Sentencia TC/0065/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 21 de febrero de 2020 · Expediente TC-04-2017-0166
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Ana Rosa Frías de Hernández y José Ramón Hernández contra la Sentencia núm. 575, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0065/20?
La naturaleza del acto impugnado y el contenido de la instancia determinan la vía de revisión, no la denominación empleada por los recurrentes. Por ello, el Tribunal tramitó la impugnación de la Sentencia núm. 575 como revisión de decisión jurisdiccional firme. La falta de notificación impidió que comenzara a correr el plazo de treinta días. El Tribunal tuvo por satisfechos los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y apreció especial trascendencia constitucional por la oportunidad de desarrollar su criterio sobre la motivación judicial y reiterar los límites de la revisión en materia probatoria (TC/0065/20, numeral 9, a–b, pág. 11; numeral 9, c–e, pág. 12; numeral 9, f–h, pág. 13; numeral 9, c–m, pág. 15; numeral 9, q–r, pág. 17).
En cuanto al fondo, el Tribunal distinguió entre el deber de valorar las pruebas y la obligación de aceptar su contenido. La discrepancia con el alcance probatorio atribuido a los recibos no autorizaba una nueva valoración, reservada a la jurisdicción ordinaria. Ambas partes pudieron presentar pruebas y defenderse en igualdad de condiciones, sin que atribuir mayor mérito a unas pruebas que a otras produjera indefensión. La sentencia de casación satisfizo el deber de motivación porque respondió a los puntos controvertidos y explicó, a partir de los hechos establecidos por los jueces de fondo y del derecho aplicable, por qué la compraventa reunía las condiciones legales para su perfección. Por ello, el Tribunal no constató violación de los derechos a la propiedad, a la tutela judicial efectiva ni al debido proceso (TC/0065/20, numeral 10, e–g, pág. 20; numeral 10, j–l, pág. 22; numeral 10, m–o, pág. 23; numeral 10, p, pág. 24; numeral 10, q, pág. 26).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma en todas sus partes la Sentencia núm. 575 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“La tipología de una acción o recurso ejercido ante él mismo no se define por el título, encabezado o configuración que haya utilizado el recurrente para identificarle, sino por la naturaleza del acto impugnado y por el contenido de la instancia que apodera la jurisdicción constitucional.” (TC/0065/20, numeral 9, a–b, pág. 11)
“La valoración de la prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica.” (TC/0065/20, numeral 10, e–g, pág. 20)
“En efecto, hemos constatado que en la Sentencia núm. 575 se cumplió con el deber del mínimo motivacional o test de la debida motivación establecido en el precedente constitucional antedicho” (TC/0065/20, numeral 10, p, pág. 24)
Normas interpretadas
Constitución, artículos 69 y 277; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 53 (en particular, numeral 3, literales a, b y c, y párrafo), 54 (numerales 1, 5 y 7) y 100; Código Civil, artículo 1582.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0174/13, TC/0038/12, TC/0143/15, TC/0001/18, TC/0123/18, TC/0007/12, TC/0037/13, TC/0160/14, TC/0501/15, TC/0064/16, TC/0364/16, TC/0379/17 y TC/0009/13. También cita la Sentencia T-233-07 de la Corte Constitucional de Colombia y las SSTC 214/1999 y 276/2006 del Tribunal Constitucional español.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por la parte recurrente, podemos inferir que entre Ana Rosa Frías de Hernández y José Ramón Hernández, de una parte, y Amalio Hernández, de otra, ha existido un proceso litigioso que ha tenido por objeto la titularidad de los derechos registrados del inmueble identificado como solar 6, manzana G, del Distrito Catastral No. 20, con una superficie territorial de 354.20 metros cuadrados, ubicado en Cotuí, Sánchez Ramírez, en donde los primeros niegan haber celebrado un contrato de compra-venta del indicado bien inmobiliario con el segundo y en ese mismo orden, no haber recibido de este sumas de dinero por dicho concepto. La demanda en litis sobre derechos registrados fue iniciada por Amalio Hernández ante el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez; aquel tribunal, mediante la Sentencia núm. 2012-0426, del nueve (9) de noviembre de dos mil dice (2012), rechazó la referida demanda y ordenó al Registro de Títulos de Cotuí mantener con toda su fuerza y valor legal el Certificado de título núm. 2006-105, que confiere la propiedad del citado bien a Ana Rosa Frías de Hernández. La inconformidad con la sentencia anterior llevó a Amalio Hernández a interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste. Dicho recurso fue acogido mediante la Sentencia núm. 2013-0189, del treinta (30) de septiembre de dos mil trece (2013), disponiendo la revocación de la sentencia de primer grado y, en efecto, que la registradora de títulos del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez dispusiera la cancelación del Certificado de título núm. 2006-105 y expidiese uno nuevo, transfiriendo los derechos de propiedad del citado inmueble a favor del recurrente en apelación, Amalio Hernández. Luego, tras no estar de acuerdo con la decisión rendida por el tribunal de alzada, los señores Ana Rosa Frías Hernández y José Ramón Hernández elevaron un recurso de casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia contra la Sentencia núm. 2013-0189. Dicho recurso fue rechazado por intermedio de la Sentencia núm. 575, decisión jurisdiccional objeto del presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional es admisible, en atención a las siguientes consideraciones:
a) Previo a referirnos a la admisibilidad del recurso debemos dejar constancia de una peculiaridad que él presenta. Y es que la parte recurrente, Ana Rosa Frías de Hernández y José Ramón Hernández, lo ha interpuesto aludiendo los artículos 95 y 100 de la Ley núm. 137-11 −propios del recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo− como fundamentos legales acreditantes de su admisibilidad, no con base en los artículos 53 y 54 de la referida norma legal, teniendo en cuenta que el acto recurrido en revisión constitucional es una decisión jurisdiccional. Para ello sostiene que los agravios causados por la sentencia recurrida se traducen en una afectación a varios de sus derechos fundamentales, como veremos más adelante.
b) El Tribunal, en la Sentencia TC/0174/13, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), estableció que La tipología de una acción o recurso ejercido ante él mismo no se define por el título, encabezado o configuración que haya utilizado el recurrente para identificarle, sino por la naturaleza del acto impugnado y por el contenido de la instancia que apodera la jurisdicción constitucional. De manera que al estar previamente definidos y clasificados los procedimientos constitucionales en la Ley núm. 137-11, corresponde al Tribunal Constitucional determinar, como cuestión previa, la naturaleza de la acción o recurso a ser decidido en sede constitucional. Desde esta perspectiva, y vista la forma en que el recurrente formuló sus conclusiones, este tribunal procederá a decidir la especie como un recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales firmes, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley núm. 137-11.
c) De manera que, tal y como sucedió en el precedente antedicho, el Tribunal procederá a conocer del presente caso, tomando en consideración que su objeto es impugnar en revisión constitucional una decisión jurisdiccional y, por ende, conforme a la naturaleza del acto impugnado, el recurso, debe conocerse en los términos del procedimiento establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley núm. 137- 11.
d) En efecto, encontrándonos frente a una revisión constitucional de una decisión jurisdiccional se hace necesario recordar que, de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos (2) decisiones: una para referirse a la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para pronunciarse sobre el fondo de la revisión constitucional. Sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que −en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal− solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.
e) El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales procede, según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la promulgación de la reforma constitucional del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En la especie queda satisfecho el requisito anterior, en razón de que la Sentencia núm. 575, fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015).
f) El legislador exige, en el artículo 54.1 de la citada ley núm. 137-11, que el recurso sea interpuesto mediante un escrito motivado y en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la notificación de la decisión jurisdiccional recurrida. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha aclarado que dicho plazo debe considerarse como franco y calendario, al ser lo suficientemente amplio y garantista para el ejercicio de esta −excepcional− vía recursiva [Sentencia TC/0143/15, del primero (1 ro ) de julio de dos mil quince (2015)].
g) La decisión jurisdiccional recurrida −Sentencia núm. 575− no ha sido notificada a la parte recurrente conforme a la glosa procesal. En un caso análogo −pero en el contexto de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo− este tribunal estableció que un recurso interpuesto por una persona a la cual no le fue notificada la decisión recurrida satisface el requisito del plazo atendiendo a que si en el expediente no figura ningún documento que permita determinar que la sentencia recurrida haya sido notificada íntegramente a la parte recurrente […] no puede alegarse válidamente, por las razones indicadas, que al momento de la interposición del recurso de revisión que nos ocupa, el plazo […] había expirado [Sentencia TC/0001/18, del dos (2) de enero de dos mil dieciocho (2018)].
h) De ahí que habría que considerar que en la especie el recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa fue realizado sin quebrantar el plazo estipulado en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, pues fue ejercido sin que la parte recurrente recibiera un acto de notificación que, con un carácter perentorio, pusiera a correr el plazo antedicho.
i) Por otro lado, en atención a lo establecido en el referido artículo 53 de la aludida ley núm. 137-11, la acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse justificada en algunas de las causales siguientes: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
j) En el presente caso, la parte recurrente fundamenta la interposición de su recurso en la violación de sus derechos fundamentales a la propiedad, a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso de ley, en vista de que a lo largo del proceso judicial donde se ha discutido sobre la titularidad de la propiedad inmobiliaria descrita anteriormente se ha incurrido en ciertos equívocos al momento de valorar las pruebas y, por ende, la motivación que soporta las decisiones rendidas por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste −en apelación− y la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia −en casación− es censurable.
k) Por tanto, en la especie se está planteando la tercera causal de las detalladas ut supra, escenario en el cual, conforme al mismo artículo 53, la admisibilidad del recurso se encontrará condicionada a la satisfacción −a la luz del criterio establecido en la Sentencia TC/0123/18− de todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
l) En efecto, el Tribunal Constitucional, analizando si en la especie concurren los requisitos de los literales a), b) y c) del artículo 53.3, ha podido constatar que estos son satisfechos en vista de que: a) tales supuestos de violación de derechos fundamentales fueron invocados ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante el recurso de casación; b) todos los recursos ordinarios posibles dentro de la vía jurisdiccional ordinaria, que para la especie culmina con el recurso de casación, fueron agotados y los supuestos violatorios invocados por la parte recurrente ante la Corte de Casación, persisten según sus argumentos; y c) las violaciones argüidas son imputables directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 575, es decir, a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso.
m) Luego de haber verificado que en la especie concurren los requisitos de admisibilidad del recurso, dada la causal −tercera− elegida instintivamente por los recurrentes, respecto de la referida decisión jurisdiccional, impera valorar lo precisado en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que: La revisión por la causa prevista en el Numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando éste considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
n) Es decir que, al tenor de lo anterior, además de los requisitos exigidos en los literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la citada ley núm. 137-11, es preciso que el caso revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
o) Sobre el particular −la especial trascendencia o relevancia constitucional− este colegiado en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableció que: [S]ólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
p) Lo desarrollado en la Sentencia TC/0007/12 −en ocasión del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo− el Tribunal lo estima aplicable para el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, atendiendo al contenido del párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
q) Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, la que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento −por demás trascendente− de que el asunto, además de cumplir con los requisitos señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional.
r) En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que el conocimiento del fondo del presente recurso le permitirá continuar desarrollando nuestro criterio respecto de la importancia que reviste la motivación de las decisiones judiciales en aras de legitimar el producto o resultado final de la administración de justicia ordinaria: las decisiones jurisdiccionales, como un elemento capital de la garantía de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso; de igual forma, servirá para reiterar la posición del Tribunal en cuanto a la posibilidad de revisar cuestiones inherentes a la valoración probatoria.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal constitucional considera lo siguiente:
a) Los recurrentes, Ana Rosa Frías de Hernández y José Ramón Hernández, fundamentan su recurso argumentando que, tanto con la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste como con la dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia −en funciones de Corte de Casación−, le fueron afectados sus derechos fundamentales a la propiedad, tutela judicial efectiva y a un debido proceso. Todo a raíz de que a partir de una valoración incorrecta de unos recibos de pago emitidos el diez (10) de julio de dos mil tres (2003) y el diecinueve (19) de noviembre de dos mil cuatro (2004), se interpretó que hubo una operación de compra-venta entre ellos y Amalio Hernández respecto del inmueble identificado como solar 6, manzana G, del Distrito Catastral No. 20, con una superficie territorial de 354.20 metros cuadrados, ubicado en Cotuí, Sánchez Ramírez y, en consecuencia, se dispuso el traspaso de su titularidad a favor de este último, hoy parte recurrida.
b) Los recurrentes le atribuyen la violación del catálogo de derechos fundamentales desglosado anteriormente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia por haber refrendado el criterio del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, considerando que los indicados recibos permiten acreditar que entre las partes existió un contrato de compra-venta que legitima el traspaso del derecho de propiedad a favor del recurrido. De ahí que los recurrentes sostengan que en la especie ha habido una incorrecta valoración probatoria al desnaturalizarse los documentos y conferirles un alcance que no tienen, cuestión que, en efecto, da lugar a una motivación que no concuerda con los presupuestos del artículo 69 de la Constitución.
c) Estas observaciones dan cuenta de que los recurrentes plantean dos puntos en virtud de los cuales debe ser revisada la constitucionalidad de la decisión jurisdiccional recurrida, estos consisten en: (i) la inadecuada valoración y desnaturalización de las pruebas aunada a la falta de ponderación de los documentos que ellos aportaron al proceso, y (ii) la ausencia de motivación, como móviles generadores de las violaciones a sus derechos fundamentales.
d) Para pronunciarnos sobre la inadecuada valoración probatoria alegada por los recurrentes, en lo que respecta al uso de los recibos de pago antedichos como elementos legitimadores de la operación de compra-venta objeto de debate, es conveniente recuperar los argumentos que al respecto vertió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; estos son:
a) que el Tribunal Superior de Tierras ciertamente verificó que los recibos de fechas 10 de julio del año 2003 y 19 de noviembre del año 2004, en los cuales está plasmada la venta realizada por los Sres. José Ramón Hernández y Ana Rosa Frías Santana de Hernández, a favor del Sr. Amalio Hernández, no especifica el número del Certificado de Título, ni la designación catastral del inmueble objeto de la venta, mas sin embargo, sí establece que se trata del Solar núm. 6 de la Manzana G, del Distrito Catastral núm. 20, del municipio de Cotuí y su mejora, procediendo a describir dicha mejora; b) que al momento de formalizarse la operación de venta tanto el Sr. José Ramón Hernández, así como la Sra. Ana Rosa Frías Santana de Hernández otorgaron su consentimiento al estampar sus respectivas firmas, aprobando la venta con dicha actuación; c) que ambos señores tanto José Ramón Hernández y la Sra. Ana Rosa Frías Santana de Hernández tenían la capacidad plena de contratar, es decir, nada los inhabilitaba de poder realizar una transacción de dicha naturaleza; d) que dichos recibos se les hizo el correspondiente apostillamiento según lo establece la Convención Internacional de La Haya. (…), que al tribunal a-quo acoger como buenas y válidas las conclusiones del Sr. Amalio Hernández y revocar la decisión del tribunal de jurisdicción original no incurrió en desnaturalización de los hechos pues era deber de dicho tribunal establecer si la venta cumplió con todas las condiciones necesarias para ser considerada perfecta, es decir: el consentimiento de las partes, la capacidad para contratar, un objeto cierto que forme la materia de compromiso y una causa licita en la obligación, condiciones que se dieron cita en dicha transacción.
e) En cambio, no podemos dejar de recordar que la valoración probatoria como garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva no necesariamente implica admitir su contenido. La valoración de la prueba es, precisamente, el procedimiento previo que permite establecer si el contenido de lo que se prueba puede ser admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia jurídica. 1
f) Por tanto, más allá de una omisión a la consabida obligación de valorar las pruebas que tienen los tribunales, en la especie lo que se aprecia es una inconformidad por parte de los recurrentes con el alcance y dimensión que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste les confirió a los recibos antedichos, en aras de determinar que entre las partes intervino una venta perfecta del bien inmueble antedicho, cuestión que luego refrendó la corte a qua para desestimar el recurso de casación; es decir que los recurrentes pretenden que el Tribunal Constitucional analice cuestiones inherentes a la estimación, contenido y alcance de las pruebas, con la intención de que sean reveladas las situaciones de hecho que, a su consideración, son las auténticas.
g) Ahora bien, dicho examen comporta aspectos que le han sido vedados al Tribunal Constitucional conforme a los términos del artículo 53.3.c) de la Ley núm. 137-11, ya que la sustanciación de cuestiones de hecho −como es la valoración de las pruebas a partir de las cuales se construye el relato fáctico de la cuestión 1 Cfr. Sentencia T-233-07, dictada por la Corte Constitucional de Colombia el veintinueve (29) de marzo de dos mil siete (2007). controvertida− ha quedado expresamente reservada a los tribunales de jurisdicción ordinaria.
h) Este tribunal constitucional ya se ha referido al respecto, en su Sentencia TC/0037/13, del veinticinco (25) de marzo de dos mil trece (2013) −criterio reiterado en diversas decisiones, entre ellas, en las sentencias TC/0160/14, TC/0501/15, TC/0064/16, TC/0364/16 y TC/0379/17−, indicando que: La lectura del texto revela que, en la especie, lo que pretende el recurrente es el análisis de cuestiones sobre la valoración específica de las pruebas que sustentaron la sentencia condenatoria que le declara culpable. Alega que no existe prueba alguna para determinar su responsabilidad. Sin embargo, el recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo con la valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente (el testimonio y el certificado médico). El examen del expediente, por tanto, nos lleva a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria, tal y como en su momento se efectuó; (…).
i) Además, sobre el particular ha dicho el Tribunal Constitucional español que: En realidad, en el presente caso nos encontramos ante una discrepancia con la valoración de la prueba realizada por el órgano judicial, debiéndose reiterar, una vez más, la carencia de competencia del Tribunal Constitucional para proceder a una nueva valoración de los hechos (…), no correspondiéndole la revisión de la valoración del material probatorio efectuada por los tribunales ordinarios, sino solo llevar a cabo una supervisión externa de la razonabilidad del discurso que enlaza la actividad probatoria con el relato fáctico resultante, pues, en rigor, la función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino ese control externo del razonamiento lógico seguido para llegar hasta él (…). 2
j) Sigue diciendo la supra indicada decisión: [Q]ue el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no garantiza un pronunciamiento acorde con las pretensiones de la parte, sino una resolución fundada en Derecho (…) y que la simple discrepancia con la interpretación razonada que de la legalidad ordinaria realizan los Juzgados y Tribunales integrantes del Poder Judicial, no tiene cabida en el marco objetivo del recurso de amparo, por no implicar dicha discrepancia, por si sola, la vulneración de ningún derecho fundamental.
k) En ese mismo sentido, el referido tribunal ha trazado una línea jurisprudencial −SSTC 214/1999, del veintinueve (29) de noviembre y 276/2006, del veinticinco (25) de septiembre− en la cual se establece que el Tribunal Constitucional no puede −y mucho menos debe− entrar en cuestiones de legalidad ordinaria, ni en revisión de errores interpretativos de legalidad ordinaria, salvo que se haya incurrido en irrazonabilidad, error o arbitrariedad.
l) En efecto, la argumentación que soporta la decisión jurisdiccional recurrida y ratifica la sentencia de apelación da cuenta de que, en el escenario procesal oportuno: ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, fue observada la glosa probatoria incorporada al proceso en consonancia con las garantías procesales establecidas en el artículo 69 de la Constitución dominicana y estos se aprestaron a utilizar, para fundar su decisión, aquellas que le persuadieron sobre cuál era la verdad jurídica para solucionar la cuestión controvertida sometida a su conocimiento. Lo anterior, evidentemente, no puede traducirse en una violación al catálogo de derechos fundamentales invocado por la parte recurrente ni, mucho menos, en un 2 ATC 183/2007, del doce (12) de marzo de dos mil siete (2007). error o arbitrariedad manifiesta que haya incurrido la corte a qua al dictar la sentencia recurrida.
m) Conviene hacer un breve paréntesis y dejar constancia de que la decisión jurisdiccional recurrida, ni su predecesora, colocan en un estado de indefensión procesal a los hoy recurrentes en revisión constitucional; y es que esta condición −la de indefensión procesal− si bien supone una limitación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, para que se produzca, necesariamente, la persona −física o jurídica− debe encontrarse en una situación que le inhabilite para rebatir jurídicamente las agresiones de las cuales es objeto por parte de su contraparte o, incluso, de algún juez o tribunal, especialmente frente aquellas que representen un riesgo u amenaza a sus derechos fundamentales.
n) Es por esto que en la especie ha quedado revelado −a partir de los motivos que constan en las decisiones jurisdiccionales intervenidas en el proceso− que ambas partes gozaron de una igualdad procesal que les permitió plantear sus medios de defensa y presentar las pruebas que los soportarían; en cambio, al momento de los tribunales de justicia ordinaria dirimir el conflicto, le fueron conferidos mayores méritos a unos elementos de prueba por encima de otros atendiendo a los poderes con que se encuentran revestidos los jueces del fondo para administrar y valorar las pruebas. De manera que lo anterior no puede −ni de hecho debe− considerarse como una aplicación incorrecta del artículo 69 de la Constitución, sino todo lo contrario.
o) Por otro lado, retomando la línea argumentativa principal, ahora en cuanto a la motivación de la decisión jurisdiccional recurrida, no es ocioso indicar que en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), establecimos que para satisfacer las condiciones mínimas de una correcta motivación deben agotarse los siguientes requisitos:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones;
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar;
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada;
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción, y;
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
p) En efecto, hemos constatado que en la Sentencia núm. 575 se cumplió con el deber del mínimo motivacional o test de la debida motivación establecido en el precedente constitucional antedicho −Sentencia TC/0009/13−, esto es: • En primer lugar, en cuanto a si la sentencia recurrida desarrolla de forma sistemática los medios en que se fundamenta, este tribunal considera que en el caso tal requisito se satisface, en la medida en que se da respuesta a todos los puntos controvertidos, indicando que la compra-venta acaecida en la especie cumplió con las condiciones necesarias para que ella sea considerada perfecta conforme al artículo 1582 del Código Civil. En igual medida, tampoco se advierte estado de indefensión alguno debido a que del examen de las sentencias de alzada y de casación se observa que ambas partes tuvieron las mismas oportunidades procesales y, conforme a las argumentaciones que llevaron a los jueces ordinarios a determinar que a favor del recurrido se produjo la señalada venta, es posible constatar que ante litigio sobre la titularidad del derecho de propiedad sería a él, al recurrido, a quien le correspondería esta última prerrogativa producto de los elementos de prueba que a juicio de la corte a qua soportaron la citada venta.
Asimismo, fundamenta su decisión en los cuerpos normativos −Código Civil, la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario y el Reglamento General de Registro de Títulos− aplicables a cada punto del debate. • En segundo lugar, sobre la exposición concreta y precisa de cómo se produjo la valoración de los hechos, pruebas y derecho aplicable, este requisito quedó satisfecho en la medida que la lectura anterior revela que la Corte de Casación se detuvo a analizar el problema, tomando como referencia los hechos constatados por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste −jueces del fondo− a partir del conjunto de pruebas que compone la glosa procesal y el derecho aplicable, para de ahí deducir las conclusiones a las que arribó. • Por último, también quedan satisfechas las previsiones de los demás requisitos de motivación tasados en el precedente antedicho −manifestación de las consideraciones pertinentes que permitan la determinación de los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional−, al quedar reveladas en una forma bastante clara y precisa las razones por las que fue dictada la Sentencia núm. 575, la cual no se encuentra solamente fundamentada en el derecho aplicable a la disputa, tanto para resolver la cuestión correspondiente a la determinación de si hubo o no una venta del inmueble descrito más arriba, sino también que en ella queda establecido que la referida operación jurídica reúne las condiciones exigidas en la ley −artículo 1582 del Código Civil− para alcanzar su perfección, razón por la cual no hubo un desacierto al momento en que se reconoció la legalidad del convenio antedicho.
q) Por todo lo anterior y ante la ausencia de violación a los derechos fundamentales a la propiedad, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, o a algún otro, de Ana Rosa Frías Hernández y José Ramón Hernández, por parte de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia con el dictado de la Sentencia núm. 575, ha lugar a rechazar −como en efecto se rechaza− el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; así como el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury. Consta en acta el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Ana Rosa Frías Hernández y José Ramón Hernández contra la Sentencia núm. 575, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el citado recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por Ana Rosa Frías Hernández y José Ramón Hernández contra la Sentencia núm. 575, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de noviembre de dos mil quince (2015) y, en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la referida decisión jurisdiccional, por los motivos expuestos en la presente sentencia.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ana Rosa Frías Hernández y José Ramón Hernández, así como a la parte recurrida, Amalio Hernández.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0065/20, del 21 de febrero de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0065-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.