Sentencia TC/0722/24

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 28 de noviembre de 2024 · Expediente TC-05-2018-0344

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus interpuesto por el señor Alberto de Jesús Chávez Mena contra la Sentencia núm. 125-2018-SSEN00005, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).

Sentencia oficial (PDF)

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¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0722/24?

El Tribunal Constitucional unifica su jurisprudencia y reconoce su competencia para revisar las sentencias de habeas corpus. El silencio legislativo no impide ejercer el mandato constitucional de proteger efectivamente la libertad individual. En virtud de su autonomía procesal y de la finalidad común del amparo y el habeas corpus, aplica el procedimiento de revisión de sentencias de amparo, con los ajustes necesarios, a las decisiones de apelación que confirmen el rechazo del habeas corpus o la denegación de la libertad. Solo el accionante que recibió una decisión desfavorable tiene calidad para recurrir; las decisiones que acogen el habeas corpus no son recurribles por vía ordinaria ni extraordinaria. Con ello, el Tribunal abandona los precedentes que negaban su competencia y la práctica de tramitar estos recursos como revisiones de decisiones jurisdiccionales (TC/0722/24, numeral 11, s–u, pág. 27; TC/0722/24, numeral 11, v–w, pág. 28; TC/0722/24, numeral 11, x, pág. 38; TC/0722/24, numeral 11, w–y, pág. 46).

En el caso concreto, el Tribunal considera admisible el recurso: no consta notificación de la sentencia al recurrente en su persona o domicilio, el escrito satisface las exigencias mínimas, el recurrente es el accionante a quien se le denegó la libertad y el asunto reviste especial trascendencia constitucional. En cuanto al fondo, la corte de apelación incurrió en incongruencia al declararse territorialmente incompetente y, a la vez, desestimar el recurso y confirmar la sentencia de primera instancia. Esa contradicción vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por lo que el Tribunal consideró justificado revocar la sentencia de apelación y examinar directamente la de primera instancia (TC/0722/24, numeral 11, d–f, pág. 39; TC/0722/24, numeral 11, g–h, pág. 40; TC/0722/24, numeral 11, w–y, pág. 46; TC/0722/24, numeral 11, bb–cc, pág. 48; TC/0722/24, numeral 12, f–h, pág. 52; TC/0722/24, numeral 12, i–k, pág. 53; TC/0722/24, numeral 12, o, pág. 55).

Decisión

En los fundamentos disponibles, el Tribunal declara admisible el recurso y concluye que procede revocar la Sentencia núm. 125-2018-SSEN00005 y examinar directamente la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis. El fragmento no contiene el dispositivo ni el resultado final de ese examen.

Citas textuales clave

“en lo adelante, reconocerá su competencia para conocer de la revisión constitucional de las sentencias rendidas en materia de habeas corpus” (TC/0722/24, numeral 11, v–w, pág. 28).
“el procedimiento para tramitar los recursos de revisión de una sentencia de habeas corpus, en tanto amparo sui generis, sea el mismo utilizado para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo” (TC/0722/24, numeral 11, x, pág. 38).
“la sentencia impugnada incurrió en una vulneración al principio de congruencia que se enmarca en la necesaria relación lógica entre su parte motiva y resolutiva” (TC/0722/24, numeral 12, i–k, pág. 53).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 7, 69 (incluido el numeral 9), 74 (numerales 3 y 4), 149 (incluido el párrafo III), 184 y 185 (numeral 4).

Ley núm. 137-11: artículos 7 (numerales 4 y 11), 9, 64, 94, 95, 96 y 100.

Código Procesal Penal: artículos 382, 386, 393 y 418.

Convención Americana de Derechos Humanos: artículos 8.2.h y 25.1.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: artículo 14.5.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0262/13, TC/0015/14, TC/0310/15, TC/0350/15, TC/0661/16, TC/0707/16, TC/0427/18, TC/0380/22, TC/0449/22, TC/0451/22, TC/0192/23, TC/0123/18, TC/0258/23, TC/0039/12, TC/1005/23, TC/0323/17, TC/0204/14, TC/0038/12, TC/0041/12, TC/0046/12, TC/0008/15, TC/0271/18, TC/0034/14, TC/0321/15, TC/0610/15, TC/0071/13, TC/0109/24, TC/0195/15, TC/0670/16, TC/0326/22, TC/0406/14, TC/0369/16, TC/0002/14, TC/0124/16, TC/0780/17, TC/0007/12, TC/0096/19, TC/0409/24, TC/0329/16, TC/0265/17 y TC/0178/15. También se citan las sentencias núms. 9 (29 de diciembre de 1999), 2 (19 de septiembre de 2001) y 7 (24 de abril de 2002), así como la núm. 1417-2005-AA/TC (Perú) y la núm. 3659 (Costa Rica).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El presente caso tiene su origen en una investigación penal iniciada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo en contra del señor Alberto de la Cruz Chávez Mena y de otra persona por alegada violación de los artículos 265, 266, 295, 304, párrafo II, 382, 383, 385 y 386, párrafo II, del Código Penal dominicano, que tipifican los crímenes de asociación de malhechores y homicidio voluntario precedido de robo con violencia, con ocasión de un hecho cometido en dicha jurisdicción en el dos mil doce (2012). Esa investigación concluyó con la presentación de la acusación en contra de estas personas de la cual resultó apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, que culminó emitiendo un auto de apertura a juicio el dos (2) de marzo de dos mil quince (2015). Para ese momento, el señor Chávez Mena se encontraba bajo los efectos de la medida de coerción consistente en una garantía económica y la presentación periódica que le había sido impuesta en diciembre de dos mil trece (2013). Para el conocimiento del juicio resultó apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016) dictó la Sentencia núm. 54804-2016-SSEN-00223, mediante la cual declaró culpable al señor Alberto de Jesús Chávez Mena y le condenó a la pena de treinta (30) años de reclusión mayor. Igualmente, la referida sentencia - atendiendo a las conclusiones vertidas por el Ministerio Público y la parte querellante- se pronunció en torno a la medida de coerción que pesaba contra el ciudadano Chávez Mena, variándola por la de prisión preventiva.

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No conforme con tal decisión, el señor Alberto de Jesús Chávez Mena, el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016) interpuso formal recurso de apelación de cuyo conocimiento resultó apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual resolvió el asunto mediante la Sentencia núm. 1419-2017-SSEN-00079, del veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), que rechazó el referido recurso y confirmó -en todas sus partes- la sentencia de condena. El diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el ciudadano Chávez Mena, bajo el predicamento de que su estado de prisión era irregular, interpuso una acción constitucional de habeas corpus ante la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, que resolvió la petición mediante la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la cual declaró inadmisible dicha la acción por entender que el peticionario se encontraba guardando prisión de manera legal y que no habían sido vulnerados sus derechos constitucionales. En desacuerdo con la decisión supra indicada, el señor Alberto de Jesús Chávez Mena, mediante instancia del catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), ejerció un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, del treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), que desestimó el mencionado recurso de apelación bajo la premisa de que no tenía «poder jurisdiccional para conocer del fondo de la pretensión del impetrante», procediendo, sin embargo, a confirmar la decisión recurrida.

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No conforme con esta última sentencia, el señor Alberto de Jesús Chávez Mena, mediante instancia del veintitrés (23) de abril de dos mil dieciocho (2018), interpuso el recurso de revisión constitucional que ahora nos ocupa.

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9. Cuestión previa

a. En la lectura de la instancia contentiva del recurso presentado por el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena se constata que este ha sido presentado y argumentado como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, procedimiento cuyo conocimiento ha sido puesto a cargo de este tribunal conforme las previsiones del numeral 4) del artículo 185 de la Constitución de la República, y de los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

b. Cabe destacar, empero, que este tribunal ha tenido la oportunidad, en diversas ocasiones, de referirse a decisiones que resolvieron sobre la tutela del derecho a la libertad y que fueron presentadas o tramitadas por sus reclamantes ante el Poder Judicial, a través de distintos medios legales.

c. En estos fallos, esta sede dio por establecido que -independientemente de que el abordaje que se le hubiera dado a cada uno de esos casos a lo interno de los tribunales del orden judicial fuera o no el de una acción constitucional de habeas corpus- la reclamación que subyacía en tales procesos era o debía ser tutelable mediante ese tipo de acción constitucional.

TC/0722/24, numeral 9, a–c, pág. 16 — PDF oficial

d. Empero, la solución dada a cada uno fue procesalmente distinta. Por tal razón, se han producido fallos disimiles, tanto en lo relativo al reconocimiento de la competencia, por parte de este tribunal, para conocer y fallar asuntos relativos a las acciones constitucionales de habeas corpus como en lo concerniente al procedimiento aplicable para el trámite de la revisión constitucional por parte de esta corporación. En ese tenor, conviene examinar detalladamente las decisiones rendidas por esta sede, en torno a estas cuestiones: 1. La Sentencia TC/0262/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), examinó un recurso tramitado y conocido por esta sede como un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. El asunto se originó por la presentación de una acción constitucional de habeas corpus por un ciudadano ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Este tribunal declaró su competencia y pronunció la inadmisibilidad del recurso examinado sobre la base de que el mismo se dirigía contra una sentencia dictada por un tribunal de primer grado por lo que -según afirmó- equivaldría a eludir el «presupuesto de agotamiento de las vías jurisdiccionales disponibles para remediar la violación de un derecho», ya que, conforme a la normativa, esa decisión estaba sujeta a la apelación. 2. Mientras que la Sentencia TC/0015/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), resolvió un recurso que fue tramitado y conocido por este tribunal como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Este caso se originó mediante una acción constitucional de amparo presentada ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, por un ciudadano privado de libertad.

TC/0722/24, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

En esa oportunidad, esta sede declaró su competencia y pronunció la admisibilidad del recurso, al tiempo de acogerlo y de anular la resolución emitida por el tribunal de primer grado ordenando la remisión del expediente ante el indicado tribunal para que conociera del caso bajo el procedimiento de habeas corpus y no como uno de amparo. 3. La próxima sentencia emitida en esta materia es la TC/0310/15, del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), que falló un recurso tramitado y conocido por este colegiado como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Este proceso se había iniciado mediante la presentación de una acción de amparo incoada ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata por un ciudadano privado de libertad. En esa oportunidad, este tribunal, luego de retener su competencia y, siguiendo la misma línea de la Sentencia TC/0015/14, acogió el recurso y anuló la sentencia, ordenando su envío ante el tribunal de primera instancia para que conociera del asunto como un habeas corpus y no por la vía de un amparo como lo conoció en su oportunidad. 4. La siguiente sentencia que se examina es la TC/0350/15, del trece (13) de octubre de dos mil quince (2015), que resolvió sobre un recurso que fuera tramitado y conocido por este colegiado como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Ese proceso había tenido su origen con la presentación de una acción de amparo ante la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata por un ciudadano privado de libertad. El Tribunal Constitucional, luego de declararse competente, pronunció la admisibilidad del recurso, rechazándolo al fondo y confirmando la sentencia impugnada que había decidido la inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía. 5.

TC/0722/24, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

Más adelante, mediante la Sentencia TC/0661/16, del ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), este tribunal falló sobre un recurso que tramitó y conoció como un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Este caso tuvo su inicio mediante una acción constitucional de habeas corpus interpuesta por un ciudadano directamente ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, ya que se trataba de una persona que estaba en trámite de extradición. En esa oportunidad, este colegiado declaró su competencia e inadmitió el recurso por carencia de objeto, bajo el argumento de que -al momento de producirse el fallo- ya el accionante y recurrente había sido extraditado. 6. Por su parte, mediante la Sentencia TC/0707/16, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), esta sede resolvió un recurso tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Este caso se originó cuando un ciudadano privado de libertad presentó una acción constitucional de habeas corpus ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo. Este tribunal declaró su competencia y pronunció la inadmisibilidad del recurso sobre la base de que la decisión era objeto de apelación (artículo 386 del Código Procesal Penal). El fallo también fundó su inadmisibilidad en la afirmación de que las decisiones de habeas corpus no adquieren la autoridad de cosa juzgada. 7. Casi dos años después, mediante la Sentencia TC/0427/18, del doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), esta jurisdicción resolvió un recurso que había tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, aun cuando la mencionada decisión lo denomina «recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus».

TC/0722/24, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

El caso se inicia con ocasión de la acción constitucional de habeas corpus presentada por un ciudadano privado de libertad ante el Juzgado de la Instrucción de Atención Permanente del Distrito Nacional, el cual acogió la solicitud y ordenó su puesta en libertad. Frente al recurso de revisión constitucional presentado por el procurador fiscal de la Jurisdicción Militar, y aun cuando el mismo estaba dirigido contra una decisión de un tribunal de primer grado que no había sido apelada, el Tribunal Constitucional -por primera vez- se limita a declarar su incompetencia sobre la base de que la legislación no habilita el recurso de revisión constitucional de sentencias de habeas corpus. 8. La siguiente sentencia es la TC/0380/22, del quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022), mediante la cual se resuelve sobre un recurso que había sido tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Este caso inició con la presentación de una acción constitucional de habeas corpus presentada por un ciudadano ante la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, tribunal que, habiendo acogido la referida acción, ordenó su inmediata puesta en libertad. Esta sede, al conocer del recurso presentado por la procuradora fiscal del Distrito Judicial de Duarte, y aun cuando el recurso estaba dirigido contra una decisión de un tribunal de primer grado que no había sido apelada, el Tribunal Constitucional se limitó -al igual que en la Sentencia TC/0427/18- a declarar su incompetencia fundamentado en que la ley no habilita el recurso de revisión constitucional para las sentencias de habeas corpus. 9.

TC/0722/24, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

Luego, mediante la Sentencia TC/0449/22, del catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), este colegiado falló un recurso tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. Este proceso tuvo su inicio mediante la presentación de una acción de habeas corpus sometida por varias personas ante la Oficina Judicial de Servicios para la Atención Permanente del Distrito Nacional, que -luego de haber acogido la indicada acción- ordenó la inmediata puesta en libertad. Este tribunal, al conocer del recurso presentado por la Dirección General de Migración (DGM) y aun cuando el recurso estaba dirigido contra una decisión de un tribunal de primer grado que no había sido apelada, se limitó -al igual que en las sentencias TC/0427/18 y TC/0380/22- a declarar su incompetencia fundamentándose en que la ley no autoriza el recurso de revisión constitucional para las sentencias de habeas corpus.

TC/0722/24, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

10. En ese mismo año se dictó la Sentencia TC/0451/22, del catorce (14) de

diciembre de dos mil veintidós (2022), mediante la que se falló sobre un recurso tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. El indicado caso se inició como una acción constitucional de habeas corpus presentada por varias personas ante la Oficina Judicial de Servicios para la Atención Permanente del Distrito Nacional. Dicha jurisdicción, luego de haber acogido la indicada acción, ordenó la puesta en libertad de los accionantes. Esta sede, al momento de conocer del recurso presentado por la Dirección General de Migración (DGM) y aun cuando estaba dirigido contra una decisión de un tribunal de primer grado que no había sido apelada, se limitó -tal como lo hizo en las Sentencias TC/0427/18, TC/0380/22 y TC/0449/22- a declarar su incompetencia sobre la base de que la normativa legal vigente no autoriza el recurso de revisión constitucional para las sentencias que resuelvan sobre casos de habeas corpus.

TC/0722/24, numeral 10, pág. 21 — PDF oficial

11. Finalmente, mediante su Sentencia TC/0192/23, del diez (10) de abril de

dos mil veintitrés (2023), este colegiado constitucional falló un recurso que había tramitado y conocido como un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo. El caso fue iniciado con la presentación de una acción constitucional de habeas corpus que presentó un ciudadano ante la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, tribunal que acogió favorablemente dicha acción y ordenó la puesta en libertad del accionante. Empero, al momento de conocerse el recurso presentado por la procuradora fiscal del Distrito Judicial de Duarte, y aun cuando el mismo estaba dirigido contra una decisión de un tribunal de primer grado que no había sido apelada, esta sede se limitó -de la misma forma como lo había hecho en los casos resueltos mediante las sentencias TC/0427/18, TC/0380/22, TC/0449/22 y TC/0451/22- a pronunciar su incompetencia sobre el predicamento de que la legislación vigente no autoriza el recurso de revisión constitucional para aquellas sentencias que se pronuncian sobre una acción constitucional de habeas corpus.

e. Como puede observarse y como habíamos advertido, en las decisiones que se acaban de describir, este tribunal constitucional en casos relacionados con acciones de habeas corpus ha dado tratamientos distintos en lo que atañe a dos aspectos: uno en lo relativo a la competencia de esta sede para conocer de recursos de revisión constitucional que versen sobre acciones de habeas corpus y otro en lo atinente a la vía recursiva específica para tramitar el asunto ante esta sede constitucional. Esto es, si se trata de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional o si se trata de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.

TC/0722/24, numeral 11, e, pág. 22 — PDF oficial

f. Esta variedad de decisiones amerita que en esta oportunidad se proceda a unificar criterios en ambos aspectos siguiendo los lineamientos que -en casos análogos- ha delineado.

g. Así, en su Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), este tribunal precisó que cuando existe un número importante de decisiones «(…) en aplicación divergente de un precedente, es necesario analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe aclarar, modificar o abandonar el mismo (…)». También se dijo que aun cuando «(…) se trate de una cuestión de lenguaje o de fondo, el tribunal debe velar [por que] sus precedentes sean lo suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad (…)». Este criterio fue también sostenido mediante la Sentencia TC/0258/23, del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

h. Esa línea jurisprudencial es la que ha permitido que el ordenamiento jurídico dominicano haya asimilado las denominadas sentencias de unificación, una modalidad de sentencia constitucional que tiene como finalidad (…) unificar criterios en la jurisprudencia para resolver posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales, que impidan la vigencia o relación de derechos fundamentales, para unificar criterios jurisprudenciales o cuando un asunto de transcendencia lo amerite. (…) el uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este tribunal se observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. (…). 1

TC/0722/24, numeral 11, f–h, pág. 23 — PDF oficial

i. Tomando en cuenta lo anterior, esta sede juzgó en los citados precedentes TC/0123/18 y TC/0258/23 que las sentencias de unificación proceden en las siguientes hipótesis:

a. [Cuando] hay casos aplicando un precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derecho y se presentan divergencias o posibles contradicciones que ameritan una unificación por razones de contenido o lenguaje;

b. [cuando] existen precedentes posiblemente contradictorios que llamen al tribunal a unificar doctrina;

c. [cuando] hay una cantidad de casos en que, por casuística, se aplican criterios concretos que hacen necesario que el tribunal los unifique en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión.

j. Cabe recordar, tal como se precisó en los precedentes ya citados, que independientemente de que esta modalidad de sentencias haya surgido o sea la protagonista en tribunales que se encuentran divididos en salas -lo que no ocurre con el Tribunal Constitucional dominicano-, nada impide que esta práctica jurisprudencial sea adaptada a nuestro ordenamiento jurídico, como en efecto se ha implementado, por las razones antedichas.

k. En efecto, como se ha explicado en una oportunidad anterior, sea cual haya sido el origen de esta práctica en el derecho comparado, «(…) este tribunal 1 Sentencia TC/0123/18, del cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018). constitucional la ha aclimatado, moldeado, al ordenamiento jurídico dominicano para aclarar, unificar o asentar criterios y así proporcionar seguridad jurídica. (…) 2 », de ahí que sea conveniente reiterar su uso.

TC/0722/24, numeral 11, i–k, pág. 24 — PDF oficial

l. La sentencia unificadora que se produce con esta decisión encuentra sustento en las causales recién descritas, pues, tal como se ha advertido, este tribunal ha reconocido -de manera indistinta- su capacidad competencial para los casos relativos o que tienen su origen en una acción constitucional de habeas corpus y los ha tramitado de manera distinta ya bajo el procedimiento estipulado para los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, ya bajo el procedimiento de los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo.

m. De la misma manera, esta sentencia de unificación se produce con base en el principio de autonomía procesal que ha adoptado este tribunal a partir de su Sentencia TC/0039/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), mediante el cual hizo suyo el criterio asumido por el Tribunal Constitucional del Perú. mediante sus Resoluciones núms. 0025-2005-PI/TC y 0026-2005- PI/TC, que establecen: (…) este Tribunal detenta en la resolución de cada caso concreto la potestad de establecer, a través de su jurisprudencia, normas que regulen el proceso constitucional, a través del precedente vinculante […], en aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional. La norma así establecida está orientada a resolver el concreto problema —vacío o imperfección de norma— que el caso ha planteado y, sin embargo, lo 2 Sentencia TC/0258/23, del dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023). trascenderá y será susceptible de aplicación ulterior debido a que se incorpora, desde entonces, en la regulación procesal constitucional vigente. (…)

TC/0722/24, numeral 11, l–m, pág. 25 — PDF oficial

n. Igualmente, este tribunal, mediante la Sentencia TC/1005/23, del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), ha afirmado que comparte el razonamiento empleado por el Tribunal Constitucional de Perú, a través de su Sentencia núm. 1417-2005-AA/TC, en la que dijo que: (…) Mediante su autonomía procesal, el Tribunal Constitucional puede establecer reglas que tengan una pretensión de generalidad y que puedan aplicarse posteriormente a casos similares, siempre que estas reglas tengan como finalidad perfeccionar el proceso constitucional, y se encuentren limitadas por el principio de separación de poderes, la (…) vigencia efectiva de los derechos fundamentales y los principios de razonabilidad y proporcionalidad. (…)

o. Realizadas las anteriores precisiones, resulta oportuno recordar que este tribunal constitucional es el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales, por mandato expreso del artículo 184 de la Constitución. De ese mandato resulta imperativo para esta alta corte el tutelar de manera efectiva todos los derechos fundamentales.

p. La figura del habeas corpus existe en nuestra legislación desde mil novecientos catorce (1914) cuando se promulgó la Ley núm. 5353, que tuvo como modelo inmediato la Orden militar núm. 4, del quince (15) de octubre de mil novecientos (1900), 3 emitida en Cuba durante la ocupación estadounidense 3 Ramos, Leoncio. Notas de derecho penal dominicano, p. 197. la cual, a su vez, estuvo inspirada en la ley de habeas corpus del estado de Nueva York 4 .

TC/0722/24, numeral 11, n–p, pág. 26 — PDF oficial

q. Fue, a partir de mil novecientos cincuenta y cinco (1955), cuando esta acción adquiere dimensión constitucional al ser incorporada en el artículo 8 numeral 2), literal c) de la Constitución, que decía: «(…) Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales, o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta inmediatamente en libertad a requerimiento suyo o de cualquier persona. La ley de Habeas Corpus determinará la manera de proceder sumariamente en estos casos; (…)».

r. Con el trascurrir del tiempo, la propia Constitución fue fortaleciendo esta institución. Así, por ejemplo, a partir de la modificación constitucional de mil novecientos sesenta y seis (1966), se establecen sanciones en contra de aquellos que actuaren a contrapelo de las regulaciones sobre el derecho a la seguridad individual establecidas en los literales a), b), c), d), e), f) y g) de su artículo 8 5 . A partir de dos mil diez (2010), el texto constitucional amplia el espectro de la acción no solo a las privaciones de libertad sino a las amenazas de privación, y no únicamente a los casos en que la privación se considera ilegal, sino que incluye aquellas privaciones arbitrarias e irrazonables.

TC/0722/24, numeral 11, q–r, pág. 27 — PDF oficial

s. Resulta, entonces, totalmente ilógico y contrario al espíritu de la Constitución vigente, que habiendo ella misma creado una jurisdicción constitucional con la sagrada misión de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales se haya dejado a la voluntad de legislador ordinario decidir que dicha jurisdicción no pueda pronunciarse en esta materia. 4 Véase https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3714/4564 5 En efecto, la parte in fine del indicado numeral 2) del artículo 8 de la Constitución de mil novecientos noventa y seis (1966) establecía: «(…) La ley de Habeas Corpus, determinará la manera de proceder sumariamente para el cumplimiento de las prescripciones contenidas en las letras a), b), c), d), e), f) y g) y establecerá las sanciones que procedan (…)».

t. El silencio del legislador en torno a la posibilidad de acudir ante este colegiado en revisión constitucional de las sentencias rendidas por el Poder Judicial, en materia de habeas corpus, más que deliberada, parece inspirada en que la larga tradición constitucional de la institución del habeas corpus no podría dar lugar a una interpretación distinta a la de que se le reconozca tal atribución al órgano de cierre en materia constitucional y de protección a los derechos fundamentales.

u. Resulta, entonces, más favorable incrementar el nivel de protección del derecho fundamental a la libertad individual, para lo cual es necesario contemplar la posibilidad de que este tribunal tenga la última palabra en aquellos casos en que habiéndose iniciado una acción de habeas corpus, los tribunales del orden judicial encargados de conocer de ella, se han negado a dictar el mandamiento o a ordenar la libertad.

TC/0722/24, numeral 11, s–u, pág. 27 — PDF oficial

v. No puede esta alta corte, en un tema tan trascendente y bajo el predicamento de aplicar la «voluntad del legislador ordinario», rehuir al sagrado deber que le otorga directamente la Constitución 6 y pronunciar su incompetencia para conocer de la más vieja acción de tutela a derechos fundamentales directamente reconocida por la Constitución dominicana. Máxime cuando, en aplicación del principio de autonomía procesal, ya explicado, puede crear las herramientas y procedimientos necesarios que complementen e incluso llenen los vacíos de la legislación.

w. En ese sentido y por todo lo antedicho, este tribunal constitucional unifica sus criterios y determina que, en lo adelante, reconocerá su competencia para conocer de la revisión constitucional de las sentencias rendidas en materia de habeas corpus, en los términos y condiciones establecidos por la normativa 6 La protección de los derechos fundamentales (artículo 184). procesal vigente y la presente sentencia. Abandonando de ese modo los precedentes establecidos por las Sentencias TC/0427/18, del doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018); TC/0380/22, del quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022); TC/0449/22, del catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022); TC/0451/22, del catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022), y TC/0192/23, del diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023), que declaraban la incompetencia de este colegiado para conocer de este tipo de revisiones constitucionales. 10. Determinación del procedimiento a seguir por el Tribunal Constitucional para conocer de estas revisiones constitucionales

TC/0722/24, numeral 11, v–w, pág. 28 — PDF oficial

a. Como se ha dicho anteriormente, para que este tribunal constitucional, como órgano supremo de protección a los derechos fundamentales, pueda cumplir adecuadamente con su misión de tutelar el derecho que protege el habeas corpus, deberá hacer uso del principio de autonomía procesal que ha sido reconocido tanto por la jurisprudencia extranjera como por la propia. Esto, además, resulta coherente con el principio pro homine que -como criterio de interpretación- (…) se expresa en el sentido de que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad, para favorecer al titular del derecho; es decir, ninguna ley puede ser interpretada en el sentido de limitar o suprimir el goce y ejercicio de los derechos y garantías fundamentales (…) [TC/0323/17, del veinte (20) de junio de dos mil diecisiete (2017)].

b. La doctrina distingue dos vertientes de este principio: la autonomía procesal delegada o interpretativa y la autonomía procesal autárquica o cuasi legislativa. En virtud de la primera, el tribunal se limita a interpretar y desarrollar instituciones y reglas procesales existentes, con la finalidad de mejorarlas y adecuarlas a los objetivos previstos por el mismo legislador, mientras que, en virtud de la segunda, el tribunal crea figuras e instituciones procesales 7 .

c. Como también se dijo, este tribunal ha hecho uso -en varias ocasiones- de esta autonomía por considerarla coherente con el principio de efectividad contenido en el numeral 4 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Así, mediante su Sentencia TC/0204/14, del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014), señaló lo siguiente:

TC/0722/24, numeral 11, a–c, pág. 29 — PDF oficial

d. Dicha facultad es atribuida directamente a este colegiado, de una parte, por los principios rectores de nuestro sistema de justicia constitucional, recogidos en la referida ley núm. 137-11, particularmente el de oficiosidad 8 , que permite al Tribunal adoptar de oficio medidas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales; y, de otra parte, por el principio de autonomía procesal, coherente con el principio de efectividad , que faculta al Tribunal a establecer mediante su jurisprudencia normas que regulen el proceso constitucional en aquellos aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del proceso constitucional. 7 ACOSTA, Hermógenes. «El Tribunal Constitucional dominicano: desarrollo del principio de autonomía procesal». Revista de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, abril-junio 2015, p. 32. 8 «Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente». (Artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11).

d. Este colegiado ha hecho uso del principio de autonomía procesal, a veces de modo expreso y otras de forma implícita. Así lo hizo, por ejemplo, para justificar que el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional sea fallado por una sola sentencia, a pesar de que la normativa procesal constitucional establece que se necesitan dos sentencias, una de admisibilidad y otra de fondo 9 .

TC/0722/24, numeral 11, d–d, pág. 30 — PDF oficial

e. De igual manera lo hizo para suplir un vacío normativo indicando que corre a cargo del secretario del tribunal la obligación procesal de notificar el escrito contentivo del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 10 , así como para llenar el vacío normativo del procedimiento de las demandas en solicitudes de suspensión que establece el numeral 8 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11 11 .

f. Del mismo modo, se apeló a la aplicación de este principio para imputar como sanción procesal la presentación de una segunda acción de amparo frente a la declaratoria de inadmisibilidad por cosa juzgada, 12 así como para resolver aquellos casos en que el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales haya sido interpuesto a nombre de una persona fallecida 13 . También para justificar la inadmisibilidad del recurso de revisión sobre las sentencias incidentales rendidas por el juez de amparo 14 , entre otras decisiones.

g. Como se puede apreciar, este tribunal ha aplicado el referido principio de autonomía procesal, con el propósito de crear -por vía jurisprudencial- normas que procuran, en algunos casos, llenar vacíos normativos y, en otros, interpretar 9 Véase la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012). 10 Idem. 11 Véase la Sentencia TC/0039/12, del trece (13) de septiembre del año dos mil doce (2012). 12 Véase la Sentencia TC/0041/12, del trece (13) de septiembre del año dos mil doce (2012). 13 Véase la Sentencia TC/0046/12, del tres (3) de octubre del año dos mil doce (2012). 14 Véase la Sentencia TC/0008/15, del seis (6) de febrero de dos mil quince (2015). las normas procesales existentes, a fin de que se ajusten a los fines del proceso constitucional.

TC/0722/24, numeral 11, e–g, pág. 31 — PDF oficial

h. En este contexto, el principio de autonomía procesal se estaría empleando para establecer la aplicación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo -elemento de la normativa procesal constitucional existente- como medio de impugnación, por parte de este tribunal constitucional, de aquellas decisiones emanadas de una corte de apelación que confirman el rechazo de una solicitud de habeas corpus o de la puesta en libertad pronunciada por un tribunal de primera instancia.

i. De la misma manera, el indicado principio se emplea para hacer los ajustes necesarios a los fines de asegurar que el procedimiento establecido por la ley para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo sea lo suficientemente útil y efectivo, de manera que permita la cristalización de la misión del Tribunal Constitucional de proteger el derecho fundamental tutelado por medio del habeas corpus.

j. De ese modo, cualquier violación al derecho fundamental a la libertad individual que no se haya enmendado en el curso de un habeas corpus podría ser subsanada en esta sede por medio del recurso de revisión constitucional de la sentencia resultante del ejercicio de esta acción.

k. La aplicación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo como medio para atacar la decisión judicial pronunciada por una corte de apelación que confirme el rechazo de un habeas corpus o de la puesta en libertad se justifica atendiendo a dos razones principales. Una de orden teórico- ontológico que ya se ha explicado, y que deriva de la misión conferida a este tribunal por la Constitución de la República, que exige de su parte proteger los derechos fundamentales y la otra de orden pragmático, que se sustenta en la similitud que guarda el amparo con el habeas corpus, en tanto ambas acciones procuran un fin semejante: la tutela de derechos fundamentales.

TC/0722/24, numeral 11, h–k, pág. 32 — PDF oficial

l. Desde el punto de vista teórico-ontológico, se sabe que el Estado constitucional adoptado por nuestra Constitución (artículo 7) tiene como centro la supremacía de los valores, prerrogativas y principios establecidos en ella. Por esa razón, nuestra Constitución reconoce y garantiza directamente un elenco de derechos fundamentales, amén de asumir como propios todos los derechos contenidos en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados por nuestro Estado, todo bajo la premisa de que su ejercicio resulta indispensable para el desarrollo de la democracia y la configuración de una sociedad más justa.

m. La existencia de estos derechos sería verdaderamente ilusoria sin los mecanismos que garanticen su efectivo cumplimiento. Por eso, la propia Constitución se encarga de establecer diversas maneras que procuran su efectividad.

n. Tal es el caso del deber impuesto a todos los poderes públicos, por el numeral 4) del artículo 74 de la Constitución, que les ordena interpretar y aplicar «(…) las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos (…)» y a que, en caso de conflictos entre derechos fundamentales, procuren «(…) armonizar los bienes e intereses protegidos (…)» por la propia Constitución.

TC/0722/24, numeral 11, l–n, pág. 33 — PDF oficial

o. De la misma forma, el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y, en general por las leyes, como manera de cumplir con su misión de administrar justicia para decidir sobre los diversos conflictos impuesta por el artículo 149 de la Constitución. Tal obligación de los tribunales del orden judicial ha sido reconocida por esta sede en varias oportunidades al afirmar, entre otras cosas, que «(…) los tribunales que integran el Poder Judicial tienen dentro de sus funciones la protección de los derechos fundamentales (…)» [TC/0271/18, del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018)] y que «(…) la misión principal de todo juez es garantizar los derechos de las personas en todas las esferas. Negarle esta posibilidad, sin alguna referencia real y concreta, atentaría contra el adecuado funcionamiento del sistema de justicia en República Dominicana (…)» [TC/0034/14, del veinticuatro (24) de febrero d dos mil catorce (2014)].

TC/0722/24, numeral 11, o, pág. 33 — PDF oficial

p. Pero es al Tribunal Constitucional que corresponde -en última instancia- la suprema misión de proteger los derechos fundamentales (artículo 184 de la Constitución), para lo cual se le dota de una serie de herramientas que viabilizan el cumplimiento de este sagrado deber como lo constituyen la autonomía procesal y los principios de efectividad, favorabilidad y oficiosidad, entre otros principios que caracterizan la justicia constitucional. Así lo ha sostenido este colegiado de manera reiterada en los términos siguientes: (…) 10.2. El Tribunal Constitucional, en virtud del principio rector de oficiosidad, independientemente de los hechos y derechos invocados por las partes, tiene el ineludible deber de revisar de manera minuciosa la sentencia sometida a examen, a fin de establecer si la decisión ha sido estructurada bajo los parámetros establecidos por la ley y la Constitución (…) [TC/0321/15, del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015)] (…) s. Ante esta realidad, el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución, tiene el deber de aplicar, interpretar e intentar hacer realidad estos postulados contenidos en la Ley Sustantiva del país ya que, de no ser así, su accionar se reduciría a un mero ejecutor de letra muerta que, como tal, no aportaría al propósito esencial del Estado social y democrático de derecho que previamente se ha citado.

t. En efecto, el Tribunal Constitucional tiene el deber de aportar para que las actuaciones de las autoridades y del Estado se acerquen cada vez más al ideal de la Constitución, la cual, como fundamento del Estado, debe seguir viva en cada momento histórico del país. (…) [TC/0610/15, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015)]

TC/0722/24, numeral 11, p–t, pág. 34 — PDF oficial

w. (…) Por demás, debemos indicar que dentro de las funciones de los tribunales constitucionales está garantizar los derechos fundamentales en el ejercicio de las funciones que realizan los tribunales jurisdiccionales, como ha ocurrido en el caso de marras; (…)» [TC/0271/18, del veintitrés (23) de agosto de dos mil dieciocho (2018)]

q. En el orden práctico, encontramos que tanto el amparo como el habeas corpus son acciones constitucionales que procuran proteger derechos fundamentales. El amparo, que es de carácter más general porque busca la protección de cualquier derecho fundamental distinto a la libertad y a la protección de los datos personales; y el habeas corpus, que es de carácter especial, porque procura puntualmente la protección de un derecho fundamental especialmente tutelado.

r. Dada la similitud existente entre la acción de amparo y la de habeas corpus, así como el rol protector de derechos fundamentales que pesa sobre el Tribunal Constitucional, resulta lógico que el habeas corpus, en virtud del principio de autonomía procesal, pueda adquirir algunos rasgos procesales de la acción de amparo, como lo es su régimen recursivo, en aras de que el Tribunal Constitucional esté en condiciones de tutelar de modo más efectivo el derecho fundamental a la libertad individual en aquellos casos en que la jurisdicción ordinaria no lo haya realizado.

TC/0722/24, numeral 11, w–r, pág. 35 — PDF oficial

s. En abono a lo anterior, hay que recordar que -si bien a partir de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), el habeas data y el habeas corpus son acciones totalmente autónomas que se distinguen de la acción de amparo en los derechos que cada una de ellas tutelan- la jurisprudencia nacional siempre acordó al habeas corpus la categoría de amparo especial sosteniendo, en reiteradas ocasiones, que dicha acción «… es un amparo destinado exclusivamente a proteger, entre los derechos de la persona, el de la libertad individual» 15 .

t. Aunque el procedimiento del habeas corpus se encuentra desarrollado en el Código Procesal Penal, a diferencia del amparo y el habeas data, cuyos procedimientos se desarrollan en la Ley núm. 137-11, lo cierto es que todas estas acciones son de una misma naturaleza, en tanto son mecanismos jurisdiccionales que procuran la tutela de derechos fundamentales.

TC/0722/24, numeral 11, s–t, pág. 36 — PDF oficial

u. Así todas ellas son -en el sentido más amplio- verdaderos medios que hacen efectivo el mandato contenido en el numeral 1 del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la obligación de los Estados suscribientes 16 de disponer, en favor de la persona, de «(…) un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 15 Sentencia del diecisiete (17) de mayo de mil novecientos setenta y cuatro (1974), B.J 762, p. 1451; Sentencia núm. 9, del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), B.J 1069, p. 92.; Sentencia núm. 2, del diecinueve (19) de septiembre de dos mil uno (2001), B.J 1090, p. 18; y Sentencia núm. 7, del veinticuatro (24) de abril de dos mil dos (2002), B.J 1097, p. 71 entre otras. 16 El Estado dominicano es suscribiente de dicha convención que fuera ratificada por el Congreso Nacional mediante la Resolución núm. 739, del veinticinco (25) de diciembre de mil novecientos setenta y siete (1977), G.O núm. 9461, del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978). fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención (…)».

TC/0722/24, numeral 11, u, pág. 36 — PDF oficial

v. Existen países de la región, como Guatemala, México o Venezuela 17 , en los que el amparo es la única vía para la protección de todos los derechos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad personal. Y, aunque en la República Dominicana el constituyente optó por designar estas acciones de tres maneras distintas -habeas corpus, habeas data y amparo propiamente dicho-, es evidente que todas ellas, en el sentido más llano y en el sentido del numeral 1 del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, son verdaderos amparos donde el amparo propiamente dicho, por poseer un ámbito de protección más amplio es el género, y las otras dos el habeas data y el habeas corpus son especies de este género, lo cual, desde el punto de vista del derecho procesal constitucional dominicano, tiene trascendental importancia en tanto las reglas del género deben aplicarse en todo lo que beneficie o facilite la tutela del derecho fundamental afectado o amenazado de serlo.

w. Es por esta razón que el artículo 64 de la Ley núm. 137-11 dispone que «(…) la acción de hábeas data se rige por el régimen procesal común del amparo (…)» y es por esa misma razón, dada la similitud entre los procesos constitucionales -y siendo su diferencia el objeto del derecho que se protege – que así como el régimen procesal común del amparo aplica para el habeas data, también aplique para el habeas corpus. En efecto, este tribunal entiende pertinente aplicar dicho procedimiento en lo atinente a la tramitación y conocimiento del recurso de revisión constitucional de las decisiones dictadas por una corte de apelación que hayan ratificado el rechazo de una solicitud de habeas corpus o de la puesta en libertad. 17 BREWER-CARÍAS, Allan. Leyes de amparo de América Latina. Caracas: Editorial Jurídica Venezolana International, 2016, pp. 23-24.

TC/0722/24, numeral 11, v–w, pág. 37 — PDF oficial

x. Así tomando en cuenta que, con anterioridad se han tramitado y conocido -de forma indistinta- recursos de revisión constitucional de decisión jurisdiccional 18 y de revisión constitucional de sentencia de amparo 19 , para revisar decisiones que versan o que se originan en una acción de habeas corpus o en una acción que procuraba la tutela del derecho a la libertad, este tribunal - aplicando los criterios y condiciones de las sentencias de unificación abordados ut supra- procede a unificar su jurisprudencia en el sentido de que el procedimiento para tramitar los recursos de revisión de una sentencia de habeas corpus, en tanto amparo sui generis, sea el mismo utilizado para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, haciendo -cuando sea de lugar- los ajustes pertinentes para asegurar la mayor efectividad de la tutela del derecho fundamental que se procura proteger. Abandonando de esa forma la práctica para tramitar este tipo de procesos instituida por las sentencias núm. TC/0262/13, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013); TC/0661/16, del ocho (8) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); TC/0707/16, del veintitrés (23) de dos mil dieciséis (2016); TC/0380/22, del quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022). 11.Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus

TC/0722/24, numeral 11, x, pág. 38 — PDF oficial

a. En atención a todo lo planteado previamente, para este tribunal constitucional, el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus resulta admisible al tenor de las exigencias establecidas para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, tal como se explica a seguidas. 18 Como ocurrió en con los expedientes resueltos mediante las Sentencias TC/0262/13, TC/0661/16, TC/0707/16, TC/0380/22, respectivamente. 19 Como se tramitaron los expedientes decididos mediante las Sentencias TC/0015/14, TC/0310/15, TC/0350/15, TC/0427/18, TC/0449/22, TC/0451/22 y TC/0192/23

b. Los presupuestos procesales de admisibilidad han sido establecidos por el legislador y son: a) decisiones recurribles (artículo 94 de la Ley núm. 137-11 y 386 del Código Procesal Penal); b) sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (artículo 95 de la Ley núm. 137-11); c) inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (artículo 96 de la Ley núm. 137-11 y artículo 382 y 418 del Código Procesal Penal); d) calidad para recurrir (artículos 386 y 393 del Código Procesal Penal); y e) satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (artículo 100 de la Ley núm. 137-11), los cuales serán examinados en este mismo orden. A. Decisiones recurribles

c. De conformidad con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137- 11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y tercería. Las sentencias de habeas corpus, sin embargo, están sujetas a un modelo recursivo distinto. Son susceptibles de apelación cuando hayan rechazado una solicitud de habeas corpus o hayan denegado la puesta en libertad del accionante (artículo 386 del Código Procesal Penal).

TC/0722/24, numeral 11, a–c, pág. 38 — PDF oficial

d. La decisión emanada de la corte que persista en el rechazo de la solicitud o de la denegación a la puesta en libertad es susceptible del recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional. Este recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus es una especie de recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo sui generis, dadas sus características y bajo la premisa de que se trata de la protección de un derecho fundamental de extrema relevancia. B. Plazo para recurrir

e. El artículo 95 la Ley núm. 137- 11 establece que el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo debe ser presentado dentro del plazo de cinco (5) días contados a partir de su notificación. Este tribunal ha sostenido el criterio de que ese plazo es franco y que los días son hábiles 20 .

f. Al evaluar el cumplimiento del presupuesto de admisibilidad concerniente al plazo, se observa que la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005 fue notificada el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) a los licenciados Fabian Mercedes Hernández y Vicente Green Maldonado, abogados de la parte recurrente, Alberto de Jesús Chávez Mena, de conformidad con el acto sin número, instrumentado por el ministerial Yaurys Alcántara Burgos, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Duarte, a requerimiento de la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; sin embargo no consta en el expediente notificación en la persona o en el domicilio del mismo 21 , por lo que en virtud del principio de favorabilidad, se entiende que el recurso ha sido depositado dentro del plazo legalmente establecido. C. Elementos mínimos que deben ser incluidos en el escrito contentivo del recurso

TC/0722/24, numeral 11, d–f, pág. 39 — PDF oficial

g. Por otra parte, el artículo 96 de la Ley núm. 137-11 establece que el recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo y que en este se harán constar además de «manera clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada», disposición esta cuyo cumplimiento ha sido exigido por este tribunal en múltiples ocasiones, entre ellas mediante sus 20 Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). 21 Sentencia TC/0109/24, del uno (1) de julio de dos mil veinticuatro (2024). Sentencias TC/0195/15, del veintisiete (27) de julio de dos mil quince (2015); TC/0670/16, del catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), y más recientemente en la TC/0326/22, del veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

h. En el caso de los recursos de revisión constitucional de sentencias de habeas corpus, las disposiciones del artículo 96 de la Ley núm. 137-11 deben ser interpretadas armónicamente con las disposiciones de los artículos 382 y 418 del Código Procesal Penal, que regulan la interposición de la acción de habeas corpus (artículo 382) y la presentación de los recursos de apelación (artículo 418), lo cual debe ser entendido en el sentido de que si bien el recurso de revisión se formaliza mediante un escrito, este se satisface con una breve exposición de las razones por las que se invoca que la medida que le priva, cohíbe o amenaza en su libertad es ilegal, arbitraria o irrazonable, estando exento de cualquier otra formalidad o rigor. En este sentido, se aprecia que la parte recurrente argumenta, entre otros aspectos, que el juez a quo con la sentencia dictada vulneró, entre otros, su derecho a la libertad, por lo que se da como satisfecha dicha exigencia. D. Calidad para recurrir

TC/0722/24, numeral 11, g–h, pág. 40 — PDF oficial

i. Este tribunal ha establecido que es necesario tener calidad para recurrir en amparo, mediante su Sentencia TC/0406/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), que afirmó: «(…) i. La calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de amparo es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes (…)».

j. El Código Procesal Penal, instrumento legal en donde se encuentra regulado el habeas corpus, establece el principio de taxatividad de los recursos, en su artículo 393 que dispone: Derecho de recurrir. Las decisiones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en este código. El derecho de recurrir corresponde a quienes le es expresamente acordado por la ley. Las partes sólo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables.

k. Este tribunal, en su Sentencia TC/0369/16, del cinco (5) de agosto de dos mil dieciséis (2016), siguiendo la clasificación hecha por la doctrina, ha reconocido que el principio de taxatividad consagrado por el indicado artículo 393 tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. La primera refiere a que una decisión solo es recurrible cuando la ley así lo determina, mientras que la segunda implica que una resolución solo es recurrible por aquél a quien la ley le otorga el derecho de recurrir 22 . La jurisprudencia comparada también agrega que la dimensión objetiva abarca no solamente la posibilidad de recurrir, sino que, además, incluye el medio designado para el ejercicio del recurso 23 .

TC/0722/24, numeral 11, i–k, pág. 41 — PDF oficial

l. Así, la dimensión objetiva y subjetiva de la taxatividad de los recursos, en materia de habeas corpus, se encuentra regulada por el último párrafo del artículo 386 del Código Procesal Penal transcrito ut supra. Tal dimensión resulta de la propia letra de la aludida disposición legal que estipula que sólo 22 Estas dimensiones del principio de taxatividad también han sido reconocidas por las Sentencias TC/0002/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014); TC/0124/16, del veintisiete (27) de abril de dos mil dieciséis (2016), y la TC/0780/17, del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), entre otras. 23 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia núm. 3659, del seis (6) de abril de dos mil cinco (2005), expediente núm. 05-003304-0007-CO. están sujetas a recurso las decisiones que «(…) rechacen una solicitud de hábeas corpus o que denieguen la puesta en libertad (…)», y que el recurso ordinario habilitado es el de apelación.

m. La dimensión subjetiva, en cambio, deriva de la interpretación sistemática y conjunta de esa misma disposición con el párrafo final del artículo 393 del Código Procesal Penal, que dispone que «(…) las partes solo pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables».

n. De lo anterior resulta que el único que tiene derecho a recurrir una decisión rendida con ocasión de una acción de habeas corpus es el propio accionante que es la persona que se ha entendido, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, restringida o amenazada de serlo en su derecho a la libertad. En efecto, esta es la única persona que se puede ver desfavorecida (artículo 393 del Código Procesal Penal) por una decisión que rechace la solicitud de habeas corpus o que deniegue su puesta en libertad (artículo 386 del Código Procesal Penal).

TC/0722/24, numeral 11, l–n, pág. 42 — PDF oficial

o. Por argumento a contrario, el derecho al recurso -en estos casos- se encuentra cerrado para toda otra parte que no sea quien se haya afectado en su derecho a la libertad individual.

p. En la República Dominicana, este derecho se encuentra consagrado por el numeral 9) del artículo 69 de la Constitución, que dispone: «(…) Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia; (…)».

q. En lo atinente a la persona condenada penalmente, el derecho a recurrir también se encuentra consagrado por pactos y convenciones relativos a derechos humanos que han sido suscritos, aprobados y ratificados por el Estado dominicano y que, por tanto, tienen jerarquía constitucional por efecto de lo dispuesto por el numeral 3 del artículo 74 de la Constitución.

r. Así, el literal h) del numeral 2) del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce como una garantía judicial de la persona inculpada de delito el «(…) 2) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. (…)», mientras que el numeral 5) del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que «(…) toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley (…)».

TC/0722/24, numeral 11, o–r, pág. 43 — PDF oficial

s. Este tribunal ha tenido la oportunidad de referirse sobre el derecho al recurso y a su configuración legal. Así, mediante la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), sostuvo: (…) c) Por tanto, la indicada concepción del recurso de revisión no vulnera el derecho fundamental del impetrante a recurrir ante el juez o tribunal superior, ya que este derecho no debe interpretarse en el sentido de consagrar la obligatoriedad del recurso de apelación en todas las materias, incluyendo la revisión de las sentencias ante el Tribunal Constitucional. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69.9 de la Constitución, “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley.”, y, según su artículo 149, Párrafo III, “Toda decisión emanada de un tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes.”. En ambos casos, la Constitución hace reserva para que el recurso sea “de conformidad con la ley” y “sujeto a las condiciones y excepciones que establezcan las leyes”, de lo cual se infiere que nuestra Carta Magna ha dejado al legislador la posibilidad de regular, limitar e incluso restringir el derecho a un recurso mediante una disposición de tipo adjetivo. (…) 24

t. Lo dicho implica que es totalmente posible, desde la óptica constitucional del derecho a recurrir, que el legislador autorice sólo a una de las partes el ejercicio de tal derecho y que no lo autorice para el resto de las partes envueltas en la controversia. O que, por el contrario, lo autorice o lo niegue a todas las partes por igual, estándole únicamente vedado el cierre del derecho del imputado a recurrir la sentencia de condena, único recurso que el legislador - conforme a la supra indicada normativa internacional- está obligado a asegurar.

TC/0722/24, numeral 11, s–t, pág. 44 — PDF oficial

u. La decisión del legislador de garantizar el derecho al recurso sólo en favor del accionante en habeas corpus encuentra fundamento en un reforzamiento de la protección al derecho fundamental de la libertad individual, lo cual encuentra justificación, sin duda, en la misma historia de la humanidad que ha reflejado - tradicionalmente- un uso abusivo de la fuerza por parte de las autoridades, que ha llevado al constituyente y al legislador a ser en extremo celoso con la protección de una de los garantías fundamentales más trascendentes.

v. Al regular de tal forma este régimen recursivo, el legislador ha partido de una elección que prefiere tolerar -«en el ámbito probatorio propio del habeas corpus»- que se produzca una decisión basada en un falso positivo 25 -«acreditar como probado el arresto ilegal, arbitrario o irrazonable, aunque en realidad ese hecho no haya ocurrido»- antes que un falso negativo -«acreditar como no probado el arresto ilegal, arbitrario o irrazonable, aunque ese hecho sí haya ocurrido»- y, precisamente para asegurar esa distribución del riesgo de error, resulta coherente y razonable la decisión de cerrar las vías recursivas ordinarias 24 En igual sentido Sentencia TC/0096/19, del veintidós (22) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), entre otras. 25 En el ámbito de valoración probatoria se denomina como falso positivo la «…decisión en que se declara probada la hipótesis siendo esta falsa…» mientras que se llama falso negativo a la «…decisión en que se declara no probada la hipótesis, siendo esta verdadera…» Cfr. Ferrer, Jordi: Valoración racional de la prueba, editorial Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 143. y extraordinarias cuando el mandamiento judicial acoge la solicitud de habeas corpus y de sólo abrirlas cuando se verifique la hipótesis inversa.

TC/0722/24, numeral 11, u–v, pág. 45 — PDF oficial

w. Lo anterior es lo que justifica que las decisiones judiciales que acogen la solicitud de habeas corpus no deben estar sujetas a revisión por ningún recurso ordinario o extraordinario, ya que, de ese modo, se garantiza con mayor nivel de eficacia el derecho fundamental protegido por dicha acción constitucional y que cuya prolongación haría ineficaz el derecho a la libertad personal; por el contrario, las decisiones judiciales que rechacen o denieguen la solicitud de habeas corpus sí puedan ser recurridas tanto en apelación ante la corte correspondiente, como en revisión constitucional ante este tribunal.

x. Por lo dicho hasta aquí resulta claro que el único con calidad para recurrir en apelación y en revisión constitucional en materia de habeas corpus es el accionante a quien se le ha rechazado la solicitud o se le ha negado la libertad y que en los casos que sea interpuesto por cualquiera otra de las partes involucradas en la controversia, será declarado inadmisible por falta de calidad.

y. En consecuencia, siendo el señor Alberto de Jesús Chávez Mena, quien accionó originalmente en habeas corpus y quien funge como recurrente de la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), que le denegó su puesta en libertad, el mismo tiene calidad para ejercer el presente recurso de revisión constitucional. E. Satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada

TC/0722/24, numeral 11, w–y, pág. 46 — PDF oficial

z. En adición, la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 100 de la Ley núm. 137- 11, se encuentra sujeta «(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación de contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales (…)».

aa. En cuanto a la especial trascendencia y relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición originaria en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), reiterada hasta la fecha en múltiples decisiones, al establecer que: (…)La especial trascendencia o relevancia constitucional se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos siguientes: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional 26 (…).

TC/0722/24, numeral 11, z–aa, pág. 47 — PDF oficial

bb. En esa atención, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, entre otras razones, porque: 1) le permitirá a este tribunal unificar criterios así como reorientar su posición respecto del conocimiento de los recursos de revisión constitucional de sentencias de habeas corpus en sede constitucional, al tenor del procedimiento establecido por la Ley núm. 137-11 para los recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo, en lo que a la admisibilidad del recurso y al alcance de la decisión se refiere; 2) tendrá la oportunidad de aclarar algunas cuestiones respecto del derecho a la libertad y de las condiciones excepcionales bajo las cuales se puede dictar una medida de prisión que no sea ilegal, arbitraria ni irrazonable, y 3) podrá delinear una práctica sobre las acciones constitucionales de habeas corpus ajustada a los principios reconocidos por el bloque de constitucionalidad que le son aplicables.

cc. Por todo lo anterior, el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus resulta admisible y, por tanto, debe procederse al conocimiento del fondo.

TC/0722/24, numeral 11, bb–cc, pág. 48 — PDF oficial

12. Sobre el fondo del presente recurso de revisión

a. Ya se dijo que el recurso de revisión constitucional de una sentencia de habeas corpus es un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo sui generis. Este carácter resulta, en primer término, de que se trata de la protección de un derecho fundamental de extrema relevancia y, en segundo 26 A estos criterios se adicionaron determinados parámetros de análisis aplicables en el caso de los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, mediante la Sentencia TC/0409/24, del once (11) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) lugar, de que la decisión impugnable recorre dos grados dentro del Poder Judicial 27 , antes de poder ser revisadas por este tribunal.

b. De ahí que, al adentrarse al fondo del presente recurso, el Tribunal Constitucional procederá -en primer orden- al examen del fallo recurrido [Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018)] y, de ser necesario, examinará -directamente- la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, que, en materia de habeas corpus, fue dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), así como los argumentos vertidos por el entonces recurrente en apelación. A. Examen de la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís

TC/0722/24, numeral 12, a–b, pág. 48 — PDF oficial

c. En la especie, el Tribunal Constitucional ha sido apoderado del presente caso, que se contrae a un recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus interpuesto por el señor Alberto de Jesús Chávez Mena en contra de la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), quejándose principalmente de que dicha corte al declarar su incompetencia para conocer del recurso, vulneró por vía de consecuencia su derecho fundamental a la libertad personal, arguyendo que: 27 El primer grado ante el juez de primera instancia y la apelación ante la corte. (…) Dicho ciudadano, está recluido guardando prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación de Vista Al Valle de San Francisco de Macorís lo que le da competencia a esa Corte para conocer el Recurso de Apelación, contra una sentencia jurisdiccional de un tribunal del Distrito Judicial de Duarte, en materia de Habeas Corpus, que ya había conocido una acción constitucional de Habeas Corpus, la cual declaro inadmisible dicha acción NO POR INCOMPETENCIA TERRITORIAL. (…) (…) Que dicha acción fue lanzada por ilegalidad, arbitrariedad e irrazonabilidad de la prisión, lo que NUNCA JUZGA EL FONDO DE LOS HECHOS DE LA INFRACCIÓN, a cuya competencia se refiere el art. 60 del Código Procesal Penal. (…) (…) Que en materia de competencia igualmente la decisión de la Corte que hoy recurrimos en revisión, se contrapone a la esencia funcional de la institución del Habeas Corpus, en tanto que la misma es ejercida por ante el Juez o Magistrado del lugar donde se produce el acto de ilegalidad de la prisión o amenaza de la libertad del individuo, la irracionalidad o arbitrariedad de la misma, para que dicho Juez o Magistrado, comprobada la realidad de la denuncia, proceda a ordenar la libertad de la persona o el cese de tal amenaza que atenta contra su libertad. Tiende así mismo, dicha decisión, a desnaturalizar los principios rectores de accesibilidad, celeridad, constitucionalidad, efectividad, favorabilidad, inconvalidabilidad, informalidad, oficiosidad, supletoriedad y de vinculatoriedad, contenidos en el artículo 7 de la Ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, lo que resta efectividad a la histórica y consagrada acción de Habeas Corpus, constituyendo un grave atentado a la libertad individual de los ciudadanos y al régimen de derecho en la República Dominicana. (…)

TC/0722/24, numeral 12, c, pág. 49 — PDF oficial

d. Partiendo de lo anterior, este tribunal constitucional pasará a analizar si, efectivamente, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís incurrió o no en la violación constitucional que aduce la parte recurrente.

TC/0722/24, numeral 12, d, pág. 51 — PDF oficial

e. Para fundamentar de su decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís argumentó, entre otras cosas, que: (…) Respecto de la anterior sentencia intervino un recurso de apelación por ante la corte de apelación correspondiente al departamento judicial de santo domingo este y de acuerdo a las argumentaciones del abogado de la defensa del impetrante y el asentimiento en este aspecto del ministerio público, la mencionada corte de santo domingo este conoció el recurso aludido y procedió a rechazar el mismo con lo cual se evidencia que el caso concreto pertenece a la jurisdicción de santo domingo este y que ya ha intervenido decisiones judiciales de primera y segunda instancia de esa jurisdicción la cual estaría pendiente del recurso de casación correspondiente si así lo entendiera la defensa del imputado para conocer por ante la suprema corte de justicia la decisión de la corte de apelación de Santo Domingo este respecto del solicitante Alberto De Jesús Chávez por lo cual primero esta corte de apelación del departamento judicial de san francisco de Macorís no tiene poder jurisdiccional para conocer del fondo del recurso de apelación interpuesto por el impetrante al no tener competencia territorial para conocer del mismo conforme dispone el artículo 60 del código procesal penal y segundo porque aún están abiertas las vías de recurrir la decisión de condena del impetrante confirmada por la corte de apelación de santo domingo este 28 ; de ahí que en este caso corresponde el recurso de casación por ante la suprema corte de justicia y revisar la medida de coerción acordada a dicho impetrante aún por ante el máximo tribunal de justicia conforme dispone el artículo 238 del código procesal penal, relativo a que el juez revisa en cualquier estado del procedimiento las medidas de coerción. Elementos estos tanto el primero como el segundo que impiden a la jurisdicción del departamento judicial de san francisco de Macorís conocer del recurso de apelación en contra de la decisión emanada de la cámara penal unipersonal del juzgado de primera instancia del distrito judicial de duarte, la cual declaró inadmisible la solicitud de acción constitucional hábeas corpus y procede entonces decidir de la forma que aparece en el dispositivo de la presente decisión sin necesidad de contestar ninguno de los motivos invocados por las razones anteriormente explicadas precedentemente. (…)

TC/0722/24, numeral 12, e, pág. 51 — PDF oficial

f. En los argumentos vertidos por la parte recurrente y del estudio de la sentencia objeto del recurso que nos ocupa, este tribunal constata que la misma adolece del vicio de incongruencia de motivos al afirmar, por una parte, que la Cámara Penal de la Corte de Apelación era territorialmente incompetente (rationae loci) y, por la otra, en su parte dispositiva, desestimar el recurso.

g. Independientemente de que -como se verá más adelante- la sentencia recurrida declarara incorrectamente la incompetencia territorial de la corte, al hacerlo debió limitarse a tal declaración sin entrar en el análisis de aspectos del fondo como se constata en su dispositivo. 28 Subrayados son nuestros.

h. En efecto, la corte -en el primer ordinal del dispositivo- procedió a desestimar el recurso de apelación por entender que no tenía «(…) poder jurisdiccional para conocer del fondo de la pretensión del impetrante (…)», al mismo tiempo de afirmar que quedaba «(…) confirmada la decisión recurrida (…)», con lo cual se evidencia una contradicción entre los motivos dados como fundamento del fallo y lo finalmente decidido por el mismo.

TC/0722/24, numeral 12, f–h, pág. 52 — PDF oficial

i. Adicionalmente, de la lectura de las motivaciones contenidas en la sentencia impugnada -que han sido transcritas más arriba- se evidencia que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís sustenta su decisión en dos causales totalmente incompatibles entre sí cuando afirma: (…) por lo cual primero esta corte de apelación del departamento judicial de san francisco de Macorís no tiene poder jurisdiccional para conocer del fondo del recurso de apelación interpuesto por el impetrante al no tener competencia territorial para conocer del mismo conforme dispone el artículo 60 del código procesal penal y segundo porque aún están abiertas las vías de recurrir la decisión de condena del impetrante confirmada por la corte de apelación de santo domingo este (…) 29

j. No es posible que un tribunal que se entienda incompetente para pronunciarse sobre un habeas corpus también sostenga que dicha acción no procede porque «(…) aún están abiertas las vías de recurrir la decisión de condena del impetrante (…)» 30 pues, al hacer tal afirmación, se está adentrando en consideraciones del fondo que no pueden ser abordadas por un tribunal que se ha juzgado a sí mismo como incompetente para resolver la controversia. 29 Subrayados son nuestros. 30 Subrayados son nuestros.

k. Así, la sentencia impugnada incurrió en una vulneración al principio de congruencia que se enmarca en la necesaria relación lógica entre su parte motiva y resolutiva, de forma que en el conocimiento del proceso les sean preservadas al recurrente las garantías constitucionales de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagradas en el artículo 69 de la Constitución de la República [Sentencia TC/0329/16, del veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016)].

TC/0722/24, numeral 12, i–k, pág. 53 — PDF oficial

l. Este órgano de justicia constitucional se ha referido al principio de congruencia en su Sentencia TC/0265/17, del veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en la que ha establecido que (…) Así las cosas, además del hecho de no explicar razonablemente los motivos que le condujeron a declarar la inadmisibilidad del recurso de casación, se advierte una notoria incongruencia interna incurrida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al momento de decidir. Dicha incongruencia interna reposa en la misma sentencia, pues se aprecia contradicción entre la parte resolutiva o dispositiva de la decisión y la motivación en que esta se encuentra soportada. (…)

m. En este orden, el Tribunal Constitucional estima que la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), con ocasión del recurso de apelación de que se encontraba apoderada, contiene discordancias entre algunos de sus motivos y, entre estos, con su parte dispositiva.

TC/0722/24, numeral 12, l–m, pág. 54 — PDF oficial

n. Al respecto, ya este tribunal constitucional, mediante su Sentencia TC/0178/15, del diez (10) de julio de dos mil quince (2015), ha adoptado la doctrina de su homóloga Corte Constitucional de Colombia, que sostiene: (…) También es causal de nulidad de las sentencias de revisión la incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia. Resulta un lugar común afirmar que deben motivarse las decisiones judiciales que pongan fin a una actuación judicial y definan con carácter de cosa juzgada una controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía para proferir sus sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo faculta para fallar en forma arbitraria ni para resolver los conflictos sin el debido sustento legal y constitucional. Sobre la importancia de la congruencia de las sentencias, la jurisprudencia constitucional ha advertido que “un elemento esencial de la validez de las providencias judiciales tiene que ver con la necesaria congruencia que debe existir entre la parte resolutiva y la parte motiva, así como entre los elementos fácticos obrantes en el expediente y las consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor”. Entonces, si la validez de la sentencia y la legitimidad de sus decisiones se encuentran en la motivación, es lógico concluir que la incongruencia entre la decisión y la motivación desconoce el debido proceso constitucional. (…) [Auto núm. 123/12, del siete (7) de febrero de dos mil doce (2012), párrafo 2.2.2.3]

TC/0722/24, numeral 12, n, pág. 54 — PDF oficial

o. Por lo antes expresado, este tribunal entiende que la Sentencia núm. 125- 2018-SSEN-00005, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018), objeto de revisión, contiene vicios sustanciales que justifican que sea revocada y que, en consecuencia, de conformidad con el principio de autonomía procesal ya abordado, se proceda directamente al examen de la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, que, en materia de habeas corpus, fue dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017). B. Examen de la sentencia dictada por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte y de los argumentos vertidos por el entonces recurrente en apelación

TC/0722/24, numeral 12, o, pág. 55 — PDF oficial

p. La Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte fue apoderada de la acción constitucional de habeas corpus presentada por el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena el diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la cual fue resuelta mediante la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, dictada por dicho tribunal el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) y cuya parte dispositiva dice así: PRIMERO: Declara buena y validad en cuanto a la forma la solicitud de Acción Constitucional de Habeas Corpus presentada por el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena, a través de su abogado el Licdo. Fabián Mercedes Hernández, en contra del Licdo. Regis Victorio, Procurador Fiscal de la Fiscalía del Distrito Judicial de Duarte y Raquel Brito López, por estar hecha conforme la normativa y la Constitución de la República. SEGUNDO: En cuanto al fondo declara inadmisible la presente Acción Constitucional de Habeas Corpus, en virtud de que el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena está guardando prisión de manera legal y no le han sido vulnerado derechos constitucionales con relación a la misma, ni mucho menos existe una prescripción en el proceso ya que su caso fue conocido en el plazo correspondiente, además al momento de ser condenado a treinta (30) años de prisión, ese tribunal evaluó de que habían variado los presupuestos y le fueron variadas las medidas de coerción que pesaban en contra del mismo, y le fue impuesta prisión preventiva, en virtud de que representaba peligro de fuga por la condena impuesta y no podía permanecer en libertad por lo que se mantiene guardando prisión, por lo que este tribunal declara inadmisible la presente acción constitucional de Habeas Corpus, en virtud que esta no es la vía para atacar dicha medida, consistente en prisión preventiva.

TC/0722/24, numeral 12, p, pág. 56 — PDF oficial

q. Para fallar de esta manera, la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte dio como fundamento de la indicada sentencia, de manera principal, lo siguiente: (…) 1. Que esta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte fue apoderada en fecha diecinueve (19) del mes de septiembre del año 2017, de la Acción Constitucional de Habeas Corpus, intentada por el impetrante Alberto de Jesús Chávez Mena, por intermedio de su abogado el Lic. Fabián Mercedes Hernández, asunto para lo cual este Tribunal competente, en virtud de las disposiciones del artículo 72 de Código Procesal Penal (…) (…)6. Que en el caso de la especie el Tribunal ha verificado que se encuentran depositadas en el legajo de documentos que componen el expediente, la decisión emanada en fecha dos (2) del mes de marzo del año 2015, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, donde emitió el auto de envío a juicio, en contra del impetrante, marcado con el No. 77-2015, en cuyo ordinal tercero de su dispositivo, "mantiene la medida de coerción de garantía económica, impedimento de salida y la visita periódica. Donde también existe una sentencia marcada con el No. 54804-SSEN-00223 de fecha 25 de mayo del año 2016, del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, condenando al impetrante, a la pena máxima de treinta (30) años y procediendo a variar las medidas de coerción que pesaban en su contra, por la prisión preventiva, mediante sentencia No. 54804-SSEN-00223. (…) (…)8. Que el objetivo del habeas corpus no es que el tribunal y las partes se aferren a las formalidades procesales, sino que sea efectiva, de forma tal que el ciudadano adquiera una respuesta rápida de su petición, tal como lo dispone el artículo 381 antes citado, es por ello que para el caso de marras, al tribunal valorar dicha solicitud, ha podido comprobar que el impetrante Alberto de Jesús Chávez Mena está guardando prisión de manera legal y no le han sido vulnerados derechos constitucionales con relación a la misma, ni mucho menos existe una prescripción en el proceso ya que su caso fue conocido en el plazo correspondiente, además al momento de ser condenado a treinta (30) años de prisión, ese tribunal evaluó de que habían variado los presupuestos y le fueron variadas las medidas de coerción que pesaban en contra del mismo, y le fue impuesta prisión preventiva, en virtud de que representaba peligro de fuga por la condena impuesta y no podía permanecer en libertad por lo que se mantiene guardando prisión, por lo que este tribunal declara inadmisible la presente acción constitucional de Habeas Corpus, en virtud que esta no es la vía para atacar dicha medida, consistente en prisión preventiva. (…) 31

TC/0722/24, numeral 12, q, pág. 57 — PDF oficial

r. Al momento de recurrir en apelación, el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena, mediante instancia depositada el catorce (14) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), argumentó lo siguiente: PRIMER MOTIVO: Errores formales de orden público en la redacción de la sentencia: El tribunal que emite la sentencia; la Cámara Penal del 31 Todos los subrayados son nuestros. Juzgado de Primera Instancia, fue apoderado en función de Juez de la Acción Constitucional de Habeas Corpus; mientras que la sentencia hoy recurrida es denominada “Sentencia penal núm. 136-2017-SSEN- 00079 Bis”, y dice haber sido emitida por la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte…; y expresa: cuya juez “dicta esta sentencia en sus atribuciones de Jueza de la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte”. (Sucede que en esta parte resulta relevante observar que la Juez ha confundido el rol de sus atribuciones como juez de la acción constitucional de habeas corpus, impetrada para el análisis y ponderación de una serie de violaciones a derechos fundamentales del impetrante).

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

La Magistrada del a-quo, a pesar de haber emitido el Auto No. 106-2017-TFIJ-00096, mediante el cual fija la audiencia para el conocimiento de la acción constitucional de habeas corpus, intentada pro el impetrante, ciudadano ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA, fijando el conocimiento de la audiencia para el 27 de septiembre del 2017, lo que constituye la admisión tacita de dicha acción, en la parte primera del segundo dispositivo de su sentencia la Juez dice: “en cuanto al fondo declara inadmisible la presente acción de Habeas Corpus…” (Siendo igualmente relevante destacar este aspecto de la sentencia, en razón de que siendo la inadmisibilidad una sanción que procura rechazar la acción, sin examen al fondo, por no ser formulada en tiempo y forma o de fondo establecida por la ley; cuando sucede que el tribunal conoció en forma contradictoria la acción; pero sucede que la Juez dejo de ponderar aspectos fundamentales de las pretensiones del impetrante, lo su cual solo pudiera justificarse bajo la declaratoria real de una inadmisibilidad, planteada in Liminis Litis, que haya evitado el fondo del asunto, LO CUAL NO SUCEDIÓ). ATENDIDO: Que en el punto 2, de su sentencia el Tribunal de Primer grado, se refiere al depósito en fotocopia de varios documentos que realmente fueron depositados en copias certificadas, por las diferentes secretarias de los tribunales donde se generaron dichos documentos. SEGUNDO MOTIVO: Contradicción e ilogicidad en la motivación. La sentencia impugnada incurre en el indicado vicio en las razones siguientes: 1.

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

En el punto de dicha decisión, la juez dice: “ que el Habeas Corpus, es una acción autónoma cuya finalidad es cesar o impedir la restricción a la libertad, si se produce o intenta producir de manera arbitraria e ilegal, es decir, que una vez cesada la privación de libertad o la amenaza de atentar contra esta, también debe concluir cualquier vía de la cual el tribunal este apoderado a tales fines, sin embargo, tenemos que garantizar la efectividad de esa libertad, es decir, que el ciudadano, no vuelva a ser privado de su libertad por los mismos hechos”. Pero sucede que dicho criterio resulta totalmente contradictorio con la naturaleza y sentido autónomo del habeas corpus, ya que la esencia de dicha autonomía se limita a la protección de la perdida de la libertad o amenaza de ello, sin las formalidades de la ley y de manera arbitraria e irrazonable, a restablecer el derecho posiblemente vulnerado; sin que jamás pueda interferir en el fondo del proceso, el cual puede perfectamente continuar su curso independientemente de que el encartado haya obtenido su libertad por esta vía. TERCER MOTIVO: Violación de la ley por inobservancia y errónea aplicación de la norma. En el indicado punto 8, parte final, se conjuga el vicio aquí invocado, cuando el juez del a-quo dice "este tribunal declara inadmisible la presente acción constitucional de Habeas Corpus, en virtud que esta no es la vía para atacar dicha medida, consistente en prisión preventiva", (cuando sucede que la defensa técnica del impetrante, depósito ante el tribunal una certificación de la Corte Penal de Santo Domingo, en que consta que ese tribunal esta desapoderado del proceso a cargo del impetrante y otra certificación expedida por la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia en la cual se certifica que esa alta corte, no se haya apoderada de recurso alguno por dicho ciudadano.

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

CUARTO MOTIVO: Error en la determinación de los hechos y la valoración de las pruebas. El presente vicio se fundamenta en el hecho de la falta o equivoca ponderación de las pruebas aportadas por la defensa como sustento de las pretensiones del accionante; cuyos elementos de prueba se hayan descrito más adelante en la presente instancia, y que como se observa, en la sentencia recurrida existe una evidente discrepancia entre el contenido de los documentos aportados, los escasos motivos en ella indicados y su dispositivo. QUINTO MOTIVO: Falta e insuficiencia de motivos. Como se observa en la pág. 10 de nuestra instancia introductiva de la acción, ante el tribunal a-quo impetramos a dicha juez, la violación de los arts. 226, 239 y 241.3, del Código Procesal penal, que establecen que la medida de coerción se impone durante un tiempo determinado; la obligatoriedad de la revisión cada 3 meses, de la prisión preventiva; y el plazo máximo de duración de dicha medida; mientras que en nuestra parte conclusiva en el punto 3 de dicha instancia, en cuanto al pedimento de fondo, solicitamos a la juez que "comprobada la arbitrariedad, irrazonabilidad e ilegalidad de la prisión preventiva, que sufre el impetrante, tanto por el vencimiento del plazo máximo de duración de la prisión preventiva, como del plazo máximo de duración de la prisión preventiva, como del plazo máximo de duración del proceso...", ordenar la inmediata libertad pura y simple del impetrante. Resultando que extrañamente ese pedimento no fue hecho figurar en nuestra parte conclusiva recogida en la sentencia de marras, ni tampoco dicho pedimento fue abordado por la juzgadora, en ninguna parte de su sentencia, lo que tipifica en cuanto a este punto, falta absoluta de motivos…. B.

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

En el punto 5 de su sentencia, la juez dice refiriéndose al habeas corpus: “este mecanismo puede ser utilizado por todo persona que haya sido privada de su libertad o amenazado de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable; sin embargo, la juez ignoro los hechos ciertos y probados de que a partir de obtener su libertad en el curso del proceso, el impetrante concurrió voluntariamente a todas las audiencias, tanto ante el Juzgado de la Instrucción, como al tribunal de fondo, una vez se produjo el Auto de Envió a Juicio en su contra, y que aun así, de manera arbitraria e irrazonable, el tribunal de primer grado le varia las medidas que pesaban en su contra por la prisión preventiva, por tiempo indefinido, sin ninguna justificación, vulnerando el principio de presunción de inocencia que le ampara. C. Que dicha prisión preventiva había perdido vigencia legal por exceder el plazo máximo de la misma, al momento de interpuesta la acción de habeas corpus, ante ese tribunal, ya que llevaba más de 1 año y 4 meses de haber sido impuesta, sin que se verifique que fuera revisada, prorrogada por juez alguno, como consta en certificación expedida por la secretaria de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; por lo cual dicha medida además de su carácter de arbitrariedad e irracionabilidad, resulta ilegal e inexistente, por sobre pasar el máximo de duración que impone la ley que rige la materia en su art. 241.3; hecho éste que vi es reparado por la juez a-quo. D. Que igualmente dicha magistrada debo reparar que tal como invocaba la defensa técnica, del ciudadano ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA, para la fecha de la presentación de la acción de habeas corpus, el proceso tenía 4 años y más de 9 meses de duración, cuando el plazo máximo al que está sometido es al de 3 años, mas 6 meses, para la tramitación de los recursos, en virtud del art. 148. E.

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

Que resulta totalmente ilógico y contradictorio el contenido del punto 7, de la página 5, de la sentencia impugnada, cuando indica: “Que el tribunal considera que si como consecuencia de la admisión del habeas corpus y su posterior notificación, la autoridad requerida dispone la libertad al ciudadano, dicha acción cumplió su cometido, pues en definitiva puso fin al acto ilegal sin necesidad de debatir en una audiencia los méritos y alegatos de las partes”….(Cuando sucede que dicho criterio parece reconocer que en el caso de la especie existe actos de ilegalidad que pudieron haber sido remediados a partir de la notificación de la admisión de habeas corpus y que la autoridad correspondiente pusiera en libertad al impetrante a raíz de dicha notificación). Lo cual es contrario a la realidad, ya que el impetrante en ningún momento fue puesto en libertad como parece inferir la juez; pero peor aún, el tribunal reconoce que la acción intentada por el impetrante había sido admitida por el tribunal, pero en su dispositivo declarar la inadmisibilidad de la misma. F. En lo referente a lo contenido en el punto 8, de la sentencia de marras, la juez a-quo, igualmente incurre en el vicio denunciado en las siguientes razones: 1. Dice la juez “al tribunal valorar dicha solicitud, ha podido comprobar que el impetrante ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA, está guardando prisión de manera legal y no le han si vulnerado derecho constitucionales”, (pero no dice la juez en que elementos y presupuestos fundamenta su equivoco criterio, que le permitan determinar que dicha prisión servida por dicho ciudadano es “ legal” y que “no le han sido vulnerados derechos constitucionales”. 2.

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

Ignorando la historia procesal del caso de la especie, en cuyo legajo de documentos depositados ante dicho tribunal, consta todas las actuaciones procesales del caso, que inequívocamente comprueba que al momento de presentado el recurso de habeas corpus, ante ese tribunal el proceso tenía 4 años y más de 9 meses de duración. 3. Que de la misma manera la prisión preventiva que pesa sobre el impetrante se había prolongado hasta ese momento a más de 16 meses, sin que haya sido revisada y prorrogada en ningún momento, en violación a los arts. 239 y 241.3 del Código Procesal Penal. 4. En dicho punto, la juez de manera aérea, sin ninguna base de sustento, dice “Mucho menos existe una prescripción en el proceso, ya que su caso fue conocido en el plazo correspondiente”, (sin determinar o indicar porque medio pudo llegar a tal conclusión).

TC/0722/24, numeral 12, r, pág. 58 — PDF oficial

s. De los argumentos contenidos en el recurso de apelación y del estudio de la sentencia objeto de este, este tribunal entiende oportuno destacar lo siguiente: Sobre el tribunal competente para conocer de la acción de habeas corpus

t. La Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte se entendió competente para conocer de la acción de habeas corpus que le fuera presentada por el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 72 del Código Procesal Penal [véase párrafo 1, bajo el epígrafe PONDERACION DEL CASO, inserto en la página 2 de la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, dictada por dicho tribunal el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)].

u. Este aspecto fue, en su momento, cuestionado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís en la sentencia que ya ha sido revocada por el presente fallo. Ya hemos dicho que este tribunal no compartía el criterio de la falta de competencia territorial que enarboló dicha corte y, a seguidas, pasamos a explicar las razones de esta afirmación.

v. Como en todo caso, en aplicación del principio competence de la competence 32 , un tribunal que resulte apoderado -previo a cualquier otro aspecto- debe determinar si es o no competente para conocer de la controversia, ya que, en este aspecto, las reglas son de orden público.

TC/0722/24, numeral 12, s–v, pág. 64 — PDF oficial

w. Ha dicho este colegiado que, en nuestro ordenamiento jurídico, tales normas tienen como fin el cumplimento de una garantía fundamental. Así, mediante su Sentencia TC/0206/14, del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014), se estableció: (…) de acuerdo con la doctrina constitucional, la garantía de ser juzgado por el juez competente cumple con una doble finalidad: por un lado, evita cualquier tipo de manipulación en la administración de justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer una litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. Por otro lado, el derecho al juez predeterminado por la ley cumple una crucial función de pacificación en la medida en que las leyes dejan importantes márgenes de interpretación al juez y el hecho de que el órgano judicial competente esté constituido de antemano, según criterios públicos y objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada por el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio. En definitiva, el derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en razón de la materia y del territorio. (…) 32 En este sentido, cfr. Sentencia TC/0064/14, del veintiuno (21) de abril de dos mil catorce (2014).

x. El examen de lo relativo a la competencia material y territorial, en estos casos, merece un particular cuidado dada la naturaleza especial que caracteriza la acción constitucional de habeas corpus, en tanto procura la protección de un derecho fundamental de primer orden.

TC/0722/24, numeral 12, w–x, pág. 65 — PDF oficial

y. Así, conforme al principio de favorabilidad que norma la interpretación de los derechos fundamentales, la determinación de esta competencia debe tener una concepción lo más amplia posible en procura de favorecer la restitución del derecho de libertad conculcado o amenazado de manera ilegal, arbitraria o irrazonable.

z. En esta determinación entrarán en juego varias disposiciones que permitirán al juez que resulte apoderado de una acción constitucional de habeas corpus determinar si es o no competente.

aa. En primer lugar, se destaca lo dispuesto por el artículo 15 del Código Procesal Penal, que reconoce como un principio general del proceso penal el estatuto de libertad, al disponer: Estatuto de libertad. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal o de otros derechos, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar. Toda persona que se encuentre de manera arbitraria o irrazonable privada de su libertad o amenazada de ello tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin de que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en los términos que lo establece este Código. 33

TC/0722/24, numeral 12, y–aa, pág. 66 — PDF oficial

bb. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta las disposiciones del artículo 72 del Código Procesal Penal, que atribuye la competencia, en razón de la materia, a los jueces de primera instancia, cuando dispone: Jueces de primera instancia. (Modificado por el artículo 18 de la Ley No. 10-15 del seis (6) de febrero del año dos mil quince (2015), G. O. No. 10791 del 10 de febrero de 2015) Los jueces de primera instancia conocen de modo unipersonal del juicio por hechos punibles que conlleven penas pecuniarias o pena privativa de libertad cuyo máximo previsto sea de cinco años, o ambas penas a la vez. Son igualmente competentes para conocer de modo unipersonal de las acciones de habeas corpus que le sean planteadas y de los hechos punibles de acción privada. 34 Para conocer de los casos cuya pena privativa de libertad máxima prevista sea mayor de cinco años, el tribunal se integra con tres jueces de primera instancia.

cc. En tercer término, debe tomarse en cuenta las disposiciones del artículo 60 del Código Procesal Penal, que delimita la competencia territorial de los jueces penales y que establece: 33 Los subrayados son nuestros 34 Los subrayados son nuestros. Competencia territorial. La competencia territorial de los jueces o tribunales se determina por el lugar donde se haya consumado la infracción. En caso de tentativa es competente el del lugar en que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión de la infracción. En los casos de infracciones continuas o permanentes el conocimiento corresponde al juez o tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido de la infracción. En los casos de infracciones cometidas parcialmente dentro del territorio nacional, es competente el juez o tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.

TC/0722/24, numeral 12, bb–cc, pág. 67 — PDF oficial

dd. En este punto, es necesario, además, destacar que el régimen procesal establecido por la Ley núm. 137-11, para el amparo -en tanto su carácter general en acciones de protección a los derechos fundamentales- es norma supletoria para la tramitación y conocimiento de las acciones de habeas corpus en todo lo que ello resulte favorable a la protección del derecho que se procura salvaguardar. De ahí que sea oportuno incluir en este análisis lo dispuesto por el artículo 72 de esta ley, que dice: Competencia. Será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado. Párrafo I.- En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado. Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare incompetente para conocer de la acción de amparo, se considerará interrumpido el plazo de la prescripción establecido para el ejercicio de la acción, siempre que la misma haya sido interpuesta en tiempo hábil. Párrafo III.- Ningún juez podrá declarar de oficio su incompetencia territorial. Cuando el juez originalmente apoderado de la acción de amparo se declare incompetente, éste expresará en su decisión la jurisdicción que estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Esta designación se impondrá a las partes, y al juez de envío, quien no puede rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Párrafo IV.- La decisión por la cual el juez originalmente apoderado determina su competencia o incompetencia deberá ser rendida inmediatamente en el curso de la audiencia o en un plazo no mayor de tres días. Dicha decisión podrá ser recurrida junto con la decisión rendida sobre el fondo de la acción de amparo. 35

TC/0722/24, numeral 12, dd, pág. 68 — PDF oficial

ee. El principio contenido en el artículo 15 del Código Procesal Penal, vigente en nuestra legislación con anterioridad a la Constitución de dos mil diez (2010), en el sentido de que «cualquier juez» pueda conocer de estos casos fue prácticamente reproducido por el artículo 71 de la Constitución, que concreta su protección a través de la acción de habeas corpus y que dispone: Acción de hábeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de 35 Los subrayados son nuestros. conformidad con la ley, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad.

ff. Así, para el conocimiento de esta acción constitucional -en tanto se sustenta en una alegación de amenaza o privación de libertad ilegal, arbitraria o irrazonable- puede ser apoderado cualquier juez. Esto procura ampliar la garantía de tutela judicial facilitando que quien se sienta conculcado en su derecho acuda al juez que se encuentre más disponible.

gg. Como hemos dicho, la idea de que «cualquier juez» pueda conocer de un habeas corpus no era nueva. En efecto, tradicionalmente -con anterioridad a la entrada en vigor del Código Procesal Penal- esta acción podía ser conocida por cualquier juez en aquellos casos en que la privación de la libertad se había producido como consecuencia de una orden emanada de funcionarios o empleados sin capacidad legal para dictar órdenes de arresto, detención o prisión 36 .

TC/0722/24, numeral 12, ee–gg, pág. 69 — PDF oficial

hh. Nuestra Suprema Corte de Justicia siempre sostuvo que, en el contexto de la legislación anterior, la expresión «cualquier juez» -en tanto procuraba la protección de una persona víctima de un encierro ilegal- debía ser entendida en su sentido genérico, es decir como cualquier «(…) funcionario a quien la ley de Organización Judicial No. 821 del 1927, le otorga la autoridad y facultad de juzgar, sin distinción del grado de jurisdicción 37 ».

ii. Esa generalización, que tuvo su inspiración en la realidad social y política imperante en aquella época, no dejó de traer problemas y distorsiones prácticas. 36 Artículo 2 de la Ley núm. 5353, del veintidós (22) de octubre de mil novecientos catorce (1914), modificado por la Ley núm. 10, del veintitrés (23) de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (1978). 37 Suprema Corte de Justicia, Sentencia núm. 10, del cinco (5) de octubre de mil novecientos noventa (1990), B.J. 959, p. 57, y Sentencia núm. 71, del diecisiete (17) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997). Esto, a su vez, motivó que, con la reforma de dos mil veintidós (2002), el legislador procesal atribuyera jurisdicción y competencia para conocer de las acciones de habeas corpus, exclusivamente, a los jueces de primera instancia del orden penal.

jj. Así, la expresión «cualquier juez», contenida en el artículo 15 del Código Procesal Penal, interpretada armónicamente con el artículo 72 de la misma normativa, refiere -en lo que atañe a la competencia material- a cualquier juez de primera instancia con atribuciones penales, a los jueces encargados de las jurisdicciones de atención permanente dentro de los horarios y días habilitados para los asuntos de extrema urgencia -como los que suelen caracterizar ese tipo de acciones- y a los jueces de niños, niñas y adolescentes en los casos que les atañen.

TC/0722/24, numeral 12, hh–jj, pág. 70 — PDF oficial

kk. Lo anterior resulta coherente con la línea jurisprudencial de este tribunal que ha reconocido la competencia -en el ámbito penal- para conocer de una acción de amparo, no solo a los jueces de primera instancia en sentido estricto, sino también la de aquellos jueces que fungen como tales. Así, en su Sentencia TC/0253/17, del diecinueve (19) de mayo de dos mil diecisiete (2017), sostuvo: (…)10.6. Si bien, el juez …. funge como tribunal de primera instancia y, por consiguiente, se encuentra facultado para conocer las acciones de amparo conforme al artículo 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11, su función de garantizar el goce de los derechos y garantías fundamentales a la persona privada de libertad se circunscribe únicamente para los condenados por sentencia irrevocable, tal como lo señala el artículo primero numerales 6 y 14 del Reglamento antes citado; cuestión, que al no verificarse en la especie, coloca en estado de invalidez la resolución impugnada por haber sido dictada por un tribunal sin la competencia necesaria para conocer de las pretensiones del accionante, por lo que procede revocar la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001 y conocer la acción de amparo. (…)

ll. Lo anterior también armoniza con el régimen organizado por el artículo 72 de la Ley núm. 137-11, que atribuye competencia para conocer del amparo al «(…) juez de primera instancia … cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado (…)» 38 .

mm. Tomando en cuenta lo dicho, no cabe duda de que, desde el punto de vista de la competencia material -en tanto tribunal de primera instancia-, la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte resultaba competente para conocer de la acción de habeas corpus de que se encontraba apoderada.

TC/0722/24, numeral 12, kk–mm, pág. 71 — PDF oficial

nn. En lo atinente a la determinación de la competencia territorial, se debe partir de la expresión «(…) donde se haya consumado la infracción (…)», contenida en el artículo 60 del Código Procesal Penal. En el contexto de una acción constitucional de habeas corpus, tal expresión no se refiere a la imputación que en el sistema penal pueda pesar sobre quien la ejerce, ya que tal aspecto no es lo que se juzga en una acción de esta naturaleza, sino que la misma debe ser entendida como aquella que indica el lugar donde se consumó el acto de supresión de libertad que se endilga de ilegal, arbitrario o irrazonable.

oo. Lo afirmado guarda coherencia con lo dispuesto para los amparos por el artículo 72 de la Ley núm. 137-11 en el sentido de que el juez competente es el 38 Los subrayados son nuestros. de primera instancia «(…) del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado (…)».

pp. Así, en principio, la competencia territorial en materia de habeas corpus se definirá tanto por el lugar donde la persona resultó materialmente privada de su libertad (lugar del arresto), como en el lugar donde la misma se esté ejecutando (lugar donde la persona se encuentre encerrada), quedando a discreción del accionante la elección del juez de primera instancia penal que resulte más accesible y conveniente a la tutela judicial efectiva que requiere su petición.

qq. Las competencias subsidiarias establecidas por el artículo 61 del Código Procesal Penal pudieran resultar aplicables si con ello se favorece hacer efectiva la tutela del derecho fundamental que se pretende resguardar.

rr. Por último, hay que resaltar que, en ningún caso, el juez de habeas corpus puede pronunciar su incompetencia de oficio, en razón del territorio, ya que -en estas hipótesis- aplica, supletoriamente, la prohibición que en tal sentido estipula el párrafo III del artículo 72 de la Ley núm. 137-11.

TC/0722/24, numeral 12, nn–rr, pág. 72 — PDF oficial

ss. Por todo lo anterior, la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte obró correctamente al declararse competente para conocer de la acción constitucional de habeas corpus que le formuló el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena. Sobre el fondo de la acción de habeas corpus

TC/0722/24, numeral 12, ss, pág. 73 — PDF oficial

tt. Al momento de interponer su acción de habeas corpus, en su instancia de presentación, el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena fundamentó su pretensión, principalmente, en los siguientes argumentos: ATENDIDO: Que mediante Auto No. 2816-2012, de fecha 11 de octubre de 2012, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, le fue impuesta Prisión Preventiva, como Medida de Coerción al ciudadano ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA. ATENDIDO: Que mediante Auto S/N, en fecha 10 de diciembre del año 2013, le fue variada la Prisión Preventiva a dicho ciudadano, por presentación periódica, Garantía Económica e impedimento de salida del país; según consta en el Ordinal Tercero, de la Sentencia No. 54804- 2016, de fecha 25 de mayo del 2016, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, de la cual anexamos copia a la presente instancia. ATENDIDO: Que en fecha 02 de marzo del 2015, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Provincia de Santo Domingo, emitió Auto de Envío a Juicio, en contra del impetrante, marcado con el No. 77-2015, en cuyo Ordinal Tercero de su dispositivo “mantiene la Medida de Coerción de Garantía Económica, impedimento de salida y presentación periódica”.

TC/0722/24, numeral 12, tt, pág. 73 — PDF oficial

ATENDIDO: Que en fecha 25 de mayo del año 2016, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, después de múltiples envíos (ninguno por causa del impetrante como se demuestra en las actas de audiencias que anexamos a la presente instancia), conoció el fondo del proceso, condenando al impetrante, a la pena máxima de treinta años y procediendo a variar las Medidas de Coerción, que pesaban en su contra, por la de prisión preventiva, mediante Sentencia No.54804-SSEN-00223, sin ningún tipo de fundamentos o motivos que justificaran dicha medida; máxime cuando en más de dos años de conocer su proceso en estado de libertad el impetrante, nunca dejó de asistir a ninguna de las audiencias a las que fue citado; por lo que su prisión preventiva además de carecer de motivación, se constituye en arbitraria e irracional.

TC/0722/24, numeral 12, tt, pág. 73 — PDF oficial

ATENDIDO: Que para el momento del pronunciamiento de dicha sentencia, el hoy impetrante, ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA, llevaba 2 años y 5 meses en libertad, sin haber faltado a ninguna de las audiencias celebradas en el curso del proceso, en ninguna de las instancias, ni de comparecer a las visitas correspondientes a la medida de coerción impuesta, como consta en la referencia que hace el Tribunal de Fondo, en el tercer dispositivo de su sentencia y en las actas de audiencias anexas; sin embargo, el indicado tribunal de maneras, arbitraria, irrazonable e ilegalmente, procedió a variar las Medidas de Coerción, que servía el impetrante, ALBERTO DE JESUS CHAVEZ MENA, consistentes en presentación periódica, pago de una Garantía Económica e impedimento de salida del país, por la prisión preventiva, sin establecer el tiempo por el que imponía dicha drástica medida, ni plazos para su revisión obligatoria (con lo que contraría el espíritu del art. 222, del Código Procesal Penal hoy (Mod. por la ley 10-15), Principio general, sobre Medidas de Coerción). ATENDIDO: Que, al imponer dicha medida, el Tribunal vulnera en perjuicio del accionante, ALBERTO JESUS CHAVEZ MENA, el bloque de Constitucionalidad, conformado por la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; EL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS; LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE; y LA DECLARACIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS; así como el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva, en las razones siguientes:

TC/0722/24, numeral 12, tt, pág. 73 — PDF oficial

a) El Tribunal no establece el tiempo por el cual impone dicha medida, en violación de los arts. 8, 14, 15, 16, 150, 222, 226 y 242 del Código Procesal Penal;

b) Interpreta analógicamente y de manera extensiva en perjuicio del accionante, normas procesales que cuartan su libertad;

c) Impone en su contra, de manera indefinida por no establecer el tiempo, la medida de coerción de Prisión Preventiva; ATENDIDO: Que como consta en el segundo petitorio de las conclusiones, la indicada sentencia (pág. 8), la defensa técnica del coimputado MANUEL DE JESUS EVANGELISTA GOMEZ, solicitó “que se declare la extinción de la acción del presente proceso, toda vez que el mismo lleva más de tres (03) años de haber iniciado, conforme al art. 148, 149, 150, del Código Procesal Penal Dominicano”; pedimento este de ley, que obligaba al tribunal ya que para ese momento, 25 de mayo del 2016, (el proceso había superado los tres (03) años y seis (06) meses que la ley procesal vigente establecía), pero esto ni siquiera fue contestado por el tribunal, incurriendo en la conocida y sancionada “falta de motivación”. ATENDIDO: Que el tiempo por el cual se ha prolongado el proceso a cargo del accionante, ALBERTO JESUS CHAVEZ MENA, no le puede ser atribuido a tácticas dilatorias de este o su defensa, ya que su defensa técnica en dicha etapa resultó imperceptible e inactiva, hasta rayar en la indefensión. 39

TC/0722/24, numeral 12, a–c, pág. 76 — PDF oficial

uu. Mientras que, en la audiencia celebrada el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el accionante sometió, en apoyo de sus pretensiones, la siguiente documentación, que fue objeto de análisis por el tribunal de habeas corpus, a saber: (…) a) Fotocopia de la resolución de auto No.2816-2012, de fecha 11/10/2012; b) Fotocopia del acta de audiencia del Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo, de fecha 10/12/2013; c) Fotocopias de cinco actas de audiencias del Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo; d) Fotocopia del auto No. 77-2015, de fecha 2/3/2015; e) Fotocopia de cinco actas de audiencias del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; e) Fotocopia de la sentencia certificada No. 54804-2016-SSEN-00223, del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, de fecha 25/5/2016;

f) Dos certificaciones en originales de fecha 14 y 15 del mes de septiembre del año 2017, emitida por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; ) Certificación de fecha 19/7/2017, emitida por la secretaria General de la Suprema Corte de Justicia; 40

TC/0722/24, numeral 12, uu–f, pág. 77 — PDF oficial

h) Fotocopia de la sentencia en materia de Habeas Corpus No. 038/2017, emitida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, de fecha 22/12/2014; i) Fotocopia de la sentencia de la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 39 Los subrayados son del accionante. 40 Los subrayados son del accionante. Macorís, de fecha 23/6/2015.(…) [Véase párrafo 2, páginas 2 y 3 de la Sentencia penal núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, dictada por dicho la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte en fecha veintisiete (27) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017)].

vv. En la referida audiencia, el accionante concluyó de la siguiente manera: (…) Primero: Que se declare regular la presente acción constitucional de Habeas Corpus por ser hecha de conformidad con la norma y actuando conforme a la autoridad constitucional en su condición de juez y garante de los derechos fundamentales y el debido proceso, Segundo: Que tenga bien ordenar la libertad pura y simple desde la sala de audiencias del impetrante Alberto De Jesús Chávez Mena. (…)

ww. Mientras que el Ministerio Público concluyó: (…) Único: Que se rechace el pedimento hecho por la defensa del impetrante por improcedente, infundado y carente de base legal, y que es el abogado de la parte impetrante quien debe hacer las diligencias de lugar para ver si le quedan vías recursivas disponibles para la suerte del Presente proceso. [Véase página 2 de la Sentencia núm. 136-2017- SSEN-00079 Bis, dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)]

TC/0722/24, numeral 12, h–ww, pág. 77 — PDF oficial

xx. Al ponderar los argumentos y las conclusiones vertidas por el accionante, el tribunal de habeas corpus tomó en cuenta que el señor Alberto Jesús Chávez Mena se encontraba guardando prisión a consecuencia de la Sentencia el núm. 54804-SSEN-00223, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que, al tiempo de imponerle una pena de treinta (30) años, varió las medidas de coerción que - hasta ese momento- pesaban en su contra, de dónde dicho tribunal entendió que el peticionario se encontraba «(…) guardando prisión de manera legal y (…)» que no le habían «(…) sido vulnerados derechos constitucionales con relación a la misma, (…)» ya que al momento que se impuso, el tribunal de juicio «(…) evaluó .. que habían variado los presupuestos y (…)» a consecuencia de ello «(…) le fueron variadas las medidas de coerción que pesaban en contra del mismo, (…)» imponiéndose «(…) prisión preventiva, en virtud de que representaba peligro de fuga por la condena impuesta (…) 41 ».

yy. Lo anterior conllevó que el tribunal declarara inadmisible la «(…) acción constitucional de Habeas Corpus, (…)» por entender que no era la vía adecuada para atacar la medida de coerción que pesaba en contra del accionante.

TC/0722/24, numeral 12, xx–yy, pág. 78 — PDF oficial

zz. El tribunal también fundó su inadmisibilidad en que no existía «(…) una prescripción en el proceso ya que su caso fue conocido en el plazo correspondiente (…) 42 ». Sobre la declaratoria de inadmisibilidad pronunciada por el juez de habeas corpus aaa. Aun cuando la sentencia 43 contiene una motivación deficiente en algunos de sus aspectos, este colegiado constitucional comparte la solución dada al caso por el juez de habeas corpus, en el sentido de que dicha acción resultaba 41 Véase párrafo 8, página de la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Subrayados del referido tribunal. 42 Idem. 43 Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Subrayados del referido tribunal. inadmisible; por tal razón, procederá a exponer los argumentos en cuya virtud rechazará en cuanto al fondo el presente recurso de revisión, luego de aplicar la técnica de la sustitución de motivos. bbb. Esta técnica motivacional ha sido expresamente empleada por este tribunal en varias ocasiones. La más reciente fue en la Sentencia TC/0583/24, del veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), en la que se ratificó el uso de esta modalidad utilizada a partir de la Sentencia TC/0523/19, del dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), cuando sostuvo lo siguiente:

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h) Respecto a la suplencia de motivos, cabe señalar que esta medida procede cuando, a pesar de la existencia de una errónea o insuficiente motivación, se ha adoptado la decisión correcta, de modo que el tribunal de alzada pueda complementar o sustituir, de oficio, los motivos pertinentes para mantener la decisión adoptada en la sentencia impugnada. Se trata de una técnica aceptada por la jurisprudencia y la doctrina dominicanas, la cual ha sido implementada por la Suprema Corte de Justicia e incorporada por el Tribunal Constitucional (en virtud del principio de supletoriedad previsto en el artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11) 6 en varias de sus decisiones (tales como las sentencias TC/0083/12, TC/0282/13 y TC/0283/13 44 ) y que, como se expuso previamente, será implementada en la presente decisión. ccc. En la sentencia se constata que el tribunal de habeas corpus fundamentó su inadmisibilidad en tres razones distintas, a saber: que el proceso penal no había extinguido; que la prisión que pesaba sobre el accionante no era ilegal, arbitraria o irrazonable; y que el accionante disponía de otras vías ordinarias 44 En estas decisiones, aunque no se hace una mención expresa de la sustitución de motivos, se verifica, en efecto, que el Tribunal sustituye los motivos de la sentencia impugnada para proceder a la confirmación de la decisión. para la tutela de los derechos que alegaba conculcados. Pasamos al análisis de cada uno de estos aspectos. La extinción de la acción penal en el ámbito de una acción de habeas corpus ddd. Cierto es que, en su escrito introductorio de la acción de habeas corpus, el accionante dio como motivos de su alegada prisión ilegal, arbitraria o irrazonable, que la acción penal seguida en su contra se había extinguido por el alegado transcurrir del plazo máximo del proceso previsto por el artículo 148 del Código Procesal Penal. eee.

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Este tribunal constitucional es de criterio que el juez de habeas corpus erró al proceder con el análisis de los argumentos esgrimidos por el accionante en torno al cómputo del plazo máximo del proceso y sus alegatos de extinción de la acción penal como fundamento para atacar su alegado estado de prisión ilegal, arbitrario o irrazonable. fff. Lo anterior guarda relación con la finalidad que tiene el proceso penal y el papel que -dentro de este- juegan las medidas de coerción. Ciertamente, estas medidas tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado a los actos del procedimiento y para la ejecución de la sentencia, mientras que es en el curso del proceso -durante el juicio o durante la fase recursiva- que se está en mejor posición procesal para declarar o no la extinción de la acción penal, cuando luego de determinar si se han agotado o no los plazos y si han intervenido o no las causas de interrupción o suspensión que les son inherentes. De ahí que son los jueces que conocen del proceso quienes deberían juzgar tales aspectos. ggg. Así, ni los jueces apoderados para la imposición o revisión de una medida de coerción ni mucho menos el juez de habeas corpus se encuentran -en principio- en condiciones para determinar si han intervenido o no tales causales, contrario a lo que ocurriría si el cómputo que se cuestiona es el del plazo máximo de la prisión preventiva, vencido el cual se pueden dar las condiciones para una discusión en estas esferas. hhh. Sin embargo, el hecho de que el tribunal de habeas corpus haya fundamentado su fallo en este aspecto resulta, en el presente caso, irrelevante, ya que en la sentencia se dieron motivos que justificaban la declaratoria de inadmisibilidad de la acción que examinaba. Ausencia del carácter ilegal, arbitraria o irrazonable de la prisión preventiva iii.

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Antes de entrar al análisis de si en el caso puntual hubo o no una prisión preventiva ilegal, arbitraria o irrazonable, resulta necesario precisar estos conceptos. jjj. Ya se ha visto que la Constitución dominicana, en su artículo 71, consagra la acción de hábeas corpus para salvaguardar a las personas que se sientan amenazadas o coartadas en su derecho a la libertad de manera ilegal, arbitraria o irrazonable. El artículo 15 del Código Procesal Penal, que existía con anterioridad al texto constitucional, ya hacía referencia a la prisión a los conceptos «arbitraria e irrazonable». Más tarde, el artículo 63 de la Ley núm. 137-11 45 , al hacer una reproducción ampliada del artículo 71 de la Constitución incluye los conceptos de «ilegal, arbitraria e irrazonable». kkk. Este tribunal también ha hecho referencia a estos conceptos, señalando que en los casos de que una persona entienda que sus «derechos fundamentales han sido vulnerados y que la prisión preventiva ha sido ordenada de manera ilegal, 45 El artículo 63 de la Ley núm. 137-11. arbitraria o irrazonable tiene la posibilidad de acudir a la acción de habeas corpus conforme lo estipula el artículo 71 de la Constitución de la República» 46 . El concepto a que alude el citado fallo se refiere al derecho fundamental de la libertad, que es el que se procura proteger por medio de esta acción constitucional y no a los demás derechos que se tutelan mediante el habeas data o el amparo. lll. Sin embargo, ninguna disposición legal ha encargado de definir en qué consisten los conceptos de ilegal, arbitraria o irrazonable contenidos en el mencionado texto constitucional. Su desarrollo ha sido una tarea, sobre todo, de la jurisprudencia comparada, que los ha abordado a partir de la casuística y esto se debe a que los tres conceptos son -de alguna manera- colindantes y no existe un contorno claro entre ellos. mmm.

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En efecto, una prisión que sea ilegal es a todas luces, arbitraria e irrazonable porque si la ley no la autoriza, se estaría practicando de manera arbitraria y, por ende, fuera de los límites de la razón. Mientras que si la prisión se realiza de forma arbitraria -aunque en principio parezca legal- resultaría violatoria de la ley, porque ella establece las formas y los casos en que la prisión puede ejecutarse y si se rebasan estos límites se estaría violando la ley, lo cual resulta -por demás- irrazonable. Por último, si se ordena o se ejecuta una prisión de forma irrazonable sería a contrapelo de las disposiciones legales y constitucionales que establecen los casos y condiciones en que esta puede ser dictada o fuera de sus límites temporales y, por tanto, devendría en arbitraria. nnn. Es y será, pues, tarea de los tribunales dar contenido a estos términos e ir modelando su sentido y alcance conforme a la casuística y atendiendo a las particularidades de los asuntos que tengan en su poder. 46 Sentencia núm. TC /0695/24, de fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). ooo. Este tribunal ha tenido la oportunidad de abordar los conceptos de ilegalidad y arbitrariedad, refiriéndose en general a los actos que emanan de la administración, en su Sentencia TC/0540/19, del quince (15) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual estableció: (…) el acto manifiestamente arbitrario, que se refiere a toda conducta ejecutada con base en un mero capricho o motivo irracional del agraviante; por otro lado, el acto manifiestamente ilegal constituye toda conducta que evidentemente se aparte de la norma legal que le da fundamento, o cuando entre en franca contradicción con el ordenamiento jurídico vigente (…) ppp. A partir de estas definiciones, se aprecia una clara diferencia entre ambos conceptos.

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La arbitrariedad es el resultado de una conducta voluntaria sin justificación, mientras que la ilegalidad es todo lo que sea contrario a la ley. Si bien esta diferencia conceptual alude a actos estatales genéricos pueden emplearse para determinar si una prisión es ilegal o arbitraria. La doctrina y la jurisprudencia nos aproximan a los conceptos que se abordan, siempre a partir de casos y por la vía del ejemplo. qqq. Así, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que se está en presencia de una prisión ilegal cuando esta se «(…) efectúe por motivos o conforme a procedimientos distintos a los prescritos por la ley, o, conforme a una ley cuya finalidad fundamental sea incompatible con el respeto del derecho del individuo a la libertad y la seguridad. (…) 47 ». rrr. Refiriéndose a la prisión preventiva, se ha sostenido que esta 47 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Estudio del derecho de todo individuo a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, 1964. (…) sólo puede ser impuesta en la medida en que esté prevista expresamente por la ley -en sentido genérico, no formal- esto es, por el ordenamiento jurídico que resulte de aplicación al caso- (…) la aplicación de este presupuesto (…) exige, no sólo, como es lógico, que esta medida se instaure y regule mediante una ley orgánica, sino que, además, sólo pueda ser adoptada como consecuencia del estricto cumplimiento de los tasados motivos que justifican el sacrificio de este derecho fundamental (…) 48 . sss.

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La Corte Constitucional de Ecuador ha establecido mediante algunas decisiones las diferencias entre las acepciones de prisión ilegal, arbitraria e ilegítima, refiriéndose a éstas de la siguiente forma: …la privación de la libertad ilegal, esta puede ser definida como aquella ordenada o ejecutada en contravención a los mandatos expresos de las normas que componen el ordenamiento jurídico […] la privación de libertad arbitraria, en cambio, es aquella ordenada o mantenida sin otro fundamento que la propia voluntad o capricho de quien la ordena o ejecuta. La privación de libertad ilegítima, por último, es aquella ordenada o ejecutada por quien no tiene potestad o competencia para ello 49 . ttt. En este punto, resulta conveniente recordar que, conforme el artículo 1 del Código Procesal Penal, que, en materia penal, todos los tribunales, al aplicar la ley, no solo deben garantizar «(…) la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales (…)» sino que, además, deben 48 GUERRERO PÉREZ, Cristina. La decisión judicial de prisión preventiva. Análisis jurídico y criminológico. Tirant lo blanch, Valencia, España, 2010. p. 75. 49 Ver Sentencia núm. 247-17-SEP-CC, de la Corte Constitucional de Ecuador. aplicar las «(…) interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. (…)». uuu. Esa disposición legal resulta trascendente porque ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos -órgano jurisdiccional creado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos- la que ha tenido más oportunidades de desarrollar estos conceptos, a partir del mandato del artículo 7 de dicha convención que regula todo lo relativo al derecho a la libertad individual. vvv.

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La jurisprudencia de dicha corte, al referirse al criterio de legalidad de la prisión preventiva, establece que el mismo puede verse desde dos dimensiones distintas, a saber: una dimensión material y otra formal. www. En ese tenor, se ha sostenido que «(…) nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) (…) 50 ». xxx. La consecuencia de lo anterior es que (…) el principio de legalidad vincula tanto al legislador como al juez. En cuanto al legislador, este principio en relación con los derechos fundamentales como el aquí afectado, conlleva la reserva de ley, que ha de ser orgánica. Y, por otra parte, vincula al juez, que queda sujeto a la ley en el ejercicio de su función jurisdiccional (…) El juzgador que haya de decretar la medida restrictiva del derecho debe respetar la ley, no 50 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Sentencia de veintiuno (21) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) sólo en su letra, sino también en su teleología y espíritu, sin poder decretarla en supuestos, por motivos o forma distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico (…) 51 . yyy. En la sentencia ya citada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose al concepto de arbitrariedad asociado con la prisión preventiva, señala que en este tipo de casos (…) se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad. (…) 52 zzz.

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Por otro lado, también se ha sostenido que «(…) no se debe equiparar el concepto de “arbitrariedad” con el de “contrario a ley”, sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad (…) 53 ». aaaa. La Corte ha sido recurrente en establecer como ejemplo típico de prisión arbitraria cuando esta se encuentra contenida en una decisión que no contiene una motivación suficiente de manera «(…) que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas y que cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones 51 GUERRERO PÉREZ, Cristina. Ob. cit. p. 75. 52 Idem 53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador. Sentencia del tres (3) de febrero de fos mil veinte (2020). señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención. (…) 54 ». bbbb. En lo relativo al concepto de razonabilidad de la prisión, este parece estar a dos aspectos o dimensiones distintas. Por un lado, se vincula al tiempo de la medida coercitiva -plazo razonable- mientras que, por otro lado, se enlaza con la necesidad de elección de esa medida específica frente a las demás medidas de coerción disponibles y que son menos lesivas al derecho de libertad. cccc. La Corte Constitucional de Colombia, por su parte, ha indicado en otros casos que la privación de libertad de un imputado o de una persona procesada por delito no podrá residir en fines preventivos-generales o preventivos- especiales atribuibles a la pena. Es decir, la regla debe ser la libertad del encartado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En ese sentido, la Sentencia núm.

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C-774, del veinticinco (25) de julio de dos mil veintiuno (2001), de dicha corte estableció lo siguiente: La detención preventiva, dentro de un Estado social de derecho, no puede convertirse en un mecanismo de privación de libertad personal indiscriminado, general y automático, es decir que, su aplicación o práctica ocurra siempre que una persona se encuentra dentro de los estrictos límites que señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a las autoridades públicas velar por la efectividad de los derecho y libertades de las personas […] y promover el respeto de la dignidad humana. 54 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carranza Alarcón vs. Ecuador. Sentencia del tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020). Además, cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del veinticinco (25) de noviembre de dos mil cinco (2005). Serie C núm. 137, párr. 128, y Caso Jenkins Vs. Argentina, párr. 74. El requisito de motivación tiene relación con las garantías judiciales (artículo 8.1 de la Convención). Asimismo, para que se respete la presunción de inocencia (artículo 8.2) al ordenarse medidas cautelares restrictivas de la libertad, es preciso que el Estado fundamente y acredite, de manera clara y motivada, según cada caso concreto, la existencia de los referidos requisitos exigidos por la Convención (cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú, párr. 128; Caso J. Vs. Perú, párr. 159, y Caso Jenkins Vs. Argentina, párr. 77). dddd. Es decir que la prisión preventiva posee un carácter excepcional que es respaldado por el principio de excepcionalidad sobre el cual este colegiado constitucional en su Sentencia TC/0375/22, del once (11) de noviembre de dos mil veintidós (2022), se refirió de la siguiente manera:

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11.3. En ese orden, señalamos que las medidas de coerción son aquellas actuaciones jurisdiccionales adoptadas en la etapa preliminar del proceso penal en la fase de investigación llevadas a cabo por el Ministerio Público, las cuales tienen un carácter excepcional, toda vez que las mismas son prescritas contra un imputado cuando se da la probabilidad de su ocultación personal o patrimonial en el curso del procedimiento penal, con lo que se busca garantizar los efectos penales y civiles de una posible sentencia condenatoria… eeee. La prisión irrazonable se puede determinar tomando en cuenta cuando existe un exceso del tiempo de la prisión impuesta -sobre todo en los casos de prisión preventiva- y analizando la proporcionalidad de la medida, pues inmediatamente se incumple con los plazos o procesos que pudiesen limitar el derecho a la libertad de la persona, la prisión se vuelve desproporcional. ffff. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiriéndose a la razonabilidad de la prisión preventiva, ha dicho: (…) 66. El artículo 7.5 de la Convención impone límites temporales a la duración de la prisión preventiva en relación con la duración del proceso, indicando que el proceso puede continuar estando la persona imputada en libertad. La Corte ha entendido que “aun cuando medien razones para mantener a una persona en prisión preventiva, el artículo

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7.5 garantiza que aquélla sea liberada si el período de la detención ha excedido el límite de lo razonable Cfr. Caso Bayarri Vs. Argentina, párr. 74 y Caso Jenkins Vs. Argentina, párr. 84 (…) 86. La Corte ha señalado que el artículo 7.5 de la Convención impone límites a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida cautelar. Cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren su comparecencia al juicio, distintas de la privación de libertad. De conformidad con la norma citada, la persona detenida tiene derecho “a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”. Por ende, si una persona permanece privada preventivamente de su libertad y las actuaciones no transcurren en un tiempo razonable, se vulnera el artículo 7.5 de la Convención. (…) 55 gggg. En ese sentido, una prisión puede resultar irrazonable cuando un juez la impone por un tiempo más largo que el estrictamente necesario para asegurar su propósito o cuando habiéndola impuesto por una duración en principio apropiada, esta se extiende más allá del máximo establecido como razonable por la norma. hhhh. La otra dimensión que torna en irrazonable la prisión preventiva es cuando ella se impone aún bajo la existencia de otras medidas de coerción menos lesivas al derecho a la libertad y que -en el caso específico- aseguran de forma eficiente el propósito que buscan todas las medidas de esta naturaleza. En otras palabras, que los efectos de la privación de libertad son irrazonables respecto del fin que se procura alcanzar al no existir una relación directa y proporcionada ajustada entre estos. 55 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Carranza Alarcón vs.

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Ecuador, Sentencia del tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020). iiii. En efecto, los numerales 8 y 9 del artículo 40 de la Constitución dominicana imprimen a la prisión preventiva un carácter excepcional y señalan cómo su aplicación debe de ser proporcional al peligro que se intenta resguardar. jjjj. Hechas las anteriores precisiones, corresponde ahora hacer referencia al alegato formulado por el accionante en el sentido de que su prisión era ilegal, arbitraria e irrazonable. Al analizar la cuestión, el juez del habeas corpus pudo constatar: 1. Que al momento de que se interpuso la acción, el ciudadano Alberto Jesús Chávez Mena se encontraba guardando prisión por efecto de la Sentencia núm. 54804-2016-SSEN-00223, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), que -al tiempo de pronunciar una condena en cuanto al fondo- varió la medida de coerción que pesaba en su contra de una garantía económica y la presentación periódica por la de prisión preventiva. 2. Que esa prisión preventiva fue ordenada por una autoridad judicial competente para dictar este tipo de medidas, amparada en un poder que le otorga la ley y justificando su decisión con los motivos necesarios por lo que la medida era legal, justa y razonable. kkkk. A los fines de comprobar si el tribunal de habeas corpus actuó apegado a la Constitución y a las leyes y si la prisión que pesaba sobre el ciudadano accionante era o no ilegal, arbitraria o irrazonable, este tribunal constitucional - teniendo a la vista las actuaciones y piezas que conforman el expediente y en virtud del principio de oficiosidad establecido por el numeral 11) del artículo 7 de la Ley núm. 137-11- realizó las siguientes diligencias: 1.

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El trece (13) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), fue solicitada a la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo la remisión de: 1) una copia simple de la Sentencia núm. 54804-2016-SSEN-00223, dictada el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), y 2) una certificación en la que se haga constar si el señor Alberto de Jesús Chávez Mena ejerció o no el recurso de apelación en contra de la indicada sentencia y en qué fecha fue ejercido el mismo. 2. De la misma manera, fue solicitada a la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo: 1) una copia simple de la Sentencia núm. 1419-2017-SSEN-00079, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), y 2) una certificación en la que se haga constar si el señor Alberto de Jesús Chávez Mena ejerció o no el recurso de casación en contra de la indicada sentencia y en que fecha fue ejercido el mismo. llll.

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En respuesta a la solicitud de este tribunal, la Secretaría de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el primero (1 ero ) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), remitió: a) copia simple de la Sentencia núm. 54804-2016-SSEN-00223, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016); b) Certificación núm. 554/2024, emitida por el secretario auxiliar de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, en la que se hace constar que el señor Alberto de Jesús Chávez Mena recurrió en apelación la indicada sentencia, mediante escrito depositado el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016). La certificación se acompaña de una copia simple del indicado recurso de apelación. mmmm. Mientras que la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo remitió: a) una copia simple de la Sentencia núm. 1419-2017-SSEN-00079, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el veintiséis (26) de junio de dos mil diecisiete (2017), y 2) la Certificación núm. 1419-2024 -00299, en la que se hace constar que el primero (1 ero ) de febrero de dos mil diecinueve (2019) el señor Alberto de Jesús Chávez Mena ejerció el recurso de casación en contra de la mencionada sentencia. Una copia del escrito del recurso de casación acompaña dicha certificación. nnnn.

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Al examinar la Sentencia núm. 54804-SSEN-00223, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), se constata que dicho tribunal, al tiempo de condenar al señor Alberto de Jesús Chávez Mena a la pena de treinta (30) años de reclusión mayor y tomando en cuenta las conclusiones vertidas al efecto por el Ministerio Público y los querellantes, procedió a variar la medida de coerción que pesaba en su contra que consistía en «(…) la presentación periódica, pago de una garantía económica, e impedimento de salida del país (…)» por la de «(…) prisión preventiva (…)». [Véase párrafo 47, páginas 32 y 33 y ordinal tercero de la parte dispositiva de la Sentencia núm. 54804-SSEN-00223, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016)]. oooo. A decir de la indicada sentencia, la sustitución de la medida se fundamentó en que -a juicio de ese tribunal- habían «(…) variado los presupuestos (…)» y que, por tanto, se presumía «(…) el peligro de fuga del mismo esto al tenor del artículo 229 del Código Procesal Penal dominicano, modificado por el artículo 57 de la Ley 10-15, del 10 de febrero del 2015(…)» [Véase párrafo 47, páginas 32 y 33 y ordinal tercero de la parte dispositiva de la Sentencia núm. 54804-SSEN-00223]. pppp.

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Es criterio de este colegiado constitucional, en consonancia con lo decidido por el juez de habeas corpus, que el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo actuó dentro de los cánones legales y constitucionales aplicables en la materia, al variar la medida de coerción que pesaba sobre el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena y ordenar su ingreso al estado de prisión preventiva. qqqq. En ese tenor, resulta conveniente hacer un examen desde varios puntos de vista, a saber: la facultad para revisar la medida de coerción; los aspectos que debe tomar en cuenta el juez o tribunal para cambiar una medida de coerción con ocasión de la solicitud de una revisión; y los criterios especiales a tomar en cuenta cuando la medida de coerción que se dicta es la prisión preventiva. Facultad para revisar la medida de coerción rrrr. Se ha podido constatar que el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo tenía atribución legal para fallar sobre el aspecto relativo a la revisión de la medida de coerción, ya que dicha variación le fue solicitada mediante conclusiones formales por el Ministerio Público y la parte querellante con la debida réplica y conclusiones de la defensa técnica del imputado (artículo 228 del Código Procesal Penal). ssss. Tal atribución legal resulta de las disposiciones combinadas por los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal, que disponen: Artículo 238. Revisión. (Modificado por el artículo 61 de la Ley No. 10- 15 del seis (6) de febrero del año dos mil quince (2015), G. O.

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No. 10791 del 10 de febrero de 2015) El juez, en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte, o de oficio, en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento las justificaron. En todo caso, previo a la adopción de la resolución, el secretario notifica la solicitud o la decisión de revisar la medida a todas las partes intervinientes para que formulen sus observaciones en el término de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual el juez decide. La revisión para imponer una medida más gravosa sólo procede a solicitud del ministerio público y del querellante. Artículo 239. Revisión obligatoria de la prisión preventiva. Cada tres meses, sin perjuicio de aquellas oportunidades en que se dispone expresamente, el juez o tribunal competente examina los presupuestos de la prisión preventiva y, según el caso, ordena su continuación, modificación, sustitución por otra medida o la libertad del imputado. La revisión se produce en audiencia oral con citación a todas las partes y el juez decide inmediatamente en presencia de las que asistan. Si compete a un tribunal colegiado, decide el presidente. 56 El cómputo del término se interrumpe en los plazos previstos en el artículo siguiente o en caso de recurso contra esta decisión, comenzándose a contar íntegramente a partir de la decisión respectiva. tttt. De estas disposiciones resulta que la revisión de la medida de coerción compete al juez o tribunal que se encuentra apoderado del caso por el cual se dicta o se originó la misma, sin importar el estado en que se encuentre ese caso y sin importar que ella haya sido dictada por el juez de una etapa anterior.

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Así, si la medida es dictada durante la etapa de la investigación, su revisión corresponde al juez de la instrucción encargado del control de la investigación, mientras esta dure. En tanto que esa misma medida sería revisada por el juez apoderado de la audiencia preliminar si el momento de la revisión llega estando este juez apoderado, y si el proceso principal ya está en manos del tribunal de juicio por haber arribado a esa etapa, es a dicho tribunal que le compete pronunciarse sobre la medida de coerción y así sucesivamente. uuuu. Hay que resaltar que merece especial atención el tema examinado cuando el asunto se encuentra en manos de un tribunal colegiado. En efecto, si bien el artículo 239 del Código Procesal Penal dispone que, en estos casos, la revisión de la medida debe ser resuelta por el presidente, ello puede ser distinto dependiendo del momento específico que -dentro de una misma etapa procesal- sea pronunciada la decisión sobre la revisión. 56 Los subrayados son nuestros. vvvv. Así, si la solicitud de revisión es presentada en cualquier momento del juicio, desde la preparación del debate (artículo 305 del Código Procesal Penal) hasta antes de que concluya el mismo (artículo 352), la decisión deberá ser rendida por el presidente del tribunal. Pero, si esta se produce a consecuencia de una petición formulada junto con las conclusiones del fondo, la decisión deberá rendirla el tribunal en pleno. Esto así, porque la facultad dada al presidente en estos casos concluye con la presentación de las conclusiones finales, quedando bajo la potestad del tribunal en pleno decidir tanto de los aspectos principales como los accesorios vinculados a estos. wwww.

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Lo anterior tiene igual tratamiento que el dado para la solución de los incidentes y excepciones reguladas por el artículo 305 del Código Procesal Penal, que pone a cargo de los presidentes de los tribunales resolver estas cuestiones cuando se plantean en la etapa de preparación de los debates, pero que deben ser resultas por el tribunal en pleno cuando el fallo ha sido acumulado para ser rendido con el fondo o cuando -excepcionalmente- estos planteamientos se han formulado en el curso de la audiencia y ante el pleno del tribunal. xxxx. Durante las etapas recursivas (apelación y casación) y durante los plazos habilitados para su ejercicio, la revisión corresponde al juez presidente del tribunal que deba conocer del recurso, aun cuando dicha jurisdicción no haya recibido materialmente el expediente que la apodera por no haberse agotado los trámites correspondientes, a menos que la petición se formule junto con las conclusiones formales sobre el recurso, en cuyo caso competerá al tribunal que deba conocer de este. Aspectos que debe tomar en cuenta el juez o tribunal para cambiar una medida de coerción con ocasión de la solicitud de una revisión yyyy. Al evaluar el fallo que ordenó la prisión preventiva, a este tribunal le queda claro que el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo actuó apegado a las condiciones y requisitos exigidos por la ley para sustituir la medida de coerción de garantía económica y de presentación periódica que pesaba sobre el señor Chávez Mena por la de prisión preventiva. zzzz.

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En primer lugar, porque dicho tribunal tenía potestad legal para pronunciarse sobre la medida de coerción, en virtud de que el artículo 238 del Código Procesal Penal le permitía revisarla, sustituirla, o modificarla a condición de que hubieran variado las condiciones que originalmente las justificaron. aaaaa. En segundo lugar, porque entendió que habían «(…) variado los presupuestos (…)» que justificaron el otorgamiento de la garantía económica y de la presentación periódica y que siendo el peligro de fuga más latente procedía sustituirlos por la prisión preventiva. bbbbb. Conforme se indica en la sentencia contentiva de dicha variación, la misma se justificó en una presunción de que, en torno al imputado, se hacía latente «(…) el peligro de fuga … esto al tenor del artículo 229 del Código Procesal Penal dominicano, modificado por el artículo 57 de la Ley 10-15, del 10 de febrero del 2015(…)». ccccc. Independientemente de que no quedó expresamente consignado en el fallo, resulta ostensible que, dentro de los motivos enumerados por el artículo 229 del Código Procesal Penal, el tribunal tomó en cuenta el que se establece en el numeral 8) de dicho artículo, que señala como una de las circunstancias que sirven para establecer el peligro de fuga la de que se haya «(…) pronunciado una pena de prisión (…)» en contra del imputado «(…) aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso (…)». Criterios especiales para tomar en cuenta cuando la medida de coerción que se dicta es la prisión preventiva ddddd.

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Todas las medidas de coerción tienen carácter excepcional y solo pueden ser impuestas contra un imputado por su propio hecho, por el tiempo absolutamente indispensable y con el propósito de asegurar su presencia en el procedimiento, evitar la destrucción de pruebas relevantes para la investigación o de proteger a la víctima y a los testigos del proceso. eeeee. Ninguna medida de coerción puede ser dictada si la infracción penal que se atribuye al imputado no está reprimida con pena privativa de libertad. El principio general establecido por el artículo 15 del Código Procesal Penal dominicano, transcrito anteriormente, indica que las medidas de coerción tienen un carácter excepcional y que su aplicación «debe ser proporcional al peligro que trata de resguardar» 57 . fffff. Para que se puedan imponer, es necesario que el juez o tribunal competente dicte una resolución por escrito, en la que se viertan los motivos que la justifican y en la que se haga constar cuáles son los elementos de prueba que existen para «(…) sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción. (…)» [fumus boni iuris] y en la que se establezca que «(…) existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de 57 Los subrayados son nuestros. que el imputado podría no someterse al procedimiento (…)» 58 [periculum in mora], para lo cual deberá tomar en cuenta las circunstancias establecidas por el artículo 229 del Código Procesal Penal, siempre que ellas resulten conforme a las garantías y principios del debido proceso reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en el propio código. ggggg.

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Todas las medidas de coerción de carácter personal son -en menor o mayor grado- restrictivas de libertad, de ahí su carácter excepcional y que «(…) (...) su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar» 59 . hhhhh. Cuando la medida de coerción que se impone es la de prisión preventiva, se exige un elemento adicional que resulta del mandato del artículo 234, que señala que la prisión preventiva solo puede establecerse como medida de coerción en aquellos casos en que «no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas» 60 y «con el propósito de evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación, y cuando la libertad del imputado pueda constituir una amenaza para la sociedad, la víctima o sus familiares, o los testigos del proceso». iiiii. En adición, el artículo 16 del mismo código establece que «la prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada». jjjjj.

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El mandato contenido en el numeral 9) del artículo 40 de la Constitución y en los artículos 15 y 234 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la medida de coerción sea proporcional al peligro de fuga que trata de resguardar 58 Artículo 227 del Código Procesal Penal. 59 Articulo 40 ordinal 9) de la Constitución de la República 60 El subrayado es nuestro. y de que la prisión preventiva sólo puede imponerse cuando esa fuga no puede evitarse razonablemente con la imposición de cualquiera otra de las medidas - conforme criterio de este colegiado- se traduce en la obligación, por parte del juez o tribunal que la impone, de realizar -al momento de su establecimiento- un juicio de proporcionalidad que permita determinar en cada caso, si la imposición de la prisión preventiva es razonable y proporcional con el fin perseguido de tal manera que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante dicha privación. En otras palabras, que permita evaluar tanto la necesidad de imposición de una medida cualquiera, como la razón por la que prevalece la prisión preventiva sobre cualquier otra medida posible y cuya intensidad es considerablemente menor frente al derecho de libertad que se afecta. kkkkk. Al hilo de lo anterior, el juicio o test de proporcionalidad como instrumento para determinar si una medida o acto público que suponga un límite a un derecho fundamental es proporcional con un fin buscado, es utilizado en diversos ordenamientos. lllll.

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En España, el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia núm. 164/2023, del veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), aborda el tema del juicio del proporcionalidad -test de proporcionalidad- indicando que la doctrina constitucional de manera recurrente ha considerado que el análisis de proporcionalidad de las actuaciones o actos que afectan los derechos fundamentales, se debe realizar en tres pasos o etapas, posterior a comprobar que existe una finalidad constitucionalmente legítima; tal y como veremos más adelante: (…) En segundo lugar, hay que revisar si la prohibición, que formalmente hemos considerado justificada, supera el juicio de proporcionalidad. Una reiterada doctrina constitucional exige que el examen jurisdiccional de las medidas que restringen los derechos fundamentales se articule una vez constatada la persecución de una finalidad constitucionalmente legítima, en tres pasos sucesivos: (i) si la medida enjuiciada es idónea o adecuada para la consecución de la finalidad legítima que pretende; (ii) si resulta, además, necesaria o imprescindible porque no existe otra medida menos incisiva en el derecho fundamental y de eficacia pareja; y (iii) una vez superados estos dos escrutinios que toman en consideración la relación del medio con el fin perseguido, se ha de determinar cuál sea la magnitud de la afectación del derecho fundamental que produce la medida restrictiva y el beneficio que esta depara al interés general, para ponderar si aquella respeta la estricta proporcionalidad 61 . mmmmm. Mientras que, en Perú, fue mediante la Sentencia núm. 0045-2004- PI- TC que se adoptó el test de proporcionalidad 62 , estableciendo que el mismo se aplica mediante los siguientes pasos o etapas: Estructura del principio de proporcionalidad en el análisis de la infraestructura de la igualdad. 33.

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Este principio ha de emplearse a través de sus tres subprincipios, de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Conforme a esto, los pasos que se han de efectuar para ello son los siguientes:

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a) determinación del tratamiento legislativo diferente: la intervención en la prohibición de discriminación; 61 Sentencia 164/2023 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023). 62 RUBIO CORREA, Marcial Antonio. El Test de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano. Segunda edición actualizada. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo editorial, 2021. pp. 25.

b) determinación de la “intensidad” de la intervención en la igualdad;

c) determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin);

d) examen de idoneidad;

e) examen de necesidad;

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f) examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación 63 . nnnnn. Esta jurisdicción ha tenido la oportunidad de aplicar el test de proporcionalidad en varias decisiones, con el propósito de evaluar la adecuación de una norma o una medida o acto privado o estatal en relación con el texto constitucional y de verificar la no afectación de un derecho fundamental. ooooo. Así, mediante su Sentencia TC/0276/19, del ocho (8) de agosto de dos mil diecinueve (2019), el tribunal determinó que no hubo violación al derecho de intimidad de un trabajador por el hecho de que el empleador hurgara en sus herramientas de trabajo (computadora y correos electrónicos de la empresa), ya que dichas pesquisas nunca guardaron relación con datos de carácter personal o familiar, y que por tanto, no hubo intrusión en su vida privada, sino que se limitaron a verificar el ejercicio de sus funciones dentro del ámbito laboral 64 . ppppp. Mientras que en su Sentencia TC/1092/23, del veintisiete (27) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el Tribunal, luego de aplicar el test de proporcionalidad, declaró conforme a la Constitución la Ley núm. 126, del veinticuatro (24) de abril de mil novecientos ochenta (1980), que deroga y sustituye la Ley núm. 134, sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución 63 Sentencia del tribunal constitucional peruano emitida el veintinueve (29) de octubre de dos mil cinco (2005) en el Exp. 0045-2004-PI-TC sobre proceso de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, contra el artículo 3º de la Ley núm. 27466 -modificatoria de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. 64 Cfr. párrafos 11.35 al 11.36, páginas 64-65 de Aguas Públicas, del veintiuno (21) de mayo de mil novecientos setenta y uno (1971), por entender que no violenta el derecho a la propiedad 65 . qqqqq.

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Dada la exigencia de proporcionalidad que en especial se requiere para dictar la prisión preventiva en preferencia a cualquier otra medida de coerción, este tribunal entiende, que con el fin de asegurar que su decisión no sea considerada arbitraria ni irrazonable, el juez que imponga la prisión preventiva en un determinado proceso debe realizar el aludido test, lo cual se impone con el propósito de evitar un déficit en la motivación adecuada de las decisiones que contengan este tipo de medidas. rrrrr.

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En este caso, por ser el primero en su género que examina este colegiado y haciendo uso de la función pedagógica que debe tener su jurisprudencia 66 , luego de explicar la naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida de coerción y señalar algunas de sus particularidades (I), procederá -como un simple ejercicio didáctico que sirva de parámetro a los jueces que dicten este tipo de medidas- a desarrollar directamente el test de proporcionalidad, aplicándolo a la medida dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo (II). 65 Cfr. párrafos del 12.5 al 12.8, páginas 31-34 66 Este tribunal se ha referido a esta función en varias oportunidades, como por ejemplo, en la Sentencia TC/0041/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), en la que dijo: …Los tribunales constitucionales, dentro de la nueva filosofía del Estado social y democrático de derecho, no solo se circunscriben a garantizar la supremacía constitucional o la protección efectiva de los derechos fundamentales al decidir jurisdiccionalmente los casos sometidos a su competencia, sino que además asumen una misión de pedagogía constitucional al definir conceptos jurídicos indeterminados, resolver lagunas o aclarar disposiciones ambiguas u oscuras dentro del ámbito de lo constitucional… Cfr, además la Sentencia TC/0358/22, del veintiocho (28) de noviembre del año dos mil veintidós (2022), que también se refiere a esta función. I. Naturaleza jurídica de la prisión preventiva como medida de coerción sssss. La naturaleza jurídica de la prisión preventiva no es la de una pena, sino la de una medida cautelar, ya que la misma no tiene un carácter represivo. De igual manera, su naturaleza es de excepcionalidad reforzada. ttttt.

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Todas las medidas de coerción personales son -en mayor o menor intensidad- restrictivas de la libertad. De ahí el carácter excepcional que resulta para todas ellas a partir de las disposiciones combinadas del numeral 9) del artículo 40 de la Constitución, que señala que todas «(…) las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional (…)» con el artículo 222 del Código Procesal dominicano 67 , que reconoce que -en general- las medidas de coerción «(…) tienen carácter excepcional (…)», siempre que se verifiquen las condiciones exigidas por los artículos 222 y 227 del Código Procesal Penal. uuuuu. Ahora bien, cuando la medida de coerción a imponer es la prisión preventiva, este carácter excepcional se ve reforzado por la exigencia que impone el artículo 234 del mencionado código de que esta solo «(…) es aplicable cuando no pueda evitarse razonablemente la fuga del imputado mediante la imposición de una o varias de aquellas que resulten menos gravosas para su persona (…)» [periculum in mora]. vvvvv. Sobre las condiciones necesarias para que se pueda dictar la prisión preventiva, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional español, mediante la Sentencia núm. 128/1995, dictada el veintiséis (26) de julio de mil novecientos noventa y cinco (1995), estableció lo siguiente: 67 Modificado por la Ley núm. 10-15, que introduce modificaciones a la Ley núm. 76-02, del diecinueve (19) de julio de dos mil dos (2002), que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. G. O. núm. 10791, del diez (10) de febrero de dos mil quince (2015).

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(…) El establecimiento de los principios que informan la institución de la prisión provisional debe reparar prioritariamente, en primer lugar, en su carácter restrictivo de la libertad, que le emparenta directamente con las penas privativas de libertad, con cuyo contenido material coincide básicamente (STC 32/1987, fundamento jurídico 3º), y, en segundo lugar, en divergencia ahora con la pena, en que el sujeto que sufre la medida no ha sido declarado culpable de la realización de un hecho delictivo y goza, en consecuencia, de la presunción de su inocencia. Estas dos coordenadas fundamentales matizan en parte e intensifican, también parcialmente, la penetración en esta medida cautelar de los criterios conformadores del Derecho sancionador en un Estado social y democrático de Derecho. Más allá, pues, del expreso principio de legalidad (arts. 17.1 y 17.4 C.E.), debe consignarse que la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y, como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos. (…) 68 wwwww. Esa proporcionalidad de la prisión preventiva no sólo se vincula a la consecución de los fines que procura cualquier medida de coerción, sino que debe resultar de la contrastación de esta, frente a las demás medidas de coerción existentes y de su comparación frente a la cuantía mínima de la pena imponible. 68 BOE núm. 200, del veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995). Subrayados son nuestros. xxxxx.

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La primera contrastación resulta del mandato del citado artículo 234 del Código Procesal Penal, que permite la aplicación de la prisión preventiva solo cuando la fuga del imputado no pueda evitarse «(…) mediante la imposición de una o varias de aquellas (…)» medidas de coerción «(…) que resulten menos gravosas para (…)» la persona del imputado. yyyyy. La segunda comparación es el resultado de la interpretación sistemática de varias disposiciones del Código Procesal Penal. En primer lugar, lo dispuesto por el artículo 222 de que las medidas de coerción solo pueden aplicarse «(…) por el tiempo absolutamente indispensable (…)» para asegurar su finalidad; en segundo lugar, lo dispuesto por el artículo 239 que pone a cargo del juez o tribunal competente revisar -de manera obligatoria- cada tres (3) meses la prisión preventiva con miras a determinar si procede su continuación, modificación o sustitución por otra medida o la libertad del imputado y, en tercer lugar, lo dispuesto por el artículo 241 sobre la finalización de la prisión preventiva. zzzzz. En efecto, el numeral 3) del citado artículo 241 establece que el plazo común de la prisión preventiva no puede exceder de los doce (12) meses para los casos ordinarios, mientras que el numeral 2) del artículo 370 dispone que este plazo no excederá los dieciocho (18) meses para los casos declarados complejos. De ahí que resulte lógico inferir que, al momento de su imposición, no sea posible establecerla por una duración mayor a estos plazos y que -en principio- lo razonable sea que su duración no exceda los tres (3) meses para que su término coincida con la posibilidad de que el juez revise si persisten los motivos para que esta subsista. aaaaaa.

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Igualmente, al momento de su imposición, el juez deberá tomar en cuenta la magnitud de la pena imponible, contemplando la eventual aplicación de las reglas relativas al perdón judicial y de la suspensión condicional de la pena previstas por los artículos 340 y 341 del Código Procesal Penal y - analógicamente- los casos de libertad condicional establecidos por la Ley núm. 164, de mil novecientos ochenta (1980), y de circunstancias atenuantes contemplados por el artículo 463 del Código Penal dominicano, respectivamente. Esto para que la decisión de la prisión preventiva no exceda - en ningún caso- la pena mínima imponible en esas eventualidades, ya que si tal cosa sucediera su imposición pudiera devenir en una especie de pena anticipada con sus connaturales conflictos. bbbbbb. Así las cosas, si la pena imponible -tomando en cuenta tales previsiones- fuera la de multa, resulta ostensible que -en principio- parezca imposible que se coloque como medida de coerción la de prisión preventiva, tal como acontece en los casos de naturaleza correccional (artículo 9 ordinal 3º y artículo 40 del Código Penal), que permiten al tribunal que -al aplicar las circunstancias atenuantes previstas en el ordinal 6º del artículo 463 del Código Penal- imponga al condenado solo la pena de multa. cccccc.

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Esto, incluso, resulta cónsono con la tradición impuesta bajo el imperio del antiguo modelo inquisitivo que enarbolaba como principio el de la obligatoriedad de la garantía económica en los casos de naturaleza correccional 69 , por lo que bajo el modelo acusatorio parecería más apropiado que tal obligación alcance casos -que, aunque no provoquen una grave lesión al bien jurídico tutelado- acarreen como pena imponible una de mayor relevancia 69 El artículo 113 del Código de Procedimiento Criminal, modificado por la Ley núm. 341-98 disponía: En materia correccional, la libertad provisional bajo fianza es obligatoria y será otorgada por el juez de primera instancia o corte de apelación que vaya a conocer de la acusación. El procesado será puesto en libertad tan pronto como preste fianza, de acuerdo con el procedimiento establecido en este Código, lo que garantiza su obligación de presentarse todas las veces que sea requerido en el curso del proceso y para la ejecución del auto o sentencia que intervenga, sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la Ley No.1014, del 11 de octubre de 1935 (G.O. 4840). (…) Este texto había sustituido el artículo 1 de la Ley núm. 5439, de 1915, sobre Libertad Provisional Bajo Fianza que, por efecto de la Ley núm. 197, de 1931, había sido modificado para imprimir el carácter obligatorio del otorgamiento de la libertad provisional bajo fianza en los casos de naturaleza correccional. penal que aquellos y no a la inversa como parece ocurrir en la realidad práctica dominicana 70 . II. Desarrollo del test de proporcionalidad dddddd. Una vez hechas las anteriores precisiones, se procede a realizar y aplicar, de manera directa, el test de proporcionalidad a la medida de coerción impuesta en el caso objeto de examen: 1.

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Juicio de idoneidad: Este primer elemento del test busca «verificar si la medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto». En el caso que nos ocupa, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo cambió la medida de coerción «consistente en la presentación periódica, pago de una garantía económica, e impedimento de salida del país, (…), por la prisión preventiva, (…)», con el objetivo de impedir la fuga del hoy recurrente en revisión. Lo anterior se justificó en el hecho de que este ciudadano fue condenado a la pena de treinta (30) años de reclusión mayor por los crímenes de asociación de malhechores, y homicidio voluntario precedido de robo con violencia de acuerdo a los artículos 265, 266, 295, 304 P-II, 382, 383, 385 y 386-II del Código Penal dominicano. El artículo 229 del Código Procesal Penal dominicano, usado como base legal por el tribunal que estableció la medida de coerción, estipula en su numeral 8) como uno de los motivos que permiten decidir sobre el peligro de fuga el de: 70 En efecto, un informe dado a conocer por la defensa pública en abril del año 2023 daba cuenta de que el El 70 % de los presos de las cárceles de República Dominicana cumplían prisión preventiva, y que de estos el 50 % ya había cumplido con el plazo de dicha medida de coerción. Cfr. https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/04/13/mayoria-de- presos-del-pais-estan-en-prision- preventiva/2283362#:~:text=El%2070%20%25%20de%20los%20presos,Oficina%20Nacional%20de%20Defensa%20P% C3%BAblica.

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Frente a un 60% que, aun cuando también era elevado, fue el promedio en el lustro 2015-2020, según reveló estudio publicado por la Oficina Nacional de Estadística disponible en: https://www.one.gob.do/media/ciygabrq/panorama- estad%C3%ADstico-107-an%C3%A1lisis-de-las-estad%C3%ADsticas-sobre-delitos-registrados-y-reclusiones.pdf. «haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso». De ahí, que la medida de prisión preventiva impuesta por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo resultaba adecuada para lograr el objetivo propuesto, es decir evitar la posible fuga del imputado y, de esta manera, asegurar su presencia durante la parte del proceso que faltara y, sobre todo, durante la sustanciación de los recursos que, legalmente, pudieran derivarse en contra de la sentencia de condena. 2. Juicio de necesidad, este elemento o requisito del test busca demostrar que «no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia».

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En ese orden, ha sostenido el Tribunal Constitucional español que la adopción de la prisión preventiva como medida de coerción implica que: Más allá, pues, del expreso principio de legalidad (arts. 17.1 y 17.4 C.E.), debe consignarse que la legitimidad constitucional de la prisión provisional exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida; y, como objeto, que se la conciba, tanto en su adopción como en su mantenimiento, como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos (…) la constatación de "razonables sospechas" de responsabilidad criminal opera como conditio sine qua non de la adopción y del mantenimiento de tan drástica medida cautelar que, además, en cuanto "particularmente gravosa para uno de los derechos fundamentales más preciados de la persona" (en expresión de la STC 71/1994, fundamento jurídico 7º), queda supeditada en su aplicación a una estricta necesidad y subsidiariedad que se traduce tanto en la eficacia de la medida como en la ineficacia de otras de menor intensidad coactiva (…). 71 Es necesario recordar que la Constitución reconoce la libertad como derecho fundamental, por lo que cualquier mecanismo, acto o intervención que tenga como fin su restricción, como lo es la prisión preventiva, debe estar suficientemente justificada.

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Esto se corresponde con lo establecido por su artículo 40 numerales 8) y 9) cuando afirman que «nadie podrá ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho», y que este tipo de medidas, en tanto son restrictivas de la libertad personal, «(…) tienen un carácter excepcional (…)» y que su aplicación «(…) debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar (…)». De ahí que para que en contra de un ciudadano sea impuesta una medida de esta naturaleza, sea necesario que el juez constate la presencia no solo de elementos suficientes de prueba que permitan sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción [fumus boni iuris] reprochada con pena privativa de libertad y que existen circunstancias que ayudan a determinar el peligro de fuga, así como que esto no puede evitarse si no es a través de esta medida y no de otra menos intensa o moderada para la consecución del propósito [periculum in mora]. eeeeee. En la especie, cabe recordar que, al momento de la imposición de la prisión preventiva, el imputado se encontraba bajo los efectos de la medida de 71 Sala Segunda del Tribunal Constitucional de España. Sentencia núm. 128/1995, del veintiséis (26) de julio [BOE núm. 200, del veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)]. Subrayados son nuestros. coerción que se le había colocado mediante auto s/n, dictado por el Quinto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), que estableció la presentación de una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. ffffff.

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Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo rindieron esta parte de su decisión a consecuencia de la solicitud formulada por el Ministerio Público y por la parte querellante para que se variara las medidas de coerción existente y se dictara la prisión preventiva en contra del hoy recurrente. En ese orden, el tribunal señaló que las circunstancias que justificaron la colocación de la garantía económica y de las demás medidas que pesaban en su contra habían variado. gggggg. Así pues, se avizora que los dos elementos o razones que permitieron que ese tribunal entendiera que las circunstancias habían cambiado y que se justificaba la variación de la medida existente por la de prisión preventiva son los siguientes: hhhhhh. En primer lugar, que en el momento procesal en que esta prisión preventiva se impuso el estándar de vinculación con el hecho era más elevado que el requerido por el numeral 1) del artículo 227, que exige la constatación de «(…) elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción (…)» [fumus boni iuris], ya que la imposición se produce en el mismo momento en que, mediante un juicio, el tribunal ha entendido no que existía una posibilidad de vinculación con el hecho reprochado, sino que había una realidad concreta que si bien podía ser vencida en la fase recursiva, era al menos razonablemente cierta. iiiiii. En segundo lugar, el grado de intensidad de la pena, ya que la prisión preventiva fue dictada concomitantemente con la imposición de una condena de treinta (30) años de reclusión mayor.

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Elemento que resulta importante tal como lo establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español cuando dice: (…) la relevancia de la gravedad del delito y de la pena para la evaluación de los riesgos de fuga - y, con ello, de frustración de la acción de la Administración de la Justicia- resulta innegable tanto por el hecho de que, a mayor gravedad, más intensa cabe presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor gravedad de la acción cuya reiteración o cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la Justicia (…) 72 . jjjjjj. Resulta evidente que en el caso esta tentación de huida se había intensificado cuando al imputado se le colocó como sanción la pena más alta de las contempladas por el Código Penal dominicano [treinta (30) años de reclusión mayor] y que no existían motivos para su atenuación. El imputado, entonces, se vería más tentado a evadir el proceso y el cumplimiento de la pena cuando un tribunal -luego de el examen de la prueba- había determinado su responsabilidad que cuando lo que existía era una mera eventualidad de que esto aconteciera. kkkkkk. Lo anterior permite apreciar que la medida de prisión preventiva impuesta por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo resultaba necesaria para lograr el objetivo propuesto, de evitar la fuga y de asegurar la permanencia del imputado durante el resto del proceso penal. 72 Sala Segunda del Tribunal Constitucional de España. Sentencia núm. 128/1995, del veintiséis (26) de julio [BOE núm. 200, del veintidós (22) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995)]. Subrayados son nuestros. 3.

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Juicio de proporcionalidad en sentido estricto: este estándar corrobora que la actuación realizada fue «ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto». Ya que en estas circunstancias donde se había determinado con mayor nivel de certeza la responsabilidad penal del imputado, el interés general se concreta en la necesidad de asegurar el cumplimiento de la pena. llllll. Este aspecto ha llevado al legislador a ponderar como elemento para determinar razonablemente la fuga el de «haberse pronunciado una pena de prisión en su contra aun cuando la misma se encuentre suspendida como efecto de la interposición de un recurso 73 », circunstancia que se verificaba en el caso donde, tras la imposición de la pena y la notificación de la sentencia íntegra con sus motivaciones, se abriría el plazo para la interposición del recurso de apelación. mmmmmm. Desde ese punto de vista, la medida de prisión preventiva impuesta por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo resultaba proporcional para lograr el objetivo propuesto, que era evitar el peligro de fuga, a los fines de asegurar la permanencia del imputado durante el resto del proceso penal y su satisfactoria culminación. nnnnnn.

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Al haberse comprobado que la medida de coerción impuesta supera el test de proporcionalidad realizado, se vislumbra que el tribunal que la estableció tuvo motivos suficientes para establecer la existencia del peligro de fuga, y, por lo tanto, la necesidad de imponer la prisión preventiva como medida de coerción con privilegio, por encima de las demás medidas disponibles, por lo que 73 Ordinal 8) del artículo 229 del Código Procesal Penal. considera que la decisión rendida se ajusta al principio constitucional y legal de proporcionalidad. oooooo. De todo lo anterior resulta correcto establecer que el tribunal apoderado del habeas corpus juzgó adecuadamente al determinar que la prisión preventiva que pesaba en contra el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena no era irrazonable. La existencia de otras vías ordinarias para la tutela del derecho a la libertad en caso de alegación de prisión ilegal, arbitraria o irrazonable pppppp. Ya se ha dicho que la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, al declarar inadmisible la acción constitucional de habeas corpus, estableció que esa no era la vía para atacar la medida de prisión preventiva que pesaba en contra del accionante. Dicho tribunal, empero omitió indicar -como era su deber- cuál era la vía idónea o adecuada para la tutela del derecho que se aducía como vulnerado. qqqqqq. Para afirmar que el habeas corpus no era la vía adecuada para tutelar el derecho que se alegaba vulnerado, el tribunal apoderado de la acción debió tomar en cuenta distintas previsiones que regulan el habeas corpus. rrrrrr. En primer lugar, lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución dominicana, ya transcrito, así como lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley núm. 137-11 y por el artículo 381 del Código Procesal Penal, que constituyen el marco general para el ejercicio de la acción. ssssss.

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En segundo lugar, debió tomar en cuenta las previsiones de los artículos 238, 239, 242, y 414 del Código Procesal Penal. tttttt. Por su parte, el artículo 63 de la Ley núm. 137-11 establece: Hábeas Corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de hábeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, para que conozca y decida, de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria, la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. La acción de hábeas corpus se rige por las disposiciones del Código Procesal Penal y no puede ser limitada o restringida cuando no exista otra vía procesal igualmente expedita para la tutela de los derechos garantizados por esta vía procesal. 74 uuuuuu. Mientras que el artículo 381 del Código Procesal Penal dice: Procedencia. Toda persona privada o cohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viere inminentemente amenazada de serlo, tiene derecho, a petición suya o de cualquier persona en su nombre, a un mandamiento de habeas corpus (Art. 8 literales a, b, c, d, e, f y g CRD) con el fin de que el juez o tribunal decida, sin demora, sobre la legalidad de la medida de privación de libertad o de tal amenaza. No procede el habeas corpus cuando existan recursos ordinarios o pueda solicitarse la revisión de las medidas de coerción. vvvvvv.

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Así, en materia de tutela al derecho de libertad, el principio que gobierna es el de que, cuando una persona que ha sido privada del mismo o se siente amenazado de serlo en forma ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene en el 74 Los subrayados son nuestros. habeas corpus una acción mediante la cual se procura evitar o remediar la conculcación de este derecho fundamental, siempre que no exista una vía ordinaria que permita esta tutela de forma igualmente expedita, tal como lo dispone el artículo 63 de la Ley núm. 137-11. wwwwww. Reiteramos, como se dijo ut supra, que la acción de habeas corpus es una especie sui generis de amparo. En este entendido, para la determinación de la vía procesal más efectiva, puede tomarse como punto de partida para la determinación la de la efectividad de la vía ordinaria que tendría prevalencia sobre el habeas corpus. Todo lo anterior aplica siempre que esto convenga para la protección más efectiva del derecho que se procura tutelar. xxxxxx. Lo anterior puede verse, en el contexto de la acción de amparo ordinario, cómo hemos determinado cuándo la acción de amparo es inadmisible por existir otras vías idóneas y efectivas. Este tribunal, en su Sentencia TC/0021/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), estableció claramente que la declaratoria de inadmisión en materia de amparo se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador. yyyyyy. Más recientemente, en la Sentencia TC/0693/18, del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), este tribunal sostuvo: (…) 51.

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Y, asimismo, en su sentencia TC/0097/13, reiteró los términos de sus sentencias TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12 y TC/0098/12 y estableció que: El juez de amparo tiene la obligación de indicar la vía que considera idónea, cuando entienda que la acción de amparo es inadmisible, 75 teniendo la responsabilidad de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz. 52. Por otra parte, y finalmente, es importante subrayar que la declaratoria de inadmisibilidad de la acción de amparo por existir otra vía judicial efectiva está condicionada no solo a que esa otra vía sea más efectiva que el amparo sino a que, además, se indique cual es esa otra vía y cuáles son las razones por las cuales ella es más efectiva. (…) zzzzzz. Conforme a lo antedicho, el tribunal que conoció del habeas corpus - al declarar su inadmisibilidad- por entender que existían «(…) otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado (…)» debió indicar cuáles eran las mismas. aaaaaaa. En efecto, siempre que la prisión sea dictada mediante una resolución o sentencia de juez o tribunal competente que establezca una medida de coerción o que varíe una ya impuesta, el imputado tiene como vía para tutelar su derecho a la libertad la apelación de la decisión ante el tribunal superior. De ahí que la decisión rendida por un juez de la instrucción o por un juez o tribunal de primera instancia será apelable ante la corte de apelación. bbbbbbb. El recurso, en estos casos, no surte el efecto suspensivo y la decisión es ejecutoria no obstante su interposición. Esto por efecto de lo dispuesto por los artículos 401 y 245 del Código Procesal Penal, que establecen: Artículo 401. Suspensión.

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La presentación del recurso suspende la ejecución de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la 75 Los subrayados son nuestros. jurisdicción apoderada conoce del asunto, salvo disposición legal expresa en contrario. Artículo 245. Recurso. Todas las decisiones judiciales relativas a las medidas de coerción reguladas por este Libro son apelables. La presentación del recurso no suspende la ejecución de la resolución. 76 ccccccc. Durante la sustanciación de ese recurso, la corte examinará -por efecto del carácter devolutivo de la apelación- si el juez o tribual que la dictó lo hizo con apego a la Constitución y a las normas contenidas en el Código Procesal Penal, que le obliga a que la medida sea impuesta mediante resolución judicial motivada y escrita, por el tiempo absolutamente indispensable y con el fin exclusivo de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, de evitar la destrucción de prueba relevante para la investigación o de proteger a la víctima y los testigos del proceso (artículo 222 del Código Procesal Penal). ddddddd. Deberá constatar además que, al momento en que se dictó la medida concurrían las circunstancias siguientes (artículo 227 del Código Procesal Penal): 1) que existían elementos de prueba suficientes para sostener, razonablemente, que el imputado era, con probabilidad, autor o cómplice de una infracción; 2) que existía peligro de fuga basado en una presunción razonable, por apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de que el imputado podría no someterse al procedimiento; y 3) que la infracción atribuida esté reprimida con pena privativa de libertad. eeeeeee.

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Si la medida que se impuso fue la prisión preventiva, el tribunal de apelación deberá, también, establecer que «no podía evitarse razonablemente en fuga del imputado» mediante la imposición de una o varias de las medidas 76 Los subrayados son nuestros. existentes distintas a la prisión preventiva y menos gravosa que esta (artículo 234 del Código Procesal Penal). fffffff. Son todas estas condiciones las que debieron estar presentes al momento en que se dictó la medida de coerción y son estos aspectos los que -en principio- evalúa el tribunal de apelaciones, ya que durante la sustanciación de ese recurso pueden ser examinados nuevos elementos de prueba que no fueron ponderados por el juez que estableció la medida (artículo 415 del Código Procesal Penal) y que pudieran permitir a la corte modificar la medida originalmente impuesta, aun cuando ella pareció justificada al momento de su imposición. ggggggg. Así, durante la sustanciación del recurso apelación, la corte deberá evaluar si la medida fue dictada cumpliendo con todos los requisitos exigidos por la ley y la Constitución, lo cual incluye si se dictó con apego a los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad requeridos. hhhhhhh. En resumen, sin perjuicio de lo dispuesto en la presente sentencia, conforme a las disposiciones constitucionales y legales examinadas: (A) La acción de habeas corpus es admisible ante el tribunal competente cuando (i) es interpuesta por toda persona, o por quien actúe en su nombre, (ii) vea «privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable»; (iii) no existe otro recurso ordinario adecuado y efectivo; (iv) no aplique la revisión de la medida de coerción de privación de libertad. La decisión dictada por el juez de habeas corpus es apelable ante la corte de apelación correspondiente.

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(B) la revisión constitucional de sentencia de habeas corpus es admisible, en los términos del artículo 94 y siguientes: (i) cuando se trata de una decisión, en materia de habeas corpus, dictada en el contexto del recurso de apelación dictada por la corte de apelación competente; (ii) cuando sea en perjuicio del imputado, es decir, cuando inadmita o rechace el recurso de apelación contra una decisión que denegatoria de la acción de habeas corpus; y (iii) solo puede ejercerlo el imputado o el Ministerio Público en beneficio de este, así como la parte, a nombre del imputado, ejerció la acción de habeas corpus y en beneficio de este. (C) Asimismo, como consecuencia de lo anterior, cuando el recurso de revisión constitucional de sentencia de habeas corpus sea acogido y el Tribunal Constitucional retenga el fondo de la acción de habeas corpus, aquella será admisible: (i) cuando sea interpuesta por el imputado o cualquier persona legitimada en beneficio de aquel; (ii) cuando el objeto del habeas corpus no sea la revisión de una medida de coerción o que no pueda satisfacerse por medio de la solicitud de una medida de coerción; y (ii) que tenga como objeto la ilegalidad, irrazonabilidad o arbitrariedad de la privación de libertad. iiiiiii. En el caso que nos ocupa, se constata que el ciudadano Alberto de Jesús Chávez Mena recurrió en apelación la Sentencia núm. 54804-2016-SSEN- 00223, del veinticinco (25) de mayo de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, al tiempo de imponerle una condena de treinta (30) años de reclusión mayor, estableció como medida de coerción la prisión preventiva. jjjjjjj.

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Cabe destacar que lo decidido mediante esa sentencia con respecto a la medida de coerción era ejecutorio aun cuando se interpusiera -como en efecto se hizo- el recurso de apelación, ya que -como se ha dicho ut supra- las decisiones que versan sobre esta materia tienen ese carácter conforme lo dispuesto por los artículos 401 y 245 del Código Procesal Penal, aun cuando ellas estén contenidas dentro de un fallo condenatorio cuyo recurso sí surte efecto suspensivo en torno a ese aspecto. kkkkkkk. Al dar lectura al escrito contentivo de dicho recurso 77 , se constata que ninguno de los medios que allí se invocan versan en torno a la medida de coerción, la cual no fue objeto de contestación por el apelante, por lo que -a consecuencia del efecto devolutivo recogido en la máxima tamtum devolutum quantum apellatum- la corte no podía examinarlo por entenderse que el recurrente dio aquiescencia a este aspecto del fallo, por lo que sólo tendría disponible la vía de la revisión de la medida de coerción, prevista en los artículos del 238 al 240 del Código Procesal Penal, si -más adelante- se daban las condiciones para su interposición. lllllll. Esta segunda vía, conforme las previsiones del artículo 238, tiene como base «(…) la variación de las condiciones que en su momento las justificaron (…)» y debe ser conocida obligatoriamente de oficio por el juez (artículo 239) o a petición del imputado (artículo 240). mmmmmmm. En este caso, no se partiría del supuesto de que cuando la medida fue impuesta se hizo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, sino sobre la base de que los motivos que la fundaron ya han desaparecido y la medida merece ser levantada o sustituida. nnnnnnn.

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En virtud de todo lo expuesto en el cuerpo de la presente decisión, este colegiado constitucional entiende procedente acoger el recurso de revisión constitucional interpuesto, revocar la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho 77 Depositado en la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016). (2018), revisar directamente la Sentencia núm. 136-2017-SSEN-00079 Bis, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte y, tras sustituir sus motivos, confirmarla. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Alberto de Jesús Chávez Mena contra la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005, emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 125-2018-SSEN-00005.

TERCERO: EXAMINAR directamente la Sentencia núm. 136-2017-SSEN- 00079 Bis, que, en materia de habeas corpus, fuera dictada por la Cámara Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), y CONFIRMARLA en todas sus partes por los motivos sustituidos y expuestos en la presente decisión.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la parte recurrente en revisión, Alberto de Jesús Chávez Mena, y a la parte recurrida, Procuraduría General del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en calidad de Ministerio Público.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0722/24, del 28 de noviembre de 2024. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0722-24. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.