Sentencia TC/0436/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de noviembre de 2018 · Expediente TC-042017-0098
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0436/18?
El Tribunal consideró admisible el recurso porque se dirigía contra una sentencia definitiva posterior a la Constitución de 2010 y se interpuso dentro del plazo franco y calendario de treinta días. Tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11: las vulneraciones se habían invocado en el proceso, se agotaron los recursos disponibles y las acciones u omisiones denunciadas se atribuían directamente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Reconoció especial trascendencia constitucional porque el caso permitía precisar el alcance de la tutela judicial efectiva y del derecho de defensa, en particular el derecho a una resolución motivada (TC/0436/18, numeral 9, a–c, pág. 18; TC/0436/18, numeral 9, h–j, pág. 20; TC/0436/18, numeral 9, m–n, pág. 22).
En cuanto al fondo, el Tribunal concluyó que la sentencia de casación estaba suficientemente motivada: vinculó la normativa aplicable con el caso concreto y respondió a los únicos medios desarrollados, relativos a la ponderación y valoración de la prueba. Precisó que el derecho a la prueba no obliga a admitir todos los medios ofrecidos y que su valoración corresponde al juez ordinario, pues la revisión constitucional no permite reexaminar los hechos. Tampoco pudo comprobar la alegada falta de notificación de la audiencia de casación, ya que el recurrente no aportó una certificación de secretaría ni otro elemento probatorio que la acreditara (TC/0436/18, numeral 10, c, pág. 24; TC/0436/18, numeral 10, d–e, pág. 27; TC/0436/18, numeral 10, f, pág. 27).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 453, dictada el 24 de agosto de 2016 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“el derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos.” (TC/0436/18, numeral 10, d–e, pág. 27)
“la valoración y aplicación de los elementos de prueba es una facultad reservada a la convicción del juzgador ordinario, no así a la justicia constitucional” (TC/0436/18, numeral 10, d–e, pág. 27)
Normas interpretadas
Constitución: artículo 277.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (en particular, numeral 3, literales a), b) y c), y párrafo) y 54.1.
Código de Trabajo: artículos 702 y 703, examinados como normativa aplicada en la sentencia recurrida.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0143/15, TC/0123/18, TC/0057/12, TC/0007/12, TC/0009/13 y TC/0157/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
Consideraciones y fundamentos
7. Síntesis del conflicto. Conforme el legajo que integra el expediente y los hechos invocados por las partes, el presente caso tiene su origen en una demanda laboral interpuesta por el señor Francisco Enrique Veras Paulino contra Puerto Plata Beach Club, Hotel Condos & Casino (Plata Beach Club & Casino), Tenedora 29 S. A., Condominios Costa Atlántica, S. A., Inversiones Costa Atlántica, S. A., Inversiones Del Atlántico, S. A., y los señores Baruchi Beni Toledano y Laurent Isoart. Esta demanda fue rechazada en cuanto al fondo por el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, mediante la Sentencia núm. 465/00381/2012, del veintiocho (28) de abril de dos mil doce (2012). No conformes con dicha decisión, tanto la parte demandante como la demandada interpusieron recursos de apelación ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual acogió parcialmente la apelación incidental promovida por la empresa Inversiones Costa Atlántica, S. A., revocó la decisión apelada y declaró inadmisible por prescripción la indicada demanda iniciada por el señor Francisco Enrique Veras Paulino, en virtud de la Sentencia Laboral núm. 627-2014-00089, dictada el veintisiete (27) de mayo de dos mil catorce (2014). Contra la referida sentencia laboral, el señor Francisco Enrique Veras Paulino interpuso un recurso de casación que fue rechazado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la Sentencia núm. 453, del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), la cual es objeto del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
a. Conforme al artículo 277 de la Constitución y el 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) son susceptibles del recurso de revisión constitucional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la Sentencia núm. 453, fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por lo que adquirió el carácter definitivo y puso fin al indicado proceso.
b. En cuanto al procedimiento de revisión, el artículo 54. 1 de la Ley núm. 137- 11 dispone: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia.”
c. Conforme fue precisado en la Sentencia TC/0143/15 2 , “el criterio sobre el plazo para la revisión constitucional de decisión jurisdiccional será franco y calendario”. En la especie, la referida Sentencia núm. 453, fue notificada a la parte recurrente el veintiocho (28) de diciembre de dos mil dieciséis (2016) y el recurso contra la misma fue presentado justamente a los treinta (30) días siguientes, el 2 Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el primero (1 ro ) de julio de dos mil quince (2015). veintisiete (27) de enero de dos mil dieciséis (2016), lo que permite concluir que ha sido interpuesto en tiempo hábil.
d. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: “1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental”.
e. En la especie, se plantea la violación a la tutela judicial efectiva, por falta de motivación de la sentencia recurrida, y al derecho de defensa, es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo del numeral 3 del artículo 53, en cuyo supuesto el recurso procederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar.
f. Sobre la aplicación de los criterios de admisibilidad previstos en el artículo
53.3 de la Ley núm. 137-11, la Sentencia TC/0123/18 3 justificó la unificación 3 Dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana el cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018). sobre la base de la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia al aplicar el precedente de la Sentencia TC/0057/12; razón por la que en lo adelante el Tribunal Constitucional optará por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuestos en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con el examen particular de cada caso. En efecto, el Tribunal, (sic) asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito (sic) se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.
g. Cabe señalar que la parte recurrida ha promovido en su escrito de defensa la inadmisibilidad del presente recurso, argumentando que no satisface los requisitos previamente expuestos, puesto que no existe ninguna violación a los derechos fundamentales del recurrente que deba ser subsanada, pues la Suprema Corte de Justicia. actuando como el último grado de jurisdicción, emitió su sentencia con motivaciones necesarias para justificar su rechazo al recurso de casación interpuesto por el señor Francisco Enrique Veras Paulino.
h. En respuesta al indicado medio, este tribunal advierte den el contenido de la instancia introductiva del presente recurso, que en lo que respecta al literal (a) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, el recurrente ha invocado las vulneraciones antes señaladas, con motivo de la decisión rendida en segundo grado, así como en el recurso de casación, del cual resultó la resolución objeto del presente recurso, por lo que se encuentra satisfecho el indicado requisito.
i. Por consiguiente, todos los recursos disponibles ante el órgano jurisdiccional fueron agotados, toda vez que el asunto recorrió los dos grados de jurisdicción (Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata y Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata) hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia con motivo del recurso extraordinario de casación, del cual resultó la decisión objeto de revisión constitucional, por lo que se encuentra satisfecho el requisito previsto en el literal c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11.
j. En cuanto al requisito contenido en el literal c) del artículo 53.3 de la indicada ley, este tribunal ha verificado que se satisface en la especie, toda vez que el recurrente imputa a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la violación a la tutela judicial efectiva, por no haber motivado suficientemente la sentencia recurrida, así como a su derecho de defensa, al no haberle notificado la fecha en que sería celebrada la audiencia pública para el conocimiento del indicado recurso de casación.
k. Resuelto lo anterior, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe que: La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones. Al respecto, la parte recurrida, promueve la inadmisibilidad del presente recurso argumentando precisamente que carece de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada.
l. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este Tribunal en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en la que estableció que …tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
m. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, se verifica el cuestionamiento de la tutela judicial efectiva y el derecho defensa, por lo que se concluye que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, en razón de que su conocimiento permitirá continuar profundizando y afianzando la posición del Tribunal con respecto al alcance de dichos principios y garantías, especialmente en lo que respecta al derecho a una resolución motivada.
n. Luego de verificar que el presente recurso satisface cada uno de los indicados requisitos, procede rechazar la inadmisibilidad promovida por la parte recurrida, cuestión que se decide sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia. Por todo lo anterior, este tribunal decide conocer el recurso de revisión constitucional de decisión juirisdiccional interpuesto por el señor Francisco Enrique Veras Paulino.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión
Jurisdiccional. En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. El presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional es interpuesto contra la Sentencia núm. 453, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), en virtud de la cual se rechaza el recurso de casación contra una decisión dictada en segundo grado que declara inadmisible por prescripción, la demanda laboral interpuesta por el señor Francisco Enrique Veras Paulino contra Puerto Plata Beach Club, Hotel Condos & Casino (Plata Beach Club & Casino), Tenedora 29 S. A., Condominios Costa Atlántica, S. A., Inversiones Costa Atlántica, S. A., Inversiones Del Atlántico, S. A., y los señores Baruchi Beni Toledano y Laurent Isoart.
b. Contra la indicada decisión, la recurrente invoca en primer término la falta de motivación de la decisión objeto del presente recurso, argumentando que la Tercera Sala de la indicada alta corte “no produjo ningún análisis de las graves violaciones a los derechos fundamentales del trabajador invocadas por éste en el recurso de casación”; lo cual es refutado por la parte recurrida sosteniendo que ha sido debidamente motivada.
c. A fin de determinar la existencia o no de la indicada vulneración, este tribunal procederá a analizar la sentencia impugnada y a contrastar su contenido en función de los criterios que deben ser observados por los tribunales del orden judicial para motivar adecuadamente sus decisiones, conforme lo pronunciado en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero del año dos mil trece (2013): 1. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones. En la especie fue realizada por el indicado tribunal una correlación lógica entre lo invocado por la recurrente, el contenido de la decisión apelada y la normativa aplicable (artículos 702 y 703 del Código de Trabajo), a los fines de determinar la procedencia o no de sus pretensiones. 2. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. Este aspecto también fue observado por dicha alta corte, que realizó una minuciosa descripción del proceso, desde la presentación de la demanda laboral hasta lo decidido en primer y segundo grado, así como de los argumentos que sustentaban los medios promovidos por el recurrente en su recurso de casación. 3. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. Con relación a este punto, cabe señalar que conforme al contenido del memorial introductivo del referido recurso de casación el señor Francisco Enrique Veras Paulino, invocó los siguientes medios concentrados en un solo apartado: Violación del Derecho Fundamental al Debido Proceso de Ley; Violación del Derecho Fundamental de Defensa; Violación de la ley; Falta de Base Legal; Violación al Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva; Violación al Derecho Fundamental a una Decisión Motivada, Fundada en Derecho y en Criterios Razonables;
Violación del efecto y carácter devolutivo del recurso de apelación en materia laboral; Violación de la Inmediación o Inmediatez; Violación a la obligación de búsqueda de la verdad y de búsqueda de la verdad material en materia laboral; Violación al derecho fundamental a que las pruebas aportadas sean ponderadas y valoradas; Falta de Ponderación y Falta de Valoración de las Pruebas aportadas; Falta de Motivos, Insuficiencia de Motivos y Motivos Erróneos.” 4. De esos medios que fueron invocados por el recurrente en casación, los únicos desarrollados fueron la falta de ponderación y la falta de valoración de las pruebas documentales y testimoniales aportadas; refutando el rechazo dispuesto por la Corte de Apelación a unos correos electrónicos, así como la alegada omisión de la ponderación del testimonio de dos testigos que fueron ofertados por el recurrente. Estos puntos fueron válidamente ponderados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, al expresar lo siguiente: Considerando, que la fecha de la terminación del contrato, es una cuestión de hecho cuya materialidad es apreciada a través de las pruebas aportadas al debate, en la especie, a través del contrato de trabajo escrito firmado entre las partes; Considerando, que si bien los correos electrónicos pueden ser aceptados como pruebas en materia laboral, no implica, como cualquier medio de prueba aportado al debate, que el tribunal pueda aceptarlo o rechazarlo si le carece de verosimilitud, coherencia y sinceridad, como en la especie, el tribunal de fondo descartó, por carecer de credibilidad, por no estar avalado, apreciación que escapa al control de la casación, salvo desnaturalización, sin que exista ninguna evidencia al respecto.
Continuó expresando la indicada alta corte que …la evaluación de las pruebas aportadas al debate es propia de los jueces del fondo; y que “no se puede confundir la evaluación de los jueces del fondo, de los documentos y pruebas aportadas al debate, que es una facultad de los mismos, en la apreciación de las mismas, con la violación a la irretroactividad, situación totalmente diferente relacionada con la aplicación de una norma que en el caso planteado no tiene ninguna aplicación. En tal virtud, concluyó señalando que …de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada se advierte que la misma contiene motivos suficientes, adecuados y pertinentes y una relación completa y razonable de los hechos planteados, sin que se advierta desnaturalización, falta de base legal, ni falta de ponderación, o violación al debido proceso, tutela judicial efectiva, o contradicción de motivos, en consecuencia, dicho medio carece de fundamento y debe ser desestimado y rechazado el presente recurso de casación. 5. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción. Este requisito fue cumplido por el indicado tribunal, al vincular la normativa aplicable al caso concreto. 6. Como consecuencia de lo anterior, lo decidido por el indicado tribunal también cumple con el deber de “asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional.”
d. Aunado a lo anterior, conviene destacar que el derecho a que se admitan los medios probatorios, como elemento del derecho a la prueba, no implica la obligación del órgano jurisdiccional de admitir todos los medios probatorios que hubieran sido ofrecidos. En efecto, las pruebas ofrecidas por las partes se pueden denegar cuando constituyan pedidos de medios probatorios que no sean pertinentes, conducentes, oportunos, legítimos o útiles y excesivos. En ese tenor, tal como se señaló en la Sentencia TC/0157/14 4 , la valoración y aplicación de los elementos de prueba es una facultad reservada a la convicción del juzgador ordinario, no así a la justicia constitucional, ya que dicho examen implica conocer el aspecto fáctico, lo cual le está vedado a este tribunal, en virtud de las previsiones del artículo 53 numeral 3, literal c) de la Ley núm. 137-11.
e. En atención a las citadas comprobaciones, este tribunal constitucional ha verificado que la citada Sentencia núm. 453, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) ha sido suficientemente motivada, por lo que no se comprueba la violación a la tutela judicial efectiva; procede, en consecuencia, rechazar el indicado medio promovido por el recurrente.
f. Como segundo medio el recurrente plantea la violación a su derecho de defensa, por no haber sido notificado por parte del indicado tribunal, de la fecha fijada para la audiencia pública para el conocimiento del referido recurso de casación, celebrada el diez (10) de junio de dos mil quince (2015). Al respecto, este tribunal advierte que el recurrente se ha limitado a plantear tal alegato sin proveerse de la correspondiente certificación emitida por la secretaría de dicho órgano judicial, en la que se haga constar la inexistencia del documento que avale dicha actuación o cualquier otro elemento probatorio, cuestión que le impide al 4 Dictada en fecha veintiuno (21) de julio de dos mil catorce (2014). tribunal comprobar la veracidad de sus argumentos, por lo que procede rechazar el citado medio.
g. Producto de todo lo expuesto, este tribunal decide rechazar el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y confirmar la Sentencia núm. 453, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el fecha veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Wilson Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado conjunto de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Rafael Díaz Filpo, así como el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Francisco Enrique Veras Paulino contra la Sentencia núm. 453, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a las normas que rigen la materia.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 453, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por los motivos expuestos.
TERCERO: DECLARAR el presente libre de costas, de acuerdo con lo establecido en la parte capital del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Francisco Enrique Veras Paulino, y a la parte recurrida, Puerto Plata Beach Club, Hotel Condos & Casino (Plata Beach Club & Casino), Tenedora 29 S. A., Condominios Costa Atlántica, S. A., Inversiones Costa Atlántica, S. A., Inversiones Del Atlántico, S. A., y los señores Baruchi Beni Toledano y Laurent Isoart.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0436/18, del 13 de noviembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0436-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.