Sentencia TC/0192/15

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de julio de 2015 · Expediente TC-082012-0072

Sentencia oficial (PDF)

Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.

Temas: Derecho de libre acceso a la información pública

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0192/15?

El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite examinar la falta de calidad como medio de inadmisión y definir el alcance del derecho de acceso a la información pública. El juez de amparo erró al limitarse a constatar que Virgilio Tejada Durán no acreditó su condición de miembro del Partido Demócrata Popular, sin examinar si la negativa a entregar la información solicitada vulneraba un derecho fundamental. La pertenencia al partido no era un requisito: cualquier ciudadano puede solicitar información sobre sus ingresos y egresos y sobre el manejo de los fondos públicos que le asignó la Junta Central Electoral. La denegación de esa información vulneró el derecho de acceso a la información pública (TC/0192/15, numeral 9, c, pág. 13; TC/0192/15, numeral 10, f–g, pág. 15; TC/0192/15, numeral 10, h–i, pág. 16; TC/0192/15, numeral 10, j–k, pág. 17; TC/0192/15, numeral 10, n, pág. 18).

La excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 29 de la Ley núm. 437-06 carece de objeto porque esa ley fue derogada por la Ley núm. 137-11. La astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización, por lo que su eventual liquidación debe beneficiar a la sociedad a través de una institución estatal y no a la parte agraviada (TC/0192/15, numeral 10, q–r, pág. 20; TC/0192/15, numeral 10, o–p, pág. 19).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 600 y declara inadmisible, por falta de objeto, la excepción de inconstitucionalidad. Acoge el amparo, ordena a Ramón Nelson Didiez Nadal entregar la información solicitada y fija una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de incumplimiento, a partir de la fecha de la sentencia, a favor del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.

Citas textuales clave

“el recurrente, al igual que cualquier ciudadano de a pie, tiene derecho a solicitar al Partido Demócrata Popular y al señor Didiez la referida información relativa al manejo de las cuentas, de gastos y egresos” (TC/0192/15, numeral 10, n, pág. 18).
“su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales” (TC/0192/15, numeral 10, o–p, pág. 19).
“la referida norma impugnada ha desaparecido del ordenamiento jurídico vigente desde junio de dos mil once (2011), por lo que procede ser declarada inadmisible la citada excepción de constitucionalidad, por carecer de objeto.” (TC/0192/15, numeral 10, q–r, pág. 20).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 7, 49.1, 72 (in fine), 75.12, 88 y 216.

Ley núm. 200-04: artículos 1 y 3.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66 y 100.

Ley núm. 437-06: artículo 29, impugnado mediante la excepción declarada inadmisible.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0006/12, TC/0038/12, TC/0062/13 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo Previo analizar el fondo del presente recurso, es de rigor procesal determinar si el mismo reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11.

a. El indicado artículo establece: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados;3)que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0192/15, numeral 9, a–b, pág. 12 — PDF oficial

c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional referirse, por un lado, a la cuestión de la falta de calidad del demandante como medio de inadmisión; y por otro lado, definir el alcance del derecho al libre acceso a la información pública.

TC/0192/15, numeral 9, c, pág. 13 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado minuciosamente los documentos depositados, los alegatos y argumentos de la parte recurrente, así como la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional, se fundamenta en las siguientes consideraciones:

a. Previo a referirnos al fondo del presente recurso, conviene aclarar que, aunque en el expediente no existe constancia de la notificación de la sentencia y del recurso que nos ocupa, tal irregularidad procesal carece de relevancia en la especie, conforme al precedente fijado por este tribunal constitucional, en sus Sentencias TC/0006/12 y TC/0038/12, en el sentido de que si la misma no afecta a la parte demandada, la indicada notificación se hace innecesaria.

b. Vistos y ponderados los documentos depositados en el expediente y los argumentos de la parte, los recurrentes alegan que el Pleno de la Junta Central Electoral, en abril de dos mil once (2011), le entregó al señor Ramón Nelson Didiez Nadal la suma de un millón ciento diecinueve mil novecientos noventa y tres pesos con cincuenta centavos (RD$119,993.50), correspondiente a las cuotas de enero, febrero y marzo de dos mil once (2011), asignadas al Partido Demócrata Popular (PDP), en virtud del Reglamento para Distribución de la Contribución Económica del Estado a los Partidos Políticos. Continúan alegando los recurrentes que, el diez (10) de abril del indicado año, dicho partido celebró su Décima Segunda Convención Extraordinaria, en la cual el señor Virgilio Tejada Durán resultó electo con las nuevas autoridades partidarias.

TC/0192/15, numeral 10, a–b, pág. 13 — PDF oficial

c. Que al tenor de lo dicho anteriormente, los hoy recurrentes, Partido Demócrata Popular y el señor Virgilio Tejada Durán, intiman al señor Ramón Nelson Didiez, a los fines de que haga entrega de una rendición de cuentas sobre los gastos de ingresos en que ha incurrido el partido, así como una relación detallada de la forma en que ha sido manejada la suma de dinero asignada por la Junta Central Electoral, intimación esta a la que el señor Ramón Nelson Didiez no dio respuesta.

d. De esto se desprende que los hoy recurrentes, Partido Demócrata Popular y señor Virgilio Tejada Durán, accionarán en amparo ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional e interpusieran un recurso de revisión constitucional contra la indicada sentencia, por entender que le fueron violentados sus derechos fundamentales, especialmente el derecho de acceso a la información pública, la cual fue declarada inadmisible por falta de calidad, motivo por el cual interpusieron un recurso de casación contra la sentencia dictada en amparo alegando desnaturalización de los hechos, falta de motivos y de base legal y solicitando la inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley núm. 437-06.

e. En torno a la referida sentencia de amparo, los recurrentes alegan que la misma desnaturalizó los hechos de la causa, lo cual consiste en que el juez a- quo, al tomar su decisión, admite “que la parte peticionaria simplemente ofreció aportar un acta que alegadamente daba cuenta de su calidad, pero la misma no fue debidamente aportada al proceso...”.

TC/0192/15, numeral 10, c–e, pág. 14 — PDF oficial

f. Este tribunal observa, tanto de la documentación aportada, como de la lectura minuciosa de la sentencia que se recurre, que tal y como arguyen los recurrentes en revisión, el juez de amparo ciertamente desnaturalizó los hechos al no referirse a la génesis del conflicto suscitado entre las partes, como lo es en la especie el derecho fundamental conculcado e invocado por el amparista, esto es, la vulneración al derecho fundamental, contemplado en el artículo 49.1 de la Constitución, relativo al derecho a la información. Dicha violación viene dada desde el momento mismo en que los hoy recurrentes hicieran la solicitud al señor Nelson Didiez sobre la rendición de cuentas de los gastos de ingresos y egresos en que ha incurrido el referido partido, así como una relación detallada de la forma en que ha sido manejada la suma de dinero asignada por la Junta Central Electoral al partido, por parte del señor Ramón Nelson Didiez, y que fuere denegada por el accionado hoy recurrido.

g. De esto se colige que el juez a-quo, en la decisión rendida, no protegió el derecho fundamental conculcado y alegado por los recurrentes, al no ponderar debidamente los hechos, pues ciertamente la cuestión que se plantea es que en la especie le fue denegada la citada información a los hoy recurrentes por parte del accionado hoy recurrido, señor Nelson Didiez, por lo que el juez de amparo solamente se ciñó a corroborar los alegatos del recurrido en torno a denunciar la falta de calidad del accionante como miembro del Partido Demócrata Popular y que no probó en derecho bajo esa premisa; en tal efecto, basó su decisión.

TC/0192/15, numeral 10, f–g, pág. 15 — PDF oficial

h. Por tanto, este tribunal entiende que el juez de amparo, al decidir como lo hizo, erró en su decisión, ya que estatuyó solo sobre la alegada falta de calidad del hoy recurrente, señor Virgilio Tejada Durán, como miembro del Partido Demócrata Popular, alegada por parte del accionado, hoy recurrido, cuando lo que debió valorar y ponderar era si se estaba frente a una vulneración de derechos fundamentales, los cuales fueron denunciados por el accionante. Esto conlleva a este tribunal a apreciar que el juez de amparo desvirtuó y desnaturalizó los hechos y la génesis de la acción de amparo intentada por los hoy recurrentes, ya que la sentencia de marras estatuyó solamente sobre uno de los planteamientos denunciados por la parte accionada, que en el caso de la especie lo es, la alegada falta de calidad, no así sobre el derecho fundamental vulnerado al Partido Demócrata Popular y al señor Virgilio Tejada Durán, relativo al derecho a la información prevista en el artículo 49.1 de la Constitución y en los artículos 1 y 3 de la Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, en cuanto a que establece que cualquier organismo e institución de derecho público y privado que reciban recursos provenientes del presupuesto nacional deberán tener un servicio permanente y actualizado de la información requerida respecto a sus actividades.

i. Lo que a toda luz se puede colegir es que el juez de amparo no tomó en consideración las prerrogativas presentadas en la acción de amparo, como son las del caso en cuestión.

TC/0192/15, numeral 10, h–i, pág. 16 — PDF oficial

j. El derecho a la información adquirió rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En efecto, según el artículo 49.1, “toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley…”.

k. Este tribunal entiende que en el presente caso a los recurrentes les fue vulnerado su derecho a la libertad de información, en especial a la posibilidad de acceder a información pública, como en el caso de la especie la solicitada al Partido Demócrata Popular y señor Nelson Didiez. Más allá de estos aprestos jurídicos, el artículo 216 de la Constitución en relación con los partidos políticos y su funcionamiento, establece: La Organización de Partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su Conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respecto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. De la lectura del supraindicado artículo, se aprecia que el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas y que, por tanto, los recursos que perciben son provenientes del presupuesto general de la nación.

TC/0192/15, numeral 10, j–k, pág. 17 — PDF oficial

l. Bajo esa premisa, y en el caso de la especie, ocupa la atención de este tribunal constitucional la necesidad de ponderar un derecho fundamental en conflicto y que no fue valorado por el juez a- quo y en cuya decisión se omitió referirse al respecto, a pesar de que el accionante alegara en su acción violación al derecho a la información, situación que queda evidenciada frente a la negativa de la entrega de la información solicitada respecto a la rendición de cuentas, gastos de ingresos y egresos en que ha incurrido el partido, así como una relación detallada de la forma en que ha sido manejada la suma de dinero asignada por la Junta Central Electoral al indicado partido y al señor Didiez, solicitada al hoy recurrido. A nuestro entender, tal restricción, limitación o denegación supondría despojar a un ciudadano de un derecho fundamental esencial, como es el libre acceso a la información.

m. En ese sentido, el Tribunal advierte que este derecho tiene una gran relevancia para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho instituido por el artículo 7 de nuestra Carta Sustantiva, ya que su ejercicio garantiza la transparencia y permite a la ciudadanía acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado. En efecto, artículo 75 de nuestra Constitución, relativo a los deberes fundamentales, prescribe lo siguiente: Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral, que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas los siguientes: (…) 12) Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública.

TC/0192/15, numeral 10, l–m, pág. 17 — PDF oficial

n. De los planteamientos anteriormente señalados, conlleva a este tribunal a analizar que si bien es cierto que el señor Virgilio Tejada Durán, hoy recurrente, no ostenta la calidad de miembro del Partido Demócrata Popular, tal como ponderó y decidió el juez de amparo en la sentencia de marras, y que el mismo no probó la referida calidad, ni tampoco logró incorporar al proceso la prueba que lo acredite como tal, no menos cierto es que el recurrente, al igual que cualquier ciudadano de a pie, tiene derecho a solicitar al Partido Demócrata Popular y al señor Didiez la referida información relativa al manejo de las cuentas, de gastos y egresos, es decir, a pedir cuenta de cómo y en qué se gasta el dinero del supraindicado partido, conforme lo establece la Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública. Por tanto, este tribunal considera que la decisión recurrida vulnera el derecho fundamental a los hoy recurrentes, Partido Demócrata Popular y señor Virgilio Tejada Durán.

TC/0192/15, numeral 10, n, pág. 18 — PDF oficial

o. En ese sentido, el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0062/13, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), señaló: El derecho a acceder a la información pública es una derivación del derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, en la medida en que una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad. Ciertamente, la carencia de información coloca al individuo en la imposibilidad de defender sus derechos fundamentales y de cumplir con los deberes fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los cuales el Estado dominicano es parte (artículo19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 (III), del 10 de diciembre de 1948; artículo. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1968; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 1966).

p. Los recurrentes, Partido Demócrata Popular (PDP) y señor Virgilio Tejada Durán, en la acción de amparo solicitaron que se imponga un astreinte al hoy recurrido; en ese sentido, este tribunal ha establecido en relación con el astreinte, el criterio de que se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una determinada persona, por lo que su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, la cual se indicará en el dispositivo de la presente decisión [Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012)].

TC/0192/15, numeral 10, o–p, pág. 19 — PDF oficial

q. Por último, la parte recurrente, señor Virgilio Tejada Durán y el Partido Demócrata Popular, solicitan que: “Como Tribunal de Garantía Constitucional, DECLARAR contrario a la Constitución Política de la República Dominicana, el Art.29 de la Ley No. 437/2006 que instruye el recurso de amparo”.

r. En atención al planteamiento señalado, es oportuno señalar que conforme al artículo 88 de la Constitución de la República, “los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”. En consecuencia, este tribunal constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones y garante de la supremacía constitucional, se pronunciará sobre la citada excepción promovida en ocasión del recurso que nos ocupa, contra la Ley núm. 437-06, del treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006), que instituyó el recurso de amparo, y que tuvo vigencia hasta el trece (13) de junio de dos mil once (2011), fecha en que fue derogada por la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Por consiguiente, la referida norma impugnada ha desaparecido del ordenamiento jurídico vigente desde junio de dos mil once (2011), por lo que procede ser declarada inadmisible la citada excepción de constitucionalidad, por carecer de objeto.

TC/0192/15, numeral 10, q–r, pág. 20 — PDF oficial

s. Conforme los argumentos precedentemente señalados, este tribunal considera que la sentencia objeto del presente recurso debe ser revocada, en relación con la acción de amparo, la cual debe ser admitida por vulnerar el derecho fundamental relativo al derecho a la información pública, solicitada por la parte hoy recurrente, en torno a una rendición de cuentas sobre los gastos de ingresos y egresos en que ha incurrido el partido político, así como una relación detallada de la forma en que ha sido manejada la suma de dinero asignada por la Junta Central Electoral. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0192/15, numeral 10, s, pág. 20 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el Partido Demócrata Popular (DPD) y el señor Virgilio Tejada Durán contra la Sentencia núm. 600, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintidós (22) de junio dos mil doce (2012).

SEGUNDO: DECLARAR inadmisible, por falta de objeto, la excepción de inconstitucionalidad promovida por la parte recurrente contra el artículo 29 de la Ley núm. 437-06, del treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006), por los motivos expuestos.

TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 600, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintidós (22) de junio dos mil doce (2012).

CUARTO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el Partido Demócrata Popular y el señor Virgilio Tejada Durán contra el señor Ramón Nelson Didiez Nadal y, por tanto, ORDENAR al señor Nelson Didiez Nadal la entrega de la información desarrollada en el cuerpo de esta sentencia.

QUINTO: FIJAR el pago de un astreinte a favor del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a cargo del señor Ramón Nelson Didiez Nadal por un monto de cinco mil pesos dominicanos (RD$5,000.00) por cada día de incumplimiento, computados a partir de la fecha de esta sentencia.

SEXTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Partido Demócrata Popular (PDP) y el señor Virgilio Tejada Durán, y a la parte recurrida, Ramón Nelson Didiez Nadal.

SEPTIMO: DECLARAR, el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

OCTAVO: ORDENAR que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0192/15, del 15 de julio de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0192-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.