Sentencia TC/0493/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de noviembre de 2015 · Expediente TC-04-2013-0009

Recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoado por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), contra la Sentencia núm. 118-2011 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011); y la Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Debida motivación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0493/15?

La revisión de la Sentencia núm. 586 era admisible porque había adquirido autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010, se cumplían los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y el recurso tenía especial trascendencia constitucional al plantear el alcance del principio de legalidad tributaria en el ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria. En cambio, la revisión de la Sentencia núm. 118-2011 era inadmisible por tratarse de una decisión susceptible de casación (TC/0493/15, numeral 9, 9.1–c, pág. 16; TC/0493/15, numeral 9, d–h, pág. 17; TC/0493/15, numeral 9, 9.2, pág. 18).

La Administración Tributaria tiene la facultad exclusiva de determinar de oficio la obligación tributaria en los supuestos legales, pero solo puede recurrir a la base presunta si justifica la imposibilidad de determinarla sobre base cierta. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incumplió su deber de motivación, garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, al reconocer esa facultad sin verificar si la Administración había justificado los hechos y circunstancias que impedían utilizar la base cierta y si había efectuado la estimación presunta con respeto al debido proceso. El Tribunal concluyó que la falta de claridad en la determinación del tributo vulneraba los principios de legalidad tributaria y de no confiscatoriedad, pues podía incrementar arbitrariamente la carga del contribuyente (TC/0493/15, numeral 10, 10.1.9–10.1.12, pág. 21; TC/0493/15, numeral 10, 10.1.19–10.1.22, pág. 23; TC/0493/15, numeral 10, 10.1.30–10.1.32, pág. 27; TC/0493/15, numeral 10, 10.1.33–10.1.35, pág. 28).

Decisión

Declara admisible el recurso contra la Sentencia núm. 586 e inadmisible el recurso contra la Sentencia núm. 118-2011. Acoge en cuanto al fondo el recurso contra la Sentencia núm. 586, la anula y remite el expediente a la Secretaría de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia para que esa sala conozca nuevamente del asunto conforme al criterio establecido.

Citas textuales clave

“Se trata, así, de un mecanismo que debe ser utilizado de manera excepcional, cuando no le sea posible a la Administración determinar la obligación sobre base cierta.” (TC/0493/15, numeral 10, 10.1.13–10.1.18, pág. 22)
“Es por esto que la Tercera Sala la Suprema Corte de Justicia viola la obligación de motivación de sus decisiones cuando omite y no verifica si, en efecto, la Administración Tributaria justificó los hechos y circunstancias que le impedían utilizar el método de determinación sobre base cierta y, a su vez, realizó una determinación sobre base presunta observando el debido proceso.” (TC/0493/15, numeral 10, 10.1.33–10.1.35, pág. 28)
“En consecuencia, la falta de claridad en la determinación de los tributos origina a su vez violación al principio de no confiscatoriedad y al principio de legalidad tributaria, pudiendo con ello incrementarse, de manera arbitraria, la carga del contribuyente.” (TC/0493/15, numeral 10, 10.1.33–10.1.35, pág. 28)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 68, 69, 216 y 243. Código Tributario (Ley núm. 11-92): artículos 32, 44, 45, 65, 66 (en particular, inciso 2) y 67. Ley núm. 137-11: artículos 7 y 53 (numeral 3 y párrafo).

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0090/12, TC/0091/12, TC/0187/14 y TC/0009/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1 Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente conflicto se origina cuando Inversiones Vilazul, S.A. presentó a la Dirección General de Impuestos Internos las declaraciones juradas correspondientes a los períodos fiscales enero-diciembre de dos mil cinco (2005) y de dos mil seis (2006). Ante supuestas contradicciones de la referida declaración, la Dirección General de Impuestos Internos inició un proceso determinación de la obligación tributaria de oficio, concluyendo que Inversiones Vilazul, S.A. adeudaba al fisco, por lo que esta última interpuso un recurso de reconsideración que fue rechazado.

7.2 Posteriormente, Inversiones Vilazul, S.A. interpuso un recurso contencioso tributario que fue rechazado por el Tribunal Superior Administrativo respecto de la determinación de la obligación que realizó la administración tributaria, aunque modificó la resolución de reconsideración dictada por la Dirección General de Impuestos Internos, al revocar los recargos por mora que se le impusieron a la recurrente. Inconforme con esta decisión, Inversiones Vilazul, S.A. incoó un recurso de casación que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia. Ambas decisiones jurisdiccionales –sentencias números 118-2011 y 586–, han sido objeto del presente recurso de revisión constitucional.

TC/0493/15, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 14 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de

decisiones jurisdiccionales

9.1. En relación con la Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), este tribunal declara que el presente recurso es admisible por las siguientes razones:

a. El artículo 53 de la Ley núm. 137-11 establece que el Tribunal Constitucional tiene la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), como el caso de la referida sentencia núm. 586.

b. A lo anterior se suma lo establecido por el artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, en el sentido de que el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales es admisible cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes requisitos: b.1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. b.2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. b.3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.

c. En el caso que nos ocupa el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que el reclamo fundamental que hace la recurrente ha sido “invocado formalmente en el proceso”.

TC/0493/15, numeral 9, 9.1–c, pág. 16 — PDF oficial

d. En relación con el requisito del literal b del artículo 53.3, en efecto, se comprueba que se agotó el recurso disponible para atacar las sentencias dictadas en ocasión de un recurso contencioso tributario y que el derecho fundamental cuya violación se invoca no fue subsanada.

e. En lo que se refiere al requisito consignado en el literal c del referido artículo, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 586, es decir, a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

f. Luego de verificar la concurrencia de todos los requisitos de admisibilidad del recurso, respecto de la referida sentencia núm. 586, es necesario ponderar lo previsto en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe: La revisión por la causa prevista en e1 numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.

g. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal en su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).

h. En este caso, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso tiene especial trascendencia y relevancia constitucional porque plantea la necesidad de referirse al principio de legalidad tributaria como fundamento del ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria.

TC/0493/15, numeral 9, d–h, pág. 17 — PDF oficial

9.2. En relación con la Sentencia núm. 118-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011), este tribunal declara que el presente recurso es inadmisible por las siguientes razones: 9.2.1Procede declarar el pretende recurso inadmisible, en virtud de que, conforme al criterio reiterado por este tribunal constitucional, el recurso de revisión constitucional consagrado en el artículo 53.3 de la referida ley núm. 137-11, no procede contra decisiones susceptibles del recurso de casación – como la descrita–, ni en aquellos casos en que estén abiertas las vías recursivas ante los tribunales ordinarios (ver TC/0090/12, TC/0091/12 y TC/0187/14).

TC/0493/15, numeral 9, 9.2, pág. 18 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión constitucional de decisiones

jurisdiccionales

10.1 En relación con el recurso de revisión constitucional, este tribunal considera lo siguiente:

10.1.1 Hemos sido apoderados de un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales en ocasión de un conflicto en el que la parte recurrente sostiene que las actuaciones de la parte recurrida se apartan de los cánones constitucionales y, por tanto, se configuran como violación a sus derechos fundamentales, tales como el de propiedad, así como la violación al principio de legalidad tributaria.

10.1.2 Mediante la Sentencia núm. 586, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, rechazó el recurso de casación interpuesto por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana) contra la antes descrita sentencia núm. 118- 2011 que, a su vez, modificó la Resolución de reconsideración núm. 318-10, dictada por la Dirección General de Impuestos Internos el cuatro (4) de noviembre de dos mil diez (2010), y revocó los recargos por mora que se le impusieron a la recurrente, relativos al impuesto a las transferencia de bienes industrializados y servicios sobre los períodos fiscales de enero de dos mil cinco (2005) a treinta y uno (31) de diciembre de dos mil seis (2006).

TC/0493/15, numeral 10, 10.1–10.1.2, pág. 18 — PDF oficial

10.1.3 Conforme a los argumentos de la parte recurrente, en la especie, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia –lo mismo que el Tribunal Superior Administrativo– evadió contestar el alegato de inconstitucionalidad planteado, en el sentido de que la determinación de la obligación tributaria, que de oficio realizó en su perjuicio la Dirección General de Impuestos Internos, violó el principio de legalidad por los motivos siguientes: 1. Por un lado, se consideró como base del tributo parámetros de un inexistente acuerdo de precios anticipados, actuando al margen del artículo 93 de la Constitución y 2. Por otro lado, se estimaron sus ingresos basados en precios de Internet, paquetes o comparaciones, lo que, a criterio de la recurrente, equivale a una confiscación de bienes.

10.1.4 La parte recurrida sostiene que su facultad para determinar de oficio la obligación tributaria de un contribuyente se encuentra configurada en el artículo 65 del Código Tributario dominicano, por lo que, en este caso, su actuación no se ha apartado de los cánones legales ni constitucionales.

10.1.5 Sobre el particular, la Tercera Sala de la Suprema Corte de justicia afirmó, mediante la referida sentencia núm. 586, que cuando la Dirección General de Impuestos Internos determina la obligación tributaria de cualquier contribuyente, está haciendo uso de la potestad que le otorgó el mismo legislador en virtud del artículo 93 de la Constitución, por lo que no se configura violación alguna al texto constitucional.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.3–10.1.5, pág. 19 — PDF oficial

10.1.6 Visto lo anterior, el Tribunal Constitucional, partiendo de los hechos ya establecidos por las jurisdicciones competentes, ha podido determinar que la Dirección General de Impuestos Internos decidió, de oficio, determinar la obligación tributaria de Inversiones Vilazul, S.A., partiendo de la facultad que –sostiene– le es dada por el artículo 45 de la Ley núm. 11-92, Código Tributario dominicano.

10.1.7 La determinación de la obligación tributaria es definida por Carlos María Giuliani Fonrouge como el acto o la serie de actos necesarios para la comprobación y la valoración de los diversos elementos constitutivos de la deuda impositiva (presupuesto material y personal, base imponible), con la consiguiente aplicación del tipo gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente 1 . Esta tiene efectos declarativos y 1 Derecho financiero. Citado por JINESTA LOBO, Ernesto: “Naturaleza jurídica de la determinación de la obligación tributaria”. [En línea] disponible: 29 de julio de 2014, http://www.ernestojinesta.com/ernesto%20jinesta/curriculum%20y%20art.%20rev/NATURALEZA%20JURIDICA%20D E%20LA%20DETERMINACION%20DE.PDF surge, según explica Jinesta, al concurrir una ley y “la verificación empírica del presupuesto” 2 , es decir, surge de una ley y un hecho jurídico, lo que la hace cierta, líquida y exigible.

10.1.8 La facultad para la determinación de la obligación tributaria, conforme a la voluntad del legislador dominicano, reside en la Administración Tributaria –distinto a otros países donde se reconoce la autodeterminación-, función que ejerce la Dirección General de Impuestos Internos, de acuerdo con los preceptos del Código Tributario y de las normas especiales que le rigen.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.6–10.1.8, pág. 20 — PDF oficial

10.1.9 En efecto, los artículos 45 y 65 del referido código disponen que la determinación de la obligación tributaria será practicada en forma exclusiva por la Administración Tributaria. Dicha determinación, según el artículo 66 de la misma ley, deberá ser realizada de oficio: 1) Cuando el contribuyente hubiere omitido presentar la declaración a que estaba obligado, o no hubiere cumplido debidamente la obligación tributaria. 2) Cuando la declaración presentada no mereciere fe, por ofrecer dudas a la Administración Tributaria su veracidad o exactitud, o en ella no se cumpliere con todas las normas que le son aplicables. 3) Cuando el contribuyente, estando obligado a llevar libros no los llevare o los llevara incorrectamente o nos exhibiere o carezca de los libros y comprobantes exigibles.

10.1.10 Asimismo, el artículo 67 del Código Tributario establece que en los casos de impuestos retenidos o trasladados que no hayan sido declarados 2 Op. Cit. oportunamente, la Administración Tributaria podrá determinar y requerir de inmediato, y sin otro trámite previo, el pago de los impuestos correspondientes.

10.1.11 La determinación de oficio se refiere a la facultad exclusiva de la Administración Tributaria de cualificar el presupuesto y hacer exigible la obligación o, la inexistencia de esta.

10.1.12 Vemos, pues, que, tal y como lo señala en su sentencia la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, “cuando la Dirección General de Impuestos Internos determina la obligación tributaria de un contribuyente está haciendo uso de una facultad que le otorga el mismo legislador, en el artículo 45 del Código Tributario”.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.9–10.1.12, pág. 21 — PDF oficial

10.1.13 No cabe dudas de que el legislador, al establecer los regímenes tributarios, proveyó a la administración correspondiente de las herramientas necesarias para facilitar la actividad recaudadora del fisco, que, de verse afectada, atentaría contra la estabilidad económica y financiera del propio Estado dominicano. Tal facultad se yergue como uno de los mecanismos creados para hacer viable la orientación del crecimiento de la economía dominicana hacia la búsqueda del desarrollo humano, respondiendo a los fundamentos consagrados en el artículo 216 de la Constitución de la República.

10.1.14 Tal y como lo señalan los textos legales antes descritos, la Administración Tributaria puede –y debe– determinar los tributos de oficio, sin que ello implique necesariamente una violación al principio de legalidad ni a otros derechos fundamentales.

10.1.15 La ley también establece cuándo la administración está facultada para realizar esta determinación de oficio. Como vimos, el artículo 66 dispone los casos en virtud de los cuales la Administración Tributaria ejerce de oficio sus facultades.

10.1.16 Cuando la determinación de la obligación tributaria se hace de oficio, la Administración puede hacerla sobre base cierta, o sobre base presunta.

10.1.17 Esta facultad de determinación de la obligación tributaria de oficio fue realizada, en la especie, mediante el mecanismo conocido por la jurisprudencia y la doctrina comparada como determinación sobre base presunta, o estimación indirecta, que se practica cuando la Administración fundamenta la referida determinación en base a indicios que revelen la inconsistencia entre lo percibido y lo declarado.

10.1.18 Se trata, así, de un mecanismo que debe ser utilizado de manera excepcional, cuando no le sea posible a la Administración determinar la obligación sobre base cierta.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.13–10.1.18, pág. 22 — PDF oficial

10.1.19 La apreciación de los indicios, en virtud de los cuales se hace la estimación del tributo a pagar, no debe ser realizada por la Administración Tributaria de manera discrecional, sino que debe apoyarse en principios tales como: debido proceso, jerarquía de fuentes, razonabilidad entre el hecho y la presunción, la existencia de una causa legítima para su utilización.

10.1.20 En el caso que nos ocupa, la Dirección General de Impuestos Internos, en ejercicio de sus facultades, realizó de oficio la determinación de la obligación tributaria de Inversiones Vilazul, S.A., por la causa establecida en el inciso 2 del artículo 66 del Código Tributario, esto es, porque la declaración presentada por la hoy recurrente no le mereció fe, al generar dudas sobre su veracidad o exactitud.

10.1.21 Para realizar dicha determinación, la Administración Tributaria, según estableció la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia núm. 586, utilizó los servicios de una empresa privada que realizó un estudio de las tarifas de los hoteles de iguales características de la zona, mediante llamadas telefónicas y mediante la revisión de páginas de Internet.

10.1.22 No cabe duda de que la Dirección General de Impuestos Internos ha sido facultada para determinar de oficio la obligación tributaria sobre base presunta; sin embargo, al tratarse de un mecanismo excepcional, constitucionalmente aceptable siempre y cuando se justifique la imposibilidad del uso del método sobre base cierta, era deber de los órganos judiciales correspondientes verificar si, en efecto, la Administración Tributaria había señalado los hechos y circunstancias que le impedían utilizar el método de base cierta. El Tribunal Constitucional no ha podido verificar, en el análisis de la decisión jurisdiccional impugnada, que los órganos judiciales realizaron tal verificación.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.19–10.1.22, pág. 23 — PDF oficial

10.1.23 La Administración Tributaria está facultada para fiscalizar, inspeccionar e investigar, conforme a las previsiones de los artículos 32 y 44 del Código Tributario. Tales facultades le son conferidas con la finalidad de que sean cumplidas las respectivas obligaciones de los contribuyentes y, en tal virtud, dicha administración puede –entre otros– practicar inspecciones en las oficinas o establecimientos comerciales del contribuyente, exigirles la exhibición de sus libros y documentos para examinarlos y verificarlos, y hasta requerir información a otros órganos, tales como instituciones de crédito, públicas o privadas, quienes estarán obligadas a proporcionarlas 3 .

10.1.24 Estas facultades facilitan la determinación de la obligación tributaria sobre una base cierta y, a su vez, permiten que la Administración Tributaria realice sus funciones dentro de un marco de respeto al debido proceso, al principio de legalidad tributaria y a los derechos fundamentales de los contribuyentes.

10.1.25 En la especie, no se observa que la Administración, para realizar la determinación de tributos sobre base cierta antes de acudir al mecanismo excepcional –determinación sobre base presunta–, haya al menos intentado utilizar los mecanismos previsto por la ley, descritos en el párrafo anterior.

10.1.26 El método de determinación sobre base presunta, tal y como señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es un procedimiento de carácter excepcional que debe seguir la Administración Tributaria sólo ante la imposibilidad de utilizar el método de determinación sobre base cierta, lo cual tiene como fundamento razones de seguridad jurídica, de estricto seguimiento al principio de legalidad, así como evitar cualquier actuación arbitraria por parte del sujeto acreedor del tributo. 3 Artículo 44 del Código Tributario.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.23–10.1.26, pág. 24 — PDF oficial

10.1.27 Según las disposiciones del artículo 243 de la Constitución de la República Dominicana, nuestro régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.

10.1.28 El principio de legalidad tributaria reserva al Poder Legislativo la facultad de establecer los tributos, así como la posibilidad de la determinación de los elementos que les constituyen, teniendo como objetivo principal el de fortalecer el sistema democrático mediante fortalecimiento de la seguridad jurídica, a fin de evitar abusos en perjuicio de los contribuyentes.

10.1.29 Respecto del principio de no confiscatoriedad, tal cual lo ha descrito el Tribunal Constitucional de Perú, “informa y limita el ejercicio de la potestad tributaria estatal, garantizando que la ley tributaria no pueda afectar irrazonable y desproporcionadamente la esfera patrimonial de las personas”. Se trata de un parámetro de observancia que la Constitución impone a los órganos que ejercen la potestad tributaria al momento de fijar la base imponible y la tasa del impuesto. Éste supone la necesidad de que, al momento de establecerse o crearse un impuesto, con su correspondiente tasa, el órgano con capacidad para ejercer dicha potestad respete exigencias mínimas derivadas de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Así, se transgrede el principio de no confiscatoriedad de los tributos cada vez que un tributo excede el límite que razonablemente puede admitirse como justificado en un régimen en el que se ha garantizado constitucionalmente el derecho subjetivo a la propiedad y, además, ha considerado a ésta como institución, como uno de los componentes básicos y esenciales de nuestro modelo de Constitución económica [sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil cuatro 2004)].

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.27–10.1.29, pág. 26 — PDF oficial

10.1.30 Este tribunal constitucional ha comprobado que, en el caso que nos ocupa, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, si bien reconoce la facultad –indiscutible– de la Dirección General de Impuestos Internos para determinar de oficio la obligación tributaria, a su vez, omite cualquier referencia sobre el carácter excepcional del procedimiento utilizado para realizar, en este caso, la referida determinación y las razones por las cuáles la Administración no aplicó el método sobre base cierta.

10.1.31 Conviene recordar que a los fines de evitar la falta de motivación en sus sentencias, este tribunal estableció (TC/0009/13) que para el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial, es menester:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones.

b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar.

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.

d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción.

e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.

10.1.32 Ha señalado este mismo tribunal que la debida motivación de las decisiones es una de las garantías del derecho fundamental a un debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrados en las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la Constitución, lo que, en síntesis, implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.30–10.1.32, pág. 27 — PDF oficial

10.1.33 Es por esto que la Tercera Sala la Suprema Corte de Justicia viola la obligación de motivación de sus decisiones cuando omite y no verifica si, en efecto, la Administración Tributaria justificó los hechos y circunstancias que le impedían utilizar el método de determinación sobre base cierta y, a su vez, realizó una determinación sobre base presunta observando el debido proceso.

10.1.34 En consecuencia, la falta de claridad en la determinación de los tributos origina a su vez violación al principio de no confiscatoriedad y al principio de legalidad tributaria, pudiendo con ello incrementarse, de manera arbitraria, la carga del contribuyente.

10.1.35 Es por tales motivos que este tribunal constitucional procede a declarar nula la referida sentencia núm. 586 y a remitir el asunto ante la Secretaría de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que dicha sala conozca nuevamente del asunto con estricto apego al criterio establecido en esta sentencia.

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.33–10.1.35, pág. 28 — PDF oficial

10.1.36 A la luz de los anteriores razonamientos, este colegiado considera que carece de objeto examinar la solicitud de suspensión de ejecutoriedad de las decisiones recurridas. En efecto, habiendo optado por admitir el recurso contra la referida sentencia núm. 586, e inadmitirlo contra la Sentencia núm. 118-2011, se impone rechazar la solicitud de suspensión de su ejecución, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Consta en acta el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0493/15, numeral 10, 10.1.36, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana) contra la Sentencia núm. 586, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012).

SEGUNDO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana) contra la Sentencia núm. 118-2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de octubre de dos mil once (2011).

TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, ANULAR la referida sentencia núm. 586.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la Secretaría de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que dicho tribunal conozca nuevamente del asunto con estricto apego al criterio establecido por este tribunal constitucional, con relación al derecho fundamental violado.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Inversiones Vilazul, S.A. (propietaria de Hotel Sunscape The Beach Punta Cana), y a la parte recurrida, Dirección General de Impuestos Internos.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0493/15, del 6 de noviembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0493-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.