Sentencia TC/0268/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de diciembre de 2020 · Expediente TC-01-2017-0014

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Prinicipio de juricidad · Prinicipio de legalidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0268/20?

El Tribunal reconoció la legitimación activa de los accionantes por tratarse de personas físicas en goce de sus derechos de ciudadanía. Desestimó el medio de inadmisión porque el escrito identificó los artículos 138 y 110 de la Constitución y explicó de forma clara, precisa y específica cómo la resolución impugnada los vulneraba. Los cargos eran de naturaleza constitucional, no de mera legalidad, por lo que correspondía examinarlos en cuanto al fondo (TC/0268/20, numeral 8, 8.3, pág. 41; TC/0268/20, numeral 9, 9.5–9.6, pág. 43; TC/0268/20, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 46).

La potestad reglamentaria requiere habilitación expresa. El Consejo del Poder Judicial puede reglamentar materias administrativas y disciplinarias, pero las atribuciones que le fueron transferidas no comprenden la facultad de modificar el procedimiento inmobiliario ni de reglamentar el funcionamiento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original. El artículo 122 de la Ley núm. 108-05 atribuye expresamente a la Suprema Corte de Justicia la facultad de dictar los reglamentos y normas complementarias para aplicar esa ley. Al modificar el reglamento de esos tribunales mediante la Resolución núm. 01/2016, el Consejo excedió sus competencias y vulneró los artículos 138 y 110 de la Constitución (TC/0268/20, numeral 10, 10.14, pág. 49; TC/0268/20, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 50; TC/0268/20, numeral 10, 10.18, pág. 51; TC/0268/20, numeral 10, 10.24–10.25, pág. 55).

Decisión

El Tribunal declaró admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad y declaró no conforme con la Constitución y nula la Resolución núm. 01-2016, dictada por el Consejo del Poder Judicial el 8 de febrero de 2016. Ordenó comunicar y publicar la sentencia y declaró el proceso libre de costas.

Citas textuales clave

“Este tribunal constitucional ha mantenido un criterio constante sobre la obligatoriedad de que el órgano que dicte reglamentos esté habilitado de forma expresa.” (TC/0268/20, numeral 10, 10.18, pág. 51)
“En efecto, el Consejo del Poder Judicial, ciertamente, tiene aptitud para emitir las reglamentaciones que correspondan en lo que se refiera a materia administrativa o disciplinaria, en el ámbito del Poder Judicial.” (TC/0268/20, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 50)
“Por todo lo anterior, tras haberse comprobado la vulneración de los artículos 138 y 110 de la Constitución dominicana, procede declarar no conforme con la Constitución la Resolución núm. 01/2016.” (TC/0268/20, numeral 10, 10.24–10.25, pág. 55)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 2, 6, 7, 22.4, 110, 138, 156 (en particular, numeral 8) y 185.1. Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6 y 38. Ley núm. 327-98: artículo 4, párrafo II. Ley núm. 28-11: artículos 2, 3, 13 y 47. Ley núm. 108-05: artículo 122.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0345/19, TC/0465/18, TC/0150/13, TC/0197/14, TC/0359/14, TC/0061/17, TC/0446/18, TC/0110/13, TC/0048/20 y TC/0205/29.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar como accionantes en procedimientos jurisdiccionales.

8.2. Con relación a la legitimación activa o calidad para accionar en inconstitucionalidad ante este tribunal, fue dictada la Sentencia TC/0345/19, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se sentó el criterio siguiente: En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal, legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.

TC/0268/20, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 40 — PDF oficial

8.3. En ese sentido, este tribunal constitucional estima que los accionantes, señores Miguel Enrique Jiménez Castillo y Pedro Justo Castellanos Hernández, tienen calidad para interponer la presente acción directa de inconstitucional, en razón de que son personas físicas que gozan de sus derechos de ciudadanía, entre los que se encuentran el derecho de formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades, 1 por lo que, los accionantes poseen legitimación activa y un interés jurídicamente protegido, lo que les otorga la calidad para intentar, de manera efectiva, la presente acción directa de inconstitucionalidad.

TC/0268/20, numeral 8, 8.3, pág. 41 — PDF oficial

9. Análisis del medio de inadmisión planteado por el Consejo del Poder

Judicial

9.1. Siguiendo la estructura procesal de las decisiones del Tribunal Constitucional, previo al análisis de las pretensiones contenidas en la presente 1 Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Son derechos de ciudadanas y ciudadanos: (…) 3) Ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal, en las condiciones fijadas por esta Constitución y las leyes; 4) Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto; acción, se ponderará la procedencia o no del medio de inadmisión formalmente invocado.

9.2. El Consejo del Poder Judicial solicita a este tribunal constitucional declarar la inadmisibilidad de la presente acción de inconstitucionalidad, por entender que los accionantes no identifican de manera concreta las infracciones constitucionales alegadas.

9.3. Al respecto, este tribunal entiende que, en efecto, el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, dispone lo siguiente: Artículo 38.- Acto Introductivo. El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas.”

9.4. En tal sentido, el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0465/18, del catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), dispuso lo siguiente:

TC/0268/20, numeral 9, 9.1–9.4, pág. 41 — PDF oficial

10.4. Es decir, es menester una exposición clara y concreta de lo que se supone contraviene los postulados de Constitución de la República en relación con el acto atacado. En tal sentido este tribunal, haciendo una interpretación de lo preceptuado en el artículo 38 de la Ley núm. 137-11 y la jurisprudencia comparada ha precisado que es requisito de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad, el señalamiento y justificación argumentativa de las normas constitucionales que resultan infringidas por el acto cuyo control abstracto o concentrado de constitucionalidad se reclama, señalando que, sin caer en formalismos técnicos, los cargos formulados por el demandante deben tener:• Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada, lo cual no fue cumplido por los accionantes, toda vez que la alegada infracción constitucional no fue precisada ni vinculada expresamente a las disposiciones atacadas.• Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionada vulnera la Constitución de la República. Esta condición ha sido insatisfecha en la especie, puesto que el escrito introductivo de la acción carece de presupuestos argumentativos pertinentes y precisos, que indiquen de qué manera las disposiciones objetos de la presente acción infringen la Constitución de la República.• Pertinencia. Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional y no legal o referida a situaciones puramente individuales, como se verifica en la especie, toda vez que los alegatos en torno al derecho de propiedad que los accionantes reclaman, más bien podrían corresponder a una demanda en pago de justo precio y son totalmente ajenos a la naturaleza de la presente acción [sentencias TC/0150/13, de veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013); TC/0197/14, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil catorce (2014); TC/0359/14, de veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014); y TC/0061/17, de siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017)].

TC/0268/20, numeral 9, 10.4, pág. 42 — PDF oficial

9.5. Al analizar el contenido de la instancia introductiva de la presente acción directa de inconstitucionalidad, este tribunal ha podido verificar que los accionantes sustentan el presupuesto argumentativo de su acción señalando que la resolución atacada infringe los siguientes preceptos constitucionales, a saber: artículos 138 y 110 de la Constitución dominicana, referidos a los principios de legalidad o juridicidad como principios de la Administración Pública, y de seguridad jurídica, respectivamente. Se observa que los accionantes realizan una clara y detallada fundamentación de tales argumentaciones, planteando, entre otros juicios, que a la Administración le está prohibido dictar actos reglamentarios en torno a materias que la misma ley expresamente no ha autorizado, que el Consejo del Poder Judicial carece de competencia para emitir resoluciones como la hoy impugnada, en cuyo texto se ordena la modificación sustancial de disposiciones de carácter procesal, que la Administración se comportará de acuerdo a la ley vigente y no usurpará funciones de otros órganos, entre otros razonamientos expresados de forma clara y precisa, con certeza y especificidad, tal y como lo exigen la ley y los precedentes constitucionales. Estos planteamientos jurídicos y juicios argumentativos de la parte recurrente son suficientes para justificar que este tribunal proceda a analizarlos al fondo, a fin de determinar la constitucionalidad o no del reglamento impugnado mediante la presente acción.

9.6. Como consecuencia de lo anterior, este tribunal procede a desestimar el medio de inadmisibilidad planteado por el Consejo del Poder Judicial, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo del presente fallo, y a razonar sobre la constitucionalidad o no de la norma impugnada.

TC/0268/20, numeral 9, 9.5–9.6, pág. 43 — PDF oficial

10. Sobre el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad

10.1. Los accionantes, señores Miguel Enrique Jiménez Castillo y Pedro Justo Castellanos Hernández, solicitan que este tribunal constitucional declare la inconstitucionalidad de la Resolución núm. 01/2016, dictada por el Consejo del Poder Judicial el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016), la cual modifica el Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original y sus modificaciones.

10.2. En síntesis, los accionantes plantean que la impugnada resolución núm. 01/2016 transgrede, de manera frontal el principio de legalidad o juricidad (sic) de la Administración, consagrado en el artículo 138 de la Constitución. Esto así, porque a consideración de los accionantes, dicha resolución fue dictada por el Consejo del Poder Judicial, desbordando por completo las atribuciones que le otorgan la Constitución dominicana y la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo Poder Judicial.

10.3. Aducen, además, que la Administración Pública no puede modificar situaciones jurídicas preexistentes sin la debida facultad otorgada por la ley, puesto que le está prohibido dictar actos reglamentarios en torno a materias que la misma ley expresamente no le ha autorizado.

10.4. Finalmente, los accionantes sostienen que la resolución impugnada transgrede el principio de la seguridad jurídica, del cual depende el cumplimiento de la cláusula del Estado de derecho, que es aquel en el que existe un ordenamiento jurídico idóneo donde los poderes públicos no sorprenden a los ciudadanos con decisiones y actos antijurídicos, ni usurpen las funciones de otros órganos, abocándose a modificar procedimientos jurisdiccionales, potestad que, desde su óptica, no le ha sido dada legalmente al órgano que dictó la norma hoy atacada en inconstitucionalidad.

TC/0268/20, numeral 10, 10.1–10.4, pág. 44 — PDF oficial

10.5. En su escrito de defensa, el Consejo del Poder Judicial procura, en cuanto al fondo que se rechace en todas sus partes, la presente acción directa de inconstitucionalidad, por tratarse de una cuestión de mera legalidad y no de constitucionalidad, que deberá ser dirimida por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

10.6. De su parte, la Procuraduría General de la República invoca que la acción directa de inconstitucionalidad sea rechazada en vista de que fue emitida de conformidad a lo que dispone la Constitución Dominicana. En tal sentido aduce que con la aprobación y promulgación de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, del diecinueve (19) de enero de dos mil once (2011), todas las funciones administrativas y disciplinarias de la Suprema Corte de Justicia pasaron a ser competencia del Consejo del Poder Judicial, por lo que (…) al emitir la Resolución No. 01-2016, de fecha 08 de febrero de 2016, modificando el reglamento de los tribunales superiores de tierras y de jurisdicción original, el Consejo del Poder Judicial ha actuado apegado al principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución de la República y de conformidad a lo que se establece en los artículos 149 y 156 de nuestra Carta Magna.

TC/0268/20, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 45 — PDF oficial

10.7. En respuesta a lo planteado por el Consejo del Poder Judicial en el sentido de que se rechace en todas sus partes la presente acción por tratarse de una cuestión de mera legalidad y no de constitucionalidad, que deberá ser dirimida por ante la jurisdicción contenciosa-administrativa, este tribunal, difiere de tal razonamiento, pues, como ha sido ampliamente ilustrado en el epígrafe anterior, los accionantes fundamentan su acción aduciendo que la resolución atacada vulnera principios, normas y artículos de la Constitución dominicana, taxativamente identificados en su instancia introductiva, invocaciones que deben ser conocidas por parte de esta jurisdicción, por lo que a juicio de este tribunal las imputaciones que hacen los accionantes a la norma impugnada no son de carácter legal sino constitucional, razón por la que corresponde a esta jurisdicción establecer si estas tienen méritos o no.

10.8. Por su parte, la Procuraduría General de la República propone en su escrito que la potestad reglamentaria del Consejo del Poder Judicial le ha sido atribuida por normas de rango legal, ya que este ha sustituido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia en las funciones administrativas y disciplinarias dirigidas a regular el funcionamiento del Poder Judicial, es decir, las funciones establecidas en la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial. Esto así porque el 19 de enero de 2011, se produjo la aprobación y promulgación de la ley 28-11 (Orgánica del Consejo del Poder Judicial) “con la cual todas las funciones administrativas y disciplinarias pasaron a ser competencia del Consejo del Poder Judicial (…). En consecuencia, (…) el Consejo del Poder Judicial es el órgano que ha sido creado, para ocuparse de realizar todas las funciones y atribuciones de carácter no jurisdiccional que les correspondían a la Suprema Corte de Justicia.

TC/0268/20, numeral 10, 10.7–10.8, pág. 46 — PDF oficial

10.9. Así las cosas, es necesario realizar la interpretación de rigor en lo relativo a si la Resolución núm. 01/2016 fue dictada conforme a los principios constitucionales de legalidad o juridicidad y de seguridad jurídica, aducidos por los accionantes, a los fines de comprobar si el Consejo del Poder Judicial se extralimitó en sus atribuciones.

10.10. En tal sentido, este tribunal procederá en los párrafos siguientes, a analizar el contenido de la Ley núm. 327-98, de Carrera Judicial, del once (11) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998), y de la Ley núm. 28-11 Orgánica del Poder Judicial, a fin de determinar si estas disposiciones permiten a dicho órgano dictar resoluciones dentro del ámbito de la jurisdicción inmobiliaria.

10.11. Conforme lo dispone el artículo 156 de la Constitución, el Consejo del Poder Judicial es el órgano de administración y disciplina del Poder Judicial; tiene a su cargo diversas funciones establecidas en el propio artículo, y otras, que conforme al numeral 8 del artículo 156, serán conferidas por ley.

10.12. El artículo 4, párrafo II de la Ley núm. 327-98, de Carrera Judicial, dispone lo siguiente: La Suprema Corte de Justicia, como órgano de máxima autoridad dentro de la rama jurisdiccional del Estado, (…) PÁRRAFO II.- (…) queda investida de los poderes necesarios para dictar las reglamentaciones que viabilicen el desarrollo de la Carrera Judicial. 2

TC/0268/20, numeral 10, 10.9–10.12, pág. 47 — PDF oficial

10.13. De su parte, la Ley núm. 28-11, Orgánica del Poder Judicial. [G. O. No. 10604, del veinticuatro (24) de enero de dos mil once (2011)], establece lo siguiente: Artículo 2.- Definición del Consejo. El Consejo del Poder Judicial es el órgano constitucional de administración y disciplina del Poder Judicial de la República Dominicana. Artículo 3.- Atribuciones generales. En el ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial, así como el Sistema de Carrera Judicial y la Carrera Administrativa Judicial conforme establece la Constitución y la presente ley. En el ejercicio de sus facultades de máximo órgano disciplinario del Poder Judicial, es el responsable de determinar el nivel de responsabilidad y de aplicar las sanciones correspondientes a los jueces del Poder Judicial, con excepción de los Jueces de la Suprema Corte de Justicia, por la comisión de faltas en el ejercicio de sus funciones, así como de los funcionarios y empleados del Poder Judicial. Artículo 13.- Régimen Disciplinario. La dirección y la reglamentación del régimen disciplinario del Poder Judicial corresponde al Consejo del Poder Judicial, en consecuencia las funciones de esta naturaleza conferidas a la Suprema Corte de Justicia por la Ley 327-98 de fecha 11 2 Subrayado nuestro de agosto de 1998, de Carrera Judicial, pasarán a ser ejercidas por este Consejo. Artículo 47.- Transferencia de funciones. Se transfieren al Consejo del Poder Judicial las funciones conferidas por la Ley de Carrera Judicial a la Suprema Corte de Justicia respecto de la Escuela Nacional de la Judicatura.

TC/0268/20, numeral 10, 10.13, pág. 48 — PDF oficial

10.14. De la lectura combinada de estas disposiciones se llega a las siguientes conclusiones: A. Que la Suprema Corte de Justicia, por mandato del artículo 4, párrafo II de la Ley núm. 327-98, de Carrera Judicial, estaba facultada para dictar resoluciones encaminadas al desarrollo de la carrera judicial y para reglamentar el régimen disciplinario del Poder Judicial, así como para dirigir y administrar la Escuela Nacional de la Judicatura. B. Que esas atribuciones relativas a la carrera judicial fueron transferidas al Consejo del Poder Judicial, el cual, actualmente es el órgano que detenta las funciones de administración y disciplina del Poder Judicial de República Dominicana, y es el encargado de los aspectos de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Sistema de Carrera Judicial y la Carrera Administrativa Judicial, así como también del régimen disciplinario de los jueces y todo lo relativo a la Escuela Nacional de la Judicatura. C. Que, en ninguno de los artículos de las citadas leyes, ni en sus modificaciones, ni en los reglamentos que las complementan, se otorga competencia, al Consejo del Poder Judicial para dictar resoluciones tendentes a establecer, modificar o derogar normas relativas al procedimiento inmobiliario, ni a reglamentar el funcionamiento de los tribunales superiores de tierras y de Jurisdicción Original, como en efecto, se procedió mediante la Resolución núm. 01/2016, hoy impugnada en inconstitucionalidad.

TC/0268/20, numeral 10, 10.14, pág. 49 — PDF oficial

10.15. En efecto, el Consejo del Poder Judicial, ciertamente, tiene aptitud para emitir las reglamentaciones que correspondan en lo que se refiera a materia administrativa o disciplinaria, en el ámbito del Poder Judicial. Sin embargo, no ocurre así respecto del ámbito jurisdiccional, como el caso de la especie, en el que el legislador ha otorgado expresamente a la Suprema Corte de Justicia, la facultad de emitir los reglamentos que fueren necesarios para la aplicación de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario.

10.16. Lo anterior se evidencia en lo establecido en el artículo 122 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, del veintidós (22) de febrero de dos mil cinco (2005), en el que el legislador dejó claramente establecida la facultad de la Suprema Corte de Justicia para emitir los reglamentos de lugar. La indicada disposición establece lo siguiente: ARTICULO 122.- Facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia queda facultada para dictar 1os reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas en la presente ley y dictará dentro de los ciento ochenta (180) días después de promulgada y publicada los reglamentos y normas requeridos.”

10.17. De lo establecido en este texto legal se observa de manera inequívoca que la Suprema Corte de Justicia conserva competencia para dictar reglamentos y normas relativas al funcionamiento de la jurisdicción inmobiliaria, y no así el Consejo del Poder Judicial, pues se trata de una facultad jurisdiccional delegada expresamente a esta alta corte, más no así de un asunto de carácter administrativo, caso en el que el Consejo del Poder Judicial sí sería competente para emitir los reglamentos que fueren necesarios.

TC/0268/20, numeral 10, 10.15–10.17, pág. 50 — PDF oficial

10.18. Este tribunal constitucional ha mantenido un criterio constante sobre la obligatoriedad de que el órgano que dicte reglamentos esté habilitado de forma expresa. Así, en su Sentencia TC/0446/18, 3 tratándose de un caso similar, en el que se impugnaba la Resolución núm. 17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial, que establecía la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, este tribunal estableció lo siguiente: En virtud de lo anterior, como bien estableció este tribunal en su Sentencia TC/0110/13, la ejecución de la sentencias (sic) no puede ser regulada mediante una resolución, sino que es competencia exclusiva del legislador ordinario crear mediante una ley, cómo serán ejecutadas las sentencias, y no como en el presente caso mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial. Se trata de dos poderes -legislativo-judicial- , que, conforme al artículo 4 de la Constitución, son independientes en el ejercicio de sus funciones. Además, es importante acotar que si bien el artículo 76 de la Ley núm. 327-98 le otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la organización de los alguaciles en sus funciones y necesidades, no menos cierto es que cuando se trata de la ejecución de decisiones o actos ejecutorios, donde está involucrado otro órgano del Estado, como el Ministerio Público, es necesario que su regulación sea conforme a una ley y dicha iniciativa no es facultad del Consejo del Poder Judicial, sino que recae en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de someterla ante 3 Del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). el Congreso Nacional, conforme lo establece el artículo 96.3 de la Constitución. 4

TC/0268/20, numeral 10, 10.18, pág. 51 — PDF oficial

10.19. La sentencia de marras, también estableció: Con lo cual incurre en violación al principio de legalidad, al principio de la interdependencia y al principio de actuación establecidos en los artículos 40.15, 151 y 170 de la Constitución, al extralimitarse en sus atribuciones, al reglamentar Expediente núm. TC-01-2015-0038, las actuaciones del Ministerio Publico, en lo relativo a la ejecución de las decisiones. 5

10.20. Este tribunal entiende que dicho precedente se aplica mutatis mutandis a la especie, puesto que está claro que el criterio sentado por el Tribunal Constitucional es que, si bien el Consejo del Poder Judicial posee atribución para establecer normas de carácter presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Sistema de Carrera Judicial y la Carrera Administrativa Judicial, así como también relativas al régimen disciplinario de los jueces y todo lo relativo a la Escuela Nacional de la Judicatura, le está vedado regular y ordenar asuntos propios de las actuaciones procesales, funcionamiento y organización de los tribunales del orden judicial del país.

10.21. Este criterio ha sido reiterado recientemente en la Sentencia TC/0048/20, 6 mediante la que esta alta corte anuló una resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas, atendiendo a que dicha facultad escapaba de su ámbito competencial, estableciendo que: 4 Párrafos 10.14 y 10.5, sentencia citada. 5 Párrafo 10.13, sentencia citada 6 Del diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020).

n. En la lectura del texto transcrito se advierte que el Ministro de Energía y Minas no tiene facultad para dictar reglamentos de carácter normativo, sino para proponer al presidente de la República anteproyectos de reglamentos y de otras normas, como de manera precisa se indica en el ordinal (n de la norma objeto de exégesis.

TC/0268/20, numeral 10, 10.19–n, pág. 52 — PDF oficial

o. En este sentido, ha quedado claramente demostrado que el Ministerio de Energía y Minas desbordó los límites de su competencia al dictar la Resolución núm. R-MEN-REG-034-2017 y actuó al margen del ordenamiento jurídico, con lo cual incurrió en una violación a la Constitución y, de manera particular, al artículo 138 de la Constitución, texto según el cual “la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.

10.22. De igual forma, en su Sentencia TC/0205/29, esta jurisdicción dispuso que:

14.2.5. La potestad reglamentaria no puede ser asumida sin una norma que expresamente faculte a la Administración para ello. El artículo 52 de la mencionada Ley núm. 140-15 del Notariado habilita a la Suprema Corte de Justicia para vigilar y supervisar “el correcto ejercicio de la función notarial, mediante mecanismos por ella establecidos” y auxiliarse “del Consejo del Poder Judicial para cumplir eficientemente con la responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial”. Las atribuciones del Consejo del Poder Judicial por ende, no pueden presumirse que se extienden más allá de establecer por vía reglamentaria todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes, y de colaborar con la Suprema Corte de Justicia para que esta última cumpla con su responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial, mediante los mecanismos por ella establecidos. Y que además:

TC/0268/20, numeral 10, o–14.2.5, pág. 53 — PDF oficial

14.2.9. Como se observa, el reglamento es un producto de la actividad administrativa cuyas reglas sobre su elaboración, eficacia, validez y límites se establecen en la Constitución y en las leyes. La potestad reglamentaria no se presume, sino que la misma debe estar prevista por la Ley de manera expresa. En el caso que nos ocupa, si bien como alega el Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, hay un reenvío o remisión normativa por medio de una cláusula general en el artículo 52 de la referida Ley núm. 140-15 para que la Suprema Corte de Justicia supervise y vigile la función notarial mediante los mecanismos por ella establecidos, esto no significa que debe presumirse que también se encuentra habilitado el Consejo del Poder Judicial para hacerlo.

14.2.10. El reglamento se encuentra subordinado absolutamente a la ley, de ahí que no puede alterarla porque si lo hace vulnera los principios de legalidad y de jerarquía normativa. Cabe resaltar que cuando la infracción del reglamento se origina por rebasar sus límites jurídicos, especialmente los que derivan de la competencia del órgano que debe adoptarlo se provoca irremediablemente la invalidez del mismo y, en consecuencia, la nulidad de pleno derecho. La nulidad de pleno derecho no se convalida ni se subsana por paso del tiempo, sino que es permanente o definitiva 7 . 7 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 215 y ss.

10.23. Este tribunal considera que uno de los principios básicos del sistema democrático es el de separación de poderes, como forma de garantizar el orden institucional. Por tal motivo, para salvaguardar la funcionabilidad dentro de los distintos poderes, es importante que ningún órgano exceda las competencias o atribuciones conferidas por la ley o la Constitución.

TC/0268/20, numeral 10, 14.2.9–10.23, pág. 54 — PDF oficial

10.24. En virtud de las motivaciones precedentes, este tribunal constitucional ha podido llegar a la conclusión de que la Resolución núm. 01/2016, dictada por el Consejo del Poder Judicial, ha sido dictada en vulneración al principio de legalidad y juridicidad, establecido en el artículo 138 y 110 de la Constitución, pues el indicado órgano, al emitir dicha resolución excedió sus competencias.

10.25. Por todo lo anterior, tras haberse comprobado la vulneración de los artículos 138 y 110 de la Constitución dominicana, procede declarar no conforme con la Constitución la Resolución núm. 01/2016. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury y Miguel Valera Montero por motivos de inhibición voluntaria. Consta en acta el voto salvado del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0268/20, numeral 10, 10.24–10.25, pág. 55 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible en cuanto a la forma la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los señores Miguel Enrique Jiménez Castillo y Pedro Justo Castellanos Hernández, contra la Resolución núm. 01- 2016, dictada por el Consejo del Poder Judicial el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016).

SEGUNDO: DECLARAR no conforme con la Constitución la Resolución núm. 01-2016, dictada por el Consejo del Poder Judicial el ocho (8) de febrero de dos mil dieciséis (2016) y, en consecuencia, DECLARAR nula la referida disposición.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los accionantes, Miguel Enrique Jiménez Castillo y Pedro Justo Castellanos Hernández, a la parte accionada, Consejo del Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.

CUARTO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137- 11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0268/20, del 9 de diciembre de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0268-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.