Sentencia TC/0220/14
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de septiembre de 2014 · Expediente TC-08-2012-0016
Recurso de casación incoado por la Dirección General de Aduanas contra la Sentencia núm. 117, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de febrero de dos mil seis (2006).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0220/14?
El recurso de revisión de amparo reviste especial trascendencia constitucional porque permite reorientar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia sobre su competencia para conocer los recursos de casación interpuestos antes de la promulgación de la Ley núm. 137-11 y precisar el alcance del debido proceso en las incautaciones. Aunque corresponde a la jurisdicción ordinaria determinar si hubo contrabando, el juez de amparo puede remediar violaciones flagrantes, directas e inmediatas de derechos fundamentales sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal (TC/0220/14, numeral 9, a–c, pág. 13; TC/0220/14, numeral 9, d–e, pág. 14; TC/0220/14, numeral 10, i–l, pág. 17; TC/0220/14, numeral 10, m–p, pág. 18).
Que la Ley núm. 3489 no exija la intervención de la persona afectada en la redacción del proceso verbal de incautación no exime a la Administración de respetar el debido proceso. No constaba que, antes de la incautación del vehículo y, en particular, de la cancelación de su matrícula, se hubiera informado a Ramona Burgos Polanco de manera concreta y específica de lo que se le imputaba ni se le hubiera dado una oportunidad efectiva de defenderse. Al privarla de la posesión del vehículo mediante la incautación y de su propiedad mediante la cancelación de la matrícula, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos desconocieron la presunción de inocencia y vulneraron el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad (TC/0220/14, numeral 10, q–r, pág. 19; TC/0220/14, numeral 10, s, pág. 20; TC/0220/14, numeral 10, u–w, pág. 21; TC/0220/14, numeral 10, x–y, pág. 21; TC/0220/14, numeral 10, z–dd, pág. 23).
Decisión
Admite el recurso de revisión de amparo incoado por la Dirección General de Aduanas, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia núm. 117, que había mantenido la orden de devolución del vehículo. Declara el recurso libre de costas y ordena comunicar la sentencia a las partes y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (TC/0220/14, numeral 10, u–w, pág. 21).
“En vista de estos hechos, está claro que la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos violentaron el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva en perjuicio de Ramona Burgos Polanco, al concluir, de manera expedita y sin respeto al debido proceso, un proceso sancionador en contra de dicha señora.” (TC/0220/14, numeral 10, z–dd, pág. 23).
“El Tribunal aclara y reitera, sin embargo, que esta postura es tomada sin emitir juicio alguno sobre la tentativa o no de contrabando que supuestamente cometió Ramona Burgos Polanco, ya que esto deberá ser resuelto por la jurisdicción ordinaria.” (TC/0220/14, numeral 10, ee–ff, pág. 24).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 6, 51 (incluido su numeral 1) y 69 (en particular, sus numerales 1, 2, 3, 4, 7 y 10).
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 94 y 100.
Ley núm. 3489: artículos 5, párrafo III, literal b); 167, 198, 199 y 202.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC-0048-12, TC/0017/13 y TC/0011/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el presente caso se origina en ocasión de una incautación realizada por la Dirección General de Aduanas de un vehículo de motor propiedad de Ramona Burgos Polanco. Posteriormente, la Dirección General de Impuestos Internos procedió a cancelar la matrícula que Ramona Burgos Polanco poseía sobre el supraindicado vehículo. En ocasión de esto, y buscando obtener la devolución del vehículo, Ramona Burgos Polanco interpuso una acción de amparo que fue acogida por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, decisión que fue confirmada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. En contra de esta última decisión, la Dirección General de Aduanas interpuso un recurso de casación que es el que procederá a conocer ahora este tribunal constitucional.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta admisible por las siguientes razones:
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c. Con respecto a la especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición mediante la Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo del año dos mil doce (2012).
d. En la referida sentencia, el Tribunal establece que la especial trascendencia o relevancia constitucional solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
e. En la especie, el Tribunal Constitucional considera que se aplica el numeral 3), ya que su conocimiento permitirá a este tribunal reorientar y redefinir la jurisprudencia presentada por la Suprema Corte de Justicia en relación con su competencia para conocer de los recursos de casación incoados antes de la promulgación de la Ley No. 137-11, a los fines de salvaguardar los derechos fundamentales en cuestión. Además, permitirá al Tribunal seguir con el desarrollo del debido proceso como garantía esencial de la tutela judicial efectiva en ocasión de un proceso de incautación, así como el ámbito de aplicación de dicha garantía.
10. Sobre el recurso de revisión
En lo que se refiere al recurso de revisión, este tribunal expone las siguientes consideraciones:
a. La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, rechazó el recurso de apelación -y por ende, confirmó la Ordenanza número 687-05- incoado por la Dirección General de Aduanas.
b. La supraindicada ordenanza, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, acogió la acción de amparo que había incoado Ramona Burgos Polanco en contra de la Dirección General de Aduanas, mediante la cual solicitaba la devolución del vehículo Jeep Honda, color negro, chasis número JHLRD2844YC000627, el cual había sido incautado, alegadamente de manera violatoria y abusiva por el hoy recurrente.
c. A los fines de fundamentar su decisión, la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional estableció que: (…) no hay constancia en el expediente en lo que concierne a la notificación del proceso verbal de referencia a la persona en perjuicio de la cual se incautó el indicado vehículo, a pesar de que la ley que rige la materia lo consagra de manera expresa.
d. La referida sentencia estableció, igualmente, que: (…) de la misma forma que el legislador faculta a la Dirección General de Aduanas a incautar las mercancías que presumiblemente hayan entrado al país, sin haber cumplido con los requerimientos previstos por la ley de la materia, también le reconoce a la parte afectada con la medida el derecho a que le sea informado, vía notificación, el documento en el cual consta el proceso verbal para que éste conozca los motivos de la incautación y pueda, en consecuencia, ejercer el derecho de defensa.
e. Y concluyó en que, al no haberse respetado el procedimiento, se produjo una violación constitucional que fundamentaba el amparo en favor de Ramona Burgos Polanco y que, por ende, se ordenara la devolución del vehículo en cuestión.
f. Al refutar la sentencia recurrida, el recurrente alega que la corte a-qua desnaturalizó los hechos y la ley al no considerar que la vía correspondiente para reclamar esta supuesta violación era la contenciosa-administrativa y no la del amparo. Además, alega que: (…) las conclusiones a las que arribó la Corte a-qua responden a una distorsión del alcance del artículo 5 del párrafo III letra b) de la Ley
no. 3489 sobre el régimen legal de aduanas y tipifican la hipótesis planteada precedentemente, de violación a la ley por falsa aplicación o por rechazo de aplicación de la ley, toda vez que se ha agregado a la ley una condición que ésta no establece:
g. Observa, asimismo, que: (…) la notificación a la que se refiere el citado artículo 5, en su párrafo III, letra b), es la del informe que debe rendir el oficial de aduanas en ocasión de un allanamiento de un domicilio particular, lo cual debe ser notificado a la persona cuyo domicilio haya sido allanado. Haciendo una interpretación de este artículo y una mala aplicación del derecho a los hechos, la Corte a-qua ha considerado que la notificación a que hace referencia dicho artículo se aplica a los casos de comiso de mercancías en la vía pública, cuyo régimen es distinto.
h. Finalmente, expresa la Dirección General de Aduanas que no es posible restituirle el derecho de propiedad a Ramona Burgos Polanco, ya que precisamente la matrícula a su nombre fue cancelada por el supuesto contrabando que había cometido en perjuicio del Estado dominicano.
i. Este tribunal, mediante la presente sentencia, tiene a bien rechazar el presente recurso de revisión de amparo, tomando en consideración las razones que se exponen a continuación.
j. En la especie, los hechos atribuidos a la hoy recurrida -de que supuestamente ingresó por contrabando, es decir, sin informar ni pagar impuestos, un vehículo de motor-, han generado un proceso penal en su contra, el cual pudiera terminar en una condena.
k. En este escenario, el Tribunal reitera su jurisprudencia 2 en el sentido de que: (…) no corresponde al Tribunal discutir y esclarecer los mismos ni, consecuentemente, determinar la responsabilidad penal del recurrente. Por el contrario, sí interesa al Tribunal analizar el objeto de su apoderamiento actual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudadano busca proteger derechos y garantías fundamentales que, según argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. En esta sede constitucional no tiene mayor relevancia, en efecto, la dilucidación de los hechos penales referidos porque aun en el caso de que se estableciera de manera fehaciente y objetiva la responsabilidad penal del recurrente, eso tendría que hacerse en el marco del más amplio y absoluto respeto de los referidos derechos fundamentales, esenciales a la persona humana no importa cuál sea su estatus jurídico y político.
l. En efecto, el Tribunal enfatiza que el juez de amparo, y por consiguiente el tribunal revisor de la decisión de amparo, no pueden proceder a conocer el fondo de la cuestión tratada, es decir, determinar si real y efectivamente Ramona Burgos Polanco cometió el ilícito o la tentativa de contrabando, ya que esto corresponde a la jurisdicción ordinaria.
m. Esto es precisamente lo que ha establecido previamente el Tribunal en su sentencia TC/0017/13, cuando afirma que: (…)la determinación del hecho, la interpretación y la aplicación del derecho, son competencias que corresponden al juez ordinario, por lo que el juez constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una 2 Sentencia TC-0048-12. vulneración a un derecho constitucional”, teniendo el criterio de que “la naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este Tribunal.
n. Lo anterior no impide, sin embargo, que el juez de amparo pueda examinar casos específicos que -aunque el conocimiento del fondo del asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria- susciten violaciones flagrantes, groseras, directas e inmediatas que ameriten ser revisadas y remediadas de una manera rápida, sin demora y efectivamente, todo esto con miras a garantizar la seguridad jurídica y el Estado de derecho que debe regir en el país, conforme lo establece la Constitución dominicana.
o. Por otro lado, el hoy recurrente alega que la corte a-qua, desnaturalizó los hechos y la ley al no verificar que ciertamente la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos siguieron el procedimiento previsto por la Ley núm. 3489 (Ley General de Aduanas) y las legislaciones complementarias, por lo que no puede configurarse una violación a los derechos fundamentales de la recurrida.
p. Ciertamente, y tal como lo establece el hoy recurrente, las situaciones fácticas de la especie no exigían la aplicación de algunas de las condiciones esbozadas en la Ley núm. 3489 o Ley General de Aduanas.
q. En tal sentido, de una lectura del párrafo III, literal b) del artículo 5 de la Ley núm. 3489 3 , se colige que en el caso en que la incautación del bien sea 3 “PARRAFO III.- Todo oficial de aduanas en el ejercicio de sus funciones está autorizado en cualquier momento, y sin necesidad de obtener orden judicial de allanamiento, a penetrar y realizar investigaciones en todo edificio, establecimiento o lugar que no sea domicilio particular, cuando tenga motivos bien justificados para sospechar que se utiliza integra o parcialmente para la ocultación de efectos introducidos al país por contrabando u otro medio fraudulento. a) Ningún edificio o parte de edificio que sirva exclusivamente como residencia privada podrá ser objeto de reconocimiento, sin obtenerse previamente una orden de allanamiento expedida por un funcionario judicial competente, y solicitada por escrito por cualquier oficial de aduanas. El mandamiento será válido para una investigación determinada y quedará sin efecto cinco días después de haber sido expedido. b) El oficial que haga uso de un mandamiento de tal realizado en una vía pública, no es necesaria realizar la notificación al superior jerárquico, a que se refiere este texto.
r. De igual manera, y tal como dice el hoy recurrente, el artículo 198 de la Ley núm. 3489 4 , no exige que en la redacción del proceso verbal de incautación intervenga la persona a quien le fue incautada la mercancía, no existiendo alguna disposición legal que impida al oficial de aduanas realizar la incautación del artículo en manos de quien se encuentre, no exigiéndose la participación de la persona afectada por el comiso.
s. No obstante lo anterior, este tribunal recuerda el principio de Supremacía de la Constitución, esbozado en el artículo 6 de la Constitución, el cual afirma que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.
t. En tal sentido, conviene recordar que el debido proceso y sus correspondientes garantías se encuentran consagrados en el artículo 69 de la Constitución dominicana, que prescribe: “Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas (…)”, entre las cuales se resaltan las siguientes: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita; naturaleza, deberá rendir un informe detallado a sus superiores jerárquico, respecto de su actuación, copia del cual deberá ser enviado a la persona cuyo domicilio haya sido allanado.” 4 “Artículo 198. En todos los casos de comiso se instruirá un proceso verbal en que se denunciarán las infracciones cometidas con los detalles correspondientes respecto del infractor o de los infractores, enumerando todas las circunstancias prohibidas por la Ley, el cual será firmado por el interventor y un oficial de Aduana o por dos empleados de la Aduana de cualquier categoría que sean y será sometido el al Director General de Aduanas, a la mayor brevedad posible. a) Los procesos verbales que se refieran a artículos corruptibles, deben ser enviados con carácter de urgencia al Director General de Aduanas para que éste resuelva a breve plazo. b) En todos los casos de comiso se procederá breve y sumariamente, hasta que se haya terminado el proceso legal correspondiente.” 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; (…); 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
u. Estas garantías se extienden a todo tipo de procesos, incluyendo los administrativos, conforme lo esboza el numeral 10 del artículo 69, que reza: “Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”.
v. Este mismo tribunal constitucional ha reconocido dicha realidad cuando afirmó, en su Sentencia TC/0011/14, que: “como se advierte, las garantías de tutela judicial efectiva y del debido proceso, lejos de desaparecer o inutilizarse al tratarse de un proceso administrativo, mantienen pleno vigor y benefician el fortalecimiento de los procesos de la naturaleza del que nos ocupa.”
w. En vista de lo anterior, no puede el hoy recurrente -alegando procedimientos legales- violentar y/o limitar los derechos y garantías fundamentales que la Constitución dominicana ha consagrado en el ordenamiento jurídico de República Dominicana;
x. En la especie, el Tribunal afirma que se evidencian los siguientes hechos: (i) Ramona Burgos Polanco fue despojada de su vehículo de motor por agentes del servicio de inteligencia del Ejército al momento en que transitaba por la vía pública. (ii) En el momento no se le informó la razón por la cual se ejecutaba la incautación, debiendo la misma apersonarse en la Dirección General de Aduanas. (iii) El paso siguiente, luego de que se incauta un vehículo, de conformidad con el artículo 199 de la Ley núm. 3489 o Ley General de Aduanas, es la venta en pública subasta de dicho bien. (iv) La referida incautación se basó en que supuestamente el supraindicado vehículo había sido introducido a República Dominicana mediante un contrabando. (v) Esto motivó que se iniciara un proceso penal en contra de Ramona Burgos Polanco por comisión del ilícito de contrabando tipificado por el artículo 167 y sancionado por el artículo 202 de la Ley No. 3489 o Ley General de Aduanas. (vi) Concomitantemente, la Dirección General de Impuestos Internos procedió a cancelar la matrícula que había sido expedida a favor de Ramona Burgos Polanco sobre el referido vehículo de motor, despojándola claramente de la propiedad sobre ese bien.
y. Tomando en consideración lo anterior, el Tribunal evidencia que en el expediente no reposa prueba alguna que demuestre que -antes de proceder a la incautación del vehículo y sobre todo a la cancelación de la matrícula- a Ramona Burgos Polanco se le advirtió, concreta y específicamente, del hecho ocurrido, ni que siquiera se le diera la oportunidad de defenderse -de manera seria y formal- de las imputaciones que se le endilgaban.
z. Por el contrario, lo que evidencian los supraindicados hechos es que ni siquiera se le respetó la presunción de inocencia que debe poder gozar cada persona, ya que sin juicio, proceso disciplinario, arbitraje u otro tipo de proceso, se le arrebató su derecho de posesión (de manera indefinida, pendiente de venta en pública subasta) -con la incautación- y su derecho de propiedad – con la cancelación de la matrícula -, sin otorgarle la oportunidad de defenderse de los hechos que se le imputaban.
aa. En vista de estos hechos, está claro que la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos violentaron el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva en perjuicio de Ramona Burgos Polanco, al concluir, de manera expedita y sin respeto al debido proceso, un proceso sancionador en contra de dicha señora.
bb. De igual manera, estas acciones son claramente violatorias al derecho de propiedad de Ramona Burgos Polanco, ya que evidencian que se le despojó de su vehículo por medio de una actuación arbitraria de parte de la referida institución.
cc. El derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 51 de la Constitución, el cual prescribe lo siguiente: “el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes”.
dd. Y, en el numeral 1 del citado artículo, precisa: (…) ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa.
ee. Por las razones precedentemente señaladas, este tribunal constitucional tiene a bien rechazar el recurso de revisión de amparo incoado por la Dirección General de Aduanas, no sin antes advertirle a dicha institución que sus actuaciones deberán -en el futuro- ceñirse a lo establecido en la Constitución dominicana, específicamente en el respeto al debido proceso de toda persona que se busca sancionar, lo que contribuye de manera inequívoca a la consagración de Estado social y democrático de derecho.
ff. El Tribunal aclara y reitera, sin embargo, que esta postura es tomada sin emitir juicio alguno sobre la tentativa o no de contrabando que supuestamente cometió Ramona Burgos Polanco, ya que esto deberá ser resuelto por la jurisdicción ordinaria. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR el presente recurso de revisión de amparo incoado por la Dirección General de Aduanas contra la Sentencia núm. 117, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el veintiocho (28) de febrero de dos mil seis (2006).
SEGUNDO: RECHAZAR el presente recurso de revisión de amparo incoado por la Dirección General de Aduanas y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida.
TERCERO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la parte recurrente, Dirección General de Aduanas, y a la parte recurrida, Ramona Burgos Polanco.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011).
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0220/14, del 23 de septiembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0220-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.