Sentencia TC/0178/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de abril de 2017 · Expediente TC-04-2014-0314
recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Leandro Duarte Nina y María Genao contra la Resolución núm. 4122-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
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Temas: Debida motivación
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0178/17?
El Tribunal consideró admisible la revisión porque la resolución que declaró inadmisible la casación adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada después del 26 de enero de 2010, no era susceptible de otros recursos en el Poder Judicial y la vulneración alegada podía atribuirse a la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. La especial trascendencia constitucional del caso radicó en que permitía precisar el alcance del derecho a una decisión motivada como garantía del debido proceso. (TC/0178/17, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 7) (TC/0178/17, numeral 10, 10.4–10.5, pág. 7) (TC/0178/17, numeral 10, 10.9, pág. 9)
Para declarar inadmisible un recurso de casación no basta con citar las normas aplicables y afirmar genéricamente que la corte de apelación actuó conforme a derecho. El deber de motivación, reforzado en materia penal, exige explicar de manera clara y concreta cómo se aplican al caso las causales del artículo 426 del Código Procesal Penal. Esa explicación permite conocer el fundamento de la decisión y controlarla mediante los recursos previstos por la ley. La Segunda Sala no explicó por qué los vicios denunciados no se verificaban, lo que impidió al Tribunal Constitucional determinar si había realizado una valoración objetiva de los elementos sometidos a examen. (TC/0178/17, numeral 11, 11.5–11.7, pág. 11) (TC/0178/17, numeral 11, 11.8–11.10, pág. 12) (TC/0178/17, numeral 11, 11.12–11.14, pág. 14)
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge el recurso de revisión constitucional, anula la Resolución núm. 4122-2013 y ordena remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia para los fines del artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia.
Citas textuales clave
“la misma no realiza una deducción lógica de la aplicación del artículo 426 del Código Procesal Penal al caso concreto” (TC/0178/17, numeral 11, 11.5–11.7, pág. 11).
“la motivación de una sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada” (TC/0178/17, numeral 11, 11.5–11.7, pág. 11).
“La Segunda Sala, al no presentar consideraciones concretas que expliquen la razón de su dictamen, no permite que este tribunal pueda determinar si ese órgano ha realizado una valoración objetiva de los elementos sujetos a examen” (TC/0178/17, numeral 11, 11.12–11.14, pág. 14).
Normas interpretadas
Constitución: artículo 277.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (numerales 2 y 3), 54.10 y 100.
Código Procesal Penal: artículos 24, 425 y 426.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0009/2013 (también identificada como TC/0009/13), TC/0077/14, T-302/08 y C-590/05 (estas dos últimas de la Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos que figuran en el expediente, así como a los argumentos y hechos invocados por las partes, el conflicto se origina con motivo de una querella interpuesta por los señores Leandro Duarte Nina Fortuna y María Genao, contra las señoras Llesenia Margarita Reyes Ramírez y Johanna Soler, por robo agravado, derivándose de ella el proceso penal que culminó con la Sentencia núm. 159/2012, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito de Judicial de Santo Domingo el veintiséis (26) de abril de dos mil doce (2012), que absolvió a las procesadas Llesenia Margarita Reyes Ramírez y Johanna Soler de los hechos que se le imputaban y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra. Esa sentencia fue recurrida por los señores Leandro Duarte Nina Fortuna y María Genao ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuya solución a la cuestión planteada fue resuelta mediante la Sentencia núm. 218-2013, del trece (13) de mayo de dos mil trece (2013), que determinó el rechazo del recurso de apelación y la confirmación en todas sus partes de la sentencia apelada. En razón de ello, el hoy recurrente interpuso un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que fue declarado inadmisible mediante la Resolución núm. 4122- 2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y cuya revisión solicita en esta sede constitucional.
10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional
10.1 Conforme lo dispone el artículo 277 de la Constitución, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional procede contra decisiones que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad al veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), fecha de entrada en vigencia de la Constitución.
10.2 Se trata de una decisión que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada al haber sido declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por Leandro Duarte Nina Fortuna y María Genao, mediante la Resolución núm. 4122-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).
10.3 Por su parte, el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, faculta al Tribunal Constitucional a revisar las decisiones jurisdiccionales cuando las mismas hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que se corresponda con alguno de los casos siguientes: 1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional; 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
10.4 El recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto se fundamenta en las disposiciones del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11; es decir, el caso en el que “se haya producido una violación de un derecho fundamental”. Por lo que su admisibilidad, conforme lo establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de “todos y cada uno de los siguientes requisitos”: 1. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma. 2. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. 3. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
10.5 En la especie se cumplen los requisitos indicados en el párrafo anterior, ya que la violación al derecho a recurrir puede ser, eventualmente, imputable al tribunal que dictó la sentencia ahora recurrida, por lo que ha sido invocada la alegada vulneración en el presente recurso de revisión constitucional. Por último, la sentencia objeto del recurso de revisión que nos ocupa no es susceptible de recursos en el ámbito del Poder Judicial, ya que fue dictada por una de las salas de la Suprema Corte de Justicia y mediante ella se rechazó el referido recurso de casación.
10.6 En efecto, la parte recurrente sostiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia viola el precedente del Tribunal Constitucional contenido en la Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), que dispone el deber que tienen los jueces de motivar sus decisiones, cumpliéndose de esta manera con el segundo de los supuestos previstos en el citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
10.7 Conforme al artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional, “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”.
10.8 La referida noción de naturaleza abierta e indeterminada fue definida por este tribunal (Sentencia TC/0007/12, del veintidós [22] de marzo de dos mil doce [2012]), estableciéndose que la mencionada condición de admisibilidad solo se encuentra configurada, entre otros supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
10.9 El Tribunal Constitucional estima que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y se debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional consiste en que el tratamiento y solución del conflicto expuesto permitirá a este tribunal pronunciarse acerca de los alcances del debido proceso y, de manera particular, en lo concerniente al alcance del derecho a una decisión motivada en los procesos jurisdiccionales como garantía constitucional del debido proceso.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional A los fines de examinar el fondo del recurso, este tribunal expone las consideraciones siguientes:
11.1. Para justificar la revisión de la decisión atacada, el recurrente sostiene que la resolución dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia viola un precedente del Tribunal Constitucional que ha producido la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, puesta de manifiesto en la falta de motivación de la decisión impugnada.
11.2. Mediante la Resolución núm. 4122-2013, del veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que Atendido, que los medios planteados por los recurrentes Leandro Duarte Mena y María Genao, no justifican la admisibilidad del presente recurso de casación, toda vez que la Corte a-qua analizó adecuadamente su recurso de apelación, contrario a lo expuesto por estos como fundamento del mismo a través de su defensa técnica, sin incurrir en las violaciones denunciadas, por lo que, al rechazar su recurso de apelación y confirmar la decisión de primer grado, actuó conforme a la ley, en virtud de lo cual procede, al no verificarse los vicios aducidos por el recurrente declarar la inadmisibilidad del recurso analizado, por no estar comprendidos dentro de las causales establecidas en el artículo 426 del Código Procesal Penal.
11.3. Este argumento lo sostiene el alto tribunal con referencia a la aplicación de los artículos 425 y 426 del Código Procesal Penal, relativos al recurso de casación y a los aspectos que deben ser analizados para determinar la admisibilidad del mismo. En ese sentido, ha puntualizado que (…) según el artículo 425 del Código Procesal Penal el recurso de casación solo puede interponerse contra las sentencias dictadas por las Cámaras o Salas Penales de las Cortes de Apelación, cuando las mismas sean confirmatorias o revocatorias de otra sentencia anterior dictada por un juez o tribunal de primer grado, o las decisiones que ponen fin al procedimiento, o las que denieguen la extinción o suspensión de la pena.
11.4. Cabe precisar conforme lo prescribe el citado artículo 426 del Código Procesal Penal, para que sea admisible un recurso de casación debe verificarse una inobservancia o errónea aplicación de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos: 1) Cuando en la sentencia de condena se impone una pena privativa de libertad mayor a diez años. 2) Cuando la sentencia de la corte de apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia. 3) Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. 4) Cuando están presentes los motivos del recurso de revisión.
11.5. Al examinar los motivos del recurso de revisión, este tribunal pudo constatar que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al revisar la sentencia emanada de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, establece que el derecho fue correctamente aplicado, la misma no realiza una deducción lógica de la aplicación del artículo 426 del Código Procesal Penal al caso concreto, por lo que no se puede establecer con certeza cuáles fueron los motivos que llevaron a ese órgano a determinar la inexistencia de algún vicio en la sentencia que decide la apelación y a declarar la inadmisibilidad del recurso.
11.6. En ese sentido, el artículo 24 del Código Procesal Penal ha previsto la obligación a cargo de los jueces de motivar sus decisiones de manera clara y precisa, por lo que la enunciación de las pretensiones de las partes, la exposición de las normativas aplicables al caso sometido a su consideración y la presentación de las incidencias procesales debatidas en las decisiones que anteceden no constituyen motivos suficientes para declarar inadmisible el recurso de casación, sobre todo si para ello fue empleada la fórmula genérica de que el recurso de apelación fue contestado por la Corte de Apelación conforme al buen derecho, sin precisar exactamente los fundamentos en los que sostiene ese argumento.
11.7. En este contexto, resulta oportuno indicar que la motivación de una sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del derecho al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación que se plasma; y por otro lado, que permita un control mediante el ejercicio de los recursos dispuestos por ley. 1
11.8. Ese control se ejerce en la medida en que las decisiones jurisdiccionales estén provistas de motivos lógicos, razonables, no arbitrarios, y conforme con el principio pro actione o principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial, 2 de manera que los jueces o tribunales que tienen entre sus funciones revisar las sentencias o resoluciones emanadas de jurisdicciones de un grado inferior, puedan determinar la admisión o rechazo de los recursos que les sean sometidos a su escrutinio, examinando los argumentos en que las mismas se fundamentan.
11.9. Al respecto, mal podría entenderse que las garantías mínimas del debido proceso y de la tutela judicial efectiva han sido preservadas en decisiones que carecen de motivos o argumentos suficientes, y de las cuales no se puede inferir la 1 Blanco, Aurelio. “La tutela judicial efectiva en el ámbito penal”, en Casas, María et al., Fundación Wolters Kluwer, ed. Comentarios a la Constitución Española. España. 2008. Pág. 615. 2 Ibíd. Pág. 616. existencia de un ejercicio ponderado de aplicación de las normas al caso objeto de solución.
11.10. Este tribunal se ha pronunciado sobre la importancia de que las decisiones estén debidamente motivadas, como garantía de salvaguarda del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, la Sentencia TC/0009/2013, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013) ha dispuesto lo siguiente
a) que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas; precedente reiterado en la Sentencia TC/0077/14, del primero (1) de mayo de dos mil catorce (2014).
11.11. En torno a ello, la Corte Constitucional de Colombia ha expuesto en su sentencia T-302/08, del tres (3) de abril de dos mil ocho (2008), que en un estado democrático de derecho, en tanto garantía ciudadana, la obligación de sustentar y motivar de las (sic) decisiones judiciales, resulta vital en el ejercicio de la función jurisdiccional. La necesidad de justificar las decisiones judiciales, salvo aquellas en las cuales expresamente la ley ha prescindido de este deber, garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del juez la que defina el conflicto jurídico. En este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, puede ser vista como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia.
11.12. Por ello, la motivación de las sentencias o resoluciones concierne a todos los jueces en las distintas materias, más aun en materia penal donde la afectación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, es una consecuencia directa de la aplicación de las normas vinculadas a los hechos que se sancionan, razón por la que debe ser reforzada a los fines de evitar arbitrariedad en el proceso de interpretación de las mismas, incluso aquéllas de carácter procesal.
11.13. La falta de motivación, según lo ha establecido la Corte Constitucional de Colombia mediante la Sentencia C-590/05, del ocho (8) de junio de dos mil cinco (2005), es una causal de procedencia de acción de tutela contra sentencias, pues dicha causal se configura con “el incumplimiento de los servidores judiciales de sus decisiones de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.”
11.14. La Segunda Sala, al no presentar consideraciones concretas que expliquen la razón de su dictamen, no permite que este tribunal pueda determinar si ese órgano ha realizado una valoración objetiva de los elementos sujetos a examen, por lo que procede acoger el recurso, anular la resolución recurrida y devolver el expediente a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, con el fin previsto en el artículo
54.10 de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Wilson S. Gómez Ramírez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por los señores Leandro Duarte Nina y María Genao contra la Resolución núm. 4122-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013)
SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, y en consecuencia, ANULAR la Resolución núm. 4122-2013.
TERCERO: ORDENAR el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señores Leandro Duarte Nina y María Genao, y a la parte recurrida, señoras Llesenia Margarita Reyes Ramírez y Jhoanna Soler Reyes, y al procurador general de la República.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0178/17, del 7 de abril de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0178-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.