Sentencia TC/0375/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de septiembre de 2019 · Expediente TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039
Relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio A. Castillo Semán, Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11- 2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
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Temas: Derecho al voto libre · Derecho de ciudadanía · Principio de soberanía popular
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0375/19?
El Tribunal fusionó los expedientes por su conexidad y objeto común, en aplicación de los principios de celeridad y efectividad, y reconoció el interés legítimo y jurídicamente protegido de los ciudadanos en su calidad de electores y de la Fuerza Nacional Progresista en su condición de partido que postula candidaturas. La acción directa de inconstitucionalidad no admite medidas cautelares y exige cargos constitucionales ciertos, específicos y pertinentes: la mera enunciación de la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13 no permite examinar la impugnación formulada contra ellos. La acción contra la Resolución núm. 11-2015 perdió interés y objeto porque la resolución era transitoria y agotó sus efectos al concluir el proceso electoral de 2016 (TC/0375/19, numeral 7, a, pág. 42; numeral 7, b, pág. 43; numeral 9, a, pág. 43; numeral 9, b, pág. 44; numeral 9, c, pág. 44; numeral 9, d, pág. 45; numeral 10, a, pág. 45; numeral 10, c, pág. 47; numeral 10, d–10.3, pág. 49; numeral 10, b, pág. 50; numeral 10, d, pág. 51; numeral 10, e, pág. 52).
En cuanto al fondo, el legislador podía diferir hasta 2020 la aplicación municipal del voto preferencial. Esta modalidad no vulnera el sufragio universal y directo: en las circunscripciones plurinominales es razonable sumar el voto marcado por el partido a su total para distribuir los escaños y, después, determinar por voto preferencial qué candidatos los ocupan. El método D’Hondt satisface las exigencias de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad, sin vulnerar el derecho a ser elegido ni la representación de las minorías. Distinto es el efecto del párrafo del artículo 2: atribuir automáticamente al candidato a senador del mismo partido el voto preferencial por un candidato a diputado restringe irrazonablemente la libertad de sufragio. El Senado y la Cámara de Diputados son cuerpos separados, con sistemas de escrutinio distintos, y el elector debe poder escoger por separado sus candidaturas, incluso si pertenecen a partidos distintos (TC/0375/19, numeral 11, b, pág. 52; numeral 11, c, pág. 63; numeral 11, d, pág. 64; numeral 11, e–f, pág. 58; numeral 11, g, pág. 58; numeral 11, h, pág. 59; numeral 11, i–b, pág. 60; numeral 11, c, pág. 60; numeral 11, d, pág. 61; numeral 11, g, pág. 68; numeral 11, h, pág. 69; numeral 11, i, pág. 69; numeral 11, j, pág. 70).
Decisión
En los fundamentos aportados, el Tribunal dispone la fusión de los expedientes, declara inadmisibles la solicitud cautelar, la impugnación de la Resolución núm. 11-2015 y la acción de Josefina Guerrero y compartes respecto de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13; desestima los medios contra la aplicación diferida del voto preferencial municipal, el cómputo del voto marcado por el partido y el método D’Hondt. El Tribunal concluye que el arrastre senatorial previsto en el párrafo del artículo 2 vulnera la libertad de sufragio, pero el fragmento no incluye el dispositivo que formaliza esa conclusión.
Citas textuales clave
“una vez finalizado el proceso electoral a cuya vigencia se contrae la resolución electoral impugnada, la misma desaparece del sistema jurídico y, por ende, toda acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ella carece de interés y de objeto procesal.” (TC/0375/19, numeral 10, d, pág. 51)
“Por consiguiente, la utilización y aplicación legal del método D´Hondt supera con creces el test de regulación legítima, pues no transgrede el derecho al sufragio pasivo o a ser elegido y, por ende, es conforme al artículo 22.1 de la Constitución de la República.” (TC/0375/19, numeral 11, i–b, pág. 60)
“Ello significa, como puede colegirse, que lo dispuesto en el párrafo del artículo 2 de le Ley núm. 157-13 condiciona, irrazonablemente, la voluntad del elector, al impedirle que pueda –si así quisiere– fraccionar su voto, al optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de partidos distintos.” (TC/0375/19, numeral 11, j, pág. 70)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 22 (en particular, 22.1), 74.2, 77, 109, 125, 129, 185.1, 208, 209.2, 211 y 216. El literal j de la pág. 70 menciona el artículo 128 al referirse al derecho al sufragio, que el literal i de la pág. 69 identifica con el artículo 208.
Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.4, 36 y siguientes, 37 y 54.8; artículo 38 de la ley orgánica, identificada como «Ley núm. 17-11» en el pasaje correspondiente.
Ley núm. 157-13: artículos 1 (párrafo II), 2 y su párrafo, y 4.
Ley núm. 275-97: artículo 6, literal f.
Código Civil: artículo 1.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0094/12, TC/0068/12, TC/0200/13, TC/0197/14, TC0077/15, TC/0112/15, TC/0150/13, TC/0359/14, TC/0061/17, TC/0465/18, TC/0025/13, TC/0386/14, TC/0170/13, TC/0050/13, TC/0031/13, TC/0145/16, TC/0152/13 y TC/0389/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Fusión de expedientes u acumulación de acciones
a. La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero constituye una práctica de los tribunales de derecho común. Esta es ordenarla cuando entre dos demandas o dos recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal. En este sentido, conviene destacar que en su Sentencia TC/0094/12, de veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal indicó que la fusión de expedientes constituye: “[…] una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia”.
b. La fusión de expedientes en los casos pertinentes, como en la especie, resulta procedente dentro del ámbito de la justicia constitucional, en razón de que es coherente con el principio de celeridad y el principio de efectividad previstos, de manera respectiva, en los artículos 7.2 y 7.4 de la Ley núm. 137-11. En tal virtud, y al tratarse de expedientes que persiguen un mismo objeto [anular, por alegada inconstitucionalidad, los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013)], se dispone la acumulación de las acciones y la fusión de los expedientes relativos al presente caso, marcados con los números TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018- 0039, sin necesidad de hacer constar esta decisión en el dispositivo de la presente sentencia.
9. Legitimación activa o calidad de los accionantes
a. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa en inconstitucionalidad está establecida en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). núm. 137-11; textos que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.
b. En ese orden de ideas, los accionantes Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Vinicio Castillo Semán, Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte son ciudadanos dominicanos con pleno derecho al sufragio, lo que significa que las disposiciones legales impugnadas les conciernen como votantes, ya que regulan todo lo concerniente al llamado voto preferencial en las elecciones generales para los niveles congresual y municipal. En razón de ello, los mencionados accionantes tienen el interés legítimo y jurídicamente protegido necesario para el ejercicio de las acciones directas en inconstitucionalidad a que se refiere el presente caso, de conformidad con lo prescrito por el artículo 185.1 de la Constitución de la República.
c. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), dicha entidad es un partido político, la cual, en esa condición, y conforme al artículo 216 de la Constitución, tiene, oficialmente, como fines esenciales garantizar la participación de ciudadanos en los procesos políticos electorales mediante la postulación de candidaturas a cargos de elección popular. De ello resulta obvio que dicha organización política está directamente afectada por las normas que regulan la votación y la elección de los candidatos que postulen los partidos políticos, situación que pone de manifiesto el evidente interés legítimo, jurídicamente protegido, de dicho partido político para emprender el tipo de acción a que se contrae el presente caso. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
d. En todo caso, de conformidad con los precedentes de este tribunal Constitucional, según los criterios recientemente precisados por este órgano colegiado, la legitimación activa deriva del derecho que reconoce el artículo 185.1 de la Constitución de la República en favor de todos los ciudadanos dominicanos. Según estos precedentes, todo ciudadano dominicano tiene, en virtud de ese texto, el necesario interés legítimo y jurídicamente protegido para ejercer las acciones directas de inconstitucionalidad que entienda pertinentes en defensa de la Supremacía de nuestra Ley Fundamental.
10. Inadmisibilidades
Algunos de los pedimentos de los accionantes están referidos a inadmisibilidades que, en tanto que cuestiones previas, es necesario decidir antes de conocer el fondo de las acciones a que se contrae el presente caso.
10.1. Inadmisibilidad de la solicitud de medida cautelar sobre la suspensión de juramentación de las autoridades electas en el pasado proceso electoral
a. En su escrito inicial de acción, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciséis (2016), el accionante César Nicolás Melo Matos solicita, de manera formal y expresa, como medida cautelar o precautoria, que sea ordenada la suspensión de la juramentación de las autoridades electas para integrar la Junta del Distrito Municipal de Verón-Punta Cana. Sin embargo, al respecto es necesario precisar que, conforme al criterio de este tribunal, el procedimiento jurisdiccional instituido en los artículos 36 y siguientes de la Ley núm. 137-11 para conocer de los casos de acciones directas de inconstitucionalidad no contempla la figura de la medida cautelar o precautoria Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). por resultar ajena a los procesos de control concentrado en la República Dominicana. Dicha figura sí puede ser invocada en los procedimientos de revisión de amparo o de revisión de decisiones jurisdiccionales; no así en el procedimiento relativo a la acción directa de inconstitucionalidad. Este criterio fue fijado por el Tribunal Constitucional desde su Sentencia TC/0068/12, de veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), el cual fue reiterado en las sentencias TC/0200/13, TC/0197/14 y TC0077/15, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013), veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014) y veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015), respectivamente. Por tanto, la presente solicitud de medida cautelar debe ser declarada inadmisible, como al efecto se declara, por carecer de interés y objeto. 1
10.2. Inadmisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte contra los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13
a. Los accionantes Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte procuran que sea declarada de inconstitucionalidad de la Ley núm. 157-13, que establece el voto preferencial para la elección de los 1 A este respecto es preciso apuntar que este órgano colegiado ha establecido, asimismo, que “… este tribunal constitucional no puede, en principio, suspender pretorianamente la aplicación de una ley, por cuanto la medida cautelar de la suspensión solo está legislativamente prevista para los recursos de revisión de decisiones jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 54.8 de la referida ley núm. 137-11 y con el criterio de este órgano constitucional al respecto” (véase la Sentencia TC/0112/15, de cinco (5) de junio de dos mil quince (2015), pág. 6). Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), por supuestamente transgredir los artículos 2, 22, 77 y 208 de la Constitución de la República.
b. Al analizar el contenido de la instancia introductoria de la presente acción, este tribunal ha podido verificar que los accionantes pretenden que sea declarada la inconstitucionalidad respecto de los seis artículos de la mencionada ley. Sin embargo, los accionantes sólo presentan argumentos respecto del artículo 2 de la referida ley.
c. De conformidad con el artículo 38 de la Ley núm. 17-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el escrito mediante el que se interponga la acción directa de inconstitucionalidad debe exponer, de forma clara y precisa, el fundamento de la acción, señalando, con citas concretas, las disposiciones alegadamente inconstitucionales. Ello quiere decir que es menester todo accionante haga una exposición clara y específica de todos aquellos aspectos de la norma cuestionada que contravengan la Constitución. En ese sentido, este tribunal, haciendo una interpretación de lo preceptuado por el referido texto y lo juzgado al respecto por la jurisprudencia comparada, ha precisado que constituye un requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad la indicación de los cargos formulados contra la norma atacada, lo que significa el señalamiento de las disposiciones constitucionales violadas, lo que implica la justificación argumentativa respecto de las normas constitucionales que resultan infringidas por la disposición atacada mediante el control abstracto o concentrado de constitucionalidad, sin caer en formalismos técnicos. En el sentido apuntado, el Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A.
Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Tribunal Constitucional ha impuesto las siguientes condiciones de admisibilidad de la acción: Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada, lo cual no fue cumplido por los accionantes, toda vez que la alegada infracción constitucional no fue precisada ni vinculada expresamente a las disposiciones atacadas. Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionada vulnera la Constitución de la República. Esta condición ha sido insatisfecha en la especie, puesto que el escrito introductivo de la acción carece de presupuestos argumentativos pertinentes y precisos, que indiquen de qué manera las disposiciones objetos de la presente acción infringen la Constitución de la República. Pertinencia.
Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional y no legal o referida a situaciones puramente individuales, como se verifica en la especie, toda vez que los alegatos en torno al derecho de propiedad que los accionantes reclaman, más bien podrían corresponder a una demanda en pago de justo precio y son totalmente ajenos a la naturaleza de la presente acción [sentencias TC/0150/13, de veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013); TC/0197/14, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014); TC/0359/14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014); TC/0061/17, de siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017) y TC/0465/18, de catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)]. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
d. Este tribunal constitucional ha advertido que, en la señalada instancia, los accionantes se limitan a enunciar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13, sin especificar en qué consiste la vulneración de la Constitución por parte de los referidos textos ni indicar cuáles son los argumentos jurídicos que justificarían una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de estos.
e. Ello significa que, en el presente caso, y respecto de lo indicado, no se cumplen las mencionadas exigencias, lo que significa que este tribunal está en la imposibilidad de efectuar una valoración objetiva de las pretensiones de los accionantes. Por tal razón, procede a declarar la inadmisibilidad de la presente acción directa de inconstitucionalidad en relación con los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13.
10.3. Inadmisibilidad de la acción en cuanto a la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral
a. El accionante César Nicolás Melo Matos solicita que sea declarada la inconstitucionalidad de los ordinales segundo y cuarto de la Resolución núm. 11- 2005, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral (JCE), los cuales establecen la utilización del método D´Hondt para la determinación y asignación de escaños en los niveles congresual y municipal para las elecciones generales de quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Al respecto, alega que la utilización de dicho método vulnera los derechos a ser elegido y a la representación de las minorías establecidos en los artículos 22.1 y 209.2 de la Constitución de la República. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
b. Este tribunal advierte que la norma cuya nulidad, por inconstitucional, se pretende, es decir, la Resolución núm. 11-2015, tuvo un carácter transitorio, ya que sus efectos jurídicos sólo alcanzaron los actos y actuaciones relativos al proceso electoral que se llevó a cabo en el mes de mayo de dos mil dieciséis (2016), el cual culminó con la juramentación, en el mes de agosto de ese año, de las autoridades electas en el señalado certamen electoral. En efecto, ese carácter transitorio proviene de lo dispuesto por el artículo 6, literal f, de la Ley núm. 275-97, de veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), vigente en ese entonces.
c. Este tribunal, ha reconocido, en precedentes anteriores, ese carácter transitorio de las resoluciones que la Junta Central Electoral dicta con ocasión de un proceso electoral. Ciertamente, en su Sentencia TC/0025/13, de seis (6) de marzo de dos mil trece (2013), este órgano precisó: […] las resoluciones que dicta la Junta Central Electoral para la organización de las contiendas electorales tienen una vigencia limitada a la culminación del proceso electoral de que se trate, máxime cuando el artículo 6 literal f), de la Ley Electoral No. 275-97, señala que es facultad de ‘Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el derecho del voto. Dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones de que se trate. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
d. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha fijado el criterio en los casos de acciones directas de inconstitucionalidad contra resoluciones de la Junta Central Electoral con carácter transitorio y aplicables exclusivamente a un proceso electoral determinado (naturaleza que corresponde a la Resolución núm. 11-2015). El Tribunal ha sostenido que una vez finalizado el proceso electoral a cuya vigencia se contrae la resolución electoral impugnada, la misma desaparece del sistema jurídico y, por ende, toda acción de inconstitucionalidad interpuesta contra ella carece de interés y de objeto procesal. Así lo juzgó el Tribunal en la Sentencia TC/0386/14, de treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), al precisar lo que, a continuación, se transcribe: […] las citadas resoluciones fueron dictadas para regular el desarrollo de las elecciones congresionales y municipales a celebrarse en el país el dieciséis (16) de mayo de dos mil dos (2002), en aplicación del mandato de la Constitución y la citada ley electoral núm. 275-97. Sin embargo, las mismas solo tenían efecto normativo para el proceso electoral antes señalado, no pudiendo ser aplicadas más allá de las referidas elecciones de dos mil dos (2002), tal como se establece en los fundamentos de las mismas […] Es así que, al tratarse de decisiones administrativas dictadas con la finalidad de reglamentar una situación determinada por el mandato de la indicada Ley Electoral núm. 275-97, estamos en presencia de actos normativos cuyos efectos han sido consumados por la culminación del evento electoral para el que han sido dictados, produciendo la carencia de objeto de la presente acción directa de inconstitucionalidad. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
e. En tal virtud, procede declarar la inadmisibilidad, por falta de interés y carecer de objeto, de la acción directa de inconstitucionalidad, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciséis (2016), dirigida contra la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral (JCE).
11. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados en contra de la
ley impugnada Los medios invocados por los accionantes en contra de los artículos impugnados de la Ley núm. 157-13 son los siguientes:
11.1. Medios rechazados
11.1.1. En cuanto a la inconstitucionalidad del párrafo II del artículo 1 de la Ley núm. 157-13
a. El accionante Ángel Lockward alega, además, la inconstitucionalidad del párrafo II del artículo 1 de la Ley núm. 157-13, el cual prorroga la aplicación del voto preferencial a nivel municipal para las elecciones del año dos mil veinte (2020). El reclamante arguye que esa disposición viola el principio de aplicación inmediata de las leyes, establecido en el artículo 109 de la Constitución.
b. Este tribunal es de criterio que, conforme a los términos del artículo 109 de la Constitución, la entrada en vigencia de las leyes es una cuestión que compete al legislador ordinario, pues este es quien debe determinar en qué momento las mismas entran en vigencia. Por consiguiente, el legislador puede establecer un lapso de Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). tiempo razonable para la entrada en vigencia y aplicación de una ley, sea en su totalidad, sea en parte, atendiendo a los múltiples factores o a la complejidad de su implementación. En el caso de la Ley núm. 157-13, su entrada en vigencia operó dentro de los plazos establecidos en el artículo 1 del Código Civil dominicano. Sin embargo, un aspecto especifico de la ley, relativo a la aplicación de la modalidad del voto preferencial para las elecciones en el nivel municipal, fue retrasada para las elecciones del año dos mil veinte (2020), lo que el legislador dominicano decidió dentro de sus potestades constitucionales, razón por la cual no incurrió en violación alguna de la Constitución. En tal virtud, este último medio de inconstitucionalidad debe ser desestimado.
11.1.2. En cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley núm. 157-13
a. Todos los accionantes invocan, asimismo, la pretendida inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 por violar –según alegan– la regla del sufragio universal y directo para la elección de los legisladores consagrada en los artículos 77 y 208 de nuestra Norma Fundamental. Sostienen, en primer término, que, conforme al señalado artículo, en caso del elector no votar por ninguno de los candidatos a diputado propuestos por un partido y limitarse a marcar el emblema o siglas de ese partido, el voto (en esa situación) se adjudicaría a la votación total de la organización política en la circunscripción electoral de que se trate. En segundo término, afirman que el párrafo del referido artículo dispone que en caso del elector marcar la fotografía del candidato a diputado de su preferencia, dicho voto también se le adjudica al candidato a senador de esa agrupación política. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
b. En lo concerniente a la cuestión relativa a la regla del sufragio universal y directo establecida en los artículos 77 y 208 de la Constitución y la modalidad del voto preferencial o bajo lista cerrada y desbloqueada, ya este tribunal constitucional ha fijado criterio sobre este particular en su Sentencia TC/0170/13, de veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), donde estableció lo que, a continuación, se hace constar: […] el tribunal es de criterio que no existe un sistema universal y único de votación bajo el cual los Estados deban regular el ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido, subsistiendo diversos modelos de votación asumidos por los distintos países, debiéndose respetar en todo caso al momento de elegir un sistema determinado, los estándares exigidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos [sic], respecto de los principios del sufragio: universalidad, igualdad y secretividad. […] La Constitución de la República, no establece un sistema de votación específico para la elección de los diputados al Congreso Nacional, sino que se limita a señalar las condiciones que, respecto del voto ciudadano, se debe observar en el modelo de votación elegido: el mismo debe ser personal, libre, directo y secreto (Art. 208 de la Constitución). […] La modalidad del voto por lista cerrada y bloqueada [sic], mediante la cual el votante elige a los candidatos a diputado presentados en una lista o propuesta electoral del partido político de su preferencia, no transgrede en modo alguno, ni la universalidad ni el carácter directo del sufragio establecido en el artículo 77 de la Ley Fundamental, pues el elector accede al voto sin restricciones de ninguna clase ya que sólo le basta la condición de ciudadano y su inscripción en el padrón electoral, independientemente de su sexo, credo religioso, raza o condición social Expedientes núm.
TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). (sufragio universal); a su vez, elige a sus representantes a la cámara baja del Congreso Nacional sin intermediación de ningún delegado especial que elija finalmente al candidato (sufragio directo). Como se observa, la modalidad del voto preferencial o mediante lista cerrada y desbloqueada no constituye –a juicio de este tribunal– un mecanismo de sufragio que transgreda los artículos 77 y 208 de la Constitución respecto a la elección de los legisladores mediante el voto universal y directo y en sentido similar.
c. Asimismo, es oportuno señalar que la regla de cómputo electoral contemplada en el artículo 2 de la Ley núm. 157-13, que permite sumar a la votación general de los partidos en una circunscripción electoral el voto que el elector marca sobre el emblema o siglas de un partido en la boleta electoral del nivel congresual, responde a una lógica de escrutinio electoral. En efecto, para determinar los candidatos a diputados electos en una circunscripción electoral plurinominal (aquella en la cual se eligen varios escaños para el parlamento), se realizan dos (2) fases de escrutinio. Una primera fase, en la cual se determina cuántos escaños dentro de la circunscripción electoral plurinominal alcanzó cada partido político, tomando en cuenta la totalidad de votos alcanzados en esa circunscripción. Una vez determinados los escaños que corresponden a cada partido, se inicia la segunda fase del escrutinio, para establecer a cuál o cuáles de los candidatos a diputados del partido que ganó los escaños corresponderá ocupar dichos escaños en función de la votación alcanzada por cada uno de estos candidatos mediante el voto preferencial. Por tanto, esta mecánica del escrutinio resulta razonable y compatible con la lógica electoral del proceso, además de ampliar la cantidad de opciones posibles del votante Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). en la boleta electoral si este deseare votar conjuntamente por todos los candidatos a diputados postulados por el partido de su preferencia.
11.1.3. En cuanto a la alegada inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley núm. 157-13
a. Los accionantes Ángel Lockward y César Nicolás Melo Matos pretenden, asimismo, que sea declarada la inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley núm. 157-13, el cual dispone que, para la determinación de escaños a ser asignados a las agrupaciones o partidos políticos en cada demarcación electoral para el nivel congresual, se aplicará el método D´Hondt. Alegan, al respecto, que esa disposición vulnera el derecho al sufragio pasivo o a ser elegido, instituido en el artículo 22.1 de la Constitución de la República.
b. Respecto del derecho al sufragio pasivo o derecho a ser elegido el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0050/13, de nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), hizo la siguiente ponderación: El derecho al sufragio pasivo o derecho a ser elegido, es la prerrogativa que corresponde a todo ciudadano, que cumpla con determinados requisitos de elegibilidad, para postularse mediante candidaturas a un cargo público electivo en condiciones jurídicas de igualdad. Este derecho, sin embargo, no reviste un carácter absoluto sino relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio siempre y cuando se observen los requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad… Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
c. El derecho al sufragio pasivo no sólo comporta las condiciones de accesibilidad a una candidatura, sino que una de sus dimensiones lo constituye el acceso al cargo público pretendido mediante la postulación de una candidatura. Los mecanismos para la determinación de los escaños congresuales o municipales es materia de regulación legal, conforme a lo establecido por el artículo 209.2 de la Constitución, al señalar que las elecciones serán “celebradas conforme a la ley”. Por tanto, al no existir un método universal de asignación de escaños, el legislador asumió legalmente para la distribución de los escaños congresuales el método D´Hondt, siguiendo una larga tradición electoral en la República Dominicana. Este método también es asumido por cuarenta y un (41) países en el mundo. 2 Para la regulación de esta dimensión del derecho al sufragio pasivo, el Estado debe elegir un método de los existentes en el derecho electoral comparado que observe los requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad.
d. El sistema D´Hondt es un método electoral de asignación de escaños mediante el cual los cargos a elegir se distribuyen proporcionalmente entre los distintos candidatos de una lista electoral tomando en cuenta la cantidad de votos alcanzados en una circunscripción electoral por los partidos políticos que participan en el certamen electoral de que se trata. Dicho método de asignación electoral debe ser sometido al test de regulación legítima, asumido por este tribunal en su Sentencia TC/0050/13, de nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), a los fines de verificar si la regulación legal de este aspecto del derecho al sufragio pasivo es o no conforme a los fines constitucionalmente legítimos. 2 Albania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboya, Cabo Verde, Chile, Colombia, República Dominicana, Croacia, República Checa, Timor del Este, Ecuador, España, Estonia, Finlandia, Guatemala, Hungría, Islandia, Israel, Japón, Kosovo, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Países Bajos, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Escocia, Serbia, Eslovenia, Turquía, Uruguay, Venezuela y Gales. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
e. En cuanto al primer elemento del test (legalidad), se observa que el legislador, al instituir en la Ley núm. 157-13 el método D´Hondt para la distribución de escaños en el nivel congresual, asumió una potestad que le corresponde en virtud de la reserva legal que le reconoce el artículo 209.2 de la Constitución para regular todos los aspectos relativos a la celebración de las elecciones. Esto incluye la fase post- electoral relativa a los mecanismos para la determinación de los escaños congresuales que corresponden a los partidos políticos en las distintas demarcaciones electorales. Esta potestad fue ejercida por el legislador sin tocar el núcleo esencial de los derechos a la equidad y la igualdad, lo que significa que esa facultad del legislador se ajustó, en ese sentido, a los parámetros de razonabilidad a que se refiere el Constituyente en el artículo 74.2 de la Constitución. Con ello se cumple con el referido test de legalidad.
f. El segundo aspecto del test (finalidad legítima) se refiere a que la regulación persiga fines constitucionalmente legítimos. En correspondencia con ello, mediante la aplicación del método D´Hondt el legislador dominicano procura (conforme a criterios conocidos y, por tanto, transparentes) distribuir, de manera equitativa y proporcional, entre los distintos partidos políticos participantes en una elección, los escaños en juego en una circunscripción electoral. Por tanto, esta característica del método electoral en cuestión se corresponde con los principios constitucionales referidos a la materia electoral de transparencia, equidad y objetividad, consignados en el artículo 211 de nuestra Ley Fundamental.
g. En consecuencia, el método D´Hondt cumple con el principio de transparencia electoral en la medida en que cada elector, en particular, y la sociedad, en general, pueden conocer los mecanismos de funcionamiento de este método, así Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). como los resultados electorales que pueden derivarse de su aplicación en una demarcación electoral determinada. Asimismo, se cumple con el principio de equidad electoral, en la medida de que dicho método debe ser aplicado, por igual, es decir, de manera igualitaria, a todos los partidos políticos participantes en el certamen electoral, sin distinción alguna, asegurando así una distribución proporcional y objetiva (matemáticamente exacta) de los escaños existentes conforme a la cantidad de votos alcanzados por cada una de esas agrupaciones políticas. Finalmente, se cumple, además, con el principio de objetividad electoral, ya que las autoridades electorales no tienen margen de subjetividad al aplicar el referido método, al tratarse de una fórmula matemática aplicada a los resultados electorales. En tal virtud, el referido método satisface los requisitos de este último principio.
h. El tercer aspecto del test (la proporcionalidad) está referido a la finalidad perseguida con la aplicación del mencionado método. Al respecto, es preciso señalar que el principio de democracia representativa, asumido por el Constituyente dominicano, procura el diseño de normas y procedimientos que garanticen que el soberano, el Pueblo, pueda elegir sus representantes políticos en las principales instancias de dirección del Estado. El método D´Hondt, al distribuir (de manera proporcional) los escaños atendiendo a la cantidad de votos alcanzados en una circunscripción electoral, garantiza una distribución equitativa de esos escaños entre las distintas agrupaciones con ideologías políticas diferentes o propuestas o intereses políticos distintos, lo que permite una representación popular más diversa ideológicamente. Por tanto, dicho método se corresponde con los principios de la democracia representativa y, por ende, se cumple con el tercer requisito del test. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
i. Por consiguiente, la utilización y aplicación legal del método D´Hondt supera con creces el test de regulación legítima, pues no transgrede el derecho al sufragio pasivo o a ser elegido y, por ende, es conforme al artículo 22.1 de la Constitución de la República. En razón de ello, procede desestimar este otro medio de inconstitucionalidad.
11.1.4. En cuanto a la alegada violación al principio de representación de las minorías (Art. 209.2 de la Constitución)
a. Los accionantes Ángel Lockward y César Nicolás Melo Matos alegan, por igual, que la aplicación del método D´Hondt atenta contra el principio de representación de las minorías establecido en el artículo 209.2 de nuestra Ley Sustantiva, que señala: “Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos”.
b. El principio de representación de las minorías puede ser conceptualizado como aquel estándar o mandato de optimización que deben observar los operadores políticos o jurídicos (en este caso, el legislador) para que al momento de regular los mecanismos de representación política lo hagan de tal modo que permitan el acceso de partidos o grupos políticos que defiendan ideologías político-democráticas distintas a las ideologías que profesan los partidos políticos mayoritarios del sistema, de modo que la sociedad quede representada en el Poder Legislativo en todas sus vertientes ideológicas.
c. Este estándar o mandato de optimización es requerido por el constituyente dominicano al legislador ordinario en el artículo 209.2 de la Constitución al exigirle Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). que al momento de regular el proceso electoral se garantice la representación de las minorías. Este principio no se encuentra amenazado con la instauración del método D´Hondt para la asignación de escaños en la Cámara Baja. En efecto, atendiendo a la mecánica de dicho método, cuando se asigna un escaño al partido que alcanzó la mayor cantidad de votos en una circunscripción electoral, se procede a dividir la votación alcanzada por este partido entre la cantidad de escaños a repartir, de modo que al distribuir el segundo escaño se favorece a los demás partidos tomando en consideración el porcentaje de votos alcanzados, de modo que en las sucesivas asignaciones de escaños, los partidos mayoritarios vean reducido su porcentaje, lo que favorece que los partidos de menor votación (al mantener su porcentaje de votación íntegro) tengan una mayor oportunidad de acceso a los escaños que restaren por distribuir.
d. Además de esta circunstancia (mecánica del método), es preciso tomar en consideración el hecho de que el Congreso Nacional aprobó la Ley núm. 37-10, de once (11) de febrero de dos mil diez (2010), norma que regula la elección de los diputados nacionales por acumulación de votos, lo que favorece la elección de candidatos a diputados de los partidos minoritarios, siempre y cuando alcancen un estándar mínimo de votación [un por ciento (1%) de los votos válidos emitidos a nivel nacional]. Como se advierte, el sistema electoral dominicano garantiza una representación de las minorías políticas dentro de ciertos parámetros democráticos, mecanismo de representación de las minorías que tampoco transgrede el método D´Hondt, conforme a su mecanismo de funcionamiento, ya analizado. En consecuencia, procede rechazar este otro medio de inconstitucionalidad. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
11.2. En cuanto a la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13
a. Los accionantes invocan la pretendida inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 por violar -según alegan- la regla del sufragio universal y directo para la elección de los legisladores consagrada en los artículos 77 y 208 de nuestra Norma Fundamental. Sostienen, en lo que ahora vamos a abordar, que, conforme al señalado artículo, en caso del elector no votar por ninguno de los candidatos a diputados propuestos por un partido y limitarse a marcar el emblema o siglas de ese partido, el voto (en esa situación) se adjudicaría a la votación total de la organización política en la circunscripción electoral de que se trate.
b. En lo concerniente a la cuestión relativa a la regla del sufragio universal y directo –establecida en los artículos 77 y 208 de la Constitución y la modalidad del voto– preferencial o bajo lista cerrada y desbloqueada, ya este tribunal ha fijado criterio sobre este particular en su Sentencia TC/0170/13, de veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), donde estableció que el Tribunal es de criterio que no existe un sistema universal y único de votación bajo el cual los Estados deban regular el ejercicio de los derechos a elegir y ser elegido, subsistiendo diversos modelos de votación asumidos por los distintos países, debiéndose respetar en todo caso al momento de elegir un sistema determinado, los estándares exigidos por la Convención Interamericana [sobre ] Derechos Humanos, respecto de los principios del sufragio: universalidad, igualdad y secretividad [sic]. […] La Constitución de la República, no establece un sistema de votación específico para la Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A.
Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). elección de los diputados al Congreso Nacional, sino que se limita a señalar las condiciones que, respecto del voto ciudadano, se debe observar en el modelo de votación elegido: el mismo debe ser personal, libre, directo y secreto (Art. 208 de la Constitución). […] La modalidad del voto por lista cerrada y bloqueada, mediante la cual el votante elige a los candidatos a diputado presentados en una lista o propuesta electoral del partido político de su preferencia, no trasgrede en modo alguno, ni la universalidad ni el carácter directo del sufragio establecido en el artículo 77 de la Ley Fundamental, pues el electoral accede al voto sin restricciones de ninguna clase ya que sólo le basta la condición de ciudadano y su inscripción en el padrón electoral, independientemente de su sexo, credo religioso, raza o condición social (sufragio universal); a su vez, elige a sus representantes a la cámara baja del Congreso Nacional sin intermediación de ningún delegado especial que elija finalmente al candidato (sufragio directo).
c. Como se observa, la modalidad del voto preferencial o mediante lista cerrada y desbloqueada no constituye –a juicio de este tribunal– un mecanismo de sufragio que transgreda a los artículos 77 y 208 de la Constitución respecto a la elección de los legisladores mediante el voto universal y directo. Y, en sentido similar, se pronunció la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones constitucionales, mediante sentencia de seis (6) de febrero de dos mil doce (2002), relativa a la acción de inconstitucionalidad de los artículos 79, 80 y 81 de la Ley núm. 275-97, y de la Resolución núm. 5-2001, emitida por la Junta Central Electoral, al considerar que el sistema de votación preferencial no hace más que cambiar el modo tradicional y de arrastre de escrutinio aplicable a la elección de los diputados Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). para garantizar que los ciudadanos que resulten electos sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen, aquel ha creado la modalidad de las circunscripciones electorales mediante las cuales se elegirá la cantidad de diputados y regidores de conformidad con el número de habitantes, según lo establece la Constitución de la República.
d. Ahora bien, es oportuno señalar que la regla de cómputo electoral contemplada en el artículo 2 de la Ley núm. 157-13, que permite sumar a la votación general de los partidos en una circunscripción electoral el voto que el elector marca sobre el emblema o siglas de un partido en la boleta electoral del nivel congresual, responde a una lógica de escrutinio electoral plurinominal como el que existe en la Cámara de Diputados. En efecto, para determinar los candidatos a diputados electos en una circunscripción electoral plurinominal (aquella en la cual se eligen varios escaños para una cámara), se realizan dos (2) fases de escrutinio. Una primera fase, en la cual se determina cuantos escaños dentro de la circunscripción electoral plurinominal alcanzó cada partido político, tomando en cuanto la totalidad de votos alcanzados en esa circunscripción. Una vez determinados los escaños que corresponden a cada partido, se inicia la segunda fase del escrutinio, para establecer a cuál o cuáles de los candidatos a diputados corresponderá ocupar los escaños obtenidos por el partido, en función de la votación alcanzada por cada uno de estos candidatos mediante el voto preferencial. Por tanto, esta mecánica del escrutinio resulta razonable y compatible con la lógica electoral del proceso, además de ampliar la cantidad de opciones posibles del votante en la boleta electoral, si este deseare votar conjuntamente por todos los candidatos a diputados postulados por el partido de su preferencia. Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
11.3. En cuanto a la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13
a. Los accionantes pretenden que se declare la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-3, el cual dispone: “Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado (a) de su preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste (a) y por ende al candidato (a) a senador de dicho partido”. Alegan, como fundamento de su pretensión, que esta disposición infringe los artículos 22 y 77 de la Constitución de la Republica, en cuanto “viola tanto el derecho de elegir de forma directa, como la libertad del ciudadano para elegir libremente”, y porque, asimismo, coacciona a los ciudadanos a elegir a un senador que no sea de su preferencia, lo que constituye un voto obligado.
b. Podría pensarse, en primer término, que esta cuestión ya fue decidida por este tribunal constitucional en la Sentencia TC/0031/13, de quince (15) de marzo de dos mil trece (2013). Sin embargo, en esa ocasión este órgano colegiado decidió una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 86 de la Ley núm. 275-97, de veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997), no contra la Ley núm. 157-13, y, por ende, constituyen disposiciones legales distintas. Y, aún más, esa decisión no abordó lo concerniente al impropiamente denominado “voto de arrastre”, que es a lo que se contrae este caso, pues en aquel otro se discutía si al votar por el presidente de la República se votaba, simultáneamente, por el vicepresidente de la República. Al respecto, el Tribunal sostuvo el criterio de que los candidatos a la Presidencia y a la Vicepresidencia se presentan de manera conjunta, en una misma boleta electoral, como una única oferta del partido político participante y postulante de ambas candidaturas, para un cargo que, como Poder Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Ejecutivo, es de naturaleza monista y monocrática en los sistemas presidenciales como establece, de manera clara y palmaria el artículo 125 de la Constitución. Ello es lógico si se entiende, como lo dispone el artículo 129 de la Carta Fundamental, que el vicepresidente de la República es un “suplente del presidente en caso de falta temporal o definitiva” de este último en las situaciones previstas por este texto.
c. Asimismo, en segundo lugar, podría considerarse que la cuestión que debe evaluar este tribunal está regida por el precedente establecido en la Sentencia TC/0145/16, de veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), en el cual se consideró, a propósito de la elección de las autoridades de los municipios y los distritos municipales que conforman el gobierno local, que “[…] el doble voto simultaneo es un sistema de votación propio de las listas cerradas y bloqueadas [sic], mediante el cual el elector elige una de las propuestas de candidaturas de las agrupaciones políticas participantes en un proceso electoral; el elector sufraga por la lista de candidatos, no por un candidato en particular”. Se estableció, entonces, que esta fórmula no trasgrede las condiciones del ejercicio del sufragio establecidas en el artículo 208 de la Constitución, en cuanto a que el mismo debe ser libre y directo. Una razón implícita que justificó el criterio que antecede es que los distritos municipales son “entes desconcentrados del municipio al que pertenecen” (sentencias TC/0152/13 y TC/0389/14), por lo que no se altera el sistema de frenos y contrapesos al escoger simultáneamente a sus autoridades en una doble votación simultánea.
d. A pesar de la referencia tangencial de los obiter dicta de la Sentencia TC/0145/16, en principio no parece que la técnica del “doble voto simultáneo” para elegir a las autoridades de los municipios y distritos municipales pueda ser aplicado Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). en iguales condiciones para la escogencia de los representantes del Senado de la República y la Cámara de Diputados, en razón de que para el Senado el elector ha de escoger un candidato en particular en la demarcación de la provincia en que ejerce el sufragio, lo cual constituye un elemento de diferenciación que impide por sí mismo aplicar automáticamente el precedente establecido. Así que, ante la diferenciación de presupuestos fácticos, lo más conveniente es analizar las particularidades que involucra la aplicación del doble voto simultáneo para la elección de los senadores y diputados para verificar si corresponde extender los efectos del precedente al supuesto que nos ocupa o, en sentido contrario, realizar una distinción.
e. Es importante aclarar que el doble voto simultáneo que rige en Uruguay y Argentina no es un mecanismo que permite escoger mediante un solo sufragio a los representantes de órganos separados, como el Senado y la Cámara de Diputados. El doble voto simultáneo en esos países constituye un mecanismo que garantiza que los partidos políticos y alianzas puedan someter a la consideración de la ciudadanía sublemas (candidaturas o listas) dentro del lema que es el partido o alianza. Este mecanismo permite que –al mismo tiempo de la elección general– se dilucide una contienda intrapartidiaria o intra-alianza que canalice la diversidad de criterios sin el riesgo de fraccionar los votos. Esta elección implica, en términos prácticos, la realización simultánea de una elección primaria y una elección general, por lo que se evitan los procesos electorales internos antes de la elección general.
f. La doctrina comparada ha subrayado que el sufragio es doble y simultáneo debido a que, cuando el ciudadano vota por uno de los sublemas (candidaturas o listas), automáticamente vota a favor del lema a que pertenece el sublema. Esto Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). asegura que el destinatario primario del voto sea el partido o alianza y en segundo lugar el o los candidatos de los sublemas. A su vez, este sufragio es acumulativo porque los votos obtenidos por todos los sublemas de un mismo lema se suman para determinar cuál es el lema ganador y, en una segunda oportunidad, se procede a establecer dentro de esta quién o quiénes han sido elegidos. Este mecanismo es utilizado en Argentina y Uruguay para la elección separada de senadores y diputados, pero no se produce un arrastre entre la elección de una y otra cámaras, ya que son escogidos en diferentes boletas y con formas de elección distintas, por lo que resulta evidente, como conclusión de lo dicho, que el sistema que aplicamos en República Dominicana, que permita escoger en una sola boleta a senadores y diputados, no constituye un mecanismo que pueda ser conceptualizado como doble voto simultáneo en los términos en que ha sido concebido en los países que aplican este método de elección.
g. En el caso que ahora debe decidir el tribunal –como ya se advirtió– se juzga una cuestión distinta de la abordada en la Sentencia TC/0031/13, pues aquí los candidatos a senadores y diputados no se presentan de manera conjunta para un órgano monista como el Poder Ejecutivo en los sistemas presidenciales, ni tampoco puede situarse en el supuesto de la Sentencia TC/0145/16, porque, a diferencia de lo que ocurre con los municipios y los distritos municipales, la Cámara de Diputados y el Senado de la República no tienen entre sí una relación de desconcentración orgánica, sino que constituyen dos cuerpos separados que conforman, en conjunto, un órgano mixto, esto es, el Congreso Nacional, por lo que es factible la posibilidad jurídica de la separación de las boletas para escoger a los senadores y diputados. La configuración bicameral del Congreso Nacional constituye una técnica de separación especializada de funciones a lo interno del Poder Legislativo que asegura Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). un sistema de frenos y contrapesos en las funciones legislación y fiscalización congresual.
h. La elección de senadores supone un sistema de escrutinio “mayoritario uninominal”, pues el candidato elegido es el más votado en la provincia, que es el distrito electoral que le corresponde. En cambio, la elección de diputados se corresponde con el sistema de escrutinio “proporcional plurinominal”, en virtud de que en cada distrito o circunscripción electoral son elegidos varios escaños en función de los votos del partido que se fraccionan proporcionalmente para elegir a los candidatos ganadores. Por tanto, al tratarse de cargos electivos elegidos mediante sistemas de escrutinio distintos, existen razones válidas para considerar que la expresión de la voluntad popular respecto de las candidaturas de uno y otro órgano del Congreso Nacional debe corresponder a un ejercicio libre de escogencia separada entre los candidatos a senadores y diputados de preferencia de los electores.
i. Así que en el presente caso está en juego el derecho al sufragio, el cual ha de ser entendido como el derecho de los ciudadanos a elegir – como votantes– a los candidatos de su preferencia. Este derecho ha sido expresamente consagrado como un derecho fundamental de naturaleza electoral por el artículo 208 de la Constitución de la República. Este texto dispone: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Sin embargo, este derecho es afectado por la norma tachada como inconstitucional, puesto que el elector o votante no tiene la posibilidad de elegir al senador de su preferencia, ya que, al votar por el diputado de un Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). determinado partido, también lo está haciendo, por imposición legal, por el senador de ese mismo partido, sin tener la posibilidad de elegir separadamente al senador y los diputados de su preferencia.
j. Ello significa, como puede colegirse, que lo dispuesto en el párrafo del artículo 2 de le Ley núm. 157-13 condiciona, irrazonablemente, la voluntad del elector, al impedirle que pueda –si así quisiere– fraccionar su voto, al optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de partidos distintos. Se puede afirmar, por lo tanto, que, mediante ese sistema, al votante se le impone un candidato, lo que pone de manifiesto que la disposición legal impugnada viola el derecho al sufragio del artículo 128 de la Constitución, de manera general, el derecho a elegir, como una prerrogativa del derecho de ciudadanía, previsto por el artículo 22 de la Constitución, y el derecho a elegir libremente el senador y el diputado de su preferencia, consagrado como prerrogativa por el artículo 77 de la Constitución respecto de la elección de los legisladores.
k. Es preciso subrayar que –conforme al artículo 77 de la Constitución– “la elección de senadores y diputados se hará por sufragio universal directo en los términos que establezca la ley”. Una interpretación gramatical del artículo 77 de la Constitución nos induce a considerar que la distinción que se hace en la redacción del texto, al afirmar “la elección de senadores y diputados” (y no usar la expresión “legisladores”) supone que el constituyente pretendía un nivel de elección separado entre senadores y diputados y, por ende, que los votantes eligiesen de manera directa a sus representantes en una u otra cámara. Se puede colegir entonces que nuestro Pacto Fundamental le otorgó al legislador ordinario la libertad de elegir por ley cualquiera de los métodos de votación convencionalmente aceptados en el mundo, Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). siempre que el mismo sea “universal” y “directo”, por lo que la disposición legal cuestionada, al disponer que en una boleta legislativa única se permita que el voto de las candidaturas a diputado sea trasferible al candidato senador, no cumpliría con el mandato constitucional del artículo 77.
l. Se podría considerar, asimismo, que la disposición cuestionada viola en alguna medida el derecho al voto directo, pues de la forma en que está preconcebida la elección de los legisladores, al ser de manera conjunta, impide que la Junta Central Electoral, órgano acreditado por el artículo 211 de la Constitución para organizar, dirigir y supervisar el proceso electoral, pueda confeccionar la boleta relativa a los candidatos del Senado de la República y la Cámara de Diputados, lo que privaría a los ciudadanos del derecho a escoger separadamente los candidatos legislativos de su preferencia, limitando irrazonablemente la configuración del derecho a elegir de manera directa a los aspirantes al Senado y la Cámara de Diputados.
m. En adición a lo precedentemente indicado, respecto del carácter directo del voto, y sobre la base de lo precisado por este tribunal en su Sentencia TC/0031/13, ya mencionada, este tribunal estableció que este derecho se viola cuando el voto se ejerce a través de un intermediario o delegado electoral. En este sentido, el Tribunal precisó: … la accionante confunde la naturaleza y el alcance del voto directo. El voto directo es aquel que ejerce el ciudadano sin ninguna intermediación cuando expresa su preferencia electoral por uno de los candidatos de acuerdo con los niveles de elección previstos en la ley Electoral No. 275-97. Lo anterior significa que el presidente será elegido por el voto directo, que se materializa Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). a través del sufragio personal, libre, directo y secreto, de tal suerte que dicha pieza legislativa resulta acorde con la Constitución de la República. En cambio, el voto indirecto supondría la elección de representantes para que éstos a su vez sean los electores de determinados cargos electivos, verbigracia como ocurre en la elección presidencial de los Estados Unidos de Norteamérica. En tal virtud, resulta imperativo señalar que el voto indirecto no está contemplado para los cargos electivos en la República Dominicana, pudiendo concluirse que en nuestro ordenamiento jurídico todos los cargos electivos son el producto del voto directo de cada ciudadano, el cual es convocado a la conformación de las asambleas electorales al término de cada período electivo 3 .
n. En el presente caso, la ley cuestionada permite a los ciudadanos ejercer el voto sin la intervención de un intermediario o delegado electoral. Sin embargo, se produce un evidente y claro desconocimiento del carácter directo del ejercicio del derecho al voto, porque, como ya se ha indicado, desde el momento en que el elector decide votar por un diputado de un partido, también vota, de manera indirecta, por el senador de ese partido, aunque este último no sea, necesariamente, de su preferencia. Ello significa que la norma cuestionada cierra la posibilidad de que un ciudadano pueda elegir, de ese modo, al diputado de su preferencia de un determinado partido político y, a la vez, al senador de su preferencia de otro partido político, lo que constituye una vulneración al derecho al voto directo consagrado por el artículo 208 de la Constitución de la República. 3 Conforme a lo ya indicado, este criterio fue reiterado por este tribunal en su Sentencia TC/0170/13, de veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013). Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
o. Consideramos, además, que la aludida disposición viola el derecho de los ciudadanos al voto libre, en cuanto impone al votante candidato a senador sin poder expresar, de manera libre y soberana, su voluntad en ese sentido. Esta realidad pone de manifiesto que en ningún momento del ejercicio del derecho al sufragio el ciudadano tiene el derecho a manifestar libremente su voluntad respecto del senador de su preferencia, lo que significa que el senador es impuesto por la norma en cuestión, coartando así su derecho al sufragio. Si se entiende que el voto es la expresión concreta, tangible, libre, del pensamiento político de los ciudadanos y que, por tanto, obligar un elector a votar por un candidato que no es, necesariamente, el de su preferencia (garantía de la libertad del elector), constituye una violación del derecho al voto, es decir, del derecho al sufragio, y si se entiende, además, que, como señalaba Hans Kelsen, “sin sufragio no puede haber democracia”, hay que concluir que el texto cuestionado desconoce el orden democrático que, sobre el derecho al sufragio (personal, libre, directo y secreto), establece el artículo 208 de la Constitución y, por consiguiente, socaba los pilares en que está cimentado el régimen de la democracia representativa dominicana.
p. Sobre la base de estas últimas consideraciones, puede afirmarse que la disposición atacada viola el principio de soberanía popular, como alegan los accionantes, si se conviene en que este asegura que el poder para decidir los asuntos públicos dimana del pueblo y que este poder puede ser ejercido de forma directa por el propio pueblo o por medio de sus representantes, bajo los términos que prescriben la Constitución y las leyes. Este principio, tal como está consagrado en el artículo 2 de la Constitución, ha sido limitado irrazonablemente por el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, debido a que coarta el poder del pueblo a elegir de manera directa a los candidatos a senador y diputados de su preferencia, impidiéndole Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). escoger separadamente entre uno y otros. Al proceder así, es de rigor concluir que esta disposición trasgrede la soberanía popular y, por tanto, el legislador ha excedido, en este caso, los límites de su potestad legislativa.
q. Asimismo, el denominado “voto de arrastre” es también contrario al modelo bicameral que el constituyente dominicano adoptó del constitucionalismo estadounidense, en el que está cimentada, la democracia representativa dominicana. Este modelo no sólo procura crear, de manera general, la separación de atribuciones y un cierto equilibrio entre los poderes clásicos del Estado, estableciendo un sistema de pesos y contrapesos entre ellos sobre la base de las diferentes funciones o atribuciones a ellos constitucionalmente reconocidas, sino, además, y de manera particular, establecer, con igual propósito, una relación similar al interior del Congreso Nacional entre el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Esto último se pone de manifiesto en el hecho de que si bien es cierto que ambas cámaras congresuales tienen atribuciones comunes (artículo 93 de la Constitución) o conjuntas, cuando actúan como Asamblea Nacional (artículos 120 y 121 de la Constitución), no es menos cierto que las atribuciones distintas y exclusivas que les reconoce la Constitución (las consignadas en el artículo 80, para el Senado, y las establecidas en el artículo 83, para la Cámara de Diputados), en las que, incluso, una cámara sanciona, aprueba o rechaza la aprobado por la otra, lo que es notorio, principalmente, en materia de elaboración de las leyes, apuntan al fortalecimiento de este sistema de pesos y contrapesos, el cual sólo tiene razón de ser cuando en el seno del Congreso Nacional se manifiestan y expresan diferentes corrientes ideológicas y partidarias. La finalidad es que el poder detenga al poder; objetivo del constituyente dominicano al que es contrario, de manera obvia, el denominado “voto de arrastre”, pues apunta a la concentración y al predominio de una única fuerza o corriente Expedientes núm.
TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). política al interior del Congreso Nacional, pretendiendo quebrar así la propia voluntad del Soberano, expresada jurídicamente por un órgano del poder constituyente.
r. En razón de las consideraciones anteriores, es dable concluir que el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 viola los artículos 2, 22, 77 y 208 de la Constitución de la República. Así que procede acoger -en relación con esta disposición- la presente acción y, por consiguiente, declarar la inconstitucionalidad del referido texto legal y su nulidad de forma inmediata y para el futuro. Así mismo, como consecuencia de la presente declaratoria de inconstitucionalidad, los poderes públicos y órganos del Estado competentes están obligados a proceder a la revisión de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición declarada inconstitucional y adecuar los mismos a las consecuencias derivadas de la presente decisión, sin que en modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los procesos electorales ya consumados. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Hermógenes Acosta de los Santos; los votos disidentes de los magistrados José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos y Justo Pedro Castellanos Khoury y los votos salvados de los magistrados Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016).
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARA inadmisible, por falta de interés y carecer de objeto, la acción de inconstitucionalidad en relación con la Resolución núm. 11-2015, emitida por la Junta Central Electoral (JCE) el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015), presentada por el señor César Nicolás Melo Matos, conforme a las razones señaladas al respecto.
SEGUNDO: DECLARA inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte en contra de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley núm. 157-13, de conformidad con las consideraciones señaladas en este sentido.
TERCERO: ADMITE, en cuanto a la forma, las acciones directas de inconstitucionalidad, de quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), cuatro (4) de julio de dos mil dieciséis (2016) y catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), interpuestas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio Castillo Semán, respectivamente, en contra de los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, por haber sido interpuestas de conformidad con las normas procesales que rigen la materia.
CUARTO: ADMITE, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad incoada por los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte en contra del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, por haber sido interpuesta conforme a las normas procesales.
QUINTO: RECHAZA, en cuanto al fondo, y de conformidad con las precedentes consideraciones, las acciones directas de inconstitucionalidad interpuesta por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018), y, en consecuencia, DECLARA CONFORME con la Constitución de la República los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), sobre el voto preferencial.
SEXTO: ACOGE, de conformidad con las precedentes consideraciones, la acción de inconstitucionalidad en contra del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, incoada el veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018) por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte y, en consecuencia, DECLARA la inconstitucionalidad y la nulidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), de forma inmediata y para el futuro, y, por consiguiente, la obligación a cargo de los órganos que competan de proceder a la revisión de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada, y adecuar los mismos a las consecuencias derivadas de la presente decisión, sin que Expedientes núm. TC-01-2014-0030, TC-01-2016-0034, TC-01-2017-0022 y TC-01-2018-0039, relativos a las acciones directas de inconstitucionalidad incoadas por Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Vinicio A. Castillo Semán y los señores Josefina Guerrero, Andrés Nicolás Contreras, Yeralda Nicolasa Contreras, Rosanna Natalie Contreras Guerrero, Juan Isidro Montás Francisco y Rudy Bonaparte, todos contra los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Ley núm. 157-13, de veintisiete (27) de noviembre de dos mil trece (2013), que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales, y de los ordinales segundo y cuarto del dispositivo de la Resolución núm. 11-2015, dictada el dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) por la Junta Central Electoral, sobre la aplicación del método D'Hondt para la asignación de escaños en los niveles congresual y municipal en las elecciones del quince (15) de mayo de dos mil dieciséis (2016). en modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los procesos electorales ya consumados.
SÉPTIMO: DECLARA los procedimientos del presente proceso libre costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
OCTAVO: ORDENA la comunicación, por secretaría, de la presente sentencia, a los accionantes, Ángel Lockward, César Nicolás Melo Matos, Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, Josefina Guerrero, Andrés Nicolás
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0375/19, del 19 de septiembre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0375-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.