Sentencia TC/0161/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 12 de septiembre de 2013 · Expediente TC-01-2009-0009

La acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor José del Carmen Cubilette Aramboles contra la Resolución núm. 080-09, de fecha once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), dictada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de razonabilidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0161/13?

Como la acción se interpuso en 2009, la legitimación debía apreciarse conforme a la Constitución de 2002, que permitía accionar a la parte interesada. El Tribunal reconoció esa calidad al accionante como excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal. La Resolución núm. 080-09 era impugnable por vía directa porque constituía un acto administrativo normativo de alcance general, aplicable a todos los usuarios de telefonía fija y móvil del país (TC/0161/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9; TC/0161/13, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 11).

El Tribunal no apreció una infracción del principio de legalidad, pues el INDOTEL emitió la resolución en ejercicio de atribuciones legales. Sin embargo, al examinar el fin, el medio y la relación entre ambos, concluyó que el cargo obligatorio de RD$80.00 vulneraba el principio de razonabilidad del artículo 40.15 de la Constitución: obligaba a pagar por un servicio que los usuarios no recibían o no habían decidido utilizar y anteponía la recuperación de la inversión de las prestadoras a los intereses de los consumidores. El Tribunal no anuló la disposición, sino que la integró para limitar el cobro a quienes optaran por la portabilidad numérica, y moduló retroactivamente los efectos de la sentencia para restituir lo pagado por quienes no optaron por ella (TC/0161/13, numeral 10, 10.3–10.4, pág. 13; TC/0161/13, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 14; TC/0161/13, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 15; TC/0161/13, numeral 10, 10.10, pág. 16; TC/0161/13, numeral 10, 10.11, pág. 16; TC/0161/13, numeral 10, 10.12, pág. 17).

Decisión

Declara admisible en cuanto a la forma la acción directa y establece que, para ser conforme al artículo 40.15 de la Constitución, la disposición primera de la Resolución núm. 080-09 debe limitar la cuota de RD$80.00 a los usuarios que opten por la portabilidad numérica. Ordena al INDOTEL adoptar las medidas necesarias para que las prestadoras acrediten en la facturación posterior a la sentencia lo cobrado a quienes no optaron por el servicio y asuman directamente el total de la devolución como parte de su inversión, sin trasladar esos gastos exclusivamente a los usuarios que sí optaron por la portabilidad.

Citas textuales clave

“Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa” (TC/0161/13, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 11).
“se coloca a los usuarios en la obligación de realizar un pago por un servicio que no están recibiendo o no han decidido utilizar” (TC/0161/13, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 15).
“este tribunal constitucional no anulará la disposición acusada, pero le agregará un contenido que la hará constitucional” (TC/0161/13, numeral 10, 10.10, pág. 16).

Normas interpretadas

Constitución de 2002: regla de legitimación de la parte interesada.

Constitución de la República: artículo 40.15.

Ley General de las Telecomunicaciones núm. 153-98: artículos 39, 40.1 y 78, literal a).

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 47, párrafo II, y 48, segundo apartado.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/2012, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0028/12, TC/0032/12, TC/0033/12, TC 0054/13, TC/0041/13, TC/0044/12 y C-673/01 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa

8.1. En lo relativo a la calidad del Señor José del Carmen Cubilette Aramboles para accionar, es preciso destacar que la acción fue interpuesta el once (11) de diciembre del año dos mil nueve (2009), por lo que debe aplicarse aquí el criterio sentado por este tribunal constitucional en las sentencias números TC/0013/12, de fecha diez (10) del mes mayo de año 2012; TC/0017/12, de fecha trece (13) de junio de 2012; TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/2012 y TC/0025/12, de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012); TC/0027/12, de fecha (5) de julio de dos mil doce (2012); TC/0028/12, de fecha (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0032/12 y TC/0033/12, de fecha quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), y TC 0054/13, de fecha nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), pues el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo, desde el año dos mil nueve (2009), la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de dos mil dos (2002), que admitía las acciones incoadas por parte interesada y no podría este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo cuando la calidad es una cuestión de naturaleza procesal constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.

8.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, el Señor José del Carmen Cubilette Aramboles, se encontraba revestido de la debida calidad al momento de interponerse la acción en inconstitucionalidad, por vía principal, en el caso que nos ocupa al ser una “parte interesada.

TC/0161/13, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9 — PDF oficial

9. Admisibilidad de la acción

9.1. En el caso que ocupa la atención de este tribunal constitucional el recurrente alega, en síntesis, que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), al establecer a través de la Resolución núm. 080-09, el cobro obligatorio de ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$80.00) a todos los usuarios de teléfonos y celulares para la recuperación de los costos de inversión para la adecuación de redes y sistemas para hacer operativa la portabilidad numérica, sin importar que estos opten o no por el uso de la portabilidad numérica, se violentan los principios de razonabilidad y de legalidad dispuestos en el artículo 8.5 de la Constitución vigente al momento de interponerse la acción (artículo 40.15 de la actual Constitución).

9.2. Antes de abocarnos a conocer el fondo del presente caso, se hace necesario determinar si la Resolución núm. 080-09, emitida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), en ejercicio de las facultades legales que se desprenden de la aplicación combinada de los artículos 39 y 40.1, así como del literal a) del artículo 78, de la Ley General de las Telecomunicaciones núm. 153-98, constituye un acto administrativo de alcance general y normativo o, si por el contrario, tiene un alcance particular y no normativo.

9.3. En este sentido, cabe distinguir los actos administrativos de efectos generales de los actos administrativos de efectos particulares. Los primeros son aquellos de contenido normativo; es decir, que crean normas que integran el ordenamiento jurídico; en cambio, los actos administrativos de efectos particulares son aquellos que contienen una decisión no normativa, sea que se aplique a un sujeto o a muchos sujetos de derecho.

TC/0161/13, numeral 9, 9.1–9.3, pág. 10 — PDF oficial

9.4. Hecha la distinción, debemos precisar que la Resolución núm. 080-09, emitida por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), es un acto administrativo de contenido normativo y de efectos generales que integran el ordenamiento jurídico, ya que su aplicación y efectos recaen sobre todo el universo de usuarios de teléfonos y celulares de República Dominicana.

9.5. Al tener la Resolución núm. 080-09 la naturaleza de ser un acto administrativo normativo de alcance general, el mismo está sujeto al control de constitucionalidad, en virtud del precedente fijado en la Sentencia TC/0041/13, donde se dispuso que Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido de la norma, el Tribunal constitucional verifica si la autoridad pública responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y del bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional) 1 , por lo que los actos de tal naturaleza acusados de conculcar alguno de los valores, principios o reglas dispuestas en nuestra Constitución, entra en el ámbito del control concentrado de constitucionalidad, que es de la competencia de este tribunal.

TC/0161/13, numeral 9, 9.4–9.5, pág. 11 — PDF oficial

10. Sobre la alegada violación a los principios de razonabilidad y

legalidad

10.1. Para determinar si real y efectivamente las disposiciones de la Resolución núm. 080-09 violenta el principio de razonabilidad, como alega el recurrente, al disponer el cobro obligatorio de ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$80.00) a todos los usuarios de teléfonos y celulares para la recuperación de los costos de inversión para la adecuación de redes y sistemas para hacer operativa la portabilidad numérica, sin importar que estos opten o no por el uso de ese servicio, aplicaremos, como ya es la práctica de este tribunal, el test de razonabilidad.

TC/0161/13, numeral 10, 10.1, pág. 12 — PDF oficial

10.2. En ese sentido, el test de razonabilidad que originalmente adoptó este tribunal constitucional en su sentencia TC/0044/12, por ser el instrumento convencionalmente más aceptado en el derecho comparado, es el desarrollado por la jurisprudencia colombiana, el cual dispone que: El test de razonabilidad sigue precisos pasos que le imprimen objetividad al análisis de constitucionalidad. Las jurisprudencias nacional, comparada e internacional desarrollan generalmente el test en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado, y 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas 1 Sentencia TC/0041/13, del 15 de marzo del 2013 del Tribunal Constitucional Dominicano. preguntas, según se trate de un test estricto, intermedio o leve (…) El test leve se limita a establecer la legitimidad del fin y de la medida, debiendo esta última ser, además, adecuada para alcanzar el fin buscado. En consecuencia, la Corte se limita cuando el test es leve, por una parte, a determinar si el fin buscado y el medio empleado no están constitucionalmente prohibidos y, por otra, a establecer si el medio escogido es adecuado, esto es, idóneo para alcanzar el fin propuesto. Este es, por así decirlo, el punto de partida o de arranque en el análisis de la razonabilidad (…) De ahí que preguntarse qué se busca con una norma (análisis de la finalidad), cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio) y qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin), sean criterios elementales para determinar si la afectación de la igualdad, u otro derecho fundamental, es razonable y, por lo tanto, constitucional o arbitraria. 2

TC/0161/13, numeral 10, 10.2, pág. 12 — PDF oficial

10.3. Aplicando el primer criterio de ese test de razonabilidad, esto es, el análisis del fin buscado, se puede inferir que las disposiciones de la Resolución núm. 080-09 tienen por objeto establecer un cargo único aplicable a todos los usuarios de los servicios de teléfonos y celulares, para que las prestadoras de servicios de telefonía recuperen las inversiones en capital fijo que estas han realizado para las adecuaciones de redes y sistemas para hacer operativo el servicio de portabilidad numérica, sin importar que los mismos opten o no por la utilización de ese servicio. De ahí que su objeto tan solo contempla los intereses de las empresas telefónicas cuando existe en la negociación otra parte: los usuarios del servicio, razón por la cual la medida adoptada, a pesar de que pone a cargo de los consumidores la referida cuota, lleva por finalidad recuperar las inversiones en capital fijo que las empresas 2 Sentencia C-673/01 de fecha 28 de junio del 2001; Corte Constitucional de Colombia. telefónicas han realizado para hacer operativo el servicio de portabilidad numérica, por lo que al no resultar equitativa no es la medida adecuada.

10.4. En relación con el segundo criterio (análisis del medio), debemos precisar que si bien el legislador en el artículo 39 de la Ley General de las Telecomunicaciones núm. 153-98, ha conferido al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), la potestad de fijar tarifas mediante resolución motivada, esa facultad está limitada exclusivamente a aquellos casos concretos donde se determine que no existen en el mercado de servicios de las telecomunicaciones las condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva y sostenible por existir prácticas restrictivas a la competencia.

TC/0161/13, numeral 10, 10.3–10.4, pág. 13 — PDF oficial

10.5. En lo relativo al tercer elemento del test (análisis de la relación medio- fin), debemos precisar, tal y como se indicó, que si bien el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) tiene la potestad de fijar tarifas en el sector de las telecomunicaciones en los casos concretos a que se contrae el párrafo anterior, no menos cierto es que tal potestad de fijación tarifaria debe ser ejercida observando el principio de razonabilidad.

10.6. Que al haberse dispuesto mediante la resolución impugnada una tarifa única de carácter general a todos los usuarios de teléfonos y celulares, opten o no por “portarse”, teniendo por finalidad que las prestadoras de servicios de telefonía puedan recuperar la inversión que estas han realizado para hacer operativo el servicio de portabilidad numérica en República Dominicana, no se hacen cargos por servicio, sino por la “capacidad de optar por ese servicio”, lo que deviene en un cobro por adelantado de un servicio que el consumidor aún no ha decidido obtener, lo que se traduce en un cobro, no por servicio recibido, sino por el que se pudiera recibir.

TC/0161/13, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 14 — PDF oficial

10.7. En virtud del test de razonabilidad que hemos realizado, podemos concluir que al disponerse en la Resolución núm. 080-09 el cobro obligatorio de ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$80.00) con el objeto de garantizar las inversiones hechas por las empresas prestadoras de los servicios telecomunicaciones para la adecuación de la operatividad del servicio de portabilidad numérica, la misma configura una infracción constitucional por violentar el principio de razonabilidad dispuesto en el artículo 40.15 de la Constitución, toda vez que se coloca a los usuarios en la obligación de realizar un pago por un servicio que no están recibiendo o no han decidido utilizar, solo con el único interés de beneficiar y proteger las inversiones económicas de un conjunto de entidades privadas. Ello implica que en la referida resolución se anteponen y protegen los intereses particulares de las prestadoras de servicios telefónicos sobre los intereses de los consumidores de dichos servicios.

10.8. En la misma línea de pensamiento se expresa el propio Reglamento General de Portabilidad Numérica, cuando en el capítulo IV, relativo a los aspectos económicos, dispone lo siguiente: Los costos derivados de la actualización de los elementos de red y de los sistemas necesarios para hacer operativa la portabilidad numérica deberán ser sufragados por cada prestadora del servicio público telefónico, sin que esto genere derecho a contraprestación económica alguna.

TC/0161/13, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 15 — PDF oficial

10.9. De todo lo anterior resulta que el derecho a la portabilidad numérica conlleva a un cargo generalizado que se aplicará por igual a todos los usuarios de las telefonías, tanto móvil como fija, y sin importar que hagan uso o no de ese servicio, cuando lo correcto es que las empresas telefónicas, por un lado asuman estos costos como parte de los gastos de adquisición de clientes nuevos, y por el otro, teniendo claro que la portabilidad no solo beneficia al consumidor del servicio, por cuanto ello tiene por efecto la dinamización de la competencia, de ahí que las empresas tendrán que dar mejor servicio y deberán hacer todo lo posible por mantener sus clientes y atraer a otros. Por tanto no es razonable que el cargo de la portabilidad tan solo deba ser asumida por la generalidad de los usuarios, independientemente de que opten o no por hacer uso del servicio a la portabilidad numérica.

TC/0161/13, numeral 10, 10.9, pág. 15 — PDF oficial

10.10. Es por ello que la resolución atacada deviene en inconstitucional, por cuanto omite referirse exclusivamente a los “usuarios que opten por el servicio de portabilidad numérica”. De ahí la necesidad de dictar una sentencia integradora o aditiva, que es aquella que declara la ilegitimidad constitucional de la previsión omitida que debería haber sido prevista por la resolución impugnada para que esta fuera constitucional. En consecuencia, este tribunal constitucional no anulará la disposición acusada, pero le agregará un contenido que la hará constitucional, en aplicación de lo establecido en el párrafo II del artículo 47 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el cual dispone que: Las sentencias interpretativas pueden ser aditivas cuando se busca controlar las omisiones legislativas inconstitucionales, entendidas en sentido amplio, como ausencia de previsión legal expresa de lo que constitucionalmente debía haberse previsto o cuando se limitan a realizar una interpretación extensiva o analógica del precepto impugnado.

TC/0161/13, numeral 10, 10.10, pág. 16 — PDF oficial

10.11. Adicionalmente, y al tratarse de una situación consolidada, por cuanto la cuota de ochenta pesos dispuesta por la impugnada resolución por aquellas empresas telefónicas que sí decidieron cobrar la referida tarifa, ya ha sido aplicada a los usuarios que no han optado por acceder al servicio de portabilidad numérica, el Tribunal Constitucional se ve en la necesidad de modular los efectos temporales de la presente sentencia, en aras de procurar la restitución de los valores sufragados por aquellos usuarios a quienes se les aplicó el cargo sin haber optado por “portarse”. De ahí, que se dictará una sentencia retroactiva, es decir, con modulaciones relativas al efecto temporal, en atención a lo dispuesto en el segundo apartado del artículo 48 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el cual señala que… sin embargo, el Tribunal Constitucional podrá reconocer y graduar excepcionalmente, de modo retroactivo, los efectos de sus decisiones de acuerdo a las exigencias del caso.

TC/0161/13, numeral 10, 10.11, pág. 16 — PDF oficial

10.12. En lo atinente a la alegada violación del principio de legalidad, este tribunal es del criterio de que tal principio no ha sido vulnerado por el hecho de que el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), ha emitido la Resolución núm. 080-09 en virtud de las atribuciones que le fueron conferidas por los artículos 39 y 40.1, así como del literal a) del artículo 78, de la Ley General de las Telecomunicaciones núm. 153-98, aunque al hacerlo ha vulnerado el principio de razonabilidad, tal y como ha resultado de las consideraciones precedentemente expuestas. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del Magistrado Víctor Gómez Bergés, Juez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, Juez, al cual se adhirió el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas el Tribunal Constitucional

TC/0161/13, numeral 10, 10.12, pág. 17 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Señor José del Carmen Cubilette Aramboles en contra de la Resolución núm. 080-09, dictada en fecha once (11) de agosto de dos mil nueve (2009), por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

SEGUNDO: ESTABLECER que la disposición primera de la Resolución núm. 080-09, de fecha once (11) de agosto del año dos mil nueve (2009), dictada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), para que sea conforme a la Constitución en su Art. 40.15, se lea en lo adelante de la manera siguiente: “PRIMERO: DISPONER que la cuota regulatoria a pagar por cada usuario que opte por el servicio de portabilidad numérica, el cual estará destinado para la recuperación de la inversión en capital fijo que deben realizar las prestadoras de servicios de telefonía para la implementación de la portabilidad numérica en República Dominicana, queda establecida en la suma de ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$80.00)”.

TERCERO: ORDENAR al Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) implementar todas la medidas necesarias para que las prestadoras de los servicios de telecomunicaciones que hayan aplicado el cobro de la tarifa de ochenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$80.00) dispuesto en la indicada resolución núm. 080-09, acrediten en la facturación que se genere a partir de haberse dictado esta sentencia, los valores pagados desde la fecha de aplicación de la referida cuota a los usuarios que no optaron por el servicio de portabilidad numérica, disponiendo, además, que el total de la devolución sea parte de la inversión para la adecuación de redes y sistemas que le corresponde asumir de forma directa a las empresas de telecomunicaciones que ofrezcan esos tipos de servicios, sin traspasar de modo exclusivo esos gastos de inversión a los usuarios que hayan optado por los servicios de portabilidad numérica.

CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, vía Secretaría, al Procurador General de la República, al Señor José del Carmen Cubilette Aramboles, y al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), y todas y cada una de las empresas telefónicas que operan en el país, para los fines que correspondan.

QUINTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11; Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0161/13, del 12 de septiembre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0161-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.