Sentencia TC/0253/17

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de mayo de 2017 · Expediente TC-05-2016-0376

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Alexander Peña Vargas contra la Resolución penal núm. 239-01- 2016-SRES-00001, dictada por el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la seguridad personal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0253/17?

El recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días y revestía especial trascendencia constitucional porque permitía precisar los límites de la facultad de trasladar internos (TC/0253/17, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 11; TC/0253/17, numeral 9, 9.4, pág. 12). Aunque el juez de la ejecución de la pena puede conocer acciones de amparo, su competencia para tutelar los derechos de las personas privadas de libertad se limita a quienes han sido condenados por sentencia irrevocable. Como la condena de Alexander Peña Vargas estaba apelada, correspondía conocer sus peticiones a la Corte de Apelación apoderada de lo principal. El Tribunal Constitucional revocó la resolución dictada por el juez incompetente y conoció directamente la acción de amparo en virtud de los principios de efectividad, oficiosidad y autonomía procesal (TC/0253/17, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 12; TC/0253/17, numeral 10, 10.5, pág. 14; TC/0253/17, numeral 10, 10.6–10.7, pág. 14; TC/0253/17, numeral 10, 10.8–10.9, pág. 15).

La Dirección General de Prisiones puede trasladar internos, pero debe hacerlo mediante orden escrita y motivada de autoridad competente. Como no constaba tal orden, el traslado vulneró el derecho a la seguridad personal (TC/0253/17, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 16; TC/0253/17, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 16; TC/0253/17, numeral 10, 10.16–10.18, pág. 18). El Tribunal también constató la vulneración de los derechos al recurso, al acceso a la justicia y a ser oído, porque el imputado no pudo intervenir en el proceso penal de segundo grado: el mero depósito de la apelación no basta si el recurrente no puede comparecer y hacer valer sus pretensiones (TC/0253/17, numeral 10, 10.16–10.18, pág. 18; TC/0253/17, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 19; TC/0253/17, numeral 10, 10.21–10.23, pág. 19).

Decisión

Admite el recurso de revisión en cuanto a la forma, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001 y acoge la acción de amparo. Ordena dejar sin efecto el traslado de Alexander Peña Vargas de la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi e impone un astreinte de RD$3,000.00 por cada día de retraso en el cumplimiento, contado desde la notificación de la sentencia, en beneficio de Hogares Crea Dominicano, Inc., con sede en Montecristi.

Citas textuales clave

“En estos casos es competente el juez o tribunal apoderado de lo principal.” (TC/0253/17, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 12)
“queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente” (TC/0253/17, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 16)
“el derecho al recurso no se ejerce con el mero depósito de la instancia que introduce la apelación, sino que para ello se requiere que el recurrente tenga la posibilidad de hacer valer sus pretensiones” (TC/0253/17, numeral 10, 10.16–10.18, pág. 18)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 40.12, 69 (numerales 1, 2 y 9) y 72.

Ley núm. 137-11: artículos 7 (numerales 4, 6 y 11), 65, 66, 95 y 100.

Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02): artículos 307 y 437, este último modificado por el artículo 109 de la Ley núm. 10-15.

Ley núm. 224 sobre Régimen Penitenciario: artículo 9, literal e).

Reglamento sobre el Juez de la Ejecución de la Pena (Resolución núm. 296-2005): artículo primero, numerales 6 y 14.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0071/13, TC/0233/13, TC/0086/16, TC/0581/15, TC/0009/13, TC/0017/13, TC/0427/15, TC/0461/15, TC/0053/14 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Alexander Peña Vargas interpuso una acción de amparo el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), con el objeto de que se dejara sin efecto su traslado a otra cárcel distinta a la Fortaleza San Fernando de Montecristi, por ser ésta el lugar donde el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Montecristi estableció el cumplimiento de la pena de treinta (30) años de reclusión mayor. La acción fue decidida por el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi, mediante la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001, del dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), que rechazó la acción de amparo por no haberse vulnerado ningún derecho fundamental; fallo que motivó a Alexander Peña Vargas a impugnar dicha resolución en revisión constitucional.

TC/0253/17, numeral 7, pág. 10 — PDF oficial

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de

amparo

9.1. Según lo dispone el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto dentro del plazo de cinco (5) días contado a partir de la notificación de la decisión que se impugna para ser admitido a examen del fondo; cuestión que en la especie se cumple, pues la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001 fue notificada el veinte (20) de julio de dos mil dieciséis (2016) y el recurso fue depositado el veinticinco (25) de ese mismo mes y año.

9.2. Adicionalmente, la procedencia del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que conforme al artículo 100 de esa misma ley, se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

9.3. Al ser una noción indeterminada, este tribunal estimó necesario precisar los supuestos en los que se encuentra configurada la especial trascendencia o relevancia constitucional, a saber: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional [ver Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)].

TC/0253/17, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 11 — PDF oficial

9.4. El presente caso reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que permitirá al Tribunal continuar el desarrollo sobre las funciones de la Dirección General de Prisiones y los límites impuestos por la Constitución respecto al traslado de los internos de un recinto carcelario, así como si se han vulnerado los derechos al recurso, a ser oído en un tiempo razonable, al acceso a la justicia y a la seguridad personal.

TC/0253/17, numeral 9, 9.4, pág. 12 — PDF oficial

10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo

10.1. La especie se contrae a un recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Alexander Peña Vargas el veinticinco (25) de julio de dos mil dieciséis (2016), para que se declare la violación al derecho al recurso, a ser oído dentro de un plazo razonable, a una justicia accesible, oportuna y gratuita, y a la vez se deje sin efecto su traslado de la cárcel Fortaleza San Fernando de Montecristi.

10.2. La acción de amparo fue rechazada mediante la Resolución núm. 239-01- 2016-SRES-00001, dictada por el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016), tras considerar que Alexander Peña Vargas no demostró que se le haya vulnerado ningún derecho fundamental, en virtud de que la Dirección General de Prisiones tiene competencia para trasladar a las personas que se encuentren dentro de centros carcelarios.

10.3. Previo al examen del fondo de la acción, el juez cumplió con el rigor procesal que le instaba a verificar su competencia, concluyendo en esa parte del proceso que tenía facultad para conocer la acción de amparo en razón de la materia, el territorio y la persona; sin embargo, este tribunal estima que el juez de la ejecución de la pena debía declarar su incompetencia, pues conforme al artículo 437 de la Ley núm. 76- 02, que establece el Código Procesal Penal 1 , modificado por el artículo 109 de la Ley núm. 10-15 2 , el juez de ejecución de la pena no tiene competencia para decidir sobre ningún pedimento que haga el privado de libertad por resolución o sentencia que no haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En estos casos es competente el juez o tribunal apoderado de lo principal.

TC/0253/17, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 12 — PDF oficial

10.4. De acuerdo con el artículo primero párrafo 6 del Reglamento sobre el Juez de la Ejecución de la Pena, dictado por la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución núm. 296-2005, del seis (6) de abril de dos mil cinco (2005), el juez de ejecución de la pena tiene como función principal (…) garantizar al condenado o condenada por sentencia irrevocable, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario vigentes y demás leyes especiales y el Código Procesal Penal; y controla y vigila la legalidad de la ejecución de la pena, por lo que el condenado tiene abierta esa vía para formular cualquier queja o petición en caso de que “(…) por acción u omisión le sean afectados derechos y garantías consagrados en la Constitución, los tratados internacionales, en el Código Procesal 1 De fecha 19 de julio de 2002. 2 De fecha 10 de febrero de 2015. Penal y en la Ley sobre Régimen Penitenciario y otras leyes especiales” (ver párrafo 14 de ese artículo).

TC/0253/17, numeral 10, 10.4, pág. 13 — PDF oficial

10.5. Cabe precisar, que Alexander Peña Vargas interpuso un recurso de apelación en contra de la Sentencia núm. 2392-2015-SSEN-199, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi el diecisiete (17) de diciembre de dos mil quince (2015), que le condenó a treinta (30) años de reclusión mayor, tras haberse demostrado su responsabilidad en la comisión de las acciones tipificadas en los artículos 295, 296 y 297 del Código Penal, que prevén los tipos penales de homicidio y asesinato; en ese sentido, al estar apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, conforme se extrae de los documentos expedidos por ese órgano judicial y que constan en el expediente, la cuestión aún no ha adquirido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que a tenor del artículo 437 de la Ley núm. 76-02, cualquier petición o incidente relacionado con el caso debía ser cursado ante ese tribunal, no ante el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi como erróneamente hiciera Alexander Peña Vargas al interponer la acción de amparo ante el juez de la ejecución de la pena.

TC/0253/17, numeral 10, 10.5, pág. 14 — PDF oficial

10.6. Si bien, el juez de la ejecución de la pena funge como tribunal de primera instancia y, por consiguiente, se encuentra facultado para conocer las acciones de amparo conforme al artículo 72 de la Constitución y 65 de la Ley núm. 137-11, su función de garantizar el goce de los derechos y garantías fundamentales a la persona privada de libertad se circunscribe únicamente para los condenados por sentencia irrevocable, tal como lo señala el artículo primero numerales 6 y 14 del Reglamento antes citado; cuestión, que al no verificarse en la especie, coloca en estado de invalidez la resolución impugnada por haber sido dictada por un tribunal sin la competencia necesaria para conocer de las pretensiones del accionante, por lo que procede revocar la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001 y conocer la acción de amparo.

10.7. La revocación de la resolución citada y el conocimiento de la acción de amparo tienen su justificación en los principios de efectividad y oficiosidad previstos en el artículo 7, numerales 4 y 11, de la Ley núm. 137-11, que le facultan a este tribunal a adoptar de oficio las medidas necesarias para garantizar la supremacía de la Constitución y la efectiva aplicación de los derechos y garantías fundamentales con respeto al debido proceso; máxime en un proceso caracterizado de sumario, preferente y no sujeto a formalidades irrazonables, como es la acción de amparo, que de acuerdo al artículo 72 de la Constitución propende a la protección contra todo acto u omisión que, de forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución.

TC/0253/17, numeral 10, 10.6–10.7, pág. 14 — PDF oficial

10.8. Además de lo anterior, el Tribunal se fundamenta en el principio de autonomía procesal, que le permite establecer normas de carácter procesal a través de jurisprudencia en aquellos aspectos donde existen vacíos normativos. En ese sentido, en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), este tribunal determinó conocer el fondo de las acciones de amparo en los casos en que resultaren superados los requisitos de admisibilidad dispuestos en la Ley núm. 137-11 para los recursos de revisión en esta materia, pues a diferencia de los recursos que impugnan decisiones jurisdiccionales, el legislador no previó la anulación de las sentencias ni la devolución de los expedientes a los tribunales correspondientes.

10.9. Por lo anterior, haciendo uso de sus facultades, este tribunal se avoca a conocer la acción de amparo incoada por Alexander Peña Vargas el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), cuyo objeto es dejar sin efecto su traslado de la cárcel Fortaleza San Fernando de Montecristi, por atentar contra los derechos consagrados en los artículos 69.1, 69.2, 69.9 y 40.12 de la Constitución, a saber: derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; al debido proceso en relación con la garantía mínima de ser oído dentro de un plazo razonable, al recurso y a no ser trasladado sin una orden escrita y motivada.

TC/0253/17, numeral 10, 10.8–10.9, pág. 15 — PDF oficial

10.10. El accionante sustenta su petición en que la sentencia condenatoria dispuso el cumplimiento de la pena en la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi por ser el lugar correspondiente al hecho ocurrido y por no haberse solicitado un recinto carcelario en específico; y también sostiene que al momento de interponer el recurso de apelación y celebrarse audiencia pública, había sido enviado a otros recintos sin orden escrita y motivada, lo que a su entender impidió que pudiera celebrarse el juicio correspondiente y ser escuchado respecto a su demanda.

10.11. De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, el traslado a que alude Alexander Peña Vargas se comprueba a través de los oficios núm. T- 00418-2016 y 00423, expedidos por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el veintitrés (23) y veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciséis (2016), respectivamente, en los que se solicitaba a los alcaides de las cárceles públicas de La Vega y San Francisco de Macorís la comparecencia del accionante a la audiencia que se celebraría el ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016); y no existe constancia en el expediente que el traslado de la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi haya sido efectuado con una orden escrita y motivada como lo dispone el artículo 9, literal e), de la Ley núm. 224 sobre Régimen Penitenciario, del veintiséis (26) de junio de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).

TC/0253/17, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 16 — PDF oficial

10.12. Si bien la Dirección General de Prisiones está facultada para disponer el envío de reclusos de un recinto a otro, de acuerdo al citado artículo 9 de la Ley núm. 224, el cambio de recinto debe sujetarse a las condiciones que ese texto impone, es decir, que se haga con una orden escrita y motivada, pues de lo contrario se vulnera el derecho a la seguridad personal consagrado en el artículo 40.12 de la Constitución, cuya norma dispone lo siguiente: “queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente”.

10.13. Tal como lo señala la Sentencia TC/0233/13, del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013), el derecho a la seguridad personal es un derecho fundamental que ha sido estatuido de manera coherente y constante en la Constitución de la República; de su protección se encarga al Estado y sus instituciones, garantizando su pleno imperio de manera que todo ciudadano pueda alcanzar el pleno disfrute del mismo, sin restricción ni dificultad alguna.

TC/0253/17, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 16 — PDF oficial

10.14. Ese derecho se preserva en la medida en que se cumple con la obligación de contar con una orden escrita y motivada que exprese los motivos de la Dirección General de Prisiones para llevar a cabo el traslado; esto así porque la motivación constituye uno de los pilares de las garantías fundamentales del debido proceso administrativo a que se refiere el artículo 69 de la Constitución, que procura proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos en el marco de una decisión razonada y carente de arbitrariedad. Es así que la señalada sentencia TC/0233/13, ratificada por la decisión TC/0086/16, del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis (2016), ha fijado el criterio de que el Director General de Prisiones no puede ordenar el traslado de un interno de un establecimiento carcelario a otro lugar, al margen de lo preceptuado por la Constitución de la República, salvo la declaratoria de los estados de excepción –estado de conmoción interior y estado de emergencia– previstos por dicho texto sustantivo, razón por la cual se descarta la posibilidad de éxito de cualquier esfuerzo probatorio que en tal sentido se realice y sufraga a favor de que el mismo pueda devenir sin objeto.

10.15. Asimismo, este tribunal ha determinado en la Sentencia TC/0581/15, del siete (7) de diciembre de dos mil quince (2015), que en los casos en que el director general de prisiones ordene un traslado sin que la resolución cumpla con los requisitos de motivación que ha precisado el Tribunal Constitucional en sus sentencias TC/0009/13 y TC/0017/13, entre otras, el afectado tendrá abierta la vía de la acción de amparo para exigir el restablecimiento del derecho vulnerado; máxime en el caso concreto, donde no existe evidencia de que la resolución a la que hace referencia haya sido dictada.

TC/0253/17, numeral 10, 10.14–10.15, pág. 17 — PDF oficial

10.16. En vista de que no existe una orden escrita y motivada que justifique el cambio de establecimiento carcelario, y al no ser un asunto controvertido por la parte accionada 3 , se verifica la conculcación del derecho a la seguridad personal en perjuicio de Alexander Peña Vargas; lo que conduce a este tribunal a dejar sin efecto el traslado realizado de la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi.

10.17. Por otra parte, el accionante alega que el haber sido conducido a otra área distinta de la que le correspondía violó sus derechos fundamentales al recurso, al acceso a la justicia y a ser oído en un plazo razonable, toda vez que no fue posible localizarlo previo a la celebración de la audiencia y esto impidió que pudiera presentar su reclamo respecto del proceso cuyo curso continúa vigente.

10.18. Al respecto, es preciso indicar que el derecho al recurso no se ejerce con el mero depósito de la instancia que introduce la apelación, sino que para ello se requiere que el recurrente tenga la posibilidad de hacer valer sus pretensiones, sobre todo en un proceso penal cuya presencia del imputado es imprescindible para la continuidad del proceso conforme lo indica el artículo 307 de la Ley núm. 76-02, en cuyo caso se requiere de la realización de trámites de carácter administrativo como la solicitud que efectúa el tribunal indicando el día del juicio y el transporte físico de la persona para que la comparecencia a la sala de audiencia sea efectiva. 3 En el expediente no se encuentra depositado el escrito de defensa de la parte accionada, pese haber sido notificada de la acción mediante el Acto núm. 102/16, del 29 de junio de 2016, instrumentado por Héctor Ricart López, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia.

TC/0253/17, numeral 10, 10.16–10.18, pág. 18 — PDF oficial

10.19. De acuerdo a la Sentencia TC/0427/15, del treinta (30) de octubre de dos mil quince (2015), (…) para que se cumplan las garantías del debido proceso legal, es preciso que el justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva, pues el proceso no constituye un fin en sí mismo, sino el medio para asegurar, en la mayor medida posible, la tutela efectiva, lo que ha de lograrse bajo el conjunto de los instrumentos procesales que generalmente integran el debido proceso legal.

10.20. El derecho al recurso, al igual que el derecho al acceso a la justicia, se concibe como una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 69 de la Constitución, que tiene por objeto atacar una decisión desfavorable para una o ambas partes y en el que se precisa el emplazamiento de la persona cuyos derechos pudieran verse afectados, con la finalidad de darle oportunidad de participar en el proceso. Así, pues, la Sentencia TC/0461/15, del cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015), se refirió al derecho al acceso a la justicia en el sentido de que la invocación de la conculcación que sobre él se haga “tiene razón de ser cuando el recurrente no ha tenido la oportunidad de presentar o hacer uso de las vías que la ley ha dispuesto para el reclamo de sus pretensiones”, lo que en efecto ha ocurrido en el caso que nos ocupa.

TC/0253/17, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 19 — PDF oficial

10.21. Por su parte, el derecho a ser oído se concretiza en la materialidad de presentación de sus pretensiones; de manera que al no haber podido intervenir en el proceso penal en segundo grado, sin lugar a dudas se verifica una manifiesta vulneración de dicho derecho, máxime porque en él descansa la efectividad del derecho de defensa. Es decir, que el imputado no ha tenido la oportunidad de exponer las razones fácticas y jurídicas que hagan merecer, a su juicio, la exclusión del proceso penal o una reducción de la condena conforme a sus propósitos.

10.22. Por otra parte, el accionante solicita la imposición de un astreinte ascendente a la suma de cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$50,000.00) en contra de la Dirección General de Prisiones, Tomás Holguín de la Paz –director de Prisiones–, Procuraduría General de la República, Francisco Domínguez Brito –en su calidad de superior inmediato de la Dirección General de Prisiones– y Niurka Guzmán Jiménez –alcaidesa de la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi.

10.23. Al respecto, este tribunal estima que el astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a una determinada persona; razón por la que su eventual liquidación no debe favorecer a la parte que obtiene ganancia de causa, sino a la sociedad a través de las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales 4 . El astreinte procura el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado, por lo que en ese sentido procede fijarlo a favor de una institución, por un monto de tres mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$3,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia, tal como se indicará en el dispositivo de esta decisión.

TC/0253/17, numeral 10, 10.21–10.23, pág. 19 — PDF oficial

10.24. En consecuencia, al haber sido acreditada las violaciones a los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, este tribunal estima procedente acoger el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, revocar la sentencia recurrida y acoger la acción. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de las magistradas Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Katia Miguelina Jiménez Martínez. 4 Ver sentencias TC/0053/14, del 24 de marzo de 2014, y TC/0048/12, del 8 de octubre de 2012. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0253/17, numeral 10, 10.24, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión en materia de amparo interpuesto por el señor Alexander Peña Vargas contra la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001, dictada por el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Alexander Peña Vargas; y, en consecuencia, REVOCAR la Resolución núm. 239-01-2016-SRES-00001, dictada por el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Montecristi el dieciocho (18) de julio de dos mil dieciséis (2016).

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Alexander Peña Vargas el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016).

CUARTO: ORDENAR dejar sin efecto el traslado del señor Alexander Peña Vargas de la cárcel pública Fortaleza San Fernando de Montecristi.

QUINTO: ORDENAR la imposición de un astreinte por un monto de tres mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$3,000.00) por cada día de retraso en el cumplimiento de esta sentencia, contado a partir de la notificación de la misma, en beneficio de Hogares Crea Dominicano, Inc., con sede en la provincia Montecristi.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Alexander Peña Vargas; y a las partes recurridas, Dirección General de Prisiones, Procuraduría General de la República y Niurka Guzmán Jiménez, alcaidesa de la Fortaleza San Fernando de Montecristi.

SÉPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0253/17, del 19 de mayo de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0253-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.