Sentencia TC/0601/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de diciembre de 2018 · Expediente TC-01-2017-0029
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) contra la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
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Temas: Principio de legalidad · Principio de seguridad jurídica · Principio de subordinación reglamentaria
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0601/18?
CAMIPE y ADOCEM tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido porque la resolución incide en la actividad minera de las entidades que representan. La resolución es susceptible de control por acción directa de inconstitucionalidad porque regula el otorgamiento y la ejecución de las concesiones de explotación minera con alcance general y se integra al ordenamiento jurídico. En cambio, el medio relativo a la falta de audiencia previa se inadmite sin hacerlo constar en el dispositivo: tal como fue fundamentado, plantea una cuestión de mera legalidad que corresponde a los tribunales administrativos (TC/0601/18, numeral 9, 9.4, pág. 35; TC/0601/18, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 35; TC/0601/18, numeral 13, 13.4–31.3, pág. 47).
La potestad de autoorganización interna de los órganos administrativos no los habilita para dictar reglamentos de alcance general sin autorización legislativa expresa. En materia de concesiones mineras, esa potestad corresponde al presidente de la República, mientras que al ministro de Energía y Minas le corresponde proponer anteproyectos reglamentarios. Al regular las concesiones sin esa habilitación y reducir el plazo máximo de vigencia y la superficie máxima de explotación previstos en la Ley núm. 146-71, el Ministerio vulneró los principios constitucionales de legalidad, subordinación reglamentaria y seguridad jurídica (TC/0601/18, numeral 11, 10.10–11.6, pág. 38; TC/0601/18, numeral 12, 12.1–c, pág. 39; TC/0601/18, numeral 12, 12.4–12.5, pág. 40; TC/0601/18, numeral 12, 12.8–12.9, pág. 42; TC/0601/18, numeral 12, 12.10–7.6, pág. 43).
Decisión
El Tribunal declara admisible en cuanto a la forma la acción directa, la acoge en cuanto al fondo y declara no conforme con la Constitución y nula la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017. Declara el proceso libre de costas y ordena la notificación de la decisión y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“para el ejercicio de la potestad reglamentaria de carácter normativo general que se inserte al ordenamiento jurídico, se requiere de una habilitación de carácter legislativo” (TC/0601/18, numeral 11, 10.10–11.6, pág. 38).
“la potestad reglamentaria integradora del ordenamiento jurídico en esa materia solo la posee el presidente de la República Dominicana” (TC/0601/18, numeral 12, 12.1–c, pág. 39).
“las contrariedades a las disposiciones infraconstitucionales que se invocan escapan al examen del control concentrado de este tribunal constitucional” (TC/0601/18, numeral 13, 13.4–31.3, pág. 47).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 40.15, 128.1.b, 138.2 y 185.1.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 36 y 37.
Ley núm. 146-71: artículos 43, 49 y 196.c.
Ley núm. 100-13: artículos 5, párrafo, y 7.n.
Ley núm. 200-04: artículo 23; Ley núm. 107-13: artículos 4.9 y 31.3, identificados como fundamento del medio de mera legalidad.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0041/13, TC/0415/15, TC/0032/12, TC/0157/15, TC/0150/13, TC/0013/12, TC/0054/13, TC/0091/13, TC/0115/13 y C-1005/08 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
9. Legitimación para accionar en inconstitucionalidad
9.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la Ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.
9.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido…
9.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
9.4. Este tribunal, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, constata que en el presente caso los accionantes, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), han demostrado poseer un interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad, en vista de que la Resolución núm. R-MEM- REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, incide en el ámbito de la actividad de explotación mineras de las entidades que ellos representan.
10. Naturaleza del acto impugnado
10.1. Previo al examen del fondo de la presente acción de inconstitucionalidad, cabe precisar que del estudio de la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, es constatable la situación de que el mismo procura regular el otorgamiento y ejecución de todas las concesiones de explotación mineras del país, por lo que estamos ante una normativa reglamentaria que innova el régimen jurídico de concesiones de explotación minera; de ahí que deba considerarse que tiene un efecto general y normativo, que por demás se inserta al ordenamiento jurídico nacional en lo concerniente a la materia que regula.
10.2. En ese sentido, al ser la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017 un acto administrativo de carácter normativo y de alcance general, debe considerarse que está sujeto al control de constitucionalidad, en virtud del precedente fijado en la Sentencia TC. 0041-13, donde se dispuso: Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido de la norma, el Tribunal Constitucional verifica si la autoridad pública responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y del bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional) 1 .
11. Consideraciones previas
11.1. En el presente caso los accionantes alegan, en síntesis, que al instituir el Ministerio de Energía y Minas, a través de las disposiciones contenidas en la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de explotación mineras en la República Dominicana, ha extralimitado sus funciones, por cuanto ese ministerio no posee potestad reglamentaria para dictar normas de alcance general, con lo cual ha inobservado el principio de legalidad.
11.2. Así mismo, sostiene que la referida norma administrativa violenta el principio de jerarquía normativa que debe existir entre la ley y el reglamento, por cuanto su contenido normativo instituye un régimen legal de las concesiones de explotación minera que va en contraposición al contenido normativo dispuesto en la Ley núm. 146-71, Minera de la República Dominicana.
11.3. De igual manera, señala que en la formulación de la norma impugnada el Ministerio de Energía y Minas no realizó el proceso de audiencia previa de las personas interesadas, conforme lo dispone el artículo 138.2 de la Constitución. 1 Sentencia TC/0041/13, del 15 de marzo del 2013 del Tribunal Constitucional Dominicano
11.4. Previo, a analizar los medios de inconstitucionalidad presentado por los accionantes, se hace necesario que este tribunal constitucional proceda a reiterar lo establecido en el precedente fijado en la Sentencia núm. TC/0415/15, emitida el veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), donde delimitó lo concerniente a la facultad reglamentaria que poseen los organismos de la Administración en los asuntos relacionados con su competencia.
11.5. En la referida sentencia se señaló:
10.8. En nuestro ordenamiento jurídico vigente, la Constitución dominicana del 2010 y de 2015, en su artículo 128.1, literal (b), directamente otorga potestad normativa reglamentaria, al presidente de la República; sin embargo, contrario al planteamiento sostenido por la accionante, esa potestad ha sido extendida por el constituyente, en razón de sus competencias a otros órganos dotados de autonomía; tal es el caso de la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas. Esa capacidad reglamentaria se configura como una competencia accesoria e instrumental de su autonomía para el cumplimiento de sus funciones esenciales. Así lo ha entendido este tribunal constitucional, cuando al referirse a la autonomía de la Junta Central Electoral, expresó lo que a continuación se reitera: (…) Al desarrollar lo relativo a la autonomía administrativa, este Órgano precisó que la misma Asegura al órgano constitucional la capacidad de autoorganización y autoadministración necesaria para que pueda realizar sus atribuciones de manera independiente y sin interferencias de ningún otro órgano o poder. Cualquier entidad compleja necesita disponer sus estructuras y asignar cometidos a sus responsables para poder alcanzar correctamente sus objetivos. Esta potestad se ejercita a través de normas reglamentarias, o bien mediante decisiones o actos de carácter no normativo. Comprende, asimismo, la capacidad de disponer de sus recursos humanos, materiales y financieros de la forma que resulte más conveniente para el cumplimiento de los cometidos y fines que tiene asignados. Esta vertiente de la autonomía se configura como una garantía en el desarrollo independiente de las funciones del órgano constitucional, que parte de la especialidad en su administración por su estatus jurídico y la función que desempeña en el ordenamiento jurídico político. (…)
10.10. Acorde con lo anterior, la potestad reglamentaria es atribuida en principio por la Constitución, pero puede ser atribuida también por el legislador, en cuyo caso queda sujeta al ámbito y condiciones fijados previamente por la ley. Al respecto, cabe destacar el criterio jurisprudencial expuesto por la Suprema Corte de Justicia: En el estado actual de nuestro ordenamiento jurídico y conforme a la Constitución de la República, el Presidente de la República es el encargado de cuidar de la fiel ejecución de las leyes, en virtud del poder general que en ese sentido le acuerda el artículo 55, numeral 2, que le confiere la facultad de dictar normas de aplicación general obligatorias para su destinatario; que, sin embargo, dada la imposibilidad de que el Primer Mandatario vele personalmente por la aplicación de las leyes, el poder reglamentario ha sido extendido a otras entidades de la administración públicas o descentralizada de ésta, razón por la cual dicha facultad puede ser ejercida, además del Presidente de la República, por autoridad u organismo público al que la Constitución o la ley haya otorgado la debida autorización.
11.6. En vista de lo anterior, los organismos de la Administración poseen, en principio, la potestad de reglamentar aquellos asuntos que permitan asegurar su capacidad de autoorganización y autoadministración interna; mientras que para el ejercicio de la potestad reglamentaria de carácter normativo general que se inserte al ordenamiento jurídico, se requiere de una habilitación de carácter legislativo, quedando la misma condicionada a los ámbitos y términos fijado por la ley especifica.
12. En cuanto a la violación al principio de potestad reglamentaria y el
principio de jerarquía normativa
12.1. En lo referente a la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, dictada por el Ministerio de Energía y Minas, debemos reiterar que el conjunto de sus disposiciones más que procurar la reglamentación de la autoorganización y autoadministración interna de esa entidad, tiene por efecto instaurar una normativa de carácter general integradora del ordenamiento jurídico sobre el régimen de concesiones de explotación minera de República Dominicana.
12.2. Respecto de tal situación, este órgano de justicia constitucional especializada debe señalar que de la aplicación combinada de lo establecido en los artículos 196.c de la Ley núm. 146-71, Ley Minera de la República Dominicana, del cuatro (4) de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), y 7.n. de la Ley núm. 100-13, del treinta (30) de julio de dos mil dos mil trece (2013), que crea el Ministerio de Energía y Minas, es constable que la potestad reglamentaria integradora del ordenamiento jurídico en esa materia solo la posee el presidente de la República Dominicana, teniendo el ministro de esa dependencia la potestad de proponerle propuestas o anteproyectos reglamentarios para su aprobación y promulgación.
12.3. En efecto, el artículo 196.c de la Ley núm. 146-71, Minera de la República Dominicana del cuatro (4) de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), prescribe que: Las atribuciones administrativo-legales de la Dirección General de Minería incluirán:
c) Someter a consideración del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio 2 , los proyectos de reglamento que se consideren necesarios para la correcta interpretación y aplicación de esta ley.
12.4. Así mismo, el artículo 7.n de la Ley núm. 100-13, del treinta (30) de julio de dos mil trece (2013), que crea el Ministerio de Energía y Minas, indica: “Corresponde al Ministro de Energía y Minas: n) Proponer al Presidente de la República, los anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos necesarios para la buena marcha de su sector”.
12.5. Cabe señalar que también el legislador delegó en el presidente de la República la potestad reglamentaria para la creación de la estructura orgánica del Ministerio de Energía y Minas, al disponer en el párrafo del artículo 5 de la Ley núm. 100-13, lo siguiente: ARTÍCULO 5: El Ministerio de Energía y Minas estará integrado por los siguientes viceministerios: a) el Viceministerio de Energía, b) el Viceministerio de Energía Nuclear, c) el Viceministerio de Minas, d) el Viceministerio de Hidrocarburos, e) el Viceministerio de Seguridad 2 El artículo 19 de la Ley 100-13, dispone que toda la referencia que se haga sobre el Ministerio de Industria y Comercio en las leyes núm. 290, 146 y el Decreto 207 será entendidas como referencias y competencias del Ministerio de Energía y Minas. Energética e Infraestructura, y f) el Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental, los cuales dependerán directamente de él(la) Ministro (a) de Energía y Minas. PÁRRAFO: Los demás órganos que completarán la estructura orgánica del Ministerio de Energía y Minas se establecerán mediante reglamentos emitidos por el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, según proceda conforme a la Ley de Función Pública, No. 41-08, y la Ley Orgánica de Administración Pública No. 247- 12.
12.6. En ese orden, debemos precisar que en virtud de lo establecido en las disposiciones legales precedentemente citadas, es constatable la situación de que la facultad reglamentaria de carácter normativo, así como de estructuración orgánica de la órbita de competencia del Ministerio de Energía y Minas es de orden residual y subsidiaria, por cuanto la misma queda subordinada a la normativa que al respecto sea adoptada y promulgada por el presidente de la República en el ejercicio de la potestad reglamentaria delegada que le ha conferido el legislador de forma expresa en esas normas.
12.7. En relación con la competencia residual y subordinada que tienen los ministros para emitir disposiciones reglamentarias, la Corte Constitucional de Colombia ha prescrito en su Sentencia núm. C-1005/08 que: La tarea de los Ministerios consiste en desarrollar funciones previamente determinadas en la Legislación y en el Reglamento por lo que en relación con la posibilidad de regulación que les asiste, su competencia es de orden residual y sus atribuciones de regulación ostentan un carácter subordinado a la potestad reglamentaria del Presidente de la República, así como atañen únicamente al ámbito de su respectiva especialidad. A la luz de la jurisprudencia constitucional no resulta inconstitucional que una ley le confiera de manera directa a los/las ministros (as) del despacho atribuciones para expedir regulaciones de carácter general sobre las materias contenidas en la legislación, cuando estas tengan un carácter técnico u operativo, dentro de la órbita competencial del respectivo Ministerio, por cuanto, en ese caso, la facultad de regulación tiene el carácter de residual y subordinada respecto de aquella que le corresponde al Presidente de la Republica en ejercicio de la potestad reglamentaria.
12.8. Así las cosas, al estar integrada la Resolución núm. R-MEM-REG-048- 2017 con disposiciones que tienen por objeto regular el otorgamiento y ejecución de las concesiones de explotación minera, estas han sido dictadas por el Ministerio de Energía y Minas, sin contar con la debida habilitación legislativa delegada y expresa. De ahí que el referido acto ha sido dictado en violación al ejercicio de su potestad reglamentaria, lo que se traduce en una violación a los principios de legalidad, subordinación reglamentaria y seguridad jurídica dispuestos, respectivamente, en los artículos 40.15, 128.1.b y 138.2 de la Constitución.
12.9. Por otra parte, debemos puntualizar que el principio de seguridad jurídica en lo concerniente a la subordinación que deben tener los reglamentos en relación con la ley de donde dimanan, se ve violentado por la norma impugnada en inconstitucionalidad, en razón de que su contenido va en contraposición del régimen regulatorio de las concesiones de explotación minera que ha sido establecido en la Ley núm. 146-71, Minera de la República Dominicana del cuatro (4) de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), y reglamentada por el presidente de la República mediante el Decreto núm. 207-98, emitido el tres (3) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998) para la aplicación de la Ley núm. 146.
12.10. En efecto, cabe precisar que el referido acto modifica el plazo máximo de vigencia de las concesiones de explotaciones mineras dispuesto en el artículo 49 de la Ley núm. 146-71, del cuatro (4) de junio de mil novecientos setenta y uno (1971), reduciendo el tiempo máximo estipulado de setenta y cinco (75) años dispuesto en el referido artículo 49 a veinticinco (25) años. Por demás, reduce la extensión superficial máxima de explotación de veinte mil (20,000) hectáreas 3 mineras dispuesta en el artículo 43 de la referida ley núm. 146-71, a una extensión no mayor de cinco mil (5,000) hectáreas mineras.
12.11. En lo atinente a la subordinación que debe existir entre la Ley y el reglamento, este tribunal ha señalado en su Sentencia TC/0032/12 que:
7.6 La heteronomía de los reglamentos implica no sólo que no pueden expedirse sin una ley previa a cuya pormenorización normativa están destinados, sino que su validez jurídico-constitucional depende de ella en cuanto no deben contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación. A excepción del poder reglamentario autónomo, no puede expedirse un reglamento sin que se refiera a una ley, y se funde precisamente en ella para proveer en forma general y abstracta en lo necesario a la aplicación de dicha ley a los casos concretos que surjan.
12.12. Acorde con lo antes citado, se hace necesario aplicar los efectos vinculantes del tipo horizontal de los precedentes antes citado, por cuanto el mismo vincula también al Tribunal Constitucional, por lo que se procederá a 3 La resolución núm. R-MEM-REG-048-2017 limita la extensión superficial de explotación de la concesión a 5,000 hectáreas para una concesión ordinaria, siendo el máximo permitido 15,000 hectáreas mineras. declarar la inconstitucionalidad de la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por vulnerar a los principios de legalidad, subordinación reglamentaria y seguridad jurídica dispuestos, respectivamente, en los artículos 40.15, 128.1.b y 138.2 de la Constitución.
13. En lo relativo al no cumplimiento del proceso de audiencia previa de las
personas interesadas
13.1. En lo referente a la vulneración del principio del debido proceso administrativo, los accionantes sostienen que se incurre en ella al momento de que en la emisión de la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, no fue realizado el proceso de consulta pública previa que está dispuesto en los artículos 69.10 y 138.2 de la Constitución de la República Dominicana, el cual fue reglamentado por el legislador en el artículo 23 de la Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública dictada el veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), y en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).
13.2. Respecto de los alegatos dado por los accionantes, se hace necesario señalar que la vía concentrada de constitucionalidad solo está encaminada en determinar si la norma infraconstitucional sometida a control vulnera los principios o reglas establecido en la Constitución.
13.3. En relación con la naturaleza de la acción directa de constitucionalidad en la Sentencia núm. TC/0157/15 se prescribió:
10.3. De ello se infiere que la acción directa de inconstitucionalidad es una consecuencia de la consideración de la Constitución como norma jurídica suprema. Al respecto, este tribunal ha declarado en su Sentencia TC/0150/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), que: La acción directa de inconstitucionalidad tiene como objeto sancionar infracciones constitucionales, es decir, la no conformidad por parte de normas infraconstitucionales en cuanto a su espíritu y contenido con los valores, principios y reglas establecidos en la Constitución; circunstancia, por demás, que debe quedar claramente acreditada o consignada dentro de los fundamentos o conclusiones del escrito introductivo suscrito por la parte accionante.
10.4. Es así que, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales indicados y de la jurisprudencia citada, los requisitos fundamentales para que resulte admisible una acción directa de inconstitucionalidad son, por un lado, que la norma impugnada tenga rango de ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza, y que, por otro lado, la norma que se impute vulnerada tenga rango constitucional.(…)
10.5. (…) En este sentido, de conformidad con los artículos 185 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, ya desde su primera sentencia en materia de acción directa de inconstitucionalidad [Sentencia TC/0013/12, del diez (10) de mayo de dos mil doce (2012)], este tribunal declaró: Cabe precisar que en la presente acción directa en inconstitucionalidad, la parte impugnante se ha limitado a hacer simples alegaciones de “contrariedad al derecho” que son cuestiones de mera legalidad que escapan al control de este tribunal. Cabe recordar que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello. Esta posición ha sido sosteniblemente confirmada por las posteriores sentencias de este tribunal [TC/0054/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), y TC/0091/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013)].
10.6. En este mismo tenor, la Sentencia TC/0115/13, del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), agrega: Dicho de otro modo, cuando los aspectos invocados en el ejercicio de una acción directa son contrarios al derecho le corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa verificar los aspectos de legalidad y, en caso de inconformidad con la decisión que sea dictada por esa jurisdicción, el asunto podría ser conocido por el Tribunal Constitucional mediante el correspondiente recurso de revisión de sentencia.
10.7. Es así que en lo que respecta a las pretensiones de la parte accionante, relativas a que sea declarado que los artículos 3, 35 y 37 del Decreto núm. 327-13 son contrarios a la Ley núm. 285, General de Migración del veintidós (22) de julio de dos mil cuatro (2004); a la Ley núm. 199, que aprueba el Modus Operandi con la República de Haití; y al Decreto núm. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública del veinticinco (25) de febrero de dos mil cinco (2005), este tribunal determina que en este aspecto la presente acción es inadmisible, ya que la contrariedad invocada por la accionante es con relación a normas con rango de ley, cuyo examen escapa al control del Tribunal a través de la acción directa de inconstitucionalidad. A este respecto, tal como ha declarado este tribunal en la referenciada sentencia TC/0115/13, la jurisdicción competente para hacer estas valoraciones es la jurisdicción contencioso-administrativa.”
13.4. En ese orden, cabe precisar que en las fundamentaciones del presente medio los accionantes, más que demostrar la existencia de una contradicción de índole constitucional, en la misma se está invocando la inobservancia de los preceptos legales dispuestos en los artículos 23 de la Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004); 4.9 y
31.3 de Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo del seis (6) de agosto de dos mil trece (2013), acaecida al momento de que el Ministerio de Energía y Minas emitiera la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017; de ahí que el mismo deba ser inadmitido sin hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión, en razón de que las contrariedades a las disposiciones infraconstitucionales que se invocan escapan al examen del control concentrado de este tribunal constitucional, por ser un asunto de mera legalidad que debe ser dilucidado por los tribunales administrativos en atribuciones ordinarias. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente, Ana Isabel Bonilla Hernández y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción en inconstitucionalidad incoada por la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) en contra de la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la presente acción de inconstitucionalidad, y en consecuencia, DECLARAR no conforme con la Constitución de la República la Resolución núm. R-MEM-REG-048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por violentar los principios de legalidad, subordinación reglamentaria, y seguridad jurídica dispuestos, respetivamente, en los artículos 40.15, 128.1.b y 138.2 de la Constitución.
TERCERO: DECLARAR la NULIDAD de la Resolución núm. R-MEM-REG- 048-2017, que establece el régimen concesional de las explotaciones mineras en la República Dominicana, dictada por el Ministerio de Energía y Minas el trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por los motivos antes expuestos.
CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, vía Secretaría, al procurador general de la República, a la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM), al Ministerio de Energía y Minas, para los fines que correspondan.
QUINTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0601/18, del 10 de diciembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0601-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.