Sentencia TC/0021/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de enero de 2014 · Expediente TC-01-2003-0018

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por Luis Enrique Mártez Melo, director nacional de tratamiento de Hogar Crea, Inc., contra el artículo 4 del Decreto Presidencial núm. 501-03, de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003), el cual deroga el Decreto núm. 355-03, de fecha ocho (8) de abril de dos mil tres (2003).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de autonomia procesal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0021/14?

La legitimación activa se rige por la Constitución de 2002, vigente al interponerse la acción en 2003, que permitía accionar a la «parte interesada». Por su naturaleza procesal-constitucional, la legitimación constituye una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. En consecuencia, el Tribunal reconoció al accionante calidad para interponer la acción (TC/0021/14, numeral 8, 8.1, pág. 6; TC/0021/14, numeral 8, 8.2, pág. 6).

La instancia introductoria de una acción directa de inconstitucionalidad debe identificar con claridad la infracción, atribuirla a la disposición impugnada, explicar específicamente cómo esta vulnera la Constitución y formular argumentos de naturaleza constitucional. En este caso, el accionante no identificó los textos constitucionales que consideraba vulnerados por el artículo 4 del Decreto núm. 501-03 ni explicó cómo esa disposición los infringía. La falta de claridad y especificidad impidió al Tribunal constatar las infracciones alegadas y determinó la inadmisibilidad de la acción (TC/0021/14, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 8; TC/0021/14, numeral 9, 9.6, pág. 9; TC/0021/14, numeral 9, 9.7, pág. 10).

Decisión

Declara inadmisible, por falta de objeto, la acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 4 del Decreto núm. 501-03, porque la instancia introductoria no indicó cuáles textos constitucionales vulneraba la disposición impugnada. Declara el procedimiento libre de costas, ordena comunicar la sentencia a la parte accionante y a la Procuraduría General de la República y dispone su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“la calidad es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.” (TC/0021/14, numeral 8, 8.1, pág. 6)
“todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada.” (TC/0021/14, numeral 9, 9.6, pág. 9)
“este tribunal no puede constatar cuáles han sido las infracciones inconstitucionales de que adolece la referida disposición normativa.” (TC/0021/14, numeral 9, 9.7, pág. 10)

Normas interpretadas

Constitución de 2002, en cuanto a la legitimación de la parte interesada, sin indicación de artículo; artículos 5 y 7.6 de la Ley núm. 137-11.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0028/12, TC/0032/12, TC/0033/12, TC 0054/13 y TC/0095/12; sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 1 de septiembre de 1995, sin número indicado; sentencia C-987/05 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa

8.1. En lo relativo a la calidad para accionar del señor Luis Enríquez Mártez Melo, es preciso destacar que la acción fue interpuesta el quince (15) de septiembre de dos mil tres (2003), por lo que debe aplicarse aquí el criterio sentado por este tribunal constitucional en las Sentencias TC/0013/12, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil doce (2012); TC/0017/12, de fecha trece (13) de junio de dos mil doce (2012); TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12, de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012); TC/0027/12, de fecha cinco (5) de julio de dos mil doce (2012); TC/0028/12, de fecha tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0032/12, y TC/0033/12, de fecha quince (15) de agosto de dos mil doce (2012); TC 0054/13, de fecha nueve (09) de abril de dos mil trece (2013), pues el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año dos mil tres (2003), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de dos mil dos (2002), que admitía las acciones incoadas por parte interesada y no podría este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo cuando la calidad es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.

TC/0021/14, numeral 8, 8.1, pág. 6 — PDF oficial

8.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal- constitucional, la misma constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo, razón por la cual el señor Luis Enríquez Mártez Melo se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción directa de inconstitucionalidad, por vía principal, en el caso que nos ocupa al ser una “parte interesada”.

TC/0021/14, numeral 8, 8.2, pág. 6 — PDF oficial

9. Inadmisibilidad de la acción

9.1. Este tribunal ha podido advertir la circunstancia de que el accionante, en el escrito introductorio de su acción directa de inconstitucionalidad, de fecha quince (15) de septiembre de dos mil tres (2003), solo está orientado a solicitar la nulidad del artículo 4 del Decreto núm. 501-03, del dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003), el cual deroga el Decreto núm. 355-03, pretendiendo que la misma sea anulado por alegada inconstitucionalidad.

9.2. En ese sentido, cabe destacar que la acción directa de inconstitucionalidad constituye un procedimiento constitucional orientado a garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución de la República, del bloque de constitucionalidad y de las convenciones internacionales sobre derechos humanos debidamente ratificadas por el Congreso Nacional frente a las normas o actos infraconstitucionales que le confronten o contradigan, es decir, aquellas situaciones que caractericen una infracción constitucional.

TC/0021/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 7 — PDF oficial

9.3. En ese orden de ideas, y considerando que la presente acción directa de inconstitucionalidad fue incoada por ante la Suprema Corte de Justicia cuando este órgano judicial tenía la facultad de ejercer el control concentrado de constitucionalidad, cabe subrayar que al momento de ser interpuesta la misma no existían disposiciones legales que reglamentaran la forma en que debía redactarse la instancia, por lo que primaba el criterio fijado por esa alta corte en su sentencia del primero (1) de septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), en la cual determinó el procedimiento a seguir en los casos de acción directa, y en la que estableció, entre otras cosas, que: (…) cuando esta Corte se aboca a ese análisis en virtud de los poderes que le son atribuidos por la Constitución de la República, lo hace sin contradicción y, por tanto, sin debate, a la vista sólo de la instancia que la apodera y del dictamen u opinión, si se produjera, del Procurador General de la República, a quien se le comunica el expediente, lo que no es óbice para que aquellos que lo consideren útil en interés propio o general, hagan por escrito elevado a la Suprema Corte de Justicia, sus observaciones a favor o en contra del pedimento, máxime cuando dicha acción no implica un juicio contra el Estado u otra persona sino contra una disposición legal argüida de inconstitucional 1 (…).

TC/0021/14, numeral 9, 9.3, pág. 7 — PDF oficial

9.4. De la aplicación de ese criterio se desprendía la obligación de que los recurrentes, en el contexto de la instancia introductoria de la acción directa de inconstitucionalidad que sometían ante la Suprema Corte de Justicia, enunciaran en qué consistían las alegadas infracciones inconstitucionales contenidas en la “disposición legal argüida de inconstitucional”, lo cual buscaba que en el contexto de la misma estuvieren presentes los elementos necesarios que permitieran al órgano jurisdiccional realizar un juicio de inconstitucionalidad a la norma legal atacada.

9.5. Una situación parecida a la precedentemente expuesta ha sido adoptada legislativamente mediante el artículo 5 de la Ley núm. 137-11, cuando se dispone que el objeto de la justicia constitucional es “sancionar las infracciones constitucionales para garantizar la supremacía, integridad y eficacia y defensa del orden constitucional, su adecuada interpretación y la protección efectiva de los derechos fundamentales”; es decir, que la acción directa de inconstitucionalidad, al tener como objeto sancionar infracciones constitucionales, demanda que tales circunstancias deben ser claras y precisamente expuestas en el escrito o instancia justificativa de la acción directa de inconstitucionalidad de que se trate. 1 Subrayados nuestros.

TC/0021/14, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 8 — PDF oficial

9.6. En sintonía con lo antes señalado, la jurisprudencia constitucional comparada admite como requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad que la infracción denunciada sea imputable a la norma objetada, disponiendo que la Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos (…) los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios, ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia) 2 . De lo cual se desprende que todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada. En ese sentido, el escrito introductivo de una acción directa que busca declarar la existencia de una infracción constitucional debe tener: 1. Claridad. Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos. 2. Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada. 3. Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionado vulnera la Constitución de la República. 2 Sentencia C-987/05, de fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil cinco (2005), de la Corte Constitucional de Colombia. 4. Pertinencia. Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional y no legales, o referidos a situaciones puramente individuales.

TC/0021/14, numeral 9, 9.6, pág. 9 — PDF oficial

9.7 Este criterio relativo a los requisitos mínimos de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad ha sido ya reconocido por este tribunal en el precedente fijado en su Sentencia TC/0095/12, de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012); por lo que al no cumplirse en el presente caso con los requisitos de claridad y especificidad, por el hecho de que en el contexto de su instancia el accionante no señala, ni realiza las argumentaciones pertinentes de cuales textos constitucionales han sido vulnerados por el artículo 4 del Decreto núm. 501-03, del dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003), al momento de disponer la derogación del Decreto núm. 355-03, la misma deviene en inadmisible por el hecho de que este tribunal no puede constatar cuáles han sido las infracciones inconstitucionales de que adolece la referida disposición normativa. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0021/14, numeral 9, 9.7, pág. 10 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por falta de objeto, la presente acción directa de inconstitucionalidad, de fecha quince (15) de septiembre de dos mil tres (2003), interpuesta por Luis Enríquez Mártez Melo contra el artículo 4 del Decreto núm. 501-03, promulgado por el Poder Ejecutivo, en fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil tres (2003), por no establecer en el contexto de su escrito introductorio cuáles textos constitucionales han sido vulnerados por la disposición normativa atacada.

SEGUNDO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Luis Enríquez Mártez Melo, y a la Procuraduría General de la República, para los fines que correspondan.

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0021/14, del 20 de enero de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0021-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.