Sentencia TC/0214/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 22 de julio de 2019 · Expediente TC-01-2018-0036

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente contra el párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la libertad de autoorganización de las agrupaciones políticas

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0214/19?

Los accionantes, como militantes del Partido de la Liberación Dominicana y posibles precandidatos a cargos de elección popular, tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido, pues la disposición impugnada incide en su participación en la selección de candidaturas. El Tribunal rechazó el medio de inadmisión por falta de legitimación activa. También rechazó el cargo de violación de la seguridad jurídica, al considerar que la disposición hace previsibles los actos de los órganos partidarios y de la Junta Central Electoral y da a los militantes mayor certeza sobre sus derechos de participación política (TC/0214/19, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 17; TC/0214/19, numeral 8, 8.4–8.5, pág. 18; TC/0214/19, numeral 9, 9.1.3–9.2, pág. 20).

La libertad de autoorganización consagrada en el artículo 216 de la Constitución está sujeta a los principios de democracia interna y transparencia. La ley vulnera el núcleo de esa libertad cuando designa directamente el órgano que debe decidir el padrón, la modalidad y el método de selección de candidaturas, pues impide que cada organización determine en sus estatutos si encomienda esas decisiones a uno o a varios órganos. Como el vicio afecta solo una parte del texto, el Tribunal anuló la expresión que imponía esa designación y estableció que la competencia corresponde al órgano o a los órganos que señalen los estatutos, siempre que estos no vulneren la Constitución ni las leyes (TC/0214/19, numeral 9, 9.2.2, pág. 21; TC/0214/19, numeral 9, 9.2.6–9.2.7, pág. 24; TC/0214/19, numeral 9, 9.2.8, pág. 24; TC/0214/19, numeral 9, 9.2.9–9.2.9, pág. 25; TC/0214/19, numeral 9, 9.2.10, pág. 26).

Decisión

Declara buena y válida la acción en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, declara no conforme con la Constitución y anula únicamente la expresión que designaba los órganos competentes, fijando como interpretación conforme que el órgano o los órganos serán los que señalen los estatutos, siempre que estos no vulneren la Constitución ni las leyes. Declara el procedimiento libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia, así como consignar la declaración de inconstitucionalidad y la interpretación conforme en las publicaciones oficiales de la Ley núm. 33-18.

Citas textuales clave

“Esta imposición de la ley resulta lesiva al núcleo duro de la libertad de autoorganización de las agrupaciones políticas” (TC/0214/19, numeral 9, 9.2.8, pág. 24).
“será aquel o aquellos organismos que señalen los Estatutos de dichos partidos, agrupaciones o movimientos políticos, siempre y cuando los Estatutos partidarios no vulneren la Constitución y las leyes.” (TC/0214/19, numeral 9, 9.2.10, pág. 26).

Normas interpretadas

Constitución de la República, artículos 185.1 y 216; Ley núm. 33-18, artículo 45, párrafo III; Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 37, 47, párrafo III, y 49, párrafos II y III.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0100/13, TC/0006/14, STC 85/1986, C-089/94, TC/0001/15, TC/0266/13 y TC/0093/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. Antes de verificar la legitimación activa o calidad de los accionantes para ejercer un control directo sobre la constitucionalidad del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), es preciso que este fuero constitucional se refiera al medio de inadmisión planteado, tanto en el escrito de defensa depositado el veinticinco (25) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), como en la audiencia celebrada el diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), por la Cámara de Diputados de la República Dominicana contra la calidad de los accionantes.

8.2. Sobre el particular, la Cámara de Diputados se limita a reproducir el contenido del artículo 37 de la Ley núm. 137-11 y a referir en su discurso –tanto in limine como en el escrito de defensa– que los señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente no han presentado su calidad para someter la presente acción directa de inconstitucionalidad.

8.3. El Tribunal recuerda que la legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

TC/0214/19, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 17 — PDF oficial

8.4. En ese orden de ideas, los accionantes, señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente, son miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); por tanto, la disposición del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que regula las modalidades de escogencia de candidaturas a cargos electivos dentro de los partidos y agrupaciones políticas, resulta un aspecto que concierne a los accionantes y les impacta jurídicamente por su condición de militantes de una organización política, susceptibles de ser precandidatos a un cargo de elección popular; en tal virtud, están revestidos del interés legítimo y jurídicamente protegido para accionar en inconstitucionalidad.

8.5. En efecto, verificado lo anterior, se impone rechazar el medio de inadmisión por falta de calidad o legitimación activa planteado por la Cámara de Diputados, pues tales pretensiones, al no estar motivadas ni fundamentadas en un sustento sólido que permita comprobar la ausencia de tal condición, carecen de méritos procesales. Dicho lo anterior, en lo adelante, el Tribunal se dispondrá a analizar los medios de inconstitucionalidad planteados por los accionantes.

TC/0214/19, numeral 8, 8.4–8.5, pág. 18 — PDF oficial

9. Análisis de la presente acción directa de inconstitucionalidad

9.1. En cuanto al alegato de violación al principio de seguridad jurídica

9.1.1. Los accionantes, señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente, plantean en su instancia de acción directa de inconstitucionalidad, que el párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18 transgrede los principios constitucionales relativos a la seguridad jurídica que se derivan de la supremacía de la Constitución, y que se consagran en los artículos 6 y 216 de la misma. Los accionantes, asimismo, arguyen que el referido párrafo otorga una exclusividad a los comités centrales, la comisión política y el comité ejecutivo, de decidir el modo de registro o padrón para la selección de candidatos, lo que a su entender, automáticamente modifica los estatutos de los partidos, por lo que debe ser declarado nulo de pleno derecho, ya que es contrario a la Constitución, en aplicación del artículo 6 de la misma.

9.1.2. Este tribunal ha señalado respecto del principio de seguridad jurídica, en su Sentencia TC/0100/13, de veinte (20) de junio de dos mil trece (2013), lo siguiente: La seguridad jurídica, es concebida como un principio jurídicogeneral consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades pueda causarles perjuicios [...].

TC/0214/19, numeral 9, 9.1–9.1.2, pág. 19 — PDF oficial

9.1.3. El contenido literal del prealudido párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18 establece que los procesos de selección de candidaturas a cargos de elección nacional, provincial y municipal deberán realizarse conforme con la Constitución y las leyes; así como el derecho de cada partido político para elegir el tipo de padrón o registro de electores para la selección de candidatos y el organismo competente en cada partido para determinar el método de elección y padrón a utilizar.

9.1.4. Como se observa, el artículo impugnado garantiza una aplicación objetiva de la ley de partidos, al asegurar la previsibilidad de los actos tanto de las autoridades u órganos intrapartidarios, así como de la Junta Central Electoral (JCE), como órgano rector del proceso de selección de candidaturas a cargos electivos por parte de los partidos políticos. Esto permite a los militantes de los distintos partidos del sistema tener una mayor certeza respecto de sus derechos de participación política dentro de sus organizaciones, lo que sin duda evita que las autoridades partidarias o electorales puedan, por razones arbitrarias, causarles algún tipo de perjuicio, por lo que dichas disposiciones legales resultan conformes –y contrario a lo alegado por los accionantes– con el núcleo duro del principio de seguridad jurídica. Por esta razón por la cual procede rechazar el medio de inconstitucionalidad formulado por los accionantes, sin necesidad de hacer constar esta decisión en el dispositivo de la presente sentencia.

9.2. En cuanto al alegato de violación al principio de libre organización de los partidos políticos

TC/0214/19, numeral 9, 9.1.3–9.2, pág. 20 — PDF oficial

9.2.1. Los accionantes plantean en su escrito de acción que el párrafo III del articulo 45 de la Ley núm. 33-18 viola el principio de la libre organización de los partidos y agrupaciones políticas establecido en el articulo 216 de nuestra Constitución, ya que -a su juicio- si se les otorga exclusividad al comité central, a la comisión política, al comité ejecutivo o su equivalente, se estaría impidiendo la participación de la militancia en las decisiones importantes de los partidos y agrupaciones políticas.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.1, pág. 21 — PDF oficial

9.2.2. En ese sentido, es preciso señalar que el artículo 216 de la Constitución de la República establece que la organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos “es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución”. Esto significa que la intervención del Estado a los fines de regular esta libertad de organización de los partidos políticos, aun fuere por medio de la ley, debe en todo caso fundarse sobre principios constitucionales esbozados en nuestra Carta Magna. Este tribunal constitucional ha establecido respecto de la libertad autoorganizativa de los partidos políticos en su Sentencia TC/0006/14, de catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), el siguiente criterio: …la Constitución dedica su artículo 216 a proclamar la libertad de organización de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, sujetándolos a los principios por ella enarbolados. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respecto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley…Los partidos políticos en cuanto contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, reciben financiamiento público y la Constitución les exige respeto a la democracia interna y a la transparencia. Constituyen, además, un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.2, pág. 21 — PDF oficial

9.2.3. Conforme a este criterio del Tribunal, el “diseño institucional de organización partidaria” debe fundarse en todo caso sobre los principios de democracia interna y transparencia política y económica. Esta constitucionalización de los partidos políticos viene a consagrarse como una garantía institucional de la libertad de los partidos para establecer su estructura interna y su funcionamiento organizacional al resguardo de potenciales invasiones del Estado que desnaturalicen el clima de pluralismo político que garantiza la existencia misma de todo régimen democrático.

9.2.4. Este criterio respecto de la protección constitucional a la libertad de autoorganización de las agrupaciones políticas frente a invasiones desproporcionadas de la ley, es compartido por otros tribunales constitucionales de Iberoamérica. En efecto, el Tribunal Constitucional de España, en su Sentencia STC 85/1986, de veinticinco (25) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), señaló al respecto lo siguiente: La Constitución, en su deseo de asegurar el máximo de libertad e independencia de los partidos, los somete al régimen privado de las asociaciones, que permite y asegura el menor grado de control y de intervención estatal sobre los mismos. La disciplina constitucional en esta materia, tomada en su sustancia, se ha articulado sobre el reconocimiento de un derecho subjetivo público de los ciudadanos a constituir, bajo la forma jurídica de asociaciones, partidos políticos; con ello se reconoce y legitima la existencia de los partidos y se garantiza su existencia y su subsistencia. El partido, en su creación, en su organización y en su funcionamiento, se deja a la voluntad de los asociados fuera de cualquier control administrativo, sin perjuicio de la exigencia constitucional del cumplimiento de determinadas pautas en su estructura, actuación y fines. (el sombreado es nuestro)

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.3–9.2.4, pág. 22 — PDF oficial

9.2.5. En esa misma línea argumentativa, la Corte Constitucional de Colombia expresa en su Sentencia C-089/94, de tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994_, que: Resulta imperioso trazar el límite de la intervención de la ley en el establecimiento de la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos que, respetando su ámbito propio y legítimo de libertad organizativa interna, permita definir el espacio dentro del cual puede el Congreso perseguir los fines que la Constitución ha tenido en mente, al atribuirle la competencia para dictar en ese campo una ley estatutaria. La Corte encuentra que en un sentido negativo la ley que se ocupe de la organización y régimen de los partidos, no puede, en principio, imponer a los partidos y movimientos, entre otras cosas, las siguientes: (1) condiciones y exigencias específicas sobre la implantación de un determinado procedimiento de adopción de sus decisiones internas (…); (2) el contenido y el sentido concretos de una determinación que de acuerdo con sus estatutos corresponda tomar a un órgano suyo; (3) la forma especial de integrar sus órganos internos; (4) el contenido particular de sus estatutos y programas. En un sentido positivo, la ley que regula la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, puede, por vía general, determinar la organización de los partidos, siempre que se trate de ordenar su estructura genérica y ella resulte necesaria para el ejercicio de las funciones que están llamados a cumplir o para el correcto funcionamiento del sistema democrático. (el sombreado y subrayado es nuestro)

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.5, pág. 23 — PDF oficial

9.2.6. Como se advierte, en la justicia constitucional comparada prima el criterio de resguardar la libertad de organización interna de los partidos políticos de modo que la intervención del Estado mediante ley resulte mínima y en correspondencia con principios de carácter constitucional, sin que este control estatal sobre los partidos suponga implantarles o imponerles un método determinado para la adopción de sus decisiones internas, así como despojar la competencia que para un determinado tipo de asuntos deba adoptar un órgano intrapartidario conforme a lo prescrito en los estatutos de dicha agrupación partidaria. Este criterio es compatible con el espíritu de la disposición recogida en el artículo 216 de nuestra Constitución. Por tanto, la protección a este principio de libre autoorganización interna de los partidos políticos constituye una garantía constitucional que deben respetar todas las autoridades del Estado y deben proteger celosamente todos los organismos jurisdiccionales que intervienen en la materia electoral.

9.2.7. Por otra parte, el “núcleo esencial del fundamento filosófico de la libertad” como concepto axiológico, está sustentado en dos (2) facultades intrínsecas que de no ejercerse adecuadamente supondrían su inexistencia como categoría jurídica. Estas dos facultades son: 1) Autonomía de decisión frente a otro sujeto o persona y 2) capacidad de elección, entre diversas posibilidades fácticas y jurídicas.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.6–9.2.7, pág. 24 — PDF oficial

9.2.8. En el caso ocurrente, si aplicáramos esta especie de test de intervención razonable, descrito en el acapite anterior, al párrafo III del articulo 45 de la Ley núm. 33-18, se observa que dicha disposición legal designa de manera expresa y directa el órgano interno que en cada partido deberá decidir el tipo de padrón o registro de electores, así como la modalidad y el método para la selección de las candidaturas a cargos de elección popular. Esta imposición de la ley resulta lesiva al núcleo duro de la libertad de autoorganización de las agrupaciones políticas, pues no le permite al partido definir conforme a sus estatutos a cuál de sus órganos internos le corresponderá decidir el padrón de electores o los métodos y modalidades de selección de candidaturas; igualmente poder disponer, si estas dos (2) decisiones le corresponderán a un mismo órgano intrapartidario, o bien, se les encomendará a dos (2) órganos distintos. En todo caso, la disposición impugnada no le permite a los partidos la libertad de decidir -conforme a sus rstatutos- cómo organizarse en ese sentido, lo que constituye una invasión de la ley en su ámbito interno que transgrede, por consiguiente, su libertad de autoorganización; por ende, este párrafo III del articulo 45 de la Ley núm. 33-18, deviene en inconstitucional.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.8, pág. 24 — PDF oficial

9.2.9. Asimismo, conforme prescribe el artículo 47, párrafo III, de la Ley núm. 137- 11, el Tribunal Constitucional tiene la potestad de dictar, cuando lo considere necesario, alguna de las tipologías de sentencias atípicas “admitidas en la práctica constitucional comparada”. En ese sentido, este tribunal ha usado la técnica de las “sentencias reductoras-aditivas” cuando la inconstitucionalidad declarada solo afecta una parte del texto y no su totalidad, tal y como acontece en la especie. En efecto, en su Sentencia TC/0001/15, de veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015), este tribunal afirmó: Al resultar inconstitucional solo una parte, y no el texto íntegro del precitado artículo 35, procede adoptar ―como ha realizado este Tribunal en situaciones análogas― una sentencia reductora, esto es, una decisión que “ordena una restricción o acortamiento de la ‘extensión’ del contenido de la ley impugnada”, declarando así la nulidad de la previsión excesiva para que la disposición legal sea conforme a la Constitución (Sentencias TC/0266/13:

9.2.9 y TC/0093/12… Esta modalidad de sentencia puede ser adoptada por este Tribunal Constitucional, en virtud de la remisión a la práctica constitucional comparada que dispone el párrafo III del artículo 47 de la Ley No. 137-11. Por tales motivos, la declaratoria de nulidad, en el presente caso, se hace exclusivamente a la expresión del artículo 35 de la Ley No. 14-04, que señala: “las personas naturales o jurídicas autorizadas para hacer auditorías e investigaciones especiales en el sector público”.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.9–9.2.9, pág. 25 — PDF oficial

9.2.10. En el presente caso, la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad se hace exclusivamente sobre la expresión del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, que señala: “son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar”. Por consiguiente, este tribunal declara que la interpretación conforme a la Constitución del referido párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, será la siguiente: Artículo 45.- Procesos para selección de candidatos. El proceso para la selección de candidatos y candidatas a ser postulados a cargos de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de distritos municipales se efectúa de acuerdo con la Constitución y la presente ley. (…) Párrafo III.- El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas, así como la modalidad y método a utilizar en ese proceso de selección, será aquel o aquellos organismos que señalen los Estatutos de dichos partidos, agrupaciones o movimientos políticos, siempre y cuando los Estatutos partidarios no vulneren la Constitución y las leyes. (el subrayado es nuestro) Todo esto en virtud del principio democrático que debe informar la vida de los partidos políticos a la luz de la Constitución vigente.

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.10, pág. 26 — PDF oficial

9.2.11. En efecto, es preciso señalar que los estatutos partidarios se configuran como la fuente primaria y ocupan el rango más elevado del ordenamiento interno de los partidos, es decir, son la norma primera para afiliados y órganos del partido. 1 Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Miguel Valera Montero. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0214/19, numeral 9, 9.2.11, pág. 27 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente el diecisiete (17) de agosto de dos mil dieciocho (2018), contra el párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: DECLARAR, en cuanto al fondo, no conforme con la Constitución la expresión del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que señala: “son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, 1 Flores Giménez, F. (1999). “La Democracia Interna de los Partidos Políticos” Congreso de Diputados de España; Madrid, España; pág. 96. Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar”; PRONUNCIAR la nulidad de esta parte de la disposición legal y en consecuencia, DECLARAR que la interpretación constitucional de párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18 es la que se consigna a continuación: Artículo 45.- Procesos para selección de candidatos. El proceso para la selección de candidatos y candidatas a ser postulados a cargos de elección popular en las elecciones nacionales, provinciales, municipales y de distritos municipales se efectúa de acuerdo con la Constitución y la presente ley. (…)Párrafo III.- El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas, así como la modalidad y método a utilizar en ese proceso de selección, será aquel o aquellos organismos que señalen los Estatutos de dichos partidos, agrupaciones o movimientos políticos, siempre y cuando los Estatutos partidarios no vulneren la Constitución y las leyes.

TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, los señores Juan Jesús Peña Ventura, Pascual Guzmán y José Ramón Ovalle Vicente; al Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, y a la Procuraduría General de la República, para cumplir con las formalidades establecidas en el párrafo II del artículo 49 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR que en todas las publicaciones oficiales de la Ley núm. 33- 18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se consigne la declaración de inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 45, así como la interpretación conforme de dicho artículo identificada en la presente sentencia en el párrafo 9.2.10, a fin de cumplir con la formalidad del párrafo III del artículo 49 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0214/19, del 22 de julio de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0214-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.