Sentencia TC/0183/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de agosto de 2014 · Expediente TC-05-2013-0117
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia núm. 76-2013, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0183/14?
El recurso reviste especial trascendencia constitucional porque permite precisar el alcance de los principios de legalidad y non bis in ídem. Aunque la competencia para conocer del amparo correspondía a la jurisdicción contencioso-administrativa y no al juez penal, el Tribunal conoció el fondo para garantizar una tutela efectiva mediante un procedimiento preferente, sumario y no sujeto a formalidades. No hubo vulneración de la cosa juzgada ni del non bis in ídem, porque la primera sentencia se limitó a levantar acta de incomparecencia, atribuible a un error del propio juzgado, sin examinar los hechos ni los fundamentos jurídicos. Tampoco se vulneró el derecho de defensa del Ministerio, pues la falta de notificación de los documentos no le causó perjuicio: ya disponía de ellos (TC/0183/14, numeral 9, c, pág. 14; TC/0183/14, numeral 10, 10.2, pág. 14; TC/0183/14, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 16; TC/0183/14, numeral 10, 10.7, pág. 16; TC/0183/14, numeral 10, 10.8–10.9, pág. 17; TC/0183/14, numeral 10, 10.10–10.12, pág. 18).
El principio de legalidad sujeta tanto las actuaciones administrativas como las decisiones judiciales a la ley. El artículo 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas inhabilita para obtener licencia de armas a quienes hayan sido condenados por tráfico de drogas mediante sentencia firme, incluso en el extranjero. A la luz de esa prohibición, de los requisitos legales para la tenencia de armas y de la facultad del Ministerio para revocar las licencias, el Tribunal concluyó que la condena acreditada mediante el Reporte de Ficha de Repatriado impedía conceder la licencia al accionante. Por ello, la sentencia de amparo vulneró el principio de legalidad del artículo 40.15 de la Constitución (TC/0183/14, numeral 10, 10.13–10.14, pág. 19; TC/0183/14, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 20; TC/0183/14, numeral 10, 10.18, pág. 21; TC/0183/14, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 21; TC/0183/14, numeral 10, 10.21, pág. 22; TC/0183/14, numeral 10, 10.22, pág. 23).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión del Ministerio de Interior y Policía; en consecuencia, revoca la Sentencia núm. 76-2013 y rechaza la acción de amparo de Fausto Candelario Ortiz. Ordena comunicar la sentencia a las partes y a la Procuraduría General de la República Dominicana, y declara el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“El principio non bis in ídem, tanto en su vertiente penal como administrativa, veda la imposición de doble sanción en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hechos y fundamentos jurídicos.” (TC/0183/14, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 16)
“De conformidad con este principio, las actuaciones de la Administración y las resoluciones judiciales quedan subordinadas a los mandatos de la ley.” (TC/0183/14, numeral 10, 10.13–10.14, pág. 19)
“De acuerdo con este artículo, las personas condenadas por tráfico de drogas mediante sentencia firme quedan inhabilitadas para obtener licencia de tenencia o posesión de armas de fuego.” (TC/0183/14, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 20)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 40.15, 69.4, 69.5, 72 (in fine) y 138.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 81 y 100.
Ley núm. 1494: competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas: artículo 81.
Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de Fuego: artículos 15 y 27.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente, a los hechos y alegatos de las partes, el litigio se origina a raíz de que al señor Fausto Candelario Ortiz le fueron incautadas dos armas de fuego y retiradas sus licencias de porte y tenencia de las mismas por el Ministerio de Interior y Policía, con motivo de haber cumplido una condena por tráfico de drogas en los Estados Unidos de América. Frente a la negativa del Ministerio de Interior y Policía de conceder nuevamente dichas licencias al señor Fausto Candelario Ortiz, éste interpuso una acción de amparo que resolvió ordenar la devolución de las armaa y las licencias y que condenó a dicho ministerio al pago de cinco mil pesos (RD$5,000.00) diarios en concepto de astreinte. Dicha decisión es la que se impugna a través del presente recurso de revisión constitucional interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo
9.1. Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11.
a. El indicado artículo establece: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. Sobre el contenido que encierra el concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal ha señalado en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), que reúnen esta condición aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el examen de este recurso permitirá al Tribunal seguir precisando el contenido de los principios de legalidad y non bis in ídem y la vinculación de los jueces a actuar de conformidad con los mismos.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo
10.1. Tal como ha sido apuntado, este litigio surge a raíz del retiro y denegación de concesión de licencia de porte y tenencia de armas al señor Fausto Candelario Ortiz debido a que el mismo había cumplido pena de cinco años de prisión en los Estados Unidos de Norteamérica por tráfico de drogas. En este sentido, el objeto de este recurso es revisar la Sentencia núm. 76-2013, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), mediante la cual se acoge la acción de amparo incoada por el señor Fausto Candelario Ortiz, tras la sentencia recurrida considerar que el accionante ha “demostrado la inexistencia de proceso penal a su cargo”, que “fuere la razón alegada por el Ministerio de Interior y Policía para rechazar la renovación de la licencia de armas del impetrante”.
10.2. En relación con los aspectos anotados en el epígrafe anterior y antes de pasar a analizar los argumentos de las partes en este caso, este tribunal entiende necesario precisar que, en vista de los elementos que configuran el expediente, la competencia legal para conocerlo correspondía al juez de lo contencioso-administrativo y no al juez penal. En efecto, téngase en cuenta que la acción de amparo se incoó contra un ministerio del Estado, que es un ente de la Administración Pública, por presunto incumplimiento de las funciones que son propias de su competencia (la concesión de licencias de porte y tenencia de armas). Por tanto, de conformidad con la Ley núm. 1494, que instituye la jurisdicción contencioso-administrativa, los conflictos que se susciten entre particulares y la administración por cuestiones relativas a su ámbito de competencia, deben ser ventilados en la jurisdicción contencioso- administrativa. En este sentido, aunque procedería la revocación de la sentencia de amparo y la declinatoria del caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, este tribunal, con la finalidad de garantizar una tutela efectiva de los derechos envueltos en el amparo, entre ellos, el derecho a un procedimiento preferente, sumario y no sujeto a formalidades, procede a conocer el fondo del caso.
10.3. En este orden, iniciaremos el examen de los derechos fundamentales que la parte recurrente alega que dicha sentencia le vulnera, atendiendo al mismo orden en el que fueron planteados en su escrito de recurso, esto es: 1) Los principios de cosa juzgada y de non bis in ídem; 2) El derecho de defensa contenido en el artículo 69.4 de la Constitución dominicana; 3) El artículo 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas y los artículos 15 y 27 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas. A. Sobre la presunta vulneración del principio de cosa juzgada y del principio non bis in ídem
10.4. En relación con el principio de cosa juzgada, la parte recurrente alega que la acción de amparo incoada por el señor Fausto Candelario Ortiz devenía inadmisible en la medida en que el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) el juez de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se había pronunciado en un caso en el que coincidían los mismos sujetos, hechos y fundamentos jurídicos. En este sentido, de acuerdo con la parte recurrente, al dictarse la sentencia recurrida se incurre en vulneración de los principios de cosa juzgada y non bis in ídem, ambos derivados del artículo 69.5 de la Constitución dominicana que establece que “ninguna persona puede ser juzgada dos veces por una misma causa”.
10.5. El principio non bis in ídem, tanto en su vertiente penal como administrativa, veda la imposición de doble sanción en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hechos y fundamentos jurídicos. Con respecto al tercer elemento constitutivo de este principio (fundamentos jurídicos) es necesario precisar que el mismo no suele reconducirse a la naturaleza de la sanción sino a la semejanza entre los bienes jurídicos protegidos por las distintas normas sancionadoras o entre los intereses tutelados por ellas, de manera que no procederá la doble punición cuando los bienes protegidos o intereses tutelados por ellas sean los mismos aunque las normas jurídicas vulneradas sean distintas.
10.6. Por su parte, el principio de cosa juzgada es consecuencia procesal del principio non bis in ídem en la medida en que, una vez dictada una sentencia la misma adquiere la autoridad de la cosa juzgada, garantía que solo podrá verse afectada en los casos en que dicha sentencia pueda ser objeto de recurso. De manera que se trata de dos principios complementarios que pretenden salvaguardar a los particulares del exceso del ius puniendi del Estado.
10.7. En relación con la vinculación de estos principios en el presente caso, es necesario indicar que en la Sentencia núm. 71-2013 del dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013), el Tribunal no conoce del objeto del amparo, ni mucho menos pasa a hacer una valoración de las pruebas del caso. En su lugar, el Tribunal procede a librar acta de incomparecencia del señor Fausto Candelario Ortiz, quien no se presentó a la audiencia a la hora en que tuvo lugar debido al error en que incurrió la juez suplente, quien, mediante el Auto núm. 159-2013, había fijado audiencia para las diez (10) horas de la mañana mientras que la misma tuvo lugar a las nueve (9) horas de la mañana, es decir, una hora antes a la prevista en el auto señalado. En vista de que cuando el accionante acude a la audiencia la misma ya había finalizado, el accionante interpuso nueva acción de amparo, la cual se decidió a través de la Sentencia núm. 76-2013 del veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013), actualmente recurrida. Por su parte, la celebración de la audiencia del veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013) transcurrió de acuerdo con las formalidades previstas en el artículo 81 de la Ley núm. 137-11, de manera que se conocieron el objeto del amparo, las pretensiones de las partes y el examen de las pruebas, preservándose siempre el carácter contradictorio de las mismas.
10.8. En vista de estas cuestiones, este tribunal determina que no ha tenido lugar la vulneración invocada por la parte recurrente, en la medida en que en las acciones previamente apuntadas, por las razones expuestas, no se cumplen los requisitos del principio non bis in idem en la medida en que en la Sentencia núm. 71-2013 no fueron valorados los hechos ni los fundamentos jurídicos invocados por las partes en sus respectivos escritos. Téngase en cuenta que nos encontramos ante un proceso de amparo, en el que su misión de proteger de forma efectiva y rápida los derechos fundamentales que pudieran estarse vulnerando se antepone a cualquier formalidad, máxime en aquellos casos en que los retardos en la impartición de justicia obedecen a errores del propio tribunal. En efecto, frente al error en que incurre el propio tribunal resulta totalmente razonable que, a petición de la parte accionante, procediera a convocarle nueva vez para conocer el fondo de la acción, ya que el accionante no podía en ningún modo resultar afectado en el ejercicio de su derecho de defensa por una falta solo atribuible al tribunal de amparo. B. Sobre la presunta violación al derecho de defensa contenido en el artículo 69.4 de la Constitución dominicana
10.9. En relación con este punto, en su escrito de defensa el Ministerio de Interior y Policía señala que le fue vulnerado el derecho de defensa en la medida en que no se le dio a conocer los documentos de la nueva acción de amparo.
10.10. El derecho de defensa contenido en el artículo 69.4 de la Constitución se configura en términos de que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene “el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respecto al derecho de defensa”, se extiende al conjunto de facultades defensivas que se garantizan en los procesos sancionatorios, como son la facultad de realizar alegaciones, proponer las pruebas de cargo y descargo, interponer recursos, verificar el adecuado desarrollo del procedimiento y, en los casos en que resulte procedente, recurrir la decisión del tribunal que pone fin al procedimiento.
10.11. En la especie, este tribunal determina que no ha existido tal vulneración en la medida en que la falta de notificación de los documentos constitutivos de la prueba no ha causado ningún perjuicio al Ministerio de Interior y Policía, quien ya disponía de estos documentos. En este sentido, en la ponderación de los derechos que en ese momento estaban en conflicto (por un lado, el derecho a la defensa invocado por el Ministerio de Interior y Policía y, por otro lado, el derecho a una justicia sin dilaciones del señor Fausto Candelario Ortiz), el juez de amparo decidió que, dadas las circunstancias indicadas, procedía conocer del amparo en ese momento.
10.12. Por los motivos expuestos, este tribunal valora como conforme a derecho la decisión adoptada por el juez de amparo y, por tanto, determina que la sentencia recurrida no vulnera el derecho de defensa de la parte recurrente. C. Sobre la presunta violación del artículo 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Contraladas y los artículos 15 y 27 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas
10.13. En su escrito, el Ministerio de Interior y Policía señala que la sentencia recurrida vulnera el principio de legalidad en la medida en que es contraria a los artículos 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas y 15 y 27 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas. La parte recurrente señala que el señor Fausto Candelario Ortiz no cumple con los requisitos legalmente previstos para la concesión de licencia de porte y tenencia de armas, debido a que es convicto por delito en materia de drogas. Para sostener su argumentación, la parte recurrente aporta al proceso el reporte de ficha de repatriado del señor Fausto Candelario Ortiz, que acredita que el recurrido fue condenado en los Estados Unidos de América a cumplir cinco años de prisión por tráfico de drogas.
10.14. En este orden, el principio de legalidad se configura como un mandato a todos los ciudadanos y a los órganos del Estado que se encuentran bajo su jurisdicción para el cumplimiento de la totalidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico dominicano. De conformidad con este principio, las actuaciones de la Administración y las resoluciones judiciales quedan subordinadas a los mandatos de la ley. Este principio se configura en el artículo 40.15 de la Constitución, en términos de que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica y, en concreto, para toda la Administración Pública, el artículo 138 de la Constitución prevé que la misma debe actuar con “sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”.
10.15. Una vez indicado el contenido y alcance del principio de legalidad en nuestro ordenamiento jurídico, analizaremos los artículos invocados por la parte recurrente para determinar si la sentencia recurrida es conforme o no con el principio de legalidad previsto en nuestra Constitución como derecho constitucional.
10.16. En este sentido, uno de los artículos que el Ministerio de Interior y Policía señala que han sido vulnerados es el artículo 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, que textualmente establece lo siguiente: Ninguna persona convicta por violación a esta Ley, así como de cualquier país extranjero, o que haya sido declarada adicta a las drogas, podrá obtener licencia de las autoridades competentes, para la tenencia, o por posesión de armas de fuego, a partir de la sentencia definitiva e irrevocable o a partir de la declaración de adición. Los funcionarios o empleados públicos a cargo de expedir dichas licencias, estarán impedidos de extenderlas cuando concurra alguna de las circunstancias ya señaladas en el solicitante. Cualquiera de tales licencias que hubiese sido expedida con anterioridad a la sentencia o declaración de adición, será inmediatamente cancelada por las autoridades competentes.
10.17. De acuerdo con este artículo, las personas condenadas por tráfico de drogas mediante sentencia firme quedan inhabilitadas para obtener licencia de tenencia o posesión de armas de fuego. Es así que, de acuerdo con esta previsión legal, el señor Fausto Candelario Ortiz no cumple con los requisitos legalmente establecidos para disponer de la licencia de porte y tenencia de armas de fuego.
10.18. Sobre la motivación de la prohibición que establece el artículo 81 de la Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas, este tribunal ha declarado lo siguiente en su Sentencia TC/0237/13 del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013): En el espíritu de la anterior disposición legal está comprendida la preocupación de los diferentes Estados cuyos representantes han arribado a la conclusión de que el narcotráfico está comprendido entre las manifestaciones más severas de la delincuencia organizada transnacional y que su virulencia es tal que constituye una serie amenaza para los países y sus instituciones. De ahí que en la referida ley nacional se tome en consideración no solo su propia violación, sino la de cualquier otro país que atienda a esta misma naturaleza. En ese sentido, conviene precisar que es una facultad propia del Ministerio de Interior y Policía garantizar y proteger la seguridad ciudadana, por lo que es una cuestión inherente a su responsabilidad el establecimiento de mecanismos de investigación y control con relación al porte y tenencia de las armas de fuego, de manera que coadyuven a reducir los hechos violentos y contribuyan a resguardar el orden público y la paz social.
10.19. En este mismo orden, la parte recurrente invoca que la sentencia recurrida infringe los artículos 15 y 27 de la Ley sobre Porte y Tenencia de Armas, que textualmente establecen lo siguiente: Artículo 15: Toda persona podrá poseer un arma de fuego para la defensa personal y de sus intereses, siempre que llene los requisitos legales, y que a juicio del Ministro de lo Interior y Policía justifique la necesidad de su tenencia. Artículo 27: Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía. Párrafo.- Al revocarse o cancelarse una licencia, o al expirar el plazo que la presente Ley concede para su revocación, todas las armas y municiones en poder del poseedor de la licencia se depositaran en un Arsenal del Estado, o en un local que esté bajo la custodia del Ejercito o de la Policía Nacional y en tales casos dichas armas y municiones pasarán a ser propiedad del Estado.
10.20. En relación con el artículo 27 de la Ley sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas de fuego, este tribunal se pronunció en la Sentencia TC/0010/12, confirmada por la Sentencia TC/0237/13, en términos de que: Dado el riesgo que supone para la sociedad la tenencia y porte de armas por particulares, el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía se ha reservado el derecho de otorgar y revocar las referidas licencias. Dicha facultad la ejerce el indicado ministerio en virtud de lo que establece el artículo 27 de la citada ley que prescribe lo siguiente: “Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía...”.
10.21. En virtud de las disposiciones legales transcritas y de los documentos aportados al expediente, especialmente, del Reporte de Ficha de Repatriado 1 1 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento núm. 122-07 del 8 de marzo de 2007, el reporte de ficha de repatriado se enmarca en lo que dicho reglamento define como forma de registro de ficha permanente, del señor Fausto Candelario Ortiz, éste no cumple con los requisitos legalmente establecidos para la concesión de licencia de porte y tenencia de armas. De manera tal que cualquier resolución que autorice su concesión devendría notoriamente contraria al principio de legalidad que se deriva del artículo 40.15 de la Constitución.
10.22. En definitiva, como resultado del examen de la sentencia recurrida, este tribunal determina que la misma vulnera el principio de legalidad previsto en el artículo 40.15 de la Constitución dominicana, mientras que no advierte vulneración de los demás derechos invocados por la parte recurrente. En este sentido, este tribunal acoge el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía y, en consecuencia, decide revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo incoada por el señor Fausto Candelario Ortiz el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David y Rafael Díaz Filpo, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional definida en el párrafo III del Artículo 5 como la que se realiza respecto de una persona que ha sido condenada por sentencia definitiva e irrevocable por los tribunales penales nacionales y de aquellas condenadas en el extranjero que hayan sido condenadas en el extranjero que hayan sido deportados o de que se recibiere información oficial en ese sentido. Con respecto a quienes pueden tener acceso a este tipo de registro el párrafo del artículo 12 establece que el Registro o Ficha Judicial Permanente es de libre acceso al público, excepto lo que en situaciones especiales disponga la ley, y se deben emitir las certificaciones a solicitud de parte interesada o de cualquier persona que así lo solicite.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia núm. 76-2013, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintinueve (29) de mayo de dos mil trece (2013).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia descrita en el ordinal anterior.
TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo incoada por el señor Fausto Candelario Ortiz el dieciséis (16) de mayo de dos mil trece (2013) ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta Sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Interior y Policía, a la parte recurrida, constituida por el señor Fausto Candelario Ortiz, y a la Procuraduría General de la República Dominicana.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0183/14, del 14 de agosto de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0183-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.