Sentencia TC/0824/26

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 28 de agosto de 2026 · Expediente TC-14-2026-0004

Sentencia oficial (PDF)

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¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0824/26?

La revisión constitucional de sentencias de hábeas corpus se tramita conforme al procedimiento de revisión de sentencias de amparo, con los ajustes necesarios para asegurar la efectividad de la tutela. El recurso fue admisible porque se dirigió contra una sentencia de una corte de apelación que mantuvo el rechazo del hábeas corpus, se interpuso dentro del plazo de cinco días hábiles y francos desde la notificación personal de la sentencia, fue presentado por quien tenía calidad para recurrir, contenía las menciones y los agravios exigidos y revestía especial trascendencia constitucional (TC/0824/26, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 21; TC/0824/26, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 22; TC/0824/26, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 23; TC/0824/26, numeral 9, 9.8–9.9, pág. 24; TC/0824/26, numeral 9, 9.10–9.11, pág. 25; TC/0824/26, numeral 9, 9.12–9.13, pág. 26).

El hábeas corpus tutela frente a privaciones de libertad ilegales, arbitrarias o irrazonables, pero no sustituye la revisión de la prisión preventiva cuando esta vía es igualmente expedita y efectiva. El recurrente no demostró que la privación de libertad se hubiera impuesto sin causa legal o sin las formalidades esenciales. El tiempo transcurrido en prisión y el reenvío a nuevo juicio son circunstancias sobrevenidas que debe ponderar el tribunal penal apoderado del nuevo juicio al examinar la proporcionalidad de la medida y decidir si procede mantenerla, modificarla, sustituirla o hacerla cesar. El reenvío no produce por sí solo la libertad automática, y no se acreditó que el recurrente hubiera presentado una solicitud autónoma de revisión o cese de la medida (TC/0824/26, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 30; TC/0824/26, numeral 10, 10.16–10.17, pág. 34; TC/0824/26, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 35; TC/0824/26, numeral 10, 10.21–10.23, pág. 36; TC/0824/26, numeral 10, 10.24–10.25, pág. 37).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional de sentencia de hábeas corpus interpuesto por Jonathan de Jesús Tapia, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la decisión.

Citas textuales clave

“El habeas corpus se dirige a controlar la existencia de una privación o amenaza de libertad que carezca de base legal, que sea arbitraria o que resulte irrazonable.” (TC/0824/26, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 30)
“En el presente caso, la revisión de la medida cumple esa exigencia porque permite discutir la subsistencia de los presupuestos de la prisión, su proporcionalidad actual y el eventual cese de la medida.” (TC/0824/26, numeral 10, 10.16–10.17, pág. 34)
“Por tanto, la orden de celebración de un nuevo juicio no produce, por sí sola, la libertad automática del imputado por vía de habeas corpus, sino que se erige en una circunstancia relevante a ser ponderada por el juez de la medida, pero que, no obstante, no desplaza el régimen de revisión de coerción que el Código Procesal Penal ha previsto para este tipo de controversias.” (TC/0824/26, numeral 10, 10.21–10.23, pág. 36)

Normas interpretadas

Constitución, artículo 71; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 94, 95, 96 y 100; Código Procesal Penal, artículos 242 a 245, 382, 386, 393, 395 y 418.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0722/24, TC/1207/25, TC/0109/24, TC/0163/24 y TC/0007/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso tiene su origen en el proceso penal seguido contra el señor Jonathan de Jesús Tapia y otros imputados, por la presunta comisión de ilícitos penales vinculados a asociación de malhechores, robo agravado, homicidio y porte o tenencia ilegal de arma de fuego. En el curso de dicho proceso, el nueve (9) de diciembre de dos mil veintidós (2022), la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Vega impuso al hoy recurrente medida de coerción consistente en prisión preventiva. Posteriormente, mediante Sentencia núm. 212-03-2025-SSEN-00102, dictada el dos (2) de junio de dos mil veinticinco (2025), el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega declaró al señor Jonathan de Jesús Tapia culpable del ilícito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego y lo condenó a cumplir la pena de tres (3) años de prisión, así como al pago de una multa de veinticinco (25) salarios mínimos en favor del Estado dominicano. No conforme con esa decisión, el Ministerio Público, las partes querellantes y el señor Jonathan de Jesús Tapia interpusieron recursos de apelación. Dichos recursos fueron decididos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega mediante Sentencia núm. 203-2025-SSEN- 00593, del diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), que revocó la sentencia recurrida y ordenó la celebración de un nuevo juicio por ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega. En ese contexto, el señor Jonathan de Jesús Tapia interpuso una acción constitucional de habeas corpus, alegando, en esencia, que su permanencia en prisión había devenido ilegal, arbitraria e irrazonable, en razón de que había permanecido privado de libertad por un tiempo superior a la pena de tres (3) años que le fue impuesta en primer grado y de que, además, se había ordenado la celebración de un nuevo juicio. La Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega rechazó dicha acción mediante Sentencia núm. 212-2025-SSEN-00377, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025). Inconforme con esa decisión, el señor Jonathan de Jesús Tapia interpuso recurso de apelación. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, mediante Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133, dictada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiséis (2026), rechazó el recurso y confirmó la sentencia apelada, al considerar que no se evidenciaba una privación de libertad ilegal, arbitraria o irrazonable tutelable mediante hábeas corpus y que el recurrente disponía de la vía de revisión de la medida ante el tribunal penal apoderado del nuevo juicio. Contra esta última decisión, el señor Jonathan de Jesús Tapia interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de habeas corpus.

TC/0824/26, numeral 7, pág. 19 — PDF oficial

9. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia

de habeas corpus El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de sentencia de habeas corpus es admisible en atención a los siguientes razonamientos:

9.1. De manera previa, es imperativo señalar que en la Sentencia Unificadora TC/0722/24, del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), este colegiado determinó que (…) este tribunal —aplicando los criterios y condiciones de las sentencias de unificación abordados ut supra— procede a unificar su jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento para tramitar los recursos de revisión de una sentencia de habeas corpus, en tanto amparo sui generis, sea el mismo utilizado para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, haciendo —cuando sea de lugar— los ajustes pertinentes para asegurar la mayor efectividad de la tutela del derecho fundamental que se procura proteger.

9.2. Hilado a lo anterior, en la mencionada decisión unificadora, este colegiado especificó el orden en que se deben verificar los presupuestos de admisibilidad de la revisión constitucional de sentencia de habeas corpus, a saber: Los presupuestos procesales de admisibilidad han sido establecidos por el legislador y son: a) decisiones recurribles (artículo 94 de la Ley núm. 137-11 y 386 del Código Procesal Penal); b) sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (artículo 95 de la Ley núm. 137- 11); c) inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (artículo 96 de la Ley núm. 137-11 y artículo 382 y 418 del Código Procesal Penal); d) calidad para recurrir (artículos 386 y 393 del Código Procesal Penal); y e) satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (artículo 100 de la Ley núm. 137-11), los cuales serán examinados en este mismo orden.

TC/0824/26, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 21 — PDF oficial

9.3. En este sentido, este colegiado procederá a analizar los presupuestos de admisibilidad conforme la prelación indicada en el mencionado precedente constitucional reiterado mediante la Sentencia TC/1207/25, del diecisiete (17) de noviembre de dos mil veinticinco (2025), iniciando con el primer presupuesto de admisibilidad.

9.4. Así en los términos de la citada Sentencia TC/0722/24, el primero de los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus 1 ante el Tribunal Constitucional supone el cumplimiento de dos condiciones: 1) que la decisión emanada de la corte que persista en el rechazo de la solicitud y 2) que esa sentencia persista en el rechazo de la solicitud de habeas corpus o en la denegación a la puesta en libertad del accionante.

9.5. La sentencia emanada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega rechazó el recurso de apelación incoado por el señor Jonathan de Jesús Tapia contra la Sentencia Penal núm. 212-2025- SSEN-00377, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la cual dispuso el rechazo de la acción de habeas corpus interpuesta por el hoy recurrente, bajo la premisa de que no existía constancia de la violación alegada por el hoy recurrente. Así, en el presente caso, se verifica una de las condiciones citadas en el párrafo anterior y exigidas para el primer presupuesto de admisibilidad de este tipo de recurso de revisión constitucional, en tanto, el rechazo pronunciado se traduce en la permanencia en prisión del accionante en habeas corpus; en segundo lugar, la decisión impugnada proviene de una corte de apelación, lo que conduce a declarar admisible el presente recurso.

TC/0824/26, numeral 9, 9.3–9.5, pág. 22 — PDF oficial

9.6. En cuanto al examen de los demás presupuestos de admisibilidad, conforme lo establecido en la Sentencia TC/0722/24 (párrafo x. y párrafo a., p. 38), los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de hábeas corpus son, en esencia, los mismos establecidos por el legislador en la Ley núm. 137-11 para el recurso de revisión constitucional en materia de amparo ordinario; a saber: (i) sometimiento dentro 1 Cfr. TC/0722/24 op.cit, párr. d, pág. 39. del plazo previsto para su interposición (artículo 95), (ii) que la decisión de hábeas corpus objeto de recurso de revisión constitucional haya sido dictada por una corte de apelación que persista en el rechazo de la solicitud o de la denegación a la puesta en libertad (Sentencia TC/0722/24, párrafo d, p. 39), (iii) calidad procesal para la interposición del recurso (Sentencia TC/0722/24, párrafo hhhhhhh, literal (B), p. 120), (iv) inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (artículo 96) y (v) satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (artículo 100).

9.7. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe la obligación de su sometimiento, a más tardar, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. Sobre dicho aspecto, esta sede constitucional reconoció como hábil dicho plazo, excluyendo los días no laborables; además, especificó la naturaleza franca del plazo en cuestión, descartando para su cálculo el día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem).

TC/0824/26, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 23 — PDF oficial

9.8. Este colegiado también decidió al respecto que el evento procesal considerado como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la fecha en la cual el recurrente toma conocimiento de la sentencia íntegra en cuestión. Además, cabe reiterar que, a partir de las Sentencias TC/0109/246 y TC/0163/247, el aludido plazo procesal solo comenzará a computarse a partir de la notificación de la decisión efectuada a persona o en el domicilio real de la parte recurrente, no obstante, esta última haya elegido, como domicilio ad hoc, el despacho profesional de sus entonces apoderados especiales en ocasión a la última instancia resuelta por los órganos del Poder Judicial.

9.9. En el caso que nos ocupa, observamos que la notificación de la Sentencia Penal núm. 203-2026-SSEN-00133 fue realizada diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026) a la persona del señor Jonathan de Jesús Tapia, mediante el Acto núm. 956-2026, mientras que la interposición del recurso de revisión constitucional que nos ocupa tuvo lugar el trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026). Al contrastar ambas fechas se verifica que la instancia que contiene el presente de revisión constitucional fue presentada antes del vencimiento del referido plazo procesal, motivo por el cual se impone concluir que fue oportunamente sometido, satisfaciendo así el requerimiento del referido artículo 95 de la Ley núm. 137-11

TC/0824/26, numeral 9, 9.8–9.9, pág. 24 — PDF oficial

9.10. Siguiendo el mismo orden de ideas, ostentan la calidad para presentar el recurso de revisión constitucional en materia de hábeas corpus el imputado o el Ministerio Público en beneficio de este, así como la persona que, en beneficio del imputado, haya ejercido la acción de hábeas corpus. En el presente caso, el señor Jonathan de Jesús Tapia ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como accionante en la acción de hábeas corpus resuelta por la decisión recurrida, motivo por el cual resulta satisfecho el presupuesto procesal objeto de estudio.

9.11. Por otro lado, el artículo 96 de la aludida Ley núm. 137-11 exige: El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además, de forma clara y precisa, los agravios causados por la decisión impugnada. Al respecto, se comprueba el cumplimiento de ambos requerimientos, debido a la inclusión en la instancia de revisión de las menciones relativas al sometimiento del recurso y se desarrollan las razones por las cuales la parte recurrente considera que la corte a quo incurrió en presuntas violaciones de debido proceso y tutela judicial efectiva, en el marco del derecho fundamental a la libertad y seguridad personal y el principio de legalidad, entre otros.

TC/0824/26, numeral 9, 9.10–9.11, pág. 25 — PDF oficial

9.12. Finalizando con la evaluación de los presupuestos procesales de admisibilidad restantes, procede analizar el requisito de especial transcendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada en el recurso, previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, y definido por este colegiado en su Sentencia TC/0007/12. Al respecto, esta sede constitucional estima que el recurso que le ocupa satisface el indicado requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional, en vista de que el conocimiento del caso propiciará que este colegiado continúe afianzando los criterios establecidos en sus precedentes, en el marco de la materia de hábeas corpus.

9.13. En virtud de los motivos enunciados, al quedar comprobados todos los presupuestos de admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de hábeas corpus, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer el fondo.

TC/0824/26, numeral 9, 9.12–9.13, pág. 26 — PDF oficial

10. En cuanto al fondo del recurso de revisión de sentencia de habeas

corpus

10.1. Como se ha expuesto previamente, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional de sentencia en materia de hábeas corpus interpuesto por el señor Jonathan de Jesús Tapia contra la Sentencia núm. 203- 2026-SSEN-00133, dictada el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiséis (2026) por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. Mediante dicha decisión fue rechazado el recurso de apelación incoado por el hoy recurrente contra la Sentencia núm. 212-2025-SSEN-00377, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), emitida por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la cual, a su vez, rechazó la acción constitucional de habeas corpus promovida por este.

10.2. El recurrente, señor Jonathan de Jesús Tapia, solicita que sea revocada la sentencia impugnada y, en consecuencia, que se acoja la acción constitucional de habeas corpus mediante la cual procura su inmediata puesta en libertad. Sustenta su pretensión, esencialmente, en que la decisión recurrida incurrió en una errónea aplicación de la ley y en una vulneración de los derechos fundamentales a la libertad personal, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, al confirmar el rechazo de la acción de hábeas corpus pese a que, según sostiene, ha permanecido privado de libertad por un período superior a la pena de tres (3) años que le fue impuesta en primer grado, mientras que la referida sentencia fue posteriormente revocada y el proceso enviado a un nuevo juicio. Alega que, en tales circunstancias, la continuación de la privación de libertad resulta ilegal, arbitraria e irrazonable, por lo que correspondía al juez constitucional ordenar su libertad inmediata y no remitir el examen de esa situación al juez penal ordinario.

TC/0824/26, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 26 — PDF oficial

El análisis de la sentencia recurrida permite comprobar que el tribunal a quo sustentó su decisión, de manera principal, en los siguientes motivos: 8.- En esas atenciones y en interés a dar respuesta al único medio de impugnación, al margen de lo pretendido por el impugnante, debe la Corte señalar que, esta jurisdicción de la alzada coincide plenamente con los criterios externados por la juez a quo en la decisión atacada, al comprobar que la privación de la libertad del procesado encuentra su génesis en la sentencia condenatoria núm. 212-03-2025-SSEN-00102 de fecha 02/06/2025, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, en virtud de la cual dicha jurisdicción dispuso una condena de tres (3) años de prisión, decisión que fue recurrida en apelación ante esta alzada, acogiéndose el recurso, ordenándose la celebración de un nuevo juicio, por ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, para que realicen una nueva valoración de las pruebas sometidas a su consideración. 9.- Vale destacar, que conforme la revisión del legajo de piezas que acompañan en la alzada la acción impugnatoria, promovida por el impetrante, no se pudo evidenciar violación al contenido de la ley ni la Constitución, pues, como ya se externó en el párrafo anterior, existe una sentencia condenatoria, la cual mantiene al procesado privado de libertad y esta es una facultad que tienen los tribunales de acoger o no las solicitudes incoadas por alguna de las partes envueltas en el proceso; máxime, que en el caso de la especie existe la vía abierta de la revisión para el imputado, en razón de que está apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, para conocer el juicio del caso que se le sigue en su contra.

TC/0824/26, numeral 10, 10.3, pág. 27 — PDF oficial

En esa tesitura, y de la mano del párrafo del artículo 395 del Código Procesal Penal que expresamente veda la acción de hábeas corpus cuando está abierta la vía de la revisión y que, por mandato de la ley, está reservada a aquellos casos que no disponen de otra vía para denunciar la vulneración de un derecho fundamental, por lo que en la especie bien ha obrado la jurisdicción de origen. 10.- Conforme lo dispone el artículo 395 del Código Procesal Penal: "Procedencia. Toda persona privada o cohibida de su libertad o amenazada de serlo sin las debidas formalidades de ley o de forma arbitraria o irrazonable, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en su nombre, a una acción de hábeas Corpus ante el juez correspondiente, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad". 11.- En consonancia con lo prescrito en la norma que rige la materia, procede rechazar por improcedente y falta de base legal, lo solicitado por la defensa del impetrante Jonathan de Jesús Tapia (a) Kaka, pues en el presente caso la parte impetrante posee recursos y medios ordinarios para hacer valer sus derechos, máxime cuando en su caso no existe violación alguna a la norma y la utilización de este medio procesal, no ampara situaciones procesales como las planteadas en el recurso de apelación que nos ocupa.

TC/0824/26, numeral 10, 10.3, pág. 27 — PDF oficial

10.4. En lo anterior se observa que la corte a quo consideró, en síntesis, que la privación de libertad del recurrente encontraba fundamento en una decisión judicial dictada por autoridad competente y que los planteamientos relativos al alegado exceso de la privación de libertad, al tiempo de permanencia en prisión y a la desaparición de los presupuestos que justificaban la medida debían ser ventilados mediante los mecanismos ordinarios de revisión de las medidas de coerción previstos en el Código Procesal Penal, y no a través de la acción constitucional de habeas corpus.

10.5. Para resolver los agravios planteados, resulta necesario determinar si la controversia sometida al conocimiento de este tribunal versa sobre una privación de libertad originariamente ilegal, arbitraria o irrazonable, susceptible de tutela mediante la acción constitucional de habeas corpus, o si, por el contrario, los planteamientos formulados por el recurrente se sustentan en una alegada modificación sobrevenida de las circunstancias que justificaron la medida de coerción, supuesto para el cual el ordenamiento jurídico prevé el mecanismo específico de revisión, modificación o cese de las medidas de coerción.

10.6. La acción de habeas corpus constituye una garantía constitucional de tutela directa de la libertad personal. El artículo 71 de la Constitución reconoce lo siguiente: Acción de hábeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad.

TC/0824/26, numeral 10, 10.4–10.6, pág. 29 — PDF oficial

10.7. Antes de examinar el caso concreto, este tribunal estima pertinente precisar que la Sentencia TC/0722/24, del veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), constituye el precedente de unificación que actualmente sistematiza el régimen constitucional de la acción de habeas corpus. En dicha decisión este colegiado desarrolló aspectos relativos a su ámbito de protección, procedencia, competencia, procedimiento, relación con la revisión de las medidas de coerción y criterios para la tutela efectiva de la libertad personal. En esa virtud, las consideraciones que allí fueron fijadas serán reproducidas en los apartados siguientes, conforme resulte necesario para resolver las cuestiones planteadas en el presente recurso.

10.8. El habeas corpus se dirige a controlar la existencia de una privación o amenaza de libertad que carezca de base legal, que sea arbitraria o que resulte irrazonable. Sin embargo, su alcance no puede ser confundido con el de los recursos ordinarios contra decisiones jurisdiccionales ni con el procedimiento especial de revisión de las medidas de coerción, cuando este último resulte aplicable, idóneo y efectivo. Esta delimitación fue precisada por este tribunal en la Sentencia TC/0722/24, al establecer la siguiente regla de admisibilidad de la acción: hhhhhhh. (....) (A) La acción de habeas corpus es admisible ante el tribunal competente cuando (i) es interpuesta por toda persona, o por quien actúe en su nombre, (ii) vea «privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable»; (iii) no existe otro recurso ordinario adecuado y efectivo; (iv) no aplique la revisión de la medida de coerción de privación de libertad. 2La decisión dictada por el juez de habeas corpus es apelable ante la corte de apelación correspondiente.

TC/0824/26, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 30 — PDF oficial

10.9. En esa misma decisión, este tribunal dejó sentado que, cuando el recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus sea acogido y el Tribunal Constitucional retenga el fondo de la acción, la procedencia del habeas corpus exige que el objeto de la acción no sea la revisión de una medida de coerción, o que el reclamo no pueda satisfacerse mediante una solicitud de revisión de medida. La regla fue formulada así: hhhhhhh. (....) (C) Cuando el recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus sea acogido y el Tribunal Constitucional retenga el fondo de la acción de habeas corpus, aquella será admisible: (i) cuando sea interpuesta por el imputado o cualquier persona legitimada en beneficio de aquel; (ii) cuando el objeto del habeas corpus no sea la revisión de una medida de coerción o que no pueda satisfacerse por medio de la solicitud de una medida de coerción 3 ; y (iii) 2 Subrayado nuestro. 3 Resaltado nuestro. que tenga como objeto la ilegalidad, irrazonabilidad o arbitrariedad de la privación de libertad.

10.10. La regla anterior permite que el habeas corpus conserve plena eficacia cuando la privación de libertad carece de título, cuando es manifiestamente ilegal, arbitraria o irrazonable, o cuando la vía ordinaria no resulta adecuada ni efectiva. Pero no desplaza automáticamente al juez penal apoderado cuando la pretensión material puede ser satisfecha por la revisión de la medida de coerción, mecanismo legalmente diseñado para examinar la subsistencia actual de los presupuestos de la prisión preventiva.

TC/0824/26, numeral 10, 10.9–10.10, pág. 31 — PDF oficial

10.11. El Código Procesal Penal contiene un régimen específico de control de las medidas de coerción. En la Sentencia TC/0722/24, este tribunal aplicó los artículos 238, 239, 240 y 241 del régimen procesal entonces vigente. Para el presente expediente, decidido bajo la Ley núm. 97-25, orgánica que instituye el Código Procesal Penal, [G. O. núm. 11221 del ocho (8) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)] esa misma función normativa se corresponde con los artículos 242, 243, 244 y 245 del Código Procesal Penal vigente, a saber, revisión de la medida, revisión obligatoria de la prisión preventiva, revisión a solicitud del imputado y cese de la prisión preventiva.

TC/0824/26, numeral 10, 10.11, pág. 32 — PDF oficial

10.12. La Sentencia TC/0722/24 citó expresamente el régimen anterior de revisión de medidas como parámetro de delimitación del habeas corpus. En la Ley núm. 97-25, esta norma está recogida en el artículo 242. La regla de fondo que conserva plena vigencia es que, ante una variación de las condiciones que justificaron la medida, el juez penal apoderado puede revisar, sustituir, modificar o hacer cesar la coerción. La indicada decisión estableció que: ssss. Tal atribución legal resulta de las disposiciones combinadas por los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal, que disponen: Artículo 238. Revisión. (Modificado por el artículo 61 de la Ley No. 10- 15 del seis (6) de febrero del año dos mil quince (2015), G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015) El juez, en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte, o de oficio, en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento las justificaron. En todo caso, previo a la adopción de la resolución, el secretario notifica la solicitud o la decisión de revisar la medida a todas las partes intervinientes para que formulen sus observaciones en el término de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual el juez decide.

10.13. En cuanto a la prisión preventiva, el artículo 243 del Código Procesal Penal vigente, Ley núm. 97-95, mantiene el control periódico obligatorio de sus presupuestos; exige que cada tres (3) meses el juez o tribunal competente examine si procede la continuación, modificación, sustitución o libertad del imputado. La revisión se produce en audiencia oral con citación a las partes.

TC/0824/26, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 32 — PDF oficial

10.14. Del contenido de estos textos resulta que la revisión de medida de coerción es un procedimiento oral y contradictorio, expresamente destinado a decidir si la prisión preventiva debe continuar, modificarse, sustituirse o cesar. Este mecanismo se refuerza por el artículo 244, que habilita al imputado y a su defensor a «provocar la revisión»; asimismo, por el artículo 245 (anterior 241), se regulan los supuestos de cese de la prisión preventiva, el cual establece que: Artículo 245. Cese de la prisión preventiva. La prisión preventiva finaliza cuando: 1) Nuevos elementos demuestren que no concurren las razones que la motivaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; 2) Su duración supere o equivalga a la cuantía mínima de la pena imponible, considerándose incluso la aplicación de las reglas relativas al perdón judicial o a la libertad condicional4; 3) Su duración exceda de doce meses.

10.15. La Sentencia TC/0722/24 también estableció cuál es el juez competente para conocer la revisión de la medida, criterio que resulta compatible con la Ley núm. 97-25: tttt. De estas disposiciones resulta que la revisión de la medida de coerción compete al juez o tribunal que se encuentra apoderado del caso por el cual se dicta o se originó la misma, sin importar el estado en que se encuentre ese caso y sin importar que ella haya sido dictada por el juez de una etapa anterior.

TC/0824/26, numeral 10, 10.14–10.15, pág. 33 — PDF oficial

10.16. De lo anterior se colige que si el proceso penal fue remitido para nuevo juicio ante el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el control de la subsistencia de la medida corresponde al juez o tribunal penal actualmente apoderado, conforme al estadio procesal correspondiente, esto, a fin de evitar que el habeas corpus se convierta en una vía paralela tendente a sustituir la competencia del órgano penal que tiene a su cargo la revisión de la coerción.

10.17. A esta conclusión se agrega el artículo 395 del Código Procesal Penal vigente, que regula la procedencia del habeas corpus y dispone que no procede cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción, siempre que tales vías sean igualmente expeditas para la tutela de los derechos garantizados por esta acción; siendo esta cláusula final relevante en la medida que establece que esta vía ordinaria debe ser capaz de ofrecer una respuesta efectiva. En el presente caso, la revisión de la medida cumple esa 4 Subrayado nuestro. exigencia porque permite discutir la subsistencia de los presupuestos de la prisión, su proporcionalidad actual y el eventual cese de la medida.

TC/0824/26, numeral 10, 10.16–10.17, pág. 34 — PDF oficial

10.18. En ese orden, en la TC/0722/24, esta sede precisó que cuando una parte no cuestiona la legalidad originaria de la medida, sino la desaparición posterior de sus motivos, la vía procesal adecuada es la revisión de la medida de coerción. En este precedente se estableció que la revisión opera sobre la variación de las condiciones que justificaron la medida (en el régimen vigente, la misma idea se reproduce en los artículos 242 a 245 del Código Procesal Penal), cuando indicó lo siguiente: lllllll. Esta segunda vía, conforme las previsiones del artículo 238, tiene como base «(…) la variación de las condiciones que en su momento las justificaron (…)» y debe ser conocida obligatoriamente de oficio por el juez (artículo 239) o a petición del imputado (artículo 240). mmmmmmm. En este caso, no se partiría del supuesto de que cuando la medida fue impuesta se hizo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, sino sobre la base de que los motivos que la fundaron ya han desaparecido y la medida merece ser levantada o sustituida. 5

TC/0824/26, numeral 10, 10.18, pág. 35 — PDF oficial

10.19. Por tanto, como en la especie, el recurrente no demuestra que la privación de libertad haya sido originariamente impuesta sin causa legal o sin las formalidades esenciales, sino que su argumento es que, por hechos posteriores —el tiempo transcurrido en prisión y la orden de nuevo juicio—, la privación de libertad devino irrazonable y debe cesar; aun cuando tales circunstancias son relevantes para evaluar la proporcionalidad actual de la prisión, no convierten automáticamente al habeas corpus en la vía procesal 5 Resaltado nuestro. adecuada, puesto que dichas circunstancias constituyen, en la interpretación más favorable al recurrente, una variación sobrevenida de las condiciones de la coerción y, por tanto, deben ser conocidas mediante la revisión o cese de la medida prevista en los artículos 242, 243, 244 y 245 del Código Procesal Penal vigente.

10.20. Continúa el recurrente expresando en su escrito, que fue condenado a tres (3) años de prisión y que ya habría cumplido ese tiempo; y que, sobre este punto, la propia TC/0722/24, al abordar la razonabilidad de la prisión preventiva, advirtió que la proporcionalidad y el plazo razonable son elementos indispensables para evitar una privación arbitraria. En dicha sentencia se expresó: Dada la exigencia de proporcionalidad que en especial se requiere para dictar la prisión preventiva en preferencia a cualquier otra medida de coerción, este tribunal entiende que, con el fin de asegurar que su decisión no sea considerada arbitraria ni irrazonable, el juez que imponga la prisión preventiva en un determinado proceso debe realizar el aludido test, lo cual se impone con el propósito de evitar un déficit en la motivación adecuada de las decisiones que contengan este tipo de medidas.

TC/0824/26, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 35 — PDF oficial

10.21. Sin embargo, reconocer la relevancia del tiempo de prisión no equivale a declarar que el habeas corpus sea la vía natural para efectuar el cómputo material de una pena no irrevocable o para decidir, fuera del proceso penal principal, si subsisten o no los presupuestos de coerción. El artículo 245 del Código Procesal Penal vigente contempla supuestos de cese de la prisión preventiva, entre ellos la existencia de nuevos elementos que demuestren que ya no concurren las razones que la motivaron o que tornen conveniente su sustitución, como se ha indicado precedentemente. Ese argumento debe ser planteado ante el juez competente para revisar la medida, quien deberá valorar de manera motivada la duración total de la prisión, el estado del proceso, el reenvío a nuevo juicio, la proporcionalidad de la medida y la posibilidad de sustituirla por mecanismos menos gravosos.

10.22. Por tanto, la orden de celebración de un nuevo juicio no produce, por sí sola, la libertad automática del imputado por vía de habeas corpus, sino que se erige en una circunstancia relevante a ser ponderada por el juez de la medida, pero que, no obstante, no desplaza el régimen de revisión de coerción que el Código Procesal Penal ha previsto para este tipo de controversias.

10.23. Por último, de las piezas que conforman el expediente y de la propia cronología fáctica y procesal formulada por el recurrente en su instancia, se verifica que el recurrente, si bien ha presentado la acción de habeas corpus, no se ha demostrado que haya presentado una instancia autónoma de revisión o cese de la medida de coerción.

TC/0824/26, numeral 10, 10.21–10.23, pág. 36 — PDF oficial

10.24. Esta precisión no supone negar el derecho del recurrente a solicitar su libertad; por el contrario, confirma que el ordenamiento le ofrece una vía específicamente diseñada para ello. Si el recurrente entiende que las condiciones que justificaban la coerción han variado por el tiempo transcurrido, por el reenvío a nuevo juicio o por cualquier otra circunstancia, puede apoderar al tribunal competente para que, en audiencia oral y contradictoria, revise la medida y decida si procede su continuación, modificación, sustitución o cese.

10.25. Al examinar la Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133, este tribunal advierte que, de manera correcta, la Corte de Apelación constató que el proceso penal se encontraba en poder del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega para conocer el nuevo juicio e identificó que existía una vía abierta para que el imputado hiciera valer su reclamo de libertad, vinculada a la revisión de la medida o de la situación procesal que mantiene la privación de libertad.

TC/0824/26, numeral 10, 10.24–10.25, pág. 37 — PDF oficial

10.26. Por consiguiente, procede rechazar, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus interpuesto por el señor Jonathan de Jesús Tapia y confirmar la Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiséis (2026). Esta decisión, aprobada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la magistrada Eunisis Vásquez Acosta, segunda sustituta, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Consta en acta el voto disidente de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0824/26, numeral 10, 10.26, pág. 38 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus interpuesto por el señor Jonathan de Jesús Tapia contra la Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 203-2026-SSEN-00133, de conformidad con las motivaciones expuestas en la presente decisión.

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 numeral 6) de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Jonathan de Jesús Tapia; a su abogado, licenciado Saúl Antonio Mejía Rivera; a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Vega y al Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca.

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. Aprobada: Napoleón R. Estévez Lavandier, presidente; Miguel Valera Montero, primer sustituto; José Alejandro Ayuso, juez; Fidias Federico Aristy Payano, juez; Alba Luisa Beard Marcos, jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, juez; Sonia Díaz Inoa, jueza; Army Ferreira, jueza; Domingo Gil, juez; Amaury A. Reyes Torres, juez; María del Carmen Santana de Cabrera, jueza; José Alejandro Vargas Guerrero, juez. La presente sentencia fue aprobada por los señores jueces del Tribunal Constitucional, en la sesión del pleno celebrada en fecha veintidós (22) del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026); firmada y publicada por mí, secretaria del Tribunal Constitucional, que certifico, en el día, mes y año anteriormente expresados. Grace A. Ventura Rondón Secretaria

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0824/26, del 28 de agosto de 2026. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0824-26. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.