Sentencia TC/0272/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 9 de diciembre de 2020 · Expediente TC-04-2018-0170
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por la sociedad comercial Inversiones Arenil, S.A. contra la Sentencia núm. 831, dictada el quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
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Temas: Principio de irretroactividad de la ley · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0272/20?
El principio de irretroactividad del artículo 110 de la Constitución protege la seguridad jurídica: las normas rigen hacia el futuro y solo pueden aplicarse retroactivamente cuando favorezcan a quien esté subjúdice o cumpliendo condena. La DGII vulneró ese principio al aplicar la Norma General 02-2010, emitida y vigente desde el 15 de marzo de 2010, para incluir enero y febrero de ese año en la determinación de oficio del ITBIS (TC/0272/20, numeral 10, f–g, pág. 24) (TC/0272/20, numeral 10, k–m, pág. 27).
Al rechazar la casación y validar esa aplicación retroactiva en perjuicio de la recurrente, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia vulneró también la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en particular la garantía de ser juzgado conforme a normas preexistentes al acto imputado, prevista en el artículo 69.7 de la Constitución. El Tribunal Constitucional podía verificar esa lesión sin revisar los hechos ni valorar las pruebas propias del proceso ordinario. La vulneración constatada bastaba para anular la sentencia, sin ponderar las demás alegaciones (TC/0272/20, numeral 10, n–o, pág. 28) (TC/0272/20, numeral 10, p–r, pág. 29).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional; en consecuencia, anula la Sentencia núm. 831 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia. Remite el expediente a la Secretaría General de esa corte para que la Tercera Sala conozca nuevamente el recurso de casación con estricto apego al criterio del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“incluyó meses anteriores - enero y febrero de dos mil diez (2010)- a la fecha de entrada de emisión y entrada en vigencia –el quince (15) de marzo de dos mil diez (2010)- de la Norma General 02-2010” (TC/0272/20, numeral 10, k–m, pág. 27).
“no permite juzgar aplicando normas que no existían o no estaban vigentes al momento en que sucedieron los hechos” (TC/0272/20, numeral 10, n–o, pág. 28).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 69.7, 110 y 277. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 (numeral 3, literales a, b y c, y párrafo), 54 (numerales 1, 5, 7, 9 y 10) y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0038/12, TC/0143/15, TC/0007/12, TC/0013/12 y TC/0609/15; Sentencia núm. 438 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
De acuerdo con la documentación depositada en el expediente y los hechos invocados por la parte recurrente, la controversia se origina con la emisión de la Resolución ALS-CC-R-02-11-2011, emitida por la Representación Local de la Dirección General de Impuestos Internos, con la cual se informó sobre la determinación de oficio del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) que había sido practicada a la empresa Inversiones Arenil para el periodo comprendido entre el primero de enero del dos mil diez (2010) hasta el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diez (2010), con la cual se obliga a la referida empresa a pagar la suma de ocho millones ciento cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos con 4/100 ($8,151,653.04), determinación de oficio que fue realizada bajo el motivo de que no acudió a la cita que le realizara mediante Comunicación ALS-CC- 004339-2011. Inconforme con esa determinación de oficio, la empresa Inversiones Arenil, S.A., interpuso un recurso de reconsideración, el cual fue acogido parcialmente mediante la Resolución núm. 1235-12, del diecisiete (17) de octubre de dos mil doce (2012) y, consecuentemente, modificada parcialmente la Resolución ALS- CC-R-02-11-2011. Aun en desacuerdo con esa decisión, la empresa Inversiones Arenil, S. A., interpuso en su contra un recurso contencioso tributario, el cual fue acogido parcialmente por la Sentencia núm. 00104-2015, de veinte (20) de abril de dos mil quince (2015), emitida por el Tribunal Superior Administrativo, mediante la cual se ordenó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), modificar el promedio utilizado por el correcto y confirmó en todas sus partes la Resolución de reconsideración núm. 1235-12. La Sentencia núm. 00104-2015 fue recurrida en casación por la empresa Inversiones Arenil, S.A., el cual fue rechazado mediante la Sentencia núm. 831, dictada el quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia esta que constituye la decisión jurisdiccional el objeto del presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión es admisible, en atención a las siguientes consideraciones:
a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso, conviene reiterar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos (2) decisiones: una para referirse a la admisibilidad o no del recurso, y la otra, en el caso de que sea admisible, para pronunciarse sobre el fondo de la revisión constitucional de la decisión jurisdiccional. Sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre de dos mil doce (2012), se estableció que ─en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal─ solo debía dictarse una sentencia, criterio que el Tribunal reitera en el presente caso.
b. El recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales procede, según lo establecen los artículos 277 de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la promulgación de la reforma constitucional del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010). En la especie, queda satisfecho el requisito anterior, en razón de que la Sentencia núm. 831 fue dictada por Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).
c. Es necesario recalcar que el legislador exige ─como vimos más arriba─ en el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, que el recurso sea interpuesto mediante un escrito motivado y en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la notificación de la decisión jurisdiccional recurrida. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha aclarado que dicho plazo debe considerarse como franco y calendario, al ser lo suficientemente amplio y garantista para el ejercicio de esta ─excepcional─ vía recursiva [Sentencia TC/0143/15, de uno (1) de julio de dos mil quince (2015)].
d. En el expediente del presente caso solo hay constancia de las notificaciones de la sentencia recurrida cursadas a requerimiento de la parte recurrente, al tenor de los actos núm. 182/2018 y 188/2018, de catorce (14) y dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), respectivamente, así como al tenor del Acto núm. 1042/18, del diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
e. Sin embargo, no existe constancia de que a la parte recurrente le haya sido notificada la sentencia recurrida, que es la actuación procesal con la cual se iniciaría el cómputo del plazo legal de treinta (30) días dispuesto en el referido artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, por lo cual, ha de considerarse que la interposición del presente recurso de revisión, tramitada el día quince (15) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se ha hecha en tiempo oportuno, resultando satisfecha tal exigencia.
f. Por otro lado, en atención a lo establecido en el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, la acción recursiva sometida a nuestro escrutinio ha de encontrarse justificada en algunas de las causales siguientes: 1) Cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza. 2) Cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional. 3) Cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.
g. Al respecto, es necesario precisar que la interposición del presente recurso se sustenta en la violación de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso de la recurrente, sociedad comercial Inversiones Arenil, S. A., toda vez que los órganos judiciales que han conocido su caso ─y se refiere a la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo y a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia─ con sus sentencias han violado el derecho a ser oída en un plazo razonable, ha incurrido en falta de motivación y por no ser juzgada con la observancia de las formalidades propias de cada caso, al ser aplicada retroactivamente la Norma 02-2010 de la Dirección General de Impuestos Internos.
h. Por tanto, en la especie se está planteando la tercera causal de las detalladas ut supra, escenario en el cual, conforme al mismo artículo 53, la admisibilidad del recurso se encontrará condicionada a la satisfacción de todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar.
i. En efecto, el Tribunal Constitucional, analizando si en la especie concurren los requisitos citados, ha podido constatar que el preceptuado en el artículo 53.3.a) ─relativo al reclamo sobre violación a derechos fundamentales que hace la parte recurrente─ queda satisfecho en la medida que la violación a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso que se atribuye a lo decidido por la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, refrendado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, fue oportunamente planteada por la parte recurrente en el recurso de casación rechazado mediante la decisión jurisdiccional recurrida.
j. Asimismo, se satisface el requisito previsto en el artículo 53.3.b) ─sobre el agotamiento de todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente─ al no existir recursos ordinarios posibles contra la decisión jurisdiccional recurrida.
k. El requisito del artículo 53.3.c) también se satisface, toda vez que el rechazo del recurso de casación y validación de la decisión adoptada por la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo podría deberse a inobservancias a la protección de los derechos fundamentales aludidos por la recurrente por parte de los órganos jurisdiccionales que conocieron del caso.
l. Luego de haber verificado que en la especie quedan satisfechos los requisitos de admisibilidad del recurso, dada la causal ─tercera─ elegida por la parte recurrente, respecto de la referida decisión jurisdiccional, impera valorar lo precisado en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: La revisión por la causa prevista en el numeral 3) de este artículo sólo será admisible por el Tribunal Constitucional cuando este considere que, en razón de su especial trascendencia o relevancia constitucional, el contenido del recurso de revisión justifique un examen y una decisión sobre el asunto planteado. El Tribunal siempre deberá motivar sus decisiones.
m. Es decir que, al tenor de lo anterior, además de los requisitos exigidos en los literales a), b) y c) del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, es preciso que el caso revista especial trascendencia o relevancia constitucional. Dicha noción, de naturaleza abierta e indeterminada, conforme al artículo 100 del texto legal antedicho, se apreciará tomando en cuenta su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.
n. Sobre el particular ─la especial trascendencia o relevancia constitucional─ este colegiado en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableció que solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
o. Lo desarrollado en la Sentencia TC/0007/12 ─con ocasión del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo─ el Tribunal lo estima aplicable para el recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales, atendiendo al contenido del párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
p. Esto se justifica, en virtud de la naturaleza extraordinaria, excepcional y subsidiaria del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, la que, a su vez, se fundamenta en el hecho de que este recurso modula el principio de la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en la medida de proveer la posibilidad de revisar una decisión definitiva, generando así una afectación a la seguridad jurídica. Es, pues, todo esto lo que explica y justifica el requerimiento ─por demás trascendente─ de que el asunto, además de cumplir con los requisitos señalados, tenga especial transcendencia y relevancia constitucional.
q. En la especie, el Tribunal Constitucional entiende que el presente caso reviste especial trascendencia y relevancia constitucional, ya que el conocimiento del fondo del presente recurso nos permitirá continuar desarrollando nuestro criterio sobre las dimensiones de protección que atañen a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en ocasión de un proceso de carácter tributario, así como respecto al fortalecimiento de la correcta motivación de deben exhibir las decisiones.
r. De ahí que es imperativo declarar la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, valorar los méritos de las pretensiones de revisión planteadas por la sociedad comercial Inversiones Arenil, S.A., en el escrito introductorio de su recurso.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de
decisión jurisdiccional Respecto del fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, este tribunal constitucional considera lo siguiente:
a. La parte recurrente, sociedad comercial Inversiones Arenil, S.A., basa su recurso en que la Sentencia núm. 831 viola sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso en sus vertientes a los derechos de defensa en cuanto a ser oída en un plazo razonable, a la debida motivación y a ser juzgado con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Estas violaciones se las atribuye, por un lado, a que las decisiones jurisdiccionales no reconocieron que le fue vulnerado su derecho de defensa, en cuanto a ser oída en un plazo razonable, al supuestamente no haber sido notificada por la Dirección General de Impuestos Internos. Por otro lado, alega que las decisiones jurisdiccionales adolecen de una incorrecta motivación al incluir motivos vagos, respecto a la sentencia impugnada en casación y con motivos contradictorios, en lo relativo a la sentencia ahora recurrida. Y, finalmente, sustenta las violaciones en la inobservancia de las formalidades propias de cada juicio, al ser violentado el principio de irretroactividad de la ley al ser validada la aplicación retroactiva de la Norma 02-2010.
b. Es necesario dejar constancia, nueva vez, de que las partes recurridas, no depositaron escrito de defensa alguno en contra del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional; máxime cuando la glosa procesal revela que les fue protegido su derecho a defenderse al momento en que se les notificó la citada acción recursiva mediante el Acto núm. 1041/18, del diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) y los actos núm. 182/2018 y 189/2018, ambos del dieciocho (18) de septiembre de dos mil dieciocho (2018).
c. En ese sentido, atendiendo a la solución que se ofrecerá en este caso, el Tribunal Constitucional examinará, en primer orden, la supuesta violación al principio de irretroactividad de la ley ─consagrado en el artículo 110 de la Constitución─ y, a su vez, el derecho a una tutela judicial efectiva y el debido proceso ─consagrado en el artículo 69 de la Constitución─, al no haber sido juzgado en con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. En efecto, la parte recurrente sustenta su alegato de violación en que, en su memorial de casación, oportunamente le planteó que en la Sentencia núm. 00104-2015, dictada el catorce (14) de abril de dos mil quince (2015) por la Tercera Sala (Liquidadora) del Tribunal Superior Administrativo, que los jueces ...violaron el principio de irretroactividad de la ley, consignado en el artículo 110 de la Constitución, al aceptar en su sentencia que fue correcta la aplicación por parte de la Representación Local de la Dirección de Impuestos Internos de Santiago, de la Norma 02-10, emitida el 15 de marzo del 2010, para realizar el cálculo del Impuesto a la transferencia de bienes y servicios (ITBIS) de los meses correspondientes de enero y febrero del 2010 (Dos meses antes de la emisión de la referida Norma 02-2010). Sin embargo, la corte aqua, en el último considerando de la página 15 que se extiende hasta la página 16, que fue correcta la actuación de la Representación Local de la Dirección General de Impuestos Internos de Santiago, al aplicar la norma 02-10 que fue emitida en el mes de marzo del 2010, para calcular el monto de los ITBIS de los meses de enero y febrero del 2010.
d. En el examen del escrito contentivo del memorial de casación, se advierte que la parte recurrente, sociedad comercial Inversiones Arenil, S.A., entre otras cosas, en su tercer medio de casación invocó una supuesta violación al principio de irretroactividad de la ley, sustentado en que, con la sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo se estaba validando la aplicación de la Norma General 02-2010, dictada el (15) de marzo del año dos mil diez (2010), para la determinación de oficio del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para el periodo fiscal de enero a diciembre del año dos mil diez (2010).
e. Sobre el aspecto analizado, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su Sentencia núm. 831─objeto del presente recurso─ negó la existencia de tal vulneración al principio de irretroactividad de la ley, sobre el razonamiento siguiente: Considerando, que en cuanto a la errónea aplicación del artículo 18 de la Norma General 02-2010 de fecha 15 de marzo de 2010, en el caso de la especie, no se trata de situaciones alteradas de acuerdo al principio de irretroactividad de la ley reconocido por artículo 110 de la Constitución, en virtud del cual la ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que este subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, “que con la Constitución el derecho a la igualdad establecido en el artículo 39, se protege al individuo de la discriminación, entendida como toda distinción, exclusión, restricción y preferencia basada en motivos carentes de justificación razonables y objetivo, lo que implica garantía efectiva; que la alegada violación, planteada por la parte recurrente en su recurso, solo existiría si la reclamación del pago Itbis, correspondiente a los períodos fiscales enero a diciembre de 2010; se hubiere incoado antes de la entrada en vigencia de la referida ley, requisito que en la especie, no se reúne, ya que, la demanda ha sido interpuesta luego de la puesta en vigencia de la señalada Norma 1 ;
f. Conviene recordar que el principio de irretroactividad de la ley se encuentra consagrado en el artículo 110 de la Constitución dominicana que establece: 1 Subrayado nuestro. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
g. Efecto, el principio de la irretroactividad de las leyes es un principio general de derecho que se encuentra consagrado ─como ya vimos─ en el citado artículo 110 de la Constitución, conforme al cual las leyes solo disponen y aplican para el porvenir, no teniendo efectos retroactivos sino solo para cuando sea favorable a quien esté subjúdice o cumpliendo condena. De manera tal que la consagración de dicho principio procura el afianzamiento de la seguridad jurídica e, incluso, de la dignidad de las personas que integran un Estado social y democrático de derecho.
h. En relación con el principio de irretroactividad, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en su Sentencia núm. 438, del veinte (20) de diciembre de dos mil uno (2001), puntualizó que (...) el problema de la retroactividad entraña tres cuestiones claramente diferenciables, que son, a la vez, los tres requisitos esenciales de toda aplicación de la ley que no incurra en vicio de retroactividad: 1º La ley no debe afectar a la existencia de cualesquiera supuestos de hecho (hechos, actos o negocios jurídicos) anteriores a su vigencia, es decir, la nueva ley no debe valorar hechos anteriores a su entrada en vigor. 2º) La ley no debe afectar los efectos anteriores a su vigencia de cualesquiera de los supuestos de hecho. 3º) La ley no debe afectar a los efectos posteriores a su vigencia de los supuestos de hecho verificados con anterioridad a ella (...)”.
i. Asimismo, mediante su Sentencia TC/0013/12, este tribunal constitucional estableció que el principio de irretroactividad de la ley es la máxima expresión de la seguridad jurídica en un Estado de derecho y por tanto, debe ser fundamento en las actuaciones de competencia de todos los órganos del Estado ─sin excepción─, puesto que en principio las leyes rigen hacia el futuro y pueden tener efecto inmediato, como sucede con la regla general de que las leyes procesales son de aplicación inmediata.
j. Además, en la Sentencia TC/0609/15, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015), este colegiado señaló: El principio de irretroactividad protege la seguridad jurídica, al impedir que una nueva ley pueda modificar situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a su promulgación y amparadas en los principios y lineamientos contenidos en la legislación precedente. Las leyes han de aplicarse en forma inmediata y hacia el futuro, afectando tanto a los hechos acaecidos durante su vigencia como a aquellos que, iniciados bajo el imperio de la ley anterior, se consuman efectivamente con posterioridad a su derogatoria. La entrada en vigencia de una nueva ley tiene una indiscutible relación con el tiempo, que en algunas ocasiones debe ser graduada por el legislador para establecer concretamente a qué se le dará efecto retroactivo y hasta dónde se produce el alcance de dicha retroacción, cuyos efectos y formas de aplicación dan origen a lo que la doctrina ha denominado “conflictos de leyes en el tiempo”. El principio de irretroactividad de la ley tiene una función determinante dentro de un sistema jurídico. Por ello está plasmado dentro de las garantías constitucionales que soportan la seguridad jurídica indispensable para la supervivencia de la sociedad. Precisamente, una de las teorías que explica el problema de la irretroactividad de la ley es la de “los derechos adquiridos” o “situación jurídica consolidada” a la luz de la legislación. Esta garantía se traduce en la certidumbre de que un cambio en el ordenamiento no puede tener como consecuencia sustraer el bien o el derecho de la persona que se encuentra en el supuesto previsto en la norma derogada o modificada, pues de no serlo, la nueva ley estaría rigiendo situaciones jurídicas antes de su existencia material. Cabe resaltar que una ley se considera con efecto retroactivo cuando viola o desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior y se hace la distinción de que no lo será si tal desconocimiento sólo es de expectativas de derecho. En consecuencia, los derechos adquiridos serán aquellos que entran y pasan a formar parte de la esfera del destinatario de la norma y, por tanto, no pueden ya ser eliminados.
k. En el caso que nos ocupa, al analizar las piezas que componen el expediente, se advierte que con la Resolución de Estimación de Oficio número ALS-CC-R-02-11-2011, relativa a la empresa Inversiones Arenil, S. A., emitida el veintidós (22) de noviembre de dos mil once (2011), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizó una determinación de oficio del Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios Industrializados (ITBIS) a ser pagado en el período de enero a diciembre de dos mil diez (2010), amparándose en las disposiciones contenidas en la Norma General 02-2010, dictada el quince (15) de marzo de dos mil diez (2010).
l. De lo anterior se infiere que la Dirección General de Impuestos (DGII), al momento de realizar la determinación de oficio del ITBIS para el período que abarca de enero a diciembre de dos mil diez (2010), incluyó meses anteriores - enero y febrero de dos mil diez (2010)- a la fecha de entrada de emisión y entrada en vigencia –el quince (15) de marzo de dos mil diez (2010)- de la Norma General 02-2010, la cual sirvió de sustento a la referida determinación de oficio.
m. Por consiguiente ─como efectivamente ha denunciado─, el examen de las distintas decisiones adoptadas, tanto en sede administrativa como en sede jurisdiccional, demuestra que se ha incurrido en una grosera violación al principio de irretroactividad de la ley ─consagrado en el artículo 110 Constitucional─ al validar la aplicación retroactiva de la Norma General 02- 2010, para incluir, en la estimación de oficio por irregularidades detectadas respecto al ITBIS a pagar durante el año dos mil diez (2010), los meses de enero y febrero de ese año, primero meses estos donde aún esa norma no existía.
n. La vulneración al principio de irretroactividad evidenciada en este caso implica, además, una vulneración a los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso de la recurrente, sociedad comercial Inversiones Arenil, S.A., consagrado en el artículo 69 de la Constitución dominicana, el cual, específicamente en su numeral 7, establece lo siguiente: Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: (…) 7º Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio;
o. En efecto, las disposiciones del artículo 69.7 de la Constitución ─que hace referencia a normas sancionadoras tanto penales como administrativas─, además de restringir implícitamente la aplicación retroactiva de una la norma, prevé el derecho a no ser juzgado sino con normas anteriores a los hechos o actos en cuestión, es decir, no permite juzgar aplicando normas que no existían o no estaban vigentes al momento en que sucedieron los hechos ni aplicar normas posteriores ellos, salvo (como establece el artículo 110 de la Constitución) que se trate de una norma cuya aplicación retroactiva sea favorable a quien esté subjúdice o cumpliendo condena, que no es el caso.
p. Aun cuando el Tribunal Constitucional no puede ─ni debe─ revisar los hechos ni aprestarse a administrar o valorar pruebas inherentes al núcleo del proceso ordinario para, de ahí, derivar consecuencias jurídicas, por prohibición expresa del artículo 53.3.c de la Ley núm. 137-11, es necesario recordar que parte de su tarea como máximo protector de la efectividad de los derechos fundamentales consiste en verificar que con la decisión jurisdiccional recurrida no se hayan lesionado algunas de las ramificaciones que se desprenden del derecho a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso.
q. En efecto, se ha evidenciado que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la Sentencia núm. 831, al rechazar el recurso de casación, reconoció como buena y válida la aplicación retroactiva de una norma en perjuicio no solo de la parte recurrente, empresa Inversiones Arenil, S.A., sino también contrariando las disposiciones de los artículos 69.7 y 110 de la Constitución, cuando lo correcto hubiese sido tomar las providencias correspondientes para asegurar o garantizar la supremacía de la Constitución y tutela efectiva de los derechos fundamentales de la recurrente.
r. En tal sentido, lo analizado ut supra nos permite concluir que procede ─sin necesidad de ponderar las demás conculcaciones alegadas─, acoger el recurso de revisión de decisión jurisdiccional que nos ocupa y en consecuencia, anular la Sentencia núm. 831, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el día quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), ordenando la remisión del expediente a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de que el presente caso sea conocido nuevamente conforme a los términos del artículo 54, numerales 9 y 10, 2 de la Ley núm. 137-
11. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría
requerida. No figuran las firmas de los magistrados Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez 2 Artículo 54.- Procedimiento de revisión. El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente: (…) 9) La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó. 10) El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa. (…). Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por Inversiones Areniles, S.A., en contra de la Sentencia núm. 831, dictada el quince (15) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de decisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 831.
TERCERO: REMITIR el presente expediente a la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que la Tercera Sala conozca de nuevo el recurso de casación con apego estricto a lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Prgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, sociedad comercial Inversiones Arenil, S. A.; y a la parte recurrida, Inmobiliaria Pascual Antonio Domínguez e Hijos, C. por A.; Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Promociones y Manejos Publicitarios, S.A.; Importadora Dopel, S.A.; Brioches Postres y Bocadillos, S. A. y Kalaluu Services, S.A.
QUINTO: DECLARAR el procedimiento libre de costas en razón de la materia, en virtud del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0272/20, del 9 de diciembre de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0272-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.