Sentencia TC/0186/13

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 11 de octubre de 2013 · Expediente TC-05-2011-0012

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Ministerio de Interior y Policía, contra la Resolución núm. 00015/2012, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil uno (2011), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte, con relación a Pablo Almonte Hilario.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0186/13?

El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite precisar las condiciones en que el Ministerio de Interior y Policía puede revocar licencias de porte y tenencia de armas de fuego y cómo debe observar el debido proceso al hacerlo. El artículo 13 de la Ley núm. 1486 no impide actuar directamente contra el Ministerio: sus exigencias ocasionan demoras innecesarias y, conforme al principio de informalidad, la notificación en las oficinas de la autoridad es válida (TC/0186/13, numeral 9, 9.1.5–9.1.8, pág. 10; TC/0186/13, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 11; TC/0186/13, numeral 10, 10.4–10.6, pág. 11).

Aunque el derecho de propiedad sobre un arma de fuego está sujeto a restricciones y el Ministerio puede revocar la licencia o denegar su renovación, debe respetar el debido proceso e informar al ciudadano de las razones de la decisión. El artículo 27 de la Ley núm. 36 debe interpretarse en el sentido de que la revocación exige motivos razonables y por escrito. En este caso, no se abrió expediente ni se formularon cargos, y el Tribunal consideró arbitrarias la retención del arma y la falta de renovación de las licencias sin observar el debido proceso administrativo. La astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización, por lo que su liquidación no debe favorecer al agraviado (TC/0186/13, numeral 10, 10.4–10.6, pág. 11; TC/0186/13, numeral 10, 10.7–10.9, pág. 12; TC/0186/13, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 13; TC/0186/13, numeral 10, 10.12–10.14, pág. 14; TC/0186/13, numeral 10, 10.15–10.19, pág. 15).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma parcialmente la Resolución núm. 00015/2011. Otorga al Ministerio veinte días hábiles desde la notificación para cumplir la sentencia, fija una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retraso, liquidable a favor del Patronato Nacional Penitenciario una vez vencido el plazo, declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia.

Citas textuales clave

“el Ministerio de Interior y Policía debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego.” (TC/0186/13, numeral 10, 10.12–10.14, pág. 14)
“en caso de no autorizar su renovación o revocar la licencia otorgada, debe observar el debido proceso de ley y es menester informar al ciudadano las razones o motivos que fundamentan la decisión.” (TC/0186/13, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 13)
“la naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado.” (TC/0186/13, numeral 10, 10.15–10.19, pág. 15)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 51, 69.10, 72 (parte final) y 138.

Ley núm. 137-11: artículos 7, 66, 94, 96 y 100.

Ley núm. 1486: artículo 13.

Ley núm. 36: artículos 16 y 27.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/007/12, TC/0071/13, TC/0010/12 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

7.1. Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, en el caso que nos ocupa, Pablo Almonte Hilario alega la conculcación del derecho de propiedad, a la integridad y a la seguridad personal, en razón de que el Ministerio de Interior y Policía le revocó su licencia de porte y tenencia de arma de fuego, motivo por el cual, en fecha veinte (20) de septiembre de dos mil diez (2010), interpuso acción de amparo ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte. Dicha acción fue acogida y se dictó la resolución núm. 015/2011, en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).

7.2. La indicada decisión fue notificada al Ministerio de Interior y Policía en fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil once (2011), a través del Acto núm. 698/9/2011, instrumentado por Juan Rosa García, alguacil del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. La referida cartera oficial, no conforme con esta decisión de amparo, incoó el presente recurso de revisión en fecha veintiséis (26) de septiembre de dos mil once (2011).

TC/0186/13, numeral 7, 7.1–7.2, pág. 8 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

9.1. El presente recurso de revisión es admisible por las siguientes razones:

9.1.1. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y tercería.

9.1.2. El presente recurso satisface las exigencias establecidas en el artículo 96 de la Ley Orgánica núm. 137-11 que expresa: el recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además, de forma clara y precisa, los agravios causados por la decisión impugnada.

9.1.3. El artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11 establece que: la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

9.1.4. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente, arribamos a la conclusión de que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional, de acuerdo con el criterio fijado al respecto por este tribunal en la sentencia núm. TC/007/12, del 22 de marzo de 2012.

TC/0186/13, numeral 9, 9.1–9.1.4, pág. 9 — PDF oficial

9.1.5. En la decisión referida en el literal anterior, el Tribunal Constitucional expresó: … tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca el mantenimiento de la supremacía constitucional.

9.1.6. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del fondo de este recurso permitirá establecer las circunstancias y condiciones en las cuales el Ministerio de Interior y Policía debe ejercer la potestad que le confiere la ley cuando se trate de revocar licencias para el porte y tenencia de armas de fuego, y el correcto empleo de las reglas que norman el debido proceso, cuestión que obedece a una casuística y que, en consecuencia, cada especie acusa determinadas particularidades.

9.1.7. En el presente caso, al recurrido le fue incautada el arma de fuego sin que tal incautación obedeciera a un sometimiento judicial en el que dicha arma figurara como cuerpo de delito, y sin que la autoridad correspondiente ofreciera los motivos que descarten un proceder abiertamente arbitrario.

9.1.8. Por tales, razones dicho recurso deviene admisible, y por tanto, el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo.

TC/0186/13, numeral 9, 9.1.5–9.1.8, pág. 10 — PDF oficial

10. Sobre el presente recurso de revisión

10.1. El Ministerio de Interior y Policía, en su escrito mediante el cual recurre en revisión, aduce que la parte recurrida no podía actuar directamente en contra suya, sino que tenía que hacerlo a través de las entidades señaladas en el artículo 13 de la Ley núm. 1486, publicada en la Gaceta Oficial núm. 5148, de fecha veintiocho (28) de marzo de mil novecientos treinta y ocho (1938). Tal planteamiento fue rechazado por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte.

10.2. Con relación a este aspecto jurídico, el Tribunal Constitucional fijó su criterio en la sentencia núm. TC/0071/13, de fecha 7 de mayo de 2013, en la cual expresa: el artículo 13 de la Ley núm. 1486 de mil novecientos treinta y ocho (1938), relativa a la Representación del Estado en los Actos Jurídicos y para la Defensa en Justicia de sus intereses, resulta inaplicable, por imponer rigores y exigencias que tan solo entrañan demoras innecesarias.

10.3. La referida sentencia agrega: este tribunal considera que, actualmente, de acuerdo con la esencia misma del Estado social y democrático de derecho que acoge nuestra Constitución, los ministros de Estado tienen la responsabilidad de organizar, administrar, despachar y responder con el mayor sentido de oportunidad todo lo que concierne a los asuntos y actos atinentes a sus carteras, atendiendo primordialmente a los elevados intereses generales de la nación y al más depurado espíritu de servicio en favor de la ciudadanía.”

TC/0186/13, numeral 10, 10.1–10.3, pág. 11 — PDF oficial

10.4. La decisión señaló, además: … un acto relacionado con procesos y procedimientos constitucionales debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, incluso cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su representante legal y ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario; cuestión que también encuentra fundamento en el principio de informalidad que figura entre las directrices rectoras del sistema de justicia constitucional, instituido por el artículo 7 de la referida Ley núm. 137-11.”

10.5. En la especie, el señor Pablo Almonte Hilario alega la violación de sus prerrogativas fundamentales como los derechos a la integridad y la seguridad personal, toda vez que ha sido privado de la licencia relativa al porte y tenencia de arma de fuego por el Ministerio de Interior y Policía, dependencia oficial que le retuvo el arma sin ninguna razón jurídica.

10.6. Para casos de esta naturaleza, el Tribunal Constitucional fijó su posición y sentó precedente con la emisión de la sentencia núm. TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) que señala: El derecho de propiedad está reconocido por el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana como un derecho patrimonial fundamental. Sin embargo, cuando dicho derecho recae sobre un arma de fuego, como ocurre en la especie, su ejercicio está condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida.

TC/0186/13, numeral 10, 10.4–10.6, pág. 11 — PDF oficial

10.7. El artículo 16 de la Ley núm. 36, de fecha diecisiete (17) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), que faculta al Ministerio de Interior y Policía para el otorgamiento de porte y tenencia de arma de fuego, indica cuáles personas no califican para ser beneficiadas con tal licencia, y al respecto señala: No pueden portar ni tener armas de fuego las siguientes personas; a) los menores de dieciocho (18) años de edad; b) las personas que hayan padecido o estén padeciendo de enajenación mental o epilepsia; c) los beodos habituales; d)las personas que han sido condenadas a penas aflictivas e infamantes o infamantes o intencionales; e) los condenados por delitos de robo, estafa, abuso de confianza, fullería y otros de igual natural; y f) las personas que estén sometidas a la acción de la justicia, mientras estén subjúdice y si se ha dictado mandamiento de prisión.

10.8. En este caso, el Ministerio de Interior y Policía ha pretendido la revocación del permiso para porte y tenencia de arma de fuego del recurrente bajo el argumento de … este presentarse a la Inspectoría, P.N., Tenares, en compañía de tres personas y protagonizar un forcejeo con el cabo …

10.9. La certificación expedida por el fiscalizador de Tenares pone de manifiesto que no se abrió ningún expediente al respecto, por tanto todos fueron liberados sin formulación de cargos. Dicha certificación agrega, con relación al arma de fuego,… la pistola del señor PABLO ALMONTE HILARIO, se le dijo en la Policía, que se la iban a enviar por la VIA, para que la entregaran en San Francisco de Macorís, cosa que no sucedido.

TC/0186/13, numeral 10, 10.7–10.9, pág. 12 — PDF oficial

10.10. Si bien es una facultad propia del Ministerio de Interior y Policía garantizar y proteger la seguridad ciudadana, por lo que es una cuestión inherente a su responsabilidad el establecimiento de mecanismos de investigación y control con relación al porte y tenencia de las armas de fuego, de manera que se reduzcan los hechos violentos, se resguarde el orden público y preserve la paz social, también corresponde a esa cartera oficial ceñir toda actuación suya a la más estricta observancia de los preceptos de la Constitución de la República y las leyes adjetivas.

10.11. Este tribunal no ignora la situación de violencia que vive en los momentos actuales nuestra sociedad y la incidencia que tienen las armas de fuego en la comisión de acciones violentas, y reconoce que el Ministerio de Interior y Policía tiene la potestad de renovar o no una licencia para el porte o tenencia de un arma de fuego; pero en caso de no autorizar su renovación o revocar la licencia otorgada, debe observar el debido proceso de ley y es menester informar al ciudadano las razones o motivos que fundamentan la decisión.

TC/0186/13, numeral 10, 10.10–10.11, pág. 13 — PDF oficial

10.12. En ese mismo orden y en atención a los términos de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de armas de fuego, de fecha dieciocho (18) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965), se ha pronunciado el Tribunal en la sentencia núm. TC/0010/12, de fecha 2 de mayo de 2012, aseverando: Dado el riesgo que supone para la sociedad la tenencia y porte de armas por particulares, el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía se ha reservado el derecho de otorgar y revocar las referidas licencias. Dicha facultad la ejerce el indicado ministerio en virtud de lo que establece el artículo 27 de la citada ley que prescribe lo siguiente: las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministerio de lo Interior y Policía ...

10.13. Ante la realidad de que la disposición legal indicada no establece las exigencias que debe cumplir el Ministerio de Interior y Policía cuando se proponga revocar una licencia de porte y tenencia de arma de fuego expedida a un ciudadano, este tribunal ha considerado que tan amplia facultad podría dar lugar que de la misma se haga un ejercicio tan discrecional que pueda generar actuaciones con inequívocos visos de arbitrariedad.

10.14. En base a la consideración anterior, este tribunal decidió, mediante la sentencia núm. TC/0010/12 del 2 de mayo de 2012 que: …para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, el mismo debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía debe dar motivos razonables y por escrito cuando revoca una licencia de porte y tenencia de arma de fuego.

TC/0186/13, numeral 10, 10.12–10.14, pág. 14 — PDF oficial

10.15. El Tribunal Constitucional dijo, además, en la referida decisión que las instituciones públicas están en la obligación de ofrecer a todo ciudadano que requiera un servicio, una pronta respuesta que puede ser positiva o negativa, y, en el caso de ser negativa, la misma debe justificarse o motivarse y, en la eventualidad de no hacerlo, no se estarían observando los principios de transparencia y eficacia consagrados en el artículo 138 de la Constitución de la República.

10.16. En efecto, el referido artículo 138 del texto supremo, en su primera parte, dice: la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado …

10.17. De lo precedentemente expuesto resulta que en el presente caso el Ministerio de Interior y Policía incurrió en una actuación arbitraria al retener el arma de fuego autorizada al recurrente y no renovarle las licencias de porte y tenencia otorgadas a su favor, cuestión que se ha hecho sin observar las normas del debido proceso, las cuales, conforme al numeral 10 del artículo 69 del Texto Sustantivo,… se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas.

10.18. El artículo 51 de la Carta Sustantiva expresa en su parte capital: el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad (…) Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

10.19. En otro orden, en lo que se refiere a la astreinte, este tribunal estableció criterio al respecto al dictar la sentencia núm. TC/0048/12, de fecha 8 de octubre de 2012, y en tal sentido expresó: … la naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado.”

TC/0186/13, numeral 10, 10.15–10.19, pág. 15 — PDF oficial

10.20. También el Tribunal Constitucional consideró en la referida sentencia la posibilidad de elevar los alcances de esta figura jurídica, estableciendo que se debía procurar que la reparación se realice directamente y tenga repercusión sobre instituciones estatales, preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los Magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Gómez Bergés e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto salvado de la Magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera Sustituta; y el voto particular de la Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0186/13, numeral 10, 10.20, pág. 16 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía, en relación con la Resolución núm. 00015/2011, de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte.

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo el referido recurso de revisión de sentencia de amparo y, en consecuencia, CONFIRMAR, en parte, la resolución núm. 00015/2011, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte en fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).

TERCERO: OTORGAR al Ministerio de Interior y Policía un plazo de veinte (20) días hábiles, a partir de la notificación de esta sentencia, para que la misma sea cumplida.

CUARTO: FIJAR una astreinte de CINCO MIL PESOS CON 00/100 (RD$5,000.00) por cada día de retardo en que incurra el Ministerio de Interior y Policía en el cumplimiento de la presente sentencia, la cual se liquidará, vencido el plazo otorgado, a favor del Patronato Nacional Penitenciario.

QUINTO: DECLARAR, el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Ministerio de Interior y Policía, y a la parte recurrida Pablo Almonte Hilario.

SÉPTIMO: ORDENAR, que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0186/13, del 11 de octubre de 2013. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0186-13. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.