Sentencia TC/0007/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 4 de enero de 2017 · Expediente TC-05-2016-0380
recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por los señores Ana Francisca Espinosa Tejar y David Acosta Espinosa contra la Sentencia núm. 0442-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho de pensión
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0007/17?
El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite continuar desarrollando el alcance de los derechos que nacen de una unión de hecho (TC/0007/17, numeral 10, c, pág. 19). No procedía declarar extemporáneo el amparo conforme al artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, pues la institución estatal debía cumplir su obligación sin esperar a que la interesada la reclamara (TC/0007/17, numeral 11, f–h, pág. 22). Al revocar la sentencia recurrida, el Tribunal debía conocer el fondo del amparo en virtud de la autonomía procesal y de la tutela judicial efectiva. Solo Ana Francisca Espinosa Tejar tenía legitimación para reclamar la pensión como compañera de vida del fallecido, pues lo decidido no beneficiaría ni perjudicaría a David Acosta Espinosa (TC/0007/17, numeral 11, k–l, pág. 22; TC/0007/17, numeral 11, m–k, pág. 23).
La convivencia de más de veinticinco años con el militar fallecido generó para Ana Francisca Espinosa Tejar el derecho a la pensión de sobreviviente conforme al artículo 55.5 de la Constitución. El Tribunal reiteró la interpretación conforme del artículo 252 de la Ley núm. 873: la pensión corresponde al o a la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho, con el requisito de duración y las excepciones indicadas en el precedente. Exigir el matrimonio desconoce los efectos jurídicos de la unión de hecho, y reconocer la pensión únicamente a la viuda vulnera la igualdad entre el hombre y la mujer (TC/0007/17, numeral 11, l–n, pág. 24; TC/0007/17, numeral 11, p–s, pág. 29; TC/0007/17, numeral 11, t–r, pág. 30). Los valores adeudados se calculan sobre el monto de la pensión al momento de su suspensión en 2000, no sobre el salario actual de un segundo teniente retirado (TC/0007/17, numeral 11, s–u, pág. 31).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, y revoca la Sentencia núm. 0442-2015. Declara inadmisible el amparo respecto de David Acosta Espinosa por falta de legitimación activa y lo acoge respecto de Ana Francisca Espinosa Tejar, ordenando al Ministerio de Defensa restablecerle la pensión de conviviente superviviente y pagarle los valores dejados de percibir desde la suspensión en 2000 hasta la fecha de la sentencia, tomando como base el monto vigente al momento de la suspensión.
Citas textuales clave
“se trata de una obligación en la cual la institución estatal no debía esperar a que el interesado la reclamara para cumplirla.” (TC/0007/17, numeral 11, f–h, pág. 22)
“Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247” (TC/0007/17, numeral 11, t–r, pág. 30)
“debe tomarse como base la suma que se pagaba por concepto de pensión, es decir, la suma otorgada hasta el año dos mil (2000)” (TC/0007/17, numeral 11, s–u, pág. 31)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 39.4, 55.5, 69 y 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, 7.6), 47, 53.3.c, 65 a 75 (en particular, 66 y 70.2) y 76 a 114 (en particular, 100 y 101).
Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas: artículos 245, 250 y 252.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y alegatos de las partes, se trata de que la señora Ana Francisca Espinosa Tejar convivió con un militar de nombre Emilio Acosta Santillán, quien falleció después de trabajar para la institución durante treinta (30) años. Los indicados señores procrearon cinco (5) hijos. La señora Espinosa Tejar estuvo recibiendo una pensión hasta el año dos mil (2000), año en que le fue retirada bajo el alegato de que sus hijos habían adquirido la mayoría de edad. En el año dos mil catorce (2014), es decir, catorce (14) años después del retiro de la pensión, la señora Espinosa Tejar y el señor David Acosta Espinosa accionaron en amparo reclamando la pensión de cónyugue sobreviviente. Dicha acción fue declarada extemporánea por el tribunal apoderado de la misma. No conforme con la decisión anterior, los señores Ana Francisca Espinosa Tejar y David Acosta Espinosa interpusieron el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido:
a) El indicado artículo establece que: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b) La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c) Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su el fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo a los derechos que nacen de una relación de hecho.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
a) En la especie, se trata de que la señora Ana Francisca Espinosa Tejar convivió con un militar de nombre Emilio Acosta Santillán, quien falleció después de trabajar para la institución durante treinta (30) años. De dicha relación nacieron cinco (5) hijos.
b) La señora Espinosa Tejar estuvo recibiendo una pensión hasta el año dos mil (2000), año en que le fue retirada bajo el alegato de que sus hijos habían adquirido la mayoría de edad.
c) En el año dos mil catorce (2014), es decir, catorce (14) años después del retiro de la pensión, la señora Espinosa Tejar accionó en amparo reclamando la pensión de cónyugue sobreviviente. Dicha acción fue declarada extemporánea por el tribunal apoderado de la misma.
d) No conforme con la decisión anterior, los señores Ana Francisca Espinosa Tejar y David Acosta Espinosa interpusieron el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa, por considerar que la indicada señora Espinosa Tejar tiene derecho a la pensión de cónyugue superviviente, en razón de que mantuvieron una relación de hecho por más de veinticinco (25) años, la cual generó el nacimiento de cinco (5) hijos.
e) En este sentido, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción, bajo los siguientes fundamentos: IX) Que en esas atenciones, es inoportuno resaltar que la prescripción es una de las vías mediante las cuales se adquiere o se extingue un derecho, de la cual no se encuentra exento el derecho de accionar en justicia, por lo que en la especie se impone analizar los presupuestos para que una acción constitucional de amparo en la que los hechos invocados por el accionante como violatorios a sus derechos fundamentales en apariencia puedan dar lugar a violaciones continuas. X) Que de no constatarse la concurrencia de tal violación continua, la acción habrá de resultar inadmisible por su interposición devenir en extemporánea, pues consideramos que el plazo para accionar en amparo ante violaciones de esta índole no está abierto deliberadamente, y por tanto debe encontrarse sujeto a algún control, tal y como lo prevé el artículo 70.2, toda vez que un absolutismo al respecto daría paso a la desnaturalización del porque el ejercicio del derecho de acción se encuentra gobernado por un plazo, que no es más que consolidar en el tiempo determinada situación jurídica que se ha mantenido invariable hasta ese entonces. XI) Que en esa misma sintonía, en el presente caso se establece que dentro de la glosa de documentos que componen el expediente y de los alegatos de las partes, se observa que desde la fecha en que la señora ANA FRANCISCA ESPINOSA TEJAR, le fue retirada la pensión que recibía como tutora de sus hijos menores por haber cumplido los mismos la mayoría de edad, esto es, en el año 2000, hasta el día en que incoó la presente Acción Constitucional de Amparo, a saber, en fecha 29 de mayo de 2015, han transcurrido más de 14 años.
Que desde que el MINISTERIO DE DEFENSA, tuvo a bien suspenderle la pensión a la señora ANA FRANCISCA ESPINOSA TEJAR, ésta no había promovido ninguna actividad tendente a que sea revisado su caso con fines de que le fuera restituida dicha pensión, de modo que al no existir una omisión o hecho mediante el cual se esté renovando de manera constante y continua la actuación que supuestamente violenta los derechos fundamentales de la accionante, constatamos que en la especie no se aprecia una violación continua, motivos por los que se debe tomar en cuenta como punto de partida para interponer la presente acción, la fecha 25 de junio del 2000, en la cual se hizo efectivo el hecho alegado como generador de la conculcación a sus derechos fundamentales. XIII) Que si bien es cierto, que cuando se trata de una violación a un derecho fundamental en la que se establezca violación continua esta no debe perimir en el tiempo, no menos cierto es que tratándose de una presumible conculcación en lo relativo al debido proceso administrativo, el legislador ha establecido un plazo razonable que para la especie es de 60 días, y por tanto la accionante debió ejercer su acción en amparo dentro de dicho plazo, más aún cuando dejó de percibir la pensión reclamada y del procedimiento que se utilizó para adoptar dicha decisión; que plantear ahora dicha violación constitucional, en este tipo de casos resulta extemporáneo pues ya ha transcurrido más de 14 años, por lo que procede, acoger el fin de inadmisión planteado por la parte accionada, MINISTERIO DE DEFENSA y, en consecuencia, declarar inadmisible por extemporánea la Acción Constitucional de Amparo interpuesta por la señora ANA FRANCISCA ESPINOSA TEJAR y el Licdo.
DAVID ACOSTA ESPINOSA conforme a lo establecido en el numeral 2) del artículo 70 de la Ley No. 137- 11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, tal y como se hará constar en el dispositivo de la sentencia.
f) Este tribunal constitucional no comparte la decisión tomada por el juez de amparo, ya que considera que la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo obró incorrectamente al declarar inadmisible la acción de amparo por extemporaneidad, ya que estamos en presencia de un caso en el cual no opera la prescripción; esto así, porque se trata de una obligación en la cual la institución estatal no debía esperar a que el interesado la reclamara para cumplirla.
g) En tal sentido, procede revocar la sentencia recurrida, ya que en el presente caso no operaba la inadmisibilidad establecida en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, como erróneamente estableció el juez de amparo y, en consecuencia, procede que este tribunal constitucional conozca de la acción de amparo interpuesta por la señora Ana Francisca Espinosa Tejar y el Licdo. David Acosta Espinosa, el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), contra el Ministerio de Defensa y su titular, en el momento que se incoó la acción de amparo, Máximo William Muñoz Delgado.
h) Sobre la posibilidad de conocer de las acciones de amparo, este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), lo siguiente:
k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pues considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más limitada resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria sinergia operativa que debe producirse entre la acción de amparo configurada en el artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la justicia constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley.
l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo extraña al procedimiento establecido en la referida Ley No. 137-11, en virtud de dos razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no proscribe expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión de sentencias de amparo, como sin embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida.
i) Lo primero que este tribunal constitucional va a evaluar es la calidad del señor David Acosta Espinosa. Sobre este particular, el objeto de la acción de amparo lo constituye la reclamación de una pensión que le corresponde a la señora Ana Francisca Espinal Tejar, en su calidad de compañera de vida del finado, señor Emilio Acosta Santillán, en este orden de ideas, solo la referida señora está provista de la calidad procesal para requerir el pago de dicha pensión, de manera que el señor David Acosta Espinosa carece de aptitud legal para accionar, toda vez que lo que se decida sobre la acción de amparo que nos ocupa ni le beneficiará ni le perjudicará.
j) En consecuencia, procede que en la especie la acción de amparo sea declarada inadmisible respecto del señor David Acosta Espinosa, tal y como se indicará en el dispositivo de esta sentencia, en razón de que carece de legitimación activa.
k) Luego de resolver la cuestión analizada en los párrafos anteriores, procederemos a valorar y decidir la acción de amparo en lo que concierne a la señora Ana Francisca Espinosa.
l) En el presente caso, la acción de amparo interpuesta por la señora Ana Francisca Espinosa Tejar busca que el Ministerio de Defensa le restablezca la pensión de cónyuge sobreviviente a la indicada señora Espinosa Tejar, en razón de que convivió por más de veinticinco (25) años con el señor Emilio Acosta Santillán, quien fuera miembro del Ejército de la República Dominicana, por treinta (30) años, es decir, desde el uno (1) de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco (1955) hasta el mil novecientos ochenta y cinco (1985), año en el cual fue pensionado con el cargo de segundo teniente.
m) El señor Emilio Acosta Santillán murió en el año mil novecientos noventa y cinco (1995), es decir, diez (10) años después de haber sido pensionado. Posteriormente, a la señora Ana Francisca Espinosa Tejar le fue traspasada la indicada pensión; sin embargo, la misma fue retirada en el año dos mil (2000), bajo el alegato de que los hijos de la pareja ya habían llegado a la mayoría de edad.
n) Este tribunal constitucional considera que procede el restablecimiento de la pensión de cónyuge sobreviviente, en razón de que a la señora Ana Francisca Espinosa Tejar le corresponde por haber mantenido una relación de hecho por más de veinticinco (25) años con el señor Emilio Acosta Santillán, quien en su condición de militar prestó servicio al Ministerio de Defensa durante 30 años. En este sentido, dicha relación generó el derecho a la misma; esto así, en virtud de lo que establece el artículo 55 de la Constitución, texto según el cual “la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”.
o) Igualmente, cabe destacar que la Ley núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana (legislación vigente al momento de la muerte del conviviente de hecho de la señora Ana Francisca Espinosa Tejar) establecía, en su artículo 250, lo siguiente: “Las viudas y los hijos de los militares y asimilados retirados con pensión que fallezcan, tendrán derecho a una pensión igual a la que recibía el militar o asimilado fallecido, liquidable en la misma forma prevista en los párrafos I y II del Art. 245”. Por su parte, el indicado artículo 245 establecía que: Las viudas y los hijos menores de todo militar o asimilado fallecido en servicio activo y que tenga derecho al retiro recibirán una pensión mensual liquidable en las condiciones a que tuviera derecho el militar o asimilado fallecido, de acuerdo con los artículos 228, 239 ,243 y 244 de esta Ley. Párrafo I.- El monto de esta pensión y de la ayuda se distribuirá de la siguiente manera: 50% para la viuda y 50% repartidos entre los hijos legítimos y naturales reconocidos comprobados. Las viudas disfrutarán de esta pensión hasta que contraigan nuevas nupcias y los hijos hasta los 18 años de edad, salvo el caso de que estuvieren incapacitados física y mentalmente para proveer sus necesidades. Esta incapacidad será comprobada por una Junta Médica designada por el Presidente de la Junta de Retiro. Párrafo II.- En caso de no existir la esposa el 100% de la liquidación será otorgada en provecho de los hijos. En el caso de no tener hijos el 100% de la liquidación será otorgada a la viuda.
p) Respecto del texto transcrito en el párrafo anterior, este tribunal dictó una sentencia interpretartiva, en la cual estableció lo siguiente: a) que aunque el legislador solo se refirió a la viuda, también el viudo se beneficia de la pensión de sobreviviente y b) que aunque el legislador condicionó el beneficio de la pensión de sobreviviente a la existencia de un contrato matrimonial, dicho beneficio debía reconocerse también a quienes mantuvieran una relación de hecho.
q) En efecto, mediante la Sentencia TC/0012/12, del nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012) se estableció lo siguiente:
l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una importante sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 (que este Tribunal Constitucional estima conforme a la Constitución) dictaminó que la unión consensual: “(…) se considera prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en los casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal de la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esa condición por la disolución posterior de vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre s (…)”;
m) Dicha sentencia estableció, además, lo que sigue: “Considerando, que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza;”
n) Para reiterar la admisión de la unión marital de hecho en nuestra normativa jurídica, la indicada sentencia señaló igualmente otros estatutos y disposiciones adjetivas que protegen, regulan y respaldan a la unión consensual more uxorio en nuestro ordenamiento jurídico, en los siguientes términos: “Considerando, que por otra parte, leyes adjetivas, interpretando la realidad social dominicana, se han ocupado en diversas ocasiones de regular y proteger, no sólo a la persona de los convivientes y sus bienes, sino también a la descendencia que esta relación pueda generar; que en tal sentido, la Ley No.14-94, del 22 de abril de 1994, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y su Reglamento, reconoce a la unión consensual como una modalidad familiar real, al igual que la familia cimentada en el matrimonio y, al mismo tiempo, protege su descendencia; que la Ley número 24-97, del 27 de enero de 1997, también reconoce la existencia de las uniones de hecho al tipificar como infracciones graves los actos de violencia doméstica, de agresión sexual y de abandono en que pueda incurrir un conviviente o ex-conviviente en perjuicio del otro; que además, el artículo 54 del Código de Trabajo por su lado, dispone: “El empleador está obligado a conceder al trabajador cinco días de licencia con disfrute de salario, con motivo de la celebración del matrimonio de éste; tres días en los casos de fallecimiento de cualquiera de sus abuelos padres e hijos, o de compañera, y dos días para el caso de alumbramiento de la esposa o de la compañera debidamente registrada en la empresa;”
o) A las disposiciones legales anteriormente indicadas deben agregarse las que benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; al igual que los artículos 58 y 118 de la Ley 136-03, Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tal como ha sido consagrado incluso por la Cámara Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia en su reciente sentencia del 15 octubre 2008 (que este Tribunal estima conforme a la Constitución): “Considerando, que “(…) el ordenamiento jurídico dominicano ha mostrado preocupación por amparar, de alguna forma, aquellas relaciones que se originan fuera de un matrimonio, dado el carácter común en los cimientos de la sociedad dominicana de este tipo de uniones, tal como lo demuestran las disposiciones que benefician al (a) compañero (a) de vida de una pensión de sobreviviente, al tenor del artículo 51 de la ley 87-01, sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social; los artículos 58 y 118 de la ley 136-03, que aceptan dentro de la denominación de familia aquella que provenga de una unión de tipo consensual y que permiten la adopción de niños o niñas por parte de pareja con unión de hecho, por solo mencionar algunas disposiciones; que esa preocupación por otorgarle a las uniones consensuales derechos propios de una unión familiar, no constituye un afán nuevo del pensamiento jurídico que rige nuestra legislación, puesto que la doctrina jurídica civil tiene años admitiendo, el propio hecho de la existencia de la relación.”
p) En la especie, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas fundamentó su negativa a entregar la pensión de referencia en que el artículo 252 de la Ley Núm. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas, establece una restricción respecto a las personas no casadas, como resulta en el caso de la recurrente.
q) Según el citado artículo 252, el otorgamiento de la pensión de superviviente está condicionado a la existencia de un matrimonio, requisito que contradice el artículo 55.5 de la Constitución, cuyo texto dispone lo siguiente: “La unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley”.
r) Por otra parte, según el indicado artículo 252, solo la viuda tendría derecho a la pensión de superviviente, mas no así el viudo, lo cual vulnera el principio de igualdad entre el hombre y la mujer previsto en el artículo
39.4 de la Constitución, que expresa: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”.
s) En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, indica: “(…) la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de nacimiento o cualquier otra condición social”.
t) En consecuencia, resulta evidente que el texto objeto de análisis transgrede la Constitución, particularmente los principios relativos a la igualdad, la dignidad humana y la familia. No obstante, dicho texto sería conforme con la Constitución, a condición de que se interprete en la forma que más adelante indicará este Tribunal Constitucional, ejerciendo así la facultad de garantizar la permanencia de una determinada norma en nuestro ordenamiento jurídico.
u) La indicada facultad se encuentra consagrada en el artículo 47 de la referida Ley No. 137-11, concebido en los siguientes términos: “El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados”.
v) De acuerdo con los principios expuestos, para el Tribunal Constitucional, la interpretación conforme a la Constitución del artículo 252 de la Ley No. 873, Orgánica de las Fuerzas Armadas Dominicanas, debe ser la siguiente: “Tendrá derecho a pensión el o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247”.
r) En el presente caso, procede reiterar el precedente desarrollado anteriormente y, en consecuencia, acoger la acción de amparo que nos ocupa.
s) Por otra parte, la accionante, señora Ana Francisca Espinosa Tejar, solicita que le paguen la suma de dos millones trecientos setenta y nueve mil pesos dominicanos ($2,379,000.00), por concepto de 183 meses de salarios retenidos, a un monto de trece mil pesos dominicanos mensuales ($13,000.00), por ser el salario actual de un segundo teniente retirado del ejército.
t) Sobre este particular, el tribunal considera que procede ordenar el pago de los salarios retenidos, pero no por el monto que indica la recurrente, sino que debe tomarse como base la suma que se pagaba por concepto de pensión, es decir, la suma otorgada hasta el año dos mil (2000), en razón de que dicho monto es al que tiene derecho la conviviente sobreviviente, por ser el otorgado al momento del fallecimiento del señor Emilio Acosta Santillán.
u) En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger la acción de amparo que nos ocupa y, por tanto, ordenar al Ministerio de Defensa que restablezca la pensión de conviviente superviviente a la indicada señora Espinosa Tejar y, en consecuencia, que le entreguen todos los valores que le corresponde por concepto de pensión, desde el momento de la suspensión en el año dos mil (2000) hasta la fecha, tomando como base la suma que ostentaba al momento de la suspensión de la misma en el indicado año dos mil (2000). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por los señores Ana Francisca Espinosa Tejar y David Acosta Espinosa contra la Sentencia núm. 0442-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0442-2015, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiséis (26) de noviembre de dos mil quince (2015).
TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo respecto del señor David Acosta Espinosa, por las razones indicadas anteriormente.
CUARTO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por la señora Ana Francisca Espinosa Tejar el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), contra el Ministerio de Defensa y su titular, Máximo William Muñoz Delgado y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Defensa que restablezca la pensión de conviviente superviviente a la indicada señora Espinosa Tejar y, en consecuencia, que le entreguen todos los valores dejados de pagar que le corresponden por concepto de pensión desde el momento de la suspensión en el año dos mil (2000) hasta la fecha, tomando como base la suma que ostentaba al momento de la suspensión de la misma en el indicado año dos mil (2000).
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Ana Francisca Espinosa Tejar y David Acosta Espinosa; a la parte recurrida, Ministerio de Defensa y a la Procuraduría General Administrativa.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0007/17, del 4 de enero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0007-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.