contribuciones parafiscales recaen siempre sobre servicios públicos generales divisibles, las cuales deben ser pagadas en proporción al beneficio que se obtiene u obtendrá, diferenciándose de la concepción stricto sensu del impuesto, por fijarse éste para la satisfacción de servicios públicos generales indivisibles, o cuando el interés público general reclame la satisfacción de servicios públicos divisibles o particulares, sin que se procure en su esencia que el individuo reciba una contraprestación o beneficio directo e inmediato; de la tasa, por cuanto ésta se exige por la prestación de servicios públicos particulares, sin importar que el individuo reciba una ventaja o beneficio individual, sino que únicamente esta debe guardar cierta relación con el sujeto de la obligación por cualquier circunstancia que lo vincule jurídicamente con el servicio público instituido; y de las contribuciones generales, ya que estas tienen como hecho imponible la percepción de un beneficio o de un aumento de valor de los bienes del individuo proveniente de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos 12 .

9.4.13. En virtud de las diferencias antes señaladas, se puede colegir que las contribuciones parafiscales son una categoría de tributos que tienen elementos recaudatorios y constitutivos generadores propios, que las individualizan y las diferencian del impuesto, la tasa o las contribuciones generales. 11 Véase Héctor B. Villegas. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario -9ª Edición, ampliada y actualizada-. Editorial: Astrea. Edición 2005. 12 Sierra Noguero, Eliseo. Curso de Derecho Mercantil. 4ta Edición, Universitat Autonoma de Barcelona, 2009, Barcelona, página 33.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.12–9.4.13, pág. 21 — PDF oficial

9.4.14. En ese sentido, por tener las cotizaciones que realizan los empleadores y trabajadores al sistema de seguridad social las características de una prestación impuesta de forma unilateral por el Estado, que no ingresa a su tesorería, ni está consignada en su presupuesto, sino que es recibida| de forma directa por los entes administradores de los fondos aportados y no por los organismos encargados de la administración fiscal del Estado, se tratan de contribuciones parafiscales.

9.4.15. Por lo antes expuesto, las contribuciones parafiscales han de ser fijadas observando los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad que el artículo 243 de la Constitución dispone para la fijación de todos los tributos que cada ciudadano y ciudadana deben honrar para el mantenimiento de las cargas públicas. En la especie, se trata de obligaciones prestacionales que están encaminadas a cubrir cargas o necesidades públicas determinadas, como es la de garantizar el derecho a la seguridad social de los trabajadores del sector metalmecánico, metalúrgico y minero, pero contribuir en dos sistemas de pensiones que tienen un mismo objeto configura la existencia de una doble tributación.

9.4.16. Este Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de referirse al fenómeno de la doble imposición en su sentencia TC/0017/12, del 13 de junio del 2012, en la cual estableció: La doble tributación o doble imposición se genera en el caso de la especie, cuando se confunden entre sí leyes tributarias que exigen, respecto de un mismo contribuyente, el pago de diversos impuestos, todos destinados a satisfacer la misma materia gravable, es decir, generados por un mismo concepto, perjudicando al contribuyente, pues se le obliga a aportar al Estado en condiciones que no son de justicia y equidad.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.14–9.4.16, pág. 22 — PDF oficial

9.4.17. En ese sentido, las diferentes formas de cotizaciones que se implementen en el contexto operativo del Sistema Dominicano de Seguridad Social deben observar los mismos principios constitucionales aplicables a todos los tributos que el Estado impone a sus ciudadanos, es decir, de legalidad, justicia, igualdad y equidad.

9.4.18. En virtud de lo antes expuesto, en el caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional, al coexistir en la actualidad, de cara a los empleadores y trabajadores del sector productivo Metalmecánico, de la Industria Metalúrgica y Minera, la exigencia de tener que cotizar para el sistema creado por la Ley núm.87-01, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la cual tiene un carácter universal general aplicable a todos los administrados, y al mismo tiempo deban también cotizar por la Ley núm. 374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, se está produciendo en esa categoría de empleadores y trabajadores la obligación de tributar un mismo tipo de contribución parafiscal ante dos entidades diferentes, vulnerándose no sólo el principio de igualdad tributaria, sino de legalidad, justicia y equidad, dispuesto en el artículo 243 de la Constitución.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.17–9.4.18, pág. 23 — PDF oficial

9.4.19. Observando la aplicación del principio de igualdad tributaria, que exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis, en tanto que garantía de no discriminación, el legislador dispuso al momento en que se abocó a crear la Ley núm.87-01, que instituye el Sistema Dominicano de Seguridad Social, la inclusión en su artículo 41, de un procedimiento de evaluación y adecuación que estuviera destinado a incluir dentro de ese sistema general aquellos planes de pensión creados por leyes específicas para que estas se sometan a las políticas generales de recaudación, inspección, control y fiscalización creadas por esa nueva legislación.

9.4.20. Este tribunal constitucional en aras de una mayor edificación y en atención al principio de oficiosidad solicitó a la Superintendencia de Pensiones que informara respecto del status jurídico de los fondos de pensiones creados por leyes especiales, entre los cuales se encuentra el que ocupa nuestra atención, expresando dicho organismo, entre otras cosas lo siguiente: Ninguno de estos planes creados por ley cumplieron con los registros se la SIPEN en el plazo de 4 años a partir de la vigencia de la Ley núm.87-01 y el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha dictado ninguna norma a los fines de registro o de certificados de reconocimiento en las condiciones antes señaladas. Se indica, además, que para su reconocimiento y mantenimiento como tales, debían registrarse conforme se indicó precedentemente 13 . De ahí que el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera ha estado operando al margen de la regulación y supervisión de pensiones.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.19–9.4.20, pág. 23 — PDF oficial

9.4.21. De lo anterior se desprende que tanto los empleadores como los trabajadores del referido sector deben cotizar, tanto al amparo de la Ley núm.87-01 como de la Ley núm. 374-98, debido a que, como ya se indicó, el referido fondo nunca se registró en la Superintendencia de Pensiones, y no se acogió a sus normas reglamentarias operacionales, debiendo sus afiliados cotizar en el régimen previsional del sector como en el de la Ley núm. 87-01, emitida con posterioridad, y que por demás tienen un carácter general y de orden público.

9.4.22. Al crearse en la implementación de la Ley núm.374-98, una desigualdad tributaria directa, a cargo de los empleadores y trabajadores del sector Metalmecánico, Metalúrgico y Minero, por tener estos que tributar doblemente, se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad, legalidad, justicia y equidad tributaria dispuesto en el artículo 243, por no ser justo y 13 Superintendencia de Pensiones. Consultoría Jurídica. Oficio 0779 del 10 de junio del 2013. equitativo el que esta legislación grave más de lo debido la situación impositiva de ese grupo de individuos frente a los demás.

9.5. En cuanto a la alegada violación al principio de personalidad de la pena

9.5.1. El recurrente alega que el artículo 18 de la Ley núm. 374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos es contrario a la Constitución, al establecer lo siguiente: “todo dueño gerente o administrador, etc., que no dé cumplimiento cabal de la presente ley será sancionado con pena de seis (6) meses de prisión y al pago de una multa de dos veces igual a la cantidad que tenga obligación de pagar”.

TC/0190/13, numeral 9, 9.4.21–9.5.1, pág. 24 — PDF oficial

9.5.2. Cada nueva violación por la misma persona física o moral tendrá como consecuencia la duplicación de la pena; sostiene como fundamento el recurrente que la disposición es inconstitucional, ya que la misma viola el principio de personalidad de la pena, al hacer responsable penalmente al representante por el hecho cometido por las personas morales; señalan, por demás que las personas morales no pueden ser responsable penalmente por la imposibilidad de ejecutar sobre estos una pena.

9.5.3. Es preciso señalar que el derecho penal, en su proceso evolutivo, se ha caracterizado por una concepción individual y personal de la pena y así fue concebido por el constituyente en el numeral 14 del artículo 40 de la Constitución de la República; empero, como es bien sabido, la finalidad de la sanción penal es por la actividad delictual que se comete al momento de la referida actividad, que en el caso de las personas morales no son cometidas por estas, sino por quienes detentan en su poder la capacidad de acción.

9.5.4. La Ley núm. 374-98, que instituye el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, en su artículo 18 precedentemente trascrito, trae como sanción penal el incumplimiento a la presente ley, pero ello tiene su razón de ser en la función coactiva que tiene el derecho penal, y la referida sanción de prisión no puede recaer sobre las personas morales, ya que las mismas no tienen ese poder de acción reprochable, además de que dichas personas jurídicas son una ficción, por lo que ésta debe recaer sobre los dueños administradores o representantes, que son los que violentan la normativa, y por tanto, son los responsables.

TC/0190/13, numeral 9, 9.5.2–9.5.4, pág. 25 — PDF oficial

9.5.5. Es evidente que la posibilidad de sancionar penalmente a los dueños, gerentes, representantes y administradores de las personas morales, debe estar dispuesta de forma expresa en el contenido de las leyes, las cuales en su contexto deben permitir la presunción de que el hecho punible sea atribuible a ellas, por ser éstas quienes tienen la capacidad para motorizar la comisión del hecho.

9.5.6. En ese sentido, al disponerse en el ámbito penal que la violación a la ley producida por las personas morales está a cargo de sus dueños, gerentes, representantes y administradores, no debe entenderse que esa presunción es contraria a la Constitución, por el hecho de que en virtud del principio de la personalidad de la pena, el ilícito no es cometido por la persona moral, sino que el mismo recae sobre los dueños, gerentes, representantes y administradores, por haber dado su aceptación en la comisión del hecho que la ley cataloga como punible. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustitutita; y de los magistrados Jottin Cury David y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto e Idelfonso Reyes; así como el disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional

TC/0190/13, numeral 9, 9.5.5–9.5.6, pág. 26 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por la Asociación de Industrias de la República Dominicana contra la Ley núm.374-98, del dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998).

SEGUNDO: DECLARAR no conforme con la Constitución de la República los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm.374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, por violar los principios de igualdad, legalidad, justicia y equidad tributaria, dispuestos en los artículos 18, 62.4 y 243 de la Constitución y el bloque de constitucionalidad, al establecer un régimen de doble cotización a cargo de los empleadores y trabajadores del sector metalmecánico, metalúrgico y minero.

TERCERO: DECLARAR la NULIDAD de los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm.374-98, que crea el Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, por los motivos antes expuestos.

CUARTO: ORDENAR a las entidades de intermediación financiera que operen en el territorio nacional la congelación de los bienes financieros y económicos pertenecientes al Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, hasta que los mismos sean intervenidos por el Consejo Nacional de Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería de la Seguridad Social.

QUINTO: ORDENAR al Consejo Nacional de Seguridad Social, a la Superintendencia de Pensiones y a la Tesorería de la Seguridad Social, determinar el destino final de los valores económicos que han sido aportados al Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos por parte de los empleadores y trabajadores de ese sector, así como completar los procesos administrativos y normativos para la determinación de la disolución del Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos.

SEXTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm.137-11, del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la Asociación de Industrias de la República Dominicana, al Fondo Nacional de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos, de la Industria Metalúrgica y Minera, a la Superintendencia de Pensiones, a la Superintendencia de Bancos, a las entidades de intermediación financiera que operen en el territorio nacional y a la Procuraduría General de la República.

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0190/13, del 21 de octubre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0190-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.