Sentencia TC/0129/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de julio de 2018 · Expediente TC-05-2015-0312
Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el señor Juan C. Comprés Guzmán contra la Sentencia núm. 00053-2015 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 20 de febrero del 2015.
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0129/18?
El recurso se interpuso dentro del plazo franco de cinco días hábiles contado a partir de la notificación de la sentencia y revestía especial trascendencia constitucional porque permitía continuar el desarrollo jurisprudencial sobre el debido proceso administrativo en materia de cancelación (TC/0129/18, numeral 9, a–c, pág. 11; TC/0129/18, numeral 9, f, pág. 13). La separación disciplinaria de un cargo público exige respetar el derecho de defensa y las demás garantías del debido proceso, aun cuando el funcionario no pertenezca a la carrera administrativa. Por ello, la falta de acreditación de que el procurador fiscal pertenecía a la carrera del Ministerio Público no justificaba rechazar el amparo. Al revocar la sentencia recurrida, el Tribunal conoció el fondo de la acción (TC/0129/18, numeral 10, c–e, pág. 16; TC/0129/18, numeral 10, f–k, pág. 17; TC/0129/18, numeral 10, l–h, pág. 18).
Correspondía a quien ejecutó la destitución demostrar que se había celebrado un juicio disciplinario en el que se aportaran pruebas de las faltas imputadas y se diera al funcionario la oportunidad de defenderse; en el expediente no constaba ese procedimiento (TC/0129/18, numeral 10, q–s, pág. 21; TC/0129/18, numeral 10, t–u, pág. 22). Aunque el proceso penal permitía suspender al funcionario y una condena a pena privativa de libertad podía justificar su destitución, el Tribunal consideró arbitrario que se le desvinculara antes de concluir el proceso y que no se le reintegrara tras su absolución. Esto justificó ordenar la restitución y el pago de los salarios dejados de percibir, así como fijar una astreinte a favor del accionante para compeler al cumplimiento, no para indemnizarlo (TC/0129/18, numeral 10, v–x, pág. 23; TC/0129/18, numeral 10, h–j, pág. 26; TC/0129/18, numeral 10, z–aa, pág. 27).
Decisión
Admitió en cuanto a la forma y acogió en cuanto al fondo el recurso de revisión, revocó la Sentencia núm. 00053-2015 de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo y acogió la acción de amparo. Otorgó a la Procuraduría General de la República veinte días hábiles desde la notificación para restituir al accionante en su cargo y pagarle los salarios dejados de percibir desde la destitución, fijó a su favor una astreinte de RD$1,000.00 por cada día de retardo en la ejecución y declaró el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“las garantías del debido proceso deben respetarse en ocasión de la aplicación de una sanción disciplinaria, sobre todo si se trata de la desvinculación de un cargo público, como ocurre en la especie, independientemente de que el funcionario perjudicado no forme parte de la carrera administrativa.” (TC/0129/18, numeral 10, c–e, pág. 16)
“correspondía a quien materializó dicha destitución demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y de las garantías del debido proceso administrativo, particularmente, el derecho de defensa del accionante y actual recurrente.” (TC/0129/18, numeral 10, t–u, pág. 22)
“cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada.” (TC/0129/18, numeral 10, h–j, pág. 26)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69, en particular el numeral 2, y 72.
Ley núm. 137-11: artículos 7 (en particular, 7.6), 53.3.c, 65 a 75 (en particular, 66) y 76 a 114 (en particular, 93, 95, 100 y 101).
Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público: artículos 7.4, 45, 47.3, 86, 92.10, 96 y 100.
Reglamento Disciplinario del Ministerio Público: artículos 39 y 49.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0071/13, TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0438/17, TC/0048/12 y TC/0344/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, se trata de que el señor Juan C. Comprés Guzmán interpuso una acción de amparo en contra de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que lo restituyeran en el cargo de procurador fiscal del Distrito Nacional, así como para que le pagaran los salarios dejados de percibir, desde el dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que se produzca su reintegración. El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la rechazó, por entender que no se violaron los derechos fundamentales invocados. No conforme con la indicada decisión, el señor Juan C. Comprés Guzmán interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”.
b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que: (…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.
c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. En la especie se cumple el requisito objeto de análisis, en razón de que la indicada sentencia fue notificada el veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015), mientras que el recurso se interpuso el seis (6) de mayo de dos mil quince (2015), es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
d. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, según el indicado texto: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso que nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo jurisprudencial relativo a la necesidad de cumplir con las garantías del debido proceso administrativo en materia de cancelación.
10. El fondo del presente recurso de revisión constitucional
a. Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, se trata de que el señor Juan C. Comprés Guzmán interpuso una acción de amparo en contra de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de que lo restituyeran en el cargo de procurador fiscal del Distrito Nacional, así como para que le pagaran los salarios dejados de percibir, desde el dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014) hasta la fecha en que se produzca su reintegración.
b. El juez apoderado de la acción constitucional de amparo la rechazó, por entender que el referido retiro no comporta una violación a sus derechos fundamentales, en el entendido de que el accionante no demostró que pertenece a la Carrera del Ministerio Público. Esta decisión se fundamentó en las motivaciones que se copian a continuación: IV. (…) del estudio de los documentos que obran depositados en el expediente hemos podido comprobar los siguientes hechos: 1.- Que en fecha quince (15) del mes de enero del año dos mil dos (2002), el Presidente de la República Dominicana de esa época, emitió el decreto No. 46-02, mediante el cual designa al Dr. Juan Cesareo Comprés Guzmán fiscalizador del Tribunal de Tránsito, adscrito a la CMA, la Casa del Conductor; 2.- Que en fecha nueve (9) del mes de septiembre del año dos mil cuatro (2004), el Presidente de la República Dominicana de esa época, emitió el decreto No. 1157-04, mediante el cual designa al Dr. Cesareo Comprés Guzmán fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional; 3.- Que en fecha 2 de abril del 2012, el Consejo Superior del Ministerio Público dictó la segunda resolución, mediante la cual decide suspender sin disfrute de sueldo al magistrado Juan Cesario Comprés Guzmán, hasta tanto concluya la investigación en su contra; 4.- Que en fecha 28 de agosto de dos mil catorce (2014), el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia dictó sentencia absolutoria No. 190/2014, a favor del señor JUAN CESAREO COMPRÉS GUZMÁN y ordenó el cese de la medida de coerción impuesta al mismo; 5.- Que en fecha 02 de octubre del año 2014, la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DEL MINISTERIO PÚBLICO, República, desvincula al accionante, señor JUAN C. COMPRÉS GUZMÁN. VIII.
(…) como indicamos anteriormente, el accionante pretende ser restituido al cargo que ostentaba y que le sean pagados los salarios dejados de percibir; que el legislador ha establecido esta prerrogativa para los empleados de carrera, estableciéndose en el artículo 59, numeral 3 de Ley No. 41-08 sobre Función Pública, lo siguiente: "En adición a los derechos generales de los servidores públicos, son derechos especiales de los funcionarios de carrera, los siguientes: … 3) Ser restituido en su cargo cuando su cese resulte contrario a las causas consignadas expresamente en la presente ley y recibir los salarios dejados de percibir entre la fecha de la destitución y la fecha de la reposición, sin perjuicio de las indemnizaciones que la jurisdicción contencioso administrativa pueda considerar. Es decisión del empleado aceptar la restitución en el mismo destino, en caso de no aceptarla la institución deberá reubicarlo en otro destino. IX. (…) en el caso de la especie, de la revisión de los documentos que obran depositados en el expediente hemos podido verificar que la parte accionante no depositó elemento probatorio a los fines de demostrar que es empleado de carrera; Que es un principio general del derecho, que se aplica a todas las materias, que quien reclama un derecho en justicia, no solamente tiene que alegarlo, sino que tiene que probarlo, contenido en la máxima jurídica "Actori incumbit probatio"; principio éste que nuestro legislador ha plasmado en el artículo 1315 del Código Civil, mediante el cual establece que: "El que reclama la ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación.
(…) en el caso de la especie, no se comprueba la vulneración de los derechos alegados por la parte accionante, que en tal sentido entendemos procedente rechazar en todas sus partes la acción constitucional de que se trata, tal y como haremos constar en la parte dispositiva de esta sentencia.
c. No conforme con la decisión anterior, el señor Juan C. Comprés Guzmán interpuso el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, por entender que la suspensión destitución del Fiscal JUAN C. COMPRES GUZMÄN, son violatorias al debido proceso de ley y a la tutela judicial efectiva, establecida nuestra Constitución, toda vez que nuestro representado fue suspendido y luego destituido mediante resolución del consejo del ministerio público, sin haberle a este informado ni avisado ni notificado.. de dicha audiencia del consejo para que este pudiera así defenderse. Igualmente, sigue alegando el recurrente que “dichas violaciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva se hacen más evidentes, si comparamos las suspensión y destitución con la que la procuraduría instruyo en su contra, observando así que el accionante estaba todavía en la fase de investigación”.
d. Por su parte, la Procuraduría General de la República sostiene que el señor Juan C. Comprés Guzmán no demostró que formara parte de la carrera del Ministerio Público y, además, que la sentencia recurrida fue dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes del país.
e. Como se observa, el juez de amparo rechazó la acción que nos ocupa, en el entendido de que el señor Juan Cesáreo Comprés Guzmán no pertenecía a la carrera del Ministerio Público. Sin embargo, este tribunal constitucional considera que las garantías del debido proceso deben respetarse en ocasión de la aplicación de una sanción disciplinaria, sobre todo si se trata de la desvinculación de un cargo público, como ocurre en la especie, independientemente de que el funcionario perjudicado no forme parte de la carrera administrativa.
f. En virtud de las motivaciones anteriores, procede revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, procede que este tribunal constitucional conozca de la acción de amparo interpuesta por el señor Juan Cesáreo Comprés, el veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014), contra la Procuraduría General de la República.
g. Sobre la posibilidad de conocer de las acciones de amparo, este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), lo siguiente:
k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pues considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más limitada resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria sinergia operativa que debe producirse entre la acción de amparo configurada en el artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la justicia constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley.
l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo extraña al procedimiento establecido en la referida Ley No. 137-11, en virtud de dos razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no proscribe expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión de sentencias de amparo, como sin embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida.
h. En el presente caso, procede determinar si se respetaron las garantías del debido proceso y, por tanto, analizaremos las previsiones de la Ley núm. 133-11, Orgánica del Ministerio Público, del nueve (9) de junio de dos mil once (2011), que se refieren a la materia, dado el hecho de que el accionante, señor Juan Cesáreo Comprés Guzmán, era miembro del Ministerio Público.
i. En este orden, según los artículos 45 y 47 de la Ley núm. 133-11, al Consejo del Ministerio Público ejercer el control disciplinario de todos los funcionarios y empleados, salvo en lo que respecta al procurador general de la República. En efecto, en los referidos textos se establece lo siguiente: Artículo 45. Consejo Superior. El órgano de gobierno interno del Ministerio Público es el Consejo Superior del Ministerio Público. Sus integrantes no ostentarán, por esa sola condición, ninguna superioridad jerárquica sobre las actuaciones que realicen los miembros del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones. Artículo 47. Funciones. Las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público son las siguientes: 3. Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República.
j. Igualmente, según el artículo 7.4 de la Ley núm. 133-11, del nueve (9) de junio de dos mil once (2011), sobre el Consejo Superior del Ministerio Público, este órgano tendrá dentro de sus atribuciones la facultad de “ejercer el control disciplinario de conformidad con la Constitución y la Ley y aprobar el Reglamento Disciplinario del Ministerio Público”.
k. Por su parte, el artículo 86 de la Ley núm. 133-11 establece los tipos de faltas que puede sancionar el Consejo del Ministerio Público. En particular, el referido texto establece lo siguiente: Tipos de faltas. Esta ley establece faltas leves, graves y muy graves. Las faltas leves dan lugar a amonestación verbal o escrita advirtiendo al funcionario que no incurra nuevamente en la falta y exigiendo que repare los agravios morales o materiales ocasionados. Las faltas graves dan a la suspensión sin disfrute de sueldo de hasta noventa días. Las faltas muy graves dan lugar a la destitución. No se considerarán sanciones los consejos, observaciones y advertencias hechas en interés del servicio. 1
l. En el presente caso, al accionante y actual recurrente, señor Juan C. Comprés Guzmán, fue sometido a un procedimiento ante la jurisdicción penal, por alegada violación al artículo 134 de Código Penal. Sin embargo, en torno al referido proceso se dictó la Resolución núm. 190/2014, del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), mediante la cual se declaró la absolución y ordenó el cese de la medida de coerción impuesta al señor Juan C. Comprés Guzmán.
m. El señor Juan C. Comprés Guzmán fue suspendido de sus funciones como procurador fiscal el dos (2) de abril de dos mil doce (2012), mediante resolución adoptada por el Consejo Superior del Ministerio Público en su décima sesión. Posteriormente, la Dirección General de Carrera del Ministerio Público decidió destituirlo de su cargo el primero (1°) de octubre de dos mil doce (2012), sin esperar la culminación del indicado proceso penal. Lo anterior se confirma por el hecho de que el veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014) fue dictada la Sentencia núm. 190/2014, es decir, que la desvinculación se produjo antes de la culminación del proceso penal.
n. En el presente caso, el señor Juan Cesáreo Comprés Guzmán cuestiona que la decisión sobre la destitución tomada por la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, se hizo sin ni siquiera haberle notificado o avisado sobre la audiencia en la cual se le destituyó, es decir, que alega que le fue violado su derecho de defensa y, en consecuencia, el debido proceso disciplinario. 1 Negritas nuestras.
o. La sanción de las faltas disciplinarias se debe hacer respetando el debido proceso y todas las garantías del mismo, según lo indica el artículo 96 de la Ley núm. 133-11, en el cual se establece que “las sanciones disciplinarias serán aplicadas con respeto al derecho de defensa y a las demás garantías del debido proceso y deberán ser proporcionales a la falta cometida”.
p. En torno al procedimiento disciplinario que debe regir en esta materia, en el artículo 100 de la Ley núm. 133-11, se establece lo siguiente: Procedimiento disciplinario. El Consejo Superior del Ministerio Público adoptará un Reglamento Disciplinario que contendrá los procedimientos a seguir para la investigación y juzgamiento disciplinarios asegurando el cumplimiento de las garantías mínimas establecidas por la presente ley. El Reglamento Disciplinario indicará los requisitos de forma, fondo y tiempo aplicables a las distintas actuaciones del procedimiento desde su inicio hasta la ejecución de las decisiones correspondientes.
q. El Reglamento Disciplinario del Ministerio Público –al que se refiere el artículo 100 anteriormente transcrito– indica que para aplicar las sanciones disciplinarias debe respetarse el derecho de defensa. En efecto, en el artículo 39 del indicado reglamento se indica que “en cualquier fase durante el trámite de la causa, los representantes del Ministerio Público sujeto a proceso, podrán designar hasta dos (02) letrados para que actúen como sus defensores y le asistan en sus medios de defensa”.
r. Como se observa, para la aplicación de cualquier sanción disciplinaria resulta obligatorio que se respete el derecho de defensa y, en sentido general, el debido proceso de la persona sometida; esto así, no sólo porque la ley que rige la materia lo consagra, sino también porque estamos en presencia de un requisito que tiene rango constitucional, en la medida que en el artículo 69.2 se establece que: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley.
s. La observación del debido proceso implica, en este caso, el agotamiento de un juicio disciplinario en el cual el Consejo Disciplinario del Ministerio Público aportara los elementos de pruebas relativos a la falta o faltas imputadas al accionante, mientras que a este último debió dársele la oportunidad de defenderse, pero en el expediente no hay documentos que revelen la realización de un juicio disciplinario con las características señaladas.
t. Las pruebas estaban a cargo del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, en aplicación del principio procesal general, relativo a que quién invoca un hecho en justicia debe probarlo, ya que siendo un hecho no controvertido que el accionante en amparo tenía la calidad de procurador fiscal y que el mismo fue destituido, correspondía a quien materializó dicha destitución demostrar el cumplimiento de los requisitos legales y de las garantías del debido proceso administrativo, particularmente, el derecho de defensa del accionante y actual recurrente.
u. Resulta pertinente destacar que la destitución arbitraria ocasiona graves perjuicios en el orden moral y material. En efecto, existe un daño moral, porque dicha sanción supone un comportamiento reñido con la visión, valores y principios de la institución y un daño material, ya que un procurador fiscal destituido queda inhabilitado para prestar servicio en cualquier institución pública. En efecto, el artículo 49 del Reglamento Disciplinario del Ministerio Público establece lo siguiente: Destitución. El (la) funcionario(a) del Ministerio Público que haya sido destituido(a) por la comisión de falta muy grave, no podrá volver a ocupar funciones de Ministerio Público y estará inhabilitado para prestar servicio en cualquier otra función pública durante los cinco (5) años siguientes, contados desde la fecha de habérsele notificado la destitución.
v. El tribunal destaca, por último, ante la eventualidad de que un miembro del Ministerio Público sea involucrado en un proceso penal, el Consejo Disciplinario de dicha institución está facultado para suspender a dicho miembro y, en caso de que este resulte condenado puede destituirlo, ya que dicha condenación se tipifica como una falta muy grave, en aplicación de lo que dispone el artículo 92 de la Ley núm. 133-11, texto según el cual: “faltas muy graves. Son faltas muy graves que dan lugar a destitución las siguientes: 10. Ser condenado por crimen o delito a una pena privativa de libertad”.
w. Sin embargo, en el presente caso se produjo la desvinculación del accionante antes de que culminara el proceso penal y, además, el Ministerio Público no reintegró al accionante, a pesar de que fue absuelto de los cargos que se les imputaban, según consta en la Sentencia núm. 190-2014. En este sentido, estamos en presencia de una evidente arbitrariedad.
x. Luego de haber establecido que en la especie fue realizada una destitución irregular y arbitraria en perjuicio del accionante en amparo, corresponde valorar el pedimento relativo a que se fije una astreinte de cinco mil pesos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia. Dicho pedimento es, pretensión que es procedente, en la medida que el establecimiento de la misma constreñirá a la institución en falta a darle cumplimiento a la obligación que se le impondrá. Sin embargo, la misma se fijará por un monto de mil pesos con 00/100 ($1,000.00) por cada día de retardo y no por la suma requerida por el accionante.
y. Luego de haber fijado la astreinte, resulta procedente determinar a favor de quien se asignará la misma. En tal sentido, resulta pertinente analizar la Sentencia TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual este tribunal constitucional estableció las pautas a seguir en materia de astreintes. En efecto, en la indicada sentencia se estableció lo siguiente: 2. Al dictaminar sobre el fondo, de acuerdo con el artículo 93 de la referida Ley núm. 137-11, al imponer la astreinte en perjuicio del agraviante, como medida de constreñimiento para el cumplimiento de lo decidido, en los siguientes términos: «Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado».
b. De los términos de la disposición previamente transcrita se infiere, que ella no prevé la persona que resultará beneficiaria de la astreinte fijada, por lo cual queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga decida ─dentro del marco de sus facultades discrecionales─ que su liquidación sea efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin fines de lucro. De este razonamiento se induce que la facultad discrecional del juez de amparo en este ámbito comprende no solo la imposición de una astreinte como medio coercitivo, sino también la determinación de su beneficiario. c. Conviene por otra parte indicar que, en materia de astreintes, el Tribunal Constitucional, mediante su Sentencia TC/0048/12, de ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), dispuso que: 2 2 Negritas nuestras.
a) La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado [subrayado nuestro].
c) Aunque en nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, en efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y del sistema judicial;
d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte;
d. La ponderación de este último fallo revela que hasta la intervención del caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional se había decantado por la imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que sería pronunciada, y no del agraviado. Sin embargo, ello no representa impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho del agraviado.
e. Esta inferencia radica en la circunstancia de que la frase «no debería favorecer al agraviado» empleada en referida Sentencia TC/0048/12, en modo alguno puede ser interpretada como equivalente que «no debe favorecer al agraviado», puesto que ello implicaría una prohibición categórica que contravendría la facultad discrecional del juez en la materia; y tomando en consideración que en nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición legal establece quién debe beneficiarse del astreinte.
f. El criterio anteriormente expuesto encuentra su fundamento en la Sentencia TC-0344-14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), que dictaminó lo siguiente: ee) En efecto, la posibilidad de condenación a una astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces de amparo, que encuentra sus límites en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero sobre la cual el legislador no ha impuesto la obligación de fijarlo a favor del agraviado, del fisco o de instituciones sociales públicas o privadas dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan alguna vinculación con el tema objeto del amparo; sino que, de igual manera, la determinación del beneficiario de la astreinte liquidada queda dentro de las facultades discrecionales de los jueces de amparo. En este sentido, se rechaza el argumento de la parte recurrente. [Subrayado nuestro].
g. De la lectura del texto de la decisión precitada se infiere que, en el ejercicio de su función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la facultad de imponer o descartar la imposición de un astreinte, sino también la de disponer su beneficiario. 3
h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado 3 Negritas nuestras. por el incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar el astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante.
i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de sin fines de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de lo decidido.
j. Conviene precisar, sin embargo, que en estos casos será necesario que la decisión mediante la cual se fije el astreinte se notifique a la institución beneficiaria, de forma que esta última tome conocimiento de la medida dispuesta y adopte las acciones tendentes a liquidación del astreinte en su favor.
z. Como se observa, corresponde al tribunal que impone la astreinte decidir a quién beneficia la misma (accionante o institución beneficiaria). En el presente caso, la astreinte será otorgada en favor del accionante, ya que, como regla general, la misma debe fijarse en su beneficio. En efecto, las instituciones que no persiguen lucro pueden ser las destinatarias del astreinte en el caso de los amparos que tienen como objeto la protección de derechos colectivos y difusos, o en aquellas decisiones con efectos inter communis, como vimos en la sentencia anteriormente citada.
aa. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión que nos ocupa, revocar la sentencia recurrida y acoger la acción de amparo interpuesta por el señor Juan C. Comprés Guzmán y, en consecuencia, ordenar la restitución del señor Juan C. Comprés Guzmán en el cargo que ocupaba antes de su puesta en retiro, así como el pago de los salarios dejados de percibir durante el tiempo transcurrido desde la destitución. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Jottin Cury David, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por el señor Juan C. Comprés Guzmán contra la Sentencia núm. 00053-2015 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 20 de febrero del 2015.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia núm. 00053-2015 dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, de fecha 20 de febrero del 2015.
TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción de amparo interpuesta por el señor Juan C. Comprés Guzmán en contra de la Procuraduría General de la República Dominicana, de fecha 20 de noviembre del 2014, por las razones indicadas anteriormente.
CUARTO: OTORGAR a la Procuraduría General de la República Dominicana un plazo de veinte (20) días hábiles, contado a partir de la notificación de esta sentencia, para la restitución del señor Juan C. Comprés Guzmán al puesto que ostentaba antes de la destitución, así como también la entrega de todos los valores que le corresponden por concepto de salarios dejados de pagar desde la fecha de su destitución.
QUINTO: FIJAR un astreinte de MIL PESOS CON 00/100 (RD$1,000.00), en favor del señor Juan C. Comprés Guzmán, por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia.
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Juan C. Comprés Guzmán, y a la parte recurrida, la Procuraduría General de la República Dominicana.
SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0129/18, del 17 de julio de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0129-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.